Comunicado de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas y por una Banca Pública
El Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional ha rechazado la adopción
de las medidas cautelares solicitadas por los querellantes que hubieran
supuesto la intervención judicial del Banco Financiero y de Ahorros y
de Bankia.
Ante lo expresado en el auto de fecha 30 de julio, la Plataforma quiere hacer las siguientes consideraciones:
1. Las colosales irregularidades en la administración y gestión de
BFA-Bankia han merecido la admisión a trámite de la querella presentada
contra consejeros de dicha entidad por si sus actuaciones fueran
constitutivas de delitos tan graves como la manipulación contable para
distorsionar su realidad patrimonial.
2. Para decidir el rechazo de las medidas cautelares solicitadas por
los querellantes, el Juzgado ha considerado que los miembros del
Consejo de Administración no son actualmente los mismos que quienes
presuntamente cometieron los delitos que se están investigando. Pero aun
siendo diferentes los miembros del actual Consejo de Administración que
los del anterior, la Audiencia Nacional no puede obviar el apoyo
directo del actual Consejo al anterior, como son las declaraciones del
actual Presidente de la entidad en las que exculpa de posibles
responsabilidades a la anterior cúpula directiva de la entidad, ni el
apoyo que les da a los imputados facilitando medios para su defensa
legal.
3. Desde nuestra Plataforma hubiéramos considerado adecuado que la
Audiencia Nacional adoptase medidas cautelares extraordinarias como la
intervención judicial por la enorme relevancia penal de las actuaciones.
4. Es evidente que los Consejos de Administración de BFA y de Bankia
son parte en el actual proceso de instrucción pero ante las
declaraciones de la comparecencias de algunos de sus miembros en la
Comisión de Investigación del Congreso, cabe presumir que su intención
dista mucho de buscar el esclarecimiento de los hechos investigados para
defender a los clientes de la entidad y a los ciudadanos en general.
Esa sería su obligación ya que sus nombramientos han sido ratificados
por el Estado a través del FROB.
La decisión del Juez Fernando Andreu no debe suponer en ningún caso
que se paralice una instrucción judicial más necesaria que nunca. En
consecuencia, la Plataforma exige a la Audiencia Nacional la realización
de una exhaustiva investigación que depure las responsabilidades de
todos aquellos que presuntamente han falseado los estados financieros de
BFA y de Bankia para engañar a los inversores y ahorradores que han
confiado en esta entidad financiera. Pero para la consumación de estos
delitos, los autores han contado con colaboradores imprescindibles como
Deloitte, la firma auditora, que certificó la validez de los estados
financieros de la entidad, y del Banco de España y la Comisión Nacional
del Mercado de Valores que no controlaron ni supervisaron como era su
obligación. Es evidente que sin el respaldo de todos ellos y de las
autoridades políticas de los sucesivos Gobiernos, no habría sido posible
cometer tanta tropelía.
Todos ellos deben responder delante de los tribunales porque lo
ocurrido no es un “desastre natural” o “el resultado de un accidente de
difícil previsión”.
Los ciudadanos no aceptaremos que se cierre en falso un escándalo de
inmensa magnitud que ha dilapidado ingentes cantidades de dinero público
sin que se delimiten responsabilidades penales concretas y específicas.
Finalmente, además de establecer dichas responsabilidades penales
debemos recordar que es necesario plantear las medidas necesarias que
impidan que lo sucedido en Bankia (y en el conjunto del sistema
financiero) pueda volver a repetirse, para lo cual exigimos que la
nacionalización de la entidad sea completa y definitiva, transformando a
Bankia en el primer banco de una nueva banca pública que, bajo una
transparencia y un control democrático real y efectivo, ponga los
ahorros de la sociedad al servicio del pleno empleo y los derechos
sociales.
31 de julio de 2012
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