En el meollo de esta crisis está BFA-Bankia, cuarto banco del país en términos de capitalización bursátil, con 10 millones de clientes y alrededor de 380.000 accionistas.
Bankia representa el 10% del sistema financiero español. Sin duda es el
banco más expuesto a los créditos inmobiliarios de alto riesgo, por lo
que está considerado como un banco “sistémico”: su quiebra podría
arrastrar al conjunto del sector bancario y seguidamente, a toda la
economía del país.
Bankia, o más exactamente BFA-Bankia, nació a finales de
2010 y es el fruto de un inteligente conglomerado que permite aislar
los activos inmobiliarios problemáticos de las siete cajas de ahorros
reagrupadas en el seno de su matriz BFA (Banco Financiero y de Ahorros).
Ésta, ayudada por el Estado, opera como el “banco malo” de Bankia. El Estado avala la montaña de activos inmobiliarios dudosos reunidos en BFA
mientras que su filial Bankia, desembarazada de tan pesada carga,
intenta atraer capital de pequeños inversores para su salida a bolsa.
El objetivo está claro: transferir los riesgos
resultantes de la burbuja inmobiliaria, del sector privado al público.
Contribuyentes, clientela perjudicada y pequeño accionariado en riesgo a
causa de las recomendaciones irresponsables de la banca, quedarán
directamente afectados; pero aún más ampliamente, la población española en su conjunto sufrirá de nuevo el lastre de una deuda privada devenida pública.
Se trata de nuevo de una excelente oportunidad para los
banqueros,-responsables de inversiones de alto riesgo que han
desembocado en pérdidas astronómicas-, de salvar sus apuestas
indecentes.
Los sucesivos gobiernos de Zapatero y de Rajoy escogen
socorrerles desembarazándoles del riesgo insostenible derivado de la
burbuja inmobiliaria e inyectando dinero cargado directamente a los
presupuestos del Estado, en detrimento de sectores vitales como la protección social, la educación, la sanidad o aún la lucha contra los incendios.
Dado que el Estado se endeuda para sanear la banca, los recortes
presupuestarios que afectan al estado del bienestar son decretados
ineludibles para lograr reducir el déficit ocasionado.
He aquí la trampa que queremos denunciar. BFA-Bankia,
que ha sido criticada además por contar entre sus directivos [1] con
antiguos miembros activos del Partido Popular, sobre todo de la antigua
Caja Madrid,- actualmente integrada en BFA-, representa un caso de
escuela que mezcla políticos y banqueros al servicio de las finanzas.
BFA, el “banco malo” de Bankia
A raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, la reestructuración del sector bancario ha provocado que el número de cajas de ahorro pase de 45 a una quincena desde principios de 2011.
En consecuencia, además de los cierres de sucursales y los
consiguientes despidos, el capital ha quedado concentrado en las manos
de enormes entidades consideradas “too big to fail” (“demasiado grandes
para caer”). Sólo dos pequeñas cajas escapan a la fusión: Caixa
Ontinyent y Caixa Pollença.
BFA (Banco Financiero y de Ahorros) nace el 3 de
diciembre de 2010 y comienza a operar en enero de 2011. Esta nueva
entidad es el fruto de la fusión de siete cajas de ahorro regionales, minadas por una burbuja inmobiliaria que no acaba de desvelar la profundidad de la crisis:
se trata de Caja Madrid y Bancaja que detentan la mayoría del
accionariado (52,06% y 37,70% respectivamente), a las que se incorporan
Caja de Canarias (2,45%), Caja de Ávila (2,33%), Caixa Laietana (2,11%),
Caja Segovia (2,01%) et Caja Rioja (1,34%). Más allá del Banco de
España y los altos responsables de Bankia, el Gobierno socio-liberal de
Zapatero tiene la responsabilidad de haber autorizado y alentado tal
fusión.
A final de 2010, el FROB (Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria) [2], el fondo público de ayuda al sector, otorga un
préstamo de 4.465 millones de euros a BFA, la matriz de Bankia, y abre
así la vía a la nacionalización de la banca. Esta operación tenía como objetivo sanear las cuentas de las cajas de ahorros reagrupadas en el seno de la nueva entidad. Pero ello se revelará insuficiente.
Señalemos además que BFA posee participaciones en
Concesiones Aeroportuarias (7,86%), Deoleo (9,63%), Desarrollos de Palma
(10,38%), Ejido Desarrollos Urbanos (7,34%) Grupo Inmobiliario
Ferrocarril (10,17%), Haciendas Marqués de la Concordia (8,47%), IAG
(12%) Mercavalor, Sociedad de Valores y Bolsa (10,48%), NH Hoteles
(9,22%), Numzaan (7,41%), Mapfre (15%) e Iberdrola (5,27%).[3]
La exposición de los acreedores, principalmente en el
sector bancario español, acumulaba a fines de 2011, según declaraciones
del Banco de España, entre 176.000 y 184.000 millones de euros de activos inmobiliarios problemáticos.
BFA, que a juzgar por sus propias cuentas, es la más expuesta al sector
inmobiliario, a la altura de 37.500 millones de euros a finales de
2011, de los que 31.798 millones son activos inmobiliarios problemáticos
(créditos con riesgo de no ser reembolsados), cierra su primer año de
ejercicio con las mayores pérdidas de la historia de la banca española.
Tras haber declarado beneficios de 309 millones de euros
en 2011 bajo la gestión de Rodrigo Rato, BFA anuncia un saldo negativo
de 439 millones, antes de reconocer finalmente,-ya tras la marcha del ex
dirigente del FMI-, haber acumulado 3.318 millones de euros en pérdidas
durante 2011. Si añadimos las pérdidas ocasionadas por la depreciación
de los títulos en bolsa, esta suma sobrepasaría los 7.263 millones de
euros.
[4] El shock es tanto más importante cuanto que Zapatero y el Banco de España habían incitado vivamente a numerosas empresas del IBEX 35 a comprar sus acciones, con una inversión próxima a los 3.000 millones de euros.[5]
Esta gestión desastrosa del banco, no impidió a su presidente director, Rodrigo Rato, embolsarse
2,34 millones de euros de salario fijo, ni a Francisco Verdú, su
consejero delegado, de ser remunerado con 1,57 millones en 2011.[6]
(Por haber llegado durante el año, no percibe la totalidad de su
retribución anual de 2,26 millones). Jose Luis Olivas, vicepresidente de
Bankia antes de dimitir y aún hoy presidente de Bancaja, ha recibido
1,62 millones de euros en 2011.
Finalmente, José Manuel Fernández Noriella, que
reemplazó a Olivas, ha cobrado 725.000 euros ese mismo año 2011. Esto no
son más que remuneraciones fijas, en las que no se incluyen por tanto las posibles remuneraciones variables o aquellas percibidas como administradores de otras empresas.
Por tanto, se distribuyeron sumas colosales antes de que la banca solicitara fondos públicos para ponerse a flote. En
febrero de 2012, una nueva ley[7] limita a 600.000 euros de
remuneración fija los salarios de los directivos de entidades que hayan
recibido dinero del Estado. Una medida insuficiente y muy
tardía si consideramos que los miembros del consejo de administración de
BFA, que recibió 4.465 millones de ayudas públicas a través del FROB,
se repartieron entre enero y noviembre de 2011, más de 9 millones de
euros.[8]
Es necesario privatizar las pérdidas urgentemente,
haciendo pagar a los responsables que tanto se aprovecharon y no
socializarlas como hace el gobierno; es más que hora de poner el sector
bancario bajo control público sin que por ello el Estado deba asumir el
coste de la operación. Son los grandes accionistas quienes deben asumir
los gastos y los directivos deben ser perseguidos por la justicia a fin
de determinar sus responsabilidades en la debacle.
Rodrigo Rato se provee de un paracaídas dorado antes del crash de Bankia
Bankia sale a bolsa el 20 de julio de 2011. Rodrigo
Rato, exministro de economía y vicepresidente económico de Jose María
Aznar cuando se producía el crecimiento de la burbuja inmobiliaria,
antiguo director del FMI y presidente de Bankia, toca la campana con orgullo a la apertura de la Bolsa ese día.
La acción vale 3,75 euros y todo iba bien en el mundo de las finanzas
desregularizadas que goza de un nuevo producto sobre el que apostar.
El 7 de mayo de 2012, la acción se cambia a 2,37 euros
(o sea un hundimiento del 37% en diez meses) y, como en el FMI en 2007,
Rodrigo Rato presenta su dimisión antes de finalizar su mandato. Será
reemplazado dos días después (el 9 de mayo) por José Ignacio Goirigolzarri con el consejo del propio Rato, que lo señala como “la mejor persona en este momento para dirigir este proyecto”.
Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE
(Confederación Española de Organizaciones Empresionales) y consejero de
Bankia, afirmaba a su vez que “el trabajo de Rato ha sido ejemplar”.[9]
El escándalo Goirigolzarri
Antes de retomar el control de Bankia, José Ignacio
Goirigolzarri ha ocupado, entre otros, el puesto de vicepresidente de
Repsol (abril 2002-abril 2003) y Telefónica (abril 2000-abril 2003)
ocupando asiento en el consejo de administración hasta 2003,
prosiguiendo su larga carrera de 30 años en el seno del segundo banco
español, BBVA, donde percibía cerca de 4,6 millones de euros al año
(salario fijo y remuneración variable).
Ha sido también consejero de BBVA-Bancomer (México),
Citi Bank (China) y de CIFH (Hong Kong) durante este periodo. En
septiembre de 2009, en pleno debate internacional sobre la limitación de
salarios y bonus, deja su puesto en el BBVA con una jubilación
anticipada cercana a los 3 millones de euros brutos al año. Mientras la
crisis se extendía violentamente por Europa, ¡cobra de golpe 68,7
millones de euros![10]
A pesar del escándalo ocasionado, nada cambia en el seno
de la banca: dos años después, en 2011, Francisco González, presidente
de BBVA y Ángel Cano, consejero delegado, perciben una remuneración
total de 4,9 millones de euros y 3,6 millones respectivamente. Ese año,
el comité de dirección recibió en total 9,35 millones de euros de
remuneración fija y 14,2 millones de remuneración variable.[11]
Nacionalización del banco malo
Nada más llegar a Bankia, Goirigolzarri propone la toma de control de BFA por el Estado.
El gobierno responde rápidamente que aportará el capital necesario para
el saneamiento y controlará así el 100% de BFA. El Estado se convierte
el accionista mayoritario de esta entidad, que detentaba entonces más
del 45% de participación en Bankia y desde el mismo momento entra en el
capital de las sociedades de las que BFA es también accionista.
Así, algunos días después de la dimisión de Rodrigo Rato, el
FROB decide transformar los 4.400 millones de euros inyectados a
finales de 2010 bajo la forma de participaciones preferentes
convertibles a 5 años en simples acciones. En efecto, como nos
explica Mikel Barba: “Estas participaciones están sujetas al pago de
intereses y deben ser recompradas por la entidad en un período de cinco
años. En caso de que la entidad no pueda devolver el dinero aportado en
cinco años, las participaciones se convierten en capital con lo cual el
Estado pasa a ser propietario de una parte -o de la totalidad- de la
sociedad. (…) El FROB reconoce que no va a recuperar en un plazo de
cinco años el dinero que colocó en las preferentes de BFA, por lo que
decide convertirlas en capital. Pasa de ser un acreedor de la empresa a
ser el propietario”. [12]
El 25 de mayo, después de que la agencia de calificación
Standard & Poor´s anunciara la degradación de la nota de Bankia y
otros cuatro bancos españoles a rango de inversión especulativa, la cotización de los títulos de Bankia fue suspendida mientras su consejo de administración trata de determinar el montante de la nueva ayuda requerida.
BFA-Bankia, que había recibido ya 4.400 millones de
euros en dinero público del FROB, solicita finalmente 19.000 millones de
euros suplementarios al Estado. Ello marca de hecho, la más grande operación de salvamento del sector financiero de la historia española.
La nacionalización de la banca al borde de la quiebra
viene así a sumarse a la larga lista de aquellas ya realizadas desde el
inicio de la crisis, tanto en España (Catalunya Caixa, NovaGalicia
Caixa, Banco de Valencia, sin contar las otras entidades que habían
percibido inyecciones de dinero, como Caja Castilla la Mancha, Cajasur, o
la CAM), como en el extranjero. A título de ejemplo, la
banca franco-belga-luxemburguesa Dexia ha sido rescatada de la quiebra
en dos ocasiones y la operación ha costado 18.000 millones de euros a los contribuyentes. [13]
Mariano Rajoy ha asegurado que el salvamento de Bankia
no tendría ningún impacto sobre el déficit público del país, que se
había comprometido a reducir del 8,9% al 5,3% del PIB este año 2012.
[14] Sin embargo nada es menos seguro que esto y durante los primeros
cinco meses del año 2012 (de enero a mayo), el déficit del Estado ha alcanzado ya el 3,4%, con un aumento del 30,6% en relación al mismo periodo del año anterior.
Durante ese tiempo, prosigue el hundimiento de los títulos de Bankia.
El 20 de junio de 2012, la cotización alcanza los 80
céntimos de euro, o sea una pérdida del 80% desde su salida a bolsa.
Igualmente, el anuncio del eurogrupo el 9 de junio de 2012 de una
inyección que podría alcanzar los 100.000 millones de euros,- muy por
encima de los 37.000 millones estimados necesarios por el FMI,[15] o de
los 62.000 millones de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger-, no
ha beneficiado a Bankia, que es la única entidad
financiera del Ibex 35 que ha registrado una caída de su capitalización
bursátil desde esta fecha hasta el 30 de junio.
Los títulos han perdido 9,80% durante este corto
periodo, mientras los demás bancos registraban ganancias tras la euforia
provocada por el anuncio del rescate.[16] El 17 de julio, los títulos
caían a 0,59 euros, su mínimo, antes de remontar en agosto ante la proximidad de una inyección inminente de capital europeo,
del que Bankia sería el primer beneficiario. La salida a bolsa es un
fiasco soportado por los pequeños inversores que ven sus depósitos
reducidos a nada, mientras los grandes inversores, bien informados,
huían de la debacle.
En un texto escrito en 2010[17], David Hall afirmaba que
la crisis financiera y económica es el resultado de préstamos
insostenibles y de la creación de formas complejas de deuda por los
bancos. Desde la quiebra en septiembre de 2008 de Lehman Brothers, los
Estados Unidos y otros gobiernos decidieron, tras decenios de
privatizaciones, salvar los bancos nacionalizándolos o inyectando
capital para recuperar su solvencia.
No nos engañemos, el Estado queda en general fuera de la
gestión, que se mantiene en manos de banqueros. No se trata de una
debilidad del capitalismo, sino al contrario de una maniobra para
reforzarlo socializando las pérdidas, antes de volver a privatizar el
establecimiento, viable de nuevo gracias al saneamiento. El FMI describe
esto como “una transferencia de riesgo sin precedentes del sector
privado al público".
*Jérôme Duval es miembro del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM). Texto traducido por Mireya Royo.
Diagonal
No hay comentarios:
Publicar un comentario