Cuantificando las ayudas a la banca

Desde nuestra posición hemos defendido que esta crisis -y las medidas aprobadas para intentar salir de ella- es una estafa porque está suponiendo la transferencia de dinero público a manos privadas, todo lo cual está incrementando la desigualdad económica y extendiendo la pobreza y el desempleo. Uno de los canales fundamentales por los cuales se produce esa transferencia de dinero público a manos privadas son los rescates bancarios, que en realidad no son otra cosa que una clara socialización de las pérdidas. Es decir, cuando hubo ganancias se repartieron entre los accionistas y ahora que hay pérdidas se pagan con cargo al erario público, esto es, a todos nosotros.

La justificación del salvamento a la banca (y cuando decimos banca estamos diciendo sistema financiero, lo que incluye también a otras entidades jurídicamente distintas de lo que es la banca) se realiza a partir de la aceptación de que dejar quebrar a las entidades produce efectos mucho más perjudiciales. La banca juega un papel primordial en las economías modernas porque hace llegar el crédito a las empresas y familias para que puedan continuar invirtiendo y consumiendo, todo lo cual fomenta el crecimiento económico y permite entre otras cosas la creación de empleo. No obstante, es importante anotar que este endeudamiento está muy vinculado con el modelo de crecimiento de un país y con los límites al crecimiento del sistema capitalista, como vimos aquí. En cualquier caso, la interrupción del crédito lleva al estancamiento y la recesión, por lo cual los Estados procuran tomar medidas que impidan esa interrupción o permitan la recuperación del flujo de crédito.

Por ayuda debemos entender todo desembolso de dinero público que tenga como objetivo que la banca aguante mejor el contexto económico y las pérdidas. Pero no todas las ayudas a la banca son iguales. Podemos distinguir cuatro grandes tipos de ayudas.

Las primeras, las llamadas recapitalizaciones o nacionalizaciones. A veces se trata de la compra de la entidad (o de parte de ella) -lo que es una nacionalización- y a veces se trata de un incremento de capital. El resultado es que el Estado se hace propietario parcial o total de la entidad. Esto significa que si la entidad tiene beneficios el Estado recibirá su parte, y si la entidad tiene pérdidas se hará responsable. Estos procesos pueden suponer que el Estado gana capacidad de decisión sobre el futuro de la entidad -lo que se llaman derechos políticos- pero también puede que el Estado decida renunciar a esa capacidad. Lo normal durante esta crisis está siendo que los Estados se hagan con el control parcial o total de entidades -en España normalmente cajas de ahorro- pero con el compromiso de que se pongan a la venta en menos de cinco años. Es decir, se inyecta dinero público para “sanear la entidad” (pagar las pérdidas) y cuando se empiece a dar beneficios se privatiza.

Las segundas ayudas son las garantías y avales. En contexto de crisis como esta los bancos tienen problemas para financiarse en los mercados financieros, es decir, les resulta más difícil pedir prestado porque los prestamistas no se fían de que los bancos puedan devolver el dinero. Y si los bancos consiguen pedir prestado lo logran a un tipo de interés muy alto, por ejemplo el 9%. Para dar facilidades a que los bancos puedan pedir prestado el Estado avala los préstamos o garantiza los activos de los bancos con el fin de que los prestamistas sepan que van a cobrar el dinero de todas formas y así exijan tipos de interés mucho más reducidos. Estos avales o garantías que proporciona el Estado tienen comisiones que son beneficios para el Estado, pero también es un riesgo que adquiere el Estado porque si el banco acaba no pagando entonces será el Estado quien se haga cargo de toda la deuda.

Las terceras ayudas son las medidas de alivio en favor de algunos bancos concretos. Estas medidas, conocidas como “asset relief measure” suponen un apoyo del gobierno para liberar al banco de activos que son considerado tóxicos. Pueden ser ayudas de tipo compra de activos, que se traduce en que el gobierno compra los activos que contablemente están valorados en 10 millones pero que en realidad valen en el mercado solo 5 millones; lo que supone una pérdida real de 5 millones. Estas ayudas se traducen en pérdidas mucho más tarde -en el momento de asumir que esos activos no valen exactamente lo que dicen valer los libros de contabilidad. También pueden suponer que el Estado garantice que si un activo resulta ser tóxico y valer menos entonces el Estado se haga cargo de la pérdida consecuente. En ambos casos se trata de enviar una “señal” al mercado: aunque existan activos tóxicos, el Estado los hará desaparecer asumiendo él las pérdidas.

Las cuartas ayudas son las facilidades de financiación o inyecciones de liquidez. El Estado puede prestar directamente a las entidades financieras a tipos de interés más razonables o el Banco Central puede bajar las tasas de interés, ampliar los activos considerados como garantías o flexibilizar las condiciones de préstamo. Es decir, se trata de garantizar que llegue el dinero a los bancos de una forma fácil y asequible, asumiendo que de otra forma los bancos no obtendrían el dinero necesario a las condiciones adecuadas.

En definitiva, y aunque pueda considerarse que los mecanismos de ayuda son múltiples y complejos -lo que es verdad-, debe quedar claro que el objetivo de las ayudas es facilitar que los bancos puedan seguir prestando para que la economía siga creciendo y creando empleo. Y esas ayudas buscan facilitar que los bancos reciben dinero de forma fácil y barata, para lo cual el fundamento principal es asegurar que el “mercado” (los que prestan el dinero a los bancos) confían en que si prestan el dinero lo volverán a ver de vuelta. Es decir, se trata de dar confianza al sistema financiero a partir de la asunción de pérdidas o riesgos por parte del Estado.

España ha gastado ya al menos un 8’4% de su Producto Interior Bruto en las ayudas al sistema financiero, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea. Esto supone un total de 88.800 millones de euros. El dato es hasta el año 2010, lo que significa que actualmente será notablemente más alto (algunas fuentes lo suben hasta los 110.000 millones de euros). El siguiente gráfico que he elaborado distingue entre los diferentes tipos de ayudas según la clasificación de la Comisión Europea.

Como se puede comprobar las cantidades comprometidas son mucho mayores, y eso quiere decir que está previsto que las ayudas efectivas sean mucho mayores. Hay que pensar que de la misma forma que no todas las ayudas son iguales, tampoco el Estado las soporta de la misma forma. Algunas ayudas sólo se anotan como pérdidas cuando se producen, mientras que otras van con cargo a Presupuestos y otras con cargo a Deuda Pública (así no computa en déficit, por ejemplo). Este es un mundo apasionante donde el Estado trata de disimular el verdadero alcance de sus ayudas a la banca.

En cualquier caso, España ha comprometido hasta septiembre de 2011 un total de 336.960 millones de euros en ayudas al sistema financiero. Y no es de los países que más han comprometido, ya que Alemania ha aprobado un total de 620.000 millones de euros.

Dos apuntes finales que merece la pena resaltar. El primero, que es obvio el contraste entre las ayudas al sistema financiero y las ayudas a la llamada economía real (empresas y hogares). La línea oficial europea y que han seguido al pie de la letra tanto Partido Popular como Partido Socialista es ayudar al sistema financiero, asumiendo que una vez corregido los problemas de éste se resolverán por arte de magia los problemas en la economía real. Por esa razón una de las primeras reformas del Partido Popular ha sido la reforma del sistema financiero (que aprobaron con el apoyo del PSOE). El segundo apunte, que a la luz de los datos está claro que ninguna de estas medidas está siendo eficaz. Más al contrario, cada mes que pasa la economía real se hunde un poco más y arrastra de esa forma la rentabilidad y salud del sistema financiero, todo lo cual conlleva la necesidad de nuevas ayudas a la banca. Es un círculo vicioso que nace como resultado de no comprender que son los problemas en la economía real los que verdaderamente importan. Claro que hablar de esos problemas implica hablar de desigualdad y de inversión pública en la economía, algo que la consigna oficial desea ignorar.

Alberto Garzón Espinosa

http://www.agarzon.net/?p=1739

Recuperar la banca pública

Asistimos al constante sacrificio, ante la pira encendida por los mercados de nuestras políticas sociales que tanto costó conseguir, al gradual e imparable deterioro del Estado de bienestar por las medidas de ajuste y austeridad presupuestaria que imponen los gobiernos, que cada vez exigen más sacrificios y recortes a los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

Mientras, la banca privada y sus intereses campan sin freno en medio de la profunda crisis que sufrimos. Tal vez por ello, hoy más que nunca añoramos la falta de una potente banca pública estatal, aquella que, lamentablemente, fue desmantelada en España por sucesivos procesos privatizadores más que discutibles creando así un vacío que, en las circunstancias actuales, resulta imposible de cubrir por el ICO. Por ello, recuperar la banca pública es una exigencia común de la izquierda, de asociaciones como ATTAC, del Movimiento 15-M y de otros colectivos sociales.

Sin embargo, la cuestión de la banca pública no es un tema reciente ya que aparece con frecuencia en el pensamiento del socialismo utópico del XIX. Este era el caso de Louis Blanc, que consideraba que el Estado debía de ser "el banquero de los pobres" o de Proudhon, que defendía la necesidad de crear un gran banco nacional donde el crédito, concedido a un interés muy bajo, estuviese al alcance de todos y cuyo capital procediese de un impuesto sobre la propiedad. Por su parte, también en el Manifiesto Comunista de 1848 se propugna la centralización del crédito por parte del Estado con un banco nacional.

Volviendo al presente, las autoridades políticas, en vez de impulsar una banca pública que, con el respaldo del BCE, ayudase a acabar con la sequía crediticia y la consiguiente recesión económica, optaron por la recapitalización de la banca privada, la misma que, con sus prácticas especulativas, ha llevado a la actual crisis global, desarrollando unas acciones de tan negativos efectos sociales que las economistas Lourdes Benería y Carmen Sarasola califican de "crímenes económicos contra la humanidad". Además, la recapitalización de la banca, que ha supuesto para las arcas de EEUU y Europa la inyección de 5 billones de euros de dinero público en ayudas directas y garantías, no ha servido para reactivar el motor crediticio en una situación de depresión económica, sino únicamente para salvar a los banqueros, tal y como denunciaba el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

En las circunstancias actuales, recuperar la banca pública tendría un triple efecto positivo ya que supondría una alternativa efectiva frente a la tempestad neoliberal, evitaría los costes y el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y de los pequeños y medianos empresarios y, también, ayudaría a resolver los problemas de financiación que ahogan a los consumidores y empresas, favoreciendo así la recuperación de la demanda, la actividad económica y el empleo. Y permitiría aliviar el drama de los desahucios facilitando una medida tan razonable como la dación en pago.

EL RESURGIR de la banca pública lo hallamos hasta en EEUU, en donde estos tiempos de crisis, ha adquirido cierta notoriedad el ejemplo del Banco Estatal de Dakota del Norte. Este banco público, financiado exclusivamente con impuestos y tasas estatales, ofrece créditos en condiciones muy favorables y tiene prohibido invertir en actividades especulativas razón por la cual evitó las hipotecas basura en su práctica bancaria. El modelo del BND definido por Eric Hardmeyer, su presidente, como "catalizador del crecimiento" ha hecho que Dakota del Norte tenga el menor índice de desempleo de EEUU.

En el caso de España, a partir de la revitalización democrática que supuso para nuestra sociedad el 15-M, ha ido amentando la exigencia cívica a favor de una banca pública que se caracterice por una gestión plenamente transparente y democrática, que rechace las prácticas especulativas y que invierta por medio de actividades éticas y sostenibles en beneficio de los ciudadanos y las empresas.

LOS ECONOMISTAS Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, autores del libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, plantean una profunda reforma del sistema financiero español que pasaría por la nacionalización de las cajas de ahorros así como por la creación de una banca pública para que ambas sean un contrapeso a la banca comercial privada y frenen así sus excesos y sus interferencias en la política económica nacional, propuestas coincidentes con las demandas del 15-M y que suponen cambios sustanciales en los sistemas de propiedad, de gobierno y funciones de las entidades bancarias. En esta misma línea, como señalaba Ellen Brown, presidenta del Public Banking Institute, "los bancos públicos son una solución no sólo viable en tiempo de crisis, sino económicamente sostenible porque operan de forma transparente" y, además, no buscan "maximizar los beneficios a corto plazo con aventuras especulativas". Por ello, recuperar la banca pública en España no es una utopía, es una necesidad para impedir que la privada y los intereses que la mueven sigan saqueando despiadadamente vidas y haciendas. Eso tiene que terminar por la salud democrática, la cohesión y la recuperación económica de nuestra sociedad.

José Ramón Villanueva

Fundación Bernardo Aladrén-UGT Aragón  

El Periódico de Aragón

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/recuperar-banca-publica_744935.html

"Menos derechos, peores empleos, estrategia equivocada". Declaración de econoNuestra sobre la reforma laboral

Al terminar el año 2011, España tenía 5,3 millones de parados, el equivalente al 23% de su población activa, y todas las previsiones para 2012 señalan que estas cifras seguirán empeorando, como consecuencia de una nueva caída en la actividad económica. Ante semejante deriva, la creación de empleo de calidad, a corto y a medio plazo, debe ser el objetivo irrenunciable de la política económica, que exige una rotunda movilización de todos los esfuerzos en esa dirección.

En este escenario, adverso y crítico, el gobierno ha impulsado una nueva reforma laboral, insistiendo en un camino fracasado que se ha transitado ya otras veces con los mismos resultados: retrocesos sociales y aumento de la precariedad laboral, sin que ello evitara la destrucción de empleo en las crisis económicas, e incluso haciéndolo más vulnerable a los cambios de ciclo. El último ejemplo es, precisamente, la reforma que el gobierno anterior aprobó en 2010, que no ha tenido ningún efecto positivo en la creación de empleo ni en la reducción de la temporalidad. ¿Por qué otra vuelta de tuerca más?

La reforma laboral que se ha aprobado pone de manifiesto tanto una fuerte carga ideológica y una clara intención de incrementar el poder unilateral de los empresarios, vaciando de contenido los principios clásicos del derecho laboral, como un diagnóstico equivocado sobre las causas del paro y sus posibles soluciones. 

Las medidas aprobadas suponen un claro deterioro de derechos esenciales de los trabajadores: el de la causalidad del despido y su indemnización, el de la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios, el de tutela judicial efectiva o el de mantenimiento de las condiciones laborales pactadas. Y en cierta medida afectan también a la prestación por desempleo, que ahora podrá condicionarse a la realización de determinadas tareas “en beneficio de la comunidad”, desdibujando su carácter de “derecho de ciudadanía”.

No debemos resignarnos a perder sin más derechos que tanto ha costado conquistar. Primero, porque la razón de ser del derecho laboral es precisamente la relación desigual que existe entre el asalariado y el empleador, la asimetría intrínseca entre trabajadores y empresas que caracteriza el contrato individual de trabajo. Segundo, porque estos derechos, recogidos en la Constitución, forman parte en sí mismos de la democracia, que no puede quedarse a la puerta de las empresas. Esta pérdida de derechos, por tanto, viene a sumarse a la pérdida de calidad de nuestro sistema democrático que está produciéndose ya en otros ámbitos, y de manera esencial en la pérdida de soberanía de la política económica frente a los mercados e instituciones no responsables ante los ciudadanos. Tercero, porque, introducido bajo la coartada de la excepcionalidad de la crisis y la lucha contra el paro, este cambio en las relaciones laborales tiene en realidad vocación de permanencia. Y cuarto, porque es radicalmente falso que la causa de la crisis tenga un origen laboral o que el desempleo de algunos trabajadores se origine en los derechos laborales de otros.

Efectivamente, la reforma laboral se pretende justificar bajo la premisa –errónea- de que la fuerte elevación del desempleo registrada en España durante la crisis demuestra el mal comportamiento del mercado de trabajo, cuya rigidez impide los ajustes necesarios para volver a crear empleo. Pero el origen de la crisis y del desempleo actual se encuentra más bien en las debilidades de un patrón de crecimiento insostenible y en las políticas de recortes que se están aplicando.

En la anterior fase expansiva España era –con el mismo marco de relaciones laborales que ahora se reforma- el país europeo que más empleo creaba. Sin embargo, la crisis ha puesto sobre la mesa lo que ya era evidente mucho antes: que el empleo que se estaba creando era precario, mal remunerado, poco cualificado, concentrado en sectores de poco valor añadido y muy volátil ante los cambios en el ciclo económico. Esto se explica por la propia composición sectorial de nuestra economía y por una legislación muy permisiva con la utilización de la contratación temporal, producto precisamente de reformas anteriores del mercado de trabajo que ya pretendieron aumentar la flexibilidad de las empresas. Los efectos negativos de esta desproporcionada tasa de temporalidad son bien conocidos, pero esta reforma laboral no corrige estos problemas, sino que al error inicial le suma otros, como una mayor facilidad para despedir y empeorar los salarios y las condiciones laborales.

Para lograr un cambio en la cantidad y en la calidad del empleo se necesita, fundamentalmente, un modelo productivo en el que la fuerza de trabajo sea un factor más importante –por la necesidad de contar con una formación específica para la realización de tareas con mayor valor añadido- y la confianza en un crecimiento económico sostenido que permita mantener el empleo en la empresa. Lo primero exige tomar en serio y adoptar medidas que posibiliten el cambio en el modelo productivo (políticas industriales, formación profesional, investigación y desarrollo) y lo segundo una política macroeconómica orientada hacia el crecimiento sostenible y la garantía de una demanda agregada suficiente. Es verdaderamente sorprendente que ni lo uno ni lo otro formen parte de la estrategia actual de lucha contra el paro.

Antes al contrario, un elemento central de la política económica actual es el recorte drástico y generalizado del gasto público -la mal llamada austeridad fiscal- cuyos efectos sobre la demanda agregada y la tasa de crecimiento se están haciendo más que evidentes. Mientras no se abandonen –y no nos referimos con esto a retrasar algunos meses, algunas décimas, los objetivos de consolidación presupuestaria- será imposible la creación de empleo en Europa.

Entonces, ¿cuál puede ser la lógica económica que subyace en la decisión de impulsar la reforma laboral como el instrumento central de la lucha contra el desempleo? Todo parece indicar que lo que se pretende es una “devaluación interna” que, mediante una bajada generalizada de las remuneraciones de los trabajadores, compense la imposibilidad de devaluar la moneda dentro de una unión monetaria. De esta forma, se obtendrían ganancias de competitividad en los mercados internacionales que impulsarían nuestra demanda de exportaciones, compensando las caídas previstas en las demanda de consumo de los hogares, en la demanda de inversión de las empresas y en la demanda pública, y favoreciendo el ajuste de nuestra deficitaria balanza de pagos. Sin embargo, esta estrategia nos parece equivocada y muy arriesgada, además de profundamente costosa desde el punto de vista social:

- Tiende a responsabilizar de forma implícita al comportamiento de los salarios de los desequilibrios acumulados en el pasado y del aumento actual del paro: habrían provocado una pérdida de competitividad que ahora hay que compensar. Sin embargo, esta explicación olvida que los salarios reales permanecieron prácticamente estables durante todo el periodo expansivo anterior; que los aumentos en los salarios nominales, por tanto, compensaban en realidad los mayores aumentos de precios y márgenes empresariales en relación con otros países; o que los costes laborales unitarios nominales ya se han moderado sustancialmente en España desde el comienzo de la crisis.

- Dado que estas políticas se están aplicando de forma generalizada en Europa, es muy improbable que la demanda de exportaciones crezca sustancialmente. Primero, porque la recesión afectará a la mayoría de los países de la UE, y por tanto el volumen global de comercio se reducirá. Segundo, porque nada asegura que las bajadas salariales en algunas partes de la unión monetaria no sean neutralizadas por reducciones similares en otros países, iniciándose una “competencia a la baja” por obtener un porcentaje mayor de un mercado cada vez más pequeño, y con menos y peor empleo.

- Lo que sí es muy probable, en cambio, es que la estrategia de reducción salarial y abaratamiento del despido agrave el estancamiento de la demanda interna. Esto se producirá por el efecto negativo sobre el consumo -¡el salario no es sólo un coste, sino también la fuente principal de las ventas de las empresas!- que en la coyuntura actual será aún mayor por el alto nivel de endeudamiento de las familias, por la elevada tasa de desempleo y por la inseguridad que se deriva del abaratamiento del despido. Y, sin un cambio en las expectativas sobre la demanda, ni siquiera cabe esperar que la inversión de las empresas se incremente por la mejora de su rentabilidad que se derivaría de las bajadas salariales: sobra capacidad instalada sin utilizar.

- Por último, no hay que olvidar que uno de los factores que más ha contribuido a la gestación de la crisis actual es el empeoramiento secular en la distribución de la renta, que tiene mucho que ver con las políticas de restricción salarial, y nada con la legislación laboral. La peor distribución de los ingresos generaba una insuficiencia global de demanda que se pudo compensar durante algunos años con el aumento de las deudas –fundamentalmente privadas- en algunos países como España. La experiencia, sin embargo, ha mostrado que esta aparente solución es insostenible a medio plazo. Y una política que se encuentra en el origen de la crisis no puede ser ahora la vía de salida. Persistir en ella, al contrario, la agravará.

Más allá de estas consideraciones, la reforma laboral aumenta la capacidad de intervención y de presión del empresariado, al tiempo que debilita la incidencia de las organizaciones sindicales y la capacidad de resistencia de los trabajadores. Se abre –o, para ser más precisos, se consolida- un escenario crecientemente desnivelado que, lejos de promover el cambio estructural que precisa nuestra economía, alimenta una cultura económica sustentada en la obtención de ventajas competitivas espurias (reduciendo costes salariales y derechos laborales) y, por ello, de corto recorrido. Eso sí, esta reforma laboral y las políticas de ajuste presupuestario, acrecientan las desigualdades, lo que, en un contexto de estancamiento económico, agrava las fracturas sociales y sitúa a algunos grupos sociales en posición apropiarse de una parte creciente de la riqueza, en el contexto de una estrategia que muy bien podríamos denominar “redistribución sin crecimiento”.

En definitiva, nuestro rechazo a la devaluación de los derechos laborales y nuestra convicción de que se trata de una estrategia profundamente injusta y equivocada para resolver los problemas económicos y sociales que se derivan del elevado desempleo que sufre España, nos lleva a manifestar el rechazo a la reforma laboral aprobada recientemente por el gobierno español y a pedir el abandono de la actual orientación de la política económica.

EconoNuestra Marzo 2012

http://www.econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=65

Reforma laboral a la griega

La protección de los derechos de los trabajadores ha sido el resultado de un largo proceso histórico. Hubo un tiempo, magistralmente reflejado en muchas obras de Charles Dickens, en el que la explotación extrema resultaba inherente a las condiciones laborales. Algunos teóricos del liberalismo económico más agresivo del siglo XIX defendían la prohibición de los sindicatos, porque sus exigencias de derechos laborales suponían un obstáculo para la producción y para los beneficios empresariales. Dicha perspectiva respondía a que los obreros eran considerados como meras mercancías. Tuvieron que transcurrir décadas de graves conflictos sociales, revoluciones y guerras hasta que en los países europeos democráticos se configuró el Estado Social contemporáneo, a partir de 1945, como un pacto entre capital y trabajo. Ello implicaba la desmercantilización de la fuerza de trabajo, así como el reconocimiento de la dignidad de la persona y de los derechos sociales, lo cual permitió una larga etapa de razonable armonía colectiva.

Estas premisas pasaron a integrar nuestra Constitución. En ella se reconoce el derecho a la negociación colectiva, que se fundamenta en la relevancia de los sindicatos y de las asociaciones empresariales, cuya inclusión en el título preliminar nos indica la trascendencia de este equilibrio esencial. El artículo 35-1 del texto constitucional proclama el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para que los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades y las de su familia. En el preámbulo se establece como objetivo una calidad de vida digna. Y dicho principio se complementa con la articulación de los derechos sociales.

Sin embargo, la reciente reforma laboral impulsada desde el gobierno rompe con buena parte de estos valores constitucionales y supone un paso más en el creciente desmantelamiento de nuestro Estado Social. Las medidas principales son conocidas: fórmulas contractuales de despido libre encubierto, mecanismos para la reducción salarial, facultades para que los empresarios alteren unilateralmente las condiciones básicas de los contratos en perjuicio de los trabajadores, abaratamiento sustancial de los despidos, posibilidad para las empresas de apartarse de los convenios colectivos territoriales. Muchas de estas disposiciones son de constitucionalidad más que dudosa, pues el Tribunal Constitucional ha establecido que no resulta admisible el despido sin causa. Y que tampoco es aceptable la aprobación de normas contrarias al derecho a la negociación colectiva, pues ello afecta al núcleo mínimo indisponible de la libertad sindical. La consecuencias previsibles serán una mayor precarización de nuestro mercado de trabajo y un notable incremento de las desigualdades en las relaciones económicas. Por ello, esta reforma supone la más alarmante restricción de los derechos laborales de nuestra etapa democrática. No puede sorprender la convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos.

Además, no se explica cómo generará empleo una reforma que esencialmente facilita el despido. Ni tampoco cómo se producirá crecimiento económico con una devaluación de la capacidad adquisitiva de los asalariados. Al contrario, lo que resultaría aconsejable sería la profundización en los principios del Estado Social para que desde las instituciones se apliquen medidas redistributivas que estimulen el consumo, como señala Joseph Stiglitz.

La reforma laboral sigue el espíritu de la que se aplicó en su momento en Grecia, con los negativos resultados que son de sobra conocidos. Y resulta censurable la insistencia en disfrazar de decisiones técnicas o inevitables lo que no son más que claras opciones ideológicas, como también está ocurriendo con los continuos recortes en los servicios públicos. Las medidas aprobadas asumen las tesis más entusiastas de la patronal, pretenden debilitar la función representativa de los sindicatos y provocan intensos desequilibrios en las relaciones laborales. Responden a la perspectiva conservadora de desregulación y de intervención estatal mínima que se ha practicado en diversos ámbitos, especialmente en el financiero, y que ha empobrecido a amplios sectores en numerosos países. Pero hay otras opciones. Lo demuestra la reforma laboral aprobada en Finlandia, que aumenta los niveles de protección social. Y las decisiones adoptadas en Islandia para evitar los abusos de las entidades bancarias contra la mayoría de la población. O la realidad de que los países más avanzados de nuestro entorno mantienen los mecanismos del Estado Social, a través de su financiación por parte de los sectores más acomodados, al contrario que en nuestro país, en el que las mismas capas sociales aportan un porcentaje mínimo a las arcas públicas.

Parece que los poderes dominantes están aprovechando esta situación de crisis sistémica, que ellos mismos han generado o consentido, para imponer sus recetas de regresión y estimular unas desigualdades siempre beneficiosas para algunas minorías privilegiadas. El principal riesgo es que los gestores de la ruptura del consenso social caigan en el autoengaño, tantas veces repetido históricamente, de pensar que cualquier situación está bajo su control. Esas confusiones han provocado en otras etapas una comprensible intensificación de la conflictividad, con secuelas altamente incontrolables. La actuación institucional y las normas jurídicas no son instrumentos para construir el paraíso en la tierra, pero sí que pueden servir para evitar que las condiciones de vida se conviertan en un infierno, a través de iniciativas de solidaridad y de cohesión. Sin embargo, determinados errores de cálculo o quizás algunos intereses desmedidos pueden conducirnos al desastre social que ya se vive en Grecia.

Ximo Bosch
Magistrado y portavoz territorial de Jueces para la Democracia
Público.es
http://blogs.publico.es/dominiopublico/4927/reforma-laboral-a-la-griega/

Paro: trescientas mil puñaladas más

Entre enero y febrero trescientas mil personas han engrosado las filas del paro y de la exclusión social. Trescientas mil puñaladas en el cuerpo de este país que parece haber nacido para que todos los desaprensivos aniden en él; trescientas  mil puñaladas en el corazón de cualquier persona decente, de cualquier persona que se tenga por tal. Porque aunque no se lo crean, todavía quedan aquí personas decentes y perspicaces, personas que no se explican que han hecho los ricos con los inmensos beneficios especulativos obtenidos durante años, que no entienden por qué no guardaron una parte de ellos en fondos de reserva para tiempos peores, que no saben por qué empresas con beneficios y ayudas públicas anuncian cierres y despidos, que no comprenden como se consiente que se aprovechen del huracán por ellos aventado para limpiar la casa de “indeseables”, es decir, trabajadores silentes que no han hecho otra cosa que dejarse los riñones para llevar unos euros a sus hogares y acrecer exponencialmente las ganancias de sus patrones.

Hablan de esta tragedia tertulianos, economistas, empresarios, sabelotodo y gente que pasaba por allí. Algunos hacen notar lo duro que tiene que ser la nueva situación para esos ejecutivos y empleados de alto rango que llevaban años ganando cantidades impronunciables, del contraste de su escenografía vital: A mí esos tipos me dan exactamente igual, que hubiesen ahorrado cuando pudieron, que no se hubiesen metido en gastos inasumibles, que no hubiesen sido tan estúpidos, tan soberbios, tan ridículos, que se hubiesen mantenido fieles a la clase a la que pertenecían, que no era otra que la de los asalariados. Pero hasta tal punto me es indiferente su situación, que me gustaría ver a muchos de ellos no sólo en el paro, sino en ese lugar donde se entra a la fuerza, por un mandato judicial, y se sale también a la fuerza, cuanto te echan una vez pagada, siquiera parcialmente, la deuda contraída con la sociedad, porque muchos de ellos llevan décadas ingresando nóminas que servirían para que cien familias llevasen una vida holgada, porque, incapaces de toda idea generosa, no han dejado de hablar de excelencia y eficacia, porque cuando las cosas han venido un poco torcidas, las únicas recetas que han sabido utilizar han sido las del despido, la regulación de empleo o las jubilaciones anticipadas con cargo al Estado: Para ese viaje no hacían falta alforjas ni de Harvard ni del barrio de al lado.

Hablan otros, como Fernando Fernández, rector que ha sido de varias universidades privadas, colaborador de Abc y Tele-Cinco, asesor del grupo Vocento, excomentarista de la SER en representación de los círculos más próximos al neoconservadurismo, con todo el cinismo del mundo, de la necesidad de avanzar en la desregularización del mercado laboral porque el paro se está cebando mucho más en quienes tienen, o tenían, un empleo fijo que en quienes viven en precario, que en los emigrantes: Por supuesto, Sr. Fernández, Sr. Wert, Sr. Botín, Sr. Rato, Sr. De Guindos, Sr. Gallardón, Sr. Montoro, quienes tienen una situación laboral en extremo precaria sólo pueden empeorar un poquito más, quienes tienen empleos basura y carecen de la mínima cobertura sindical, no tienen más remedio que trabajar en lo que sea a cambio del salario que decida ese personaje al que ustedes llaman, eufemísticamente, empleador. Su receta, extraída del libro sin letras de la explotación pura y dura, es tan clara como sencilla, tan diáfana como salvaje: Dejen a los “empleadores” hacer su trabajo, no pongan límite a la jornada laboral, hagan el despido más libre de lo que ya es –si eso es posible-, supriman las cuotas de la seguridad social, incentiven a los “empleados” para que contraten con un banco o una aseguradora su salud y su jubilación –si pasa algo, ya vendrá el Estado, o sea todos, a proveer fondos-, bajen los impuestos directos proporcionales y progresivos y, lo antes posible, suprímanlos. Dejen ustedes, sin remilgos de ningún tipo, que regresemos a la Inglaterra de Dickens, a la Ruisa de las almas muertas, a la Europa de los siervos de la gleba, del derecho de pernada, del vasallaje, el diezmo, los portazgos, las tercias y las alcabalas, sólo así, pero nada más que así, será posible salir de la crisis que nosotros –que somos unos grandísimos cabrones, justo es reconocerlo-, con nuestras recomendaciones y acciones, hemos provocado.

Sin embargo, las recetas del Sr. Fernández y compinches, como la de tantos otros que no es preciso enumerar, debieran ser aplicadas, en primer y único lugar, a ellos mismos, a sus hijos, a sus padres, a sus primos, a su tía Antonia, esa que de niños les hacía unas deliciosas natillas, y a sus amigos selenitas, para que –sin la protección que da el privilegio- supieran en carne propia del escozor, la desazón, del amargor tan profundo que provocan, de sus efectos secundarios, colaterales y directos. Tal vez un baño en la realidad les haría, al menos, callarse para siempre. 

Durante los últimos quince años, se produjo en España la mayor acumulación de capitales de la historia, los bancos batieron todas las marcas de beneficios conocidas, al igual que las eléctricas, las telefónicas, las petroleras, las constructoras, la atuomovilísticas, las gasistas: Insaciables, querían más, mucho más, lo querían todo. Empero, durante el mismo periodo de tiempo, pese a los fuegos fatuos, aumentaron las desigualdades sociales, las diferencias entre ricos y pobres, la huida del dinero hacia los paraísos fiscales. Fueron José María Aznar y Rodrigo Rato quienes por estos lares llevaron al paroxismo la economía especulativa, haciendo leyes que permitían construir en cualquier lugar del país, incitando a la gente a hacerse millonaria en la ruleta de la bolsa, permitiendo que se cerraran miles y miles de pequeñas y medianas empresas para que sus dueños se dedicasen al gran negocio del siglo: Comprar duros a cuatro pesetas y venderlos por cien. De modo que el tejido industrial español quedó desmantelado, la perspectiva del negocio rápido y cuantioso hizo despreciar el valor del trabajo y el beneficio justo, llevándonos a la situación en que en la actualidad nos encontramos.

Ahora, nos quedan las multinacionales, esas que vinieron cuando éramos pobres al calor de los salarios miserables, esas que chantajean constantemente al Estado amenazando con la deslocalización; nos quedan los especuladores con el dinero retirado del flujo financiero y a buen recaudo; nos quedan los canallas que despiden obreros aun teniendo beneficios sustanciosos y nos quedan, como no, los bancos, esos que declaran beneficios multimillonarios en plena crisis, esos que reciben montañas de euros del Estado para que agilicen los créditos a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, esos que no sueltan una peseta porque, pese a su aparente salud, también están infectados por el virus que vino de Norteamérica y por la vorágine especuladora nacional, esos qué, deslumbrados, concedieron créditos a quien no podría devolverlos, no por altruismo, sino porque sus magníficamente pagados ejecutivos les habían dicho que los inmuebles seguirían aumentando de valor eternamente y, por tanto, multiplicarían su inversión crediticia.

Pues bien, que nadie se olvide, esto es el capitalismo, así funciona la economía libre de mercado cuando el Estado es un convidado de piedra, cuando los trabajadores piensan del mismo modo que los “empleadores”. El capitalismo es un sistema cruel, enormemente cruel, para él no existen las personas, existen los productores, los generadores de plusvalías, los números, nada le importan los seres humanos, ni los blancos, ni los negros ni los que no tienen color, para ellos el hombre está al servicio de la economía, es decir a su servicio, nunca, en ningún caso, la economía al servicio del hombre. Por eso, cuando los bancos –y hablo de un sistema en el que no creo, que ansío cambiar por otro más justo- no cumplen con la función que les justifica dentro del propio sistema, cuando se han llenado los bolsillos de oro y los pies de mierda, salpicándonos a todos, se deben dar los pasos necesarios para que la cumplan, incluida su nacionalización; cuando una empresa con beneficios despide obreros o se traslada a otro lugar donde el “margen de explotación” es mayor, debe ser sancionada por el Gobierno y castigada por los ciudadanos con el boicot a sus productos.

Nadie puede afirmar con seriedad que haya existido en el mundo otro sistema económico distinto al capitalista. Ha existido el modo de producción esclavista, el feudal, el industrial, el financiero-especulativo, el capitalismo de Estado, ahora nos quieren llevar de nuevo al primero de ellos, al esclavista. Nadie puede permanecer ajeno al fondo de la cuestión, a lo que fluye por las aguas subálveas de la crisis, que no es otra cosa que otra vuelta de tuerca al garrote que atenaza nuestros cuellos individualistas: Las trescientas mil puñaladas de estos dos meses, no son más que una muestra de cómo las gasta un sistema que ha sabido sobrevivir a todos los cambios por su crueldad infinita y por la indolencia complaciente de quienes lo sufrimos, por nuestra pereza incomprensible y masoquista. Ha llegado la hora de mandar parar.

Pedro L. Angosto

Rebelión

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=146563&titular=paro:-trescientas-mil-pu%F1aladas-m%E1s-

 

Dejen de enredar con el PIB

Se avecinan cambios radicales. Gracias a las posibilidades de participación no presencial en pocos años tendremos unas democracias firmes y eficientes en cuyo contexto empezará a emerger el mundo que anhelamos.

Para establecer desde ahora los posibles escenarios del mañana –la anticipación es componente esencial de las cualidades que distinguen a la especie humana- es necesario disponer de criterios muy claros y precisos en relación a la “calidad de vida” en las distintas partes del mundo, de tal modo que los diseños del futuro representen exactamente lo que deseamos construir.

Y uno de los más falaces índices de crecimiento y de satisfacción de las necesidades básicas es el PIB, porque refleja el crecimiento económico conjunto pero no el bienestar de los ciudadanos.

Lo que interesa no es saber el “desarrollo” de un país sino cómo se distribuye, en qué medida llega a cada ciudadano, cuánto beneficia a los nativos, en qué se invierte…

El Banco Mundial indicó hace poco que Uganda y Ruanda están incrementando notablemente el PIB, pero no dice que, en buena medida, se debe al coltán que se explota en la región de los Kivu de la República del Congo y que, sin beneficio alguno para quienes habitan esta región, tan rica en este mineral superconductor, se explota y exporta a través de Kampala y Kigali.

Unos cuantos grandes consorcios y todo el PIB en muy pocas manos…

Los ejemplos son múltiples: en América Latina hay países que han alcanzado un crecimiento de casi el 10% del PIB… pero el impacto en el pueblo es muy escaso.

La inflexión histórica que se acerca a pasos agigantados requiere unos puntos de referencia transparentes y que proporcionen con exactitud el beneficio social que comportan.

Federico Mayor Zaragoza

http://federicomayor.blogspot.com

http://federicomayor.blogspot.com.es/2012/03/dejen-de-enredar-con-el-pib.html

Multinacionales y movimientos sociales: resistir al “lobby oculto”

“En este creciente auge del simulacro sobre lo real, fundamental para las nuevas formas de ejercer y legitimar el poder, juega un papel clave la industria de la comunicación, ‘Public Relations’… Una actividad que se especializa en la “ingeniería del consenso” como forma de ampliar mercados y crear un clima político-social propicio a la expansión de las grandes empresas, al tiempo que se ayuda también a desactivar y vencer las resistencias. Una actividad de promover el ‘Business as Usual’ muy amplia que va desde el fomento del patrocinio, la filantropía corporativa, la promoción de grandes eventos y la proyección de marcas hasta la llamada responsabilidad social y ambiental corporativa.”

Ramón Fernández Durán

“El capital trata de apropiarse de los movimientos ecologistas razonables, para reconvertirlos en domesticados capitalismos verdes o formas de negocio con el agotamiento del planeta.”

Pedro A. Prieto

Las citas precedentes proporcionan algunas claves para situar el contexto en el que opera el poder de las grandes empresas en la actualidad. Un poder que se muestra con el propósito de hacer más negocios y, simultáneamente, eliminar las resistencias. Están intentando la cuadratura del círculo: ser, a la vez, saqueadoras y benefactoras de sus damnificados.

Si las multinacionales (J.P. Morgan, Nestlé, Wal-Mart, Monsanto, etc.) tratan de gobernar el mundo es por su necesidad intrínseca de obtener ganancias a interés compuesto, o en progresión geométrica. Desde hace unas décadas han agotado la capacidad autorregenerativa del planeta, se encuentran con un “mundo lleno”, por lo que ahora más que nunca han de ir a la búsqueda de todo lo explotable. En estas circunstancias, actúan por desposesión de los últimos vestigios de autonomía de los pueblos: los bienes y usos comunes, los inmateriales, la vida y la dignidad de las gentes.

Buen ejemplo de todo esto que decimos, no es solo la profunda crisis mencionada, sino las nuevas formas con las que este capitalismo senil se reviste para poder caer, subrepticiamente, como un enjambre de langostas en la última frontera del beneficio.

El caso de las semillas de los cultivos es una buena muestra de la necesaria rapacidad del sistema. Lo resume muy bien Silvia Pérez-Vitoria cuando dice que: “entre el 60% y el 80% de la población agrícola del mundo vive en unidades de producción de pequeño tamaño (…). Es a estos campesinos que las multinacionales quieren robarles las plantas susceptibles de ser patentadas”.1

El sistema necesita con urgencia, además de su plan A (seguir con los negocios como lo hace habitualmente: business as usual), un plan B (la conquista del alma de las gentes y de las resistencias sociales2). Pues tampoco es tan poderoso como aparece a primera vista, porque si lo fuera no tendría necesidad de invertir tantos millones de dólares en Responsabilidad Social Corporativa (RSC), lavado verde, lobbying, publicidad y clientelismo a través de ONGs leales a sus intereses3.

El plan B del gran capital

Se puede resumir diciendo que es “la suma de maniobras destinadas a ganar consenso, legalizar estas formas de enriquecerse, lograr obediencia y/o complicidad, publicitar sus objetivos como si fueran idénticos a los de la sociedad y desacreditar las alternativas como si fueran ´ataques´”4. En una palabra, buscar legitimidad.

Destacan por su especial relevancia dos maneras de llevar a cabo este segundo plan: una, la denominada “Responsabilidad Social Corporativa”, y otra, la que tiene por objeto la cooptación de los movimientos sociales de resistencia y ONGs alternativas. “Sin lugar a dudas que estos planes B empresariales, abonados por técnicos, intelectuales y ciertas ONGs son el mayor desafío a vencer por parte de la resistencia civil.”5 En general, podemos decir que el capital trata de apropiarse de los movimientos ecologistas razonables, para reconvertirlos en unos agentes domesticados del capitalismo verde.

Unas notas sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

La mejor definición de lo que pretende esta RSC la dio Ban Ki-Moon, en 20086. Dijo: “tenemos que pasar de la responsabilidad de los negocios al negocio de la responsabilidad”. Para las empresas, en el orden capitalista, se trata de eso y solo de eso. Si alguien quiere llamarse a ilusiones socializantes o de sostenibilidad, las declaraciones del director de Responsabilidad Social Corporativa de Mapfre7 son más que persuasivas: “en el fondo buena parte de lo que se oye en RSC tiene su raíz en ese propósito cosmético que siempre nos acompaña en la empresa”, y es que por más vueltas que se le dé, en una sistema capitalista la única responsabilidad social de las empresas consiste en incrementar sus beneficios, como sostenía el representante de la economía neoliberal Milton Friedman.

No lo pueden evitar: “Si una gran empresa que cotiza en bolsa no logra cumplir con la fórmula de un rápido crecimiento y beneficios a corto plazo, sus directores se verán expuestos a ser despedidos directamente, o incluso a posibles acciones legales (…) ni los banqueros ni los inversores juzgan el rendimiento empresarial según el grado de contribución al bien público. Estos son fundamentalmente amorales”.8

Para concluir con la RSC y “no caer en moralina, admitamos que el objetivo lógico y común de todo negocio es el lucro… las empresas son empresas y no ONGs; y esto va 2

de ganar dinero”9. Quien así se sinceraba era el director de Reputación e Identidad Corporativa de Telefónica, empresa que ha tardado bien poco en poner en funcionamiento esta lógica con el reciente anuncio de despidos masivos de varios miles de trabajadores, a la vez que incrementa sustancialmente los sueldos de sus directivos en varios cientos de millones de euros, días después de haber declarado los mayores beneficios de su historia.

A por los movimientos sociales de resistencia

Dos fundaciones muy activas en este capítulo nos sirven para ilustrar cómo opera el gran capital en este apartado de su plan B. Se trata de las llamadas AVINA y Ashoka, que tienen su espacio de operaciones preferente en España y Latinoamérica. No son las únicas.

Estas dos entidades, aparecidas en 1994 y 1981 respectivamente, están íntimamente relacionadas entre sí. En 1993, Stephan Schmidheiny, fundador de AVINA, y Bill Drayton, fundador de Ashoka, percibieron que tenían visiones muy afines sobre cómo contribuir a un cambio profundo en el mundo y, a través de los años, AVINA y Ashoka han identificado y promovido múltiples formas de colaboración local y global. También Ashoka es financiada por AVINA: por ejemplo, hasta 2007 le ha pagado a más de 400 emprendedores sociales. Según Drayton, “Ashoka no tiene un coemprendedor o aliado más cercano o duradero que AVINA para apoyar el vuelo de las más poderosas y nuevas ideas y sus promotores”.

Ambas fundaciones están inequívocamente vinculadas al gran capital. En el caso de AVINA, el fundador único ya citado es el magnate del amianto, una de las mayores fortunas del mundo, amasadas con el negocio del mineral asesino a costa de la salud y de la vida de cientos de miles de personas en todo el planeta. El pasado 13 de febrero, Schmidheiny fue condenado a 16 de años de cárcel por un tribunal de Turín por los delitos de “desastre ambiental doloso permanente” y “por omisión de medidas de seguridad “ en el trabajo, provocados por una fábrica de amianto de su propiedad instalada en el pueblo de Casale Monferrato, a causa de la cual ya han muerto más de dos mil personas y han enfermado cerca de mil. Además, Schmidheiny ha sido directivo de Nestlé, de la Unión de Bancos Suizos, y de ABS Brown, entre otras multinacionales. Del mismo modo, el actual presidente de AVINA procede de la multinacional química DuPont.

En el caso de Ashoka, la fundación en España está presidida por un exdirectivo de la banca JP Morgan10, la empresa más poderosa del mundo según la lista Forbes, y otros fundadores han estado vinculados a la consultora McKinsey&Co., o a General Electric.

Estas fundaciones del gran capital entran en los movimientos sociales y ONGs con una filosofía definida y que no engaña a nadie. Se trata de considerar “a los mercados como los canales legítimos para el cambio social”11. Por eso AVINA se define como “una fundación que se asocia con líderes de la sociedad civil y del empresariado de América Latina en sus iniciativas por el desarrollo sostenible”12. En el caso de Ashoka, el objetivo es más claro si cabe. Según declara María Zapata, su directora en España: “para las empresas, el mercado potencial que ofrece la población que está viviendo con menos de dos dólares al día, la base de la pirámide, es de 4 billones de dólares (…).Los emprendedores sociales trabajan con esas poblaciones y su labor es acercar a las multinacionales hasta ellas, mientras salvaguardan los intereses de éstas”.13 3

Para eso financian y se alían a líderes de los movimientos sociales, incluso a los anticapitalistas, para que legitimen desde dentro el sistema empresarial realmente existente, y para moldear los límites de esa disidencia.

En efecto, AVINA cuenta entre sus socios destacados al argentino Gustavo Grobocopatel14 considerado el empresario número uno y referente indiscutido a nivel mundial en el terreno de la soja transgénica. Cultiva más de 280.000 hectáreas.

Ya sabemos que el cultivo de la soja “es el monocultivo de la década, el cultivo que más tierras deforesta, que más bosques tala, que más asesinatos y esclavitud produce, que más fumigaciones provoca, y finalmente que más pobreza genera”, según el Informe del Worldwatch Institute de 201115.

Claro, que en Latinoamérica, lugar privilegiado de sus actuaciones, ya se han percatado de la naturaleza de estas fundaciones. En la pasada reunión de Cancún sobre cambio climático (diciembre de 2010), el Grupo de Reflexión Rural argentino (GRR) ha detectado la infiltración de AVINA en los distintos movimientos alternativos que han acudido a la contracumbre y denuncian que: “Las grandes corporaciones y las fundaciones que las acompañan, han estado trabajando sigilosamente para escurrirse entre los espacios alternativos. La fundación AVINA, del millonario suizo Stephan Schmidheiny, de larga y siniestra trayectoria en nuestra América Mestiza, por comprar voluntades detrás de proyectos supuestamente beneficiosos para nuestros pueblos y comunidades, ofreció una dádiva económica para la organización de Klimaforum 10. (…) Fundaciones como AVINA y Ashoka son el enemigo de la Tierra Madre y de las poblaciones oprimidas”16.

El caso del AGRA y los transgénicos

Con este ejemplo es como mejor se puede ver el modo en que opera el lobby capitalista en los movimientos sociales.

Según denuncian Gustavo Duch y Fernando Fernández, conocidos activistas agroecológicos, “en estos momentos existen una serie de programas para desarrollar una segunda vuelta a la Revolución Verde, ahora en África. Encabezado por un grupo de grandes corporaciones y fundaciones como Gates o Rockefeller, se propagan una serie de proyectos que favorecerán la instalación de dichas empresas en África, donde podrán ampliar sus negocios y su mercado, desplazando los sistemas públicos nacionales (…). La participación de fundaciones solidarias como Gates no deja de ser preocupante y distorsionadora. Sólo en el mes de septiembre del 2010, Gates ha donado 8 millones de dólares para favorecer la entrada de Cargill y su soja en África; y ha invertido 23.1 millones de dólares en Monsanto” 17. A este proyecto se le ha bautizado con el nombre de AGRA.

Por si hubiese dudas sobre las intenciones de esta fundación, la Vía Campesina, el movimiento alternativo más prestigioso del mundo, advertía que: “desde 2006 la Fundación Bill y Melinda Gates ha colaborado con la Fundación Rockefeller, entusiasta promotora de cultivos transgénicos para los pobres del mundo, para implementar la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), la cual está abriendo el continente a la semilla transgénica y a sustancias químicas vendidas por Monsanto, Dupont y Syngenta. La fundación ha dado $456 millones a AGRA, y en 2006 contrató a Robert Horsch, quien fue ejecutivo de Monsanto por 25 años, para trabajar 4

en el proyecto. En Kenya alrededor de 70% de los que reciben fondos de AGRA trabajan directamente con Monsanto, casi el 80% del financiamiento de Gates en el país tiene que ver con biotecnología, y sobre $100 millones en donaciones se han dado a organizaciones kenianas conectadas a Monsanto. En 2008 un 30% de los fondos de la Fundación para desarrollo agrícola fueron a promover variedades de semilla transgénica. (…) En agosto de 2010 el fideicomiso de la Fundación Bill y Melinda Gates, anunció que había comprado 500 mil acciones de Monsanto, valoradas en un poco más de $23 millones”18.

De Kenya procede, precisamente, uno de los últimos “fichajes” de Ashoka en 2009. Se trata de la científica keniana Florence Wanbugu, vinculada a la biotecnología y a Monsanto, y con muy buenas relaciones en España.

El círculo continúa con el anuncio de que Ashoka recibe en 2009 una donación de la fundación Bill y Melinda Gates19 de 11,3 millones de dólares: “Estos fondos permitirán a Ashoka elegir a más de 90 emprendedores sociales que difundirán prometedoras innovaciones para ayudar a salir de la pobreza a pequeños agricultores y comunidades rurales en África subsahariana e India”.

Pero hay más. También casi los mismos actores, Gates, Rockefeller y Monsanto, junto a Syngenta, el Gobierno Noruego y otros gobiernos han creado en 2008 lo que se ha dado en llamar “La bóveda de semillas del fin del mundo”, que es un gran banco de semillas y recursos fitogenéticos instalado en el Ártico, en una isla del archipiélago Svalbard. La “bóveda” tiene capacidad para almacenar 4,5 millones de muestras de diferentes semillas, cada muestra tiene un promedio de 500 semillas. Guardan más de siete mil especies de plantas que históricamente han sido usadas en la dieta humana.

El círculo se cierra con el lobby oculto: los “disidentes” seleccionados y asociados

AVINA y Ashoka, en los diez años que llevan operando en España han logrado introducirse de alguna forma en más de diez organizaciones que pueden considerarse alternativas. En unos casos seleccionando a líderes o emprendedores, en otros aportando financiación y asesoramiento. Son entidades de prestigio que cubren los rubros del agua, el medioambiente, la paz, el mundo rural, las universidades paralelas, los sistemas financieros éticos, las semillas, el mar, etc., y contando con líderes conocidos.

Estas fundaciones del gran capital llevan a cabo la selección de sus colaboradores con todo rigor, de manera que la decisión final suele venir de sus sedes centrales, en América. Saben bien con quién se alían. No en vano, Ashoka presume de que tiene como aliados estratégicos a la mencionada McKinsey, empresa líder mundial de consultoría de gestión, a Hill & Knowlton, unas de las principales en relaciones públicas y Latham & Watkins20, con 2.000 abogados en todo el mundo. La selección está asegurada. Por si acaso, firman contratos que comprometen a los elegidos a dejar su imagen para promoción de las filantrópicas y, como dice su directora en España María Calvo, “una vez que el emprendedor social es seleccionado, pertenece a la Red Ashoka de por vida”.

Algunas de estas organizaciones o sus líderes, que comparten la condición de socios o aliados de las fundaciones mencionadas, tienen una posición de liderazgo explícita contra los cultivos transgénicos. Por tanto, a veces cumplen con su función de portavoces de asociaciones que luchan contra este tipo de cultivos (especialmente en España, que es donde estos cultivos han prosperado más en toda Europa), y otras se ven obligados a mantener un prudente silencio, ante programas tan agresivos como el AGRA, en el que 90 correligionarios suyos de Ashoka tratan de implementar en África los transgénicos, con apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates-Monsanto, como hemos visto más arriba. El plus de legitimidad que los “disidentes” controlados ofrecen a las fundaciones del gran capital es impagable.

En nuestro entorno más cercano se ha venido produciendo también un fenómeno similar que es necesario subrayar para conocimiento general y que, desde hace tiempo, se lleva denunciando. Afortunadamente, tras un esfuerzo importante, las cosas parece que van cambiando en la buena dirección, y se comienza a lograr que aquellos que han mantenido relaciones estables con fundaciones como AVINA y Ashoka reconsideren su actuación. En esa buena dirección van, por ejemplo, algunas dimisiones de sus cargos en los movimientos sociales de líderes que, a la vez, eran socios de AVINA o Ashoka, así como las declaraciones de denuncia contra dichas fundaciones manifestadas por las organizaciones ecologistas a las que dichos líderes pertenecían. En este sentido apunta la declaración del pasado 8 de febrero de la Plataforma Rural (entidad que integra unas decenas de organizaciones) contra los transgénicos. En dicho documento se denuncia que “en África, Monsanto se ha aliado recientemente con la Fundación Gates, la Fundación Rockefeller y otras entidades como la Fundación Ashoka, para promover los transgénicos en el marco de la ´Alianza para una Revolución Verde en Africa´. Aunque disfrazado de verde, se trata de un intento asesino de introducir en este continente semillas comerciales (y posteriormente transgénicas) y todo el paquete de insumos agroquímicos, despojando a los pequeños campesinos de sus semillas tradicionales y condenándoles al hambre y la miseria”.

Una consideración final

En los casos de dimisión mencionados, así como en otros, nos gustaría insistir en lo siguiente: no estamos cuestionando la buena fe subjetiva con que esas personas puedan haber actuado, sino el problema político objetivo que suponen esas estrategias del gran capital para penetrar en los movimientos sociales alternativos. Es cierto que cualquiera de nosotros y nosotras podemos ser víctimas de engaños: a veces damos pasos arriesgados sin llegar a ver cuáles pueden ser las consecuencias, o sin mala intención tomamos atajos que acaban llevando a lugares problemáticos. Y puede resultar subjetivamente muy difícil desandar lo andado, sobre todo cuando está en juego lo que estimamos que es nuestra propia identidad, la consideración que merecemos a la gente cercana o el prestigio ante otros círculos más alejados. Pero hay que evitar confundir las dificultades personales que entraña reconocer errores, con los intereses de los proyectos colectivos. Resultaría difícil de entender que, una vez advertidos de la situación, nos empeñáramos en negar la realidad y siguiéramos sin corregir el rumbo ni aclarar las circunstancias y responsabilidades. En tal caso, estaríamos haciendo un flaco favor a los movimientos sociales al debilitar sus fuerzas para resistir al “lobby oculto” arriba mencionado.

Notas y referencias

1 Pérez-Vitoria, S. (2010): El retorno de los campesinos. Una oportunidad para nuestra supervivencia, Barcelona, Icaria, p.103.

2 “Toda la vida está siendo afectada por la lógica del capital… la conquista del alma se ha ido produciendo casi sin resistencias y sin darnos cuenta. Las estructuras del poder han logrado reducir nuestras cabezas”, en: Fernández Durán, R. (2010): La tercera Piel, sociedad de la imagen y conquista del alma. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/88672.pdf , p. 26. Acceso el 7 de octubre de 2011.

3 Dimitriu, A. ( 2008): “Bulimia energética, agrocombustibles y territorio: la privatización de la política y las políticas del silencio”, Revista Theomai, nº 18, 2º semestre, p. 93.

4 Galafassi, G. y A. Dimitriu, (2007): “El Plan “B” de los capitales mineros”, Revista Theomai, nº15, primer semestre, p. 1.

5 Ibídem, p. 8.

6 Discurso del secretario general de la ONU en el Foro del Sector Privado para los Objetivos del Desarrollo del Milenio de NNUU, N. York, 28.09.2008

7Juan José Almagro, en la presentación de las jornadas “La gestión de la RSE y la creación de valor sostenible”, El Nuevo Lunes – Mapfre, Madrid, 16 de junio de 2008.

8 Mander, J. (ed.), (2008): Manifiesto sobre transiciones económicas globales. Cerrando el grifo para el futuro, Málaga, Ediciones del Genal, p.27.

9 Hernández, J. y Ramiro P. (eds.) (2009): El negocio de la responsabilidad. Crítica de la responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales, Barcelona, Icaria, p.63.

10 Presidente: Don Carl F. Munana,.BOE núm. 25 . Sábado 25 octubre 2003.

11 Sustainnability Global Compact y UNEP (2005): “Las ONGs del siglo XXI. En el mercado para el cambio”. Disponible en: http://www.ecodes.org/documentos/archivo/Espanol_ONG.pdf . Acceso el 7 de octubre de 2011, p.3.

12 AVINA, “Informe anual 2000. Mensaje del Presidente” p. 14. Disponible en: www.avina.net/esp/Multimedios/pdfs/164.pdf Acceso el 26 de enero de 2012

13 Entrevista a María Zapata en la revista digital Quo.es, 9.06.2011. http://www.quo.es/ciencia/hombre/maria_zapata_ashoka_espana

14 http://www.noalamina.org/mineria-informacion-general/general/modelo-neocolonial-acaparamiento-de-tierra-monocultivos-y-exclusion-social visitida el 5 de marzo de 2012

15 Fernández, F. y Duch, G. (2011), en: Worldwatch Institute, (2011): La situación del mundo. Innovaciones para alimentar el planeta, Barcelona, Icaria, p.350.

16:GRR (2010): “Los diferentes espacios de resistencias en la COP 16 de Cancún. Documento del GRR en la cumbre del cambio climático de Méjico”, 15.12.10, disponible en:

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Los_diferentes_espacios_de_resistencia_en_la_COP_16_de_Cancun._Documento_del_GRR_en_Mejico_en_la_Cumbre_de_Cambio_Climatico. . Acceso el 7 de octubre de 2011.

17 Duch, G. y Fernández, F. (2010): “La agroindustria bajo sospecha”, consultada en http://www.fespinal.com/espinal/llib/es171.pdf , p.15. Acceso 7.10.2001.

18 Vía Campesina (2010): “La "filantropía" realmente existente. Denuncia de la compra de acciones de Monsanto por parte de la Fundación Bill y Melinda Gates”, comunicado de prensa, Rebelión, 16.09.10.

19 elEconomista.es (27.01.2009),” Fundación Bill & Melinda Gates dona 11.3 millones de euros a Ashoka para proyectos de desarrollo rural en África e India”, disponible en: http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/996231/01/09/Fundacion-Bill-Melinda-Gates-dona-113-millones-de-euros-a-Ashoka-para-proyectos-de-desarrollo-rural-en-Africa-e-India.html . Acceso el 7 de octubre de 2011.

20 Página web disponible en: http://www.ashoka.es/nuestros-socios . Acceso el 7 de octubre de 2011.

Paco Puche

Federico Aguilera Klink

Óscar Carpintero

José Manuel Naredo

Jorge Riechmann

Rebelión

http://rebelion.org/docs/146246.pdf

¿Por qué España tiene un desempleo tan elevado?

Este artículo critica el argumento ampliamente promovido en los mayores fórums económicos y financieros españoles de que el elevado desempleo en España se debe a las rigideces del mercado de trabajo. El artículo documenta que el elevado desempleo en España se debe a la escasa producción de empleo, resultado, a su vez, del escaso desarrollo del sector público y muy en particular de los servicios públicos del Estado del Bienestar.

Una característica de la economía española ha sido la existencia de un elevado desempleo. Tanto en momentos de bonanza, con elevadas tasas de crecimiento económico, como en momentos de recesión, el desempleo en España es mayor, y en ocasiones mucho mayor, que el promedio de los países de la Unión Europea (UE-15), el grupo de países de la UE más próximos a nosotros por su nivel de desarrollo económico.

La interpretación que la sabiduría convencional da para explicar este hecho es que el mercado de trabajo español es demasiado rígido. Se repite constantemente en los medios de mayor difusión de sensibilidad neoliberal que los sindicatos han estado protegiendo los contratos fijos, que incluyen a los trabajadores que ya tienen trabajo –los famosos insiders- a costa de los que no tienen trabajo –los también famosos outsiders- que no pueden encontrar trabajo. Estos últimos, principalmente jóvenes y mujeres, tienen enormes dificultades para entrar en el mercado de trabajo, debido a que los puestos de trabajo existentes están ya ocupados por los que tienen contratos fijos. De ahí que la solución que proponen es que se anulen los contratos fijos (para conseguirlo hay que debilitar a los sindicatos) y, con ello, los jóvenes y las mujeres puedan también entrar en el mercado de trabajo.

Este argumento ignora deliberadamente varios hechos. Si el número de puestos de trabajo existentes permanece constante, la eliminación de los contratos fijos sólo variará la composición de los trabajadores, puesto que los empresarios despedirán a los que eran fijos a fin de contratar a los jóvenes y mujeres, a los que pagarán unos salarios más bajos. Los padres serán despedidos para que sus hijos puedan encontrar trabajo a menor coste para la empresa. Esto es lo que desean las reformas laborales del gobierno PP: rebajas de salarios.

Algunos economistas argumentan que los elevados costes del despido hacen que el empresario se lo piense dos veces antes de contratar a un nuevo trabajador porque éste quedará blindado y no podrá deshacerse de él o ella en caso de que necesite menos trabajadores, a consecuencia de que disminuyan sus necesidades de mano de obra. Este argumento parecería que tiene peso, pues tiene una cierta lógica. Pero, parece que los empresarios en España no han tenido tal dificultad. España fue durante muchos años (durante el periodo del boom económico estimulado por la burbuja inmobiliaria) el país de la UE-15 que tuvo mayor tasa de crecimiento de puestos de trabajo, para más tarde, durante la recesión, tener la tasa de destrucción de puestos de trabajo más elevada de la UE-15. La evidencia muestra que en España se crean y se destruyen puestos de trabajo muy fácilmente, negando por lo tanto la tesis de que el elevado desempleo se deba a la dificultad de despedir. En realidad, lo inverso es lo que está ocurriendo. Los países de la OCDE en los que el desempleo ha crecido más rápidamente durante la recesión han sido EE.UU. e Irlanda, que son los países que pueden despedir más fácilmente. España es el tercer país después de estos dos, con la tasa de destrucción de empleo y crecimiento de desempleo más elevada en la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo.

Los datos muestran que España tiene una de las tasas de crecimiento del desempleo más altas y la tasa de desempleo más alta, no sólo de la UE-15, sino también de la OCDE. Las reformas laborales aumentarán el desempleo sin mejorar en nada la creación de empleo. Y si no se lo creen, esperen y lo verán. Que ello sea así se debe a que no se está tocando el problema central: la escasa creación de puestos de trabajo. Si miran los datos verán ustedes que España es el país que tiene menos puestos de trabajo por 1.000 habitantes de la UE-15 (396), junto con Grecia (373) e Italia (380). Y donde se ve que hay un gran déficit es en el sector público. En España sólo un 9% de la población adulta trabaja en el sector público. El promedio de la UE-15 es un 15%, y en Suecia un 25%. Si en España tuviéramos las mismas tasas de empleo público que tiene Suecia, tendríamos 5 millones más de puestos de trabajo (que es prácticamente el mismo número de desempleados que existen hoy en nuestro país). En contra de lo que se reproduce en la sabiduría convencional, España tiene un sector público poco desarrollado. El número de empleados en los servicios públicos del Estado del Bienestar está muy por debajo del promedio de la UE-15 y por debajo de lo que nos correspondería por el nivel de desarrollo que tenemos (ver Navarro, V. El Subdesarrollo Social de España. Causas y Consecuencias. Ed. Anagrama, 2006).

Este escaso desarrollo del empleo público explica también el bajo porcentaje de la población que trabaja en el mercado laboral, con clara discriminación de la mujer. Si se facilitara la integración de la mujer en el mercado de trabajo (mediante el desarrollo de la infraestructura de servicios tales como escuelas de infancia y servicios domiciliarios) habría en España 3 millones más de trabajadores, creando riqueza. Se calcula que por cada entrada de una mujer en el mercado de trabajo se crea la necesidad de crear 0.4 nuevos puestos de trabajo en los servicios de carácter personal que proveen las amas de casa (en limpieza, en restaurantes y otros). Trabajo crea trabajo.

La pregunta inmediata es ¿cómo se pagarían estos empleos? La respuesta es fácil. Predominantemente (aunque no exclusivamente) con fondos públicos, incrementando los ingresos al Estado, hoy en día en España, los más bajos de la UE-15 (34%), el promedio de la UE-15 es 44% y Suecia, 54%.

Y ahí está la raíz del problema. Algunos datos son contundentes. El fraude fiscal en España es enorme y se concentra en las grandes fortunas, en las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y en la banca (responsables del 72% de todo el fraude fiscal) y que supera los 80.000 millones de euros. El problema no es que España no tenga fondos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge, y por lo tanto no puede crear empleo. Ahí está el problema silenciado en los mayores medios de difusión y persuasión del país, los mismos medios que continúan machacando con el sambenito de las rigideces del mercado laboral, culpabilizando a los sindicatos por el elevado desempleo. Y así vamos en un país que se autodefine de ser democrático.

Vicenç Navarro

El Pural

 http://www.elplural.com/2012/03/11/%C2%BFpor-que-espana-tiene-un-desempleo-tan-elevado/

La telaraña del poder corporativo y la "economía verde"

Apenas 147 empresas trasnacionales controlan el 40 por ciento del volumen total de ventas de todas las trasnacionales del globo. El dato más sorprendente no es que sean pocas –existían ya estudios mostrando el alto grado de concentración corporativa–, sino que están estrechamente interconectadas a través de acciones y participaciones entre ellas, constituyendo una súper entidad global que ejerce un control enorme sobre mercados, producción y políticas nacionales e internacionales. Las tres cuartas partes de éstas 147 superpoderosas son bancos e intermediarios financieros, que a su vez tienen un importante porcentaje de acciones en las mayores empresas de capital productivo.

Los datos provienen del estudio The Network of Global Corporate Control de Stefania Vitali, James B. Glattfelder y Stefano Battiston, del Instituto Federal de Tecnología de Suiza (publicado en la revista científica PLoS ONE el 26/10/11). El estudio analiza las redes corporativas globales y las relaciones entre ellas, para lo cual se basan en la interpretación de información de la base de datos Orbis al 2007, que registra más de 30 millones de actores económicos en el mundo.

Los investigadores seleccionaron 43 mil 60 de las mayores empresas en 116 países y encontraron que 737 concentran el 80 por ciento de las ventas de todas las trasnacionales. Pero a nivel de conexiones hay un núcleo de 1318 empresas que tienen dos o más interconexiones, con un promedio de 20 vínculos entre sí. Estas mil 318, con sede en 26 países, mayoritariamente anglosajones, controlan el 60 por ciento de los ingresos globales, a través de acciones en empresas globales de manufactura, energía y otros rubros básicos.

Como araña en la red de esas mil 318, hay un núcleo de mucho mayor densidad de interrelaciones, formado por las 147 empresas que detentan 40 por ciento de los ingresos de todas las trasnacionales. La gran mayoría de éstas últimas son instituciones financieras, entre las que se encuentran nombres muy conocidos como Barclays Lpc, Axa, JP Morgan Chase & Co, Merrill Lynch & Co Inc, Deustche Bank, Bank of America, Walton Enterprises LLC (la firma inversora del capital de la familia Walton, dueños de la empresa más grande del mundo: el supermercado WalMart), ING Group, BNP Paribas. La número 50 en la lista es significativamente la china Petrochemical Group Company, que denota el ascenso de los capitales chinos a este grupo exclusivo de corporaciones que tienen las riendas económicas y financieras del planeta.

Aunque el estudio está hecho sobre datos del 2007, previos a romper la ola de crisis financiera que acabó con algunas de las empresas referidas en el estudio, la estructura de la red se mantiene y es una información clave para entender también las políticas públicas que se promueven frente a las crisis financiera, alimentaria, climática, ambiental.

Para empezar, este enorme poder concentrado está entretejido y por detrás de que los gobiernos hayan dedicado –y siguen dedicando, ahora con mayor acento en Europa– enormes sumas de dinero público para salvar bancos y grandes empresas en quiebra, a costa de los presupuestos de políticas de bienestar social para las mayorías, a costa del apoyo que necesita la población víctima de las crisis y en lugar de apoyar alternativas productivas decentralizadas y de pequeña escala (como la agricultura campesina, cooperativas de trabajadores urbanos, etcétera) que son las que realmente pueden enfrentar las crisis múltiples desde las raíces, cambiando las causas, no transformando los síntomas de la enfermedad en nuevas fuentes de negocios.

Al mismo tiempo, sin tocar ni la especulación financiera que causó la crisis, ni los nocivos modelos de consumo y de producción contaminantes (bases de la civilización petrolera y de la devastación ambiental y climática), promueven nuevas fórmulas para aumentar y legalizar los mercados financieros con la naturaleza (mercados de carbono, de servicios ambientales, de biodiversidad, etcétera) y más explotación de naturaleza y recursos a través de nuevas tecnologías, como por ejemplo, el uso extendido de biología sintética para procesar biomasa como fuente de combustibles, de fármacos y sustancias industriales.

Irónicamente, a estos paquetes de subsidiar a corporaciones abriendo nuevas fuentes de mercantilización de la naturaleza y sus funciones para aumentar las ganancias con supuestos remedios a las crisis que ellas mismas provocaron,  le llaman economía verde. O como dijo Obama parafraseando a F. Roosevelt frente a la crisis de 1929, se trata de un green new deal (nuevo acuerdo verde), donde todos son escenarios de ganar-ganar. Claro que las ganancias-ganancias están siempre referidas a los mismos: a esa red corporativa que tiene entre sus tentáculos al planeta y a la gente (Ver “Quién controlará la economía verde” www.etcgroup.org/es/node/5298)

El escenario parece abrumador, pero no olvidemos que el sistema que sostiene a estas redes de poder está en una profunda crisis y que por todas partes en el planeta aparecen movimientos que los denuncian y no están dispuestos a resignarse a seguir siendo víctimas. Son movimientos diversos y contradictorios, pero van convergiendo con las alternativas locales, campesinas, indígenas, que son las que sostienen, cuidan y dan de comer a la mayoría del planeta, mientras las corporaciones se empeñan en seguirlo explotando. El emperador sigue reinando, pero está sin ropas a la vista de todos, y tenemos que seguirlo denunciarlo, por más que ahora diga que está vestido de verde.

Silvia Ribeiro. *Investigadora del Grupo ETC

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2012/03/10/opinion/025a1eco