miércoles, 10 de octubre de 2012

¿Las deudas siempre deben pagarse?

El autor expone por qué debe considerarse ilegítima una deuda pública que ha crecido espectacularmente desde el comienzo de la crisis.

Alguien dirá que las deudas siempre deben pagarse. De hecho, al pago de una deuda también se lo denomina “honrar” una deuda, ya que parece que se trata de algo más que de un mero retorno: se trata, ante todo, de cumplir con una palabra dada. No obstante, en realidad, la exigencia del pago de una deuda –sobre todo cuando se trata de una deuda soberana– debería depender de cómo se originó, de quién la contrajo, bajo qué condiciones y para qué beneficios. En caso contrario, sería injusto reclamar al pueblo que se hiciera cargo de deudas que en ningún caso contrajo y/o que no le aportaron beneficio alguno. Injusto y tal vez ilegítimo.

En el caso de la deuda pública española parece, como en tantos otros tantos casos (léase Grecia, por no citar a cualquiera de los países empobrecidos) que nos encontramos con deudas públicas que podrían considerarse ilegítimas (por cuanto todavía no se las puede considerar ilegales). Ilegítimo es un término que conlleva connotaciones morales o éticas, pero que a veces pueden tener más fuerza que el mismo peso de la ley. Ilegítimo es recortar los presupuestos de educación y sanidad en 10.000 millones de euros y pocos días más tarde salir al rescate de Bankia estando dispuesto a condonarle deudas por valor de casi 4.500 millones de euros y apoyarle con más de 19.000 millones. Ilegítimo es estar dispuesto a nacionalizar deudas que fueron contraídas por promotores, constructores y banqueros, que se beneficiaron con la especulación inmobiliaria, y no honrar el pago de servicios sociales básicos. Ilegítimo es avalar el pago de deudas que fueron contraídas por aquellos que nos llevaron a esta situación de bancarrota por el simple hecho de que las contrajeron con la banca alemana, francesa o norteamericana (avales que en el caso de Bankia se estiman en casi 30.000millones) y no garantizar derechos sociales básicos que creíamos garantizados de por vida. Ilegítimo es permitir que el señor Blesa y el señor Rato hagan negocios con el ladrillo con sus colegas de partido (léase Esperanza Aguirre, Juan JoséOlivas o Francisco Camps), de forma totalmente irresponsable, y que ahora, cuando el castillo de naipes se está desmoronando, no se les exija responsabilidad alguna –ni a unos ni a otros– por este desaguisado. Ilegítimo es que el Gobierno esté mezclado y viciado con aquéllos que tienen intereses económicos y que parezca que ahora tan sólo le preocupe encontrar la manera de cómo ayudarles a pagar los platos rotos de su fiesta con nuestro dinero.

Por todo ello, parte de la sociedad española está reclamando la suspensión unilateral de pagos, acompañada de una auditoría de la deuda que permita conocer su origen, repudiar toda la deuda ilegítima y encausar a los responsables, tanto nacionales como extranjeros, que han llevado al país a la bancarrota. Esta parte de la sociedad civil, organizada bajo la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No debemos, no pagamos!, es consciente de la necesidad de construir un camino ciudadano por el que sea posible un cambio en la correlación de fuerzas para poder auditar la deuda.

Así, al igual que se ha hecho en otros países que llevan años sintiendo el golpe de la deuda, como es el caso de Ecuador, se hace necesaria una auditoría que explique cómo y por qué la deuda pública se ha más que doblado en tan sólo cinco años, pasando del 36% del PIB de 2007 al 80%estimado para finales de 2012. Una auditoría que pueda decidir soberanamente qué es legítimo pagar y qué no, para conocer cuánto del aumento de la deuda pública ha servido para salvar al sistema financiero español y ayudar a sus ejecutivos a evadir sus responsabilidades. Una auditoría de la deuda que pueda dirimir si es justo y legítimo que en el año 2012 el Estado tenga que pagar más de 28.848 millones de euros en intereses que provienen de deudas de las que desconocemos su origen. Una auditoría de la deuda que nos permita exigir responsabilidades políticas y judiciales a aquellos que se han enriquecido ilegalmente con dinero público. Una auditoría ciudadana comomedida de presión y de contención para evitar que el Gobierno transfiera toda la deuda privada bancaria a deuda pública (tal y como ya sucedió en Argentina en 2001, en Islandia en 2008, en Irlanda en 2010 y en Portugal en 2011). Una auditoría social para controlar el agujero de la deuda privada española. Una auditoría de la deuda como excusa, y como una pieza más en el camino, que ayude a concienciar y politizar a la ciudadanía, con el objetivo de que hagamos nuestro el futuro y no volvamos a dejar en manos de banqueros y políticos profesionales corruptos nuestro destino y el de las generaciones que están por vivir en nuestro país. Tal y como están las cosas, ésta parece la única salida que permitirá al pueblo recuperar el poder de su soberanía económica, social y política; es decir, la única salida realmente “honrosa”.

Daniel Gómez-Olivé i Casas, investigador 
Observatorio de la Deuda en la Globalización 
Diagonal
http://www.diagonalperiodico.net/Las-deudas-siempre-deben-pagarse.html



lunes, 8 de octubre de 2012

"Los amos del mundo, las armas del terrorismo financiero"



"Los amos del mundo, las armas del terrorismo financiero" Bajo ese título el catedrático de ciencias políticas Vicenç Navarro y el catedrático de economía aplicada Juan Torres explican la concentración de poder en el mundo económico y con ellos hablaremos del euro, del Banco Central Europeo y de la salida de la crisis.


domingo, 7 de octubre de 2012

¿Pueden las exportaciones sacarnos de la crisis?

Dado el inevitable retroceso de la demanda doméstica que provocan las políticas de austeridad, las autoridades comunitarias se reafirman en la idea de que el sector exterior es el único motor del que dispone la economía española para impulsar la reactivación y salir de la crisis. A falta de cualquier otro razonamiento o propuesta, el Gobierno de Rajoy ha hecho suyas esa idea y las medidas de recorte que de ella se derivan.
Aclaremos mínimamente el asunto. Se trata del actual sector exportador tal y como está, sin cambios significativos en las actuales especializaciones y sin que se hayan producido inversiones significativas encaminadas a impulsar la innovación, modernizar la oferta productiva o reforzar el progreso técnico (o la productividad global de los factores). En la situación actual ni las empresas tienen el menor incentivo para invertir, debido al retroceso generalizado de la demanda, ni el Gobierno hace el más mínimo intento de mantener el esfuerzo en educación, promover la cualificación de la población activa o reforzar su actividad inversora, obsesionado como está en sumar recortes a los recortes para cumplir con su compromiso de reducir el déficit público y conseguir dejarlo en el 3% del PIB en 2014. Las políticas de austeridad en vigor imposibilitan cualquier proyecto inversor y así, lejos de impulsar un cambio modernizador, el tejido económico y empresarial y el crecimiento potencial se degradan. 

Los datos reflejan que la mejora de las exportaciones netas (o, lo que es lo mismo, la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios) favoreció el pequeño crecimiento real del PIB de 2011 (un 0,7%) y logró frenar el hundimiento del producto en los años 2009 (-3,7%), 2010 (-0,1%) y, previsiblemente, 2012 y 2013. Pero, más allá de ese innegable papel positivo jugado por la demanda externa, resulta pertinente interrogarse sobre la suposición que sustenta el horizonte de reactivación económica que ansían las autoridades económicas españolas y comunitarias. ¿Puede ser la demanda externa la pieza esencial que permita  recuperar el crecimiento?

Ya que el inevitable proceso de desendeudamiento de hogares y empresas se va a prolongar durante años, que el recorte del gasto público es una columna básica de la estrategia conservadora de salida de la crisis y que las altas tasas de paro suponen una presión sobre los salarios que se ha visto reforzada por las sucesivas reformas del mercado laboral, ¿pueden crecer las ventas exteriores hasta el punto de compensar el retroceso de la demanda doméstica?

Los datos muestran que, hasta ahora, no ha sido así. La mejora de las exportaciones netas no ha sido suficiente para neutralizar el hundimiento de la demanda doméstica ni para recortar en lo más mínimo una deuda exterior bruta que desde el año 2010 se sitúa en torno a los 2,3 billones de euros y rebasa los máximos admisibles por los acreedores. Todo parece indicar que en unos meses, quizá semanas, el Gobierno de Rajoy se verá obligado a solicitar el rescate de la economía española: los flujos de financiación externa que los mercados se niegan a ofrecer o conceden con unos desorbitados e insoportables intereses serán sustituidos por la ayuda financiera de nuestros socios de la eurozona que inevitablemente estará asociada a una condicionalidad estricta que implicará nuevas medidas de austeridad.

Aunque el buen desempeño de las exportaciones netas ha permitido reducir significativamente el déficit exterior por cuenta corriente, no ha generado un impulso de la actividad económica que permita cumplir con las exigencias comunitarias de disminuir el déficit presupuestario en la fecha y cuantía comprometidas. De hecho, tampoco ha permitido sortear la nueva recesión.

Pero eso ya es pasado. Reformulemos la pregunta pensando en lo que está por venir. ¿Podrá la reiterada e intensa presión adicional sobre los costes laborales que lleva a cabo el Gobierno de Rajoy conseguir un aumento de las exportaciones netas capaz de lograr que el producto crezca? Una respuesta afirmativa a esa pregunta tendría un triple interés para el Gobierno del PP y las fuerzas que lo respaldan: por una parte, dotaría de legitimidad a las duras medidas de recorte presupuestario que está aplicando; por otra, permitiría dar cierta verosimilitud a la falsa creencia de que existe alguna relación entre la austeridad que se practica y la reactivación que se pretende; y por último, ofrecería una mínima apariencia de consistencia al intento de equilibrar las cuentas públicas y la balanza por cuenta corriente en plazos muy cortos y con medidas extremistas que, a falta de un milagro, condenan de antemano tal pretensión al fracaso.

La existencia de poderosas fuerzas interesadas en obtener esa respuesta positiva explica una parte de las categóricas manifestaciones afirmativas realizadas por economistas conocedores de su oficio y poseedores, se supone, de una inteligencia media similar a la que pueda encontrarse en otros colectivos profesionales. Sin embargo, la respuesta no puede ser terminante, ni en un sentido afirmativo ni negando toda posibilidad a que las exportaciones netas acaben convirtiéndose en uno de los motores de la reactivación económica.

La respuesta a la pregunta que nos ocupa debería ser negativa si las tasas de interés a largo plazo continuaran en los altos niveles actuales y obligaran a agentes económicos públicos y privados a cargar con unos costes financieros insoportables. Tal situación supondría que la ya de por sí difícil tarea de compensar la caída de la demanda doméstica con un aumento muy superior de las ventas exteriores no tendría ninguna posibilidad de ser culminada con éxito. Sin un cambio de rumbo en la actuación de las instituciones de la UE, en primer lugar del BCE, orientado a impedir de forma permanente que inversores y especuladores determinen primas de riesgo tan dispares entre los miembros de la eurozona y a reducir la actual dependencia de los mercados financieros a la hora de proveer la imprescindible financiación externa, habría muy escasas posibilidades de que el aumento de las exportaciones netas se convirtiera en la puerta de salida de la crisis para la economía española. Sin la intervención del BCE y sin la ayuda de los socios comunitarios para reducir de forma sustancial y permanente los costes financieros que soportan los países periféricos no hay motores que valgan. El decrecimiento del producto se prolongaría.

Contemplemos escenarios más favorables. Supongamos, por un momento, que las instituciones comunitarias facilitan a España la financiación necesaria, a unas tasas de interés soportables y que tal ayuda está disociada de un dogal de condiciones que hagan invivible la pertenencia a la eurozona. Podría argüirse que tal escenario es, visto lo sucedido en los dos últimos años, poco probable; pero al manejar esa hipótesis no se pretende dar verosimilitud a la concesión de ayudas vinculadas a una condicionalidad razonable; tampoco, negar las posibilidades de que se produzca. Simplemente se intenta llevar un poco más lejos de lo que resulta evidente la reflexión sobre la naturaleza de los problemas estructurales específicos que debe afrontar y superar la economía española. A efectos de lo que aquí nos interesa, podría tratarse o bastaría con una actuación más activa y prudente del BCE destinada a mantener los costes financieros en unos niveles asumibles e impedir que los mercados estén sometidos de forma recurrente a presiones especulativas. Y supongamos también, para despejar aún más las incertidumbres, que se completa con éxito el proceso de reestructuración y recapitalización del sistema bancario español apoyado en la ayuda de 100.000 millones de euros aprobada por el Eurogrupo.

Aparentemente, una vez apartados de ese escenario ideal los problemas de financiación y altos intereses que sufren la deuda soberana de España y los muy endeudados agentes económicos privados, la respuesta al interrogante planteado se antoja fácil: menores costes laborales y financieros permitirían ganancias de competitividad basadas en la reducción de los precios que favorecerían el aumento de las ventas exteriores y el retroceso de los bienes importados y, como consecuencia, un aumento de la actividad económica y los empleos vinculados a las mayores ventas, tanto en el mercado nacional como en los mercados exteriores.

Sin embargo, en las relaciones económicas como en tantos otros aspectos de las relaciones sociales, la solución de los problemas no es tan simple como parece o nos quieren hacer creer. Hace falta añadir algunas dosis de complejidad para sopesar algunas incógnitas sobre las interrelaciones entre los diversos factores económicos en presencia y sus potenciales resultados.

En primer lugar, los menores costes laborales no se convierten automáticamente en menores precios. En segundo lugar, que esos menores precios de los bienes y servicios puedan impulsar un incremento de las exportaciones en volumen dependerá de hasta qué punto las exportaciones españolas están condicionadas por los precios (o lo que es lo mismo, hace falta saber la elasticidad demanda-precio de las exportaciones y si existen otras características ajenas al precio que tengan mayor o igual incidencia sobre la demanda externa). En tercer lugar, el crecimiento de las exportaciones puede requerir un aumento significativo de las importaciones que, dependiendo de su importancia, podría dejar el déficit comercial en un nivel similar al que existía antes de reducir los costes laborales. Y en cuarto lugar, para no hacer una lista interminable de condicionantes, el crecimiento del comercio mundial o la expansión de los mercados comunitarios no son acontecimientos seguros ni procesos que afectan a todos los bienes y países por igual; hace falta comprobar qué mercados exteriores están en condiciones o pueden expandirse en el corto plazo, a qué bienes afectará esa mayor demanda y qué países están en mejores condiciones de salir beneficiados de una competencia que va a ser muy dura y que, inevitablemente, impactará de forma negativa sobre las economías perdedoras.
Como se ve por lo apenas apuntado en las líneas anteriores, para vincular la reducción de los salarios reales que comenzó a partir de 2009 con un imprevisible futuro en el que se concretaría el sueño de un notable y suficiente crecimiento de las exportaciones netas hace falta considerar unas oportunidades y restricciones que generan un relato algo más racional y complejo que el cuento de la lechera en el que se ha transformado el análisis económico para consumo de una opinión pública que se quiere rendida y desinformada.

Incluso en el hipotético caso de que se solucionaran los problemas financieros de los países de la periferia del euro y de sus sistemas bancarios, para responder a la pregunta de si el sector exterior puede sacar a España de la recesión, haría falta incorporar al análisis una larga lista de condiciones no siempre fáciles de cumplir y de obstáculos difíciles de superar. Sin perder de vista que hay otros socios que están en parecidas condiciones, pretenden los mismos objetivos y van a competir para lograrlos.

Tal situación nos remite a un hecho que suele pasar desapercibido, pero que por su enorme trascendencia merece al menos ser mencionado. Más allá de los problemas de inestabilidad financiera, desequilibrio en las cuentas públicas, reducción de los flujos crediticios, primas de riesgo y demás problemas financieros que son evidentes y que están en el día a día de la agenda política y en el foco de las preocupaciones de la opinión pública, resulta imprescindible abordar los problemas económicos de igual o mayor calado que, pese a no disponer de tanta visibilidad, afectan de forma tanto o más intensa a la eurozona y al conjunto de la UE.

Uno de esos problemas económicos toma la forma de una grave fractura que separa a los países del centro de la eurozona, con superávits en sus balanzas comerciales y por cuenta corriente, de los países de la periferia, afectados por déficits en sus cuentas exteriores de carácter permanente que han elevado el endeudamiento de los agentes económicos públicos y privados hasta cotas insoportables. Déficits que generan problemas de falta de liquidez e insolvencia que no pueden resolverse apelando exclusivamente a la mejora de la competitividad de las economías periféricas por la vía de reducir los precios.

Los desequilibrios macroeconómicos que muestran las economías periféricas son consecuencia, en parte, de las deficiencias productivas acumuladas antes de su incorporación al proyecto comunitario; pero son también el resultado del normal funcionamiento del mercado único y la lógica económica asociada a la existencia del euro que han favorecido su desindustrialización y una especialización productiva basada en actividades y servicios de escasa densidad tecnológica y muy intensivos en la utilización de fuerza de trabajo poco cualificada y mal remunerada. Tras el estallido de la crisis, la pésima gestión realizada por las instituciones europeas y la nefasta estrategia de salida de la crisis que se obstinan en aplicar no han hecho sino agravar unas deficiencias que requieren ser abordadas por las instituciones comunitarias, además de por los países afectados, porque sólo desde una intervención colectiva, solidaria y multilateral tienen solución.

Para que los países periféricos encuentren la puerta de salida de la crisis no basta con resolver los problemas relacionados con la inestabilidad financiera derivados de las debilidades e incoherencias institucionales del actual diseño de la eurozona. Hay otras muchas tareas, tanto o más importantes, que deben ser abordadas. Por ejemplo, fortalecer y ampliar los, en general, menguados sectores manufactureros de las economías periféricas. O impulsar un cambio en sus especializaciones productivas y exportadoras que disminuya la prominencia de los sectores, bienes y servicios que se caracterizan por su bajo valor añadido y escasa cualificación laboral. Problemas relacionados con el progreso técnico, la innovación, el esfuerzo educativo, la cualificación de la fuerza de trabajo o la importancia de la renovación del aparato productivo que no son el resultado exclusivo de los errores o malas decisiones realizadas por autoridades y agentes económicos de los países periféricos ni, menos aún, de una irresistible inclinación a la corrupción, la pereza o la ostentación que deba ser corregida mediante estrictas penitencias de austeridad y recortes. Antes bien, esos graves problemas reales de las economías periféricas son también el resultado lógico de compartir una moneda y un mercado único que alentaron los flujos de financiación desde los países excedentarios del norte de la eurozona a los países deficitarios del sur a la búsqueda de mayores rentabilidades que en sus países de origen.

Los países acreedores nunca llegaron a considerar o no les importaban los altos riesgos que estaban asumiendo, las burbujas especulativas que generaban, los desequilibrios en las cuentas exteriores de los países deudores que llevaron a cotas insostenibles, las graves fracturas que incrementaban la heterogeneidad y las desigualdades económicas y sociales entre los Estados miembros o las actividades y especializaciones productivas y exportadoras que reforzaban en función de las ventajas comparativas que ofrecían las economías periféricas.

La eurozona, tal y como está o como funciona, no puede poner en pie un proyecto de unidad europea basado en la cooperación y la solidaridad de todos los Estados miembros que permita un reparto equilibrado de beneficios, costes y riesgos, promueva el bienestar social y la convergencia productiva y reafirme el objetivo de impulsar de verdad la cohesión social y territorial de todos sus componentes.

Tras esta incursión en las fracturas estructurales que afectan a la eurozona y en sus graves consecuencias para el futuro del proyecto de unidad europea, volvamos a retomar el hilo central de la argumentación a propósito de las condiciones y los factores que deben tomarse en consideración para sopesar las posibilidades de que la demanda externa se convierta en motor principal de la reactivación económica:

Primero. La situación de la eurozona se ha deteriorado en los últimos meses y está a punto de entrar en una nueva recesión como consecuencia de la estrategia de austeridad extrema y generalizada que se ha impuesto y la pésima gestión realizada por las instituciones comunitarias. Las últimas estimaciones, publicadas en agosto, indican que la eurozona podría entrar formalmente en recesión al finalizar este tercer trimestre de 2012 y que la contracción del producto se situaría al finalizar el año en el -0,3%, según el FMI, o en el -0,1% que pronostica el BCE, con un posible abanico que sitúa entre el 0,6% y el -0,2%. En el mejor de los casos, ese puntual y ligero decrecimiento dará paso a un largo periodo de precario crecimiento hasta poder considerar que la crisis ha finalizado. Acabar con la crisis supone la recuperación de buena parte del empleo perdido, un reequilibrio de los balances patrimoniales de los agentes económicos privados (que presentan unos pasivos muy elevados y unos activos cuyo proceso de desvalorización y deterioro dista mucho de haber acabado), la reducción de los déficits públicos y por cuenta corriente y una disminución progresiva de los niveles de la deuda externa neta, tanto de la que corresponde al sector público como a los agentes económicos privados. Cumplir esas condiciones y poner el punto final a esta crisis, al estancamiento económico y a los desequilibrios macroeconómicos no van a ser tareas fáciles ni cuestión de uno o dos años. No parece que los mercados europeos, que son el principal destino de nuestras ventas exteriores, puedan sostener un crecimiento suficiente de las exportaciones españolas y, no se olvide, de los otros países periféricos que pugnan también por incrementar sus cuotas en esos mercados.

Segundo. Las exportaciones españolas de bienes y servicios suponen una cuantía próxima a la mitad del valor que alcanza el gasto en consumo final de los hogares y en torno al 40% si se suma al gasto de los hogares el de las Administraciones públicas (AAPP). Cuantificar las consecuencias de ese dato, con un ejemplo muy simple, permite calibrar el desafío: la reducción en un punto porcentual en la demanda de los hogares debe ser compensada, para mantener el producto en el nivel inicial, con un incremento de las exportaciones de más de dos puntos porcentuales. Y eso sin tener en cuenta el gasto de las AAPP, que también está en declive, ni el imprescindible incremento de las importaciones que supondría cualquier aumento de las exportaciones, ya que gran parte de los bienes que se venden en los mercados exteriores incorporan bienes importados (especialmente productos energéticos, pero también tecnología, componentes y bienes de equipo). Por ello, el incremento de las exportaciones debe ser sustancialmente mayor que esos dos puntos porcentuales para compensar la caída en un punto del gasto en consumo final de hogares y AAPP. Tampoco esta tarea se antoja fácil. Una restricción añadida es la fuerte dependencia que tiene el sector exportador del acceso a la financiación exterior y del correcto funcionamiento de unos mercados de crédito y seguros al que no contribuyen en nada la inestabilidad financiera que sufre la eurozona, las incertidumbres sobre el futuro del euro y los fracasos obtenidos por la estrategia conservadora de salida de la crisis.

Tercero. A los diferentes procesos de desindustrialización experimentados por la economía española desde mediados de los años setenta, la crisis actual ha añadido una caída de la producción industrial de alrededor del 20% en el periodo 2008-2011 que aún no puede darse por finalizada. El reducido tamaño de la industria manufacturera española resultante de ese largo y heterogéneo movimiento desindustrializador (el sector manufacturero supone actualmente algo menos del 13% del empleo total; y en términos de valor añadido, apenas aporta al PIB un porcentaje ligeramente inferior), hace muy problemático que las posibles mejoras de productividad, innovación y competitividad pudieran tener un impacto importante sobre el conjunto de la economía. Haría falta un proceso previo o simultáneo de reindustrialización y modernización de la estructura productiva, para que el efecto del incremento del progreso técnico en un sector manufacturero con mayor peso relativo que el actual  pudiera tener una influencia significativa en el equilibrio de las cuentas exteriores. Sin ese mayor peso del sector manufacturero y sin su modernización, el crecimiento de la economía española seguiría dependiendo en gran medida de las importaciones de bienes de capital, tecnología y, por supuesto, energía. Y, como consecuencia, seguiría presentando déficits por cuenta corriente y dependiendo de la correspondiente financiación externa que, con los actuales altos niveles de deuda exterior, le regatean o directamente le niegan los mercados.

Cuarto. En los momentos iniciales del euro y durante el periodo inmediatamente anterior al estallido de la crisis (entre el año 2000 y el 2008), el nivel general de precios de la economía española aumentó a un ritmo significativamente mayor que los precios de la eurozona o la UE, sin que ni ese diferencial ni la importante apreciación del euro en esos años impidieran un notable crecimiento de las exportaciones españolas de bienes y servicios (que aumentaron casi un 60% en valor y algo más del 30% en volumen), muy superior al de la mayoría de nuestros socios y solo algo inferior al logrado por Alemania. Lo mismo cabe decir del fuerte incremento de los costes laborales unitarios en ese periodo, que tampoco supuso un obstáculo capaz de impedir el fuerte avance de las exportaciones españolas. Tales hechos indican que la demanda exterior de los bienes exportados por la economía española ha sido tan poco sensible al incremento de los precios domésticos o de exportación como dependiente del crecimiento de nuestros socios comunitarios. Esa baja elasticidad-precio de las exportaciones españolas (estudios empíricos sobre la evolución de los precios de exportación y la exportaciones en los últimos años cuantifican en torno a 0,7 dicha elasticidad) puede deberse a muy diferentes causas. Pudiera ser que el bajo nivel de costes laborales y precios de partida en la economía española, respecto al de nuestros principales socios y competidores comunitarios, permitía un amplio margen de subida de precios y costes que debilitaba su incidencia negativa sobre las exportaciones. También podría achacarse al aumento del número de empresas exportadoras y a su buen hacer, ya que lograron diversificar los mercados de destino, incrementar la propensión a exportar de las empresas que ya estaban posicionadas en los mercados exteriores y reforzar el peso relativo de las ventas de alta tecnología (sectores aerospacial, química, maquinaria no eléctrica y armamento). El caso es que las exportaciones españolas se mostraron parcialmente inmunes al mayor crecimiento de los precios de exportación.

A partir del año 2008 se invierte el proceso y los precios españoles crecen menos que los de la eurozona, especialmente en las fases de recesión, es decir desde la segunda mitad de 2008 hasta finales de 2009 y a partir del último trimestre de 2011 hasta el momento actual. Pese a ello y a la mejora de la competitividad que conlleva el menor crecimiento de los precios, el aumento de las exportaciones ha sido escaso (aunque algo mayor que el de la mayoría de los países de la eurozona) y el peso relativo de las exportaciones españolas en las exportaciones mundiales retrocedió ligeramente en el periodo 2009-2010. Tal evolución refuerza la hipótesis de la baja incidencia de los precios en el desempeño de las exportaciones y, por el contrario, la significativa repercusión de la intensidad del crecimiento o decrecimiento de las economías que compran los bienes españoles.

Quinto. Tras el estallido de las burbujas inmobiliaria y financiera, el exagerado peso que habían conseguido en la economía española los sectores vinculados al ladrillo se ha reducido de manera intensa y, en gran parte, irreversible. De igual forma se han debilitado los sectores que ofrecen servicios a las personas y que se caracterizan por su fuerte dependencia de unas rentas de los hogares que han sufrido y sufren los impactos negativos del crecimiento del desempleo, las políticas de austeridad y la reducción de los salarios. Las altas tasas de desempleo y el impacto de los recortes del gasto público sobre el empleo, los salarios de los trabajadores de las AAPP y las rentas dinerarias que reciben pensionistas, parados y personas acogidas a diversos programas de protección social están suponiendo una merma muy significativa de los ingresos de los hogares que necesariamente se traduce en una reducción de su demanda, que sigue siendo, pese a su continua reducción desde el año 2008, el mayor componente del PIB. A esos impactos hay que sumar la drástica reducción de la inversión pública y privada (dada la atonía de la demanda y el bajo nivel en la utilización de la capacidad productiva) y el necesario desendeudamiento que deben proseguir haciendo los agentes económicos.

Sexto. Dado el todavía muy importante déficit por cuenta corriente de la economía española y el notable nivel de endeudamiento externo, los designios de la estrategia conservadora de salida de la crisis establecen como requisito imprescindible e inmediato que los países sometidos a mayores presiones financieras lleven a cabo una depreciación real de la tasa de cambio que les permita recuperar la competitividad perdida, porque presuponen que esa pérdida de competitividad ha sido la causa esencial que ha generado los déficits comerciales y corrientes. Como ya se ha mencionado, para conseguir esa devaluación interna haría falta, como primera exigencia, la reducción de los costes laborales; y como requisito paralelo que los menores costes se convirtieran efectivamente en menores precios. El problema que se ha planteado hasta ahora es que mientras los salarios nominales por trabajador se estancan o experimentan un muy débil crecimiento desde el año 2009, los precios muestran una imparable propensión a seguir subiendo. El resultado de ese desacompasado discurrir de precios y salarios es una notable degradación de los salarios reales sin que de forma paralela se produzca una disminución de los precios. La rigidez de los precios contribuye a que la lenta y precaria mejora de las exportaciones, además de implicar importantes y crecientes costes sociales y económicos, sea insuficiente para neutralizar la caída de la demanda doméstica y no pueda evitar la recesión.
Resulta difícil creer que, con el cúmulo de condicionantes y restricciones apenas entrevistos en los puntos anteriores, las exportaciones puedan convertirse en el motor de la reactivación económica y sean capaces de compensar la caída de la actividad económica derivada del retroceso de la demanda doméstica. Lo más probable sigue siendo, como en los últimos dos años, que la mejora de la demanda externa neta siga siendo insuficiente y no permita una recuperación del crecimiento y el empleo. Si fuera así, las políticas de austeridad condenarían a la economía española a una larga travesía por el desierto del estancamiento económico, los recortes y los sacrificios sociales que de nada sirven y que no conducen a ninguna parte.

La salida de la crisis de la economía española requiere, en todo caso y en cualquiera de los escenarios imaginables, solucionar también los problemas de la economía real: superar la escasa innovación y el bajo nivel educativo de una parte importante de la población activa; una modernización productiva y un cambio sustancial de las especializaciones exportadoras; una reforma fiscal progresista que obtenga los recursos necesarios para hacer viable esa modernización; cambios sustanciales en la estrategia de salida de la crisis que se ha impuesto y en las medidas de recortes presupuestarios y retrocesos de los salarios que la sustentan.

Mientras esa modernización de la oferta productiva no se produzca, los aumentos de las exportaciones netas serán insuficientes y poco duraderos. Peor aún, cualquier avance de las exportaciones tendría como contrapartida la reducción de los derechos laborales y sociales, el empeoramiento de los salarios y las condiciones de trabajo de la mayoría y un incremento de las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión. En condiciones de recuperación del crecimiento, la expansión de las exportaciones ocasionaría un incremento paralelo de las importaciones que anularía en gran parte sus potenciales efectos positivos sobre el crecimiento del producto o terminaría ahogándolos.

Sin modernización de la oferta productiva, los logros exportadores que pudieran conseguirse no permitirían recuperar los empleos y actividades que se han perdido ni contribuirían a reducir hasta niveles asumibles los desequilibrios de las cuentas exteriores. En definitiva, no serían suficientes para salir de la crisis pero se bastarían para empobrecer a la mayoría e incrementar las desigualdades sociales y territoriales.

Gabriel Flores
EconoNuestra
http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=319:ipueden-las-exportaciones-sacarnos-de-la-crisis-&catid=50:a-fondo&Itemid=78

sábado, 6 de octubre de 2012

Los paraísos fiscales: El edén de los delincuentes

Un elemento a estudiar profusamente son los paraísos fiscales para comprender el lugar donde cohabitan todas las formas criminales de sustraer y esconder todos los dineros de origen dudoso: políticos corruptos, evasores de impuestos, ladrones de cuello blanco, traficantes de drogas, etc.-.

Un paraíso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos. Pero sobre todo, protegiendo la identidad del dueño del dinero resguardado ahí, mediante sutiles formas: Secreto Bancario, cuentas codificadas, anonimato… Todo un paraíso para el que quiera esconder dinero.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-, cuatro factores clave son utilizados para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal:
  1. Si la jurisdicción no impone impuestos o éstos son sólo nominales. La OCDE reconoce que cada  jurisdicción tiene derecho a determinar si imponer impuestos directos. Si no hay impuestos directos pero sí indirectos, se utilizan los otros tres factores para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal.
  2. Si hay falta de transparencia.
  3. Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de  información para propósitos fiscales con otros países en relación a      contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos.
  4. Si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país.
Una característica de un paraíso fiscal es que en el mismo suelen convivir dos regímenes fiscales diferenciados y legalmente separados. Por un lado, el que afecta a los residentes y empresas locales, los cuales están sujetos al pago de impuestos como en cualquier otro país y, por el otro, el de los no residentes, que gozan de ventajas fiscales y suelen tener prohibida cualquier actividad económica o de inversión dentro de su territorio. Para facilitar la separación de estas dos economías paralelas, usualmente se cuenta con legislación e instituciones especialmente reservadas a los no residentes, como los bancos offshore o las sociedades IBC (International Business Companies).

Otro rasgo identificatorio de un paraíso fiscal suele ser la existencia de estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales. Es habitual que los datos de accionistas y directores de empresas no figuren en registros públicos, sino que se encuentren bajo la custodia de su representante legal, el llamado agente residente (registered agent). Estas características han provocado que estos países, a menudo muy pequeños en extensión y población, hayan conseguido acumular un cuarto de la riqueza privada de todo el mundo, según el FMI. Históricamente a estos paraísos fiscales se les acusa servir de cobijo a evasores de impuestos, terroristas, fortunas resultados de corrupción y narcotraficantes que esconden sus identidades tras sociedades offshore, cuentas numeradas, directores fiduciarios, fundaciones, trusts o acciones al portador. Y las Empresas Transnacionales –ETN-  guardan en esos países sus fenomenales ganancias.

Según la OCDE publicados en noviembre de 2011 los países que encabezan los paraísos fiscales son Nauru, Niue y mencionaron un listado de países que se comprometieron a mejorar la transparencia e intercambio de información.

Algunos de estos países son Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas, Aruba, Bahamas, Barein, Belice, Bermudas,  Liberia,  Mónaco, Dominica, Gibraltar, Islas Caimán, Malta, Samoa, San Marinae, Santa Lucia y otros.

Así mismo según la Tax Justice Network, grupo dirigido por el antiguo economista principal de la consultora McKinsey y experto en paraísos fiscales, James Henry estima en un estudio realizado por la citada organización, que es posible que existan entre 17 y 26 billones de euros escondidos en paraísos fiscales, que habrían aportado un aproximado de 230.000 millones de euros en concepto de recaudación por impuestos. Se estima que estas cantidades se encuentran concentradas en “jurisdicciones enormemente proteccionistas”, como Suiza o las islas Caimán, con la ayuda de bancos privados que tienen el objetivo de atraer a los llamados “individuos de alto valor neto”. La riqueza de estas élites económicas, según Henry, está protegida por un grupo de profesionales, muy bien pagado y disciplinado, que se aprovechan de una economía global cada vez más transfronteriza y con menos fricciones. Los estados ricos en petróleo cuya élite suele caracterizarse por su gran movilidad son especialmente propensos a depositar su riqueza en estas cuentas, en lugar de invertir en su propio país. El estudio también pone como ejemplo a Arabia Saudí, de donde escaparon 179.000 millones de euros o Nigeria, con 250.000 millones de euros a la fuga

La OCDE creó un grupo de “otros Centros Financieros” que si bien no eran el clásico paraíso fiscal, se consideran como insuficientemente transparentes en temas fiscales, compuesta por Uruguay y Guatemala. Uruguay ha salido de la lista luego de firmar 12 acuerdos de transparencia.

En este sentido, se han tenido algunos logros, el sector bancario aplica ahora  políticas de identificación de sus clientes, conocidas como “due diligence”. No obstante, en muchos casos la opacidad de estos territorios todavía es importante, así como lo son sus ventajas fiscales. Esto es aprovechado por sectores muy diferentes de la economía, desde ahorradores privados, pasando por inversores, empresas de importación y exportación, hasta grandes multinacionales, bancos y aseguradoras.

Algunas Empresas Transnacionales –ETN- han logrado crear los centros offshore. El offshoring designa la actividad por parte de empresas con sede en un determinado país de trasladar o construir fábricas o centros de producción en otro país, donde por lo general enfrentarán menores costos en mano de obra, menor presión en leyes laborales, menor cantidad de normativas gubernamentales, reducción de otro tipo de costos, u otros beneficios cualesquiera desde el punto de vista del lucro económico para la empresa.

En el ámbito financiero se utiliza para referirse a empresas creadas en centros financieros con un nivel impositivo muy bajo, que generalmente se encuentran en islas. Estas empresas son usadas para ocultar el propietario o beneficiario de determinados bienes, por varios motivos por ejemplo el blanqueo de dinero, ocultación de propiedades, procedimientos de divorcio, etc. Obsérvese que no todos los centros offshore se encuentran físicamente en islas. Andorra, Delaware en Estados Unidos y algunas veces Suiza son también ejemplos de centros offshore en tierra firme.

Para efectos prácticos se pueden contraponer dos términos: el offshore frente al onshore. Si un ciudadano de Europa decide abrir una cuenta en el extranjero para realizar algunas inversiones, se considera que es un offshore si la abre en Filipinas, dadas las condiciones fiscales y legislación aplicable sobre secreto bancario en Filipinas.

Si esa cuenta la abre en Francia, no ha de considerarse una operación extraterritorial, puesto que Francia, siendo otro país europeo, tiene un sistema fiscal similar al de toda Europa y todos los países europeos cuentan con diferentes tratados  de colaboración e intercambio de información. Y en ese caso no obtiene ninguna ventaja especial al abrir su cuenta en Francia y el rasgo del secreto bancario no protege la opacidad de sus recursos. En este caso hablamos de onshore.

A muchas veces un ciudadano común protesta y protesta, pero hay un principio básico que favorece los corruptos millonarios: políticos, traficantes de armas, drogas, terroristas, evasores de impuestos y trata de blancas, cuando los ciudadanos salen a las calles y no saben a dónde van, no hay resultados.  Y toda esa energía se pierde por no tener al menos una meta clara.

Para combatir el robo, la corrupción, el terrorismo, el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, terrorismo  y todos los hechos fraudulentos se debe legislar nacional e internacionalmente por evitar los offshore, controlar los paraísos fiscales  y darle transparencia al manejo de los recursos.

Los honrados lo entienden, los otros no lo creo.

Daniel Véliz
El Librepensador

jueves, 4 de octubre de 2012

No es nuestra deuda y no es nuestro rescate

Según los datos del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) el sistema financiero español tiene a comienzos de 2012 un total de 571.519 millones de dólares en deudas pendientes de pago con otros bancos internacionales. No obstante, esta cifra es bastante inferior a la que se daba a finales de 2010 cuando la deuda total alcanzaba los 706.065 millones de dólares.

La mayor parte de esta deuda actual del sistema financiero español tiene su contraparte en los bancos alemanes (139.191 millones) y bancos franceses (115.261 millones), los cuales juntos poseen casi el 45% de la deuda total. Es decir, los bancos alemanes y franceses son los principales acreedores del sistema financiero español y, en consecuencia, los principales interesados en que las deudas se devuelvan.














Estos datos explican en gran parte el llamado “rescate al sistema financiero español”. Este “rescate” únicamente consiste en proporcionar recursos al sistema financiero español para que pueda hacer frente a sus deudas, aplicando como condición duros procesos de reestructuración interna. Así, y como tuve oportunidad de recordarle al ministro de economía hace unas semanas, no se trata realmente de un rescate al sistema financiero español sino de un rescate al sistema financiero alemán y francés. Porque determinados componentes de nuestro sistema financiero son recortados por el camino, tales como los trabajadores, los accionistas e incluso los estafados por las acciones preferentes.

Pero hay una cuestión aún más interesante desde el punto de vista de la economía política y que emerge cuando hacemos dos preguntas que van al corazón del problema: ¿debemos pagar estas deudas? y ¿son estas nuestras deudas?

Cualquier economista liberal se aterrorizará al pensar que hay quien propone no pagar e incluso no asumir como propias estas deudas. Puede ser que hasta los no economistas valoren muy negativamente la falta de moral de quien reniega de un compromiso asumido previamente. Pero lo cierto es que ni las deudas se pagan siempre –la historia económica está llena de siglos de impagos y reestructuraciones de deuda- ni las deudas han de ser asumidas por partes que no fueron las mismas que contrajeron el préstamo –el concepto de deuda odiosa o ilegítima-.

El liberalismo económico siempre ha sido una ideología justificativa de determinadas políticas económicas, pero poco consistente en la práctica. De hecho, lo verdaderamente liberal sería asumir que dado que los bancos españoles están en quiebra –y no pueden pagar por si mismos sus deudas- aquellos que les prestaron también habrían de sufrir pérdidas por haber hecho una inversión ruinosa. De otra forma, como ocurre en la actualidad, existe el llamado riesgo moral: cualquier banco alemán puede prestar a los bancos españoles, aunque sepa que es para apostar en un casino, porque saben que siempre serán rescatados.

La cuestión no puede analizarse, en consecuencia, en términos microeconómicos. Ha de estudiarse el contexto macroeconómico e institucional para poder dar una respuesta satisfactoria y eficiente a este problema tan inmenso.

Y tenemos que hacernos las preguntas adecuadas: ¿tiene sentido que los bancos alemanes que se arriesgaron prestando a bancos españoles, y ganaron tantos beneficios por ello, no tengan pérdidas ahora que se demuestra que fracasaron eligiendo a quién prestar? ¿tiene sentido, por otra parte, que las deudas de las entidades financieras tengan que ser pagadas por los trabajadores en forma de recortes sociales y económicos?

No olvidemos que la economía española tuvo una burbuja inmobiliaria, promovida políticamente por los gobiernos del bipartidismo, para poder escapar de su falta de competitividad internacional. Esto fue una especie de huida hacia delante, permitiendo que durante algunos años se creara mucho empleo y el dinero fluyera hacia los bolsillos de los empresarios de la construcción, de las empresas financieras y de los políticos corruptos. Pero ese crecimiento económico sólo fue posible gracias a que países como Alemania reciclaban sus ingresos comerciales por la vía de préstamos a la periferia europea. Es decir, el milagro español es la otra cara de la moneda del milagro alemán, y viceversa. Un modelo simbiótico en el que ambas partes se necesitan y en la que ambas son responsables en un sentido agregado. Porque una vez uno escarba en la superficie se encuentra con que los únicos que salían beneficiados de este modelo eran las grandes oligarquías de uno y otro país, con la mayor parte de la población de ambos sufriendo recortes en sus condiciones de vida.

Nota: Para profundizar en la idea, un artículo breve que hice hace unas semanas para recordar cómo operaba la burbuja y las relaciones que implicaba entre el capital financiero alemán y el capital financiero español.

Alberto Garzón
agarzon.net

[Libro] Segunda edición “Lo que España necesita”
Posted: 03 Oct 2012 01:31 AM PDT
Acaba de salir a la calle la segunda edición ampliada y actualizada del libro que escribimos Vicenç Navarro, Juan Torres López y yo, que lleva por nombre “Lo que España necesita. Una réplica a la política de recortes del PP”. Esta disponible en todas las librerías y ni siquiera quienes no quieren gastarse dinero en libros tienen excusa para no leerlo porque lo tienen a libre disposición en versión pdf haciendo click aquí.

Lo que España necesita

No debemos, no pagamos

“La deuda se paga o se paga”. Nos lo han grabado a sangre y fuego. Una de esas máximas que a fuerza de ser repetidas una y otra vez se convierten en verdades absolutas. Pero, ¿es eso cierto? ¿Y si la deuda hipoteca nuestro futuro? ¿Y si la deuda no la hemos contraído nosotros? Entonces, ¿por qué hay que pagarla?

Anteayer el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro presentaba el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Todo, o prácticamente todo, baja. La sanidad encabeza la lista, con un 22,6% de recortes; educación, pierde un 17,4%. Nos quieren enfermos y analfabetos. También disminuyen las prestaciones por desempleo, los fondos destinados a las políticas de igualdad, las subvenciones a la cultura, la cooperación al desarrollo. Y ¿qué sube? De lo prácticamente poquísimo que sube: los intereses de la deuda.

La deuda pública alcanzará en 2013 el 90,5% del PIB, cuando en 2012 cerró en un 70,2%. Sus mayores niveles en un siglo. ¿Por qué? El rescate de la banca, la respuesta. Las aventuras y desmanes del sistema bancario nos han salido caros. Se socializan las pérdidas, mientras que los beneficios continúan siendo privados. Se nos recorta en sanidad, educación, ayudas públicas…, mientras se invierte en salvar, precisamente, a aquellos que nos han conducido a la actual situación de bancarrota.

Salvar a la banca es un pozo sin fondo. Hasta el momento se han invertido ya miles de millones de euros. ¿Sus destinatarios? Bankia, Novagalicia Banco, CatalunyaCaixa, Cajasur, la CAM, UNNIM, Banca Cívica, Banco de Valencia… Y el propio Gobierno reconoce que, muy probablemente, una suma importante de los mismos, 21 mil millones, ya no se recuperará. La factura, al final, la pagamos nosotros. Los beneficios se los quedan ellos, claro.

El gran problema de la deuda privada, muy superior a la pública, ha acabado repercutiendo en las arcas públicas, en la medida en que una parte de la deuda bancaria ha sido asumida por el Estado. Y la crisis de la deuda soberana y el aumento de la deuda pública han servido de excusa perfecta para justificar medidas de ajuste y recortes, mientras que las grandes fortunas y las rentas altas cada vez pagan menos impuestos. Conclusión: se transfiere el coste de la crisis creada por unos pocos al grueso de los ciudadanos. Un negocio redondo.

Llegados aquí volvemos a la pregunta inicial, ¿hay que pagar la deuda? Una deuda que es resultado, principalmente, de salvar a unos bancos que “han vivido por encima de sus posibilidades”. Unos bancos que durante años regalaron crédito fácil a constructoras para edificar pisos que han quedado vacíos, aeropuertos que aún están esperando aviones e infraestructuras en desuso. Bancos que endeudaron a miles de familias aún y a sabiendas que éstas no podrían devolver dichos créditos. ¿Nosotros tenemos que pagar esta deuda? ¿Tenemos que pagar por la avaricia y la codicia de unos pocos? Creo que no.

Las deudas no siempre se pagan. Y así deja constancia la historia. La doctrina de la deuda odiosa, que en derecho internacional se utiliza para exigir el no pago de una deuda tomada por un gobierno y utilizada en contra de su pueblo, se ha esgrimido y aplicado para no pagar deudas contraídas a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. Incluso Estados Unidos esgrimió dicha doctrina para no hacerse cargo de las deudas adquiridas por el gobierno de Irak, cuando en 2003 este país pasó a estar bajo su administración. Aunque finalmente Estados Unidos renunció al argumento de la deuda odiosa, consciente del precedente que podría sentar. Nota: el alivio de la deuda, de todos modos, se llevó a cabo alegando razones de “sostenibilidad”. Cuando interesa, la deuda no se asume y se perdona.

Si no debemos, no pagamos. Y es por lo tanto imprescindible auditar las deudas para saber quién las contrajo, a quiénes han beneficiado, para qué han servido. Así lo han hecho gobiernos como el de Ecuador, cuando en el año 2007 pusieron en marcha una comisión para auditar la deuda pública interna y externa y que culminó, en 2008, rechazando pagar parte de la deuda al declararla ilegítima.

Ahora nos toca aquí. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ‘No debemos no pagamos’ indica el camino. Se trata de auditar las deudas contraídas por las administraciones públicas, señalar aquellas que sean ilegítimas, denunciar a sus responsables y exigir el no pago. En definitiva, desmontar el mito de rembolsar la deuda “sí o sí”. Pagar la deuda es pagar la crisis. ¿Por qué tendríamos que hacerlo?
  
Esther Vivas
Público


lunes, 1 de octubre de 2012

El sistema impositivo español es profundamente injusto

La estructura impositiva de España (la forma a través de la cual el Estado obtiene ingresos) es profundamente injusta. A pesar de que el sistema tributario español fue diseñado para respetar los principios de justicia y equidad, las reformas legislativas de los últimos años y otras particularidades propias de la globalización económica han deteriorado ampliamente el procedimiento por el que los agentes económicos pagan sus impuestos hasta dejarnos un sistema fiscal altamente injusto e ineficaz. Mientras que sobre el papel consta que disfrutamos de un Estado que recauda impuestos de manera justa y adecuada (esto es, de forma que los que más tienen más paguen), en la práctica esos atributos están muy lejos de cumplirse. Veamos ahora por qué ocurre esto.

Comencemos analizando los diferentes tipos de impuestos que existen y su importancia en cuanto a recaudación. En el siguiente gráfico se muestra el peso de los distintos impuestos sobre el total recaudado.


El impuesto más importante y del que más dependen los ingresos es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que supone el 40% de todos los ingresos del Estado. Éste es un impuesto en teoría progresivo (es decir: justo, porque pagan más los que más renta tienen), pero que en la práctica -por una serie de características que enseguida comentaremos- no presenta los requisitos de progresividad que lo habrían de convertir en un impuesto justo y adecuado.

El segundo impuesto con más peso es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que recauda el 22% de los ingresos al Estado. Este impuesto se basa en el consumo y es profundamente regresivo (injusto), porque paga lo mismo un multimillonario que una persona sin ingresos. Exactamente lo mismo ocurre con los Impuestos Especiales, que suponen el 12% de todos los ingresos. Los impuestos especiales son impuestos al consumo para determinados productos (como alcohol, tabaco, carburantes, etc), y son tan regresivos como el IVA porque todos los consumidores pagan lo mismo independientemente de su renta.

El tercer impuesto en peso es el Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios de las empresas y que conforma el 13% de todos los ingresos. Este porcentaje es menor del que debería ser, puesto que a pesar de que las grandes empresas deberían pagar el 30% de sus beneficios y las pequeñas y medianas empresas el 25%, Hacienda solo ingresa el 9,9% de las ganancias empresariales. Esto es así porque las empresas (principalmente las grandes) encuentran numerosas vías legales (y también ilegales) para evadir impuestos.

Ahora detengámonos un poco en el impuesto que tiene más peso: el IRPF. Éste grava la rentaobtenida por las personas físicasresidentes en España, y recoge tres formas diferentes de obtener renta: 1) Rendimientos del trabajo, que es la renta obtenida por los asalariados; 2) Rendimientos de capital, tanto mobiliario (por ejemplo los dividendos de unas acciones) como inmobiliario (renta obtenida por alquilar un bien inmueble); y 3) Rendimientos de actividades económicas, que es la renta obtenida por los pequeños empresarios, autónomos y profesiones liberales.

Pues bien, tal y como se puede observar en el gráfico siguiente, el 85% de toda la recaudación del IRPF se basa sobre las rentas del trabajo (es decir, la población que trabaja y está en nómina), mientras que las rentas del capital y de actividades económicas aportan solo el 15%.


Lo anterior quiere decir que la cuantía recaudada por el IRPF en España queda explicada casi en su totalidad por los impuestos que pagan los trabajadores asalariados. Y esto no se justifica solo porque el número de asalariados sea mayor que el número de personas que tienen rentas del capital (que lo es), sino porque los rendimientos del trabajo tributan a tipos superiores a los de la renta del capital. En efecto, las rentas derivadas del capital tributan en la práctica solo el 10%, mucho menos que el promedio de lo que pagan las rentas del trabajo (entre un 28% y un 32%). La explicación a este fenómeno la encontramos atendiendo a dos particularidades: por un lado, los legisladores españoles consideran que los asalariados deben pagar más por su renta que aquellos que tienen rendimientos del capital, y eso les ha llevado a incrementar durante los últimos años la diferencia entre ambos tipos de renta: entre 2000 y 2009 los impuestos que pagan las rentas del trabajo han aumentado un 5,4%, mientras que los que pagan las rentas que obtienen los capitalistas han disminuido en un 15,9%. Por otro lado, las rentas del capital son mucho más flexibles que las del trabajo, por lo que sus poseedores pueden acogerse a numerosas artimañas fiscales para tributar en menor cuantía; algo que resulta imposible para los asalariados.

Esta distinción de tipos impositivos obviamente beneficia a las personas que obtienen rentas de capital, ya que acaban pagando menos impuestos –proporcionalmente- que los trabajadores por cuenta ajena. Y curiosamente (o no) estas personas son las más adineradas: la mayor parte de los ingresos que declaran las rentas altas en el IRPF procede de rentas del capital y solo el 28% del trabajo. En otras palabras, el dinero que obtienen las personas más ricas proviene fundamentalmente de las actividades de capital (que tributan mucho menos que las actividades laborales). Y al contrario, las personas con menor renta ganan dinero fundamentalmente a través del rendimiento de su trabajo (que tributa mucho más que la renta del capital). Como consecuencia, de todos los declarantes del IRPF los más ricos terminan pagando menos impuestos -en proporción- que los de renta media.

Es tan absurdo este sistema que se da el caso de que en España las personas que cobran más de 600.000 euros pagan en la práctica el 27′4% de lo que ganan y los que cobran 120.000 euros pagan el 30′2%. Es decir, los primeros pagan menos proporcionalmente que los segundos a pesar de ganar muchísimo más dinero. Y este fenómeno ha sido intensificado durante los últimos años: lo que pagan realmente las clases medias ha disminuido en los últimos 15 años un 2,3%, frente a la rebaja del 37,6% para las rentas más altas.

Todo ello hace que el IRPF no sea un impuesto progresivo, a pesar de haber sido diseñado para serlo. La realidad no se corresponde con la teoría: el IRPF no es el impuesto justo que debería ser.

Recapitulemos. El estado español tiene un sistema impositivo injusto principalmente por las tres razones siguientes:
1) Un 34% de todo lo recaudado proviene de impuestos muy regresivos (un 22% de IVA y un 12% de Impuestos Especiales), por el que los consumidores pagan lo mismo independientemente de su renta. No es justo que un multimillonario pague lo mismo que una persona sin recursos.

2) Un 44% de todo lo recaudado proviene del IRPF, que a pesar de ser un impuesto teóricamente progresivo, en la práctica no lo es. No es justo que una persona de renta alta pague menos proporcionalmente que uno de renta media.

3) Solo un 13% de todo lo recaudado proviene del Impuesto de Sociedades. No es justo que las 10 mayores empresas del IBEX, que obtienen desorbitados beneficios, terminen pagando en torno a un triste 17% mientras las pequeñas y medianas empresas pagan aproximadamente el 23%.

En España las grandes fortunas y las grandes empresas pagan proporcionalmente menos impuestos que las clases medias, y así seguirá ocurriendo mientras este sistema impositivo no se vea profundamente modificado.

Eduardo Garzón
Saque de Esquina