Comunicado de ATTAC España ante la intervención de CCM

La intervención de la Caja de Ahorros Castilla-La Mancha marca un paso más en la crisis financiera y real que afecta tan gravemente a la economía española y que está siendo afrontada con muy poca transparencia ante los ciudadanos. Ahora, se produce ya la intervención y el control público directo de estas entidades sin que apenas haya mediado explicación alguna de la situación. El colapso financiero va a más en medio de la opacidad y el disimulo en el que ya son expertos los banqueros, los ministros del gobierno y las autoridades del Banco de España.

Mientras que éste último decía hace tan solo cinco días que el sector financiero español está en una "situación magnífica", el pasado sábado 28 de marzo, el Banco de España acordaba la sustitución de los administradores de Caja Castilla-La Mancha (CCM). Y al día siguiente, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno de España aprobaba un Real Decreto-Ley para que el Tesoro avale hasta un máximo de 9.000 millones de euros la financiación que el Banco de España va a facilitar a esta entidad financiera para que pueda cumplir todas sus obligaciones frente a sus depositantes y acreedores.

Ante estos hechos, ATTAC España considera necesario hacer públicas las siguientes consideraciones:

1. Las causas que están detrás de esta intervención en CCM también son comunes a otras cajas de ahorro. Los responsables políticos de estas entidades (alguno de los dos partidos políticos mayoritarios en las instituciones públicas municipales, provinciales y/o regionales), han apostado por la especulación urbanística, por megaproyectos de nula rentabilidad económica y social y por beneficiar, de manera descarada y quién sabe si corrupta, a los intereses particulares de determinados grupos empresariales. Eso ha llevado a que las cajas asumieran una financiación muy arriesgada, socialmente poco rentable y a postre insostenible desde el punto de vista financiero.

De esa forma, las cajas de ahorro se han alejado de sus objetivos originales como entidades de servicio público, pasando a financiar la especulación y el beneficio rápido, copiando el modelo de negocio al servicio de los intereses privados propio de la banca.

Ahora, todo ello estallará sin remedio en los balances de muchas de ellas, tal y como le ha sucedido a la recién intervenida.

2. Las autoridades públicas, como el Banco de España en una reciente nota de prensa, se vienen limitando a lanzar mensajes confusos, contradictorios y oscuros con la única pretensión de ocultar a los ciudadanos la verdadera situación existente. Una ocultación que han facilitado explícitamente al permitir la aplicación de criterios contables que están ocultando la situación de insolvencia de un buen número de entidades.

3. La falta de crédito y el encarecimiento que se está produciendo en el que se concede a pesar de que los tipos oficiales se encuentran en mínimos históricos, está generando una situación de verdadera emergencia en la economía española que debe ser abordada estructuralmente cuanto antes. Entre otras cosas, porque la situación de la Caja Castilla La Mancha, con toda seguridad, va reproducirse en otras cajas y bancos españoles en las próximas semanas.

Por todo ello, ATTAC España reitera:

- La necesidad de que se ponga inmediatamente en claro la situación real del sector financiero español. Es lamentable que el exceso de riesgo actualmente asumido en el casino financiero lleve a restringir los créditos a PYMES y familias, a la vez que las entidades financieras incrementan sus depósitos inmovilizados en el Banco Central Europeo.

- La necesidad de que se cree un nuevo espacio financiero con verdadera vocación de servicio público, que implique a la banca privada, a la banca pública y a las cooperativas de crédito, con el fin de garantizar inmediatamente que la financiación que necesita la actividad económica real se reciba sin dilación, y que además, se avance en el control democrático y ciudadano del conjunto del sistema financiero.

- Que el saneamiento del sector financiero no puede sufragarse a fondo perdido con el dinero de los contribuyentes.

- Que la situación económica necesita una inyección de recursos públicos mucho mayor que la que se ha realizado y que, en consecuencia debe llevarse a cabo un plan de choque de mucho mayor impacto, principalmente orientado a fortalecer la creación de capital e infraestructuras sociales, a poner en marcha los servicios públicos de igualdad, a fortalecer la pequeña y mediana empresa y a garantizar el poder de compra y la capacidad de gasto de las clases trabajadoras.

- Que todo ello debe basarse en un pacto de rentas que ponga fin a los beneficios extraordinarios, que incentive la reinversión, que garantice la justicia social a través de una fiscalidad progresiva orientada a la creación de riqueza productiva y empleo que reoriente el modelo productivo basado en el ladrillo cuyo desarrollo ha sido depredador de la Naturaleza y de las esperanzas de muchísima gente humilde.

Comunicado de ATTAC España ante la intervención de CCM

El doble discurso de un FMI deslegitimado

Con la crisis internacional desatada en el verano de 2008, quedaron demolidos todos los dogmas neoliberales, saliendo a luz la superchería que representaban. No pudiendo negar sus fracasos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (el FMI) pretenden haber abandonado las políticas neoliberales conocidas bajo el nombre de “consenso de Washington”. Aunque desacreditadas, estas dos instituciones aprovechan sin embargo la crisis internacional para volver a ubicarse en el frente de la escena.

Durante décadas, estas instituciones han impuesto por la fuerza medidas de desregulación y programas de ajuste estructural que han conducido invariablemente al impasse actual. Se trata de un real fiasco para el Banco Mundial y el FMI que hoy deben responder por sus actos ante la opinión pública mundial.

Por añadidura, sus previsiones económicas no son fiables: en noviembre de 2008, el FMI pronosticó un crecimiento mundial al 2,2% para 2009, luego lo corrigió al 0,5% en enero, y finalmente estimó, en marzo, que será negativo. En realidad, sus expertos defienden los intereses de los grandes acreedores ante los ciudadanos, cuyos derechos fundamentales cada vez son menos garantizados.

Mientras que la situación económica se deteriora rápidamente, los grandes banqueros del mundo se esfuerzan en dar al FMI desacreditado y deslegitimado el papel del caballero blanco |1| que va a ayudar a los pobres a hacer frente a las devastaciones de esta crisis. Ahora bien lo que sucede es lo contrario. Los principios defendidos por el FMI desde los años ochenta y combatidos por el CADTM desde su creación están todavía vigentes. Los Gobiernos que firman un acuerdo con el FMI para recibir fondos deben aplicar siempre las mismas recetas adulteradas, que degradan aún más las condiciones de vida de las poblaciones.

Bajo la presión del FMI dirigido por Dominique Strauss-Kahn, varios países enfrentados a los efectos de la crisis eligieron como factores de ajuste las rentas de los asalariados y las de los ciudadanos que reciben subsidios sociales. Letonia impuso una reducción del 15% en las rentas de los funcionarios, Hungría les suprimió el 13º mes (después de haber reducido las jubilaciones en el marco de un acuerdo previo) y Rumania está a punto de encaminarse también por esta vía. La poción es tan amarga que algunos Gobiernos vacilan. Por ello Ucrania juzgó recientemente como “inaceptables” las condiciones impuestas por el FMI, en particular, el aumento progresivo de la edad de jubilación y el aumento de las tarifas del alojamiento.

Es hora de denunciar el doble discurso del FMI y de Dominique Strauss-Kahn, que, por una parte, piden a la comunidad internacional aumentar los esfuerzos para lograr objetivos de desarrollo del milenio -ya transformados en objetivos bien poco ambiciosos- y, por otra parte, fuerzan a los Gobiernos a bajar los salarios de sus funcionarios públicos. Se trata de propugnar exactamente lo contrario de una verdadera política destinada a hacer frente a la crisis defendiendo el interés de los que son víctimas.

Para responder a la crisis de los años treinta, el Presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt había sido empujado por la movilización social a reducir el tiempo de trabajo aumentando al mismo tiempo los salarios, las asignaciones sociales y los derechos de los trabajadores, en particular, garantizando el derecho de sindicalización. Con el New Deal, Roosevelt había establecido una reforma fiscal que aumentaba los impuestos sobre el capital. El “socialista” Dominique Strauss-Kahn está bien lejos tener la grandeza de Franklin Roosevelt y sigue, cueste lo que cueste, defendiendo los intereses de los grandes acreedores que lo nombraron para ocupar ese lucrativo puesto |2|.

Una vez más el FMI demuestra que es un dócil instrumento al servicio de los mismos que han provocado la actual crisis financiera. En este período de gran inestabilidad monetaria (como lo muestran las enormes variaciones en la paridad entre el dólar y el euro desde hace un año), el FMI se muestra incapaz de proponer la puesta en marcha de una tasa (o impuesto) del tipo Tobin-Spahn que reduciría las variaciones de las cotizaciones combatiendo la especulación y permitiendo juntar los fondos necesarios para erradicar la pobreza y liberar el desarrollo.

Además, desde su creación en 1944, la obligación de favorecer el pleno empleo figura explícitamente en la Misión del FMI que actúa entonces violando sus propios estatutos.

La crisis financiera y económica mundial destaca el fiasco de la desregulación de los mercados financieros así como también el fracaso del abandono del control sobre los movimientos de capitales, ambos predicados por el FMI. Eso hace indispensable la búsqueda de una nueva arquitectura internacional basada en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (1986). Pero tal lógica no podrá imponerse sin una inversión de las relaciones de fuerza. Si, bajo el empuje de las movilizaciones populares, un número suficiente grande de Gobiernos no establece tal alternativa, el Banco Mundial y el FMI estarán en condiciones de superar su crisis aprovechando la caída de los precios de los productos básicos, para llevar a los países débiles hacia una nueva dependencia de sus créditos, acción cuyo meollo será el objetivo de salvar al sistema en vez de satisfacer criterios humanos y ecológicos.

Por todas las razones mencionadas la única solución aceptable es la abolición del FMI y del Banco Mundial, y su reemplazo por instituciones radicalmente diferentes, centradas en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.

Traducido por Guillermo Parodi.

La silenciada causa de la crisis

Estamos en una crisis económica y financiera profunda que puede abocar rápidamente a una depresión mundial semejante a la que ocurrió en los años treinta del siglo XX. De ahí que sea importante ver si las dos crisis mundiales tienen causas comunes y si hay similitudes o diferencias entre ellas. Comencemos por las diferencias, y la más importante es que la situación existente en los países desarrollados es hoy muy distinta a la de los años treinta. Existen ahora sistemas de protección social (como los seguros de desempleo) que no existían entonces.

Ahora bien, también hay semejanzas y una de ellas, la más importante y que ha pasado desapercibida en los medios de información españoles, es la enorme polarización en la distribución de las rentas que existió en los años que precedieron a la Gran Depresión del siglo XX, y que existe ahora. En la gran mayoría de países de la OCDE hemos visto desde los años ochenta un gran crecimiento de las rentas del capital a costa de una disminución de las rentas del trabajo, alcanzándose una concentración sin precedentes de las rentas en los sectores más pudientes de las sociedades avanzadas, con una disminución del porcentaje de la masa salarial sobre la renta nacional (y ello a pesar de que el número de trabajadores ha aumentado). Esta situación es resultado de la llamada revolución neoliberal (iniciada por el presidente Reagan en EEUU, y por la señora Thatcher en Europa) y sus políticas públicas liberales regresivas (bajadas de impuestos de las rentas superiores, aumento de la regresividad fiscal, desregulación de los mercados de trabajo y descenso de la cobertura de derechos sociales y laborales, entre otras) que han acentuado las enormes desigualdades de renta en la mayoría de aquellos países, alcanzando niveles sin precedentes desde la Gran Depresión. Y ello ha ocurrido en ambos lados del Atlántico, acentuándose todavía más en los últimos años. En EEUU las rentas del capital ascendieron como nunca antes había ocurrido mientras que las rentas del trabajo descendieron de un 68% en 1992 a un 62% de la renta nacional en 2005.

En la Unión Europea pasó algo semejante. Las rentas del trabajo han sufrido un enorme bajón, pasando de representar en los países de la eurozona (que son los que llevaron a cabo aquellas políticas neoliberales con mayor contundencia, estimulados por la Comisión Europea y por el Banco Central Europeo) el 70% de la renta nacional en el año 1992 al 62% en el año 2005. En España las rentas del trabajo pasaron de representar el 72% de la renta nacional total al 61% en el mismo periodo. En otras palabras, el periodo neoliberal fue un periodo de gran exuberancia para el mundo empresarial (y muy en especial para el mundo financiero) que vio en la UE-15 crecer sus beneficios durante el periodo 1999-2005 un 33%; en la eurozona subió un 36% y en España un 73%, más del doble que el promedio de la UE-15. Los costes laborales, sin embargo, crecieron sólo un 18% en la UE-15 y en España sólo un 3,7%, una quinta parte del promedio de la UE-15. Una consecuencia de la polarización de las rentas y del descenso de las rentas del trabajo, ha sido la disminución de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora y de la demanda con el consiguiente endeudamiento de las clases populares.

En EEUU la familia promedio que debía 40.000 dólares en 1980 pasó a deber 130.000 dólares en 2007. Una situación semejante ocurrió en la UE. Este endeudamiento creció enormemente hasta que se hizo insostenible. Por otra parte, las exuberantes rentas del capital se invirtieron en actividades especulativas, y muy en especial (en EEUU, España y Gran Bretaña) en la vivienda, desarrollando una burbuja que al explotar (debido a la enorme especulación y excesiva construcción) creó el colapso del crédito, pues la vivienda es el aval más utilizado por las clases populares para conseguir crédito. Contribuyendo a ello es la existencia de un sistema financiero altamente contaminado con productos tóxicos que nadie sabe cuántos ni dónde están, convirtiéndose en lo que se ha definido como bombas financieras de destrucción masiva.

Mientras que las semejanzas en el origen de la crisis a ambos lados del Atlántico son muy notables, las respuestas son muy diferentes. En EEUU las fuerzas progresistas están respondiendo con medidas similares, aunque menos intensas, que las que desarrolló Franklin D. Roosevelt en el New Deal. Un aumento muy notable del gasto público en inversiones y servicios públicos (como sanidad y otros servicios), financiando tal gasto con un incremento en los impuestos de los sectores más pudientes de la población (que se beneficiaron enormemente de las políticas liberales) y permitiendo un crecimiento del déficit federal hasta alcanzar un 12% del PIB. También un reforzamiento de los sindicatos para aumentar los salarios, un elemento clave de la recuperación de la demanda, tal como hizo Franklin D. Roosevelt con la Ley Wagner que estableció los sindicatos y que la Administración Obama (presionada por las clases populares y por los sindicatos) está expandiendo para facilitar el incremento de los salarios y de la demanda.

En la Unión Europea, sin embargo, bajo un dominio conservador liberal (excepto en España), la respuesta ha sido enormemente insuficiente. El estímulo económico ha sido mucho menor que el aprobado por el Congreso estadounidense; el Pacto de Estabilidad continúa penalizando a aquellos estados que tienen un déficit de más del 3% del PIB, y los gobiernos están proponiendo que los trabajadores congelen sus demandas salariales como manera de salir de la crisis. Todas ellas medidas contrarias a las necesarias en estos momentos en que debieran revertirse las políticas regresivas que causaron la polarización social, responsable de la crisis de entonces y la de ahora.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University
Fuente: Público

Andorra y otros: Cuando la democracia pierde su cara amable

En 1993 el Principado de Andorra culminó el proceso, iniciado en 1982, para democratizar sus instituciones de tradición feudal milenaria. La proclamada Constitución designa a Andorra como Principado Parlamentario. No obstante, a nivel político, la legitimidad democrática de su Consejo General y del Gobierno se la otorga un censo electoral que constituye la quinta parte de una población que ronda los 80.000 habitantes. Los electores son mayoritariamente hijos de madre o padre andorranos, dada la gran dificultad para acceder a la nacionalidad de una mayoría de residentes en su mayor parte franceses, españoles o portugueses. La constitución niega los derechos políticos de una mayoría ostensible de la población, y es que el nuevo ordenamiento democrático fue diseñado a conciencia por la oligarquía local como salvaguarda de sus intereses.

Esta oligarquía local de empresarios y banqueros ha ido turnándose en los diversos cargos, bien como presidentes o como ministros del Gobierno. Desde que en 1982 se creó el cargo de Presidente de Gobierno, han sido 4 los electos, todos ellos pertenecientes a familias acaudaladas andorranas y que han sido propietarios de industrias importantes o presidentes de banco, eso sí con títulos universitarios obtenidos en acreditadas universidades Europeas. Los dos últimos presidentes pertenecen al PLA (Partido Liberal Democrático) y han gobernado desde un posicionamiento marcadamente neoliberal en lo económico. Son bien conocidas las declaraciones que prodigaba el anterior Presidente de Gobierno Marc Forné Molné, del PLA, en defensa del libre mercado, de minimizar los impuestos y del Estado mínimo. No podía ser menos cuando los grandes empresarios acceden a la Presidencia del Gobierno.

Andorra es un país con una renta per capita superior a la media Europea, eso sí con grandes diferencias de renta entre los andorranos de origen y los residentes, que en su mayor parte son trabajadores o con pequeños negocios. Sus dirigentes han rentabilizado bien su privilegiada orografía y situación transfronteriza y han desarrollado en los últimos años una floreciente industria turística basada en sus pistas de esquí, encantos naturales y buenos servicios turístico-residenciales y comerciales. Todo ello constituye aproximadamente en la actualidad un 70% del PIB y ha sido posible por su legislación fiscal privilegiada, por la que ha podido imponer ciertas ventajas competitivas con respecto al resto de países europeos y hay que añadir con el consentimiento de Europa. Andorra es puerto franco y mantiene bajos aranceles, motivo por el que puede mantener un sector comercial muy competitivo. No existe IRPF ni impuesto de sociedades, estas pagan una tasa por su inscripción y otra anual. Tampoco IVA al no pertenecer a la Unión Europea, aunque haya adoptado el euro como moneda por lo que pertenece a la Eurozona. Los únicos impuestos son indirectos, de carácter por lo general municipal o parroquial y constituyen aproximadamente el 12% del PIB.

En lo que hace referencia a la constitución de sociedades, la legislación Andorrana exige, en una mayoría de sectores de negocio, que la propiedad sea mayoritariamente perteneciente a andorranos. Sin embargo esta norma es burlada por las facilidades que la propia legislación ofrece para la constitución de fideicomisos y hasta hace poco de testaferros (prestanoms en catalán) que recientemente han sido prohibidos explícitamente por la nueva Ley de Comercio. Pero muchos abogados y asesores andorranos se benefician de relaciones contractuales fiduciarias con empresas foráneas.

El tercer sector en importancia es el financiero, mayoritariamente representado por la banca, que constituye aproximadamente un 20% de su PIB debido a las ventajas competitivas que le proporciona su mercado financiero offshore, y del cual se benefician exclusivamente las clases acaudaladas ligadas a dicho sector. Este se asienta en la opacidad que le proporciona su secreto bancario y en su nula tributación.

Una vez dilapidados los intereses asociados al contrabando de mercancías en los años 90, son en especial los intereses asociados al sector de banca offshore de la economía andorrana aquellos de los que se puede afirmar, sin temor a equivocarse, son los causantes de que la joven democracia formal andorrana haya perdido en múltiples ocasiones su cara amable. Los intereses espurios de una parte de la oligarquía andorrana en mantener la opacidad ligada al secreto bancario en su propio beneficio, respecto a los cuales vienen cerrado filas, han conllevado prácticas comunes de evasión y fraude fiscal en España y muchos otros países europeos que no representan delito en la legislación andorrana, así como de lavado de dinero proveniente del terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. En este sentido Andorra figura en las listas de Centros financieros extraterritoriales u offshore del Fondo de Estabilidad Financiera, en la de paraísos fiscales no cooperantes de la OCDE junto a Mónaco y Liechtenstein así como en la legislación Española. Y esto aparte de por las particulares legislaciones de estos territorios, viene avalado por un conjunto de escándalos que la policía y agentes tributarios españoles han levantado, algunas veces divulgados en medios periodísticos.

Casos como el de la Operación Mármol Rojo denotan la ineficacia de las reglas antiblanqueo andorranas y delatan la connivencia para el lavado de dinero procedente del crimen de prestigiosos bufetes de abogados andorranos con la delincuencia organizada, en este caso mafia ucraniana. También el narcotráfico colombiano ha practicado a menudo el lavado de dinero en Andorra y algunas operaciones han acabado con imputaciones de colaboración de ciudadanos españoles en la Audiencia Nacional de España y andorranos en las instancias judiciales del principado y cárcel para los encausados, si bien es notorio que no siempre han pagado los máximos responsables dado el servilismo y complicidad de determinados jueces andorranos con ciudadanos insignes. Otros casos como el de la secta Moon están asociados a la venta de armas a la contra nicaragüense

Por otra parte es conocida la sangría que suponen para el fisco de distintos países europeos y en particular de España las cuentas secretas y numeradas de las entidades bancarias andorranas, que dedican una parte importante de su actividad a la Banca Privada o Personal y la gestión del patrimonio de personas acaudaladas. De todos es conocido que importantes artistas o deportistas han depositado grandes sumas de dinero en cuentas secretas en Andorra.

Pero en Andorra, si bien el lavado de dinero constituye delito y en teoría se crean organismos y cuerpos que lo persiguen, no sucede lo mismo con la evasión y fraude fiscal que no son constitutivos de delito. Este es un tema especialmente reprobable y en el que la Unión Europea no habría tenido que transigir. Juan Hernández Vigueras en su libro ”La Europa opaca de las finanzas” y en su blog denuncia el hecho de que países como Andorra, Suiza, Mónaco, Liechtenstein, San Marino y otros centros offshore europeos, ejercen una competencia desleal con los países de la UE en los que se ha de aplicar la Directiva Europea sobre la Fiscalidad del Ahorro Particular. Son países que no perteneciendo a la UE gozan de los beneficios de serlo y en concreto de ventajas aduaneras y comerciales por medio de tratados bilaterales con la UE, pero que en cambio no aplican las directivas Europeas y entre ellas la que regula la fiscalidad del ahorro. Dentro de los tratados bilaterales establecidos con la UE en materia de fiscalidad, Andorra y la mayoría de centros offshore europeos se comprometen a una retención fiscal del 15% sobre los intereses de los depósitos bancarios, que abonan a los estados respectivos de origen, y a cambio la UE aprueba que no cumplan con las normas de intercambio de información fiscal que, en el caso de los países miembros, dicta la directiva.

Y es que estos territorios, que incluso adoptan el euro y pertenecen en su mayoría a la eurozona, junto a otros países entre los que cabría situar a otros europeos con regímenes jurídicos, fiscales y financieros especiales, como Irlanda, Holanda, Luxemburgo o Bélgica, o la City de Londres, cumplen una función esencial en la arquitectura del actual capitalismo financiero. Ha sido necesaria la convergencia de una crisis sistémica y de credibilidad institucional de este tipo de capitalismo financiero, para que la comunidad internacional haya aceptado cambiar las reglas del juego, en cuyo tablero los centros offshore son considerados piezas claves para la activación de la globalización financiera y la reproducción del actual orden económico neoliberal.

Pero, volviendo a Andorra, es también necesario subrayar la corrupción en su sistema judicial, lógica consecuencia de un sistema de nombramiento por confianza, o sea a dedo, y que frecuentemente archivan denuncias por prevaricación, corrupción o blanqueo de dinero en que a veces están implicados empresarios, políticos o banqueros pertenecientes a la oligarquía andorrana que los mantiene. Estos mismos jueces, junto a la policía andorrana son los que persiguieron a la asociación ATTAC Andorra y a sus componentes, hasta que lograron su disolución en el Principado y el exilio español y francés de parte de sus miembros. En la actualidad no pueden volver a Andorra donde coleccionan denuncias por atentado al honor y difamación y también amenazas de muerte. Aunque algunos miembros siguen en activo, editan en catalán “Le Monde diplomatique” e incluso han denunciado diversas prácticas fraudulentas y de lavado en la Audiencia Nacional. Todo esto convierte a Andorra en una democracia vigilada, donde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial han sido copados por una minoría oligárquica autóctona.

Fue en febrero pasado que Nicolás Sarkozy, en su visita a Andorra se entrevistó con representantes de los 5 partidos andorranos y del Gobierno, su interés era manifestar que no se podía permitir a nivel personal, en este momento crítico, ser Coprincipe de un país como Andorra y que considera imprescindible acabar con el secreto bancario andorrano.

El tema de los paraísos fiscales se viene prodigando en los últimos meses en los medios a nivel internacional. Ello desde que los diversos mandatarios de la comunidad internacional efectúan declaraciones, de todo tipo, sobre como reformar la estructura del sistema financiero internacional. En efecto un tema de agenda obligado, respecto a medidas a tomar en la próxima cumbre del G-20 de Londres ha de ser el de qué se hace con el secreto bancario y los centros Offshore. Sin embargo las diversas declaraciones al respecto de diversos mandatarios de la comunidad internacional hablan, cuando lo hacen, de abolir los paraísos fiscales no cooperantes y ya se han estado haciendo listas negras.

Por otra parte aquellos territorios que se ven cuestionados están haciendo también declaraciones y tratan de reformar su funcionamiento, en el sentido de flexibilizar el secreto bancario para no verse en las listas negras del G-20 y prometiendo información en casos de delincuencia internacional o terrorismo. Aunque por lo general la evasión y el fraude fiscal no se contempla como delito en gran parte de las legislaciones de estos territorios. En este sentido se ha pronunciado Suiza recientemente y también el Gobierno Andorrano a través de su presidente Albert Pintat y su ministra de finanzas, que han anunciado su intención de dejar de ser paraíso fiscal antes de la Cumbre de Londres.

Hay que acabar con el secreto bancario y los centros offshore que solo sirven para realizar operaciones que en su totalidad deberían ser objeto de delito bajo un sistema auténticamente democrático. Sin embargo tampoco está claro en absoluto, más allá de las mediáticas declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, que la aportación del Gobierno de España a la Cumbre abogue por medidas serias contra los paraísos fiscales, como dice Juan Torres en un reciente artículo crítico con la posición que nuestro Gobierno lleva a la Cumbre.

Aunque ayer se reunieron, en un entorno de lujo al sur de Inglaterra, los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales de los países del G-20. Es esta una reunión preparatoria de la Cumbre en la que no se han puesto de acuerdo en temas básicos, eso sí hay una medida clara que es la de duplicar el presupuesto del FMI, ¡¡Indignante!!.

Habremos de ser los ciudadanos y ciudadanas, cada vez más castigados por su crisis, quienes presionemos a nuestros Gobiernos para que se tomen ya medidas necesarias. En este sentido ATTAC España planteó en una carta al Gobierno Español en 2005 que tomara medidas claras, en el sentido del no reconocimiento jurídico de las empresas pantalla y filiales bancarias establecidas en centros offshore o paraísos fiscales extraterritoriales. El Gobierno Español no ha hecho nada, hasta el momento, en este sentido, ¿lo harán todos juntos?, permítanme que lo dude.

Antonio Fuertes Esteban - Comisión Justicia Fiscal Global - ATTAC España

Nacionalizar la banca

En el pasado solía ser una de las reivindicaciones de la izquierda. Conviene recordar que en 1976, en la escuela de verano del PSOE, Miguel Boyer, que seis años más tarde sería superministro de Economía y Hacienda, se pronunciaba a favor de la nacionalización de la banca. Eran los últimos coletazos de una ideología de izquierdas que quedaría sepultada bajo el tsunami del pensamiento único, pensamiento único que, sin aportar razones, exclusivamente a través de la descalificación y colgando el cartel de desfasado a quien osase contravenir sus dictámenes, condenaba todo lo público y ensalzaba lo privado.

Con la llegada del PSOE al Gobierno, no sólo no se nacionalizó la banca, sino que innumerables entidades financieras, tras ser saneadas con dinero público, fueron devueltas al sector privado. Asimismo, se perdió la oportunidad de establecer con las cajas de ahorro una banca pública potente. Tengo que reconocer que una de las primeras medidas que me sorprendieron y me decepcionaron de aquel primer Gobierno socialista con el que, de alguna manera, me sentía implicado, fue la ley de Cajas de Ahorro, ya que se entregaba su control a los ayuntamientos, comunidades autónomas y grupos de impositores, que era lo mismo que concederlo a sindicatos y partidos políticos.

La nueva ley suponía una ocasión perfecta para crear una banca oficial fuerte, capaz de servir de contrapeso a las entidades financieras privadas. Por el contrario, la norma que se aprobó disgregaba la capacidad de decisión y de actuación del Estado en un sector tan estratégico como el del crédito. Se perdió esta oportunidad, pero es que además, corriendo los años, se privatizaría la modesta banca oficial que provenía del franquismo: Caja Postal, Banco Exterior de España, Banco de Crédito Industrial, de Crédito Agrícola, Hipotecario, etc., pasaron al sector privado. Es seguro que en los momentos presentes el Gobierno echa de menos contar con una extensa red de entidades financieras públicas con las que instrumentar las ayudas y los créditos.

La actual crisis económica está demostrando algo que en realidad todos sabíamos con anterioridad: la importancia que el crédito tiene en una economía moderna y los perniciosos efectos que pueden deducirse de un mal funcionamiento de las entidades financieras. Sólo la sustitución de la teoría económica por un catecismo huero ha podido conducir a aceptar sin ningún análisis que los bancos deben ser privados. No parece que exista ninguna razón para ello; más bien los argumentos se inclinan en la línea contraria.

Se suele afirmar con bastante ligereza que en el sector privado los gestores se están jugando su propio dinero y que, por lo tanto, ponen más interés que los burócratas nombrados por un gobierno. Esto puede ser cierto para las pymes, los pequeños comercios o los negocios familiares –de ahí la irracionalidad económica de los sistemas llamados del socialismo real, que pretendían tener socializada toda la economía– pero desde luego no lo es en el caso de las entidades financieras, donde se produce un divorcio claro entre gestión y capital y donde la participación de los administradores en el patrimonio de la compañía es nula o insignificante. Uno de los factores que está detrás de la actual crisis es que los intereses de los ejecutivos no coinciden, por supuesto, con los de los ciudadanos, pero ni siquiera con los de la corporación que dirigen.

En estas coordenadas, la afirmación de que la cuenta de resultados es un buen termómetro de la marcha de la empresa no se sostiene. Las consecuencias de una mala gestión pueden manifestarse, tal como estamos viendo, muchos años después, cuando ya no hay remedio, y con graves daños no sólo para la entidad que se dirige, sino también para toda la sociedad en su conjunto.

En contra de la banca pública se agita el fantasma de que los intereses políticos pueden interferir en la marcha del sistema financiero; utilización política de las empresas, se afirma. Pero ¿es que acaso lo evita el que sean privadas? Hoy, intereses políticos y económicos se amalgaman en una extraña mezcla. Políticos y ejecutivos de las grandes compañías forman una clase en la que los sitios se intercambian, y más grave aún que la política condicione a las empresas es que las empresas condicionen a la política. Al menos el sector público está sometido a unos controles y a una transparencia de los que carece el sector privado, al que se le consiente casi todo con la falsa premisa de que se están jugando su dinero.

Hoy, paradójicamente, es el propio sector financiero el que reclama la intervención estatal, aunque, eso sí, se apresura a proclamar que sea de forma transitoria. Pretenden tan sólo que el Estado les saque del atolladero y que limpie con dinero público la basura que han ido acumulando en sus balances. Cantidades ingentes de fondos estatales están afluyendo a las entidades financieras en Europa y en Estados Unidos sin que el panorama se despeje y sin que, lo que es más grave, el crédito llegue a las empresas y a las familias. Incluso el propio Banco Central Europeo está dando la voz de alarma. ¿No habrá llegado el momento de emplear todos esos recursos en la constitución de una banca pública que nos libre de situaciones similares? Concretamente, en nuestro país, ¿no sería la ocasión de nacionalizar las cajas de ahorro dándoles una unidad de acción y librándolas de las banderías e intereses provincianos?

Juan Francisco Martín Seco es Economista

Fuente: Público

FUNCAS quiere que la crisis la paguen los trabajadores

Los desempleados, es decir, los trabajadores que pasan a formar parte del Ejército Industrial de Reserva, en la terminología marxista, han sido los primeros en pagar en carne propia la crisis económica creada por el mundo de las finanzas. Mientras los delincuentes financieros siguen en libertad, sus abogados ideológicos siguen urdiendo nuevas tesis exculpatorias. Ahora pretenden aumentar los impuestos sobre los trabajadores en activo, mientras las entidades bancarias se van de rositas.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) acaba de anunciar que prevé una caída de la economía española del 3% para este año, y una tasa de paro del 17,2 %, o sea, 4,5 millones de desempleados. Para salir del atolladero, el panel de expertos del organismo aboga por subir impuestos y rebajar las cuotas de las empresas a la Seguridad Social.

Subir impuestos ¿a quién: a todos los contribuyentes o sólo a los más ricos, como acaba de hacer el presidente Barack Obama en EE UU? Ni lo uno ni lo otro, los expertos de FUNCAS proponen “incrementar el IVA, reducir el Impuesto sobre Sociedades e incrementar el tipo de medio del IRPF y bajar los marginales”. ¡Qué vivos, qué vivos, los ejecutivos! rezaba el eslogan publicitario de una marca de calcetines Ya sabemos que la misión de estos expertos formados en la escuela neoliberal no es la de trabajar por el bien del pueblo, sino en provecho del pesebre en el que comen su pienso. Pero en un momento tan delicado como el actual, convendría que rebajaran el nivel de cinismo con que emiten sus recomendaciones. El ambiente comienza a no estar para bromas.

Estos expertos que no vieron venir una crisis que seguramente fomentaron con sus consejos anteriores tienen ahora la caradura de pedir subida de impuestos a las rentas del trabajo y al consumo dejando que la banca se vaya de rositas. Ahora mismo, la banca acaba de ahorrarse más de 2.300 millones en impuestos. Según los cálculos realizados por el periódico Expansión, sólo entre las cajas y los principales bancos cotizados (los cinco grupos del Ibex más Pastor), el ahorro de impuestos en 2008 frente a 2007 superó los 2.300 millones.

El descenso de la carga fiscal para la banca se produce por varias causas. En primer lugar, desde 2006 el impuesto de sociedades ha bajado desde el 35% hasta el 30%. Pero, en la práctica, ninguna entidad llega a pagar ese porcentaje de sus beneficios a Hacienda, ya que intervienen deducciones de varios tipos. Entre las más importantes están las realizadas por reinversión de plusvalías. Otras deducciones se aplican por el gasto en Investigación y Desarrollo. Otra clave del descenso del gasto por impuestos son las provisiones. A medida que la crisis avanza y la morosidad sube, bancos y cajas han empezado a liberar provisiones genéricas, que tienen una mayor parte deducible fiscalmente.

La segunda idea luminosa de los expertos de la FUNCAS consiste en reducir las cuotas a la Seguridad Social de las empresas y aumentar la de los trabajadores, con el fin de “equilibrar” el sistema de aportaciones. Esta propuesta contiene una finalidad perversa, que no es otra que la de abaratar los salarios.

Derivado del paternalismo implícito en el sistema bismarkiano de protección social, las cotizaciones a la Seguridad Social se reparten entre el trabajador y la empresa de una forma aparentemente ‘desequilibrada’: el trabajador cotiza alrededor del 5% de su salario mientras que la empresa cotiza un 20%. Pero eso no es más que una fantasmagoría ideológica. Pues, a la hora de la verdad, cuando una empresa calcula el coste real de un empleado computa todos los componentes de gasto. Eso es algo que conocen bien los sindicalistas, que a la hora de negociar un convenio colectivo dialogan con las empresas en términos de masa salarial, no de suma de salarios netos. Y un trabajador a nivel individual, si se le ocurre pedir una semana de permiso sin sueldo, constatará que la deducción en su nómina por esa semana es muchísimo mayor que lo que le pagan por trabajarla.

José Antonio Pérez - Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de ATTAC Madrid

Falsos empresarios y corrupción

Está constatado que la corrupción es excesivamente elevada en nuestro país. Hay varias vías que la posibilitan y, en muchos casos, es un secreto a voces. La construcción, la recalificación de terrenos y las burbujas especulativas han propiciado ese proceso. Se asiste así al espectáculo de enriquecimiento rápido y fácil de determinadas personas. El problema es que parece que hay cierta complacencia en estas prácticas ilegales. Esa simpatía o tolerancia viene dada porque la construcción ha dado mucho de sí para financiar partidos políticos y ayuntamientos, aparte de abultar bolsillos particulares.

En ocasiones, estos escándalos saltan a la luz por denuncias de la justicia, e incluso, por medios de comunicación. El problema es que, como decía el catedrático de Derecho Administrativo, Alejandro Nieto, en una conferencia impartida en la Universidad Complutense, cuando salta un escándalo como el de Marbella la gente dice que quién no sabía eso. Se sabe, se conoce, pero la cuestión es: ¿tiene suficientes medios la justicia para poder investigar tantos casos como puede haber? Seguramente no.

A veces la pregunta es, ante tantas instrucciones de casos como lleva el juez Garzón, ¿qué pasaría si este juez no estuviera? ¿Cuántos casos quedan sin descubrir? En fin, la corrupción vinculada a la construcción es tan elevada que se ha convertido en un verdadero tumor maligno de nuestro sistema democrático, que beneficia a unos cuantos y perjudica a la mayor parte de los ciudadanos, que compran pisos a precios excesivamente elevados y no sólo pagan las consecuencias, sino que financian vía precios todas las comisiones que parece que hay que pagar para obtener recalificaciones y licencias de construcción.

En el último caso que instruye el juez Garzón ha salido a la luz otra forma de corrupción. Es el caso de las empresas que se han creado a la sombra de amistades políticas para organizar eventos en las comunidades y ayuntamientos afines al partido político al que se pertenece. De pronto, en poco tiempo, vemos ante nosotros a personas que, procedentes de la clase media y algunos con ingresos altos dentro de esta amplia capa intermedia, se construyen casas grandes, compran viviendas en la costa y en la montaña, juegan al golf, van de caza con los ricos, compran coches caros y yates y viven a todo lujo. No hacen ocultación de la nueva riqueza, sino que por el contrario alardean de ella.

En el caso de concejales o cargos políticos se justifican diciendo que han heredado, que la mujer es rica, que han jugado en bolsa o que han ganado mucho en las épocas expansivas. Qué casualidad que todo ello les ha venido cuando ocupan cargos y no antes ni después.

En el caso de los “falsos empresarios” se señala que son unos linces para los negocios y que han sabido prosperar. No deja de llamar la atención que dirigentes políticos que hacen apología de la economía de mercado son los que dan cobertura a estos llamados empresarios que crecen a la luz del amiguismo, del favoritismo, y, desde luego, nunca en libre competencia en el mercado, sino del sector público o de los partidos políticos. Lo cierto es que no son empresarios, aunque se hacen pasar por tales, sino intermediarios, oportunistas, que asimismo premian a sus verdaderos benefactores.

No observamos ante estos casos escandalosos, que ocasionan un gran perjuicio a la democracia y al nivel de vida de la mayor parte de los ciudadanos, una reacción de protesta social como debería ser. Los partidos tratan de defenderse diciendo que el otro también tiene casos, y determinados ciudadanos no sólo no les penalizan cuando tienen gente imputada y, en consecuencia, sospechosa de haber cometido delito, sino que les premia votándoles.

La pérdida de valores y de ética resulta asombrosa. Estamos ante una sociedad enferma que no reacciona como debiera ante hechos penales. El crecimiento económico y las mejoras en el bienestar material han conducido a un sector considerable de la población a ser conformista y a venderse por un plato de lentejas.

Todo ello es grave desde el punto de vista moral, pero también por lo que afecta al modelo de crecimiento económico. Un país que ha basado en demasía su crecimiento en el sector inmobiliario y en la realización excesiva de eventos que no son verdadera cultura, sino que sirven también para el enriquecimiento propio y de amigos, no tiene ante sí un futuro como sociedad avanzada.

Aquí conviene recordar, para no confundir, el concepto de empresario que definió Schumpeter en el ya lejano 1912. Para Schumpeter el empresario se distinguía por ser innovador, y esta innovación hacía referencia fundamentalmente a cinco puntos: mejores técnicas en el proceso de trabajo, nuevos productos, búsqueda de nuevos mercados, nuevas fuentes de energía y nuevos sistemas de organización empresarial. Los dos primeros hacen referencia directa a la tecnología, tanto de la producción como en la aparición de nuevos productos. La tecnología desempeña un papel primordial en el desarrollo económico.

Por eso, tenemos que denunciar a esos que llamándose empresarios no lo son, en algunos casos son delincuentes. En otros, aunque tengan empresas y desempeñen su función honesta y legítimamente, no se ajustan a la consideración que hace Schumpeter. Según esto, no es empresario cualquier persona que tenga una empresa, sino quien realmente lleva a cabo procesos de innovación que se encuentran en la base del verdadero progreso material de las sociedades.

En España sobran especuladores y oportunistas, y faltan empresarios innovadores. Además, cuando se ubican aquí empresas multinacionales, por lo general no llevan a cabo los procesos de innovación en nuestro país. Seguimos padeciendo aún, a pesar de los avances logrados, demasiada dependencia tecnológica. Son males que se vienen sufriendo desde hace tiempo y han sido puestos de manifiesto por diversos economistas. Sin embargo los responsables políticos, encumbrados en la ola del bienestar social y con visiones a corto plazo, no han llevado a cabo las reformas estructurales necesarias para cambiar este modelo. Pagamos las consecuencias por ello. Hay que apostar por empresarios schumpeterianos y en esto el papel central deberá ser la educación, la investigación y la innovación. El sector público tiene que desempeñar un papel estratégico central.

Está claro que como hasta ahora no se puede seguir, pues cuando se produzca la recuperación, si es que tiene lugar, no podremos basarnos otra vez en la construcción.

Carlos Berzosa - Sistema Digital