En 1993 el Principado de Andorra culminó el proceso, iniciado en 1982, para democratizar sus instituciones de tradición feudal milenaria. La proclamada Constitución designa a Andorra como Principado Parlamentario. No obstante, a nivel político, la legitimidad democrática de su Consejo General y del Gobierno se la otorga un censo electoral que constituye la quinta parte de una población que ronda los 80.000 habitantes. Los electores son mayoritariamente hijos de madre o padre andorranos, dada la gran dificultad para acceder a la nacionalidad de una mayoría de residentes en su mayor parte franceses, españoles o portugueses. La constitución niega los derechos políticos de una mayoría ostensible de la población, y es que el nuevo ordenamiento democrático fue diseñado a conciencia por la oligarquía local como salvaguarda de sus intereses. Esta oligarquía local de empresarios y banqueros ha ido turnándose en los diversos cargos, bien como presidentes o como ministros del Gobierno. Desde que en 1982 se creó el cargo de Presidente de Gobierno, han sido 4 los electos, todos ellos pertenecientes a familias acaudaladas andorranas y que han sido propietarios de industrias importantes o presidentes de banco, eso sí con títulos universitarios obtenidos en acreditadas universidades Europeas. Los dos últimos presidentes pertenecen al PLA (Partido Liberal Democrático) y han gobernado desde un posicionamiento marcadamente neoliberal en lo económico. Son bien conocidas las declaraciones que prodigaba el anterior Presidente de Gobierno Marc Forné Molné, del PLA, en defensa del libre mercado, de minimizar los impuestos y del Estado mínimo. No podía ser menos cuando los grandes empresarios acceden a la Presidencia del Gobierno.
Andorra es un país con una renta per capita superior a la media Europea, eso sí con grandes diferencias de renta entre los andorranos de origen y los residentes, que en su mayor parte son trabajadores o con pequeños negocios. Sus dirigentes han rentabilizado bien su privilegiada orografía y situación transfronteriza y han desarrollado en los últimos años una floreciente industria turística basada en sus pistas de esquí, encantos naturales y buenos servicios turístico-residenciales y comerciales. Todo ello constituye aproximadamente en la actualidad un 70% del PIB y ha sido posible por su legislación fiscal privilegiada, por la que ha podido imponer ciertas ventajas competitivas con respecto al resto de países europeos y hay que añadir con el consentimiento de Europa. Andorra es puerto franco y mantiene bajos aranceles, motivo por el que puede mantener un sector comercial muy competitivo. No existe IRPF ni impuesto de sociedades, estas pagan una tasa por su inscripción y otra anual. Tampoco IVA al no pertenecer a la Unión Europea, aunque haya adoptado el euro como moneda por lo que pertenece a la Eurozona. Los únicos impuestos son indirectos, de carácter por lo general municipal o parroquial y constituyen aproximadamente el 12% del PIB.
En lo que hace referencia a la constitución de sociedades, la legislación Andorrana exige, en una mayoría de sectores de negocio, que la propiedad sea mayoritariamente perteneciente a andorranos. Sin embargo esta norma es burlada por las facilidades que la propia legislación ofrece para la constitución de fideicomisos y hasta hace poco de testaferros (prestanoms en catalán) que recientemente han sido prohibidos explícitamente por la nueva Ley de Comercio. Pero muchos abogados y asesores andorranos se benefician de relaciones contractuales fiduciarias con empresas foráneas.
El tercer sector en importancia es el financiero, mayoritariamente representado por la banca, que constituye aproximadamente un 20% de su PIB debido a las ventajas competitivas que le proporciona su mercado financiero offshore, y del cual se benefician exclusivamente las clases acaudaladas ligadas a dicho sector. Este se asienta en la opacidad que le proporciona su secreto bancario y en su nula tributación.
Una vez dilapidados los intereses asociados al contrabando de mercancías en los años 90, son en especial los intereses asociados al sector de banca offshore de la economía andorrana aquellos de los que se puede afirmar, sin temor a equivocarse, son los causantes de que la joven democracia formal andorrana haya perdido en múltiples ocasiones su cara amable. Los intereses espurios de una parte de la oligarquía andorrana en mantener la opacidad ligada al secreto bancario en su propio beneficio, respecto a los cuales vienen cerrado filas, han conllevado prácticas comunes de evasión y fraude fiscal en España y muchos otros países europeos que no representan delito en la legislación andorrana, así como de lavado de dinero proveniente del terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. En este sentido Andorra figura en las listas de Centros financieros extraterritoriales u offshore del Fondo de Estabilidad Financiera, en la de paraísos fiscales no cooperantes de la OCDE junto a Mónaco y Liechtenstein así como en la legislación Española. Y esto aparte de por las particulares legislaciones de estos territorios, viene avalado por un conjunto de escándalos que la policía y agentes tributarios españoles han levantado, algunas veces divulgados en medios periodísticos.
Casos como el de la Operación Mármol Rojo denotan la ineficacia de las reglas antiblanqueo andorranas y delatan la connivencia para el lavado de dinero procedente del crimen de prestigiosos bufetes de abogados andorranos con la delincuencia organizada, en este caso mafia ucraniana. También el narcotráfico colombiano ha practicado a menudo el lavado de dinero en Andorra y algunas operaciones han acabado con imputaciones de colaboración de ciudadanos españoles en la Audiencia Nacional de España y andorranos en las instancias judiciales del principado y cárcel para los encausados, si bien es notorio que no siempre han pagado los máximos responsables dado el servilismo y complicidad de determinados jueces andorranos con ciudadanos insignes. Otros casos como el de la secta Moon están asociados a la venta de armas a la contra nicaragüense
Por otra parte es conocida la sangría que suponen para el fisco de distintos países europeos y en particular de España las cuentas secretas y numeradas de las entidades bancarias andorranas, que dedican una parte importante de su actividad a la Banca Privada o Personal y la gestión del patrimonio de personas acaudaladas. De todos es conocido que importantes artistas o deportistas han depositado grandes sumas de dinero en cuentas secretas en Andorra.
Pero en Andorra, si bien el lavado de dinero constituye delito y en teoría se crean organismos y cuerpos que lo persiguen, no sucede lo mismo con la evasión y fraude fiscal que no son constitutivos de delito. Este es un tema especialmente reprobable y en el que la Unión Europea no habría tenido que transigir. Juan Hernández Vigueras en su libro ”La Europa opaca de las finanzas” y en su blog denuncia el hecho de que países como Andorra, Suiza, Mónaco, Liechtenstein, San Marino y otros centros offshore europeos, ejercen una competencia desleal con los países de la UE en los que se ha de aplicar la Directiva Europea sobre la Fiscalidad del Ahorro Particular. Son países que no perteneciendo a la UE gozan de los beneficios de serlo y en concreto de ventajas aduaneras y comerciales por medio de tratados bilaterales con la UE, pero que en cambio no aplican las directivas Europeas y entre ellas la que regula la fiscalidad del ahorro. Dentro de los tratados bilaterales establecidos con la UE en materia de fiscalidad, Andorra y la mayoría de centros offshore europeos se comprometen a una retención fiscal del 15% sobre los intereses de los depósitos bancarios, que abonan a los estados respectivos de origen, y a cambio la UE aprueba que no cumplan con las normas de intercambio de información fiscal que, en el caso de los países miembros, dicta la directiva.
Y es que estos territorios, que incluso adoptan el euro y pertenecen en su mayoría a la eurozona, junto a otros países entre los que cabría situar a otros europeos con regímenes jurídicos, fiscales y financieros especiales, como Irlanda, Holanda, Luxemburgo o Bélgica, o la City de Londres, cumplen una función esencial en la arquitectura del actual capitalismo financiero. Ha sido necesaria la convergencia de una crisis sistémica y de credibilidad institucional de este tipo de capitalismo financiero, para que la comunidad internacional haya aceptado cambiar las reglas del juego, en cuyo tablero los centros offshore son considerados piezas claves para la activación de la globalización financiera y la reproducción del actual orden económico neoliberal.
Pero, volviendo a Andorra, es también necesario subrayar la corrupción en su sistema judicial, lógica consecuencia de un sistema de nombramiento por confianza, o sea a dedo, y que frecuentemente archivan denuncias por prevaricación, corrupción o blanqueo de dinero en que a veces están implicados empresarios, políticos o banqueros pertenecientes a la oligarquía andorrana que los mantiene. Estos mismos jueces, junto a la policía andorrana son los que persiguieron a la asociación ATTAC Andorra y a sus componentes, hasta que lograron su disolución en el Principado y el exilio español y francés de parte de sus miembros. En la actualidad no pueden volver a Andorra donde coleccionan denuncias por atentado al honor y difamación y también amenazas de muerte. Aunque algunos miembros siguen en activo, editan en catalán “Le Monde diplomatique” e incluso han denunciado diversas prácticas fraudulentas y de lavado en la Audiencia Nacional. Todo esto convierte a Andorra en una democracia vigilada, donde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial han sido copados por una minoría oligárquica autóctona.
Fue en febrero pasado que Nicolás Sarkozy, en su visita a Andorra se entrevistó con representantes de los 5 partidos andorranos y del Gobierno, su interés era manifestar que no se podía permitir a nivel personal, en este momento crítico, ser Coprincipe de un país como Andorra y que considera imprescindible acabar con el secreto bancario andorrano.
El tema de los paraísos fiscales se viene prodigando en los últimos meses en los medios a nivel internacional. Ello desde que los diversos mandatarios de la comunidad internacional efectúan declaraciones, de todo tipo, sobre como reformar la estructura del sistema financiero internacional. En efecto un tema de agenda obligado, respecto a medidas a tomar en la próxima cumbre del G-20 de Londres ha de ser el de qué se hace con el secreto bancario y los centros Offshore. Sin embargo las diversas declaraciones al respecto de diversos mandatarios de la comunidad internacional hablan, cuando lo hacen, de abolir los paraísos fiscales no cooperantes y ya se han estado haciendo listas negras.
Por otra parte aquellos territorios que se ven cuestionados están haciendo también declaraciones y tratan de reformar su funcionamiento, en el sentido de flexibilizar el secreto bancario para no verse en las listas negras del G-20 y prometiendo información en casos de delincuencia internacional o terrorismo. Aunque por lo general la evasión y el fraude fiscal no se contempla como delito en gran parte de las legislaciones de estos territorios. En este sentido se ha pronunciado Suiza recientemente y también el Gobierno Andorrano a través de su presidente Albert Pintat y su ministra de finanzas, que han anunciado su intención de dejar de ser paraíso fiscal antes de la Cumbre de Londres.
Hay que acabar con el secreto bancario y los centros offshore que solo sirven para realizar operaciones que en su totalidad deberían ser objeto de delito bajo un sistema auténticamente democrático. Sin embargo tampoco está claro en absoluto, más allá de las mediáticas declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, que la aportación del Gobierno de España a la Cumbre abogue por medidas serias contra los paraísos fiscales, como dice Juan Torres en un reciente artículo crítico con la posición que nuestro Gobierno lleva a la Cumbre.
Aunque ayer se reunieron, en un entorno de lujo al sur de Inglaterra, los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales de los países del G-20. Es esta una reunión preparatoria de la Cumbre en la que no se han puesto de acuerdo en temas básicos, eso sí hay una medida clara que es la de duplicar el presupuesto del FMI, ¡¡Indignante!!.
Habremos de ser los ciudadanos y ciudadanas, cada vez más castigados por su crisis, quienes presionemos a nuestros Gobiernos para que se tomen ya medidas necesarias. En este sentido ATTAC España planteó en una carta al Gobierno Español en 2005 que tomara medidas claras, en el sentido del no reconocimiento jurídico de las empresas pantalla y filiales bancarias establecidas en centros offshore o paraísos fiscales extraterritoriales. El Gobierno Español no ha hecho nada, hasta el momento, en este sentido, ¿lo harán todos juntos?, permítanme que lo dude.
Antonio Fuertes Esteban - Comisión Justicia Fiscal Global - ATTAC España
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