Ante la imperiosa necesidad de los adalides y gestores del capitalismo de “reformar el sistema” dado que los abusos continuos han minado toda su escasa credibilidad, el grupo de países denominado G-20 tiene -entre otros- en su próxima cita un debate inexcusable e impostergable de gran calado y es el de ¿qué hacer con los centros offshore? Aunque muchos de ellos lógicamente y dado que hablar en estos términos bien podría poner sobre el tapete la realidad offshore de la City de Londres o de estados como New Jersey o Delaware, prefieran hablar de paraísos fiscales, ya que en las distintas listas oficiales sobre Paraísos Fiscales no figuran un número importante de centros offshore. En este sentido el debate y la discrepancia están servidos, pues las listas de paraísos fiscales según países y organismos internacionales varía ostensiblemente, más si se añaden supuestos como que sean colaboradores, no colaboradores o estén en la lista negra de la OCDE por no responder a los requerimientos de información.
En el mismo orden de cosas habrían de abordarse temas colaterales como el del arbitraje legislativo, en cuanto uso y abuso de la gran diferencia de regulación entre legislaciones a niveles financiero y fiscal. En este aspecto los centros offshore habrían de ser claramente y desde el punto de vista de la desregulación, desgobierno y dumping jurídico y fiscal que provocan, lugares a erradicar. Aunque el capitalismo financiero tiene difícil asumir este reto necesario, dado que asienta sus principios en la libertad de movimientos de capitales y siempre ha defendido los paraísos fiscales como territorios necesarios en la “legitima” búsqueda de ventajas competitivas.
La tradicional opacidad y escasa o nula tributación de estos territorios offshore han resultado ser dos armas de destrucción masiva para las finanzas y la economía internacional, ello se ha demostrado claramente al desvelar el crack financiero del 2008 la práctica opaca y especulativa de los hedge funds ubicados en centros offshore, y mediante la cual han acaparado productos financieros de alto riesgo y dispersado porquería por todo el sistema, con las dramáticas consecuencias económicas y sociales que esto ha tenido.
Los lobbys empresariales e institucionales del mundo desarrollado que han venido asentando su poder económico y político sobre el arbitraje legislativo/competitividad y la opacidad que tan bien han representado y promovido los centros offshore, están ahora en una encrucijada. O aceptan una profunda reforma en el sistema financiero internacional, o siguen empeñados en mantener los privilegios competitivos que la opacidad y el dumping fiscal promovido por los centros offshore les proporcionan. Esto último constituiría una gran temeridad dado que mantener el actual estado de cosas podría significar a corto y medio plazo el hundimiento del sistema económico capitalista en su fase de capitalismo financiero.
Es por ello que “todo el mundo” espera que en la cumbre del G-20, a la cual está invitado el Presidente del Gobierno Español - junto a presidentes y delegaciones de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos, así como la Unión Europea, que está representada por la presidencia de turno del Consejo y el Banco Central Europeo - se afronten en serio y no solo se enumeren, sino que se propongan medidas eficaces para reglamentar el sistema financiero internacional y entre ellas como se va a establecer la transparencia necesaria del sistema, ante lo cual necesariamente se han de tomar radicales medidas contra los centros offshore de hecho, y no sólo contra los denominados en diferentes listas como paraísos fiscales, y también medidas para regular los llamados hedge founds, así como los diversos productos derivados.
Existen predicciones y augurios de todo tipo respecto al desarrollo de La Cumbre de Londres y son lógicos, ya que diversos actores institucionales defienden en estos momentos diversas salidas a la crisis y la ciudadanía ha de estar muy alerta al desarrollo y resultados de la cumbre. No está tan claro, en cuanto las diversas inercias reguladoras, que entre los actores institucionales se de mayoritariamente en estos momentos un ejercicio de reflujo hacia el Keynesianismo y las medidas socialdemócratas, también los hay que, empeñados en conservar el mínimo coste y el máximo beneficio, están proponiendo y exigen que a cuenta de que el sistema financiero gane cuotas de transparencia y acabe con los productos de riesgo altamente especulativos, se realice a nivel internacional en compensación una profunda reforma en los sistemas tributarios, ni que decir tiene restrictiva y a la baja. Son los mismos grupos de presión que en EE.UU. están buscando armas para enfrentarse a la anunciada medida del Presidente Obama de aumentar los impuestos a las rentas y capitales más altos, y todos sabemos quienes son y también los tenemos en Bruselas.
Por todo ello como ciudadanas y ciudadanos activos en defensa de nuestros legítimos intereses hemos de pedir a nuestro Gobierno y en concreto a nuestro Presidente que sea valiente pidiendo medidas contra los paraísos fiscales y para regular la existencia de fondos y productos de alto riesgo, pero al mismo tiempo que, como Obama en el aspecto fiscal, no se someta a los lobbys económicos y defienda la progresividad del sistema tributario. Esperamos que no abunde en la línea de generalizar ofertas como la de amnistías fiscales a la repatriación de capitales en paraísos fiscales, el Imperio de la Ley ha de aplicarse a todos por igual. En la cumbre de Londres y para que no pierdan los ciudadanos y ciudadanas del mundo, nuestros representantes no deberían negociar unas prebendas por otras, la fiscalidad es patrimonio de la Humanidad, reducirla significaría vulnerar derechos.
Antonio Fuertes Esteban - Comisión Justicia Fiscal Global - ATTAC España
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