domingo, 12 de enero de 2014

Un Estado privatizado al servicio de los oligopolios

Desde la recuperación de la democracia ha sido como un "mantra" repetido por varios gobiernos, tanto del PSOE como del PP, la necesidad de acabar con el monopolio existente del Estado, en diversos sectores estratégicos como el energético, la telefonía, etc. así como acabar con la presencia pública en otros sectores como el bancario. Todo ello mediante una política de desregulación y / o privatización.

Esta política se ha intensificado cada vez más, y ahora el PP incluye en esta necesidad privatizar los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación e incluso el sistema de pensiones, los servicios sociales, o el sistema ferroviario o la distribución del agua de boca en ciudades y pueblos. Todo es susceptible de privatización en base a la falacia de que la gestión privada es más eficiente y de que la competencia beneficia al usuario.

Ya es hora, como hizo hace poco, el dirigente de IU, Cayo Lara de plantear a donde nos han conducido estas políticas que llevan al enriquecimiento de las compañías privadas y a un mayor coste para la ciudadanía.

Hoy nuestro país es un conglomerado de oligopolios de grandes empresas que dominan los principales sectores estratégicos productivos del estado en exclusivo beneficio propio. Ello no ha supuesto en absoluto una mejora del servicio a la ciudadanía ni en calidad ni en coste. Al mismo tiempo vemos como el estado dedica a compensar estos sectores oligopólicos mediante gastos millonarios, en caso de supuestas pérdidas.
Nos encontramos un país dominado por una política basada en socializar las pérdidas, incluso las supuestas, de las grandes empresas y oligopolios, mientras los beneficios son siempre privados.

Lo hemos visto recientemente en el caso de las empresas eléctricas y próximamente lo podremos ver en otro sector energético como es el del gas. Se ha dejado en manos del oligopolio eléctrico establecer el precio del servicio. Las mismas empresas, con la intermediación bancaria, son vendedoras como productoras y compradoras como comercializadoras, a la vez que han recibido y reciben sustanciosas subvenciones públicas para sus inversiones en determinadas formas de producción energética. La conclusión: el precio de la luz es de los más caros de la UE y las subidas del precio en los últimos años han sido, aproximadamente un 70% en 7 años y el supuesto déficit tarifario, que se debe aún a las empresas eléctricas, no baja sino que no para de subir (a finales de 2012 superaba los 30.000 millones de euros). La conclusión es que las compañeras eléctricas tienen cada año beneficios millonarios, mientras que los ciudadanos consumidores no ven ningún beneficio ni de coste ni de servicio en la actual situación de falsa competencia. Y más de 3 millones de ciudadanos se sitúan ya en la pobreza energética, es decir no pueden hacer frente al gasto de la electricidad y/o el gas.

Lo mismo ha ocurrido en el caso de la reestructuración bancaria. Primero fue la venta de la banca pública, después la liquidación de las cajas de ahorros, después una reconversión y reestructuración monopolística del sector hecha mediante un rescate de 40.000 millones de euros por parte de la UE que ahora tendremos que pagar todos. Y mientras los grandes bancos del oligopolio bancario no cumplen con su función de financiar la economía productiva ni las familias, sino que incluso cada día más establecen una mayor diferenciación de trato entre grandes clientes y el resto de clientes que considera poco rentables, incrementando de forma progresiva la exclusión bancaria. Un ejemplo de lo que decimos, el incremento medio de 1,5 euros de los pensionistas quedará absorbido por el incremento de 2 euros mensuales en la comisión bancaria por el mantenimiento de su libreta de ahorros.

Estos son dos casos donde se demuestra como la privatización no ha supuesto ni mayor competencia ni mejor servicio para la ciudadanía. Lo mismo podemos decir de procesos similares sobre el servicio del agua de boca en grandes ciudades del estado. Estas concesiones privadas van en dirección contraria a lo que se está produciendo en el resto de la UE, donde en muchos casos se está volviendo el servicio de distribución del agua a manos públicas por haberse demostrado que es más rentable y más eficiente.

Ahora el PP, a diferencia del PSOE, parece no tener bastante y está llevando a cabo un proceso de privatización de los servicios públicos básicos del estado del bienestar como son la sanidad o la educación. Quieren dejar la sanidad y la educación pública sólo como servicios mínimos prácticamente de beneficencia para quien no tenga recursos. En el caso de la sanidad no sólo se quiere potenciar la sanidad privada sino especialmente los seguros privados, bajo la excusa de la libertad de elección. Habría que añadir libertad de elección según las posibilidades económicas.

Lo mismo ocurre con la protección social, fundamentalmente en el intento de reducir las pensiones públicas de forma que la gente se vea obligada, para garantizar su vejez, a optar por planes de pensiones privados individuales. No dicen nada de los peligros y falta de seguridad de estos planes sometidos a las oscilaciones bursátiles. Como en el caso de la sanidad se trata de poner este sector en manos de las grandes empresas financieras y de seguros. Otro vez el estado poniéndose al servicio de los deseos de los "lobbies" empresariales.

Pero no tienen suficiente y ya anuncian otros procesos de privatización como el de la red ferroviaria, ¿En beneficio de quién? Nuevamente hay sectores empresariales que querrán monopolizar las partes rentables y rechazar las poco rentables. Sólo debería analizarse el ejemplo de la privatización del servicio ferroviario que Thatcher efectuó en Gran Bretaña y la caída radical de la calidad del servicio fruto de la privatización y segmentación de lo que era un servicio público unificado y bien gestionado.

Parece ser que no han tenido suficiente con el resultado de la "burbuja inmobiliaria" donde el estado a través del Sareb ha tenido que rescatar activos no rentables, pese a que no ha aprovechado para ponerlos al servicio de las necesidades sociales existentes. Mientras todo iba bien las grandes empresas constructoras y el sector financiero hacían su agosto. Cuando estalló la "burbuja" las constructoras han dado promociones enteras en dación de pago a los bancos, si esto no se permite a los particulares, y los bancos lo han pasado al estado mediante la creación del banco malo, el Sareb, las pérdidas del cual, en su caso, pagaremos todos. Ayudamos a los bancos mientras estos desahucian a las familias.

Lo mismo podemos decir de la obra pública, encargada a grandes constructoras que normalizaron lo que ahora es un escándalo en Panamá con el intento de sobrecoste por parte de Sacyr. En la obra pública es prácticamente inexistente el caso de obras que cumplen con lo presupuestado, siempre se han dado sobrecostes sobrevenidos. ¡Y no pasa nada!

Otro caso similar son las autopistas con constructoras y concesionarias que si hay beneficios se los embolsan, pero que si no funcionan bien ahí está el "papá" estado que ya se hará cargo de las pérdidas.

Parece, en definitiva, como si el país fuera propiedad de las grandes corporaciones representadas en el "Consejo Empresarial para la Competitividad" y que los gobiernos de ZP o de Rajoy hayan sido simplemente sus encargados de la gestión.

Quizás ha llegado la hora de decir basta. Y la izquierda que quiere ser alternativa, no la que se complace en ser simplemente alternancia, debe defender sin rodeos la necesidad, por eficiencia y por ahorro, del control y / o la gestión pública de servicios que son estratégicos para la sociedad, así como para volver a potenciar los servicios públicos esenciales, desde la sanidad y la educación a los servios de movilidad públicos. Evidentemente todo esto debería acompañarse por un sistema fiscal que permita un reparto equilibrado de la riqueza dentro del conjunto de la sociedad.

Y eso no es revolucionario, es simplemente reformista, es volver a defender viejas posiciones defendidas en otro tiempo por la socialdemocracia clásica. Sólo hay que ver el magnífico documental "El espíritu del 45" sobre el gobierno laborista de Attllee-Bevan para tener una idea de lo que debería plantearse. Evidentemente habrá que tener en cuenta el momento actual, el hecho de la realidad de una Europa dominada por el neoliberalismo más feroz, pero es que posiblemente deba plantearse que debe irse a cambiar el paradigma no en un solo país sino llevar la alternativa de cambio en el ámbito del conjunto de la UE. Esta debería ser la tarea fundamental hoy de una izquierda alternativa tanto en España como en la UE y cada uno de sus países.

Manuel García Biel
Nueva Tribuna