La desigualdad social y,
específicamente, la desigualdad socioeconómica, está adquiriendo, de
nuevo, gran relevancia para la sociedad. Ha pasado al primer plano de
las preocupaciones de la población y se refleja en el ámbito político.
Ha sido reconocida como importante problema por personalidades mundiales
como Obama y el Papa Francisco, así como por instituciones
internacionales nada sospechosas de izquierdismo como el Banco Mundial y
la OCDE. Podemos decir que, en el año 2013, se ha convertido en uno de
los temas más significativos entre la opinión pública y reconocido en
los medios de comunicación. La evidencia de esa realidad, la relevancia
de la nueva cuestión social, se impone en las distintas esferas.
No obstante, existen desacuerdos sobre su dimensión, sus
características y sus causas, cómo afecta a los distintos sectores
sociales y cómo se está configurando la nueva estratificación social,
los ganadores y los perdedores. Y, sobre todo y conectado con todo ello,
qué posiciones normativas y dinámicas de cambio sociopolítico se están
generando para deslegitimarla frente a los planes neoliberales para
reforzarla o infravalorarla.
La deslegitimación de la desigualdad social
Existe un amplio rechazo ciudadano y masivas resistencias populares
frente a la situación de desigualdad social, reforzada por la crisis
socioeconómica y la política dominante de austeridad. Sus expresiones
más directas son el paro masivo, la reducción del poder adquisitivo de
los salarios medios y bajos y el recorte de los servicios públicos
–sanidad, enseñanza…- y la protección social –pensiones y desempleo-.
Afecta a la deslegitimación de los poderes públicos, por su gestión
regresiva, pone el acento en la exigencia de responsabilidades de los
causantes de la crisis socioeconómica y plantea un cambio de rumbo, más
social y democrático. Es crucial el desarrollo de la pugna cultural por
la legitimidad de la actuación de los distintos agentes respecto de la
desigualdad social.
Para profundizar en su análisis y la oposición a la misma, hay que
responder a varios interrogantes: a quién beneficia la distribución de
rentas, recursos y poder; cuál es la nueva dinámica de segmentación
social, y cómo se está configurando una cultura popular y una práctica
social democratizadora y de resistencia frente a la involución
institucional y socioeconómica. Pero con la realidad percibida, ya
existe un mayor conflicto social entre, por una parte, los bloques de
poder financieros y políticos, con la gestión antisocial e ineficaz de
las principales instituciones económicas y políticas, y, por otra parte,
las corrientes sociales indignadas, los movimientos de protesta social
progresista y la izquierda social y política.
El debate político, social y académico sobre la desigualdad, sus
consecuencias y sus causas, se conecta con el análisis e implementación
de qué actitudes y reacciones se están produciendo en la ciudadanía, qué
agentes sociales y políticos están interesados en su reducción y qué
estrategias y medidas son las apropiadas para revertirla y construir un
modelo económico y social más igualitario y un sistema político e
institucional más democrático. El establishment económico e
institucional continúa con una gestión antisocial y autoritaria, y
aunque reconoce parcialmente la realidad de la desigualdad social y el
malestar ciudadano, intenta eludir sus responsabilidades y desviar el
camino, socialmente más adecuado, para revertirla.
Dada la gran legitimidad ciudadana de la reducción del paro y la
creación de empleo decente, así como el gran apoyo popular a los
derechos sociolaborales, la protección social y el Estado de bienestar,
el Gobierno (y sectores afines) intenta anclar su política haciéndola
pasar como medio necesario e inevitable para esos objetivos. Las medidas
de destrucción de empleo, las reformas laborales o la reducción de la
protección al desempleo dice que son mecanismos para ‘crear empleo’,
intentando generar división entre la gente empleada y parada. Los
recortes sociales en protección social –pensiones-, educación o sanidad y
el proceso de deterioro de los servicios públicos los presenta como
medios para la ‘sostenibilidad’ del Estado de bienestar.
Pero sus ideas de que el empleo (de mañana) se crea con el mayor
desempleo de hoy, o que el Estado de bienestar se asegura
desmantelándolo, no son aceptables para la mayoría ciudadana, a pesar de
la gran ofensiva mediática. Esa disociación discursiva y ética de
pretender justificar unas medidas regresivas como medios (negativos)
para unos fines (positivos) de bienestar no termina de cuajar en la
mayoría de la población, que manifiesta su desacuerdo con su carácter
injusto y antisocial. Tampoco los portavoces progubernamentales son
capaces de imponer la idea de que son sacrificios parciales y
provisionales, en aras de un futuro mejor o para el interés general. Es
más realista la idea, que sigue compartiendo la ciudadanía indignada, de
que esas políticas regresivas son más coherentes con sus auténticos
fines: por un lado, la reapropiación de riquezas y poder por las
oligarquías económicas y políticas, y, por otro lado, la ampliación la
desigualdad de la mayoría de la población, con una posición más
precaria, subordinada e injusta.
Igualmente, las principales instituciones internacionales, como la
OCDE, aun reconociendo elementos extremos de la desigualdad, pretenden
neutralizar las opciones para su transformación, eludir las
responsabilidades del mundo empresarial e institucional y situar su
(pretendida) solución en los sobreesfuerzos individuales de la
población: la ‘empleabilidad’, echando la responsabilidad del desempleo
masivo en la inadaptación profesional de trabajadores y trabajadoras; o
bien, a la opción de más esfuerzo educativo de los jóvenes, cuando
existe una generación muy cualificada académicamente sin poder encontrar
empleo decente y se redobla la desigualdad de oportunidades ante los
auténticos problemas educativos.
Siguiendo esas orientaciones, la Ley Wert (y previsiblemente la
inmediata reforma universitaria) profundiza la dinámica segmentadora y
elitista y debilita el carácter integrador de la escuela pública. En un
campo tan sensible para el desarrollo de capacidades e igualdad de
oportunidades del alumnado, se acentúan las tendencias regresivas:
fracaso escolar y abandono educativo prematuro, segmentación de las
redes escolares y prioridad a la privada-concertada, división temprana
de itinerarios, desdén institucional hacia alumnos con dificultades
educativas y origen socioeconómico bajo e inmigrante, mayor segregación
por sexo, retroceso de la laicidad, infravaloración de una formación
profesional de calidad…. Se favorece a las élites y los privilegios de
la Iglesia Católica y se refuerza el control social y el autoritarismo
en la escuela, como ya viene aplicando el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Madrid (ejemplos extremos, entro otros, son la imposición
del nuevo equipo directivo en el Instituto Beatriz Galindo o la presión
contra el director y el profesorado del Instituto Matías Bravo, de
Valdemoro).
Grandes instituciones y Gobiernos europeos, al mismo tiempo que
insisten en la continuidad de la austeridad, con sus efectos
desigualitarios y de empobrecimiento, particularmente en el Sur,
intentan sortear los procesos de deslegitimación popular. Los
minusvaloran mientras no sean intensos y profundos. El mayor riesgo para
los poderosos es la aparición de dinámicas de resistencia popular y
democrática que cuestionen la estabilidad de su hegemonía política e
institucional. Es cuando el poder establecido redobla su ofensiva
política, autoritaria y mediática, frente a la reafirmación de la
legitimidad ciudadana y la capacidad movilizadora y representativa de
los movimientos sociales progresistas o agentes sociopolíticos que, al
amparo de una amplia cultura cívica, cuestionan sus estrategias y su
gestión liberal-conservadora. Se establece una pugna cultural y
sociopolítica, soterrada o abierta, con gran desigualdad de poder y de
futuro incierto, entre la ciudadanía activa, con fuerte apoyo popular, y
la oligarquía de los poderosos, mientras permanecen confusos, pasivos o
temerosos, sectores significativos de la sociedad. El proceso de
deslegitimación de la desigualdad social, en España y a nivel europeo y
mundial, ya ha comenzado. Falta consolidarlo y fortalecer la dinámica
por la igualdad.
Relevancia de la nueva ‘cuestión social’
La cuestión social, con nuevas características, está adquiriendo de
nuevo gran relevancia en la sociedad. La desigualdad socioeconómica se
incrementa, pese a las interpretaciones liberales o posmodernas que
aventuraban su superación o irrelevancia. Veamos algunos elementos que
explican su dimensión y la importancia de sus implicaciones.
En primer lugar, se ha puesto de manifiesto la gravedad de la crisis
socioeconómica y la reducción de empleos y rentas salariales, con paro
masivo y descenso de la capacidad adquisitiva de los salarios medios y
bajos. Esos ajustes en el mercado de trabajo conllevan una amplia
transferencia de rentas hacia el capital, los beneficios empresariales y
las élites económicas. Se han acompañado de una reestructuración
regresiva del Estado de bienestar, con su segmentación y privatización
parcial y la contención del gasto público social o su reducción por
habitante. Al mismo tiempo, se han promovido reformas ‘estructurales’ y
fiscales que disminuyen las transferencias de rentas y prestaciones
sociales para capas populares y desfavorecidas y deterioran la calidad
de los servicios públicos. Por tanto, se ha ampliado la desigualdad
social y sus graves consecuencias para la mayoría de la población, con
procesos de empobrecimiento, segmentación y desvertebración social.
Se produce en el contexto de una crisis sistémica, profunda y
prolongada, y políticas regresivas de los gobiernos e instituciones
europeas. La estrategia liberal conservadora es la dominante en la UE.
Pone el énfasis en las medidas de austeridad que acentúan el
estancamiento económico, con paro masivo, recorte de los derechos
sociolaborales, mayor desequilibrio en las relaciones laborales,
restricción del gasto público social, deterioro de los servicios
públicos y los sistemas de protección social –pensiones y protección al
desempleo- y una desigual distribución de los costes de la crisis, en
beneficio del poder financiero que es quien la causó. Todo ello
profundiza las brechas sociales y el impacto negativo para la situación
económica y sociolaboral, las trayectorias vitales y las perspectivas
inmediatas de la mayoría de la sociedad y, especialmente, de los
jóvenes.
En segundo lugar, frente a la idea dominante en las instituciones
internacionales sobre las características y causas de la desigualdad,
que apuntan a factores impersonales como la globalización, la
financiarización de la economía o la innovación tecnológica, hay que
destacar la responsabilidad de sus causantes directos con el apoyo e
instrumentalización a su favor de esos fenómenos: el poder financiero y
los grandes inversores junto con la clase gobernante, desreguladora y
gestora de la austeridad. Los rasgos principales y la causa inmediata
del aumento de la desigualdad socioeconómica han venido por el
incremento del desempleo, los bajos salarios y los recortes sociales y
de la protección social. Y han obedecido a una consciente estrategia
liberal-conservadora y antisocial del poder establecido, financiero,
empresarial y político-institucional que, aprovechando esas
circunstancias desfavorables para la población, han apostado por un
reequilibrio de poder y distribución de rentas a su favor.
En tercer lugar, el significativo incremento de la desigualdad
socioeconómica y la inaplicación de estrategias políticas adecuadas para
revertirla, está influyendo, especialmente en los países del sur
europeo, en la deslegitimación de los bloques de poder, financiero e
institucional, representado por Merkel y la Troika (Comisión europea
–CE-, Banco Central europeo –BCE- y Fondo Monetario Internacional
–FMI-). La clase gobernante, especialmente en los países europeos
periféricos, aparece como responsable de una gestión regresiva que
perjudica a la mayoría de la población. Se percibe como problema no como
solución. La disminución de la credibilidad ciudadana de los gestores
gubernamentales y la pérdida de la confianza popular en los líderes
políticos se acentúan al dar la espalda a la opinión mayoritaria de la
sociedad, por incumplir sus compromisos con la ciudadanía y sus
respectivos electorados y dejar en un segundo plano el interés de las
personas y sus demandas.
En cuarto lugar, la desigualdad socioeconómica y la política de
austeridad y recortes sociales y laborales se están confrontando con una
amplia conciencia popular democrática y de justicia social. Se percibe
la menor funcionalidad del sistema político para satisfacer las demandas
populares, que desarrolla rasgos autoritarios. Así, el descontento
social y la indignación ciudadana que produce la desigualdad y la
crítica al carácter regresivo y poco democrático de la gestión
gubernamental de las derechas, están generando un mayor desarrollo y
legitimidad de la protesta social progresista, junto con la activación
de una masiva acción colectiva, canalizada por distintos agentes
sociopolíticos. Se prolonga el deterioro de la cohesión social, los
derechos sociales y la integración sociocultural, se profundiza la mayor
subordinación e incertidumbre de franjas amplias de la población y
empeora su situación material. Se generan menores garantías para las
trayectorias laborales y vitales de los jóvenes, particularmente de
capas medias y bajas y, especialmente, de origen inmigrante. Todo ello
desacredita a las élites económicas y políticas, sometidas a una
exigencia cívica de regeneración y reorientación de su papel. Por tanto,
existe una interacción entre el empeoramiento de las condiciones
socioeconómicas de la población y la percepción de su carácter injusto,
con el amplio rechazo popular, y la significativa exigencia de cambio
social y político.
En consecuencia, para la sociedad, la desigualdad social se ha
convertido en un problema fundamental. La actitud crítica de la mayoría
de la ciudadanía ante ella, la amplitud de las protestas sociales
progresistas y la acción de los diferentes agentes sociales y políticos
ha cobrado una nueva dimensión, cuestionando la política de austeridad,
los abusos de los mercados y el poder financiero y la falta de
legitimidad de la gestión institucional dominante.
No obstante, la cuestión social presenta unas características
distintas a las de otras épocas históricas, se produce en un contexto
europeo y mundial particular y la conformación de las distintas fuerzas
sociopolíticas tiene rasgos específicos. Se ha aludido a que ésta es una
crisis sistémica, interpretada no como derrumbe, sino como dificultad
de los sistemas o el poder, económico, político e institucional europeo,
para cumplir su función social de asegurar el bienestar de la población
y su legitimidad ciudadana. Pero, además de sus consecuencias
negativas, es también oportunidad para el cambio, para potenciar
opciones sociopolíticas transformadoras, frente al fatalismo que
pretenden imponer los poderosos, con su discurso de la inevitabilidad de
sus políticas regresivas y la demonización de las dinámicas, fuerzas y
alternativas que resisten y apuestan por el cambio.
En definitiva, adquiere especial relevancia la nueva ‘cuestión
social’, con elementos comunes con otros momentos históricos de crisis e
incertidumbre. Pero, tiene unas características específicas y un
impacto sociopolítico particular, en el marco de unas tendencias
sociales ambivalentes. La problemática de la desigualdad social, las
condiciones materiales de la población (empleo, vivienda, educación,
salud, protección social…) y los derechos sociales, económicos y
laborales han pasado a primer plano de la actualidad. Son un foco de
preocupación pública y sociopolítica, interpretado mayoritariamente
desde una cultura cívica, frente a (o en combinación de) otras
tendencias segregadoras o de competencia individualista e intergrupal. O
bien, ante el incremento de las brechas sociales, se refuerzan
dinámicas nacionalistas entre los países del Norte y del Sur o en el
interior de los mismos. Todo ello está ligado, por una parte, al intento
de reafirmación del poder financiero neoliberal, junto con una gestión
política antisocial y poco democrática y el desvío de sus
responsabilidades, y, por otra parte, a la persistencia de una cultura
ciudadana democrática y de justicia social, la amplia indignación
popular y la masiva protesta social de una ciudadanía activa.
Este conjunto de elementos constituye una nueva realidad social para
cuyo análisis no son suficientes las interpretaciones dominantes y las
teorías clásicas anteriores. Ello exige un esfuerzo de rigor analítico,
elaboración de otros conceptos y un nuevo lenguaje. Supone un
emplazamiento también para los pensadores progresistas, para avanzar en
una nueva teoría social crítica que, en conexión con el debate social y
la acción colectiva, permita una mejor interpretación de estas dinámicas
y facilite instrumentos normativos para su transformación.
Antonio Antón.
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