Pongamos un ejemplo y hagamos unos pequeños cálculos -sin duda más
simples que la fórmula polinómica con la que nos han obsequiado los
expertos gubernamentales. Supongamos un país -no precisamente el de las
maravillas- cuya renta anual se reparte entre 80 asalariados (2 euros de
promedio) 5 empresarios (5 euros) y 15 pensionistas (1 euro). En total,
200 euros.
Los sabios del lugar, muy alarmados, estiman que dentro de h años,
debido al incremento de la esperanza de vida y al cambio en la tasa de
natalidad, se va a producir un envejecimiento de la población, de manera
que los asalariados serán tan solo 60, mientras los pensionistas
pasarán a ser 35. Para no complicar las cosas, supondremos que el número
de empresarios no va a cambiar y la población total tampoco. Los doctos
expertos, tras sesudas proyecciones, ecuaciones y alguna que otra
integral, llegan a la conclusión de que el hecho de que haya menos de
dos activos por pasivo, convierte en insostenible el sistema de
pensiones, tal como está configurado en la actualidad, y que hay que
modificarlo (léase bajar las prestaciones) para hacerlo viable. Desde
luego, afirman, las pensiones no podrán actualizarse de acuerdo con la
subida de los precios.
Algunos de los que no son sabios, pero saben sumar y multiplicar, no
se quedan convencidos y comienzan a hacer sus propios cálculos. Saben
que las previsiones más conservadoras aseguran que en ese periodo el
Producto Interior Bruto (PIB) y por lo tanto la renta per cápita, ambos a
precios constantes, se van a incrementar en un 20% y los precios en un
30%. Teniendo en cuenta ambos porcentajes, el PIB y
la renta per cápita, en euros corrientes aumentarán un 56%
(1,2×1,3=1,56). Encuentran lógico, por tanto, que los beneficios de los
empresarios se incrementen en ese porcentaje. Es decir, que los 5 euros
se conviertan en 7,8; y lo mismo respecto a los salarios, que de 2
euros se transformen por término medio en 3,12 euros.
Los no sabios continúan echando cuentas (casi las de la vieja): el
PIB en el año n+h será 312 euros (200×1,56); el coste de los salarios
187,2 euros (60×3,12) y el excedente empresarial 39 euros (5×7,8).
Descontando
del PIB el coste de los salarios y el excedente empresarial se mantiene
un remanente de 85,8 euros. Los no doctos no entienden que -tal como
afirman los sabios- no se puedan actualizar las pensiones al menos en
una cantidad igual al incremento del coste de la vida.
Asumiendo el supuesto más extremo, el de que los nuevos jubilados
hubiesen entrado en el sistema con una pensión equivalente al salario
que en ese momento tenían, el coste de actualizar las pensiones por el
índice de precios alcanzaría: 15x1x1,30+20x2x1,30 =71,5 euros, cantidad
inferior al excedente de 85,8.
Pero aún hay más. Los no expertos se preguntan por qué se va a
impedir a los pensionistas participar en el crecimiento económico en la
misma medida que lo hacen los asalariados y los empresarios. Al fin y al
cabo, si la renta se ha incrementado ha sido por los asalariados y por
los empresarios sin duda, pero también por los hoy jubilados que en su
día pagaron impuestos con los que financiaron los gastos en educación,
en infraestructuras, en sanidad, en justicia y en tantas y tantas cosas
que han colaborado a que la productividad haya crecido año tras año.
Así que continuaron haciendo cálculos (solo sumando y multiplicando) e
intentaron ver qué ocurriría si las pensiones se actualizasen al igual
que los salarios y los beneficios empresariales por el incremento de la
renta per cápita: 15x1x1,56+20x2x1,56=85,8 euros. ¡Oh, casualidad! La
cifra es exactamente igual a la del remanente. Resulta que también es
posible.
Y aunque no son sabios ni expertos, se dan cuenta de que las
conclusiones de este sencillo ejemplo son perfectamente extrapolables a
cualquier otro modelo más complejo y que la posibilidad se mantiene
incluso cuando se hace una suposición tan irreal como la hecha en estos
cálculos de que la primera pensión es equivalente al último salario.
Solo se precisa que se cumplan dos condiciones: que la renta per cápita
se incremente y que se mantenga constante la distribución del PIB, es
decir, que ningún colectivo intente engordar su parte de pastel a costa
de los demás.
Entonces, ¿por qué los expertos gubernamentales se empeñan en afirmar
que es insostenible? ¿Qué es lo que pretenden? Las declaraciones a la
prensa de uno de ellos nos pueden facilitar alguna pista. Ha afirmado
que resulta evidente que las pensiones no deben crecer por encima de los
salarios. Y tan evidente, pero nadie pide tal cosa, a no ser que se
esté pensando, y ahí está el quid de la cuestión, en que los salarios
deben renunciar al incremento de productividad e incluso a mantener su
poder adquisitivo.
Porque lo que está detrás de todas esas presuntas insostenibilidades
es la pretensión de modificar año a año la distribución de la renta en
contra de los salarios, de las pensiones y a favor del excedente
empresarial (capital y empresas). Ahí confluyen todos los consejos
(diríamos imperativos) de Berlín, Bruselas y Frankfurt, allanado el
camino por la Unión Monetaria. Y ese es el objetivo también de esos
otros sabios del FMI, que no suelen acertar jamás en sus previsiones,
que hundieron durante una década América Latina y que se limitan a
agitar como un catecismo el consenso de Washington.
Juan Fco Martín Seco
República.com
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