Los salarios y las pensiones

Pongamos un ejemplo y hagamos unos pequeños cálculos -sin duda más simples que la fórmula polinómica con la que nos han obsequiado los expertos gubernamentales. Supongamos un país -no precisamente el de las maravillas- cuya renta anual se reparte entre 80 asalariados (2 euros de promedio) 5 empresarios (5 euros) y 15 pensionistas (1 euro). En total, 200 euros.

Los sabios del lugar, muy alarmados, estiman que dentro de h años, debido al incremento de la esperanza de vida y al cambio en la tasa de natalidad, se va a producir un envejecimiento de la población, de manera que los asalariados serán tan solo 60, mientras los pensionistas pasarán a ser 35. Para no complicar las cosas, supondremos que el número de empresarios no va a cambiar y la población total tampoco. Los doctos expertos, tras sesudas proyecciones, ecuaciones y alguna que otra integral, llegan a la conclusión de que el hecho de que haya menos de dos activos por pasivo, convierte en insostenible el sistema de pensiones, tal como está configurado en la actualidad, y que hay que modificarlo (léase bajar las prestaciones) para hacerlo viable. Desde luego, afirman, las pensiones no podrán actualizarse de acuerdo con la subida de los precios.

Algunos de los que no son sabios, pero saben sumar y multiplicar, no se quedan convencidos y comienzan a hacer sus propios cálculos. Saben que las previsiones más conservadoras aseguran que en ese periodo el Producto Interior Bruto (PIB) y por lo tanto la renta per cápita, ambos a precios constantes, se van a incrementar en un 20% y los precios en un 30%. Teniendo en cuenta ambos porcentajes, el PIB y la renta per cápita, en euros corrientes aumentarán un 56% (1,2×1,3=1,56). Encuentran lógico, por tanto, que los beneficios de los empresarios se incrementen en ese porcentaje. Es decir, que los 5 euros se conviertan en 7,8; y lo mismo respecto a los salarios, que de 2 euros se transformen por término medio en 3,12 euros.

Los no sabios continúan echando cuentas (casi las de la vieja): el PIB en el año n+h será 312 euros (200×1,56); el coste de los salarios 187,2 euros (60×3,12) y el excedente empresarial 39 euros (5×7,8).

Descontando del PIB el coste de los salarios y el excedente empresarial se mantiene un remanente de 85,8 euros. Los no doctos no entienden que -tal como afirman los sabios- no se puedan actualizar las pensiones al menos en una cantidad igual al incremento del coste de la vida.

Asumiendo el supuesto más extremo, el de que los nuevos jubilados hubiesen entrado en el sistema con una pensión equivalente al salario que en ese momento tenían, el coste de actualizar las pensiones por el índice de precios alcanzaría: 15x1x1,30+20x2x1,30 =71,5 euros, cantidad inferior al excedente de 85,8.

Pero aún hay más. Los no expertos se preguntan por qué se va a impedir a los pensionistas participar en el crecimiento económico en la misma medida que lo hacen los asalariados y los empresarios. Al fin y al cabo, si la renta se ha incrementado ha sido por los asalariados y por los empresarios sin duda, pero también por los hoy jubilados que en su día pagaron impuestos con los que financiaron los gastos en educación, en infraestructuras, en sanidad, en justicia y en tantas y tantas cosas que han colaborado a que la productividad haya crecido año tras año.

Así que continuaron haciendo cálculos (solo sumando y multiplicando) e intentaron ver qué ocurriría si las pensiones se actualizasen al igual que los salarios y los beneficios empresariales por el incremento de la renta per cápita: 15x1x1,56+20x2x1,56=85,8 euros. ¡Oh, casualidad! La cifra es exactamente igual a la del remanente. Resulta que también es posible.

Y aunque no son sabios ni expertos, se dan cuenta de que las conclusiones de este sencillo ejemplo son perfectamente extrapolables a cualquier otro modelo más complejo y que la posibilidad se mantiene incluso cuando se hace una suposición tan irreal como la hecha en estos cálculos de que la primera pensión es equivalente al último salario. Solo se precisa que se cumplan dos condiciones: que la renta per cápita se incremente y que se mantenga constante la distribución del PIB, es decir, que ningún colectivo intente engordar su parte de pastel a costa de los demás.

Entonces, ¿por qué los expertos gubernamentales se empeñan en afirmar que es insostenible? ¿Qué es lo que pretenden? Las declaraciones a la prensa de uno de ellos nos pueden facilitar alguna pista. Ha afirmado que resulta evidente que las pensiones no deben crecer por encima de los salarios. Y tan evidente, pero nadie pide tal cosa, a no ser que se esté pensando, y ahí está el quid de la cuestión, en que los salarios deben renunciar al incremento de productividad e incluso a mantener su poder adquisitivo.

Porque lo que está detrás de todas esas presuntas insostenibilidades es la pretensión de modificar año a año la distribución de la renta en contra de los salarios, de las pensiones y a favor del excedente empresarial (capital y empresas). Ahí confluyen todos los consejos (diríamos imperativos) de Berlín, Bruselas y Frankfurt, allanado el camino por la Unión Monetaria. Y ese es el objetivo también de esos otros sabios del FMI, que no suelen acertar jamás en sus previsiones, que hundieron durante una década América Latina y que se limitan a agitar como un catecismo el consenso de Washington.

Juan Fco Martín Seco

República.com

http://www.republica.com/2013/06/27/los-salarios-y-las-pensiones_670409/

El mundo a los pies del 1%

Gregory Mankiw es uno de los economistas más conocidos e influyentes hoy en día. Trabaja para la Universidad de Harvard, y fue presidente del consejo de asesores económicos de George Bush y asesor económico de Mitt Romney. Además tiene numerosas publicaciones académicas y su libro de texto de introducción a la economía se estudia en todas las universidades del mundo. Acaba de publicar un borrador de un trabajo académico llamado En defensa del 1%, erigiéndose en algo así como en un rompeolas de las oligarquías internacionales. En él se defiende que la diferencia de renta entre diferentes grupos sociales se debe a la diferencia de talento, de forma que las personas más “inteligentes” tienen más probabilidades de tener éxito económico y por tanto de pertenecer a ese 1%. Pero va aún más allá, defendiendo que estas diferencias pueden llegar a ser genéticas (11% concretamente). De esta forma, si tenemos la suerte de nacer en una familia del 1%, tendremos grandes posibilidades de continuar perteneciendo a ese estrato social, porque heredaremos la inteligencia de nuestros padres. Como suena.

Aún así, Greg Mankiw tiene que reconocer que el 1% ha incrementado la velocidad de enriquecimiento en las últimas décadas. Pero esto se debe, según este reputado economista, a la brecha salarial creciente entre trabajadores cualificados y no cualificados, de forma que ese 1% pertenece a la clase adinerada por estar más cualificado y ser más inteligentes e ingeniosos. Si en las últimas décadas el debate académico acerca de la desigualdad se centró en las diferencias educativas entre los trabajadores, la historia está empezando a cambiar.  Para explicar lo que está pasando en la distribución de la renta, se necesita entender la generación de beneficios y quién posee el capital como apuntaba Krugman en su blog.

Mark Blyth en Austerity: the History of a dangerous idea nos cuenta cómo justo antes de que las bolsas y activos entraran en la burbuja de las “punto com” a finales de los 90, los inversores buscaron activos “no correlacionados”, esto es activos cuya evolución no estuviera relacionada con la evolución bursátil. Se dirigieron de forma masiva al sector inmobiliario para asegurar sus inversiones en bolsa, de forma que si el valor de éstas últimas caía sería compensado por las otras. En el proceso los precios en el sector inmobiliario incrementaron de manera espectacular, 70% en EEUU, y 170% en Irlanda por ejemplo. El sector inmobiliario se entendía no solo no correlacionado con la evolución de los valores bursátiles, sino no correlacionado dentro del sector mismo, de forma que el precio de las casas de una región no tenía por qué estar relacionado los precios en otra región.

Por si esto fuera poco, además se utilizó de forma masiva la colateralización, esto es, trocear los títulos y juntar pequeños trozos de hipotecas de Colorado, con pequeños trozos de hipotecas en el estado de Nebraska. De esta forma se pagaba a los que poseían estos títulos compuestos con diferentes tipos de interés en función del mayor o menor riesgo del tramo que hubieran suscrito. Parecía que efectivamente si ya de por sí los precios del sector inmobiliario no estaban correlacionados, trocearlos y mezclaros entre sí reduciría todavía más su correlación. A mediados de los años 2000, había escasez de este tipo de activos pues debido a los intereses que pagaban y a la supuesta seguridad que ofrecían, la demanda había sido muy grande. Para superar esta situación se empezaron a emitir cada vez más activos compuestos con los famosos NINJA (No Income, No Job and Assets), hipotecas colateralizadas con las ganancias de eBay, con las propinas de los camareros o simplemente con activos prefrabricados a escala masiva de forma incontrolada.

Las ganancias que se generaron durante este periodo por parte de los directivos, CEOs, de estas compañías fueron cifras récord. Por ejemplo en 2008 se estimó que las cinco mayores compañías financieras estadounidenses  estaban pagando 39.000 millones de dólares en bonus en 2007 mientras algunas de ellas, como Merrill Lynch, perdían 7.800 millones. O el caso de AIG que recibió 180.000 millones de dólares en un plan de rescate, mientras por otro lado pretendía repartir 165 millones de dólares a los gestores de su departamento financiero con más problemas. Parece entonces que lo que el eminente economista conservador apunta, no se cumple en el sector financiero, pues esas cifras récord se dieron en un sector que ha causado la mayor crisis de la historia del capitalismo con unos costes financieros y sociales incalculables.

En realidad trocear diferentes activos y unirlos en uno, lejos de reducir el riesgo lo aumenta porque aquellos activos cuya evolución no tenía relación, al juntarlos en un solo título, los correlaciona automáticamente. Si la retribución estuviera en relación con el talento, se esperaría que éste estuviera relacionado con el éxito. Sin embargo, dada la evolución del sector, este flagrante error de interpretación debería haberse traducido en salarios negativos, es decir, los CEOs de las empresas financieras hubieran tenido que pagar miles de millones por ello. El resultado es justamente el contrario, al sector financiero le han sido otorgados miles de millones para sanear sus errores. No hace falta ser Nóbel de economía para atisbar que la interpretación del eminente e influyente economista Mankiw no tiene nada que ver con la realidad, sino que más bien es un ejercicio de ideología al servicio de las oligarquías que están drenando recursos de la economía productiva y con ello generando paro, desigualdad y pobreza.

La transferencia de capital que se ha producido en los últimos 30 años hacia el sector financiero parece haberles concedido un poder desmesurado. Concretamente, en un trabajo del FMI (“Por un puñado de dólares”) se muestra cómo la industria financiera que más ha gastado en lobby, es precisamente aquella que más ha participado en el proceso de titulación bancaria, y la que ha tenido un crecimiento de sus carteras más rápido. Es más, se encuentra evidencia de que aquellas áreas donde más han actuado los lobbies, más tasas de delincuencia se han dado. Además la influencia política de la industria financiera ha contribuido a la crisis financiera mediante la permisividad en la acumulación de riesgo. El lobby o grupo de presión busca modificar la legislación en favor de su actividad productiva, pero es que justamente como señalan los autores del trabajo, entre 1999 y 2006 en EEUU “el 93% de todas las propuestas de ley que promocionaban una regulación más estricta nunca llegaron a convertirse en leyes”. Por ejemplo, el ejecutivo mejor pagado el año pasado, fue John H Hammergren, de la farmacéutica McKesson, que cobró 131 millones de dólares. Por otro lado, esta empresa gastó 2,418,977 de dólares en actividades relacionadas con el lobby.

Pero además Mankiw hace una selección políticamente interesada de los estudios acerca de las desigualdades. Dado que la actividad legislativa de los gobiernos está claramente influida por el poder de los grupos de presión, no parece descabellado pensar que ha contribuido a generar desigualdades mediante las modificaciones de la legislación laboral en favor del empresario, en contra de la negociación colectiva o erosionando los salarios mínimos, como afirma Hungerford. Tampoco hace referencia a lo que se ha dado en llamar “Winner-take-all politics” término acuñado por los politólogos Hacker y Pierson para ilustrar el hecho de que la creciente desigualdad nada tiene que ver con la “preparación” sino con factores políticos. Esto apoya la tesis de Dean Baker, en su libro The Conservative Nanny State donde se explica cómo los conservadores utilizan el estado para enriquecerse. Más que estar en favor del libre mercado, utilizan esta expresión para designar un régimen en el que la actividad legislativa está al servicio del enriquecimiento de la clase dirigente.

No, Greg Mankiw no hace economía, sino que utiliza sus conocimientos en este campo del saber humano en favor de una parte de la población, cosa por otro lado perfectamente respetable. Lo que no es de recibo es que se presente como algo aséptico, objetivo y económico. Sería deseable que se dejara de presentar la economía como una ciencia “natural” heredera del positivismo lógico del siglo XVIII,  desinfectada de subjetividades e ideologías políticas, algo que incluso ha desaparecido en las ciencias exactas como la física o las matemáticas. Las diferentes ideas económicas tienen diferentes resultados en términos de distribución de renta y por tanto de poder. La economía ortodoxa, la neoclásica, de la que se deriva la ideología neoliberal, la que enseña Mankiw y todas las facultades de economía del mundo, está diseñada contra la mayor parte de la población. Es hora de dejar la economía y empezar la econoNuestra.

Iván H. Ayala
Miembro de econoNuestra
Público.es
http://blogs.publico.es/econonuestra/2013/06/27/el-mundo-a-los-pies-del-1/
 

Austeridad, evasión fiscal y auténtica democracia

La austeridad que hoy se impone tiene gravísimas consecuencias. Más desempleo y más pobreza, más enfermedades y más suicidios. La austeridad mata, como titula David Sucker un concienzudo estudio al respecto. Cabe hurgar por tanto el origen y responsables de la malhadada austeridad. 

 

La austeridad se cuece cuando la minoría rica comprueba que se acaban las vacas gordas. Años setenta. Grandes empresarios, banca y grandes fortunas ven reducirse sus beneficios. Ni siquiera la explotación de países empobrecidos evita la merma. Entonces se empezó a rebajar impuestos a los ricos, mientras el fraude fiscal devenía endémico y la economía se financiarizaba. No producir bienes y servicios, sino pura especulación financiera; por cada dólar invertido en economía real, 60 en pura especulación. La economía se convierte en un casino.

 

El proceso se acelera en 2008 cuando se hunde Lehman Brothers, “intoxicado” hasta las cejas. Su balance, pura filfa y humo, pues buena parte de activos eran deudas que jamás se cobrarían; hipotecas-basura “titulizadas”, camufladas. Hipotecas-basura que los diez mayores bancos de inversión vendieron, engañando a todo el mundo, con la calificación de muy seguras y rentables por las oscuras agencias de rating. Es la crisis.

 

El sistema financiero se tambaleó y los gobiernos acudieron raudos a inyectar muchísimo dinero para salvarlo. Los estados se endeudaron para ayudar a la banca y entonces surgieron trileros, timadores de toco mocho y de la estampita vociferando que el déficit público era inaceptable y se imponía la austeridad. Naturalmente para que los estados ahorraran y pudieran pagar intereses de deuda pública a la banca; deuda que habían comprado con barato dinero público del Banco Central Europeo. Y los gobiernos ahorraron a costa de la mayoría. En beneficio de la minoría rica.

 

¿Cuántos forman esa minoría que se beneficia de la austeridad y la supresión de derechos? Según el Informe anual de Riqueza en el Mundo 2013 de RBC Wealth Management y Capgemini, en España hay 144.600 poseedores de más un millón de dólares y en EEUU, tres millones y tres cuartos de millón. En todo el mundo, 12 millones. Un ridículo 0,17% de población contra 7.000 millones de personas.

 

Minoría no solo codiciosa y especuladora, sino también delincuente. Manipulan tipos, estafan a clientes, ocultan riesgos, se lucran con información privilegiada... y, especialmente, evaden impuestos. Pagan poquísimos impuestos, pero les parece demasiado. Y esconden sus fortunas.

 

Quienes evaden impuestos precisan blanquear su sucio dinero. Gracias a los paraísos fiscales y a buena parte de la banca. El barrio financiero de Londres (la City), por ejemplo, es el mayor lavadero de dinero negro del mundo. El blanqueo hace sorprendentes compañeros de cama, pues tanto necesita blanquear dinero sucio quien especula con fondo de inversión y no quiere pagar un duro de impuestos como el narcotraficante que vende cocaína. Como muestra, la actuación del banco británico HSBC. Según el Senado de los Estados Unidos, HSBC aceptó que criminales del mundo usaran sus servicios para blanquear ingentes cantidades de dinero del narcotráfico. También blanqueó Standard Chartered... Y otros muchos.

 

El agujero de impuestos evadidos alcanza el billón de dólares: más que los presupuestos de 176 países. Si ese billón se abonara, se acabaría con la pobreza, se doblarían las energías limpias y todos los niños del mundo estarían escolarizados.

 

Por el contrario, las crisis de las últimas décadas, y sobre todo esta crisis, han empobrecido a millones, provocado hambrunas y hecho sufrir a miles de millones. Y, según Naciones Unidas, la especulación con dinero blanqueado del crimen organizado ha contribuido a agravar las crisis financieras y económicas de las últimas décadas. Porque, como denuncia también la ONU, “la penetración de los sindicatos del crimen en las finanzas fue facilitada por los programas de ajuste estructural impuestos a los países endeudados para poder acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional”. Más claro...

 

La evasión de impuestos es delito muy grave, porque en democracia evadir impuestos es robar a la ciudadanía. Es así porque los impuestos justos, progresivos y suficientes son condición indiscutible de la democracia de verdad. Pues no hay libertad ni justicia sin asegurar la independencia material que garantiza una vida digna a toda la ciudadanía. Y eso se logra con una fiscalidad justa que permite al estado redistribuir la riqueza, ofrecer servicios públicos esenciales y protección social.

 

Xavier Caño Tamayo

Alainet

http://alainet.org/active/65170&lang=es

 

¿Quiénes son “los mercados”?

“Hay que contentar a los mercados”. Eso nos decían cuando la prima de riesgo estaba muy elevada, y eso nos siguen diciendo cuando la prima de riesgo sólo está elevada. El Estado español necesita demostrarle a los mercados que cumple sus compromisos y que tiene capacidad para devolver todo el dinero que está tomando prestado, nos dicen. Para lograrlo, el Estado debe presentar unas cuentas públicas saneadas, esto es, un déficit fiscal reducido y una cantidad de deuda total aceptable. Por lo tanto, y según este razonamiento, el objetivo del gobierno español debe ser reducir sus gastos (no todos, y unos más que otros, curiosamente) y debe aumentar sus ingresos (no todos, y unos más que otros, curiosamente). Así nos encontramos con una situación en la que el gobierno termina reduciendo las partidas presupuestarias de educación, sanidad, prestaciones por desempleo, pensiones, etc. (dejando en un segundo lugar las de Defensa, Iglesia, Corona, algunas Administraciones…) y aumentando impuestos como el IVA, el de hidrocarburos, el de las rentas del trabajo, el del tabaco, etc. (dejando en un segundo lugar los de las rentas del capital, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades…), con el objetivo final de complacer a los mercados. Pero… ¿quiénes son los mercados?

Cuando hablamos de “los mercados” no estamos hablando de un ente abstracto o indefinido; “los mercados” tienen nombre y apellidos. Con este término se hace referencia a una serie de agentes económicos (particulares, empresas y administraciones públicas) que han prestado dinero al Estado español mediante la compra de títulos de deuda pública. Vamos a ver quiénes son estos agentes económicos que poseen estos títulos.

Como se puede apreciar en el gráfico, una buena parte de estos agentes corresponde a entidades financieras españolas (38,74%). Merece la pena destacar que la inmensa mayoría de estas empresas han sido ayudadas con fondos públicos en alguna ocasión, por lo que sorprende ver que sean estas empresas ayudadas las que prestan dinero a (y por lo tanto hacen negocio con) el Estado español. Una paradoja que esconde una auténtica estafa, como vimos en un artículo anterior. El siguiente sector en importancia (37,39%) lo representan los agentes no residentes en territorio español, es decir, particulares, administraciones públicas y –sobre todo– empresas financieras extranjeras. El tercer peso más notable (13,57%) corresponde a las propias administraciones públicas españolas, fundamentalmente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la hucha de las pensiones). Otro sector importante es el de los fondos de inversión y de pensiones (7,09%). Finalmente, y con un reducido peso, tenemos a las empresas no financieras (2,45%) y a particulares (0,86%).

Ahora bien, cuando queremos bajar un poco más a lo concreto nos encontramos con un problema. Si intentamos saber quiénes son exactamente los agentes que operan con los títulos de deuda pública –para, entre otras cosas, averiguar quiénes están especulando contra ella en determinadas ocasiones (leer este artículo para entender cómo y cuándo lo hacen) – comprobamos que no hay forma de hacerlo. Podemos acceder a través del registro del Banco de España a las operaciones de compra y venta de títulos en un determinado momento, pero no podemos saber quiénes las están llevando a cabo. El Banco de España no publica esa información, y no hay forma humana de conocer con exactitud quién o quiénes están especulando con estos títulos. Uno no puede ocultar su asombro frente a esta situación, ya que si dispusiésemos de esa información podríamos saber quién o quiénes están lucrándose gracias al mayor coste que le supone al Estado financiarse (y por lo tanto, saber quiénes son en parte los responsables de los recortes que se ejecutarán en consecuencia). El argumento de los administradores del Banco de España es que conocer esa información carece de relevancia, debido a que el mercado de deuda pública es un mercado competitivo en el que intervienen muchos actores y que por lo tanto ninguno de ellos puede tener más poder que otros. Algo que, gracias a experiencias pasadas, sabemos es profundamente falso.

Sin embargo, aunque no podamos conocer el nombre y apellidos de aquellas personas que operan con títulos de deuda pública española, sí podemos saber algunas cosas de las personas que se benefician de estas operaciones (y que en última instancia son tan responsables de la sangría de recursos públicos como los que ejecutan la acción).

Empecemos centrándonos en los fondos de inversión. Como ya sabemos, los fondos de inversión son vehículos utilizados para invertir en activos financieros. Reúnen el dinero de muchas personas, y luego un operador financiero se encarga de destinar todo ese dinero a un proyecto del que se obtiene una rentabilidad. Uno de estos proyectos es la posesión de deuda pública española. Veamos qué familias utilizan estos vehículos financieros atendiendo a su nivel de renta (en la zona superior del dibujo aparecen las familias de mayor renta) (1).

Como se puede apreciar en el dibujo, a medida que las familias gozan de una mayor renta, existe mayor uso de este tipo de instrumentos financieros. Así, solamente el 2,1% del 20% más pobre de las familias españolas emplean fondos de inversión. En cambio, el 18,4% del 10% más rico de los hogares españoles acude a este vehículo de inversión. En realidad, las diferencias se hacen notablemente palpables para el 20% más rico de la población. Vemos, por lo tanto, que los principales beneficiarios de los fondos de inversión son las familias más acaudaladas.

Ahora pasemos a los planes de pensiones, que son vehículos de inversión parecidos a los fondos de inversión pero mucho menos arriesgados (y por lo tanto, recurren a comprar títulos de deuda pública en mayor medida que los fondos de inversión).

Comprobamos que se obtienen unos resultados similares a los anteriores. El 20% más pobre sólo utiliza este tipo de instrumento financiero en un 7,4% de los casos. Para las familias correspondientes al 10% más rico, esta participación es del 54,2%. Conforme las familias son más ricas, más utilizan y más se benefician de los planes de pensiones.

Veamos por último quiénes son, de alguna forma, los que se benefician de que las entidades financieras inviertan en títulos de deuda pública española. Esta constatación es la que menos información nos aporta de todas, porque existen importantes limitaciones metodológicas al respecto (no distinguimos entre empresas financieras y no financieras, no analizamos la cuantía ni evolución de los dividendos, ni conocemos en qué proporción invierten en este negocio atendiendo a cada una de las empresas). Sin embargo, se presentan los resultados como aproximación analítica, de forma que nos podamos hacer una ligera idea de quiénes son los que más se benefician de la posesión de títulos de deuda pública.

De nuevo, los resultados nos resultan familiares. Sólo el 3,5% del 20% más pobre posee acciones cotizadas en bolsa, mientras que este peso es del 34,9% para el 10% más rico de la población española. Son las familias más ricas las que más invierten en bolsa, y por lo tanto, las que más se benefician de la evolución positiva de estas empresas (especialmente en el caso del 10% más rico de la población).

En resumidas cuentas, estamos en condiciones de afirmar, pese a los impedimentos metodológicos señalados, que los principales beneficiarios del negocio de la deuda pública española son las familias más acaudaladas del país (y de otros países, en tanto en cuanto podemos imaginar que la distribución por renta de los propietarios de acciones de empresas financieras y participación en activos financieros es similar en el extranjero). Así las cosas, nos damos cuenta de que cuando nos dicen que hay que realizar recortes y aumentos de impuestos para contentar a “los mercados”, a quienes estamos contentando es en su mayoría a buena parte de las capas más acaudaladas de la población. Un perfecto fraude, por dos razones: en primer lugar, no podemos olvidar que los recortes y subidas de impuestos afectan más a las familias que menos recursos tienen y que afectan menos a las familias más acaudaladas; y en segundo lugar porque son las familias más acaudaladas precisamente quienes más se beneficiaron de las rebajas impositivas durante los últimos años, dándose la terrible paradoja de que hoy día el Estado español tiene que pedir prestado, y por favor, el mismo dinero que no hace mucho tiempo recaudaba fácilmente por impuestos a los mismos agentes económicos que hoy día se lucran con este negocio tan rentable.

Notas

(1) Empleamos los datos ofrecidos por la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España del año 2008, por ser la más reciente. Siendo conscientes del inconveniente metodológico que existe por referirse a un año distante, consideramos esta utilización de los datos como una aproximación útil debido a que las modificaciones en relación a la distribución por renta a lo largo de pocos años no suelen ser significativas.

Eduardo Garzón

Saque de Esquina

http://eduardogarzon.net/quienes-son-los-mercados/

Las guaridas

Dios debe estar preocupado, o al menos su delegado en la tierra, el criollo papa Francisco. Desde hace tiempo alguien se está robando los paraísos. Claro, no se trata de los bíblicos, pero puede prestarse a confusión. Hablamos de otro tipo de paraísos, los fiscales. Por supuesto sólo roban parte del nombre, que no es lo más importante, el robo principal se hace a los gobiernos de sus respectivos países a través de la evasión fiscal o de manera más criminal por el lavado de dinero que también allí se efectúa.

En verdad, todas las palabras que se usan son casi simbólicas, extraídas tanto de la Divina Comedia como de Robert Louis Stevenson. Se habla de fuga de capitales que se refugian en Islas del Tesoro. John Silver, el temible marinero de la pata de palo, debe estar sorprendido: los piratas se reunían en hediondas cavernas y ahora se utilizan esterilizadas bóvedas, de esas que son expertos en descubrir George Clooney, en sus films, y algún periodista argentino, que las debe conocer muy bien de tanto entrar y salir de ellas. Y no se emplea la pala para ocultar o desenterrar un tesoro. Ahora hay que aprenderse esotéricas claves (números, palabras, un dedo de la mano, un dedo del pie). Y los hacen señores bien trajeados y con lujosos portafolios que no llevan más oro o diamantes, sólo billetes de color verde y quizá, de lástima, algunos fajos de desgastados euros.

Pero de qué estamos hablando: ¿de islotes perdidos cerca de la Antártida? Nada de eso. Por ejemplo, empezando por barrios protegidos del centro de Londres, el Reino Unido va a la cabeza de esos paraísos (en este caso protestantes) en islitas como las Bermudas, las Vírgenes, Caimán, Guernesey, Isla de Man, Jersey, Gibraltar. Países enteros como Suiza, Irlanda, Luxemburgo son también paraísos fiscales, y Estados Unidos tiene un estado, Delaware, que cumple las mismas funciones. En esos lugares se apretujan bancos, hedge funds, financieras de todo tipo, sanctas y non sanctas. Por otra parte, muchas de esas mismas instituciones que evaden su obligaciones en su país de origen reciben y guardan el dinero evadido o lavado de cientos de miles de personas.

¡Voilà! los paraísos fiscales, aunque en algunos casos los zapatos se arruinen tropezando con alguna roca como en Gibraltar, cumplen su cometido (estafar, ocultar, disimular), son lugares sin identidad, sin espejos. Claro que con los medios modernos de la informática y las comunicaciones no es necesario para todos estar presentes allí físicamente, basta dejar algún empleado con una computadora Mac para resolver las transferencias de dinero o cualquier problema. No estamos hablando de un ambicioso inepto como el que hundió en Hong Kong a la Baring Brothers, nos referimos a algún hombre o mujer responsable que se conforme con las comisiones. El hecho es que desde la primera reunión del G-20 esta nueva y poderosa institución prometió suprimir los paraísos pero ha hecho poco y nada. Ya le han dado una nueva denominación más actual que la de Islas del Tesoro; ahora los llaman agujeros negros, como en una película de ciencia ficción. No lo son tanto. Si en Davos se reúne la elite de los empresarios, uno puede encontrar las mismas caras, o quizá son clones, en los paraísos fiscales.

Una primera clase de clientes son los mismos bancos o las financieras, incluso aquellas salvadas por los Estados de posibles quiebras. El ranking de los mayores veinte bancos radicados en esos paraísos en 2010 lo encabeza el UBS de Suiza con 732 mil millones de dólares, seguido por el Crédit Suisse con 720 mil millones, el HSBC del Reino Unido con 508 mil millones, Morgan Chase de Estados Unidos, el celebérrimo Goldman Sachs, que desde la crisis de los años ’30 viene haciendo de las suyas incluida su actuación en Grecia, que desató allí la crisis con sus maniobras y, entre otros, nuestro conocido Banco Santander. En el período que va de agosto de 2008 y agosto de 2009, para salvarse de la crisis estos mismos bancos, que suman 20, tuvieron 1,47 billón de euros en ayudas públicas, 300 mil euros en créditos blandos y 1,2 billón en garantías para activos tóxicos e inyecciones de capital.

En un informe revelado por la Red de Justicia Fiscal, que ha logrado revolucionar la metodología en la detección de este tipo de flujos de capitales al relacionar estadísticas del Banco Mundial, el FMI, el Banco Internacional de Pagos, analizada por expertos con información propia extraída de la banca privada y a cargo de ex dos asesores de esos lugares, las revelaciones aturden los oídos. El estudio muestra que los principales clientes de los paraísos no son los dictadorzuelos, traficantes de droga o algún pirata que todavía navega los mares (aunque también los hay), sino los ricos del mundo.

El hecho es que el TJN averigua todo y hoy sabemos que cuatro países latinoamericanos se encuentran en la lista de las 20 naciones que más dinero poseen en paraísos fiscales, reflejando una segunda clase de clientes: los individuos ricos. Así se ha podido detectar que los multimillonarios de Brasil enviaron a estos paraísos 520.000 millones de dólares, los de México, 417.000 millones, los de Venezuela, 406.000 millones, y los más pobres argentinos sólo 399.000 millones. Si devuelven al fisco lo que no le pagaron, digamos, por ejemplo, en un modesto 10 por ciento, se duplicarían las reservas argentinas y estos señores no dejarían de ser menos ricos. Fijémonos que el monto depositado allí por los argentinos representa casi el de nuestro PIB.

El cálculo del total de lo invertido en los paraísos fiscales en 2010 era cerca de 21 billones (un millón de millones) de dólares, una cifra que equivale al PIB de Estados Unidos y Japón juntos, y encabezan el ranking China, Rusia y Corea del Sur.

Incluso países europeos inmersos en una profunda crisis no se quedan atrás. Los españoles, por ejemplo, disponen de 550 mil millones de euros en esos paraísos, mientras que Rajoy quiere economizar con sus políticas de ajuste 85 mil millones a costa de aquellos que no conocen paraísos tan cercanos como Andorra. O sea los trabajadores asalariados, los jubilados, la multitud de pobres e indignados que se va gestando en los lares del Quijote sufrirá las medidas de austeridad, mientras los miles de millones de los ciudadanos ricos descansan en la seguridad de aquellos paraísos.

En Francia, François Hollande, cuyo jefe del presupuesto, Jérôme Cahusac, tenía una cuenta en Suiza y el tesorero de su campaña otra en las Islas Caimán, ha comenzado una campaña contra los paraísos fiscales. Quiere que el sector financiero y las multinacionales presenten sus cuentas de beneficios y dividendos país por país. Algunos otros miembros del G-20 (hablo que los que pertenecen al mundo hasta ahora llamado desarrollado, porque los emergentes, al menos Argentina y Brasil, ya se pronunciaron hace rato) empiezan también a reaccionar. No sea que estos informes les impidan ganar elecciones futuras.

Las conclusiones del TJN son concluyentes: “Muchos de los países considerados deudores son en realidad países ricos, pero el problema es que esa riqueza está offshore, en manos de su elites y sus banqueros privados. Además estiman que si esa cifra de 21 billones de dólares, con una modesta tasa de interés del 3 por ciento pagara un impuesto de sólo el 30 por ciento, generaría casi el doble de lo que invierten los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la asistencia para el desarrollo.

Otra ONG (Global Financial Integrity) estimó el flujo ilegal anual de capitales en América latina entre 2000 y 2009 en unos 105.000.000.000 dólares, de los cuales a la Argentina le corresponde la bonita suma de 10 mil millones.

Para finalizar, un caso concreto, el de Apple, cuyo último balance dio ganancias por 600 mil millones de dólares. Apple es una empresa que fue acusada ahora por senadores de Estados Unidos por evasión fiscal, y que creó entidades offshore que aportan parte de sus utilidades, mientras afirman no ser residentes en aquel país a los efectos fiscales. Así evitó el pagó de 9 mil millones de dólares en 2012. Recordemos que sólo el 10 por ciento del valor agregado de Apple proviene de su propio país y que la mayor parte de sus productos se fabrican o ensamblan en Singapur, China y otras regiones de Asia, lo que representa incrementar el déficit comercial estadounidense, porque esos bienes deben importarse.

En el caso de su evasión fiscal fue organizada minuciosamente. Apple creó dos filiales en Irlanda como “empresas fantasma”, donde los impuestos fiscales son menores. Y dado que en Estados Unidos el pago de impuestos se rige por la residencia de la persona jurídica, debería pagar impuestos en Irlanda. Sin embargo, para Irlanda, el lugar de pago de los impuestos es donde se encuentra el control y la dirección de la empresa, en los Estados Unidos.

Volviendo a los paraísos fiscales. En su conjunto, a principios del nuevo siglo disponían de cerca de la mitad del stock mundial de dinero y del 20 por ciento de los fondos externos de los bancos, mientras que un tercio de la riqueza de los individuos más pudientes del mundo se movía en cuentas offshore. La razón del éxito de estos “paraísos” es la existencia de una armadura legal que asegura el anonimato de las firmas o de los individuos, poniéndolos a cubierto de sus propias legislaciones nacionales y facilitando así la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. El principal activo de esos lugares, dice irónicamente The Economist, es el derecho de dictar la ley. Y no nos olvidemos de que esa ley permitió a los nazis durante la guerra proteger sus fondos en Suiza

Mario Rapoport *

* Economista a historiador, director del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales del Conicet-UBA.

Página/12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-6870-2013-06-09.html

¿Dónde va a parar nuestro dinero?

Resulta paradójico –y  al mismo tiempo aterrador– observar que en las universidades las tasas de las matrículas cada vez son más caras mientras los profesores trabajan más cobrando menos, en peores condiciones y con peores medios; contemplar cómo determinados servicios de salud empiezan a costar dinero mientras la atención sanitaria pierde calidad y sus profesionales ven deteriorados su sueldo y sus condiciones de trabajo; o constatar que ahora hay que pagar por las tasas judiciales toda vez que los procedimientos en los tribunales siguen siendo igual de lentos e ineficientes que antes. Uno no puede percibir esta realidad sin que le surja la siguiente duda: “si cada vez se recauda más pero no mejoran los servicios, ¿dónde va a parar ese dinero?”.

La respuesta hay que encontrarla principalmente en nuestra reciente y gran amiga Deuda. El Estado español, que comenzó a endeudarse tras el estallido de la crisis económica para rescatar entidades financieras y para compensar la caída de ingresos fiscales, tiene que ir devolviendo ahora todo el dinero que tomó prestado. La cantidad que se compromete a devolver cada vez es mayor debido al denominado “efecto de bola de nieve”, por el cual el pago extra de intereses de la deuda del primer año aumenta el tamaño de la deuda del siguiente año, y así sucesivamente. Un dato para ejemplificar este fenómeno: desde el año 1989, el Estado español ha pagado sólo en concepto de intereses 4,3 veces lo que debía en 1989. Este año el Estado ha estimado que pagará en concepto de intereses 38.590 millones de euros (3,86% del PIB), lo que convierte esta partida presupuestaria en la segunda más elevada de todas, por detrás únicamente de las pensiones. Si sumamos este pago de intereses a la devolución de dinero que se cumple este año la cuantía alcanza el 19% del PIB, lo que supone una cantidad absolutamente colosal destinada simple y llanamente a pagar a los que prestaron dinero al Estado en su día.

Pero, ¿quiénes son estos agentes que prestaron dinero al Estado y que hoy día están recibiendo dinero gracias a las subidas de impuestos y recortes de gasto público? Pues basta con acudir a los datos que ofrece el Tesoro Público para constatar que la inmensa mayoría de ellos, el 76,03%, está formada por entidades financieras, tanto españolas (38,74%) como extranjeras (37,29%). Solamente el 0,86% de todos los agentes que han prestado dinero al Estado son personas particulares, y solamente el 2,45% son empresas no financieras. Otro 7,09% corresponde a fondos de inversión y fondos de pensiones, que son instrumentos gestionados por las instituciones financieras, por lo que éstas también acaban sacando tajada con estas operaciones. Esto quiere decir que el Estado está canalizando buena parte del dinero que recauda hacia entidades financieras, por lo cual podemos hablar sin ningún problema de que se trata de otra forma de dar ayudas a estas grandes empresas financieras. Quien pensase que las ayudas a la banca habían terminado estaba muy equivocado.

Estas instituciones financieras están haciendo negocio con la deuda pública porque anteriormente prestaron dinero al Estado. Pero, ¿de dónde sacan el dinero en la actualidad si supuestamente tienen enormes problemas económicos? Pues fundamentalmente lo obtienen directamente del Banco Central Europeo a un coste muy bajo. El mismo Banco Central Europeo que no puede prestar dinero a los Estados porque lo tiene prohibido en el artículo 123 del Tratado de Lisboa.

Así las cosas, nos encontramos con un panorama bastante peculiar. El Banco Central Europeo dice dar dinero muy barato a los bancos españoles para que éstos saneen sus cuentas y puedan dar créditos a familias y empresas. Pero en vez de que esto suceda, los bancos prestan ese dinero al Estado a un precio mucho más elevado, con lo cual obtienen beneficios a través de esta operación. El Estado, para poder devolver poco a poco todo el dinero que le están prestando y pagar los intereses asociados, está aumentando impuestos y reduciendo gasto público. Nos encontramos, de nuevo, frente a un mecanismo de ayuda a las instituciones financieras que se materializa de forma que el coste recaiga sobre la mayoría de la población. Una ayuda encubierta a la banca permitida y apoyada por las instituciones de la Unión Europea y que puede ser calificada perfectamente como una monumental estafa.

Eduardo Garzón

Saque de Esquina

http://eduardogarzon.net/donde-va-a-parar-nuestro-dinero/

Pensiones: rebaja injusta e injustificada

El Gobierno del PP prepara una reforma profunda y regresiva del sistema público de pensiones. El efecto de las medidas fundamentales propuestas en el Informe de ‘su’ comité de expertos es una rebaja drástica, inmediata y generalizada de las pensiones públicas.

El pretexto utilizado es el su ‘insostenibilidad’, cosa que como veremos es falsa. La solución del Informe es la reducción del gasto social previsto en pensiones públicas con un recorte sustancial de los derechos adquiridos de trabajadores y pensionistas. La consecuencia sería menor distribución pública de la renta global con mayor empobrecimiento, inseguridad y desigualdad para la mayoría de la sociedad: pensionistas presentes y futuros. Sí existen algunos desequilibrios entre los ingresos y los gastos, pero al contrario que la opinión del Informe, son resolubles por el incremento de los recursos a medio plazo: más empleo, mayores salarios medios y bajos y, si es preciso, transferencias presupuestarias puntuales. Y a corto plazo se puede utilizar el fondo de reserva.

La propuesta de reforma es insolidaria y no tiene base objetiva

Su justificación es la actual política neoliberal de austeridad, sin impulso a la creación de empleo, con la apuesta por la disminución de costes laborales y la referencia principal del pago de la deuda a los acreedores financieros, consolidada en la reforma constitucional. Por ello, deja al margen y no es capaz de contemplar la alternativa de incrementar los ingresos del sistema para garantizar la suficiencia financiera del sistema público de pensiones. Pero ello es una opción política unilateral en beneficio del poder económico y financiero y frente a los intereses de la mayoría de la sociedad: los trabajadores y pensionistas. Por tanto, es una opción que por su trascendencia e impacto debe ser sometida a debate público y decisión democrática.

Lejos de la apariencia técnica, el citado Informe parte de un diagnóstico interesado: el sistema público de pensiones es insostenible. En ese sentido, dramatiza y amplifica el previsible aumento del gasto en pensiones, particularmente a través del incremento de la esperanza de vida.

Al contrario, no considera que las pensiones en España son bajas: la pensión contributiva media a fin de 2012 no llega a mil euros -955 euros-, solo algo más de la mitad (56%) del salario medio bruto -1.700 euros-. Además, en España, el porcentaje de gasto público respecto del PIB (10,1% en 2010), dedicado a pensiones públicas, es menor que en los principales países de la eurozona (15,3% de Italia, 14,6% de Francia, 12,5% de Portugal y 10,8% de Alemania, e inferior a la media de la UE-27 -11,3%-).

Tal como se detalla en otro libro (ver Antonio Antón –coord.- La reforma del sistema de pensiones, ed. Talasa), en España no hay un ‘exceso’ de gasto en pensiones, su importe no es ‘generoso’, su evolución tampoco es ‘insostenible’ y, por tanto, la actual reforma de las pensiones no tiene fundamento científico y es regresiva. Los planes de reforma impulsados desde la UE constituyen un paso relevante en la reestructuración regresiva del Estado de bienestar y el debilitamiento del modelo social europeo. Sus fundamentos son los intereses de los inversores privados, a costa de la calidad de vida de la población, las prestaciones sociales y las garantías públicas de las ‘personas’. Veámoslo detenidamente.

El ‘factor de sostenibilidad’ como justificación del recorte

Para mantener el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social el Informe propone el llamado ‘factor de sostenibilidad’ con dos medidas principales: 1) la no revalorización anual de las pensiones actuales respecto del IPC sino sobre un nuevo índice menor que la inflación, disminuyendo su poder adquisitivo (FRA-Factor de Revalorización Anual); 2) rebajar la pensión media al asociarla a variables demográficas más restrictivas, como la esperanza de vida (FEI-Factor de Equidad Intergeneracional).

Como reconoce el Informe “la aplicación del Factor de Equidad Intergeneracional da lugar a una pensión inicial que irá disminuyendo respecto a su base reguladora” (p. 12). Analicemos brevemente esta variable demográfica. Según el INE-2012, con datos que también recoge el Informe, la esperanza de vida a los 65 años es la siguiente: en el año 2014 es de 20,17 años; en el 2020, 21,14; en el 2030, 22,52; en el 2040, 23,80, y en el 2050, 24,97. Ello supone un incremento porcentual, en cada periodo respectivo, de 4,3%, 6,5%, 5,7% y 4,9%; en total casi cinco años, más de un 20% adicional de la esperanza de vida media que tenemos a los 65 años. Así, según el índice utilizado por el Informe, el resultado de esta última medida es una reducción acumulada y progresiva de aproximadamente un 5% cada década. En concreto, para el año 2030 el recorte de las pensiones sería del 10% y en el año 2050 cerca del 20%, lo que supone en torno a 20.000 millones de euros –de hoy- (2 puntos del PIB).

Respecto del otro factor (revalorización anual) no se concreta, pero alude a tener en cuenta un periodo anterior y posterior al año de referencia (para evitar cambios coyunturales muy pronunciados). También se consideran las previsiones de ingresos y gastos del sistema. Todo ello lleva abandonar la referencia del IPC como garantía de mantenimiento del poder adquisitivo, aunque la tendencia actual ya era su distanciamiento progresivo respecto de la evolución del salario medio que incorporaba, salvo en estos años, una pequeña parte del aumento de productividad. Con el nuevo índice, el resultado posible es, al menos, una pérdida de un punto anual de poder adquisitivo; es decir, en un periodo medio de cobro de 20 años la pensión final terminaría perdiendo un 20% del poder adquisitivo de la pensión inicial, con una reducción media del 10% en el conjunto del periodo.

Sumando el impacto de las dos variables tenemos que la rebaja de la pensión para el año 2050 puede rondar el 30% respecto de los derechos actuales; es decir, en torno a unos 30.000 millones de euros –de hoy-, cerca del 3% del PIB. Pero, además, según los datos del anterior Gobierno socialista, el impacto de su reforma de las pensiones, aprobada en el año 2011 y aplicada desde primeros de este año 2013, cuando se desarrolle totalmente para el año 2050, supondrá una reducción de unos 3,5 puntos de PIB, es decir, se retraerán del sistema unos 35.000 millones de euros, respecto del gasto previsto con los derechos anteriores. Si le añadimos la repercusión presupuestaria de la reciente restricción de la jubilación parcial y anticipada (calculada oficialmente en unos 5.000 millones, el 0,5% del PIB), tenemos que el conjunto de estas reformas, cuando se apliquen totalmente, van a detraer al sistema público de pensiones unos 70.000 millones de euros.

Frente a la pérdida de derechos, incremento de los ingresos

No es de extrañar esta cifra, de recorte de gasto público del 7% del PIB. En algunas previsiones oficiales (por ejemplo, de la Comisión Europea) el gasto estimado en pensiones en España, para el año 2060, antes de la reforma del año 2011, se situaba en el 17,7% del PIB y ahora, deduciendo el impacto de la reforma en vigor, lo cifra en el 13,7%. Pues bien, el objetivo institucional de gasto público en pensiones parece que se sitúa entre el 9% y el 10% del PIB, similar al de de estos últimos años. Es decir, que este gasto, el mayor de todos los gastos sociales, se pretende contener y reducir los derechos de los trabajadores y jubilados para que encajen en ese nivel distributivo. Así, aunque haya más pensionistas, vivan más tiempo y la cuantía de las pensiones que se dan de alta en el sistema sean mayores que las que se dan de baja, el total de la tarta a repartir sería el mismo; o sea, mensualmente tocaríamos a menos.

Los objetivos económicos y políticos de la derecha son la contención del gasto público social en detrimento de la seguridad de los jubilados, la prioridad a los compromisos de pago de la deuda a los acreedores financieros (la confianza de los mercados) y el impulso de una nueva oportunidad de negocio para el sector financiero al estimular los fondos privados de pensiones. Pretende imponer la pérdida de derechos y calidad de vida de la mayoría social, para defender los privilegios distributivos privados. Sus resultados son el empobrecimiento de los pensionistas y la subordinación de la mayoría de la sociedad, el retraimiento del consumo de la población y la consolidación de la desigualdad distributiva y el poder empresarial. Todo ello favorece el estancamiento económico y del empleo y la prolongación de la crisis socioeconómica.

Pero la alternativa, particularmente para los sectores progresistas, debiera ser la clásica protección social suficiente a la vejez. Existen recursos para ello y la justificación social y económica es clara. Si aumenta la esperanza de vida (un logro civilizatorio) es normal que la sociedad aumente los recursos necesarios para evitar el deterioro de la calidad de vida de los ancianos. Si el nivel de riqueza y rentas del conjunto de la sociedad se incrementa, al igual que los beneficios de la productividad del trabajo y, por tanto, la suficiencia presupuestaria y de impuestos, sería lógico que se arbitrara un nuevo acuerdo intergeneracional, con un amplio debate social, que beneficie a toda la sociedad jóvenes, adultos y ancianos. Es un principio básico para garantizar la cohesión social. El obstáculo es que la mayor parte de la tarta, y cada vez más y de forma insaciable, la quiere para sí las capas ricas y el sistema financiero. El resultado es que se somete al deterioro económico y la subordinación e inseguridad a la mayoría de la sociedad cuestionando los pilares de la solidaridad social y su bienestar.

En definitiva, para  consolidar el sistema público de pensiones y para remontar también la crisis económica hay que incrementar el empleo decente (cotizantes), las rentas salariales (bases de cotización) y la suficiencia presupuestaria con una reforma fiscal progresiva para ampliar nuestro débil Estado de bienestar y mejorar nuestra democracia. Estamos ante una pugna distributiva y democrática: las opciones están entre si la prioridad son los mercados financieros o es el bienestar público y la seguridad social. Lejos de una discusión técnica estamos ante un debate ético y sociopolítico que va a definir la calidad social y democrática de nuestra sociedad.

Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
Público.es
http://blogs.publico.es/dominiopublico/7042/pensiones-rebaja-injusta-e-injustificada/ 

Un ranking de la deuda externa global y su comparación con el PIB

Deuda externa y PIB

Al mapa interactivo de la deuda pública y privada agregamos ahora un mapa de la deuda externa, entendiendo por este concepto a esa parte de la deuda total de un país que se adeuda a acreedores extranjeros. La deuda puede ser pública o privada, y los acreedores pueden ser bancos, gobiernos o instituciones financieras como el FMI o el Banco Mundial. Una forma de ver la deuda externa es comparándola con el PIB del pais. Es lo que se presenta en la primera gráfica, que da cuenta de los 16 países con mayor deuda externa. Nótese que si bien Estados Unidos es el país con la deuda externa más elevada (16 billones de dólares), su deuda casi se equipara al PIB. No es lo que ocurre con Reino Unido, Francia y Alemania, cuya deuda externa duplica al PIB.

Los datos de deuda externa que presento en estas gráficas están tomados de la base de datos del Banco de Pagos Internacionales (BIS), el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial. Han sido actualizados al cuarto trimestre de 2012 y una planilla con los datos para 68 países se puede revisar aquí. 

La deuda externa es más importante que la deuda pública, dado que implica fugas de dinero hacia el exterior que ponen en riesgo la relación del tipo de cambio. La deuda pública tiene la ventaja de que permite reciclarse en la propia economía. No así la deuda externa, que crea un gran agujero con el constante pago de intereses en otra moneda. En la siguiente gráfica vemos la relación deuda externa, deuda pública y PIB de un conjunto de países europeos. 

 

Deuda externa, deuda pública y PIB países europeos

En esta selección de ocho países europeos, todos tienen una deuda externa superior al PIB. La situación más abultada es la de Francia y Alemania, con una deuda externa que casi duplica el PIB de estos países. Es una réplica de lo que ocurre en Irlanda, Holanda y Bélgica. Pero la deuda externa del Reino Unido es, sin duda, la más inquietante: casi 5 veces el PIB, como se aprecia en la siguiente gráfica. 

 

Deuda externa, deuda pública y PIB de EEUU, Japón, UK y China

Países pequeños como Mónaco o Luxemburgo tienen niveles de deuda externa que son desproporcionados para su PIB: 20 y 40 veces, respectivamente. El caso de Irlanda es emblemático dado que gran parte de su deuda externa de 2,16 billones de dólares corresponde al sector bancario. Similar situación a la de Islandia cuya relación deuda externa/Pib es de 999% (10 veces) y en gran parte del sector bancario.

La comparación de la deuda externa con el PIB nos permite comprender la sostenibilidad de la deuda de un país, aunque su evolución depende en gran parte de las políticas económicas que generen un nivel de crecimiento que permita pagar la deuda. Como muchos países han aplicado planes de austeridad que reducen el crecimiento e imposibilitan el pago de la deuda, la deuda se sigue reproduciendo por la vía del interés compuesto. 

En todo caso, tanto este análisis comparativo como el anterior, nos permite despejar ciertas dudas sobre la deuda y establecer que el gran problema no es la deuda pública sino la deuda privada. Es muy cierto que una deuda excesiva no puede ser sostenida indefinidamente. Pero hay momentos para recortar deuda y estos son los momentos de auge del ciclo, y no los momentos de caída. 

Marco Antonio Moreno

El Blog Salmón

http://www.elblogsalmon.com/economia/ranking-de-la-deuda-externa-global

La economía mundial se tambalea sobre una cabeza de alfiler

Desde el estallido de la crisis financiera el año 2008, Estados Unidos ha multiplicado por cuatro su base monetaria (de 870 mil millones de dólares a 3,04 billones de dólares) en lo que ha sido la mayor burbuja de activos para reactivar la economía de los últimos 100 años. Como se aprecia en la gráfica, este fenómeno adquiere dimensiones monstruosas y pese al descomunal volumen de dinero inyectado a la vena del sistema financiero, la economía no logra un despegue significativo y el desempleo aún orbita en los niveles del 7,8 por ciento.

Si consideramos que Japón y el Banco Central Europeo han desarrollado despliegues monetarios de intensidad muy similar a los de la Reserva Federal, podemos concluir el absoluto fracaso de las políticas monetarias y de toda la doctrina monetarista que se arrojaba el dominio del ciclo económico. Esto también refleja el fracaso de los planes de austeridad, cuya receta planteaba que la reducción del gasto público incentivaría la inversión y el consumo privados. Nada de eso ocurrió.

Las políticas monetarias no han logrado contrarrestrar la virulencia de esta crisis y atendiendo a las magnitudes de sus volúmenes (y a que no ha habido un correlato paralelo en términos de inflación) podemos advertir que nos hallamos en un estancamiento profundo y que la recesión que sufre Europa muy bien se puede propagar a China, Estados Unidos y el resto del mundo, por la vía de la desaceleración económica. Ya China ha experimentado un declive, al igual que Brasil y el conjunto de países latinoamericanos.

Ninguna de las recetas monetaristas ha funcionado. Ni la austeridad, ni la flexibilización cuantitativa, ni mantener las tasas de interés cercanas al cero por ciento. Pese a las masivas inyecciones de miles de millones de euros (y dólares) en el sistema financiero, los bancos, sobreapalancados y con balances deficitarios, se niegan a prestar dinero y a potenciar el músculo económico. Nadie quiere correr nuevos riesgos dado que en la historia reciente se abusó de todos los riesgos posibles que podía correr el sistema financiero. Y se abusó en exceso. 

Por eso que la economía no logra reactivarse y el mandato de la Troika que obliga a la reducción del gasto público tiene a los gobiernos con las manos atadas. De ahí que los datos de desempleo entregados la semana pasada, no dejan de dar vergüenza: 12,2 por ciento para toda la UE y 26,8 para España. Cifras que sin duda seguirán ampliándose en el transcurso de este año y el próximo dada la incompetencia absoluta de la dirigencia europea que comanda frau Angela Merkel, sin duda la persona que más ha profundizado la crisis por el afán de defender a la banca alemana. Sabido es que el Deutsche Bank es uno de los más comprometidos con los activos tóxicos y los préstamos basura.

De ahí que ahora los banqueros centrales piensen en democratizar la entrega de dinero y perfeccionar el uso del helicóptero, de tal forma que el dinero llegue a las pequeñas y micro empresas que son las que realmente mueven la economía. De esta misma manera, nada de malo habría en permitir a los gobiernos aplicar un estímulo real, con proyectos de inversión que tengan rentabilidad en el largo plazo, como las energías limpias y renovables. 

Ahora que la banca privada está completamente quebrada, muchos proponen terminar con este sistema bancario que se excede en riesgos y abusos incontrolables que obligan al masivo rescate público. La idea es que la creación de dinero (hoy de atribución plenamente privada) pase a tener un origen exclusivamente público que no genere intereses hacia los dueños del sistema. Sin duda que en la próxima reunión del grupo Bildelberg (al cual este año asistirá una nutrida delegación hispana) se estudiarán las formas de abortar esta idea. Sin embargo, una banca pública que deje de generar intereses hacia la clase dominante, y que a su vez ayude a eliminar la deuda pública, sería un rotundo cambio estructural para superar esta crisis y ayudar a evitar la próxima. 

Marco Antonio Moreno

El Blog Salmón

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