La comisión de “expertos” sobre pensiones que ha reunido el gobierno
para tomar una decisión que será trascendental sobre el futuro de las
jubilaciones cuenta con doce miembros de los que ocho están o han estado
a sueldo de aseguradoras privadas, cajas y bancos, algunos de los
cuales pueden haber cometido las mayores estafas de los últimos tiempos y
arruinado a miles de cuentacorrentistas, depositantes y preferentistas.
Obviamente, esos ocho expertos pagados por las entidades financieras
no tienen el menor interés en adoptar decisión alguna que favorezca a
los jubilados sino a las entidades que los pagan cuya finalidad es
acabar con el sistema público de pensiones y quedarse con un suculento
negocio de miles de millones de euros sin duda incrementados por la
serie de estafas posteriores que se les ocurrirán para arruinar más a
sus clientes.
En estas condiciones los tales expertos, seguramente serán muy expertos
pero, sobre todo, son unos inmorales, sin escrúpulo alguno y sin empacho
en destruir la vida de millones de jubilados cuyo último recurso son
esas pensiones que la ministra de Trabajo quiere poner en manos de los
buitres del capital. Una ministra de Trabajo, por cierto, que solo
conoce este de verlo escrito en la cartera de su ministerio.
Lo llaman “factor de sostenibilidad” por darle algún nombre que vista.
Podían llamarlo “primicia metafísica”. En el fondo, de lo que se trata
es de encontrar alguna justificación medianamente plausible para robar a
la gente el producto de una vida entera de trabajo y consiste en dos
elementos, a cada cual más canallesco:
a) desvincular el aumento de las pensiones del IPC.
b) recalcular la cuantía de las pensiones según la esperanza de vida del momento y otras cuentas que echará el Estado en cada caso.
b) recalcular la cuantía de las pensiones según la esperanza de vida del momento y otras cuentas que echará el Estado en cada caso.
Con ello se consiguen dos finalidades: rebajar año tras año las
pensiones hasta que desaparezcan, cosa que también puede suceder
fulminantemente. Imaginemos varios años seguidos con una inflación del
20 %, algo nada extraño en Europa. En tiempos de los Pactos de La
Moncloa, la inflación en España estaba en el 18 %. Al final la pensión
de los jubilados será del cero por ciento . No se olvide que, según la
ideología neoliberal que estos servidores del amo llaman ciencia,
la inflación es la típica arma con la que el poder político roba sus
ahorros y fortunas a la gente del común. Máxime a los jubilados, que no
pueden incrementarlos. Es una propuesta tan repugnante e injusta que
disgusta hasta escribir sobre ella. Pero los sedicentes "expertos" no se
detienen ahí. Por si no les saliera bien la treta del expolio mediante
la inflación, quieren asegurarse de que en ningún caso puedan subir las
pensiones por encima del IPC. Es en estos detalles en los que se aprecia
la vileza de esta gente.
Igualmente se consigue –y este es un objetivo que la derecha y sus intelectuales a sueldo buscan sistemáticamente- hacer depender la cuantía de las pensiones de factores imponderables, el capricho del mandatario de turno, su buena voluntad, lo que le dé la gana. Los pensionistas pierden así un derecho y caen en la dependencia de la arbitrariedad o la caridad de sujetos como Báñez. Exactamente lo que quiere la derecha para todo el mundo: para los trabajadores, los parados, las mujeres, los jóvenes y, por supuesto, los jubilados. Que la gente viva en la incertidumbre, no pueda hacer planes ni reaccionar ante cualquier agresión. Eliminar la fiabilidad en el cálculo de las pensiones es lo mismo que suprimir la seguridad en el empleo o terminar con la condición de funcionarios: poner a los trabajadores a merced de los caprichos de los capitalistas.
Igualmente se consigue –y este es un objetivo que la derecha y sus intelectuales a sueldo buscan sistemáticamente- hacer depender la cuantía de las pensiones de factores imponderables, el capricho del mandatario de turno, su buena voluntad, lo que le dé la gana. Los pensionistas pierden así un derecho y caen en la dependencia de la arbitrariedad o la caridad de sujetos como Báñez. Exactamente lo que quiere la derecha para todo el mundo: para los trabajadores, los parados, las mujeres, los jóvenes y, por supuesto, los jubilados. Que la gente viva en la incertidumbre, no pueda hacer planes ni reaccionar ante cualquier agresión. Eliminar la fiabilidad en el cálculo de las pensiones es lo mismo que suprimir la seguridad en el empleo o terminar con la condición de funcionarios: poner a los trabajadores a merced de los caprichos de los capitalistas.
Resulta patente: la derecha odia la idea misma de derechos porque, al
dar seguridad a la ciudadanía, la hacen fuerte, independiente y crítica y
eso no se puede tolerar. Quiere asimismo acabar con las pensiones sobre
las que, sin embargo, ha hecho recaer en muchísimos casos la última
posibilidad de supervivencia de las familias que tengan a todos sus
miembros en paro, habiéndoles arrebatado las prestaciones. Y quieren
hacerlo ya, de forma que toda la población quede sumida en la pobreza.
En nombre de cuanto hay decente en la vida solo cabe calificar a quienes
maquinan estos planes inhumanos como canallas para quienes las personas
solo son recursos.
Todo esto lo saben a la perfección los “expertos”, pero lo hacen porque
su función en la comisión del gobierno no es resolver el problema de las
pensiones –por lo demás inexistente-, sino destruir el sistema,
entregar a los viejos en manos de la codicia del capital y,
probablemente, hacer ellos su agosto pues así como los banqueros y los
estafadores (en la medida en que haya alguna distinción entre ellos) se
aseguran pensiones millonarias y se las blindan, también apartan jugosos
premios para quienes les hacen el trabajo sucio en nombre de teorías
falsas.
Este es el verdadero rostro de estos “expertos” e “intelectuales”,
presididos por Víctor Pérez Díaz, vocal de FUNCAS, la Fundación de las
Cajas de Ahorros y cuya misión obvia es llevar adelante el expolio de
las pensiones en beneficio de sus pagadores. Dado que estos individuos
se sienten fuertemente respaldados por un gobierno que, con su mayoría
absoluta, lleva año y medio agrediendo al conjunto de la sociedad,
empobreciéndola y expoliando el erario público y una UE al servicio de
las ideas más reaccionarias del neoliberalismo y en favor de los bancos,
piensan que lo más oportuno es pisar el acelerador y aplicar su
programa máximo. "Ahora o nunca”, se dicen. Y así proponen aplicar de
inmediato su programa de expolio del sector más vulnerable de la
sociedad. El año que viene. No esperar pues se pueden perder las
elecciones y el que las gane puede no aplicar este plan de destrucción
de gente.
Si el plan sale adelante en el Pacto de Toledo, la izquierda tendrá la
ocasión de cambiar las cosas en las elecciones con bastante claridad.
Con nueve millones de votos, los jubilados son una fuerza electoral
temible. Lo único que tiene que hacer la izquierda para ganarlas es
prometer que devolverá a los jubilados lo que ahora estos
pseudointelectuales carentes de todo sentido moral les arrebaten.
Porque las pensiones no son una dádiva graciosa del Estado que cuatro tecnócratas puedan variar a su antojo. Las pensiones son un derecho de los trabajadores por el que han cotizado toda su vida. Si se les niega, se comete una arbitrariedad, una injusticia que los tribunales tendrán que combatir y, si no los tribunales, la gente en la calle. La situación es explosiva y este atropello de las pensiones, la yesca que encienda el fuego de la revuelta popular que ya está tardando.
Porque las pensiones no son una dádiva graciosa del Estado que cuatro tecnócratas puedan variar a su antojo. Las pensiones son un derecho de los trabajadores por el que han cotizado toda su vida. Si se les niega, se comete una arbitrariedad, una injusticia que los tribunales tendrán que combatir y, si no los tribunales, la gente en la calle. La situación es explosiva y este atropello de las pensiones, la yesca que encienda el fuego de la revuelta popular que ya está tardando.
Ramón Cotarelo
Palinuro
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