La decisión del Tribunal Supremo portugués de declarar
inconstitucional el recorte de salarios a los funcionarios ha vuelto a
poner en la palestra el debate entre la lógica de los derechos de la
democracia y la lógica de los mercados. Es evidente que, desde sus
inicios, la contrarrevolución neoliberal se centró en demoler el sistema
legal que concedía derechos a la población, aunque la derogación de
estos derechos se ha producido fundamentalmente por la vía política. Más
que una lucha entre derecho y mercado, lo que hemos y seguimos
presenciando es una lucha entre propuestas políticas en que los
defensores de los derechos del capital van ganando por goleada. De
hecho, los mismos mercados financieros que desempeñan un papel tan
crucial en el desencadenamiento de tormentas económicas, que se utilizan
para justificar la introducción de reformas antisociales, son una
creación política. Una política que ha permitido la aparición de grandes
conglomerados financieros, de una amplia variedad de activos
financieros, opacidad fiscal, paraísos fiscales... Y una política que ha
creado un imponente entramado de salvaguardias que han evitado a este
sistema financiero irse a pique por méritos propios. Desde esta
perspectiva puede concluirse que no existe una oposición entre política y
economía, sino una confrontación entre políticas que tienen efectos
económicos diferentes.
Una cuestión distinta es analizar en qué medida una estrategia
centrada exclusivamente en la defensa de derechos formales es capaz de
contrarrestar satisfactoriamente la dinámica del capitalismo mundial.
Esta fue en gran medida la configuración del modelo keynesiano posterior
a la Segunda Guerra Mundial, el que generó reconocimiento de
negociación colectiva, prestaciones sociales y un cierto derecho a la
ciudadanía económica. Es en gran medida el núcleo de las políticas
socialdemócratas de embridamiento del capitalismo. Dejar que la
actividad económica se dirija fundamentalmente bajo pautas capitalistas e
introducir regulaciones que limitan su campo de acción y obligan a
establecer concesiones, a veces sustanciales, a la mayoría de la
población. Un modelo que sólo funcionó mientras a las élites económicas
les resultó aceptable mantener estas concesiones. El problema crucial es
que el marco legal deja en manos de los capitalistas las decisiones
cruciales de asignación y movilización de recursos económicos, y
articula un enorme arsenal de medidas que protegen las rentas de la
propiedad por encima de otras demandas sociales. Ello concede a los
capitalistas una enorme capacidad de iniciativa y acción frente a la que
la lógica de los derechos siempre va a remolque. La globalización
económica, la articulación de un nuevo marco de acción a escala
planetaria, no ha hecho sino ampliar el espacio de acción del capital y
debilitar la eficacia de la defensa de los derechos. El caso portugués
es ilustrativo: la decisión judicial sobre los sueldos públicos puede
permitir que los funcionarios recuperen su salario, pero no va a impedir
que el Gobierno practique otros recortes.
Oponer simplemente derechos a economía tiene, además, otro peligro.
El establecimiento de derechos se realiza en momentos concretos,
suponiendo que la realidad económica va a seguir inalterada. Pero la
actividad económica real está inevitablemente asociada a cambios
continuos que pueden afectar a estos derechos. En la economía actual
esto se traduce a menudo en un vaciamiento de las condiciones económicas
que permiten satisfacer estos derechos. Pero también pensando en una
gestión económica alternativa no capitalista subsiste este problema.
Siempre que pienso en una transición a una economía igualitaria y
sostenible me resulta evidente que ello obliga a tocar muchos derechos
establecidos, no sólo del capital. Pues, al fin y al cabo, nuestra
propia valoración de lo que es un marco de vida aceptable está en gran
parte fijada por nuestra experiencia pasada. Una experiencia que incluye
las luchas por los derechos, pero también el despilfarro ambiental, la
explotación colonial y el sometimiento de las mujeres.
Tenemos la necesidad de luchar por otro modelo económico que
garantice a todo el mundo condiciones materiales esenciales. Lo que
sugiero es que la estrategia de defender derechos establecidos es
insuficiente, y a veces inadecuada, para llevar a cabo una transición
hacia una economía democrática, igualitaria y sostenible; una estrategia
que obliga a plantearse la defensa de los derechos y la democracia
desde otra perspectiva. En primer lugar, aumentar los derechos sociales
en el campo de la toma de decisiones —lo que incluye la democratización
de las políticas públicas, el aumento del papel de las actividades
colectivas y la planificación democrática de actividades clave—, el
desarrollo de otras formas de propiedad y gestión económica, y la
institucionalización de la participación de la sociedad sobre las
actividades de todo tipo de empresas o unidades productivas. En segundo
lugar, introducir mecanismos deliberativos serios que permitan un
verdadero debate y una toma de decisión social sobre la forma en que se
concretan los derechos básicos. Y, en tercer lugar, desarrollar una
estrategia de acción internacional básica para quebrar el entramado de
poderes internacionales que protege y refuerza los poderes del capital.
Albert Recio Andreu
Mientras Tanto
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