De todos los datos que
proporciona trimestralmente la
Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de
Estadística, y de forma mensual el paro registrado por el Ministerio de
Trabajo, el más lacerante -y es muy difícil escoger entre todos ellos- es el
desempleo de larga duración, compuesto por los que llevan más de dos años sin
disponer de puesto de trabajo y con escasas perspectivas de cambiar de
situación.
En la mejor de las
circunstancias, cuando uno lleva más de 24 meses cobrando el seguro de
desempleo, deja de hacerlo, pues este mecanismo es operativo para crisis
económicas menos largas que la que estamos sufriendo. A partir de ese momento,
el parado de larga duración solo tiene como alternativa acudir a la paga escoba
de 400 euros (mientras sobreviva a los recortes presupuestarios), las rentas de
reinserción de algunas comunidades autónomas o la beneficencia pública o
privada.
Las cifras publicadas el pasado
miércoles por el Ministerio de Trabajo no dejan lugar a dudas: 3 de cada 10
parados ya no cobran prestaciones de desempleo. De los 4,3 millones de
ciudadanos inscritos en los servicios públicos de empleo, más de 1,6 millones
están fuera de este seguro, que es como decir ausentes de este pilar protector
del Estado de bienestar. Esta cifra es un 6% menor que hace un año, unas
100.000 personas, lo que significa que mientras la coyuntura no cambie, cada
mes hay miles de personas (en una tendencia creciente) que salen del corazón
del sistema y se convierten en marginados.
La EPA aporta una circunstancia complementaria:
alrededor de un 18% de los 4,98 millones de parados que mide esta encuesta son
las personas de referencia de una familia, sus sustentadores principales, los q
ue antiguamente se denominaban "padres de familia". Así, unas 900.000
personas -y los que dependen de ellas, sobre todo si son hijos menores de edad-
corren el riesgo de añadir factores de pobreza intensa a la situación de desempleo
que padecen.
Si a ello le sumamos el número de
hogares con todos sus miembros activos en paro -1,42 millones (el 4% del
total)-, se puede concluir que a pesar de los esfuerzos realizados en los
últimos ocho años por los Gobiernos socialistas desde las políticas públicas,
la profundidad y la extensión en el tiempo de las dificultades económicas de
los ciudadanos, la insuficiencia de las medidas de protección al desempleo, la
falta de articulación de las rentas mínimas autonómicas y las restricciones
financieras de las Administraciones públicas (que se multiplicarán en los
próximos meses, gobierne quien gobierne), en un contexto de aumento de la
pobreza y de la desigualdad, suscitan serios interrogantes sobre el peligro de
inestabilidad social en el futuro inmediato.
Por todo ello es por lo que el
desempleo es el factor diferencial de España en relación con el resto de los
países de la OCDE.
Joaquín Estefanía
El País
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