Esta crisis proviene de treinta años de transferencia de ingresos del trabajo al capital, una tendencia que hay que revertir. La crisis es consecuencia de un sistema de producción capitalista basado en la auto regulación y alimentado por la acumulación por una minoría de beneficios a corto plazo, los desequilibrios financieros internacionales, la repartición desigual de riquezas, un sistema comercial injusto, la perpetración y acumulación de deuda irresponsable e ilegítima, el pillaje de recursos naturales y la privatización de servicios públicos.
Esta crisis afecta a toda la humanidad, empezando por los más vulnerables (trabajadores, desempleados, campesinos, migrantes, mujeres,…) y los países del Sur, que son víctimas de una crisis de la que no son responsables.
Los recursos utilizados para salir de la crisis se limitan a socializar pérdidas para salvar, sin contrapartida real, al sistema financiero causante del cataclismo actual. ¿Dónde están los recursos para las poblaciones víctimas de la crisis? El mundo no sólo necesita regulaciones sino también un nuevo paradigma que ponga las finanzas al servicio de un nuevo sistema democrático fundado en la satisfacción de todos los derechos humanos, el trabajo decente, la soberanía alimentaria, el respeto del medio ambiente, la diversidad cultural, la economía social y solidaria y un nuevo concepto de riqueza. Por ello pedimos:
- Poner a las Naciones Unidas, reformadas y democratizadas, al centro de la reforma del sistema financiero, ya que le G 20 no es un foro legítimo para aportar respuestas adecuadas a esta crisis sistémica.
- La puesta en marcha de mecanismos internacionales, permanentes y obligatorios, de control de movimientos de capitales.
- El establecimiento de un sistema monetario internacional fundado sobre un nuevo sistema de reserva que incluya la creación de monedas de reserva regionales, afín de acabar con la supremacía del dólar y asegurar la estabilidad financiera internacional.
- La puesta en marcha de un mecanismo global de control público y ciudadano de los bancos e instituciones financieras. La intermediación financiera ha de ser reconocida como un servicio público garantizado a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo y ha de sacarse fuera de los acuerdos de libre comercio.
- La prohibición de los fondos especulativos y los mercados no regulados, donde se intercambian productos derivados y otros productos tóxicos fuera del control público.
- La erradicación de la especulación sobre las materias primas, empezando por los alimentos y productos energéticos, mediante la puesta en marcha de mecanismos públicos de estabilización de precios.
- El desmantelamiento de los paraísos fiscales, el establecimiento de sanciones a sus usuarios (individuos, compañías, bancos e intermediarios financieros) y la creación de una organización fiscal internacional encargada de detener la competencia y evasión fiscales.
- Anular la deuda insostenible e ilegítima y establecer un sistema responsable, democrático y justo de financiamiento soberano al servicio de un desarrollo justo y sostenible.
- Establecer un nuevo sistema internacional de repartición de riquezas mediante la puesta en marcha de una fiscalidad más progresiva a escala nacional y mediante la creación de tasas globales (sobre transacciones financieras, actividades contaminantes y grandes fortunas) con el fin de financiar los bienes públicos mundiales.
Hacemos un llamamiento a asociaciones, sindicatos y movimientos sociales para converger y crear una fuerza ciudadana a favor de este nuevo modelo y para multiplicar las movilizaciones en todas las partes del mundo, y en concreto ante el G 20, a partir del 28 de marzo del 2009.
Envío de la firma de organizaciones a: finance@eurodad.org o en http://www.choike.org/gcrisis
(nombre de la organización, país y contacto e-mail)
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