La nota del fraude

En un histórico fallo de mil quinientas páginas (dos veces más largo que “El Quijote”) emitido en Sydney el lunes 5 de noviembre, la jueza federal australiana Jayne Jagot declaró culpables a la calificadora de riesgo Standard and Poors y al banco ABN-Amro por haber mentido a los inversores.

Los engañados fueron doce municipios de Nueva Gales del Sur que en 2006 compraron al banco papeles de inversión denominados “Rembrandt” a los que Standard and Poors había dado la nota AAA (triple A), reservada para las inversiones “extremadamente sólidas”.

Los papeles que llevaban el prestigioso nombre del pintor holandés y que en la jerga financiera se conocieron como CPDO (sigla en inglés de “obligaciones de deuda de proporción constante”) jamás hubieran sido adquiridos por los concejos municipales sin esta nota, ya que de lo que se trataba era de encontrar una manera segura de colocar el dinero de los fondos de pensión de sus trabajadores.

Pero la solidez no era tal. Los papeles colapsaron con la crisis financiera global y los inversores perdieron el noventa por ciento de los ahorros de sus funcionarios, unos dieciséis millones de dólares.

La suma es ínfima, comparada con el total de las pérdidas trillonarias ocasionadas por la crisis que estalló en setiembre de 2008 con la bancarrota de la banca de inversión Lehman en Wall Street. Pero de todas maneras las acciones de McGraw-Hill, la corporación propietaria de Standard and Poors, cayeron cinco por ciento en un día, ante el temor a que el fallo siente jurisprudencia y desate una cascada de demandas.

Al explicar el sistema financiero, muchos lo comparan con un casino. Cuanto mayor es el riesgo, mayor la ganancia si el jugador acierta. La calificadora de riesgo, en esta metáfora, apenas orienta al inversor en su decisión, explicando las posibilidades de que algo ocurra, pero no es su culpa si el caballo ganador no es el favorito y el apostador pierde su dinero.

En el mundo de las finanzas reales, los garitos de juego son un modelo de honestidad al lado de los comportamientos que la jueza Jagot describe en detalle en su sentencia. El banco ABN-Amro publicó informaciones “falsas” o “negligentemente distorsionantes” sobre el sistema de apuestas subyacente en el CPDO que estaba vendiendo. Este producto fue disfrazado como bueno, utilizando un modelo matemático sesgado y tomando datos sabidamente “exagerados” para que dieran el resultado mínimo que Standard and Poors requeriría para su nota máxima. Luego, en cuatro oportunidades diferentes, Standard and Poors confió en los datos y suposiciones de ABN-Amro sin verificarlos como debería hacer -según la jueza- una agencia calificadora de riesgo “razonablemente competente”. Una sola de estas verificaciones hubiera bastado para que “Rembrandt” perdiera su nota AAA.

La nota máxima de la calificadora no sólo era un requisito para que las autoridades municipales compraran, sino que a juicio de un testigo experto, el CPDO era “grotescamente complicado”, tanto que no podía esperarse de un concejero municipal que entendiera qué apuesta estaba haciendo.

Standard and Poors anuncio que apelará. Amanda Banton, abogada de los inversores, sostuvo que “este fallo ayudará a que las calificadoras de riesgo sean responsables y a que sus notas sean transparentes”.

Aunque lejano de los centros de poder y por montos relativamente pequeños, el juicio australiano es significativo porque apunta al corazón del mecanismo que llevó a la crisis financiera de 2008. En los años previos, la desregulación financiera permitió la creación de “vehículos de inversión” cada vez más complejos y riesgosos, que eran vendidos al público como buenos. En el caso de las hipotecas, por ejemplo, los bancos ansiosos por generar negocios en Estados Unidos concedían créditos hipotecarios a familias de bajos ingresos y empleos inestables. Estas hipotecas de baja calidad eran luego divididas en partes y mezcladas con una pequeña proporción de créditos buenos. El coctel financiero resultante recibía una calificación AAA de alguna de las tres grandes agencias (Standard and Poors, Moody’s o Finch) y era vendido al público como inversión o utilizado como colateral para “apalancar” papeles derivados.

Cuando la burbuja de las hipotecas estalló, los bancos fueron rescatados. El ABN-Amro, por ejemplo, fue comprado en 2007 por el Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis, y luego vuelto a comprar por el Estado holandés cuando los dos últimos quebraron en 2009. Pero nadie rescató a los inversores engañados o a los trabajadores que perdieron sus fondos de pensión por haber confiado en las calificadoras de riesgo.

En Estados Unidos, intentos similares de responsabilizar a estas agencias por sus errores han sido frenados con el argumento de que todo lo que hacen las calificadoras es opinar y la opinión, aun equivocada, está amparada por la libertad de expresión. La jueza Jagot, con su fallo histórico, pone las cosas en su lugar: en negocios, la mentira no es opinión sino fraude, y el fraude es un delito.

Roberto Bissio

Red del Tercer Mundo

http://agendaglobal.redtercermundo.org.uy/2012/11/09/la-nota-del-fraude/

Violento atentado contra la familia

El pasado día 7 de octubre, mientras numerosas organizaciones sociales demandaban una vuelta atrás en esta política que atenta contra los derechos humanos más cotidianos de la ciudadanía: enseñanza para los niños, empleo para sus padres, dignidad para discapacitados y ancianos, salud para todos y todas y otras cuestiones que dejan a la familia en absoluta indefensión, algunos cientos de personas salieron a calles adyacentes al grito de “Por el derecho a vivir”. Frente al cromatismo de los cortejos primeros, éstos iban uniformados en potente color rojo por eso de despistarnos un poco más; ya no lo van a conseguir, porque son ellos y su modelo injusto, decadente e insolidario, los que han producido el más violento atentado fratricida que se conozca contra la familia en su totalidad.

El rojo es color que, a este lado del Atlántico, simboliza políticamente izquierda; en EEUU , sin embargo, es el color con el que se marcan los estados afines a su partido republicano, ese que forrado de dólares sacados “a tortazos”, es decir a base de especulación y desorbitada manipulación con todo tipo de negocios desregularizados e incontrolados, ha tintado el mundo de neoliberalismo y poder sobre todo para lo más destacado de su “tea party”, pasando por encima de cadáveres de todas las edades que pertenecen a millones de familias en todo el planeta. Esos cadáveres pueden empezar a amontonarse en España, su España patria, nuestro Estado. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Partido Popular (PP) están en consonancia con ese modelo y dirigidos a eliminar a la población, por tanto a la familia. Por ello y por lo que irá pasando, son cometido de esta llamada de atención como aviso a navegantes, los nuestros, pero también los suyos.

Así que en relación a esas cuentas forzadas y engañosas presentadas al Parlamento y rebatidas en su totalidad por el resto de partidos, damos algunos retazos que evidencia un lanzamiento incontrolado de bombas de racimo contra la familia. Y denunciamos cómo atacan a todos sus componentes; y señalamos a quienes gritan hasta la extenuación “Sí a la Vida” porque no les importa lo más mínimo ninguno de los miembros de esa familia. No les importa la infancia, ni su atención cuando la necesitan; la partida correspondiente a la misma es un monto residual alcanzando el recorte en un año a un 54,3 % , suma del 37,6 % realizado en 2012 y del 16,7 % que refleja este presupuesto para necesidades sociales de 506.429 niños hasta 3 años, según datos el INE. Siguiendo el orden cronológico vemos como estos presupuestos explicitan la desatención a quienes se mueven entre la escuela y la universidad. En la partida para educación aparece un recorte de 12, 3% respecto al año anterior, pero hemos de considerar que el mismo está en un 82 % en relación al 2008. A ello añadimos el encarecimiento de las tasas universitarias y la perversa exigencia del aumento de horas lectivas de los docentes, sumándose esta exigencia absurda a todo lo podado con prácticas que favorecen la enseñanza privada y abandonan la obligación del Estado de mantener una enseñanza pública de calidad. 50.000 profesores más irán a la calle, sumándose a todos aquellos que han ido desapareciendo ya de los centros, para conseguir un ratio alumno-profesor que se retrotrae a mediados del siglo pasado; y para que no quede nada sin destrozar, recortan en más de 10 Mill/€, las cantidades destinadas a becas de comedor; se da el caso de miles de niños que no pueden comer debido a la propia sinergia del empobrecimiento progresivo que esta política de traición procura a sus progenitores. Como simple anotación anecdótica, durante la larga dictadura tras la guerra, las escuelas ofrecían leche a los alumnos para evitar esa desnutrición sobrevenida; esta neo-dictadura no llega ni a eso. Sin salir del entorno educativo, se sustituyen las ayudas de libros por un sistema de préstamos, que dificultan el estudio ya que incluso para prestarlos hay enormes carencias. Como referencia añadida la partida para educación compensatoria, dedicada a alumnos con mayores dificultades, se queda en 53 Mill/€ perdiendo del presupuesto de este año 116,5 Mill/€; por tanto miles de familias, con esta problemática, aumentada por su condición de inmigrante u otras razones que la democracia debería resolver, entrarán en crisis y desasistencia educativa. Las zonas rurales quedarán en más debilidad, ostracismo y soledad; así que volvemos a la España del XIX que tan bien resultó a los burgueses, erigidos a si mismos como únicos poseedores de derechos.

Cuando pasamos al nivel de padres, madres y familiares en edad de trabajar, observamos cómo mientras el paro alcanza ya casi el 26 %, se reducen en un 6,3 % las ayudas por desempleo; millones de personas que están en esta situación, y las que seguirán aumentando la cifra, se verán con insuperables dificultades para mantenerse. Por otra parte, se prevé una decisión política que rematará a muchos, la supresión de los 426 € del subsidio, último recurso para parados de larga duración y semejantes. En muchos ámbitos familiares, puede que añadan a todo ello, un desahucio tramposo que les encadena de por vida a la entidad financiera de turno, incluso practicada por organismos que deben ser públicos y estamos obligados a auditar, como la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) o el Instituto de la Vivienda (IVIMA), ambos vinculados con responsabilidades sociales para consecución de un techo familiar en situaciones más precarias. Así que, mientras se maltrata a la ciudadanía con un bien tan sensible como su hogar, todavía no se ha resuelto algo razonable como la dación en pago, aunque sí ha sido posible un tema complejo como el cambio del Aº 135 de la Constitución vigente, de acuerdo a ello por el pago de una deuda ilegitima, la que alcanza al ámbito privado, que no público, y que está entorno al 80%, se antepone a las necesidades prioritarias de la vida de las personas; así que son las familias las que según esta política destructiva y ambiciosamente economicista están pagándola con un sufrimiento que cada vez se agrava más, porque los intereses de la deuda, también contemplado en estos presupuestos, no tendrán fin y estamos atrapados en una tela de araña que no hemos tejido.

Además estos PGE arremeten con saña contra las acciones paliativas de tipo social para dependientes y discapacitados, violencia de género, rentas mínimas, igualdad de oportunidades, drogodependencias, enmarcados en el ámbito de protección de la Ley de Autonomía Personal o bajo el programa del Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos. Todas las partidas económicas quedan extremadamente reducidas y ninguneadas en su dotación . Si hacemos un recorrido desde el 2009 vemos cómo este Plan Concertado es motivo de recortes abusivos denotando la deriva del modelo democrático hacia la primacía del sistema financiarizado; las cantidades dedicadas a ello fueron las siguientes: para 2009 fueron 99,2 Mill./€; para 2010, 97, 2 Mill./€; para 2011, 85,6 Mill./€; para 2012 quedaron en 49, 8 Mill./€ y en el nuevo presupuesto que afecta al 2013, la partida es de tan sólo 30 Mill./€, ¿Como se sujeta el reparto sin abocar a muchos miles de personas a las más pérfidas de las desatenciones, de la soledad, del desamparo en sus necesidades más primarias? ¿Cómo podrán vivir aquéllos dependientes si hay una lista de espera desesperada que no tendrá ninguna solución y la que se le ha venido engañando y engañando?.

El acceso a residencias de los dependientes ya es un sueño irrealizable, salvo para los que tengan suficientes euros en su haber que sean capaces de pagar mes a mes las facturas de las tantas residencias privadas que empresas de toda índole, muchas de ellas propiedad de entidades financieras y grandes corporaciones, han desarrollado como unos de sus más apetecibles negocios cautivos. El resto morirá en su intento de lograr ayuda, antes de que les hayan informado de su plan que tiene un coste primero de 30 € por solicitud. Los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia verán suprimida la financiación publica de las cotizaciones sociales que les afecta. En definitiva, el presupuesto para la atención a la dependencia que durante el 2012 ascendía a 1.412 Mill./€, en 2013 queda en 1.176 Mill./€, es decir un 16,6% de recorte aunque existe una previsión de 60.000 beneficiarios más, según el IMSERSO. Es de tal calado el expolio que se elimina de un plumazo el servicio de teleasistencia, único modo de contacto al exterior para miles de ancianos y en muchos casos su único modo de solicitud de ayuda ante las emergencias más graves. En el ámbito de los Servicios Sociales Básicos y en relación a la mujer y la igualdad de oportunidades se producirá un recorte de 24,1% mientras se reduce un 21% la cuantía destinada a la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades y sin embargo se incluyen dos programas nuevos relacionados con la patronal CEOE, uno para el programa de desarrollo de liderazgo y promoción de mujeres directivas y otro para el fomento del emprendimiento femenino con 250.000 y 300.000 € cada uno. ¿Cuántas mujeres de la familia se verán favorecidas por ellos y cuántos de sus proyectos redundarán en el beneficio social de la familia?

Respecto a la salud, se desprende de estos PGE que no es un objetivo prioritario de este gobierno entregado a la Troika; la partida que le corresponde evidencia el recorte más severo con casi el 23 %. Desaparecen más de veintitrés niveles de empleados sanitarios; sin razón ni inteligencia, se aumentan los horarios del ámbito medico y de enfermería en un manejo sin sentido que somete a los trabajadores a un estrés perjudicial e insalubre para ellos y sus pacientes , dándose casos tan irracionales como los de eliminar los días de descanso tras las guardias de fin de semana y semejantes. Es evidente que no quieren que nos curemos ni que estemos sanos; eligen un modelo de sanidad que logrará que en España haya hospitales de ricos y hospitales de pobre; que las personas afronten sus enfermedades con seguridad de curarlas o que su incapacidad para hacerlo las convierta en candidatas a mejor vida, sobre todo si no tiene trabajo, si son inmigrantes o si son enfermos crónicos. En cualquiera de esas circunstancias lo más probable es que no puedan mantener, a veces ni empezar unos tratamientos que no están al alcance de sus copagos, repagos, requetepagos, y mientras andan guardadas millones de cartillas de racionamiento de copago impresas para control de las compras de los pensionistas en las farmacias; y se deterioran en los almacenes porque el sistema de cobro se hará de otra forma. ¿Quienes van a responder por las facturas de tantas y tantas compras mal hechas, de tantas y tantas compras olvidadas en los sótanos sin que nunca vean la luz? Los mismos miembros de la familia a los que estos presupuestos maquiavélicos están matando por fases. Como puede pasar si una mujer se opera de cáncer de mama, tras lo que recibir quimioterapia correrá de su bolsillo o la nula atención sanitaria para los emigrantes que no están regularizados, saltándose el más mínimo mandato de nuestra democracia en materia de salud y olvidando que el IVA directo también paga la sanidad o la autorización por la Seguridad Social para que se atienda a quien teniendo más de 26 años está desempleado o artilugios como el del nuevo “presidente hereditario y oscuro” de la Comunidad de Madrid que acaba de anunciar la exigencia de pago de 1€ por emisión de receta a los pacientes de esta comunidad. ¿Podemos hacernos idea de en que cueva de ladrones hemos acabado?

!BASTA YA! Este gobierno, se ha adjudicado en virtud de su mayoría electoral, unas atribuciones depredadoras que no tiene ni podemos respetar. Que el PP acapare la mayoría de los puestos del Parlamento con sus 10.830.693 de votos no nos dice ni justifica nada, porque eso no le da ninguna legitimidad para destrozarnos la vida y el futuro a 47.190.493 habitantes del Estado español (datos del INE, 2011), politiqueando por decreto en un país que se define como democrático y en el que el gobierno debe actuar mediante juego parlamentario digno y leal; dos cualidades que ni para sus votantes adquiere, porque ellos serán también pasto de sus manejos.

Estos PGE denotan cómo ni el ente más emblemático de la derecha reaccionaria que nos gobierna, la familia, es objeto de sus desvelos; estos PGE saca con total nitidez a la luz cómo mienten con esa permanente pantomima de amor familiar. No me equivoco sobre ese uso que hace de la misma como fuente de todo tipo de virtudes que su nacionalcatolicismo ensalza por todos los medios, pero sólo para servir de elemento de confrontación o pantalla según qué se pretenda. Así que cuando alguien pregunte como en la película de Pedro Masó: “¿Y la familia?”; la respuesta no puede ser otra que: “Mal gracias , y para peor”. Siento la previsión, pero está en manos de los miles de familias del Estado, de la tuya también, empezar a cambiar este panorama. Debemos recuperar el timón de nuestro futuro; tenemos la obligación de luchar contra la insalubre forma de gobierno de quienes están en el poder, contra la violencia extrema que practican contra los servicios públicos y sociales. Ninguno de ellos son la causa del déficit, sino el objetivo de los tramposos, los poderes financieros y grandes corporaciones orquestadas desde el FMI. Entre tanto, no queremos que los millonarios aparezcan como ilustres benefactores para miles de ciudadanos hambrientos y necesitados con cuantiosas donaciones, sino que tributen en relación con sus ingentes ganancias mediante impuestos a la altura de sus verdaderos beneficios, muchos de ellos fugados a paraderos desconocidos. Eso es lo que exigimos que exista, para que los PGE no sean la pena de muerte de las familias, sino una hoja de ruta capaz de permitir la vida en dignidad de los más de 47 Mill de españoles; no queremos asistencialismo, reclamamos equidad en función precisamente de esa familia y sus necesidades a la que ni la justicia podrá dar cobertura. También quieren convertir la justicia en otro servicio exclusivo de los que pueden costearla, y de verdad que ya empieza a ser realmente cara.

Carmen Esbrí – Coordinadora Observatorio Servicios Públicos ATTAC Madrid

Los daños de la austeridad

Es uno de los clichés más gastados del cine. El héroe somete a un enemigo y enfoca su atención en otro, sólo para descubrir que el primero sigue vivo y empeñado en su tarea destructora. Hace dos años el mundo rico creía que la recesión mundial había terminado, abatida por una ola de estímulos monetarios y fiscales. Los gobernantes se enfocaron en limpiar la deuda gubernamental que había quedado. En 2011 y 2012 los déficits estructurales en todo el mundo rico se habrán reducido en 0.75% del PIB, ritmo que se acentuará en 2013, según se prevé. Pero el letargo económico no se ha ido; de hecho, la consolidación fiscal parece haberlo profundizado.

Las preocupaciones por la solvencia llevaron del estímulo a la austeridad. A finales de 2009 los mercados comenzaron a perder interés por la deuda griega. Muchos gobiernos temieron que ellos vendrían después. En octubre de 2010 el FMI llamó a apretarse el cinturón, pero algunos académicos arguyeron que el remedio sería peor que la enfermedad.

El debate se centró en el valor de una variable económica llamada multiplicador. Un multiplicador fiscal describe la variación del PIB debida a un cambio en la política de ingreso y gasto fiscal. Por ejemplo, un multiplicador de 1.5 significa que un dólar de gasto reduce el PIB en 1.50; uno de 0.5 significa que un recorte de un dólar en el gasto reduce el PIB sólo en 50 centavos. Los multiplicadores operan en los dos sentidos: durante la recesión los expertos discutían sobre el impacto económico de un dólar de estímulo, pero lo que hoy preocupa es el impacto de la austeridad.

Los cálculos

Un ejemplo simple ilustra la importancia del multiplicador. Digamos que hay un crecimiento económico de 1.5% al año y un déficit presupuestal de 1% del PIB. Si el multiplicador es 2, los recortes de gasto necesarios para cerrar el déficit producen una caída del PIB en el año posterior al recorte. La economía termina el año con un lento crecimiento y una menor carga de la deuda al final del año.

Por todas partes se hacen cálculos de multiplicadores fiscales. Algunos expertos, como Alberto Alesina y Silvia Ardagna, de la Universidad Harvard, sostienen que la consolidación fiscal podría en realidad elevar el crecimiento, incluso a corto plazo. Pero el consenso hace un par de años era que los multiplicadores andaban típicamente alrededor de 1 o tal vez menos. En su análisis de 2010 los economistas del FMI estimaban que los gobiernos que recortaran el déficit en 1% del PIB podrían esperar un impacto de corto plazo de medio punto porcentual en el crecimiento del PIB: un multiplicador de 0.5.

Esta opinión se basaba en la idea de que otros factores pueden compensar el impacto de los recortes presupuestales. Los recortes del gasto pueden impulsar la actividad del sector privado: si los gobiernos concentran el escaso capital y trabajo, la austeridad crea espacio para que las empresas privadas se expandan. En las economías abiertas, la punzada de la austeridad se puede transferir a otros países reduciendo importaciones, pero lo más importante es que la política monetaria puede servir de contrapeso a la fiscal. Los recortes de gastos que amenazan al crecimiento deben propiciar una liberación de efectivo para limitar el multiplicador.

Esto significa que la austeridad puede lastimar mucho más en unos momentos que en otros. En un documento de 2010, Alan Auerbach y Yuriy Gorodnichenko, de la Universidad de California en Berkeley, afirmaron que el multiplicador fiscal puede ser negativo en periodos de bonanza, lo cual significa que los recortes del gasto en realidad elevan el crecimiento. En contraste, durante las recesiones puede llegar hasta 2.5. Un estudio de Lawrence Christiano, Martin Eichenbaum y Sergio Rebelo, de la Universidad del Noroeste (EU), sugirió que si bien el multiplicador puede girar normalmente en torno a 1, se puede elevar a más de 3 cuando las tasas de interés caen a cerca de cero, lo cual deja menos margen de maniobra al banco central.

El momento en que sobrevino la austeridad después de la crisis no podría haber sido menos propicio. En primer lugar, muchas economías recortaron gastos al mismo tiempo, por lo que el impacto no pudo transferirse con facilidad a otras partes. Ese fue un gran problema en la zona euro, donde los vínculos comerciales son estrechos y las naciones no pueden devaluar sus divisas.

En segundo, si bien normalmente se espera que los recortes del gasto gubernamental liberen recursos para uso privado, eso tiene mucho menos importancia cuando el desempleo y el ahorro son altos. En tercero, como los costos del crédito ya están en el fondo en lugares seguros como Gran Bretaña y EU, había menos espacio para que cayeran más y nivelaran el impacto de la austeridad sobre la demanda. Por último, como muchas tasas de interés se acercaban a cero, había menos margen para medidas de política monetaria.

Para ser justos, el FMI advirtió en 2010 que la austeridad podría ser más dolorosa de lo normal precisamente por esas razones. Aun así, subestimó el impacto de los recortes.

Puede ser que apretarse el cinturón con rapidez reduzca los déficits, pero también lesiona el crecimiento más de lo que el FMI previó. El fondo ya ha visto antes esta película, dicen los críticos de la austeridad: debió haberse dado cuenta de lo que venía.

Fuentes:

The design of fiscal adjustments, por Alberto Alesina y Silvia Ardagna, NBER Working Paper #18423, septiembre de 2012.

Measuring the output responses to fiscal policy, por Alan Auerbach y Yuriy Gorodnichenko, NBER Working Paper #16311, agosto de 2010.

When is the government spending multiplier large?, por Lawrence Christiano, Martin Eichenbaum y Sergio Rebelo, NBER Working Paper #15394, octubre de 2009.

Traducción de textos: Jorge Anaya

EIU (Economist Intelligence Unit)

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2012/11/06/economia/031n1eco

 

El mito del Emprendedor (o Enterpreneur)

El neoliberalismo es por un lado la práctica social, económica y política hegemónica dentro del capitalismo contemporáneo, pero por otro lado,  también es la ideología que trata de legitimar tales prácticas. En este artículo nos ocuparemos de desmontar una parte de esa ideología: lo que llamamos el “mito del emprendedor”. Y lo haremos de forma empírica, a partir de datos y bases de datos suministradas por los propios organismos internacionales encargados de promocionar el llamado emprendimiento o enterpreneurship.

El neoliberalismo como práctica es el intento (parcialmente exitoso) de aumentar la tasa de ganancia del capital y mejorar su valorización a través de distintos métodos: privatización, apertura externa y de mercados, y desregulación y desreglamentación financiera y del mercado laboral. Por su parte, la ideología neoliberal trata de legitimar tales cambios radicales, y uno de sus instrumentos es el mito del enterpreneur. Mientras la ideología neoliberal dominante devalúa socialmente la función central de los trabajadores y sus condiciones laborales, en contrapartida realza como elemento imprescindible en la generación de riqueza el papel del llamado enterpreneur o empresario. Término al que se recurre ahora bajo el eufemismo del “emprendedor”. Es decir, del voluntarioso generador de ideas, sin el que, se dice, los trabajadores no tendrían ni siquiera trabajo, y no podrían reivindicar esos “trasnochados” derechos laborales, que apenas conservan de forma precaria.

Desmontemos el mito del emprendedor con datos y estadísticas. Todos los datos utilizados proceden del Global Enterpreneurship Monitor (GEM), que proporciona la base de datos internacional la más amplia y homogénea por países sobre enterpreneurship.

Primera falacia: La tasa de emprendimiento en España es baja, lo que explica, al menos en parte, la profundidad y duración de la crisis, el desempleo o la crisis fiscal de las administraciones

La tasa de emprendimiento en España es más alta que en las principales economías de la OCDE, como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido. Y además, lo es de forma continuada si se analizan las series históricas.

Gráfico 1

Como vemos en el gráfico 1 la medida estándar de emprendimiento (o ratio de emprendimiento) no sólo no es menor en España respecto a otros países, sino que en algunos años es incluso superior. Si no se cumple la premisa de la falacia (la tasa de emprendimiento en España es baja)  no se sigue que el origen de la crisis esté en la falta de emprendimiento, y que el apoyo a éste diera un resultado diferencialmente positivo para la salida de la crisis.

Segundo falacia: En España y los países latinos hay poco espíritu emprendedor, que implica escaso apoyo a los emprendedores, y que  su fracaso sea más probable

En el gráfico 2 se ofrecen datos de la valoración de la población en edad de trabajar sobre el emprendimiento como carrera profesional deseable. En contra de lo inicialmente esperado por los tópicos, esa valoración es superior en España, no sólo respecto a otros países europeos, sino respecto incluso a EEUU.

Gráfico 2

Tercera Falacia: El emprendimiento genera renta y empleo, y mejora la productividad, por lo que las naciones más prósperas serán las que tendrán más emprendedores.

El desmontaje de esta falacia nos parece que asesta un golpe definitivo al mito del emprendedor. Si un mayor emprendimiento generará un mayor desarrollo económico, renta, o riqueza, se tendría que apreciar una relación creciente por países entre renta per cápita y tasa de emprendimiento, a mayor emprendimiento mayor renta, y viceversa.

Sin embargo, esto es falso, en el gráfico 3 se muestra para los países europeos en la base de datos del GEM, la renta per cápita y la ratio de emprendimiento. El resultado no puede ser más decepcionante para los creyentes en el mito del emprendedor. No existe relación alguna entre emprendimiento y renta per cápita, como se puede ver fácilmente al realizar una simple regresión lineal.

Gráfico 3

Pero para los defensores y creyentes en el mito del enterpreneur, el siguiente resultado plasmado en el gráfico 4 es aún más demoledor. En el gráfico 4 se muestra la relación entre renta per cápita y ratio de emprendimiento para el conjunto de países (88 países) para los que se proporcionan datos en la base de GEM. El resultado es absolutamente opuesto a lo que la ideología neoliberal del emprendedor trata de inculcarnos. Una mayor tasa de emprendimiento implica una menor renta per cápita. Es decir, los países en desarrollo o con menor renta per cápita tienen una mayor ratio de emprendimiento que las economías desarrolladas. En la medida que la menor productividad y renta per cápita de las economías subdesarrolladas está relacionada con una mayor atomización empresarial, un mayor grado de informalidad, que son en realidad las variables que se relacionan con el llamado emprendimiento, y no la innovación o la mejora de la renta per cápita.

Gráfico 4

Evidentemente la historia del emprendedor como gran generador de renta y bienestar es pura ideología, en el sentido que su único efecto práctico es la legitimación de las políticas neoliberales (fundamentalmente de la desregulación y precarización laboral), pero carece efectos materiales sobre las causas, desarrollo y consecuencias de las políticas neoliberales.

En términos coloquiales, tener más o menos emprendedores o espíritu emprendedor no mejora ni está relacionado con la renta per cápita y/o el bienestar. Ni España es un país que carezca de emprendedores o espíritu emprendedor, según esto es medido por los propios organismos públicos y privados encargados promocionar esta ideología; ni el grado de emprendimiento tiene relación alguna con la crisis económica y financiera actual, y mucho menos con su resolución.

En definitiva, a la teoría económica clásica de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx, -que establecía el lugar central del trabajo como generador de renta y valor, sin el que el capital y su agente, el emprendedor, tan sólo sería propietario de un conjunto de medios de producción sin fin alguno, se opone un pastiche ideológico (el mito del emprendedor) sin base material y empírica alguna, como hemos demostrado, y que apenas es una mala copia del concepto de empresario schumpeteriano.

J. Rodriguez

EconoNuestra

http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=339:el-mito-del-emprendedor-o-enterpreneur&catid=51:actualidad&Itemid=75

Qué son y cómo tributan las Sicav

Sin duda alguna, en los últimos años todo el mundo se ha preguntado por el éxito y los entresijos de las Sicav españolas, unas 3.000 entidades a medias entre fondos de inversión y sociedades anónimas que, según los últimos datos oficiales, gestionan en conjunto un patrimonio superior a los 23.000 millones de euros. Como suele afirmar los expertos: “los gestores estrella del mercado español, están ahora en las Sicav”. Así, mientras que el número de fondos nuevos ha caído un 13% en los últimos doce meses con respecto a los anteriores, el número de nuevas Sicav se ha incrementado en un 32%.

Analicemos en profundidad estas entidades. ¿Qué es una Sicav?

Según la legislación vigente, una Sicav es una sociedad anónima constituida con domicilio y administración en España. Su objetivo es recaudar fondos que son gestionados y luego invertidos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros o no financieros. Por ley, su capital mínimo debe ser de 2,4 millones de euros, y debe contar con un mínimo de 100 accionistas. Como vemos, no es tan sencillo crear una Sicav, ya que son necesarios unos requisitos que no están al alcance de todos.

Historia de las Sicav

La primera legislación sobre este vehículo de inversión se remonta a 1964, cuando se regularon las Sociedades de Inversión de Capital Variable y los Fondos de Inversión Mobiliaria, aunque las primeras sociedades de inversión de capital fijo se remontan a la década anterior. Las Sicav son instrumentos de Inversión Colectiva que, en lo que se refiere a regulación y fiscalidad, son similares a los fondos de inversión del resto del mundo. Sin embargo, a diferencia de éstos, están extendidas fundamentalmente en Europa y tienen fórmula societaria. En España, las Sicav fueron creadas en 1983 por el gobierno de Felipe González para que los ricos mantuvieran su dinero en España y no se produjera una fuga de capitales, aunque la normativa que las consagró definitivamente data de la época de los gobiernos de José María Aznar.

Durante casi una década, resultaron un buen instrumento para que las grandes fortunas tributaran lo mínimo: el 1% en el Impuesto sobre Sociedades frente al 30% que pagan las empresas. Para evitar la doble imposición entre el impuesto de sociedades y el de la renta (IRPF), la solución en todos los países del mundo ha sido declarar exentas a las Sicav y a los fondos de inversión y trasladar la tributación a sus accionistas o partícipes. De manera que, desde 1990, las Sicav tributan al tipo del 1% mientras que el accionista o partícipe lo hace al tipo que le corresponda en su declaración de IRPF o Sociedades. A ello se suma el impuesto correspondiente a las plusvalías obtenidas (algo parecido a los fondos de inversión, aunque éstos tributan un 0% pero a cambio gestionan patrimonios de inversores ajenos).

La Sicav de la empresaria Alicia Koplowitz, Morinvest, se erigió como la que, al final de 2011, gestionaba el mayor patrimonio: 444 millones de euros. Con 339 millones, le siguió la Sicav de la familia Del Pino, a través de Joaquín del Pino. La Soandres de Activos (327 millones), de Rosalía Mera, la Torrenova de Inversiones (286 millones), de March Gestión, y la Cartera Inmobiliaria (248 millones), de Santander Asset Management, completaron la clasificación de las cincos sociedades con mayores patrimonios en 2011. En cuanto a las gestoras, BBVA Patrimonios continúa en primera posición, con una cuota de 11,28%, mientras que las captaciones patrimoniales netas las lidera Bansabadell Inversion, con 180 millones de euros. Santander Investment, por su parte, encabeza las sociedades por depositarias, al representar el 13,56%.

Hasta hace pocos meses, la principal ventaja tributaria de las Sicav la constituía la posibilidad de realizar una reducción de capital, así a priori no existía cambio patrimonial en el accionista, dado que se supone el método FIFO para valorar los flujos de caja. Este método supone que las primeras entradas de capital son las primeras salidas que se llevan a cabo.

Así, el valor de adquisición de la acción se reducía y la devolución del nominal al socio no tributaba dado que se suponía que el dinero correspondía a la aportación de capital inicial y no a un reparto de dividendos encubierto.

Muchas Sicav usaron la vía de reducción de capital como mecanismo para sacar dinero de la estructura posponiendo el pago de impuestos al futuro. De esta forma, la tributación podía diferirse eternamente e incluso no llegar a producirse nunca. Sin embargo, en 2011 se cayó el mito y el glamour se esfumó. La modificación normativa realizada en 2012 obliga ahora a tributar por la ganancia patrimonial, también en el caso de reducciones de capital.

¿Cómo tributa actualmente una Sicav?

Las Sicav otorgan las mismas ventajas fiscales que los fondos de inversión, puesto que gozan del régimen de instituciones de inversión colectiva. Las operaciones que realizan tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades (para el ejercicio 2.011), mientras que los accionistas tributan por las plusvalías obtenidas, vía reparto de dividendos o vía venta de las acciones, al tipo establecido para las rentas de capital en España. Desde el 1 de enero de 2.012, dichos rendimientos tributan al tipo fijo del 21% los primeros 6.000 euros anuales, al 25% entre 6.001 y 24.000 euros y al 27% a partir de 24.0001 euros. En principio, la entidad tributa a un tipo reducido, pues sus ganancias ya han tributado en la entidad participada y, posteriormente, cuando se integran en la renta de los accionistas, tributarán al tipo general de las rentas del ahorro.

¿Cuál es entonces el gran beneficio de las Sicav?

La gran ventaja de invertir a través de una Sicav no es, como muchas veces se piensa, que se reduzcan los impuestos, sino que permite diferir el pago de los mismos. Las plusvalías generadas por las inversiones tributan a un exiguo 1%. Es decir, prácticamente nada. Si los accionistas retiran su dinero se les aplica la tributación normal (la que se aplica a cualquier inversionista por las rentas del capital mobiliario), que en la actualidad oscila entre el 19 y el 21%. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué ocurre si el dinero permanece a nombre de la Sicav?

En otros términos, un ahorrador común tributará entre un 21% y un 27% de tipo efectivo actual, retire o no sus ahorros, viendo mermada las ganancias de los mismos en una cuantía que puede suponer de media una cuarta de los ahorros iniciales. En cambio, el accionista de la Sicav sólo tributará si retira su dinero.

¿Pero qué ocurre en una Sicav? Aquí está la clave del asunto. No existe ninguna obligación de retirar el dinero, con lo cual el pago de impuestos se diferirá y diferirá hasta que el accionista decida retirar su inversión.

La fórmula es: Pagar menos impuestos y mayor reinversión de capital.

Pero no acaban aquí las ventajas, ya que por obra y gracia del interés compuesto, las Sicav permiten incrementar el patrimonio de forma mucho más rápida. No es lo mismo reinvertir un 99% de las ganancias (lo que queda después de pagar el 1%) que reinvertir un 75%, como haría una persona física. No es raro, por tanto, que las Sicav sean el instrumento de inversión preferido de los grandes capitales, ya que les permite eludir el doloroso mordisco que Hacienda propina al sufrido contribuyente normal.

Ya por último, podemos dejar volar nuestra imaginación y pensar que los accionistas no tienen por qué ser personas físicas, sino que pueden ser sociedades, fondos, incluso otra Sicav, con la posibilidad entonces de realizar nuestra propia planificación fiscal a la hora de determinar cuándo y cómo querremos que tributen esas ganancias patrimoniales. Y es que, a diferencia de los fondos de inversión gestionados por entidades de crédito, en las Sicav son los inversores los que tienen el pleno control político y estratégico de la inversión, detalle muy a tener en cuenta si queremos entender el cómo y el porqué del funcionamiento de este tipo de sociedades anónimas.

La fuga de capitales no es tan fácil… ¿o sí?

Una modificación de la fiscalidad de las Sicav implicaría una deslocalización hacia otras Sicav de la Unión Europea (Irlanda y Luxemburgo), en los que, como en el resto de los países de la Unión Europea, el tipo del impuesto sobre sociedades aplicable a estos instrumentos es 0%.

Para empezar, los accionistas que quisieran trasladar el patrimonio al exterior tendrían que liquidar la entidad, y eso tendría consecuencias inmediatas de cara al fisco. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que la mayor parte de esos accionistas, con grandes fortunas, tienen otros intereses fijados en España, fundamentalmente de tipo empresarial. Y lo más importante, el traslado de ese patrimonio accionarial estaría sometido a fuertes controles, ya que existe una directiva comunitaria que obliga a los países a enviar información fiscal o a aplicar una retención a las inversiones de aquellos que depositen los ahorros en su territorio. De hecho, hay países en Europa que exigen la declaración anual de las ganancias aunque no se hayan retirado las inversiones o beneficios.

Un contribuyente, en este caso estamos hablando de Sicav con un capital mínimo de 2,4 millones de euros, es decir, “una gran fortuna”, debe tributar por su renta mundial en territorio español. El problema por lo tanto, no es que el capital se fugue al extranjero. El verdadero problema es que el capital “se evapore” al extranjero, no dejando rastro de su identidad, y en ello tiene mucho que ver la existencia de paraísos fiscales donde el intercambio de información es nulo con la Hacienda Española. El grado de opacidad es tal, que se desconoce tanto el importe, los rendimientos y, cómo no, la verdadera titularidad del patrimonio allí trasladado.

Pero como siempre el equilibrio está en el punto medio. No debemos ni permitir una legislación que ahogue nuestras posibilidades de gestión de patrimonios por entidades nacionales, ni una legislación que permita la salida de capitales sin retorno ni posibilidad de control alguna.

La pregunta que debemos hacernos es fácil, ¿por qué un país como Luxemburgo, miembro de la Unión Europea, con apenas medio millón de habitantes, posee una prima de riesgo equiparable a Alemania, un déficit únicamente del 17% del PIB cuando la media europea se sitúa en el 61% y, tomen nota, es la principal plaza financiera de la Unión Europea? De los 15.000 fondos que se comercializan en Europa, 13.000 están ya domiciliados en Luxemburgo. De hecho, Luxemburgo ocupa el segundo lugar en el ranking mundial por volumen de activos financieros gestionados, administrando un capital de 2,1 billones de euros, sólo superado por Estados Unidos.

Mucho camino queda por recorrer en materia financiera, pero desde luego ningún país puede progresar si sus beneficios no tributan en el mismo, se permite la deslocalización del capital, y el esfuerzo fiscal siempre recae en los mismos. Desde luego es un problema a escala global, pero es un problema que hay que solucionar pues estamos viendo cómo los cimientos de nuestro estado de bienestar, ya no se tambalean, sino que empiezan a desplomarse bloque a bloque.

Críticas a las Sicav

La principal crítica dirigida a este tipo de entidades ha sido, sin duda alguna, su instrumentalización. Son utilizadas con frecuencia, no para reunir ahorradores con la idea de reducir costes en la gestión y negociación de su patrimonio, sino que estas han sido a menudo vistas como herramientas legales de las grandes fortunas para evadir impuestos. Llegan a las 100 personas necesarias para constituir una Sicav gracias a individuos que sólo aportan su nombre a la sociedad (conocidos como socios de paja o mariachis). A menudo estos están muy relacionados con el inversor que aporta la mayor parte del capital (lazos de subordinación, familiares...). Desde este punto de vista, la Sicav dejaría de funcionar como instrumento colectivo para convertirse en una forma de gestión de un patrimonio individual.

No piensen mal, una sociedad anónima que no tributa al tipo general del 30% sino que tributa únicamente el 1% de sus ganancias, que además pertenece a una persona o familia en concreto (con total control sobre las inversiones y la entidad en su conjunto), quienes con los rendimientos que únicamente tributan al 1% pudieran adquirir bienes “necesarios” para la entidad (inmuebles, vehículos, bienes de lujo… pónganle imaginación) cuyo disfrute asumiría inmediatamente el titular (persona o familia), no se puede decir que se corresponda a la idea de Sociedad de Inversión Colectiva que reguló la norma en su origen.

La moraleja es inmediata, en primer lugar controlemos las sonoras cifras de fraude estimadas en nuestro país, y cifradas por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en torno a los 89.000 millones de euros, máxime cuando los protagonistas del 72% de dicho fraude son los grandes patrimonios y las grandes corporaciones empresariales y, además, dejemos de aplicar recortes en servicios esenciales y subidas de impuestos regresivos en las rentas bajas y medias.

Ya lo dijo Winston Churchill, “una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando del asa”.

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto.e y coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).]

Mientras Tanto

http://www.mientrastanto.org/boletin-107/notas/que-son-y-como-tributan-las-sicav

Los paraísos fiscales y la fuga de capitales

Un estudio sobre los paraísos fiscales(1) que publicó en semanas recientes el Tax Justice Network –TJN- revela la gravedad de la fuga de capitales y de la evasión tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se había estimado. Estos datos confirman, además, que constituye uno de los problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo, y por ende contribuye a agudizar la pobreza.

El estudio hace un estimado –que considera conservador– de que para 2010, el monto de fondos de la riqueza privada que se encuentra invertido en más de 80 jurisdicciones offshore (extraterritoriales) -donde las cuentas se manejan bajo reserva y prácticamente libre de impuestos-, fluctúa entre 21 y 32 billones de dólares (o sea, millones de millones).

De este total, alrededor de un tercio, esto es entre 7,3 y 9,3 billones de dólares, provendría de 139 países de bajo o mediano ingreso. Es más, el 61% de este monto corresponde a un grupo de solo 10 países, que incluye a Brasil, México, Venezuela y Argentina. Se trata principalmente de rentas financieras acumuladas desde los años ’70 por las élites privadas de estos países, y que no se han registrado en sus países de origen. Estas cifras abarcan solo los activos financieros; no se ha calculado otro tipo de inversiones, por ejemplo en oro, bienes raíces, yates, etc.

Al hacer un balance de activos y pasivos, el estudio demuestra que gran parte de los países considerados deudores en realidad serían prestamistas netos, si estos recursos no se hubiesen sustraído de su sistema financiero. En efecto, los 139 países mencionados, que incluyen a todas las principales economías en desarrollo, “registraban una deuda externa bruta agregada de US$4,08 billones en 2010”. Al restar las reservas en el exterior de estos países, invertidas mayoritariamente en valores en el Primer Mundo, se constata que “su deuda externa neta agregada suma una cifra negativa de US$ 2,8 billones para 2010”. De allí se concluye que, si a ello se suman los recursos desviados al sistema offshore, estos países supuestamente endeudados, “no tienen nada de deudores: son prestamistas netos, del tenor de $10,1 a $13,1 billones”.

El problema, sin embargo, es que “los activos de estos países están en manos de un pequeño número de individuos ricos mientras que las deudas recaen en la gente ordinaria de estos países a través de sus gobiernos”.

La pérdida en términos tributarios es también enorme: teniendo en cuenta las ganancias no declaradas que han generado estas inversiones offshore desde 1970, la pérdida en los últimos 40 años podría alcanzar alrededor de US$ 3,7 billones, estima el estudio.

El TJN -red internacional dedicada a la justicia tributaria, con sede en el Reino Unido- desarrolló una metodología nueva para hacer estos cálculos, que estima mucho más verídica que los métodos que han utilizado tradicionalmente las instituciones financieras internacionales. Por lo mismo, expresa una fuerte crítica a estos organismos, pues, “han prestado una mínima atención a este ‘agujero negro’ de la economía global”, siendo que ellos “tienen un acceso fácil no solo a los recursos analíticos, sino también a muchos de los datos primarios que se requieren para cuantificar con más precisión las dimensiones de este problema”. Y pregunta: “¿Por qué se hacen la vista gorda?”

La pérdida para los países en desarrollo es aún mayor, si a ello le sumamos el hecho que la mayoría de acuerdos de inversión extranjera –incluidos los TLCs- se acompañan de acuerdos de doble imposición. Estos acuerdos generalmente prevén que los inversionistas extranjeros puedan tributar en su país de origen, y no en el país que les provee los recursos, mano de obra, servicios, etc. con los cuales realizan sus ganancias. Muchas veces, mediante subterfugios como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones, estas empresas terminan sin pagar en ninguno de los dos países: o sea, se produce una doble evasión, y estas rentas se desvían hacia los paraísos fiscales.

Cambiar los esquemas de negociación

Una cosa es reconocer el problema pero otro es lo que los países latinoamericanos puedan hacer para comenzar a solucionarlo. En entrevista con ALAI, David Spencer, abogado norteamericano especializado en legislación financiera y asesor de TJN, opina que una mayor colaboración entre gobiernos de la región podría mejorar su capacidad de negociación. Considera que UNASUR, por ejemplo, podría intensificar esfuerzos en este sentido. A la vez, le llama la atención la escasa colaboración que se da en el seno de grupos como el G77, para abordar este tema ante las instancias correspondientes de la ONU. Una de las soluciones que sugiere Spencer es insistir que los centros financieros provean información a otros países sobre los activos que sus residentes mantienen en su sistema financiero.

El abogado reconoce, sin embargo, que existe una fuerte resistencia de las economías avanzadas para abordar el tema con seriedad, pues ellas “se benefician enormemente de este flujo de capitales hacia sus instituciones financieras: del City Bank en Nueva York a City Bank Cayman Islands; o del Morgan Bank a Morgan Panamá, por ejemplo. Estas instituciones financieras dependen fuertemente de los depósitos de latinoamericanos ricos, y no quieren detener el flujo de fondos”; hecho que se traduce en presiones sobre sus gobiernos para que las cosas no cambien.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las principales economías desarrolladas) en principio ha expresado preocupación por esta fuga de capitales; pero poco ha hecho para impedirla. Spencer reconoce que la OCDE estableció una especie de "lista negra" de 40 países considerados paraísos fiscales, pero puso como requisito para que un país sea borrado de la lista, que firme al menos 12 acuerdos de intercambio de información. Lo que hicieron estos paraísos fiscales fue firmar acuerdos entre ellos, y así casi todos salieron de la lista, sin que nada haya cambiado.

Spencer señala que una puerta de negociación posible es el hecho que a EEUU, por ejemplo, también le interesa obtener información tributaria sobre sus residentes con activos en América Latina. Entonces esto hace posible establecer acuerdos de intercambio de información fiscal. En cambio resulta mucho más complejo hacerlo con los paraísos fiscales, donde no se aplican las mismas reglas. Y de hecho, gran parte de los fondos regionales sustraídos se encuentran en países como las Islas Caimán, Bermuda, Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas o Panamá.

Para TJN, la búsqueda de soluciones como éstas a la fuga de capitales y la evasión fiscal debería constar entre las primeras prioridades de las políticas mundiales de reducción de la pobreza.

- Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.

(1) James S. Henry, The Price of Off-shore Revisited, Tax Justice Network, Julio 2012. http://tjn-usa.org/storage/documents/Price_of_Offshore_Revisited_72612.docx
 http://alainet.org/active/59232

Tramposos banqueros

A aquellos ciudadanos que aún lo ignoraban, la crisis les está demostrando que los mercados financieros son los principales protagonistas del actual momento económico de Europa. Representan un cambio fundamental: el poder ha pasado de los políticos a los especuladores de Bolsa y a una cohorte de tramposos banqueros. 

Cada día, los mercados mueven sumas colosales. Por ejemplo, casi 7 billones de euros, sólo en deudas de los Estados de la eurozona, según el Banco Central Europeo. La decisión colectiva diaria de esos mercados puede ahora derrumbar Gobiernos, dictar políticas y someter a pueblos.

El drama, además, es que estos nuevos “amos del mundo” no sienten ninguna preocupación por el bien común. La solidaridad no es su problema. Menos aún la preservación del Estado de bienestar. La única racionalidad que los motiva es la codicia. Especuladores y banqueros, movidos por la avidez, llegan a comportarse como mafias, con mentalidad de aves de rapiña. Y con una impunidad casi total. 

Desde que, en 2008,  estalló la crisis –en gran parte causada por ellos–, ninguna reforma seria ha conseguido reglamentar los mercados, ni meter en vereda a los banqueros. Y a pesar de todas las críticas formuladas contra la “irracionalidad del sistema”, el comportamiento de muchos actores financieros sigue siendo igual de cínico.

Es evidente que los bancos representan un papel clave en el sistema económico. Y que sus actividades tradicionales –estimular el ahorro, dar crédito a las familias, financiar las empresas, impulsar el comercio– son constructivas. Pero desde la generalización, en los años 1990-2000, del modelo del “banco universal”, que añadió toda clase de actividades especulativas y de inversión, los riesgos para los ahorradores se han multiplicado así como los fraudes, los engaños y los escándalos.

Recordemos, por ejemplo, uno de los más desvergonzados, protagonizado por el poderoso banco de negocios estadounidense Goldman Sachs que hoy domina el universo financiero. En 2001, ayudó a Grecia a maquillar sus cuentas para que Atenas cumpliese los requisitos y pudiese ingresar en el euro, la moneda única europea. Pero en menos de siete años, aquella fullería se descubrió y la realidad estalló como una bomba. Consecuencia: “Casi un continente sumido en la crisis de la deuda; un país, Grecia, expoliado y de rodillas; recesión, despidos masivos, pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores; reestructuraciones y sacrificios de los beneficios sociales; planes de ajuste y miseria” (1). 

¿Qué sanciones recibieron los autores de tan nefasto engaño? Mario Draghi, ex vicepresidente de Goldman Sachs para Europa, al corriente por tanto del fraude, fue premiado con la presidencia del Banco Central Europeo (BCE)… Y Goldman Sachs cobró en recompensa, por el maquillaje de las cuentas, 600 millones de euros… Confirmando así un principio: en materia de grandes estafas organizadas por los bancos, la impunidad es la regla. 

Lo pueden confirmar los miles de ahorradores españoles que compraron acciones de Bankia el día en que esta entidad salió a Bolsa. Se sabía que no tenía ninguna credibilidad y que el valor de su acción, según las agencias de calificación, ya estaba a un paso del bono basura…

Los ahorradores confiaron en Rodrigo Rato, presidente entonces de Bankia y ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien no dudó en afirmar el 2 de mayo de 2012 (cinco días antes de dimitir ante la presión de los mercados y poco antes de que el Estado tuviese que inyectar en la ­entidad 23.500 millones de euros para evitar su quiebra): “Estamos en una situación de mucha robustez desde el punto de vista de solvencia y también desde el punto de vista de liquidez” (2)… 

Cierto es que, menos de un año antes, en julio de 2011, Bankia había superado aparentemente las “pruebas de resistencia” realizadas por la European Banking Authority (EBA) a las 91 mayores entidades financieras de Europa. Bankia había obtenido un Core Tier I Capital (capital de máxima resistencia) del 5,4% (3), frente a un mínimo exigido del 5% en una situación de máximo estrés. Lo cual da una idea de la incompetencia e ineptitud de la EBA, organismo europeo encargado de garantizar la solidez de nuestros bancos…

Otras personas que pueden testimoniar sobre la desfachatez de los banqueros son las víctimas, en España, del “escándalo de las participaciones preferentes”. Un fraude que afecta a más de 700.000 ahorradores que han perdido sus economías. Se les hizo creer que adquirían algo parecido a un depósito a plazo fijo… Pero las participaciones preferentes son un producto financiero que no está cubierto por el fondo de garantía de los bancos. Éstos no están obligados –si no poseen liquidez– a devolver el capital inicial, ni los intereses generados.

Este timo también ha revelado que los ahorradores españoles víctimas de engaños bancarios no pueden contar con la protección del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (4). Ni, obviamente, con la del Gobierno que sigue ayudando masivamente a la banca mientras su política de recortes y austeridad castiga en permanencia a la ciudadanía. Para ayudar al sistema bancario español, Mariano Rajoy solicitó a la Unión Europea un crédito de hasta 100.000 millones de euros. Entretanto, los bancos españoles siguen favoreciendo la huida masiva de capitales… Se estima que, hasta septiembre pasado, 220 000 millones de euros se habían fugado oficialmente de España (5) … Una suma más de dos veces superior al crédito solicitado a Europa para salvar el sistema bancario español… 

Pero no terminan aquí los escándalos. Podríamos recordar que, estos últimos meses, los fraudes bancarios no han cesado. El banco HSBC fue acusado de blanquear el dinero de la droga y de los narcotraficantes mexicanos. El JP Morgan se lanzó a especulaciones desmedidas asumiendo inauditos riesgos que le acarrearon pérdidas de 7.500 millones de euros, arruinando a decenas de clientes. Igual le sucedió a Knight Capital que perdió más de 323 millones de euros en una sola noche a causa de un error de un programa informático de especulación automática por ordenador…

Pero el escándalo que más está irritando, a escala mundial, es el del Libor. ¿De qué se trata? La Asociación de Banqueros Británicos propone cada día un tipo interbancario llamado “London interbank offered rate” o  Libor por sus siglas en inglés. El cálculo de esa tasa lo realiza la agencia Reuters la cual, diariamente, pregunta a dieciséis grandes bancos a qué tipo de interés están obteniendo créditos. Y establece una media. Como es el tipo al que se prestan dinero los principales bancos entre ellos, el Libor se convierte en una referencia fundamental de todo el sistema financiero mundial. En particular, sirve para determinar, por ejemplo, los tipos de las hipotecas de las familias. En la zona euro, el equivalente del Libor se llama Euribor y se calcula sobre la base de la actividad de unos sesenta grandes bancos. En el mundo, el Libor influye sobre unos 350 billones de euros de créditos… Cualquier variación –por mínima que sea– de ese tipo puede tener una incidencia colosal.

¿En qué consistió el fraude? Varios bancos (de los que sirven de referencia para establecer el Libor) se concertaron entre ellos y decidieron mentir sobre sus tipos, manipulando de ese modo el Libor y todos los contratos derivados, o sea los créditos a los hogares y a las empresas. Y eso durante años.

Las investigaciones han demostrado que una decena de grandes bancos internacionales –Barclays, Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, Crédit Suisse, UBS (Union des Banques Suisses), Société Générale, Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland– se organizaron para manipular el Libor.

Este enorme escándalo demuestra que la delincuencia se halla en el corazón mismo de las finanzas internacionales. Y que, probablemente, millones de familias pagaron sus hipotecas a unas tasas indebidas. Muchas tuvieron que renunciar a sus viviendas. Otras fueron expulsadas de ellas por no poder pagar unos créditos artificialmente manipulados (6)… Una vez más, las autoridades encargadas de velar por el buen funcionamiento de los mercados hicieron la vista gorda. Nadie ha sido sancionado, aparte de cuatro compinches (7). Todos los bancos implicados siguen haciendo negocios.

¿Hasta cuándo las democracias podrán soportar esa impunidad? En 1932, en Estados Unidos, Ferdinand Pecora, un hijo de emigrantes italianos que llegó a ser fiscal de Nueva York, fue nombrado por el presidente Herbert Hoover para investigar la responsabilidad de los bancos en las causas de la crisis de 1929. Su informe fue abrumador. Propuso el término de “banksters” para calificar a los “banqueros gángsteres”. Sobre la base de ese informe, el presidente Franklin D. Roosevelt decidió proteger a los ciudadanos de los riesgos de la especulación. Sancionó a toda la banca imponiéndole el “Glass-Steagal Act” y estableciendo (hasta 1999) una incompatibilidad entre dos tipos de actividades: los bancos de  depósitos y los bancos de inversión. ¿Qué gobierno europeo de la zona euro tomará una decisión semejante? 

(1) Eduardo Febbro, “El gran truco que usó Goldman Sachs con Grecia”, Página 12, Buenos Aires, 13 de marzo de 2012.

(2) El País, Madrid, 2 de mayo de 2012.

(3) Basándose en ese deplorable informe, algunos ‘analistas’ afirmaban –¡hace apenas quince meses!–  que el sistema bancario español figuraba entre “los más sólidos del mundo”… He aquí, por ejemplo, lo que escribía un ‘diario de referencia’: “De hecho, los grandes bancos españoles superan holgadamente los requisitos de capital exigidos para resistir un hipotético deterioro extremo de la economía durante los próximos dos años” (El País, Madrid,15 de julio de 2011).

(4) Varias asociaciones han puesto a disposición de las víctimas su gabinete juridico. Consúltese, por ejemplo: la Asociación de Usuarios de Bancos, Seguros y Cajas de Ahorro (ADICAE) (adicae.net), y la Unión de Consumidores de España (www.uniondeconsumidores.info).

(5) Cinco días, Madrid, 21 de octubre de 2012.

(6) En España, país que tiene la ley más brutal en la materia, desde que se inició la crisis en 2008, más de 400.000 desahucios –es decir, desalojos a la fuerza de viviendas o locales–, han sido ordenados por los jueces.

(7) El banco Barclays  fue condenado a una multa de 365 millones de euros. Despidió a su presidente, Marcus Agius. Su Consejero Delegado, Bob Diamond, uno de los responsables de la manipulación del Libor, dimitió… a cambio de una indemnización de aproximadamente 2,5 millones de euros.

Ignacio Ramonet

Le Monde Diplomatique

http://www.monde-diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=34f882dc-f93c-4f4e-9c69-4c2852cdae9d