sábado, 9 de enero de 2010

Los Bancos Centrales como problema

Este artículo critica la independencia que los Bancos Centrales en la UE, incluido el Banco Central Europeo, tienen del poder político, lo cual explica que antepongan los intereses de los sistemas bancarios por encima de los intereses generales de la sociedad.

Uno de los problemas mayores que existe con los Bancos Centrales en Europa (tanto los nacionales como el Banco Central Europeo, BCE) es que, por lo general, se ven a sí mismos como defensores del sistema bancario, el cual ejerce una excesiva influencia sobre ellos. Creer que tales Bancos centrales están gobernados por profesionales apolíticos motivados por el bien común es de una ingenuidad muy costosa para la economía productiva y para el bienestar de la población. La gran mayoría de sus directores tienen los intereses del sistema bancario como su preocupación esencial. Tanto la experiencia del Banco de España, como la del Banco Central Europeo así lo confirman.

De ahí que haya sido un error haberles dado plena independencia, sin responsabilidad frente al poder político. Tal medida se justificó con el argumento de que los gobernadores de los Bancos centrales tenían que ser conscientes de que no sufrirían sanciones al tomar medidas impopulares. Era, en realidad, una manera de proteger a los sistemas bancarios, pues cuando tomaban decisiones que dañaban a amplios sectores productivos y a la población que trabajaba en ellos, los bancos centrales quedaban (y continúan quedando) impunes. De nuevo, la experiencia del Banco de España, como la del Banco Central, muestran la veracidad de esta observación.

Esta independencia de instituciones públicas (como son los bancos centrales), no es sólo un insulto al carácter democrático de nuestras sociedades, sino también es una medida muy equivocada, pues los intereses del sistema bancario no siempre coinciden con los intereses generales. Son muchas las veces en que tales intereses no son convergentes. Tales bancos centrales debieran estar supervisados por representantes elegidos por la población (es decir, miembros de los Parlamentos), a los cuales deberían rendir cuentas, y cuyos directores debieran poder ser destituidos según el deseo popular. Una de las grandes paradojas es que el gobierno federal de EE.UU., el cual se percibe en Europa como un gobierno liberal, tiene un Banco Central, el Federal Reserve Board, cuyos gobernadores son nombrados por el gobierno federal (con la aprobación del Congreso de EE.UU.), al cual rinden cuentas. Tal Banco Central tiene en su mandato el objetivo de “conducir la política monetaria del país, a través de influenciar las condiciones crediticias y monetarias de la economía, con el objetivo de alcanzar el máximo empleo posible, además de mantener precios estables”. El mandato incluye, de manera preferente, alcanzar el pleno empleo, además de controlar la inflación, un orden de prioridades inverso al que tienen los Bancos Centrales en Europa, incluyendo el Banco Central Europeo. Es precisamente en la Unión Europea donde se ha enfatizado más la independencia de los Bancos, siendo tal independencia una condición de pertenencia a la Unión Europea. Su máxima expresión se ha alcanzado con el Banco Central Europeo. Tal independencia es un indicador del enorme poder del capital financiero en la Unión Europea. Y ello ha significado un coste elevado, pues han predominado los intereses del sistema bancario sobre las necesidades del sistema económico productivo, del crecimiento económico y de la creación de empleo. El hecho de que la Unión Europea haya tenido en los últimos treinta años un crecimiento económico y una tasa de creación de empleo menor que EE.UU. se debe precisamente a este hecho. El Banco Central Europeo ha liderado las políticas favorables al sistema bancario, promoviendo como principal objetivo conseguir una estabilidad de precios a la baja (es decir, una inflación –el mayor enemigo del sistema bancario- lo más baja posible), a costa de un menor crecimiento económico y de una baja creación de empleo. Esto lo ha conseguido mediante el encarecimiento del dinero y del crédito (con elevados intereses bancarios, mucho más elevados que en EE.UU.) y a base de dificultar la expansión del gasto público, siguiendo los criterios de Maastrich, según los cuales los estados miembros de la UE tienen que tener un déficit del estado igual o menor al 3% del PIB, condición que hubiera excluido a EE.UU. de poder ser aceptado en la UE, pues los déficits del gobierno federal de EE.UU. han sido durante el periodo 1980-2007 superiores al permitido en la UE.

Si al mundo empresarial y a la ciudadanía se les dificulta conseguir prestamos y dinero para invertir y consumir y al sector público se le obstaculiza poder aumentar el gasto público y con ello estimular la economía, es lógico y predecible que el crecimiento de la economía, y la creación de empleo será menor que si al mismo país y al mismo continente (en este caso la UE) se les hubiera permitido tener políticas crediticias más favorables e intereses bancarios más bajos, y sus estados pudieran haber tenido un mayor déficit y un mayor gasto público. Esto es fácil de entender y es lo que ha estado pasando. De ahí que querer mantener estos criterios en estos momentos de gran recesión es enormemente erróneo y debiera denunciarse, pues las políticas impuestas por organismos como los Bancos Centrales (incluyendo el BCE) son enormemente costosas y están haciendo un gran daño a la mayoría de la población. Las izquierdas debieran denunciar este enorme dominio del capital financiero en los países de la UE, que se basa en la independencia por parte de los bancos centrales que debiera interrumpirse, permitiendo un mayor control de tales bancos (todos ellos entes público) por parte de los representantes de la población.

Dos últimas observaciones. Como es predecible, el sistema bancario y sus Bancos Centrales (incluyendo el BCE) niegan ninguna responsabilidad en la destrucción del empleo, atribuyéndolo a las supuestas rigideces del mercado de trabajo y a lo que consideran excesiva permisividad pública hacia los déficits públicos. Y a través de sus agencias evaluadoras de los bonos e instrumentos bancarios penalizan a aquellos estados que consideran excesivamente tolerantes hacia su déficit público. El caso más reciente es la evaluación de los bonos del estado español, por parte de la agencia Standard & Poor’s, penalizándolo por lo que consideran ser déficits excesivos. Es absurdo (y no hay otra manera de decirlo) considerar –como lo considera la Banca y sus apologistas como Sala i Martín- (ver Sala i Martín, Enterrar a Keynes, La Vanguardia, 17.12.09) tales agencias como independientes de la Banca. Tales agencia están, en la práctica, pagadas por la Banca y están al servicio de la banca. Fallaron estrepitosamente en su supuesta evaluación del valor de los productos bancarios, definiéndolos como excelentes justo una semana antes de que colapsaran. Su credibilidad es nula y son instrumentos de los intereses bancarios. Considerarlos independientes es un ejemplo más de la impermeabilidad del dogma liberal a los datos que les rodean. Lo que estamos viendo hoy es una enorme agresividad del capital financiero hacia los Estados que, conscientes de la gran responsabilidad que los bancos han tenido en causar la crisis actual, están acentuando su intervencionismo, que aún cuando ha sido hasta ahora extraordinariamente limitado, está causando una gran preocupación en los sistemas bancarios. En EE.UU., incluso el que fue en su día Gobernador del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board) Alan Greenspan, admitió en una entrevista al Finantial Times que “la nacionalización de la Banca puede ser la menos mala de todas las opciones”. Y tanto el The New York Times como el Washington Post han publicado artículos pidiendo la nacionalización de la banca. Es en este clima intelectual que parece irresponsable que se quieran mantener los Bancos Centrales que supervisan la banca como agentes independientes, sometidos primordialmente a la influencia de la banca. Que no se esté considerando la pérdida de tal independencia es un indicador más de la excesiva influencia del capital financiero sobre el poder político.

Vicenç Navarro

Fuente: Sistema Digital

sábado, 2 de enero de 2010

La lenta recuperación económica

Un comentario habitual en la prensa diaria y en la prensa económica es que la recuperación económica ocurrirá mucho antes que la disminución del desempleo. Se acentúa en tales medios que el crecimiento del PIB dejará de ser negativo y comenzará a crecer lentamente este año o el próximo, pero se matiza inmediatamente que tal crecimiento no se traducirá automáticamente en un descenso del desempleo. En realidad, en EEUU, la economía ha comenzado a crecer y en cambio el desempleo en lugar de disminuir ha ido aumentando. ¿Cómo es esto posible?

Para responder a esta pregunta tenemos que entender que esta situación (en la que la recuperación económica no va acompañada de un descenso del desempleo) no es nueva, sino que ha estado ocurriendo en cada ciclo económico existente en los últimos 30 años. Durante este periodo ha habido tres ciclos económicos, es decir, situaciones en las que el crecimiento económico ha disminuido de una manera acentuada para luego recuperarse y crecer de nuevo. Pero cada vez el crecimiento es menor. Así, en EEUU, que ha sido uno de los mayores motores de la economía mundial, el crecimiento económico en cada periodo de recuperación económica ha sido menor que en el ciclo anterior. Mientras que el crecimiento económico anual fue de un 5% del PIB (como promedio anual en las recuperaciones económicas) durante el periodo 1950-1975, este fue sólo de un 2,5% en la última recuperación durante el periodo 2001-2007. Lo mismo ocurrió con la tasa de creación de empleo, que fue de un 2,5% por año durante la época 1950-1975 y sólo de un 0,9% en el periodo 2001-2007.

Lo que es también importante señalar es que mientras los salarios aumentaron un 3,8% cada año durante el periodo 1950-1975, aumentaron sólo un 1,8% durante el periodo 2001-2007. Y, a la inversa, los beneficios empresariales, que habían subido un 7,4% al año durante el periodo 1950-1975, se incrementaron sustancialmente, alcanzando un 10,8% durante el periodo 2001-2007. Es en estos últimos datos donde está el meollo de la cuestión. El crecimiento de la productividad, y de la riqueza que ello conlleva, no se ha estado distribuyendo equitativamente durante estos últimos 30 años, como consecuencia de la aplicación de las políticas liberales. Esta riqueza se ha concentrado más y más en las esferas del capital (es decir, del mundo empresarial) a costa del mundo del trabajo (ver Las silenciadas causas de la crisis, en Público, 19/03/09). Ello ha determinado, por un lado, un descenso muy marcado de las rentas del trabajo con el consiguiente descenso de la capacidad adquisitiva de la población y disminución de la demanda, lo cual explica la ralentización del crecimiento económico, que ha forzado en esta crisis un aumento provisional del gasto público para cubrir este déficit de demanda y así poder estimular el crecimiento económico.

Por otra parte, la ralentización de la demanda ha contribuido a la baja producción de empleo y al decrecimiento de la economía llamada productiva (es decir la economía donde se producen y distribuyen bienes de consumo), siendo esta sustituida por la economía especulativa basada en el capital financiero (es decir, en los bancos). Es la crisis financiera, basada en la especulación, la que ha consumido mayor atención de los medios y de la vida política. De ahí que se hayan hecho propuestas para dificultar los comportamientos especulativos del capital financiero y para forzar a la banca para que ejerza su función proveedora de crédito. Pero aún cuando se están tomando medidas en este sentido (y las aprobadas hasta ahora son muy moderadas e insuficientes), la crisis continuará, con una recuperación económica muy débil y con unas tasas de creación de empleo muy bajas, tal como confirma lo que está ocurriendo en EEUU y en la UE. En realidad, la recuperación en la UE es incluso menor que en EEUU como consecuencia de que el estímulo económico público ha sido menor en la UE (2,5% del PIB como promedio) que en EEUU (5,6%). Pero lo que no se está resolviendo es la enorme escasez de demanda y gran endeudamiento, consecuencia de la enorme polarización de las rentas (tanto en EEUU como en Europa) y causa de la pérdida adquisitiva de las clases populares.

En EEUU, la crisis actual dura ya 17 meses, siete más que el promedio de las recesiones anteriores desde la II Guerra Mundial, con una destrucción de empleo (-4,1%) mucho mayor que en las recesiones anteriores (-2,1%). De ahí la gran importancia, no sólo del estímulo económico público, sino también de la creación de la demanda a base de aumentar la capacidad adquisitiva de la población, a costa de reducir la exuberante concentración de las rentas y de la riqueza en las rentas superiores, a partir de políticas públicas redistributivas que no se están haciendo. Sin que ello ocurra, la recuperación continuará muy floja y limitada.

Estamos viendo una situación semejante en España, donde la masa salarial como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo desde 1993. El salario medio también ha ido descendiendo tal como confirma la Encuesta de Estructura Salarial (bajó de 19.802 euros en 2002 a 19.680 en 2006). Mientras tanto, las rentas del capital aumentaron muy significativamente. La defensa de las políticas que favorecían las rentas del capital se basaba en el argumento de que facilitarían el crecimiento económico. El argumento que “antes que redistribuir hay que crecer” se convirtió en el eslogan liberal, ampliamente utilizado en las culturas mediáticas y políticas del país. Pero tal tipo de crecimiento (basada en el favoritismo a las rentas del capital) creaba menos crecimiento económico y menos producción de empleo que el que se hubiera dado si tal crecimiento hubiera estado basado en una mayor redistribución de la riqueza. Lo que se necesita ahora es “redistribuir para poder crecer y crear empleo”.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1748/la-lenta-recuperacion-economica/

martes, 8 de diciembre de 2009

La economía sostenible

La presentación del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible marca un antes y un después en la política económica del ejecutivo y deja una vez más en entredicho a la oposición de derecha, empeñada por boca de Rajoy en decirle a los ciudadanos que el gobierno no está haciendo nada.

A pesar de lo que se ha dicho, me parece que la ley es necesaria para tratar de corregir el rumbo de la economía española porque, si bien es cierto que esto solo se consigue finalmente cuando los sujetos económicos actuamos de otro modo, para que eso pueda llegar a producirse es necesario que los poderes públicos establezcan al mismo tiempo, y a ser posible con antelación, incentivos y desincentivos adecuados, que proporcionen recursos colectivos suficientes y, en general, un marco normativo de actuación que permita que la actividad se lleve a cabo de un modo o de otro.

Y me parece también, como acabo de señalar, que casi todo lo que está en el anteproyecto es necesario para cambiar de rumbo, aunque entiendo que hay algunas cuestiones que creo que son contradictorias con el objetivo que se pretende (como elevar obligatoriamente la edad de jubilación), otras insuficientes (como los compromisos en materia ambiental) y algunas muy importantes que se han soslayado.

Una observación previa importantes es que, en general, el Anteproyecto está dirigido a reorientar la actividad económica hacia otros sectores productivos, cuando la sostenibilidad tiene bastante más que ver con el cómo se produce que con el qué producir. No basta con que la actividad se reconduzca hacia nuevos sectores sino que, incluso en los que ahora forman la base del modelo productivo, se llevase a cabo de otro modo.

Y, además, eso no tiene que ver solamente con la dimensión material de la producción, que es fundamental, sino también con su inseparable dimensión distributiva (además de la ambiental).

También creo que, aunque no se haga explícito, el Anteproyecto es siervo de un modo de pensar que tiende a concebir, a mi juicio equivocadamente, que la base de la sostenibilidad es el crecimiento, cuando en realidad es más bien al contrario: el crecimiento entendido como un proceso ilimitado es lo verdaderamente insostenible. Digo esto porque de no prevalecer esta creencia, quizá se hubiera puesto más énfasis en las infraestructurales sociales que en las materiales, en el desarrollo de mercados internos más que en la internacionalización de la economía, en la vertebración más que en la competitividad, o más en el bienestar que en el crecimiento. Es decir, que se propondrían construir más escuelas de infancia, por ejemplo, que kilómetros de carreteras o de Aves.

Por otro lado, el Anteproyecto y en general la estrategia de economía sostenible del gobierno apenas si tiene recorrido sobre cuestiones que son centrales y de las que verdaderamente depende que se puedan consolidar un modo diferente de crear riqueza y de distribuirla. Para lograr incrementos de productividad que no lesionen el empleo, para reequilibrar nuestras cuentas exteriores, cuyo déficit volverá a ser insostenible una vez que la actividad se recupere si no se cambia de modelo y de pauta de reparto, para generalizar la innovación en el tejido productivo, para lograr que la economía española sea competitiva a través de vías distintas a la moderación salarial constante (la vía cutre de desarrollo que promueven la patronal, el Banco de España y los académicos que ambos promocionan), para disminuir nuestra dependencia energética o para disponer de los recursos públicos suficientes para favorecer todo ello, hacen falta más medidas y desgraciadamente más contundentes que contiene el Anteproyecto. Aunque cabe desear y esperar que en el iter que le llevará a convertirse definitivamente en ley se amplíen algunos de sus contenidos y compromisos en esos campos.

En cualquier caso, el mayor problema al que se enfrenta el Anteproyecto es que resultará imposible que la economía española avance hacia una mayor sosteniblidad si no afronta los factores que verdaderamente la limitan hoy día.

Es cierto que la insostenibilidad tiene que ver con un modo de producir que despilfarra y destroza recursos humanos, materiales y medioambientales, que genera residuos que ni siquiera contabiliza y que no repone todos los recursos ni el capital que consume. Pero no solo con eso. Un modelo económico como el actual de España es así mismo insostenible cuando se basa en la polarización de rentas más alta de Europa, cuando su sector financiero sigue una lógica que nada tiene que ver con la financiación de la creación de riqueza productiva y el empleo sostenibles en nuestro interior, cuando solo se propone competir bajando salarios y precarizando el empleo, cuando se jibariza constantemente al Estado y se reduce el gasto público que se necesita para crear el capital colectivo que satisface las necesidades sociales y alimenta y apoya a la iniciativa privada, cuando se deja que su inserción con el exterior sea sumamente dependiente y esclava de las grandes transnacionales o incluso de otros estados, cuando apenas si se hace nada para evitar que casi una quinta parte de la actividad económica sea “en negro” o que las rentas más altas hagan mutis por el foro a la hora de contribuir a la hacienda pública.

Como he apuntado antes, el mayor obstáculo para lograr que nuestra economía sea sostenible material, medioambiental y socialmente son las políticas económicas que vienen prevaleciendo en los últimos años de la mano del fundamentalismo liberal. Ni siquiera las ya de por sí tímidas medidas que se propone llevar a cabo el Gobierno (como está ocurriendo con la emblemática Ley de Dependencia) darán sus frutos sin reorientar la política económica general, sin reforzar las bases del Estado de Bienestar, sin combatir la desigualdad y sin frenar el poder de los grupos industriales y financieros que en definitiva son los que imponen el modelo en el que estamos.

Para avanzar hacia la sosteniblidad de la economía española hay que partir de la aplicación de políticas económicas distintas a las que se han impuesto en la Unión Europa y que aquí defiende la patronal y el Banco de España. Si nuestra economía está en la situación en la que está y por eso se desea cambiar su rumbo y su modelo productivo es un completo absurdo tratar de hacerlo aplicando las mismas políticas que han llevado a la situación en la que estamos y que han fortalecido el modelo que se quiere modificar.

Los grandes centros de poder se esfuerzan por sacar adelante sus propuestas y no debe ser fácil ni grato enfrentarse a ellos pero si el gobierno español desea verdaderamente hacer frente a la situación y no dejar empantanada a la economía española no tiene más remedio que articular un discurso y una práctica política diferente a la que con insistencia proclaman el Banco de España y la patronal. Claro que no lo podrá hacer solo. Precisa del apoyo de su propio partido y de otros de izquierdas, de los sindicatos y, sobre todo, de los ciudadanos.

Publicado en Sistema Digital
www.juantorreslopez.com

sábado, 5 de diciembre de 2009

Recuperación global

"En la historia sólo hay una certeza: el hombre nunca aprende", dijo una vez el gran Winston Churchill. Esta aguda observación parece confirmarse una vez más con la actitud de los dirigentes de las grandes economías. Todo transcurre como si la salida actual de la crisis debiera hacernos olvidar que no se ha propuesto ninguna gran reforma estructural de la economía mundial. El sistema sigue siendo frágil, y nada nos garantiza que, en un futuro muy próximo, no sufriremos una nueva explosión. De momento, se imponen dos constataciones. Por un lado, la recuperación sólo ha sido posible gracias a una enorme inyección de fondos públicos en el sector privado, es decir, gracias a una contribución masiva del ahorro colectivo para único beneficio de los grandes bancos; por el otro, el retorno de un ligero crecimiento en los países ricos no crea prácticamente empleos, lo que significa que el desempleo sigue estancado o que crecerá aún más. Pero la recuperación global pone también en evidencia las contradicciones que están en el origen de la crisis. Estamos asistiendo en estos momentos a una verdadera guerra monetaria dentro del triángulo Estados Unidos, Europa, China. Estados Unidos sólo ha sido capaz de detener la crisis gracias a dos condiciones: porque los chinos han contribuido ampliamente a ayudarles, al mantener e incluso incrementar sus compras de bonos del Tesoro americano, y porque el monopolio de un dólar muy débil los pone relativamente a salvo de la competencia internacional. El reciente viaje de Barack Obama a China ha confirmado esta complicidad al ratificar de facto la paridad del dólar con el yuan.


La única solución equitativa sería la creación de una moneda mundial común que obedeciera a reglas conjuntas


Los europeos han hecho otra elección. El BCE quiere mantener un euro fuerte (cuyo valor de media es de uno y medio con respecto al dólar) y se dispone incluso a subir los tipos. Es en este contexto en el que se ha celebrado la reunión de Nankín, el 30 de noviembre, entre la UE y China. En esta ocasión, los europeos han querido ejercer presiones para que China revalorice el yuan, el cual, debido a su debilidad, proporciona a las mercancías chinas una ventaja comparativa invencible. Desplegamos aquí todos los argumentos: "competencia desleal", ya que los asalariados chinos no disponen prácticamente de derechos sociales ni de seguridad social, "deterioro del medio ambiente", "proteccionismo" del mercado chino, etcétera.


Es un espectáculo divertido ver a los dignatarios de Bruselas, acostumbrados generalmente a proponer rebajas de los derechos de los asalariados europeos en nombre de la flexibilidad del mercado de trabajo y de la competencia internacional, convertirse de golpe en paladines de la justicia social. Pero bueno, les daremos la razón... Sin embargo, la pregunta que queda en suspenso es la siguiente: ¿a santo de qué debiera aceptar China estas conminaciones, ya que lo único que hace es alinearse con el dólar, la moneda mundial dominante? Dicho de otro modo, ¿por qué los europeos no piden lo mismo a los estadounidenses?

El verdadero problema es que el conjunto del sistema monetario está infectado. Actúa sin ninguna lógica. El cuadro es edificante: un dólar más débil que nunca, con una tasa cero, y que sigue chupando del ahorro mundial; un euro fuerte, que permite principalmente a Alemania exportar en condiciones muy ventajosas sus mercancías dentro del mercado único; un yen japonés en alza, que penaliza las exportaciones de este país y, finalmente, un yuan chino imperial, la única moneda que en estos momentos puede competir con el dólar. Si las cosas siguen así, China se convertirá en unos 15 años en la primera potencia comercial del mundo, según la mayoría de los especialistas monetarios. La consecuencia de esta mutación es mecánica: comportará efectos sociales comparables a los engendrados por la dominación del dólar en el contexto de una economía mundial enteramente abierta, es decir, el alineamiento con los modelos sociales más precarios.


En verdad, si queremos establecer una buena gobernanza de la competencia internacional, la única solución equitativa sería la creación de una moneda mundial común que obedeciera a reglas fijadas conjuntamente. Durante la cumbre de Londres, se pensó en ello por unos momentos. Viendo que la reunión podía transformarse en un tribunal contra el yuan, el gobernador del Banco de Shanghai sugirió la creación de un patrón común en sustitución del dólar. Respuesta: Obama mandó de urgencia a Timothy Geithner, el secretario del Tesoro, a Pekín para defender el dólar como moneda mundial. Moral de la historia: si los europeos quieren que Pekín les tome en serio, que empiecen primero por barrer delante de su casa, exigiendo a Estados Unidos, como hacen con China, un comportamiento monetario más responsable.

Traducción de M. Sampons.


Sami Nair.

Fuente: El País



sábado, 7 de noviembre de 2009

La dictadura de los banqueros

El poder político real es ejercido a nivel mundial por un pequeño grupo de individuos sin escrúpulos que se encuentra en EE.UU., un país gobernado por dirigentes de sociedades secretas, que coincide que son los dueños de los seis principales bancos. Este pequeño grupo dirigente constituye el cerebro que domina el mundo”.
Louis de Brouwer, consultor de la ONU-UNESCO.

En las manifestaciones con motivo de la huelga general del pasado 19 de marzo en Francia, la pancarta de cabecera rezaba: “El pueblo antes que los banqueros”. En EE.UU. la furia popular se ha desatado hasta el punto de que se aconseja a los dirigentes de bancos y de AIG que no salgan a la calle con nada que les pueda identificar. En Inglaterra tambien se ha desatado la caza del banquero: Fred Goodwin, consejero delegado del Royal Bank of Scotland, se halla en paradero desconocido despues de recibir amenazas. El pueblo, empobrecido y airado, empieza a identificar al enemigo.

Los ciudadanos asisten estupefactos al espectáculo de unos gobernantes que esquilman las arcas públicas para salvar a una banca que no responde ante ellos, ni ante nadie, sobre el destino del dinero que reciben; unos gobernantes que parecen impotentes o resignados ante ella. La razon de esa parálisis-sumisión es porque, en su inmensa mayoría, están puestos ahí por ella, que los coopta o financia sus campañas electorales (Sarkozy y Gordon Brown son protegidos de la banca Rostchild; y Obama está virtualmente secuestrado por Wall Street); los pocos restantes están estrechamente “vigilados”. Son los gobiernos, pues, los que responden ante la banca y no al revés. Por otra parte, los bancos centrales, supuestamente independientes, son, en realidad, tentáculos del clan banquero para consolidar su poder mundial, y tampoco responden ante nadie ni son elegidos democráticamente (el analista mexicano Alfredo Jalife Rhame se refiere a ellos como “la dictadura centralbanquista”).

No existe en las constituciones ni en los programas electorales de los países con economía de mercado ninguna ley o principio que diga que cualquier empresa privada puede quebrar excepto los grandes bancos, ya que -hayan hecho lo que hayan hecho- “son demasiado importantes para dejarlos caer”. Una declaración semejante supondría una arbitrariedad y una vulneración de las reglas de dicha economía de mercado, salvo que se considerase a los bancos rescatados como empresas semipúblicas, bajo control, por tanto, del Estado; pero en el neoliberalismo la nacionalización de la banca está, por principio, excluída. Y sin embargo el lema -no declarado- “la banca primero” ha estado como una regla de oro detrás del comportamiento de todos los gobiernos occidentales, que saquean sin pudor los fondos publicos (¿no deberían ser procesados por malversarlos?) como si el reflotamiento de la banca privada constituyese una prioridad sobre cualquier otro problema económico o social. Las reticencias para salvar a la General Motors, empresa emblemática de la industria estadounidense, contrastan con la ayuda inmediata e incondicional recibida por el Citibank, ejemplo perfecto de banster (banco ganster). Este inicuo salvamento de los victimarios con dinero de las víctimas, dejando a éstas en el más completo desamparo, no tiene precedentes en la historia de las modernas democracias y desvela que los gobiernos neoliberales son meros instrumentos de una, hasta ahora camuflada, dictadura de Los Banqueros (con mayúscula, para referirnos a la gran banca, pues la pequeña está siendo absorbida por ésta).

El crédito bancario asequible es fundamental para el funcionamiento de la economía productiva capitalista. Su corte brusco y prolongado –y la inoperancia de los gobiernos- está dejando miles de pequeñas y medianas empresas quebradas y millones de trabajadores en paro. Cuando, tras un largo rescate -el Banco de Inglaterra prevé una década de resaca bancaria- vuelva a fluir habrán desaparecido muchos de los que lo necesitaban y los daños económicos y sociales serán cuantiosos e irreversibles. La reciente reunión del G20 que, presidida por los que crearon la crisis (¡la zorra al cuidado de las gallinas!), se autoarroga la representación del planeta, mantiene el principio de “la banca primero” entre otras medidas para, previo maquillaje, reflotar el sistema y empobrecer más aún a la gente. Como dice Lyndon Larouche, las recetas del G20 “acabarán con el paciente”. Todo ello justifica el calificativo de Juan Torres López de “crimen contra la humanidad” aplicado a esta política.

Un poco de historia

La cita que encabeza este artículo corresponde a unas declaraciones hechas hace más de una década. Sin embargo, pese a la caída de Lheman Brothers (mas bién una estratégica “demolición controlada”) y la absorción de Merrill Lynch, no ha perdido actualidad: el clan de los grandes banqueros sigue siendo, básicamente, el mismo; y a la siniestra secta Bildelberg, presidida por ellos, se la señala como “gobierno mundial en la sombra”. Recientemente, Daniel Kaufman y Simón Johnson, ex economistas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional respectivamente, denunciaban un “golpe de Estado” de la banca estadounidense, que en la última década corrompió a los políticos para que evitasen cualquier regulación o control de su actividad, propiciando la aparición de burbujas especulativas. Pero la historia de ese “golpe” viene de mucho más atrás.

Hay que remontarse al nacimiento de la FED (Reserva Federal Estadounidense) en 1913, una asociación de bancos privados que consigue asumir en régimen de monopolio importantes prerrogativas del Estado. Previamente, en el siglo XIX , la familia europea de los Rostchild había desembarcado en EE.UU. para asociarse con John Rockefeller I y formar un poderoso lobby de grandes banqueros e industriales en aquel país. A principios del siglo XX este clan ya había instalado allí diversas sucursales de lo que llamaron Federal Reserve Banks (conocida como la FED), una asociación de bancos privados con tal capacidad de presión que en aquel año consiguió del presidente Woodrow Wilson la autorización para emitir en exclusiva papel moneda con garantía del Estado y manejar los tipos de interés. Se dice que algún presidente que trató de revertir esta insólita situación murió en el intento. Cuando, después de la segunda guerra mundial el dólar sustituye al oro y deviene moneda-patrón, el poder económico-financiero de ese grupo de banqueros privados se expande internacionalmente. Este poder se multiplica hasta convertirse en la cúpula del poder capitalista mundial cuando, a partir de la crisis de los años setenta, la economía se financieriza y liberaliza (consenso de Washington) y el capital financiero pasa a dominar toda la economía productiva.

Como decíamos en otro trabajo, todo poder económico acaba convirtiendose en un poder político. En estrecha alianza con el poderoso complejo industrial-militar, la FED, en efecto, ha acabado controlando la política interior y exterior de la potencia mas grande del mundo: los Estados Unidos de Norteamérica. Ya lo predecía en el siglo XIX, con profética lucidez, uno de los padres de la patria norteamericana, Thomas Jefferson, cuando, a la vista de las intrigas de los banqueros, avisaba: “Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a ellos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron”. En esas estamos: millones de estadounidenses duermen en carpas o en automóviles en las afueras de las grandes ciudades.

Para desarmar la dictadura

Como si de un anti Robin Hood se tratara, el G20 busca, con sus recetas, perpetuar la criminal succión de riqueza de abajo hacia arriba; es decir, robar a los pobres para ayudar a los ricos. Ello nos acabaría abocando, como avisan algunos analistas, a una situación neofeudal: todos los derechos y todo el poder económico concentrado en unos pocos que someten a la servidumbre a la inmensa mayoría de la humanidad. Creen poder ahogar su previsible rebelión con sofisticadas técnicas de control social y eliminando a una buena parte de ella con un “caos controlado”. Antes de que estos nuevos señores feudales -que, como los de la Edad Media, son tambien “señores de la guerra”- lleven a cabo sus criminales propósitos y consoliden su dictadura, tenemos que derribar los pilares en que asientan su poder. Esos pilares son cinco: la erradicación de la banca pública, la red de bancos centrales seudoindependientes, los paraísos fiscales, el patrón-dólar y, en última instancia, el poder militar.

Empecemos por los más problemáticos: los paraísos fiscales fueron objeto de una condena formal en la última reunión del G20, pero, en la práctica, seguirán funcionando en los centro del poder financiero, Estados Unidos e Inglaterra. No obstante, la conciencia de su carácter criminal se extiende por el mundo y, si persistimos en su denuncia, cada vez será mas difícil seguir operando con ellos. En cuanto al dólar, atraviesa también una profunda crisis (China, alarmada, pidió sustituirlo por “derechos especiales de giro” del FMI en el G20) y, a la larga, su papel es insostenible por su falta de respaldo y la proliferación de monedas regionales u otros medios de intercambio. Algunos analistas -como el citado Jalife Rhame- piensan que la banca “anglosajona-israelí” desencadenaría una tercera guerra mundial si viese la hegemonía del dólar directamente amenazada. No obstante, ésta sería inevitable con la deshumanizada mentalidad de estos banqueros-guerreros. Como dice Danielle Bleitrach, comentando un trabajo de Rémy Herrera en la revista Afrique-Asie, “las dimensiones económicas y militares de la crisis están estrechamente relacionadas: la guerra agrava los desequilibrios de la economía estadounidense que las altas finanzas tratan de resarcir por medio del saqueo y la guerra perpetua..”.

Mas viable, de forma inmediata, sería una ofensiva contra los otros dos pilares, empezando por la reivindicación de una banca pública sin ánimo de lucro y democráticamente controlada. Como decíamos al principio, la conciencia de la responsabilidad de la banca privada respecto a la grave crisis que padecemos se extiende por todos los países occidentales. La indignación no se circunscribe a las clases populares, sino que abarca también a pequeños y medianos empresarios, víctimas directas del recorte del crédito. Pese a que, previsiblemente, los gobernantes lacayos presentarán una resistencia numantina, no podrían mantenerla por mucho tiempo, pues, a medida que avance la penuria, la presión social les desbordaría: se trata simplemente de exigir que el dinero de nuestros impuestos venga en nuestra ayuda y no en la de la odiada banca. Se trata, como dice Michel Husson, de reivindicar el crédito como un servicio público. La consecución de este objetivo -para el que habría que desplegar y combinar todas las formas de movilización ciudadana- supondría un torpedo en la línea de flotación de la dictadura de Los Banqueros. Facilitaría, además, la ofensiva contra los bancos centrales “independientes”, con los cuales una banca nacionalizada devendría incompatible; y, posteriormente, contra los paraísos fiscales y los gastos militares. En la UE esta movilización debería hacerse en dos frentes, el nacional, el europeo; para intentar coordinarse después con EU, donde la indignación ciudadana es aún mayor.

Decía recientemente el ex congresista y ex candidato presidencial Ron Paul, uno de los pocos políticos estadounidenses que se ha pronunciado por el cierre de la FED, afirmando que es una organización secreta insconstitucional: “Nos acercamos no a un fascismo al estilo Hitler, sino a otro de apariencia más suave, que se manifiesta en la pérdida gradual de libertades civiles, en el que las corporaciones lo dirigen todo... y el gobierno está en la misma cama con el gran dinero”. Le faltó señalar una similitud con el hitleriano: con una confianza ciega en su siniestra “agenda oculta”, este neofascismo sueña también con un imperio que dure mil años. Pero como aquél -y como todos los imperios- nos llevará, si no lo desarmamos, a un escenario de barbarie y destrucción.

Luis Alsó. Attac Canarias


martes, 20 de octubre de 2009

Propuesta antifraude de los Inspectores de Hacienda

Proponen un plan antifraude para recaudar 100.000 millones, diez veces más que la subida fiscal Cifran en 70.000 millones anuales el dinero negro en España y piden poder investigar a las Sicav por no cumplir requisitos.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado propuso hoy un 'Plan Especial de Actuación de la Administración Tributaria' que permitiría recaudar más de 100.000 millones de euros en cuatro años (2010-2013), prácticamante diez veces más que la subida de impuestos que ha aprobado el Gobierno, cifrada en 11.000 millones anuales.

Ésta es una de las principales propuestas del colectivo, que celebra entre hoy y mañana su XIX Congreso Anual en Valladolid, centrado en la crisis económica y en la lucha contra el fraude fiscal.

Para los inspectores de Hacienda, las dos únicas vías para reducir el déficit del Estado, cercano al 10% del PIB, no pueden ser únicamente la subida de impuestos o la reducción del gasto público, sino que es preciso poner "todo el empeño" para que los que no pagan sus impuestos lo hagan, lo que tendría un impacto recaudatorio "muy superior" a cualquier subida de impuestos.

De hecho, cifran en 70.000 millones de euros anuales la economía sumergida en España, teniendo en cuenta que, según ciertos informes, el fraude fiscal en el país se sitúa entre el 20 y el 25% del PIB y que la presión fiscal media supera el 30% del PIB. De acuerdo con estos datos, y sabiendo que el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria es de cuatro años, los inspectores cifran en aproximadamente 280.000 millones de euros las cuotas tributarias que se dejan de ingresar en cuatro ejercicios.

"La magnitud de estas cifras choca con el importe de 11.000 millones de euros como efecto recaudatorio de la subida de impuestos que pretende aprobar el Gobierno, con la particularidad de que el importe de la subida aprobada va a recaer sobre los que ya están pagando", reza el documento del colectivo de inspectores.

Además, indican que como resultado de las actuaciones realizadas en los años 2005 a 2008 con el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, la deuda recuperada se ha cuantificado en unos 28.000 millones de euros que, comparada con el fraude existente (280.000 millones en cuatro años), no llega al 10%.

QUE EL IEF CUANTIFIQUE LA ECONOMÍA SUMERGIDA.

A la vista de estos datos, la presidenta del colectivo de inspectores, Isabel Martínez, su portavoz, Francisco de la Torre, y el inspector José María Peláez defendieron, en el transcurso del congreso, la necesidad de poner en marcha un plan especial de atuación tributaria que, con un horizonte de cuatro años (2010-2013), suponga un incremento de los medios humanos y materiales en la lucha contra el fraude, así como la aprobación de medidas normativas y organizativas.

Además, proponen que el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) lleve a cabo un estudio en 2010 sobre el índice de fraude fiscal en España y, al final del plan, repita el mismo estudio para determinar el resultado del mismo.

Entre las medidas concretas que plantea el plan, además de incrementar en 600 el número de inspectores de Hacienda, en 3.000 el número de técnicos y en 2.000 el número de agentes tributarios y administrativos, apuesta por que se permita a los inspectores de Hacienda comprobar los requisitos de las Sicavs, que deben estar integradas por 100 partícipes para poder disfrutar de la tributación al 1% y que, según los datos del colectivo, la inmensa mayoría no cumple o lo hace de forma ficticia, al contar con inversores sólo de carácter nominal. Ahora esta función recae en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"La situación de las Sicav constituye la única excepción en la historia de la democracia española en la que Hacienda no ha podido regularizar la situación fiscal de unos contribuyentes que han incumplido reiteradamente la ley", subrayan los inspectores, que destacan que, mientras se sube los impuestos a los contribuyentes que sí los pagan, resulta "inadmisible" la situación de "ausencia de control fiscal" de las Sicav.


En este sentido, Peláez, aunque admitió que el control de estas sociedades de inversión colectiva no tendría un impacto recaudatorio muy elevado, rechazó el argumento esgrimido por el Gobierno acerca de que elevar la tributación de estas sociedades pueda suponer una evasión de capitales. Así, indicó que el 50% del capital de las mismas está invertido en el extranjero. "Ahora si las Sicav quieren invertir en Luxemburgo, pueden hacerlo sin problemas", reiteró.


DEDICAR MENOS INSPECCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN.


Junto con la inspección de estos instrumentos, el plan propuesto por los inspectores de Hacienda contempla medidas para recuperar la deuda pendiente en los tribunales, que cifran en 4.500 millones de euros en lo relativo al delito fiscal y en 6.000 millones la que se encuentra en el Tribunal Supremo, mediante el refuerzo de la plantilla de los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria, así como cambiar los sistemas de trabajo de la Inspección, potenciando más la investigación o reorientar los planes de inspección.


En este sentido, creen que, en el contexto actual de crisis en el sector de la construcción, no tiene sentido seguir dedicando el 40% de la plantilla de Inspección al control del sector inmobiliario, teniendo en cuenta además que parte de la deuda encontrada no se puede cobrar, dado que muchas de las empresas de este sector están en quiebra.


Por ello, apuestan por centrar la investigación en la economía sumergida, facturas falsas, testaferros, sociedades 'pantalla' y plan de signos externos (detectar aumentos de patrimonio no justificados).


Además de endurecer el régimen sancionador, incentivar la colaboración ciudadana con y reformar el delito fiscal para que los grandes defraudadores puedan ir a la cárcel, también vuelven a reiterar sus medidas contra el uso de paraísos fiscales, como establecer un gravamen especial del 24% sobre movimientos de fondos en estos estados, no reconocer la personalidad jurídica de las sociedades constituidas en paraísos fiscales o prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios.


Finalmente, proponen la aprobación de una nueva declaración sobre bienes, derechos y deudas, en sustitución del suprimido Impuesto de Patrimonio. Esta declaración, que no supondría ingresos de cuotas impositivas, sería muy útil, según los inspectores, como elemento de control para la lucha contra el fraude.


Fuente: EUROPA PRESS


miércoles, 14 de octubre de 2009

No es solo subir o bajar impuestos

Incomprensiblemente, el gobierno se ha metido en un pantanal político a causa de sus propuestas fiscales contradictorias y de los anuncios de ida y vuelta sobre la conveniencia, un día, de subir impuestos o de bajarlos, otro.

El problema no radica en la discusión abstracta sobre si subir o bajar los impuestos es o no de izquierdas que solo contribuye a confundir a los ciudadanos.

Suponiendo que en estos momentos supiésemos con certeza qué medida se puede calificar claramente o no como de izquierdas, lo cierto es que lo relevante no sería la magnitud de las tasas impositivas sino su resultado sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo social en concreto. De lo que menos se habla.

Lo peor ni siquiera es el coste electoral que sin duda lleva consigo manifestar una carencia de estrategia tan evidente y presentarse ante los ciudadanos con propuestas que cambian un día detrás de otro.

Lo que me parece especialmente grave es que no tener las ideas claras en materia fiscal es carecer de las coordenadas básicas en que puede establecer el modelo económico del que tanto estamos hablando, es como conducir a ciegas o gobernar dejando que la sociedad marche a la deriva, algo que evidentemente apenas importa a quienes tienen las espaldas cubiertas con buenas rentas o patrimonios suficientes y que, por el contrario, perjudica muy gravemente a los más débiles y desprotegidos.

Detrás de cada impuesto no solo hay más o menos recaudación, lo que en cualquier caso no deja de ser importante, sobre todo, en una coyuntura como la actual. Hay además incentivos de uno y otro signo que pueden facilitar o dificultar decisivamente la creación de riqueza y empleo y, sobre todo, hay redistribución de las rentas, es decir, más o menos justicia y bienestar. Por eso las cuestiones impositivas y fiscales en general son tan importantes y no suelen funcionar bien sino cuando van de la mano de un amplio y transparente debate social. Y por eso no es ni mucho menos una casualidad que las democracias más asentadas y fuertes del planeta sean las que más confían en los impuestos para lograr mayor progreso y cohesión social y en donde, frente a los cantos de sirena de los ricos, hay una ciudadanía más convencida de su utilidad y que no está dispuesta a renunciar a ellos porque comprueba día a día que son la base de su bienestar.

Como tampoco es casual que el predominio de la ideología desfiscalizadora de los últimos años, en realidad la cobertura necesaria para llevar a cabo políticas que favorecen a los grupos con rentas y patrimonios más elevados, haya ido de la mano en los últimos treinta años de un debilitamiento paralelo de las democracias, que cada vez hurtan más debates sobre cuestiones económicas y financieras a los ciudadanos para dejar las decisiones políticas a los mercados o, simplemente, en manos de los grupos privados con mayor poder e influencia.

Se pueden dar las vueltas que se quiera pero lo cierto es que los estudios que se han realizado en todo el mundo y en España en particular sobre los efectos de las reformas fiscales de nuestra época no dejan lugar a dudas.

Las llevadas a cabo por el gobierno de Aznar y más tarde por el de Rodríguez Zapatero han beneficiado principalmente a los perceptores de rentas más elevadas, a las del capital y, particularmente, a las procedentes de la actividad inmobiliaria.

En contra de lo que la retórica gubernamental ha podido decir, lo cierto es que en España se ha producido en los últimos años un doble proceso de distribución y redistribución de las rentas que en muy buena medida se ha podido producir gracias a los cambios fiscales regresivos que se han ido adoptando. Uno, de las rentas del trabajo a las del capital. Y otro, desde las del capital nacional al extranjero como consecuencia de la venta de activos y de las condiciones fiscales tan privilegiadas que se han establecido para llevarlas a cabo y para disponer luego de las rentas generedas.

Los trabajadores y también miles de pequeños y medianos empresarios han sido los principales paganos de unas reformas fiscales que solo una inocua justicia constitucional ha podido considerar que respetan nuestra Constitución. ¿O es que acaso los principios de capacidad económica, justicia, igualdad o progresividad de su artículo 31 pueden realmente considerarse compatibles con la conversión de España en un "verdadero paraíso para el blanqueo de capitales" ("Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España". Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Noviembre 2007), como han denunciado expertos nacionales y extranjeros? O con la existencia de SICAV que pagan un 1% en el momento de la obtención de las rentas y un 18% cuando se reparten; de las Sociedades y Fondos de Capital Riesgo, bonificados al 99%; de las Entidades de tenencia de Valores Extranjeros, exentas de tributación en dividendos y plusvalías; con el tipo de 18% en el IRPF para las rentas de los productos de ahorro; con la tributación única del 24% para algunos privilegiados no residentes; o, en términos más generales, con el predominio de los impuestos indirectos sobre los indirectos?

En lugar de hablar en irrelevantes términos genéricos sobre la subida o bajada de los impuestos, engañando así a la gente al hacerle creer que lo hacen de igual forma para todos, lo que en España hay que poner de una vez sobre la mesa es el carácter profundamente injusto que ha alcanzado nuestro sistema fiscal. Los técnicos del Ministerio de Hacienda denuncian que el 86% de los que tienen ingresos superiores a 10 millones de euros y el 45% de los que tienen entre 1 y 10 millones eluden sus obligaciones fiscales, mientras que los inspectores denuncian constantemente que no hay voluntad política de luchar contra el fraude fiscal que es el más alto de Europa. Y que nadie se lleve a engaño, porque eso ha sucedido y sucede mientras que los gobiernos siguen subiendo la presión fiscal, aunque eso es haciendo recaer la mayor parte de la recaudación y de su incremento en las espaldas de trabajadores y pequeños y medianos propietarios y empresarios.

¿Cómo se puede consentir que solo se haya investigado el 1% de los billetes de 500 euros que circulan en España o que no haya ya un plan efectivo contra el fraude fiscal que, según los técnicos que saben llevarlo a cabo, podría proporcionar al Estado unos 25.000 millones de euros anuales?

La cuestión que tenemos por delante en términos fiscales es bastante clara. Seguir aceptando que los ricos no tienen compromisos con la Hacienda Pública o invertir las reformas de estos últimos años para avanzar hacia una mayor justicia fiscal que permita que nuestros estándares de gasto se aproximen a los de nuestro entorno y para generar incentivos a favor de quienes crean riqueza y empleo y no, como hasta ahora, de quienes se dedican a la especulación y a dar pelotazos inmobiliarios o financieros.

Naturalmente, y sobre todo después de lo que se ha venido haciendo, no será fácil invertir esa tendencia pero al menos está claro por dónde habría que empezar para que eso sea posible. Resulta imprescindible el debate social claro, transparente y fiel a la verdad para que los ciudadanos entiendan de una vez que es la derecha, que ahora se opone a cualquier medida fiscal que tome el gobierno, la que subió los impuestos quince veces durante el gobierno de Aznar y quien realmente hace que suba la carga fiscal de los más débiles.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, colaborador habitual de Rebelión, editor de www.altereconomia.org y miembro del Consejo científico de ATTAC-España. Su web: www.juantorreslopez.com

Fuente; Temas para el Debate