Proponen un plan antifraude para recaudar 100.000 millones, diez veces más que la subida fiscal Cifran en 70.000 millones anuales el dinero negro en España y piden poder investigar a las Sicav por no cumplir requisitos. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado propuso hoy un 'Plan Especial de Actuación de la Administración Tributaria' que permitiría recaudar más de 100.000 millones de euros en cuatro años (2010-2013), prácticamante diez veces más que la subida de impuestos que ha aprobado el Gobierno, cifrada en 11.000 millones anuales.
Ésta es una de las principales propuestas del colectivo, que celebra entre hoy y mañana su XIX Congreso Anual en Valladolid, centrado en la crisis económica y en la lucha contra el fraude fiscal.
Para los inspectores de Hacienda, las dos únicas vías para reducir el déficit del Estado, cercano al 10% del PIB, no pueden ser únicamente la subida de impuestos o la reducción del gasto público, sino que es preciso poner "todo el empeño" para que los que no pagan sus impuestos lo hagan, lo que tendría un impacto recaudatorio "muy superior" a cualquier subida de impuestos.
De hecho, cifran en 70.000 millones de euros anuales la economía sumergida en España, teniendo en cuenta que, según ciertos informes, el fraude fiscal en el país se sitúa entre el 20 y el 25% del PIB y que la presión fiscal media supera el 30% del PIB. De acuerdo con estos datos, y sabiendo que el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria es de cuatro años, los inspectores cifran en aproximadamente 280.000 millones de euros las cuotas tributarias que se dejan de ingresar en cuatro ejercicios.
"La magnitud de estas cifras choca con el importe de 11.000 millones de euros como efecto recaudatorio de la subida de impuestos que pretende aprobar el Gobierno, con la particularidad de que el importe de la subida aprobada va a recaer sobre los que ya están pagando", reza el documento del colectivo de inspectores.
Además, indican que como resultado de las actuaciones realizadas en los años 2005 a 2008 con el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, la deuda recuperada se ha cuantificado en unos 28.000 millones de euros que, comparada con el fraude existente (280.000 millones en cuatro años), no llega al 10%.
QUE EL IEF CUANTIFIQUE LA ECONOMÍA SUMERGIDA.
A la vista de estos datos, la presidenta del colectivo de inspectores, Isabel Martínez, su portavoz, Francisco de la Torre, y el inspector José María Peláez defendieron, en el transcurso del congreso, la necesidad de poner en marcha un plan especial de atuación tributaria que, con un horizonte de cuatro años (2010-2013), suponga un incremento de los medios humanos y materiales en la lucha contra el fraude, así como la aprobación de medidas normativas y organizativas.
Además, proponen que el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) lleve a cabo un estudio en 2010 sobre el índice de fraude fiscal en España y, al final del plan, repita el mismo estudio para determinar el resultado del mismo.
Entre las medidas concretas que plantea el plan, además de incrementar en 600 el número de inspectores de Hacienda, en 3.000 el número de técnicos y en 2.000 el número de agentes tributarios y administrativos, apuesta por que se permita a los inspectores de Hacienda comprobar los requisitos de las Sicavs, que deben estar integradas por 100 partícipes para poder disfrutar de la tributación al 1% y que, según los datos del colectivo, la inmensa mayoría no cumple o lo hace de forma ficticia, al contar con inversores sólo de carácter nominal. Ahora esta función recae en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"La situación de las Sicav constituye la única excepción en la historia de la democracia española en la que Hacienda no ha podido regularizar la situación fiscal de unos contribuyentes que han incumplido reiteradamente la ley", subrayan los inspectores, que destacan que, mientras se sube los impuestos a los contribuyentes que sí los pagan, resulta "inadmisible" la situación de "ausencia de control fiscal" de las Sicav.
En este sentido, Peláez, aunque admitió que el control de estas sociedades de inversión colectiva no tendría un impacto recaudatorio muy elevado, rechazó el argumento esgrimido por el Gobierno acerca de que elevar la tributación de estas sociedades pueda suponer una evasión de capitales. Así, indicó que el 50% del capital de las mismas está invertido en el extranjero. "Ahora si las Sicav quieren invertir en Luxemburgo, pueden hacerlo sin problemas", reiteró.
DEDICAR MENOS INSPECCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN.
Junto con la inspección de estos instrumentos, el plan propuesto por los inspectores de Hacienda contempla medidas para recuperar la deuda pendiente en los tribunales, que cifran en 4.500 millones de euros en lo relativo al delito fiscal y en 6.000 millones la que se encuentra en el Tribunal Supremo, mediante el refuerzo de la plantilla de los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria, así como cambiar los sistemas de trabajo de la Inspección, potenciando más la investigación o reorientar los planes de inspección.
En este sentido, creen que, en el contexto actual de crisis en el sector de la construcción, no tiene sentido seguir dedicando el 40% de la plantilla de Inspección al control del sector inmobiliario, teniendo en cuenta además que parte de la deuda encontrada no se puede cobrar, dado que muchas de las empresas de este sector están en quiebra.
Por ello, apuestan por centrar la investigación en la economía sumergida, facturas falsas, testaferros, sociedades 'pantalla' y plan de signos externos (detectar aumentos de patrimonio no justificados).
Además de endurecer el régimen sancionador, incentivar la colaboración ciudadana con y reformar el delito fiscal para que los grandes defraudadores puedan ir a la cárcel, también vuelven a reiterar sus medidas contra el uso de paraísos fiscales, como establecer un gravamen especial del 24% sobre movimientos de fondos en estos estados, no reconocer la personalidad jurídica de las sociedades constituidas en paraísos fiscales o prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios.
Finalmente, proponen la aprobación de una nueva declaración sobre bienes, derechos y deudas, en sustitución del suprimido Impuesto de Patrimonio. Esta declaración, que no supondría ingresos de cuotas impositivas, sería muy útil, según los inspectores, como elemento de control para la lucha contra el fraude.
Fuente: EUROPA PRESS
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