Incomprensiblemente, el gobierno se ha metido en un pantanal político a causa de sus propuestas fiscales contradictorias y de los anuncios de ida y vuelta sobre la conveniencia, un día, de subir impuestos o de bajarlos, otro. El problema no radica en la discusión abstracta sobre si subir o bajar los impuestos es o no de izquierdas que solo contribuye a confundir a los ciudadanos.
Suponiendo que en estos momentos supiésemos con certeza qué medida se puede calificar claramente o no como de izquierdas, lo cierto es que lo relevante no sería la magnitud de las tasas impositivas sino su resultado sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo social en concreto. De lo que menos se habla.
Lo peor ni siquiera es el coste electoral que sin duda lleva consigo manifestar una carencia de estrategia tan evidente y presentarse ante los ciudadanos con propuestas que cambian un día detrás de otro.
Lo que me parece especialmente grave es que no tener las ideas claras en materia fiscal es carecer de las coordenadas básicas en que puede establecer el modelo económico del que tanto estamos hablando, es como conducir a ciegas o gobernar dejando que la sociedad marche a la deriva, algo que evidentemente apenas importa a quienes tienen las espaldas cubiertas con buenas rentas o patrimonios suficientes y que, por el contrario, perjudica muy gravemente a los más débiles y desprotegidos.
Detrás de cada impuesto no solo hay más o menos recaudación, lo que en cualquier caso no deja de ser importante, sobre todo, en una coyuntura como la actual. Hay además incentivos de uno y otro signo que pueden facilitar o dificultar decisivamente la creación de riqueza y empleo y, sobre todo, hay redistribución de las rentas, es decir, más o menos justicia y bienestar. Por eso las cuestiones impositivas y fiscales en general son tan importantes y no suelen funcionar bien sino cuando van de la mano de un amplio y transparente debate social. Y por eso no es ni mucho menos una casualidad que las democracias más asentadas y fuertes del planeta sean las que más confían en los impuestos para lograr mayor progreso y cohesión social y en donde, frente a los cantos de sirena de los ricos, hay una ciudadanía más convencida de su utilidad y que no está dispuesta a renunciar a ellos porque comprueba día a día que son la base de su bienestar.
Como tampoco es casual que el predominio de la ideología desfiscalizadora de los últimos años, en realidad la cobertura necesaria para llevar a cabo políticas que favorecen a los grupos con rentas y patrimonios más elevados, haya ido de la mano en los últimos treinta años de un debilitamiento paralelo de las democracias, que cada vez hurtan más debates sobre cuestiones económicas y financieras a los ciudadanos para dejar las decisiones políticas a los mercados o, simplemente, en manos de los grupos privados con mayor poder e influencia.
Se pueden dar las vueltas que se quiera pero lo cierto es que los estudios que se han realizado en todo el mundo y en España en particular sobre los efectos de las reformas fiscales de nuestra época no dejan lugar a dudas.
Las llevadas a cabo por el gobierno de Aznar y más tarde por el de Rodríguez Zapatero han beneficiado principalmente a los perceptores de rentas más elevadas, a las del capital y, particularmente, a las procedentes de la actividad inmobiliaria.
En contra de lo que la retórica gubernamental ha podido decir, lo cierto es que en España se ha producido en los últimos años un doble proceso de distribución y redistribución de las rentas que en muy buena medida se ha podido producir gracias a los cambios fiscales regresivos que se han ido adoptando. Uno, de las rentas del trabajo a las del capital. Y otro, desde las del capital nacional al extranjero como consecuencia de la venta de activos y de las condiciones fiscales tan privilegiadas que se han establecido para llevarlas a cabo y para disponer luego de las rentas generedas.
Los trabajadores y también miles de pequeños y medianos empresarios han sido los principales paganos de unas reformas fiscales que solo una inocua justicia constitucional ha podido considerar que respetan nuestra Constitución. ¿O es que acaso los principios de capacidad económica, justicia, igualdad o progresividad de su artículo 31 pueden realmente considerarse compatibles con la conversión de España en un "verdadero paraíso para el blanqueo de capitales" ("Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España". Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Noviembre 2007), como han denunciado expertos nacionales y extranjeros? O con la existencia de SICAV que pagan un 1% en el momento de la obtención de las rentas y un 18% cuando se reparten; de las Sociedades y Fondos de Capital Riesgo, bonificados al 99%; de las Entidades de tenencia de Valores Extranjeros, exentas de tributación en dividendos y plusvalías; con el tipo de 18% en el IRPF para las rentas de los productos de ahorro; con la tributación única del 24% para algunos privilegiados no residentes; o, en términos más generales, con el predominio de los impuestos indirectos sobre los indirectos?
En lugar de hablar en irrelevantes términos genéricos sobre la subida o bajada de los impuestos, engañando así a la gente al hacerle creer que lo hacen de igual forma para todos, lo que en España hay que poner de una vez sobre la mesa es el carácter profundamente injusto que ha alcanzado nuestro sistema fiscal. Los técnicos del Ministerio de Hacienda denuncian que el 86% de los que tienen ingresos superiores a 10 millones de euros y el 45% de los que tienen entre 1 y 10 millones eluden sus obligaciones fiscales, mientras que los inspectores denuncian constantemente que no hay voluntad política de luchar contra el fraude fiscal que es el más alto de Europa. Y que nadie se lleve a engaño, porque eso ha sucedido y sucede mientras que los gobiernos siguen subiendo la presión fiscal, aunque eso es haciendo recaer la mayor parte de la recaudación y de su incremento en las espaldas de trabajadores y pequeños y medianos propietarios y empresarios.
¿Cómo se puede consentir que solo se haya investigado el 1% de los billetes de 500 euros que circulan en España o que no haya ya un plan efectivo contra el fraude fiscal que, según los técnicos que saben llevarlo a cabo, podría proporcionar al Estado unos 25.000 millones de euros anuales?
La cuestión que tenemos por delante en términos fiscales es bastante clara. Seguir aceptando que los ricos no tienen compromisos con la Hacienda Pública o invertir las reformas de estos últimos años para avanzar hacia una mayor justicia fiscal que permita que nuestros estándares de gasto se aproximen a los de nuestro entorno y para generar incentivos a favor de quienes crean riqueza y empleo y no, como hasta ahora, de quienes se dedican a la especulación y a dar pelotazos inmobiliarios o financieros.
Naturalmente, y sobre todo después de lo que se ha venido haciendo, no será fácil invertir esa tendencia pero al menos está claro por dónde habría que empezar para que eso sea posible. Resulta imprescindible el debate social claro, transparente y fiel a la verdad para que los ciudadanos entiendan de una vez que es la derecha, que ahora se opone a cualquier medida fiscal que tome el gobierno, la que subió los impuestos quince veces durante el gobierno de Aznar y quien realmente hace que suba la carga fiscal de los más débiles.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, colaborador habitual de Rebelión, editor de www.altereconomia.org y miembro del Consejo científico de ATTAC-España. Su web: www.juantorreslopez.com
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