La UE pide a España más recortes en 2014. Pero nadie menciona que algunos países europeos acordaron poner en marcha un Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF),
que aumentará la recaudación fiscal y puede ser una alternativa a los
recortes (tan peligrosos, como innecesarios e injustos). Tal vez nadie
lo menciona porque en España el ITF parece dormir una “dulce siesta”.
Veamos qué ofrece este impuesto y qué hay detrás de él.
En enero de 2013 once países de la UE (Unión Europea)
alcanzaron un acuerdo para poner en funcionamiento el ITF en 2014. Esos
países son Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Estonia, Eslovenia,
Eslovaquia, Grecia, Italia, Portugal y España. A ellos podría sumarse
Holanda, pero el resto de Estados de la UE se oponen, en especial
Luxemburgo y el Reino Unido. Para salvar esa división, los países
miembros que aprobaron el ITF canalizaron el acuerdo mediante un
procedimiento de cooperación reforzada, que permite llevar a la
práctica ciertas iniciativas cuando hay un número suficiente de Estados
que las apoyan, garantizando que no serán bloqueadas por los países que
no las apoyan, y que no distorsionan el funcionamiento de la UE. Hasta
aquí el deseo. Pero la situación real es distinta.
En septiembre de 2013 se cumplieron cinco años de la quiebra de Lehman Brothers, emblema que marcó el inicio oficial
de la gran recesión que nos azota. En aquel momento los líderes de la
UE se conjuraron para responder a la crisis, pero también para evitarlas
en el futuro. Hablaron, entre otros temas, de introducir reformas
sustanciales en el sector financiero. Sin embargo, se trata de “promesas
rotas” porque, pese a la mejora en la situación contable de algunos
bancos, no se ha avanzado en una mayor regulación financiera que ayude a
evitar las crisis y haga posible algo lógico y deseable: que la banca colabore en la financiación de las políticas anticrisis. En realidad, simplificando mucho, el mayor “avance” logrado en la UE ha empeorado la situación general, ya que el Banco Central Europeo ha abierto un atajo para los bancos, facilitándoles el acceso a financiación privilegiada, mientras que el camino se
ha hecho mucho más duro, largo e injusto para el resto de los agentes
económicos y para los ciudadanos, obligados a soportar los efectos de
los programas de ajuste y la creciente desigualdad que provoca la
austeridad mal entendida.
En los últimos años la UE ha discutido y aprobado la introducción de
un ITF, que, según la Comisión Europea, permitirá que “el sector
financiero aporte una contribución más equitativa, habida cuenta de los
costes que genera la lucha contra la crisis, y de la escasa tributación a
la que está sujeto actualmente este sector”. Además, se ha previsto que
un parte de la recaudación del ITF complete los recursos propios del
presupuesto comunitario. Francia, en 2012, e Italia, en marzo de 2013,
ya establecieron un ITF. Otros países no pertenecientes a la UE tienen
figuras fiscales similares. Pero la mayoría de las naciones europeas o
rechazan la propuesta o aún no la han aplicado. Incluso, en algún caso,
como España, el ITF ha decidido echarse una siesta, puesto que pasó por
el Congreso de los Diputados, donde la mayoría parlamentaria rechazó las
enmiendas presentadas, y ahora el ITF está pendiente de debate en el Senado,
de donde saldrá tardíamente y algo “somnoliento”. Es decir,
probablemente salga del Senado sin posibilidades de ser incluido en los
Presupuestos Generales del Estado para 2014, lo que supondría posponer
su aplicación, retrasando los ingresos generados por ese impuesto, su
efecto regulador sobre algunas transacciones financieras y su capacidad
(relativa) para limitar (algunos) movimientos especulativos. ¿Estamos
ante un caso más de “quiero y no puedo”, o de puedo pero no quiero? ¿Es
el dilema de no pocos políticos cuando tocan el sector financiero? ¿O es el sector financiero el que toca
la música y marca el ritmo de baile? Lo cierto es que las directivas
comunitarias ofrecen flexibilidad para su aplicación en cada país, y eso
deja abiertos más flecos de los que inicialmente había.
La propuesta de directiva, de septiembre de 2011, revisada en
febrero de 2013, para introducir un ITF en la UE no coincide
técnicamente con lo que conocemos como la “Tasa Tobin”, puesto que su
objetivo no es gravar los movimientos internacionales en divisas ni
dedicar ese dinero a ayuda al desarrollo. Lo que se pretende es gravar
ciertos movimientos financieros en algunos países, para regular mejor los sistemas financieros y aumentar la recaudación.
Esto último es importante, dado que a menudo, como sucede en España, la
presión fiscal sobre las rentas de capital está por debajo del 15%,
cifra claramente inferior a la que soporta una familia media española. Y
no hay ningún motivo para ocultar que los equilibrios
presupuestarios también pueden alcanzarse mejorando la recaudación, es
decir, aumentando la presión fiscal sobre quienes tienen que
pagar más en función de sus niveles de renta, además de combatir el
fraude, algo que no es ajeno a los privilegios del sector financiero,
entre otros la menor fiscalidad indirecta que soporta. Por supuesto,
regular mejor los sistemas financieros también es un aspecto esencial
del ITF, ya que uno de sus propósitos es desincentivar los
movimientos de capital a muy corto plazo. Pero aún quedan dudas sobre
cómo se aplicará, cuáles serán sus efectos extraterritoriales y qué
mecanismos se arbitrarán para reducir los procesos de “deslocalización”
financiera. Aunque existe un amplio acuerdo aparente (incluso en
el G-20) sobre las ventajas generales que reporta el ITF, la sensación
es que puede retrasarse y rebajar su impacto final.
Según la Comisión Europea, la introducción de los tipos impositivos
previstos, que podrían oscilar entre el 0,01% para los derivados
(financieros) y el 0,1% para las acciones y bonos, reportaría unos ingresos adicionales de al menos 37.000 millones de euros, de los cuales 5.000 millones se recaudarían en España. Eso permitiría disponer de fondos adicionales para sanidad y educación, sin tener que escuchar de nuevo el cuento de que la crisis obliga a hacer recortes, por ejemplo “de 2.500 millones de euros”, porque la UE así lo ha estimado “al analizar el incumplimiento de las metas de déficit”. Podría evitar más recortes,
y tal vez evitaría seguir atentando contra el bienestar, los servicios
públicos y las condiciones laborales y salariales. Pero en España, y en
otros países, el ITF está pendiente de aclarar diversas cuestiones
relativas a la flexibilidad en su aplicación, para intentar evitar
situaciones de bloqueo, incluso jurídicas, que podrían producirse tanto
en la UE y sus países como en otras instancias.
La lógica del impuesto, así concebido, requiere que la mayoría de las
operaciones en los mercados primarios queden fuera del ámbito de
aplicación del ITF, para no dificultar la financiación de las
Administraciones Públicas y las empresas. También estarían exentas la
mayoría de las actividades financieras cotidianas en las que participan
las personas físicas y las empresas de carácter no financiero, como es
el caso de los contratos de seguros, préstamos hipotecarios, créditos al
consumo y servicios de pago, aunque sí estaría gravada su negociación
posterior como productos estructurados. Según lo establecido, el ITF se
basará en los principios de residencia y de emisión, con el fin de reducir riesgos de evasión y deslocalización, y gravará las transacciones financieras en las que intervenga una institución financiera domiciliada
en un país miembro (incluyendo fondos de inversión, de pensiones y de
seguros). Además, se aplicará a operaciones realizadas tanto en mercados
organizados como no organizados, por lo que quedarán sujetas a gravamen
las transacciones relacionadas con todo tipo de activos financieros.
¿Suena más bonito de lo que cabía esperar, o, por el contrario,
parece poco frente a los gigantes financieros globalizados? Tal vez por
esa compleja ubicación en la intersección entre la política y la
economía, entre los nacional y lo global, entre el sector financiero y
el resto de actividades económicas y sociales, el ITF puede despertarse
anestesiado, con un ámbito de aplicación menor, con tipos impositivos
aún más bajos, y sin capacidad de afrontar los retos previstos, en
particular, combatir el fraude y los paraísos fiscales, exigir solidaridad al sector financiero para afrontar la actual recesión y contribuir a que las finanzas no desestabilicen aún más el precario “equilibrio” que impone esta
globalización. No obstante, conviene sumar fuerzas e insistir en esta
batalla: el ITF puede contribuir a mejorar la regulación financiera, la
recaudación y la equidad en la UE y sus países. En enero de 2013 nuestro
gobierno se comprometió a aplicar un ITF en España. Se supone que el
sector financiero se está “preparando” para ello. A los ciudadanos, al
menos, tendrían que explicarnos qué efectos tendrá, cómo se aplicará,
cuándo, y con qué características y excepciones. ¿Es mucho pedir?
¿O es preferible exigir un aumento de la presión fiscal sobre las actividades del sector financiero, como primer paso
para intentar evitar un deterioro aún mayor de las condiciones
salariales y laborales, y frenar la virulencia de los ataques contra el
Estado y el bienestar en España y Europa?
(*) Véase una versión más detallada de este artículo en: econonuestra.org
José Antonio Nieto
Profesor titular de Economía Aplicada (UCM) Asociación Econonuestra (*)
Profesor titular de Economía Aplicada (UCM) Asociación Econonuestra (*)
Público.es
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