Con o sin rescate, todo va a seguir con un Gobierno en función de la
banca, con una enorme deuda bancaria y también pública, con las
amenazas sobre nuestra prima de riesgo, con más de 6 millones de
parados y sin que nadie se levante para exigir que se rompa el pacto
entre la banca y la política.
El Gobierno y los medios de comunicación que con más
o menos descaro le acompañan pretenden que la opinión pública española
se trague una nueva patraña: la de que el final del rescate bancario que
ha sancionado Bruselas es un éxito para la economía española –es decir,
para Rajoy y los suyos– y que poco menos significa que nuestra banca ya
no tiene problemas. Sólo algunas voces aisladas en medio de un mar de
aplausos han denunciado la falsedad de esas conclusiones y, lo que es
más significativo, ningún partido de la izquierda ha dicho una palabra
al respecto, lo cual ya viene siendo habitual cuando se trata de la
banca.
No hay duda de que nuestros banqueros se
sentirán muy satisfechos al comprobar, de nuevo, lo bien atado que
tienen el cotarro y que pueden seguir ocultando sin mayores inquietudes,
y con apoyo fiel del Gobierno, las muchas debilidades, cuando no
problemas irresolubles y angustiosos, que sufre el sistema financiero
español. Algunas cifras, que nadie puede desmentir, lo confirman: los
bancos siguen debiendo más de un billón de euros y esa cifra no ha
disminuido en los 18 meses que ha durado el rescate bancario, sino
aumentado gracias a las ingentes cantidades que le ha prestado el BCE.
En las cuentas de los bancos, por mucha cosmética contable que se les
haya aplicado por vía de las refinanciaciones –como acaba de denunciar
el Wall Street Journal–, sigue habiendo, como
poco, más de 200.000 millones de créditos a promotores. Buena parte de
ellos de dudoso cobro y todos perdiendo valor cada día que pasa y bajan
los precios del sector inmobiliario.
Sólo eso
bastaría para concluir que la situación del conjunto de nuestra banca es
muy precaria e inquietante y que, sin tener datos para ser más
precisos, algunas entidades deben de estar bastante peor que la media.
Pero es que, además, ahora toca hacer frente a las consecuencias del
rescate bancario y de los efectos que el drama que el sector ha vivido
en los dos últimos años ha tenido para el conjunto de la economía. Para
empezar, está el coste del rescate mismo: 41.400 millones que, en contra
de lo que asegura la propaganda oficial, tendrá que pagar el Estado en
su práctica totalidad. Aparte de que esa cantidad figura desde el
momento en que se dispuso de ella como déficit público, que gracias a
eso está por encima del 10% del PIB.
El Gobierno
oculta con gran empeño ese dato y la gran mayoría de los medios de
comunicación evitan denunciarlo. Pero la Comisión Europea no lo olvida.
Por eso, a las 24 horas de que el ministro De Guindos proclamara
eufórico el fin del rescate, Bruselas ha hecho saber lo que va a costar
ese "éxito": nada menos que 36.000 millones, que el Gobierno tendrá que
recortar de sus gastos de aquí a 2016 para rebajar ese déficit público
de más del 10%, casi un tercio del cual se debe a las ayudas que ha
recibido la banca. Eso por no hablar de los otros casi 150.000 millones
más que el sector ha recibido por distintas vías en los últimos cinco
años y que siguen gravando nuestras cuentas públicas y explicando buena
parte de los recortes que ha padecido la sociedad española. A los que
habrá que sumar los 36.000 millones de "ajustes" que acaba de pedir
Bruselas y de los que Rajoy difícilmente podrá escaparse.
La lista de desaguisados que el apoyo a la banca ha supuesto para la
economía española es muy larga. Pero quedémonos con uno solo de sus
capítulos: el desastre que ha producido el bloqueo del crédito a las
empresas y a las familias. Si en el conjunto de 2013 se habrán destruido
en torno a los 850.000 puestos de trabajo, en los 18 meses que ha
durado el periodo de excepcionalidad bancaria, el del rescate, el total
no habrá sido inferior a 1.200.000.
Más allá del
aumento del coste del seguro de desempleo y del descenso de ingresos
fiscales que implica, ese golpe –en buena medida atribuible a la falta
de crédito desde 2008, agravada en el último año y medio, además de a
los recortes de personal de la propia banca– ha reducido aún más la
demanda interior, la de consumo y la de inversión. Y lo que es peor,
muchas pequeñas y medianas empresas tienen su futuro muy comprometido:
por el daño que han sufrido en los últimos tiempos, por el que siguen
sufriendo –el grifo del crédito sigue cerrado, salvo para las grandes
empresas más o menos vinculadas a la banca– y por el que les espera. Los
más optimistas dicen que ese grifo sólo empezará a abrirse, si todo va
bien, dentro de dos años.
En definitiva, que todo va a
seguir sustancialmente igual. Con un Gobierno que define su política en
función de los intereses de la banca, con una enorme deuda bancaria y
también pública (que en medida no pequeña se debe a las ayudas al sector
financiero), con las amenazas sobre nuestra prima de riesgo
(atribuibles a ese endeudamiento, privado y público, que tiende cada vez
más a confundirse gracias a que es la banca española la que compra las
emisiones de deuda pública y eso asusta a los mercados), con más de 6
millones de parados y, lo que seguramente es casi tan malo como lo
anterior, sin que nadie de los que deberían hacerlo se levante para
exigir que se rompa el pacto entre la banca y la política.
Sin necesidad de citar la teoría de "la contradicción primera" de Mao
Tse-Tung, parece cada vez más evidente que ese es el gran problema de la
actual situación española, aunque también el de la mayoría de los demás
países occidentales. De él cuelgan buena parte de todos los demás. Ahí
habría que concentrar todos los esfuerzos políticos y todos los debates.
Pero nuestras izquierdas no parecen enterarse. O lo saben y no quieren
líos.
Carlos Elordi
Eldiario.es
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