jueves, 28 de noviembre de 2013

La dulce siesta del Impuesto sobre Transacciones Financieras

La UE pide a España más recortes en 2014. Pero nadie menciona que algunos países europeos acordaron poner en marcha un Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), que aumentará la recaudación fiscal y puede ser una alternativa a los recortes (tan peligrosos, como innecesarios e injustos). Tal vez nadie lo menciona porque en España el ITF parece dormir una “dulce siesta”. Veamos qué ofrece este impuesto y qué hay detrás de él.

En enero de 2013 once países de la UE (Unión Europea) alcanzaron un acuerdo para poner en funcionamiento el ITF en 2014. Esos países son Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Grecia, Italia, Portugal y España. A ellos podría sumarse Holanda, pero el resto de Estados de la UE se oponen, en especial Luxemburgo y el Reino Unido. Para salvar esa división, los países miembros que aprobaron el ITF canalizaron el acuerdo mediante un procedimiento de cooperación reforzada, que permite llevar a la práctica ciertas iniciativas cuando hay un número suficiente de Estados que las apoyan, garantizando que no serán bloqueadas por los países que no las apoyan, y que no distorsionan el funcionamiento de la UE. Hasta aquí el deseo. Pero la situación real es distinta.

En septiembre de 2013 se cumplieron cinco años de la quiebra de Lehman Brothers, emblema que marcó el inicio oficial de la gran recesión que nos azota. En aquel momento los líderes de la UE se conjuraron para responder a la crisis, pero también para evitarlas en el futuro. Hablaron, entre otros temas, de introducir reformas sustanciales en el sector financiero. Sin embargo, se trata de “promesas rotas” porque, pese a la mejora en la situación contable de algunos bancos, no se ha avanzado en una mayor regulación financiera que ayude a evitar las crisis y haga posible algo lógico y deseable: que la banca colabore en la financiación de las políticas anticrisis. En realidad, simplificando mucho, el mayor “avance” logrado en la UE ha empeorado la situación general, ya que el Banco Central Europeo ha abierto un atajo para los bancos, facilitándoles el acceso a financiación privilegiada, mientras que el camino se ha hecho mucho más duro, largo e injusto para el resto de los agentes económicos y para los ciudadanos, obligados a soportar los efectos de los programas de ajuste y la creciente desigualdad que provoca la austeridad mal entendida.

En los últimos años la UE ha discutido y aprobado la introducción de un ITF, que, según la Comisión Europea, permitirá que “el sector financiero aporte una contribución más equitativa, habida cuenta de los costes que genera la lucha contra la crisis, y de la escasa tributación a la que está sujeto actualmente este sector”. Además, se ha previsto que un parte de la recaudación del ITF complete los recursos propios del presupuesto comunitario. Francia, en 2012, e Italia, en marzo de 2013, ya establecieron un ITF. Otros países no pertenecientes a la UE tienen figuras fiscales similares. Pero la mayoría de las naciones europeas o rechazan la propuesta o aún no la han aplicado. Incluso, en algún caso, como España, el ITF ha decidido echarse una siesta, puesto que pasó por el Congreso de los Diputados, donde la mayoría parlamentaria rechazó las enmiendas presentadas, y ahora el ITF está pendiente de debate en el Senado, de donde saldrá tardíamente y algo “somnoliento”. Es decir, probablemente salga del Senado sin posibilidades de ser incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, lo que supondría posponer su aplicación, retrasando los ingresos generados por ese impuesto, su efecto regulador sobre algunas transacciones financieras y su capacidad (relativa) para limitar (algunos) movimientos especulativos. ¿Estamos ante un caso más de “quiero y no puedo”, o de puedo pero no quiero? ¿Es el dilema de no pocos políticos cuando tocan el sector financiero? ¿O es el sector financiero el que toca la música y marca el ritmo de baile? Lo cierto es que las directivas comunitarias ofrecen flexibilidad para su aplicación en cada país, y eso deja abiertos más flecos de los que inicialmente había.

La propuesta de directiva, de septiembre de 2011, revisada en febrero de 2013, para introducir un ITF en la UE no coincide técnicamente con lo que conocemos como la “Tasa Tobin”, puesto que su objetivo no es gravar los movimientos internacionales en divisas ni dedicar ese dinero a ayuda al desarrollo. Lo que se pretende es gravar ciertos movimientos financieros en algunos países, para regular mejor los sistemas financieros y aumentar la recaudación. Esto último es importante, dado que a menudo, como sucede en España, la presión fiscal sobre las rentas de capital está por debajo del 15%, cifra claramente inferior a la que soporta una familia media española. Y no hay ningún motivo para ocultar que los equilibrios presupuestarios también pueden alcanzarse mejorando la recaudación, es decir, aumentando la presión fiscal sobre quienes tienen que pagar más en función de sus niveles de renta, además de combatir el fraude, algo que no es ajeno a los privilegios del sector financiero, entre otros la menor fiscalidad indirecta que soporta. Por supuesto, regular mejor los sistemas financieros también es un aspecto esencial del ITF, ya que uno de sus propósitos es desincentivar los movimientos de capital a muy corto plazo. Pero aún quedan dudas sobre cómo se aplicará, cuáles serán sus efectos extraterritoriales y qué mecanismos se arbitrarán para reducir los procesos de “deslocalización” financiera. Aunque existe un amplio acuerdo aparente (incluso en el G-20) sobre las ventajas generales que reporta el ITF, la sensación es que puede retrasarse y rebajar su impacto final.

Según la Comisión Europea, la introducción de los tipos impositivos previstos, que podrían oscilar entre el 0,01% para los derivados (financieros) y el 0,1% para las acciones y bonos, reportaría unos ingresos adicionales de al menos 37.000 millones de euros, de los cuales 5.000 millones se recaudarían en España. Eso permitiría disponer de fondos adicionales para sanidad y educación, sin tener que escuchar de nuevo el cuento de que la crisis obliga a hacer recortes, por ejemplo “de 2.500 millones de euros”, porque la UE así lo ha estimado “al analizar el incumplimiento de las metas de déficit”. Podría evitar más recortes, y tal vez evitaría seguir atentando contra el bienestar, los servicios públicos y las condiciones laborales y salariales. Pero en España, y en otros países, el ITF está pendiente de aclarar diversas cuestiones relativas a la flexibilidad en su aplicación, para intentar evitar situaciones de bloqueo, incluso jurídicas, que podrían producirse tanto en la UE y sus países como en otras instancias.

La lógica del impuesto, así concebido, requiere que la mayoría de las operaciones en los mercados primarios queden fuera del ámbito de aplicación del ITF, para no dificultar la financiación de las Administraciones Públicas y las empresas. También estarían exentas la mayoría de las actividades financieras cotidianas en las que participan las personas físicas y las empresas de carácter no financiero, como es el caso de los contratos de seguros, préstamos hipotecarios, créditos al consumo y servicios de pago, aunque sí estaría gravada su negociación posterior como productos estructurados. Según lo establecido, el ITF se basará en los principios de residencia y de emisión, con el fin de reducir riesgos de evasión y deslocalización, y gravará las transacciones financieras en las que intervenga una institución financiera domiciliada en un país miembro (incluyendo fondos de inversión, de pensiones y de seguros). Además, se aplicará a operaciones realizadas tanto en mercados organizados como no organizados, por lo que quedarán sujetas a gravamen las transacciones relacionadas con todo tipo de activos financieros.

¿Suena más bonito de lo que cabía esperar, o, por el contrario, parece poco frente a los gigantes financieros globalizados? Tal vez por esa compleja ubicación en la intersección entre la política y la economía, entre los nacional y lo global, entre el sector financiero y el resto de actividades económicas y sociales, el ITF puede despertarse anestesiado, con un ámbito de aplicación menor, con tipos impositivos aún más bajos, y sin capacidad de afrontar los retos previstos, en particular, combatir el fraude y los paraísos fiscales, exigir solidaridad al sector financiero para afrontar la actual recesión y contribuir a que las finanzas no desestabilicen aún más el precario “equilibrio” que impone esta globalización. No obstante, conviene sumar fuerzas e insistir en esta batalla: el ITF puede contribuir a mejorar la regulación financiera, la recaudación y la equidad en la UE y sus países. En enero de 2013 nuestro gobierno se comprometió a aplicar un ITF en España. Se supone que el sector financiero se está “preparando” para ello. A los ciudadanos, al menos, tendrían que explicarnos qué efectos tendrá, cómo se aplicará, cuándo, y con qué características y excepciones. ¿Es mucho pedir?

¿O es preferible exigir un aumento de la presión fiscal sobre las actividades del sector financiero, como primer paso para intentar evitar un deterioro aún mayor de las condiciones salariales y laborales, y frenar la virulencia de los ataques contra el Estado y el bienestar en España y Europa?
(*) Véase una versión más detallada de este artículo en: econonuestra.org

José Antonio Nieto
Profesor titular de Economía Aplicada (UCM) Asociación Econonuestra (*)
Público.es

domingo, 24 de noviembre de 2013

Crisis, mentiras y cintas de vídeo

No nos indignemos. No perdamos el tiempo miserablemente con sentimientos para los que ya ha pasado su tiempo. Ahora toca pensar. Pensar en el cambio real, en lo que tenemos que hacer para proponer soluciones y no dejarnos arrastrar, una vez más, en mentiras que el tiempo está demostrando que lo son.
 
“…El tiempo pone las cosas en su sitio…”, dicen; lo que ocurre es que no siempre disponemos de él para esperar. Pero pasar, el tiempo pasa.
 
La crisis económica que vivimos en España desde hace más de seis años no explica ni mínimamente el vergonzoso recorte de derechos sociales que padecemos. Nuestro país, incluso antes de este atropello, era uno de los Estados de la UE con menos inversión social, que no confundir con gasto público. A cifras reducidas no sumamos, restamos.
 
De lo que estamos hablando es de algo bien simple: la crisis es la excusa perfecta, el momento deseado y planificado para despedir a profesores, a médicos, para recortar sueldos, acabar con ayudas públicas, cerrar asistencias sanitarias y trasladar parte de estos servicios, antes públicos, al ámbito privado. Menos justicia social, menos igualdad de oportunidades por más mercado, este es el plan. Curiosamente, y a la vez que se fractura la justicia social y la igualdad de oportunidades, aderezado con la hipocresía de solicitar a los ciudadanos que soporten el esfuerzo de aguantarse sin rechistar, no se corrige ni un ápice la desmesura de un Estado ineficiente multiplicado por cinco en estructuras administrativas y políticas, que sirven para colocar a afiliados u obtener financiación para sus Partidos, confundiendo gasto público con Estado del Bienestar.
 
Pero esto es fácil de leer y más de escribir. No has llegado hasta aquí para que te digan lo mismo que seguramente ya piensas y posiblemente también hayas leído en muchos otros lugares. Has llegado aquí para que te expliquemos con datos reales, lo que el tiempo ha puesto en su sitio: la explicación de la gran mentira.
 
LA GRAN MENTIRA.
 
La gran mentira es que esta crisis económica (y ética) es la causante de los recortes de derechos sociales. Eso es sencillamente mentira además de una estafa política. La crisis económica solo explica el principio o la causa desencante, pero nunca su extensión y  alcance en España, en unas dimensiones no conocidas desde hace más de 50 años.
 
La crisis financiera y la consiguiente restricción artificial del crédito provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, puso de manifiesto el caos del sistema tributario que causó de inmediato una caída sin precedentes de los ingresos públicos. Ante semejante pérdida se acudió a la financiación del gasto público mediante Deuda, permaneciendo este  durante dos años inalterable en su parte de derroche y que, por cierto, hasta ese momento parecía inadvertido.
 
Dos años de descontrol del gasto y de caída de ingresos supusieron la multiplicación del déficit y el crecimiento exponencial de la Deuda Pública en un  país en el que los bancos ya estaban hiper-endeudados. La Deuda Pública en la Eurozona es una trampa mortal, ya que obliga a los países de su ámbito a acudir a los operadores del mercado financiero, es decir, a los grandes bancos. Los Estados no deberían pagar intereses de mercado por financiarse pero así ocurre. El Banco Central Europeo presta el dinero que emite a los bancos al 1% y con ese dinero los bancos lo prestan a los Estado cobrando un interés de mercado que ronda el 6%. Semejante negocio se sostiene porque con nuestros impuestos pagamos unos intereses que jamás  deberíamos pagar. Expliquémoslo.
 
1. LA CRISIS.
 
¿Justifica la dimensión de la crisis la disminución del gasto social? Evidentemente no.
 
Analicemos algunos indicadores significativos en el periodo 2008/2012 y comparémoslo con el año 2007:
 
PIB: En el periodo acumulado 2008 a 2012 ha crecido aproximadamente un 1% con respecto a 2007. Nuestro PIB hoy es mayor del que existía en 2007. Por supuesto un índice de crecimiento tan exiguo representa un frenazo a las importantes subidas registradas hasta 2008, pero no podemos obviar que el porcentaje acumulado es positivo. El ejercicio con porcentajes más negativos fue 2009, en el que cayó un 3,7% en relación a 2008.
 
-Demanda Interna a precios corrientes: En el periodo 2008 a 2012 el saldo acumulado es negativo en un 4,69% en relación a 2007, resultando el peor año 2009 en el que cae un 7,3% con respecto a 2008.
 
-Renta de los hogares: En el periodo 2008 a 2012 el saldo es mínimamente positivo en un 0´7815% con respecto a 2007.
 
-Renta del trabajo: En el periodo 2008 a 2012 el porcentaje acumulado es negativo en relación a 2007, disminuyendo como consecuencia del paro existente en un 5%.
 
-Gasto de los hogares: En este periodo se produce una disminución del existente en 2007, siendo su saldo acumulado un 5% inferior.
 
-Gasto en compra de vivienda: El dato es espectacular, al suponer una caída del periodo, en relación a 2007, del 90% aproximadamente.
 
-Otros gastos: Los gastos de consumo de electricidad, alcohol y gasolina son superiores a los registrados en 2007.
 
A los efectos que nos interesan estos datos son más que suficientes para darnos cuenta  de que, ciertamente, España ha vivido una crisis importante en la que sus indicadores apenas alcanzan a los importes nominales del año 2007; unos ligeramente por encima y otros por debajo, aunque en niveles moderadamente inferiores  teniendo en cuenta el factor inflación en cinco años. No obstante a ello, y ya es suficiente para considerar la dimensión de la crisis, deberíamos estar en niveles parecidos a los de 2007. En una economía pública no haber avanzado en  seis años ya es suficiente para valorar la importancia de la recesión.
 
2. LOS INGRESOS TRIBUTARIOS.
 
¿Estamos, por tanto, en los mismos niveles de ingresos tributarios que en 2007? Ni mucho menos nos encontramos ante un panorama que podríamos considerar tan positivo. Las conclusiones obtenidas de los datos macros observados de esta crisis nos llevarían a la conclusión de que la cifra de ingresos tributarios registrados en estos últimos años debería ser cercana a la de 2007, pero nada más lejos de la realidad.
 
Si la comparamos con la del año 2012 observamos estas diferencias:
 
-Ingresos Tributarios Líquidos del Estado 2007: 200.676 millones de euros
-Ingresos Tributarios Líquidos del Estado 2012: 168.676 millones de euros.
 
Frente a una subida del PIB del 1% como dato macroeconómico de referencia en el periodo 2008 a 2012, la caída de ingresos tributarios producida en 2012 es del 16% con respecto a 2007, lo que en términos nominales supone un total de 32.100 millones.
 
Pero aun hay algo más grave; la suma de todas las caídas de ingresos tributarios en cada uno de los años del periodo analizado con respecto a 2007 supone una pérdida acumulada total de ingresos de más de 196.000 millones de euros. Y esto solo en cinco años!! Esta cifra es superior al presupuesto tributario de un año.
 
¿Cómo es posible que a una subida mínima, pero subida, del 1% del PIB, le corresponda una bajada tan importante de los ingresos tributarios?
 
Alguno de los datos tributarios más importantes son estremecedores:
 
-Base imponible del Impuesto de Sociedades: Se reduce en un 61,022%.
 
-Base imponible agregada (beneficios sujetos a tributación por todos los impuestos): Disminuye con un saldo acumulado  de un 13,03%.
 
Ello trae una consecuencia visible y medible que no tiene explicación oficial que la justifique, y menos que esta pueda ampararse en la crisis económica ya que se valora en términos relativos sobre sus propios datos económicos, sean estos positivos o no: la Presión Fiscal.
 
La Presión Fiscal –que no el esfuerzo fiscal que se mide sobre los ciudadanos- es un índice de comparación homologable en todos los países de la UE y su medición le corresponde a la oficina estadística de la UE, el EUROSTAT. Pues bien, España ha pasado de una presión fiscal sobre su PIB en 2007 del 38,8 % al paupérrimo 31,4% del 2011. Más de siete puntos porcentuales de caída de ingresos tributarios que no se explican por la crisis. Este porcentaje es el peor de Europa para un país de nuestras dimensiones y economía, siendo solo superado en su negatividad por Estados como Lituania, Bulgaria, Letonia, Rumania, Eslovaquia e Irlanda. Nos superan Grecia y Portugal. A pesar de que los ciudadanos, especialmente las clases medias, tienen un altísimo esfuerzo fiscal nuestro sistema tributario en su conjunto es uno de los que menos recaudan.
 
La caída de Ingresos tributarios en la forma que se ha producido en España no se explica en la crisis. Si lo dicho hasta aquí no es suficiente, analicemos en qué figuras impositivas se produce esta caída:
 
 
-IRPF:
 
En 2007 la recaudación fue de 72.614 millones de euros, siendo en 2012 de 70.619 millones, apenas una caída de 2.000 millones y un 2,8 % de pérdida sobre 2007. La pérdida de recaudación acumulada en 2008 a 2012 en relación a la que lo fue en 2007 representa 21.000 millones de euros y por lo tanto es muy ajustada a los datos macros de caída de las rentas del trabajo y renta de los hogares. Es una disminución lógica a los datos de crisis. El esfuerzo de las rentas del trabajo está garantizado y sostenido.
 
-IVA:
 
En 2007 se recaudaron 55.851 millones de euros frente a los 50.464 millones de 2012. Supone una caída del 9,64%, aun teniendo en cuenta el efecto de la subida de los tipos aplicables. La suma de las pérdidas anuales producidas en estos cinco años en relación a 2007 suponen un total de 49.000 millones de euros, lo que representa unos porcentajes muy superiores a la caída de la demanda, de un 5% aproximadamente, por lo que la explicación radica en el aumento del fraude y la economía sumergida, así como en la desaparición de las operaciones inmobiliarias y especulativas.
 
-IMPUESTO DE SOCIEDADES:
 
En 2007 la recaudación supuso en aquel año 44.823 millones de euros, siendo la de 2012 de 21.435 millones. Esta espectacular caída es del 52,17 % y no tiene explicación con ningún dato derivado de la crisis. En 2012 se recauda menos de la mitad de lo que se hacía en 2007 por este impuesto, sin que haya explicación posible en ningún dato macroeconómico. La caída de las bases imponibles del impuesto, es decir los beneficios sujetos a tributación, reflejan también un descenso del 61,022%, al pasar de 177.000 millones en 2007 a 69.106 en 2011. Si sumáramos todos los importes no obtenidos o perdidos en cada uno de los años del periodo 2008 a 2012, siempre en relación con la cifra que se obtuvo en 2007, la pérdida de recaudación ascendería a 121.000 millones. Una cifra impresionante que es la causante de todos los males actuales. No puede permitirse semejante agujero en los ingresos públicos en tan breve espacio de tiempo.
 
Y así se está produciendo. La participación del Impuesto de Sociedades -recordemos que es el que pagan las empresas societarias- sobre el total de ingresos tributarios era en 2007 del 22,33%; en 2012 es solo del 12,71%. Su porcentaje sobre el PIB es sencillamente vergonzoso al representar solo el 1,9%.
 
¿Esto es posible? Nos han hecho ver que la pérdida de ingresos tributarios del Impuesto de Sociedades tiene que ver con la crisis, pero esto solo es así en una parte mínima. La prueba más clara de la manipulación argumental  está en el llamado “tipo efectivo”. Nos referimos como tal al porcentaje real que pagan las empresas sobre sus resultados contables, independientemente del nominal o legal. Pues bien el tipo medio efectivo de tributación de las grandes empresas consolidadas es el 5%, frente al 30% establecido en la Ley, y esto aun cuando en 2007 era del 13,2%. La crisis explica caídas de beneficios pero nunca lo hará  con la disminución radical de tipos efectivos en más de un 8%  ya que estos se aplican sobre beneficios, sean estos altos o bajos.
 
El Impuesto de Sociedades en España se ha convertido en un auténtico “queso gruyere” para las arcas públicas del que ya solo quedan agujeros que se tapan en forma de recortes de servicios públicos y que, por cierto, intentan esconder esos políticos plañideros que nos dicen aquello de …” venga…solo un esfuercito más”. Seguramente el que ellos no han hecho en explicarnos cómo y por qué ha volado el dinero. Ni ellos mismos lo sabrán.
 
La vergüenza es de dimensiones internacionales y nos sitúa una vez más en el ranking de los más laxos en la exigencia tributaria a las grandes empresas: La “famosa y tramposa” Irlanda, que se pone de ejemplo por su “competencia desleal” al ofrecer tipos del 12,5% en su Impuesto de Sociedades, recauda proporcionalmente más con su Impuesto blando que España con su queso gruyere. Chipre, con un tipo aplicable del 10%, recauda un 7% de su PIB mientras que nosotros, con un tipo legal del 30%, solo recaudamos el 1,9% del nuestro. Sencillamente inaceptable porque no tenemos que molestarnos en hablar de fraude, ni de economía sumergida, ni de paraísos fiscales, simplemente de ineficacia legislativa y  beneficios a la carta para los grandes en el Impuesto de Sociedades.
 
Si partimos de que durante estos cinco años hemos perdido en relación a la misma cifra que se obtuvo en 2007 más de 196.000 millones, el 61,73% se corresponde con el Impuesto de Sociedades, solo el 10,7% al IRPF y el 25% al IVA. La explicación está ahí y no en la crisis que solo lo es en una parte mínima.
 
 
3. El DEFICIT PÚBLICO Y LOS INTERESES
 
Cada año desde 2007 España ha perdido más de 30.000 millones de euros en su agujero tributario, lo que supuso que pasara de un superavit presupuestario de casi un 2% del PIB, por encima de Alemania (0,2 %), a un déficit del 11% en solo dos años. Ello no se debió a un incremento del gasto público como le encanta a la derecha repetir sino al hundimiento intencionado de los ingresos públicos. Estos se hundieron porque los privilegios de las grandes fortunas empresariales no se percibían debido a la facilidad de obtención de ingresos procedentes  del boom inmobliario y su efecto positivo sobre los mismos. En cuanto desaparecieron los inmuebles alguien se dio cuenta de lo todo el mundo sabía y nadie se atrevía a decir cuando las cosas iban bien: ¡el Rey estaba desnudo! Nuestro sistema de ingresos estaba tan desnudo como el Rey de la fábula.
 
El aumento del déficit público supuso acudir a la financiación ajena, por lo que la deuda pública paso de un modesto 36,30% (lo que demostraba que España era un país de escasos compromisos con el Estado del Bienestar) a un esperado100 % para el próximo 2014. El pago de intereses consecuencia de esta Deuda creciente pasó de un importe de 15.993 millones de euros, un 1,52% del PIB en 2007 a 36.950 millones, un 3,5 del PIB. Es decir el incremento del pago de intereses ha supuesto un aumento de 21.000 millones de media en cada uno de estos tres últimos años.
 
En apenas tres años hemos pasado a perder 30.000 millones de euros de recaudación tributaria y aumentar el pago de intereses en 20.000 millones anuales. Una locura de 50.000 millones de ineficacia que explotó en tan corto tiempo.
 
Si todo ello resultaba poco, el rescate a las entidades financieras ha supuesto un nuevo desequilibrio de 40.000 inaceptables millones.
 
Los compromisos con la UE y con nuestra Constitución reformada a instancias de las políticas neoliberales nos obliga a situarnos de forma inmediata en un déficit anual de un 3% cuando partíamos de un 11% en plena crisis. ¿Por qué de forma tan rápida? Ello ha duplicado los efectos de la crisis y la ha convertido en especialmente grave porque nuestros políticos han dirigido las medidas a adoptar, medidas traumáticas todas ellas, sobre el gasto público y no sobre los ingresos, que aun siguen siendo un 16% más bajos que los obtenidos en 2007. Estos  se han mantenido sin entrar en una caída aun mayor gracias al esfuerzo suplementario exigido a las rentas medias y del trabajo con las injustas subidas del IRPF y del IVA; mientras el Impuesto de Sociedades sigue siendo un privilegiado del sistema tributario. Vergonzoso. Un sistema tributario destrozado no se arregla en tres años por lo que resulta más fácil acudir a las clases medias y subirles el IVA y el IRPF. De esta manera frenan el endeudamiento y favorecen su empobrecimiento, que es otro de los objetivos económicos del gobierno actual.
 
4, LA PRIMA DE RIESGO.
 
 España, una vez que forma parte de la UE y de su Eurozona, pierde su soberanía monetaria y por ello económica, entregándola como botín de guerra de los mercados capitalistas a  unas instituciones supraestatales sobre las que el ciudadano no tiene ningún control democrático. Esto en sí mismo debería preocuparnos y mucho. Ya puedes votar al gobierno que tú quieras que la política económica no se cuece aquí. Perder la soberanía monetaria implica que, como Estado Soberano, dejamos de  controlar nuestra moneda, que ya no es nuestra, y por lo tanto las medidas clásicas a aplicar en tiempos de crisis, que aun criticadas, demostraron que servían para salir de las crisis mucho antes de lo que vamos a salir en la actualidad. Las devaluaciones monetarias, la emisión de moneda o el control de los tipos de interés pasan a depender del Banco Central Europeo y por lo tanto de los criterios de los países más fuertes, entre los que, por supuesto, no nos encontramos. Si ponemos el ejemplo de la devaluación de la moneda, medida lógica en una situación como esta, y al no disponer de un Banco Central propio ni autoridad monetaria debemos inventarnos algo así como una “devaluación interna”, que consiste básicamente en “autoempobrecernos” reduciendo los sueldos de los trabajadores y de los empleados públicos. Cuanto más pobre mejor. ¿Cómo si no es de esta forma se explica que España disponga de un salario base de 641 euros frente a los 1.446 de Francia y un tipo general de IVA del 21% comparado con el 19% francés?
 
A ello se une la majaderia de la prima de riesgo y de su “valor de mercado. Los países de la UE no pueden emitir libremente moneda libre de deuda y se obligan a financiarse en los mercados internacionales, reforzando el negocio de los Bancos. España se tiene que financiar en Bancos Privados, como si fuera un particular, lo cual es inconcebible y mucho más que esto  tenga que ser así por una norma que forma parte de los Tratados de la UE. De tal forma, el Banco Central emite dinero que entrega a los Bancos Privados con un interés mínimo para que estos se lo presten a Estados como España pero a un interés de mercado. Ese interés de mercado es fijado de forma artificial por las Agencias de valoración especulativas vinculadas a estos bancos, que de acuerdo con sus planteamientos basados en riesgos irreales (hacen creer que España plantea dudas de credibilidad sobre el pago de sus deuda para aumentar de esta forma el tipo diferencial o prima de riesgo) atornillan al país de turno con tipos elevados y verdaderamente fuera de mercado, asegurando, entre otras cosas, que países como Alemania se financien a tipos mínimos. El negocio ya lo hacen con Italia y España.
 
Esto es impresionante por irreal: rescatamos a los bancos para que nos presten el mismo dinero público de los rescates. Así es, pensamos que Alemania o los bancos alemanes son los propietarios de la Deuda Pública Española, cosa que no es cierta. El 55% de la Deuda española es propiedad de los bancos españoles en una muestra de “patriotismo”. Es decir España está arruinada, recortada y empobrecida porque los bancos españoles hacen doble negocio con su país; obtienen dinero público para sus rescates, reponiéndoles de su experiencia dilapidadora inmobiliaria con dinero público, y ese mismo dinero que incrementa nuestra deuda se presta al mismo Estado pero a interés de mercado.
 
De esta forma se produce otra curiosa situación: el dinero pagado por  las rentas del trabajo en forma de impuestos, que son las que sostienen los ingresos públicos, se convierten en beneficio del capital. El trabajo se convierte en esclavo del capital una vez más. La fórmula es trabajo que es igual a esfuerzo fiscal se trasvasa a ganancia de capital (intereses de la deuda cobrada por los bancos)  que es igual a beneficio fiscal.
 
No será porque no te lo hemos contado. A partir de ahora depende de nosotros porque todo esto que hemos narrado podría ser de otra forma si estamos dispuestos a cambiarlo.

Raúl Burillo. Exdelegado de la Agencia Tributaria en Balears y Cataluña 
raulburillo.over-blog.es 

 

martes, 19 de noviembre de 2013

Blanqueo de capitales y paraísos fiscales

Las grandes transacciones financieras ilegales, el desarrollo con baja regulación de la banca off-shore, los altos volúmenes de dinero proveniente del tráfico de drogas, ventas ilegales de armas y el desarrollo de los paraísos fiscales han creado un panorama de tensión en las finanzas internacionales fruto de las amenazas que esto implica para los mercados financieros, como resultado de esta sumatoria de adversidades que son la expresión del blanqueo de capitales que predomina en el mundo.

El blanqueo de capitales, o lavado de dinero, se corresponde con toda actividad ilegal cuyos objetivos es ocultar el origen de la generación de riquezas injustificable para lograr que estas pasen al circuito económico de manera legal. En tal sentido el canal primario de conversión son las instituciones financieras por ser estas las que gozan de la confianza de ser depositario del efectivo del público y que permanentemente entra a la economía para financiar las actividades productivas y que administran el sistema de pagos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha profundizado investigar acerca del patrón de actuar de los blanqueadores de dinero en el mundo, llegando a la conclusión de que la mafia financiera internacional no descansa en su intención de penetrar el dinero ilegal a través de las entidades bancarias como mecanismo idóneo de hacer del dinero ilegal en legal para que forme parte de la economía real. En tal sentido ha identificado tres fases de la penetración del dinero sucio en los bancos.

La primera fase se logra mediante la colocación del dinero ilegal en el sistema financiero en fracciones pequeñas utilizando diferentes tipos de cuentas, sin levantar ninguna sospecha de los ejecutivos bancarios ni del organismo supervisor. Por igual se hacen adquisiciones de cheques o money orders, pagos y compras a través de Internet, una vez penetrado el dinero blanqueado en el sistema financiero, se pasa a la segunda fase que es hacer transferencias de una cuenta a otra a los diferentes bancos del mundo, así como realizar múltiples compras, transacciones comerciales ficticias y ventas de diferentes productos de inversión cuyo epicentro de operación se encuentran en los denominados paraísos fiscales que normalmente están situados en las islas del Caribe y en Chipre.

La última y tercera fase del blanqueo de capitales GAFI la identifica como la fase de la integración, y es cuando el dinero ilegal regresa a su propietario pero pasando por la economía real que le da un carácter de legal ya que se utilizan para impulsar negocios constituidos bajo las modalidades establecidas por la Ley de cada país. En tal sentido este dinero blanqueado impacta en el sector inmobiliario con las compras de casas y apartamentos lujosos, el negocio de obras de arte, relojes de lujos, negocios de vehículos, obras benéficas y con todo esto penetran a las estructuras de los partidos políticos y el gobierno hasta incidir en las decisiones internas de estos en las candidaturas a las diferentes posiciones electivas. 

Para que se tenga una idea de lo que representa el blanqueo de capitales solo hay que tomar en cuenta que al inicio del 2003, se estimaba que en el mundo el monto de banqueo de capitales oscilaba entre la fría suma de US$300 mil a US$500 mil millones, sin embargo, para el primer semestre del 2013 se blanquea la respetable suma de US$1100 millones. Para el FMI el dinero sucio en el mundo representa entre un 3.5% y un 5.4% del PIB lo que para el Banco Mundial esto significa que entre 2,17 billones y 3,61 billones de dólares están siendo blanqueados y penetrados a la economía real.

Se reconoce la lucha titánica que ha llevado a cabo USA para enfrentar el blanqueo de capitales dentro y fuera de su territorio, sin embargo, el congreso norteamericano ha admitido que los bancos europeos y de ese país blanquean anual la temible suma que oscila entre US$500 mil millones y un billón de dólares y que ambas zonas se reparten en un 50% los depósitos que reciben del blanqueo y que forman parte del circuito financiero de ambos. 

El blanqueo de dinero en la práctica está avalado por las grandes entidades bancarias ya que estas han desarrollado dos vías de acceso al lavado de dinero; por un lado está la denominada banca privada que gestiona fondo de inversión con alta confidencialidad con tasas de rendimiento de hasta un 25%, en tanto, que por el otro lado está la banca de corresponsalía en el cual un banco de un país gestiona servicios y negocios financieros con un banco de otro país sin que intervenga un espacio físico y con grandes beneficios. Desde las islas del Caribe se transfieren grandes volúmenes de dinero blanqueado al mundo cuyo soporte  son los paraísos fiscales.

Daris Javier Cuevas, economista 
Listín Diario

lunes, 18 de noviembre de 2013

El pacto entre la política y la banca es la causa de nuestros males

Con o sin rescate, todo va a seguir con un Gobierno en función de la banca, con una enorme deuda bancaria y también pública, con las amenazas sobre nuestra prima de riesgo, con más de 6 millones de parados y sin que nadie se levante para exigir que se rompa el pacto entre la banca y la política.

El Gobierno y los medios de comunicación que con más o menos descaro le acompañan pretenden que la opinión pública española se trague una nueva patraña: la de que el final del rescate bancario que ha sancionado Bruselas es un éxito para la economía española –es decir, para Rajoy y los suyos– y que poco menos significa que nuestra banca ya no tiene problemas. Sólo algunas voces aisladas en medio de un mar de aplausos han denunciado la falsedad de esas conclusiones y, lo que es más significativo, ningún partido de la izquierda ha dicho una palabra al respecto, lo cual ya viene siendo habitual cuando se trata de la banca.

No hay duda de que nuestros banqueros se sentirán muy satisfechos al comprobar, de nuevo, lo bien atado que tienen el cotarro y que pueden seguir ocultando sin mayores inquietudes, y con apoyo fiel del Gobierno, las muchas debilidades, cuando no problemas irresolubles y angustiosos, que sufre el sistema financiero español. Algunas cifras, que nadie puede desmentir, lo confirman: los bancos siguen debiendo más de un billón de euros y esa cifra no ha disminuido en los 18 meses que ha durado el rescate bancario, sino aumentado gracias a las ingentes cantidades que le ha prestado el BCE. En las cuentas de los bancos, por mucha cosmética contable que se les haya aplicado por vía de las refinanciaciones –como acaba de denunciar el Wall Street Journal–, sigue habiendo, como poco, más de 200.000 millones de créditos a promotores. Buena parte de ellos de dudoso cobro y todos perdiendo valor cada día que pasa y bajan los precios del sector inmobiliario.

Sólo eso bastaría para concluir que la situación del conjunto de nuestra banca es muy precaria e inquietante y que, sin tener datos para ser más precisos, algunas entidades deben de estar bastante peor que la media. Pero es que, además, ahora toca hacer frente a las consecuencias del rescate bancario y de los efectos que el drama que el sector ha vivido en los dos últimos años ha tenido para el conjunto de la economía. Para empezar, está el coste del rescate mismo: 41.400 millones que, en contra de lo que asegura la propaganda oficial, tendrá que pagar el Estado en su práctica totalidad. Aparte de que esa cantidad figura desde el momento en que se dispuso de ella como déficit público, que gracias a eso está por encima del 10% del PIB.

El Gobierno oculta con gran empeño ese dato y la gran mayoría de los medios de comunicación evitan denunciarlo. Pero la Comisión Europea no lo olvida. Por eso, a las 24 horas de que el ministro De Guindos proclamara eufórico el fin del rescate, Bruselas ha hecho saber lo que va a costar ese "éxito": nada menos que 36.000 millones, que el Gobierno tendrá que recortar de sus gastos de aquí a 2016 para rebajar ese déficit público de más del 10%, casi un tercio del cual se debe a las ayudas que ha recibido la banca. Eso por no hablar de los otros casi 150.000 millones más que el sector ha recibido por distintas vías en los últimos cinco años y que siguen gravando nuestras cuentas públicas y explicando buena parte de los recortes que ha padecido la sociedad española. A los que habrá que sumar los 36.000 millones de "ajustes" que acaba de pedir Bruselas y de los que Rajoy difícilmente podrá escaparse.

La lista de desaguisados que el apoyo a la banca ha supuesto para la economía española es muy larga. Pero quedémonos con uno solo de sus capítulos: el desastre que ha producido el bloqueo del crédito a las empresas y a las familias. Si en el conjunto de 2013 se habrán destruido en torno a los 850.000 puestos de trabajo, en los 18 meses que ha durado el periodo de excepcionalidad bancaria, el del rescate, el total no habrá sido inferior a 1.200.000.

Más allá del aumento del coste del seguro de desempleo y del descenso de ingresos fiscales que implica, ese golpe –en buena medida atribuible a la falta de crédito desde 2008, agravada en el último año y medio, además de a los recortes de personal de la propia banca– ha reducido aún más la demanda interior, la de consumo y la de inversión. Y lo que es peor, muchas pequeñas y medianas empresas tienen su futuro muy comprometido: por el daño que han sufrido en los últimos tiempos, por el que siguen sufriendo –el grifo del crédito sigue cerrado, salvo para las grandes empresas más o menos vinculadas a la banca– y por el que les espera. Los más optimistas dicen que ese grifo sólo empezará a abrirse, si todo va bien, dentro de dos años.
En definitiva, que todo va a seguir sustancialmente igual. Con un Gobierno que define su política en función de los intereses de la banca, con una enorme deuda bancaria y también pública (que en medida no pequeña se debe a las ayudas al sector financiero), con las amenazas sobre nuestra prima de riesgo (atribuibles a ese endeudamiento, privado y público, que tiende cada vez más a confundirse gracias a que es la banca española la que compra las emisiones de deuda pública y eso asusta a los mercados), con más de 6 millones de parados y, lo que seguramente es casi tan malo como lo anterior, sin que nadie de los que deberían hacerlo se levante para exigir que se rompa el pacto entre la banca y la política.

Sin necesidad de citar la teoría de "la contradicción primera" de Mao Tse-Tung, parece cada vez más evidente que ese es el gran problema de la actual situación española, aunque también el de la mayoría de los demás países occidentales. De él cuelgan buena parte de todos los demás. Ahí habría que concentrar todos los esfuerzos políticos y todos los debates. Pero nuestras izquierdas no parecen enterarse. O lo saben y no quieren líos.

Carlos Elordi
Eldiario.es

La fiscalidad en el ámbito del fútbol

El pasado 26 de octubre, un evento deportivo fue retransmitido para un público potencial de 400 millones de telespectadores. Nos estamos refiriendo al clásico disputado entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid, y es un buen ejemplo de la repercusión mediática de un deporte que parece no tener techo en nuestro país, liderado por dos entidades multimillonarias como son estos dos clubes de fútbol.

El fútbol representa un gran negocio a escala mundial —ha llegado a ser considerada la decimoséptima economía mundial—, pero especialmente en España, donde la pasión por este deporte alcanza cifras astronómicas. En España, el fútbol mueve cerca de 10.000 millones de euros, lo que vendría a ser un 2% del producto interior bruto. Es un deporte formado por 42 empresas que dan forma a la Liga de Fútbol Profesional y que tienen un presupuesto de 2.117 millones de euros de ingresos, por 1.947 millones de gastos.

El fútbol profesional crea más de 85.000 empleos directos e indirectos, todas las temporadas acuden a los campos repartidos por toda España 14 millones de personas y, lo que es más importante, según una encuesta del CIS, el 54% de la población española se considera seguidora del fútbol, siendo los más fieles el sector de edad comprendido entre los 18 y los 24 años, con un 62%.

En vista de tanta muestra de riqueza, el omnipresente recaudador de Hacienda ha puesto sus ojos sobre este negocio, como no podría ser de otra manera.

Impuestos directos sobre el fútbol

Habida cuenta de las cifras millonarias a las que ascienden las fichas de los jugadores de élite, el Impuesto sobre la Renta (IRPF) supone un gravamen especialmente significativo que los clubes de fútbol han de tener muy en cuenta.

En Madrid, con un tipo de gravamen del 52%, la supuesta ficha de Cristiano Ronaldo tras su renovación —41 millones de euros brutos— supondría un salario neto después de impuestos de cerca de 21 millones. Como vemos, el bocado para Hacienda es bastante considerable.

Si nos vamos al club rival, el Barcelona tiene un problema añadido, al situarse el tipo de gravamen del IRPF en Cataluña en el 56%, cuatro puntos por encima del de Madrid. Así, la ficha de Lionel Messi, de 30 millones de euros brutos, supondría un salario neto después de impuestos de cerca de 16 millones.

Lo veamos como lo veamos, el gran beneficiado de estos sueldos, a la par que los jugadores, es sin duda alguna el fisco. Pero ¿cómo tributan los clubes de fútbol de los países vecinos?

Italia

El fisco italiano se queda con un poquito menos que el fisco español; entre el 45 y el 50%, según los casos, del sueldo bruto anual que percibe un jugador profesional va a parar a la Finanze italiana.

Reino Unido

Buena noticia para los jugadores de élite ingleses, pues tras la última reforma fiscal, la carga impositiva de las rentas altas se redujo del 50 al 45%.

Alemania

Tampoco en Alemania el impuesto llega ni siquiera al 50%. Así, las personas que ganan más de 52.151 euros tributan al 42%, al que se añade un 5,5% más en concepto de recargo de solidaridad, dependiendo del incremento de las ganancias.

Francia

Antes de la llegada de Hollande al poder, la tributación más elevada se situaba en el 45%. Pero no cabe duda de que, a partir del próximo año 2014, las fichas de los jugadores tendrán un gravamen nunca visto. Ello se debe a que las personas que ganen más de un millón de euros anuales sufrirán un gravamen del 75%. Sin duda, a partir de 2014, jugadores como Zlatan Ibrahimovic, del Paris Saint-Germain, con una ficha neta de 14 millones de euros, van a cuadriplicar el gasto para el club si este quiere mantenerle intacto dicho salario.

Mónaco, qué bonito residir en un paraíso fiscal

Si tenemos que señalar a un equipo concreto como el gran beneficiado de estos tipos de gravamen tan elevados en las rentas altas, ese sería sin duda el equipo del Mónaco. Ello es así porque, según la legislación del Principado, los futbolistas extranjeros no pagan impuestos y los franceses cotizan menos del 40% de lo que ingresan. No es de extrañar, por lo tanto, que jugadores de primera fila como Víctor Valdés se interesen por recalar en dicho club. Sin ir más lejos, pagar 10 millones de euros netos al portero si ficha por el Mónaco le costaría al club esos 10 millones. Si el fichaje se realizara por un club rival como el PSG, esos mismos 10 millones netos supondrían un desembolso de 40 millones al estar gravados con un 75% de tipo de gravamen.

Impuestos indirectos sobre el fútbol

Como hemos podido comprobar, las fichas de los jugadores sufren una importante factura fiscal, pero es en otra de las operaciones donde se obtiene una recaudación importante e inmediata; nos estamos refiriendo a los millonarios traspasos de los que se informa en la prensa cada inicio de temporada.

En nuestro país, todas las traspasos de futbolistas entre clubes españoles están sujetos al IVA vigente del 21%. Por poner un ejemplo: esta temporada el Real Madrid ingresó en la Liga de Fútbol Profesional 32.190.000 euros de la cláusula de rescisión de Iker Illarramendi más otros 6.759.000 euros de IVA para poder hacerse con el mediocentro (un caso similar en su tributación al realizado por parte del F.C. Barcelona con Thiago Alcántara).

A grandes rasgos, un club español, a la hora de efectuar el traspaso de un jugador, sea a un club nacional o a uno extranjero, debe emitir y cobrar el oportuno IVA del 21% e ingresarlo en Hacienda por el mecanismo habitual.

El término “a grandes rasgos”, por supuesto, comporta excepciones. La principal de ellas es cuando el traspaso del jugador no se hace realmente mediante un pacto entre los clubes, sino mediante el pago del club comprador de la cláusula de rescisión del jugador, lo que supone el pago de una indemnización realizada por el jugador, una operativa exenta de IVA. Así pues, el Bayern de Munich se ahorró un 21% de IVA en el traspaso de Javi Martínez, cifrado en 40 millones de euros; una nada despreciable rebaja de más de 8 millones de euros.

Conviene citar también el ejemplo del famoso traspaso del jugador Luis Figo del F.C. Barcelona al Real Madrid realizado en el año 2000. El Real Madrid pagó la cláusula de libertad que tenía el jugador. La cuantía ascendía a 58,5 millones de euros articulando la operación como exenta de IVA. Además, a la hora de ingresar el dinero en la cuenta del jugador, en vez de articularla como de rendimiento del trabajo —gravado por tanto por el IRPF— se hizo en concepto de préstamo personal, lo que supone la exención del pago de este impuesto.

Fraude fiscal en el fútbol

Los montantes económicos que mueve este deporte hacen muy tentadora la articulación de entramados de negocios tapadera con el fin de esquivar la factura impositiva, y ello se debe, seamos sinceros, a la imposibilidad que tienen los jugadores de fútbol, al contrario que otros deportistas, de fijar su residencia fuera del país del club en el que juegan.

Uno de los casos con mayor resonancia ha sido el presunto fraude a la Hacienda Pública realizado por el jugador del Barça Leo Messi, mediante la presunta evasión de impuestos derivados de sus derechos de imagen en empresas instrumentales radicadas en paraísos fiscales.

Casos similares los encontramos en figuras deportivas del nivel de Luis Figo, condenado a pagar a Hacienda casi 2,5 millones de euros en concepto de IRPF entre los años 1997 y 1999, o Samuel Eto’o, investigado por haber defraudado presuntamente a Hacienda 3,5 millones de euros, entre los años 2006 y 2009.

Fuera de nuestras fronteras, el de Maradona fue el caso más sonado de presunto fraude fiscal por parte de un futbolista. El mítico “10” de Argentina fue denunciado en 2001 por la Brigada Financiera Italiana por defraudar más de 25,8 millones de euros durante su etapa como jugador del Nápoles.

Por su parte, y en un alarde de gestión fiscal, en su corta estancia en Francia, el inglés David Beckham llevó al paroxismo el mecanismo de rebaja fiscal, beneficiándose de la valoración de sus derechos de imagen, pagando pocos impuestos y cediendo la totalidad de su salario, altamente tasado, a organizaciones caritativas.

Conclusión

Como hemos podido comprobar, tanto o más trabajo deben de realizar los despachos de asesoría fiscal de jugadores y clubes de fútbol de primer nivel que el llevado a cabo por los necesarios ojeadores en busca de nuevos talentos.

A los equipos de fútbol, las decisiones en materia impositiva les suponen unos diferenciales monetarios realmente interesantes. Por poner un ejemplo, se estima que el F.C. Barcelona paga anualmente en fichas a sus jugadores una media de cerca de 6.200.000 euros netos, desde los 16 millones que vendría a cobrar Messi hasta los 2 millones que vendría a cobrar Cristian Tello. Si extrapolamos estas fichas al prudente número de 18 jugadores, estaríamos hablando de 111.600.000 euros netos (cerca del doble si calculamos los salarios brutos).

Ello supondría que, anualmente, el F.C. Barcelona pagaría únicamente en Retenciones del Trabajo Personal por las fichas de sus jugadores (tipo máximo del 45%) más de 91 millones de euros. Como vemos, los clubes de fútbol son grandes generadores de recursos para la Hacienda Pública, y especialmente en lo referente a los impuestos derivados de sus jugadores.

En el fútbol, las decisiones económicas son muy importantes, y las de contenido fiscal son decisivas para la gestión de un club, pues no tener en cuenta el trasfondo fiscal de los negocios jurídicos que el fútbol y sus montantes gestionan dará finalmente lugar a un estrangulamiento financiero del club en cuestión. Y es que no hay que olvidar que actualmente nuestros clubes de fútbol tienen un endeudamiento cifrado en 3.600 millones de euros, de los cuales más de 600 pertenecen solo a Hacienda.

Pero ya lo dijo a principios de siglo XIX Napoleón Bonaparte: “Para ganar en la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero”. Y claro, no iba el fútbol a ser diferente.

(Datos extraídos de la prensa deportiva, referidos a los clubes de fútbol y los jugadores mencionados en el presente artículo.)

Miguel Ángel Mayo
Mientras Tanto

El pasado 26 de octubre, un evento deportivo fue retransmitido para un público potencial de 400 millones de telespectadores. Nos estamos refiriendo al clásico disputado entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid, y es un buen ejemplo de la repercusión mediática de un deporte que parece no tener techo en nuestro país, liderado por dos entidades multimillonarias como son estos dos clubes de fútbol.
El fútbol representa un gran negocio a escala mundial —ha llegado a ser considerada la decimoséptima economía mundial—, pero especialmente en España, donde la pasión por este deporte alcanza cifras astronómicas. En España, el fútbol mueve cerca de 10.000 millones de euros, lo que vendría a ser un 2% del producto interior bruto. Es un deporte formado por 42 empresas que dan forma a la Liga de Fútbol Profesional y que tienen un presupuesto de 2.117 millones de euros de ingresos, por 1.947 millones de gastos.
El fútbol profesional crea más de 85.000 empleos directos e indirectos, todas las temporadas acuden a los campos repartidos por toda España 14 millones de personas y, lo que es más importante, según una encuesta del CIS, el 54% de la población española se considera seguidora del fútbol, siendo los más fieles el sector de edad comprendido entre los 18 y los 24 años, con un 62%.
En vista de tanta muestra de riqueza, el omnipresente recaudador de Hacienda ha puesto sus ojos sobre este negocio, como no podría ser de otra manera.
Impuestos directos sobre el fútbol
Habida cuenta de las cifras millonarias a las que ascienden las fichas de los jugadores de élite, el Impuesto sobre la Renta (IRPF) supone un gravamen especialmente significativo que los clubes de fútbol han de tener muy en cuenta.
En Madrid, con un tipo de gravamen del 52%, la supuesta ficha de Cristiano Ronaldo tras su renovación —41 millones de euros brutos— supondría un salario neto después de impuestos de cerca de 21 millones. Como vemos, el bocado para Hacienda es bastante considerable.
Si nos vamos al club rival, el Barcelona tiene un problema añadido, al situarse el tipo de gravamen del IRPF en Cataluña en el 56%, cuatro puntos por encima del de Madrid. Así, la ficha de Lionel Messi, de 30 millones de euros brutos, supondría un salario neto después de impuestos de cerca de 16 millones.
Lo veamos como lo veamos, el gran beneficiado de estos sueldos, a la par que los jugadores, es sin duda alguna el fisco. Pero ¿cómo tributan los clubes de fútbol de los países vecinos?
Italia
El fisco italiano se queda con un poquito menos que el fisco español; entre el 45 y el 50%, según los casos, del sueldo bruto anual que percibe un jugador profesional va a parar a la Finanze italiana.
Reino Unido
Buena noticia para los jugadores de élite ingleses, pues tras la última reforma fiscal, la carga impositiva de las rentas altas se redujo del 50 al 45%.
Alemania
Tampoco en Alemania el impuesto llega ni siquiera al 50%. Así, las personas que ganan más de 52.151 euros tributan al 42%, al que se añade un 5,5% más en concepto de recargo de solidaridad, dependiendo del incremento de las ganancias.
Francia
Antes de la llegada de Hollande al poder, la tributación más elevada se situaba en el 45%. Pero no cabe duda de que, a partir del próximo año 2014, las fichas de los jugadores tendrán un gravamen nunca visto. Ello se debe a que las personas que ganen más de un millón de euros anuales sufrirán un gravamen del 75%. Sin duda, a partir de 2014, jugadores como Zlatan Ibrahimovic, del Paris Saint-Germain, con una ficha neta de 14 millones de euros, van a cuadriplicar el gasto para el club si este quiere mantenerle intacto dicho salario.
Mónaco, qué bonito residir en un paraíso fiscal
Si tenemos que señalar a un equipo concreto como el gran beneficiado de estos tipos de gravamen tan elevados en las rentas altas, ese sería sin duda el equipo del Mónaco. Ello es así porque, según la legislación del Principado, los futbolistas extranjeros no pagan impuestos y los franceses cotizan menos del 40% de lo que ingresan. No es de extrañar, por lo tanto, que jugadores de primera fila como Víctor Valdés se interesen por recalar en dicho club. Sin ir más lejos, pagar 10 millones de euros netos al portero si ficha por el Mónaco le costaría al club esos 10 millones. Si el fichaje se realizara por un club rival como el PSG, esos mismos 10 millones netos supondrían un desembolso de 40 millones al estar gravados con un 75% de tipo de gravamen.
Impuestos indirectos sobre el fútbol
Como hemos podido comprobar, las fichas de los jugadores sufren una importante factura fiscal, pero es en otra de las operaciones donde se obtiene una recaudación importante e inmediata; nos estamos refiriendo a los millonarios traspasos de los que se informa en la prensa cada inicio de temporada.
En nuestro país, todas las traspasos de futbolistas entre clubes españoles están sujetos al IVA vigente del 21%. Por poner un ejemplo: esta temporada el Real Madrid ingresó en la Liga de Fútbol Profesional 32.190.000 euros de la cláusula de rescisión de Iker Illarramendi más otros 6.759.000 euros de IVA para poder hacerse con el mediocentro (un caso similar en su tributación al realizado por parte del F.C. Barcelona con Thiago Alcántara).
A grandes rasgos, un club español, a la hora de efectuar el traspaso de un jugador, sea a un club nacional o a uno extranjero, debe emitir y cobrar el oportuno IVA del 21% e ingresarlo en Hacienda por el mecanismo habitual.
El término “a grandes rasgos”, por supuesto, comporta excepciones. La principal de ellas es cuando el traspaso del jugador no se hace realmente mediante un pacto entre los clubes, sino mediante el pago del club comprador de la cláusula de rescisión del jugador, lo que supone el pago de una indemnización realizada por el jugador, una operativa exenta de IVA. Así pues, el Bayern de Munich se ahorró un 21% de IVA en el traspaso de Javi Martínez, cifrado en 40 millones de euros; una nada despreciable rebaja de más de 8 millones de euros.
Conviene citar también el ejemplo del famoso traspaso del jugador Luis Figo del F.C. Barcelona al Real Madrid realizado en el año 2000. El Real Madrid pagó la cláusula de libertad que tenía el jugador. La cuantía ascendía a 58,5 millones de euros articulando la operación como exenta de IVA. Además, a la hora de ingresar el dinero en la cuenta del jugador, en vez de articularla como de rendimiento del trabajo —gravado por tanto por el IRPF— se hizo en concepto de préstamo personal, lo que supone la exención del pago de este impuesto.
Fraude fiscal en el fútbol
Los montantes económicos que mueve este deporte hacen muy tentadora la articulación de entramados de negocios tapadera con el fin de esquivar la factura impositiva, y ello se debe, seamos sinceros, a la imposibilidad que tienen los jugadores de fútbol, al contrario que otros deportistas, de fijar su residencia fuera del país del club en el que juegan.
Uno de los casos con mayor resonancia ha sido el presunto fraude a la Hacienda Pública realizado por el jugador del Barça Leo Messi, mediante la presunta evasión de impuestos derivados de sus derechos de imagen en empresas instrumentales radicadas en paraísos fiscales.
Casos similares los encontramos en figuras deportivas del nivel de Luis Figo, condenado a pagar a Hacienda casi 2,5 millones de euros en concepto de IRPF entre los años 1997 y 1999, o Samuel Eto’o, investigado por haber defraudado presuntamente a Hacienda 3,5 millones de euros, entre los años 2006 y 2009.
Fuera de nuestras fronteras, el de Maradona fue el caso más sonado de presunto fraude fiscal por parte de un futbolista. El mítico “10” de Argentina fue denunciado en 2001 por la Brigada Financiera Italiana por defraudar más de 25,8 millones de euros durante su etapa como jugador del Nápoles.
Por su parte, y en un alarde de gestión fiscal, en su corta estancia en Francia, el inglés David Beckham llevó al paroxismo el mecanismo de rebaja fiscal, beneficiándose de la valoración de sus derechos de imagen, pagando pocos impuestos y cediendo la totalidad de su salario, altamente tasado, a organizaciones caritativas.
Conclusión
Como hemos podido comprobar, tanto o más trabajo deben de realizar los despachos de asesoría fiscal de jugadores y clubes de fútbol de primer nivel que el llevado a cabo por los necesarios ojeadores en busca de nuevos talentos.
A los equipos de fútbol, las decisiones en materia impositiva les suponen unos diferenciales monetarios realmente interesantes. Por poner un ejemplo, se estima que el F.C. Barcelona paga anualmente en fichas a sus jugadores una media de cerca de 6.200.000 euros netos, desde los 16 millones que vendría a cobrar Messi hasta los 2 millones que vendría a cobrar Cristian Tello. Si extrapolamos estas fichas al prudente número de 18 jugadores, estaríamos hablando de 111.600.000 euros netos (cerca del doble si calculamos los salarios brutos).
Ello supondría que, anualmente, el F.C. Barcelona pagaría únicamente en Retenciones del Trabajo Personal por las fichas de sus jugadores (tipo máximo del 45%) más de 91 millones de euros. Como vemos, los clubes de fútbol son grandes generadores de recursos para la Hacienda Pública, y especialmente en lo referente a los impuestos derivados de sus jugadores.
En el fútbol, las decisiones económicas son muy importantes, y las de contenido fiscal son decisivas para la gestión de un club, pues no tener en cuenta el trasfondo fiscal de los negocios jurídicos que el fútbol y sus montantes gestionan dará finalmente lugar a un estrangulamiento financiero del club en cuestión. Y es que no hay que olvidar que actualmente nuestros clubes de fútbol tienen un endeudamiento cifrado en 3.600 millones de euros, de los cuales más de 600 pertenecen solo a Hacienda.
Pero ya lo dijo a principios de siglo XIX Napoleón Bonaparte: “Para ganar en la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero”. Y claro, no iba el fútbol a ser diferente.
(Datos extraídos de la prensa deportiva, referidos a los clubes de fútbol y los jugadores mencionados en el presente artículo.)
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