Privatización pensiones. " No son expertos; son agentes del capital"

La comisión de “expertos” sobre pensiones que ha reunido el gobierno para tomar una decisión que será trascendental sobre el futuro de las jubilaciones cuenta con doce miembros de los que ocho están o han estado a sueldo de aseguradoras privadas, cajas y bancos, algunos de los cuales pueden haber cometido las mayores estafas de los últimos tiempos y arruinado a miles de cuentacorrentistas, depositantes y preferentistas. Obviamente, esos ocho expertos pagados por las entidades financieras no tienen el menor interés en adoptar decisión alguna que favorezca a los jubilados sino a las entidades que los pagan cuya finalidad es acabar con el sistema público de pensiones y quedarse con un suculento negocio de miles de millones de euros sin duda incrementados por la serie de estafas posteriores que se les ocurrirán para arruinar más a sus clientes.

En estas condiciones los tales expertos, seguramente serán muy expertos pero, sobre todo, son unos inmorales, sin escrúpulo alguno y sin empacho en destruir la vida de millones de jubilados cuyo último recurso son esas pensiones que la ministra de Trabajo quiere poner en manos de los buitres del capital. Una ministra de Trabajo, por cierto, que solo conoce este de verlo escrito en la cartera de su ministerio.

Lo llaman “factor de sostenibilidad” por darle algún nombre que vista. Podían llamarlo “primicia metafísica”. En el fondo, de lo que se trata es de encontrar alguna justificación medianamente plausible para robar a la gente el producto de una vida entera de trabajo y consiste en dos elementos, a cada cual más canallesco:

a) desvincular el aumento de las pensiones del IPC.
b) recalcular la cuantía de las pensiones según la esperanza de vida del momento y otras cuentas que echará el Estado en cada caso.

Con ello se consiguen dos finalidades: rebajar año tras año las pensiones hasta que desaparezcan, cosa que también puede suceder fulminantemente. Imaginemos varios años seguidos con una inflación del 20 %, algo nada extraño en Europa. En tiempos de los Pactos de La Moncloa, la inflación en España estaba en el 18 %.  Al final la pensión de los jubilados será del cero por ciento . No se olvide que, según la ideología neoliberal que estos servidores del amo llaman ciencia, la inflación es la típica arma con la que el poder político roba sus ahorros y fortunas a la gente del común. Máxime a los jubilados, que no pueden incrementarlos. Es una propuesta tan repugnante e injusta que disgusta hasta escribir sobre ella. Pero los sedicentes "expertos" no se detienen ahí. Por si no les saliera bien la treta del expolio mediante la inflación, quieren asegurarse de que en ningún caso puedan subir las pensiones por encima del IPC. Es en estos detalles en los que se aprecia la vileza de esta gente.

Igualmente se consigue –y este es un objetivo que la derecha y sus intelectuales a sueldo buscan sistemáticamente-  hacer depender la cuantía de las pensiones de factores imponderables, el capricho del mandatario de turno, su buena voluntad, lo que le dé la gana. Los pensionistas pierden así un derecho y caen en la dependencia de la arbitrariedad o la caridad de sujetos como Báñez. Exactamente lo que quiere la derecha para todo el mundo: para los trabajadores, los parados, las mujeres, los jóvenes y, por supuesto, los jubilados. Que la gente viva en la incertidumbre, no pueda hacer planes ni reaccionar ante cualquier agresión. Eliminar la fiabilidad en el cálculo de las pensiones es lo mismo que suprimir la seguridad en el empleo o terminar con la condición de funcionarios: poner a los trabajadores a merced de los caprichos de los capitalistas.

Resulta patente: la derecha odia la idea misma de derechos porque, al dar seguridad a la ciudadanía, la hacen fuerte, independiente y crítica y eso no se puede tolerar. Quiere asimismo acabar con las pensiones sobre las que, sin embargo, ha hecho recaer en muchísimos casos la última posibilidad de supervivencia de las familias que tengan a todos sus miembros en paro, habiéndoles arrebatado las prestaciones. Y quieren hacerlo ya, de forma que toda la población quede sumida en la pobreza. En nombre de cuanto hay decente en la vida solo cabe calificar a quienes maquinan estos planes inhumanos como canallas para quienes las personas solo son recursos.

Todo esto lo saben a la perfección los “expertos”, pero lo hacen porque su función en la comisión del gobierno no es resolver el problema de las pensiones –por lo demás inexistente-, sino destruir el sistema, entregar a los viejos en manos de la codicia del capital y, probablemente, hacer ellos su agosto pues así como los banqueros y los estafadores (en la medida en que haya alguna distinción entre ellos) se aseguran pensiones millonarias y se las blindan, también apartan jugosos premios para quienes les hacen el trabajo sucio en nombre de teorías falsas.

Este es el verdadero rostro de estos “expertos” e “intelectuales”, presididos por Víctor Pérez Díaz,  vocal de FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorros y cuya misión obvia es llevar adelante el expolio de las pensiones en beneficio de sus pagadores. Dado que estos individuos se sienten fuertemente respaldados por un gobierno que, con su mayoría absoluta, lleva año y medio agrediendo al conjunto de la sociedad, empobreciéndola y expoliando el erario público y una UE al servicio de las ideas más reaccionarias del neoliberalismo y en favor de los bancos, piensan que lo más oportuno es pisar el acelerador y aplicar su programa máximo. "Ahora o nunca”, se dicen. Y así proponen aplicar de inmediato su programa de expolio del sector más vulnerable de la sociedad. El año que viene. No esperar pues se pueden perder las elecciones y el que las gane puede no aplicar este plan de destrucción de gente.

Si el plan sale adelante en el Pacto de Toledo, la izquierda tendrá la ocasión de cambiar las cosas en las elecciones con bastante claridad. Con nueve millones de votos, los jubilados son una fuerza electoral temible. Lo único que tiene que hacer la izquierda para ganarlas es prometer que devolverá a los jubilados lo que ahora estos pseudointelectuales carentes de todo sentido moral les arrebaten.

Porque las pensiones no son una dádiva graciosa del Estado que cuatro tecnócratas puedan variar a su antojo. Las pensiones son un derecho de los trabajadores por el que han cotizado toda su vida. Si se les niega, se comete una arbitrariedad, una injusticia que los tribunales tendrán que combatir y, si no los tribunales, la gente en la calle. La situación es explosiva y este atropello de las pensiones, la yesca que encienda el fuego de la revuelta popular que ya está tardando.

Ramón Cotarelo

Palinuro

http://cotarelo.blogspot.com.es/2013/05/no-son-expertos-son-agentes-del-capital.html

Una visión distinta del origen del paro

La ausencia de empleo se ha asociado, generalmente, a la pobreza y a la exclusión social ya que, para aquellos que necesitan trabajar por cuenta de terceros, el hecho de no ganar un salario puede convertirse en un suceso nefasto, especialmente, para quienes aquél constituye la única fuente de ingresos. A su vez, estar en paro no sólo significa no tener empleo, sino que comporta, entre otras cosas, la pérdida de las cualificaciones de la persona desocupada conforme transcurre el tiempo que tarda en volver a la ocupación, además de que se tiende a enfermar en mayor proporción que los que tienen empleo continuado (Recio, 1997) 

Por el contrario, tener empleo, no sólo es ganar un salario, es también tener una posición social, una identidad profesional, autoestima, relaciones sociales con terceras personas en el centro de trabajo, etc. Ahora bien, que no exista paro o éste sea mínimo no implica que no exista pobreza o exclusión social. El caso de EE.UU. es paradigmático en este sentido.

Hoy en día, no hay ningún medio de comunicación ni conversación en el espacio público que, directa o indirectamente, no haga referencia a la situación de desempleo en la que se encuentran muchas personas en España. En la actualidad, el paro ha alcanzado unos niveles absolutos y relativos sin precedentes en la historia reciente de España desde que en 1976 se iniciara el cómputo de las cifras del paro.

Se mire como se mire (desde la EPA, desde la Seguridad Social o desde el INEM), las cifras de parados en España han superado todos los límites registrados hasta ahora. Según datos de la EPA (que es la única fuente de referencia para comparar los datos del empleo en Europa), a finales de diciembre de 2012 habían casi seis millones de parados en España (5.965.000), mientras que en ese mismo mes de 2007, esa cifra no llegaba a los dos millones (1.950.000).

Que España tuviera, según Eurostat, las tasas de paro global y juvenil más alta de todos los países de la Unión Europea y de la OCDE —26,04 y 50,1, respectivamente, a inicios de 2013— no es novedoso pues hace ya muchos años que encabeza el "honor" de ser el país con el mayor porcentaje de desocupados dentro de estas organizaciones internacional. Lo inédito es que el número de parados registrados por el INEM nunca antes había alcanzado los 5 millones de personas.

Entonces, ¿qué pasaría en España si todos los que trabajan parcial o totalmente en la economía sumergida, decidieran "darse de alta" como nuevos parados?, ¿qué sucedería si todos los mayores de 16 años que están en situación de inactividad (y, por tanto, no computan como parados), se pusieran de golpe a buscar trabajo porque, por ejemplo, el "colchón" que financiaba su vida cotidiana hasta ahora, desapareciera también de golpe?

Estas y otras preguntas no parecen suscitar demasiado interés entre los tertulianos y los mismos servicios de información de los medios de comunicación más importantes los cuales, junto a otras fuentes de socialización, son corresponsables de crear una opinión pública negativa del parado.

En la actualidad, es muy común que estos agentes privados o públicos sólo se dediquen a discutir —a menudo, con formas vulgares que son, según parece, las que proporcionan mayor audiencia y, por tanto, mayor negocio vía publicidad— aspectos nimios o dramáticos de las consecuencias del paro, pero sin profundizar en las graves consecuencias objetivas y subjetivas de la existencia de esta lacra social y, menos aún, de las causas que explican la existencia de ese estrago social.

Parece como si ya nos hubiéramos acostumbrado a convivir, irremediablemente, con la ausencia de empleo para una gran parte de la sociedad, sin otra alternativa para encontrar ingresos que no sea la de recurrir al autoempleo o, como ya sucede últimamente, volviendo a emigrar a otros países con una estructura económica más sólida que la nuestra. Autoempleo, en forma de autónomo o, como hace ya unos años se viene diciendo, en forma de "emprendedor". Eufemismo éste que parecería esconder, quizás, una mala imagen del término centenario de empresario —¿por sus connotaciones de responsable de la explotación de los asalariados?— como si los empresarios de antes no hubieran sido emprendedores o, peor aún, como si los denominados emprendedores de ahora fueran innovadores de por sí y distintos a aquellos, porque el ánimo de lucro no sería su objetivo principal sino uno más, quedando subsumido a otros de "calado superior".

Llegados aquí, sería necesario aclarar qué dimensiones tiene el paro en la sociedad española actual y, sobre todo, qué causas y consecuencias pueden explicar las consecuencias de tal situación. Para ello sería pertinente empezar por definir qué se entiende por paro o desempleo o, mejor aún, por parado, para pasar luego a apuntar las posibles causas que explicarían el paro.

El concepto de parado no se desarrolla hasta principios del siglo XX en algunos países occidentales y se consolidará tras la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces los que no tenían empleo, simplemente, o eran pobres de solemnidad (“el ejército de reserva” que diría Marx), o eran considerados vagos, despreciables o, incluso, delincuentes.

Tras el largo período del fordismo en los países occidentales y hasta la llegada de la crisis económica de 1973, el paro era, prácticamente, inexistente y las pocas personas que padecían el desempleo era, básicamente, de tipo friccional —tiempo que se tardaba en salir de una empresa para entrar en otra— para, a partir de mediados de los setenta, iniciar una trayectoria de carácter estructural, hasta ahora, irreversible. Es decir, desde esas fechas, el paro en España comenzó a alcanzar tasas elevadas de forma permanente, con aumentos y descensos en función del ciclo económico, para llegar a principios del siglo XXI a unos niveles hasta ahora nunca habidos desde la implantación de la democracia.

Causas del paro

El número de puestos de trabajo en una economía capitalista depende, directamente, de la productividad de esa economía, es decir, del valor de lo que se produce en esa economía dividido por el valor de lo que cuesta esa producción, algo que, generalmente, se simplifica calculándolo, únicamente, a partir del coste del factor trabajo. Por tanto, lo primero que se podría deducir es que, a mayor productividad menos necesidad del factor trabajo ocupado, a no ser que ese sobrante ocupacional se pueda contrarrestar con una reubicación en otras actividades o, caso de no ser posible, creando nuevos puestos de trabajo ajustados a las características de las personas excedentarias. Cuando esa compensación no se produce aparece un aumento del paro más o menos coyuntural, en función de la oferta de trabajo existente en el mercado de trabajo.

Según la teoría económica neoclásica (aún hoy de hegemónica impartición en gran parte de las facultades de economía, en comparación con otras perspectivas de la economía), las causas de la aparición del paro están relacionadas, fundamentalmente, con dos argumentos:

a) si hay paro es porque las reivindicaciones salariales de los sindicatos no se compensan con iguales aumentos de productividad, es decir, se elevan los costes de producción mientras que la productividad no crece al mismo ritmo. Esto, si sucede, sólo podría ser, relativamente, plausible en los sectores con productos sometidos a una elevada competitividad en el mercado. Se trata de empresas que no siempre pueden trasladar la totalidad de esos costes a los precios de venta de sus bienes o servicios. Ahora bien, son cada vez menos las empresas que están sometidas a esta lógica de competencia, además de que, cada vez, son menos también las reivindicaciones sindicales que consiguen elevar los salarios por encima de la inflación real y, por tanto, que sean los sindicatos los únicos responsables de la erosión a la baja de la productividad.

De hecho, los costes salariales reales han oscilado durante los últimos decenios, según se han comportado una serie de variables (expansión económica, existencia de acuerdos generales entre los agentes sociales, presión sindical, inflación, etc.), no obstante, en su cómputo final, han tendido hacia la baja, en razón a un descenso continuado del incremento real de los salarios respecto el aumento de la inflación. Más aún, el paro ha sido mayor en los países europeos con salarios más bajos, lo cual podría indicar que, tanto las decisiones de inversión de los empresarios como la competencia internacional se rigen por factores que van más allá de los costes salariales (Juan, 2011).

b) la segunda argumentación es que, si hay paro, es porque los desocupados no aceptan las ofertas de trabajo que presentan los empresarios. Y eso porque no son suficientemente flexibles para admitir las condiciones de trabajo y salariales que se ofrecen, o no ponen el interés necesario para buscar empleo. Una vez más, si bien pueden existir personas que puedan permitirse desestimar algunas ofertas de empleo, lo cierto es que la gran mayoría de los desocupados necesitan dinero para vivir y, por tanto, trabajar (sólo hay que ir a las colas del INEM para ver la cantidad de individuos que cada día esperan encontrar un empleo). También es cierto que hay personas que desisten de buscar empleo porque se han cansado de buscarlo, a veces durante años, por lo que, al no encontrarlo, han decidido abandonar esa búsqueda hasta el punto de que —y cada vez más— han pasado a formar parte del creciente ejército de personas que mendigan algo que comer en todas las ciudades de España, suceso éste, que a algunos les recuerda épocas pretéritas de incrédula reaparición.

Ahora bien, ante esos dos argumentos es necesario recordar que, por encima de todo, si existen personas en paro, es porque no se crea el suficiente número de puestos de trabajo para cubrir una determinada demanda de empleo, por lo que, como sólo crean empleo el Estado y los empresarios, los principales responsables de que exista paro no reside en los trabajadores que no encuentran empleo, sino que, en todo caso, recae sobre esos dos agentes sociales.

Si el paro es masivo es porque ambos agentes son incapaces de crear el empleo suficiente para cubrir la demanda. Quienes gobiernan el Estado, porque se niegan a desarrollar políticas expansivas de demanda y empleo aunque eso implicara elevar el déficit público o la inflación. Los empresarios, porque sólo crean empleo si creen firmemente que el riesgo de mantener o, en su caso, ampliar, la inversión productiva existente y, por tanto, la plantilla correspondiente, supera el beneficio que obtendrían si invirtieran el mismo capital en otras inversiones (por ejemplo, en productos financieros), con réditos equivalentes con un riesgo parecido al de mantener o ampliar la citada inversión productiva.

Y es que, no lo olvidemos, el ideal de un empresario capitalista estándar es depender el mínimo imprescindible del trabajo humano. Si contrata a personas para que trabajen en su empresa es porque, a priori, espera que su valor aportado le proporcione más beneficios de los que habría ganado si no las hubiera contratado. Por tanto, en cuanto aparecen coyunturas económicas que no permiten compensar los costes con los ingresos, el despido aparece como una alternativa para solucionar, temporal o definitivamente, las pérdidas en las que incurre ese empresario. Otra cosa sería juzgar si esa lógica —la de contratar a las personas cuando gana el empresario y despedirlas cuando no gana lo que esperaba o, incluso, si pierde; es decir, que no cubre ni los gastos generales— es moralmente justa o no. Lo único que se puede decir es que el "juego" de la oferta y la demanda en el mercado capitalista de trabajo funciona así.

Tampoco esta teoría tiene en cuenta otras causas que han contribuido y siguen contribuyendo, tanto o más que las anteriores, a que el paro siga siendo masivo en España. Además de la crisis de ventas y de reorganización productiva de los sectores con mayor ocupación e intensivos en trabajo desde la década de los ochenta, debido al cambio tecnológico y al aumento constante de la competitividad internacional, especialmente, en la industria y en algunos servicios como, por ejemplo, los seguros o, más recientemente, la construcción y los servicios financieros; existen otros factores que, igualmente, inciden a la baja en la productividad de un país y causan el aumento del paro, pero que no suelen aparecer en los manuales tradicionales de economía y, a menudo, en los medios de comunicación.

Para empezar, no se puede olvidar que algunos errores de los empresarios en la toma de decisiones sobre los productos o servicios a producir (que luego  demostraron que carecían de la demanda esperada), o que algunas de las inversiones efectuadas en la compra de materias primas a precios no competitivos, o que la financiación externa ha resultado ser mucho más costosa de lo que se había calculado de antemano, o que la compra de equipos y tecnologías no ha resultado ser lo eficiente que se previó en el momento de su compra (averías continuas, inexistencia de ergonomía, infrautilización de las prestaciones, etc.), pueden haber tenido gran trascendencia para que ciertas empresas hayan tenido que cerrar, sin que, generalmente, los trabajadores hayan podido intervenir en tales decisiones erróneas.

Asimismo, la inexistente o escasa previsión del impacto negativo para la empresa de la competencia (leal o desleal; interna o externa) de terceras empresas o de multinacionales puede haber sido otro factor que haya conducido a otras empresas a tener que cerrar.

Pero dentro de la propia empresa, determinadas ineficiencias en la gestión de los recursos humanos como ciertos “fichajes estrella”, selección de ejecutivos con salarios muy elevados (con repercusión desproporcionada en los costes de producción, pero también la inexistencia o escasa formación continua de los trabajadores, de un nivel tecnológico bajo, de políticas comerciales inadecuadas, etc., han podido contribuir también a que otras empresas no pudieran hacer frente a los costes y, por tanto, tener que cerrar.

Todo lo anterior, en un país donde los salarios y la presión fiscal se sitúan, significativamente, por debajo de la media europea. Por ejemplo, según datos de la OCDE para 2011, España tenía una presión fiscal del 32,4% sobre el PIB, por debajo de países como Checoslovaquia (34,5%), Portugal (36,1%), Hungría (40,2%), Italia (42,8), etc., por no hablar de Dinamarca (48,6) o de Suecia (44,9).

Por tanto, el argumento históricamente aducido por la patronal española contra una supuesta carga fiscal excesiva no parece que pueda sostenerse como causa del paro tan elevado. Ni tampoco se sostiene el exceso de demandantes de empleo extranjeros en el actual mercado de trabajo pues, si a alguien le interesó la entrada masiva de inmigrantes fue, precisamente, a los empresarios al ver en ellos una potencial fuente de negocio al entender que, procediendo de países más pobres, con salarios más bajos, cubrirían la demanda de trabajo empresarial de media y baja cualificación en ciertos sectores como la construcción y la hostelería a un coste inferior, aunque fuera a costa del despido de los autóctonos, normalmente adheridos a convenios que garantizaban salarios y condiciones de trabajo superiores.

En definitiva, estar en el paro, sobre todo si es de larga duración (más de un año, según el INEM) en la sociedad capitalista, no sólo tiene repercusiones materiales (descenso del consumo, además de que el subsidio dura, cada vez, menos tiempo y siempre es menor que el salario que se cobraba cuando se estaba en activo), sino que no es una situación deseada y que se alarga a voluntad del sujeto —como insinúan ciertos políticos y economistas neoliberales, cuando difunden públicamente ese mensaje a través de determinados medios de comunicación controlados por empresarios afines a esa ideología— además de que tiene consecuencias socio-psicológicas (desánimo y autoculpabilización, como resultado de la exclusión social que se sufre, pero también, por sentirse responsable de los conflictos familiares que suelen generarse por no traer ingresos al hogar, etc.), sin olvidar las consecuencias de orden profesional (obsolescencia de las cualificaciones conforme transcurre el tiempo de desocupación, pérdida de oportunidades de promoción en la empresa y en la propia sociedad, etc.).

Bibliografía

JUAN ALBALATE, JOAQUÍN (2011), Sociología del trabajo y de las relaciones laborales, Barcelona: Edicions UB.

OECD (2012), Tax Income in OECD Countries.

RECIO, ALBERT (1997), "Paro y mercado laboral: formas de mirar y preguntas por contestar", en Recio, A. et al., El paro y el empleo: enfoques alternativos, Valencia: Germania.

[Joaquín Juan Albalate y Jesús Matamala son profesores de Sociología de la Universidad de Barcelona]

Mientras Tanto

http://www.mientrastanto.org/boletin-113/notas/una-vision-distinta-del-origen-del-paro

 

El factor C: Crisis y cooperativismo (I)

Desde que estalló la crisis se han publicado numerosos informes y estudios en los que se muestra que las empresas cooperativas y otras fórmulas de la economía social y solidaria están soportando la crisis mejor que otras formulas empresariales capitalistas. Las estadísticasdemuestran que éstas destruyen menos empleo y que se crean en mayor número en tiempos de crisis que en tiempos de bonanza. Estos datos nos invitan a visibilizar y poner en valor una realidad económica, que aunque no está exenta de numerosas contradicciones, se propone como referencia obligada cuando pensamos en cómo podemos abordar el futuro para impulsar transformaciones profundas en el sistema económico que, al igual que en el plano político, sean una oportunidad para  democratizar la economía y ponerla al servicio de las necesidades reales del 99% de la ciudadanía. 

Cuando analizamos las causas que se encuentran detrás de este fenómeno, los principios y valores que orientan a las empresas cooperativas aparecen como elementos clave para entender el comportamiento de éstas en contextos de crisis como el actual. En este sentido, factores internos asociados a la gestión democrática, la propiedad de la empresa por parte de las personas trabajadoras, o la flexibilidad para adecuarse a las especificidades de clientes y sectores productivos aparecen como algunos de los factores diferenciales que ayudan a explicar este fenómeno. Al conjunto de estos factores combinados, lo hemos denominado factor C.

Una de las singularidades de las empresas cooperativas –así como de otras empresas de la economía social- es que la propiedad de la empresa se encuentra vinculada a sus trabajadores y trabajadoras. Este aspecto resulta fundamental para entender un  modelo empresarial que se encuentra orientado a la generación de empleos de calidad para las personas implicadas en la actividad productiva, y no a la generación de beneficio empresarial. Asimismo, esta circunstancia supone una mayor implicación en la actividad económica por parte de los y las trabajadoras, que se traduce en el mantenimiento de los empleos cuando se produce una reducción de los ingresos de forma significativa, en lugar de su destrucción, aunque esta circunstancia pueda suponer en ocasiones un deterioro importante de las condiciones de trabajo por debajo de lo que sería deseable-. 

De forma complementaria, la gestión democrática de la empresa, que se produce sobre todo en las pequeñas y medianas cooperativas, permite a los trabajadores y trabajadoras participar en la toma de decisiones estratégicas y genera una fuerte implicación de éstas en la actividad y los resultados de la empresa, especialmente cuando las condiciones externas son difíciles. Esta circunstancia nos permite explicar la capacidad de adaptación o resistencia frente al cambio en las condiciones del mercado, basada en unos niveles mayores de autonomía y autogestión. Una cooperativa que ha aprendido a tomar decisiones importantes  de forma dialogada -ya sean éstas positivas o negativas- es mucho más consciente de sus capacidades. Al mismo tiempo, la gestión democrática de la empresa ayuda a dar legitimidad a las decisiones acordadas y aumentar la corresponsabilidad en la gestión por parte del conjunto de personas implicadas en la misma.

Por último debemos de destacar la intercooperación o el trabajo en red como otro de los factores clave que aplican las cooperativas más inteligentes como medio para prosperar o resistir los embates de la crisis. La participación en grupos cooperativos, redes, coordinadoras u organizaciones más o menos formales, nos dibuja un tipo de empresa que adquiere diferentes pertenencias con su contexto sociocultural y que entiende que las relaciones de colaboración son complementarias, y en muchos casos más eficientes, que las relaciones de competencia.

Estos factores, tenidos en cuenta de forma conjunta y asociados a los principios que los sostienen, nos ayudan a explicar, aunque sea parcialmente, porque las empresas cooperativas son más resistentes. Pero sobre todo nos dan algunas claves sobre cómo las empresas, que suponen la principal de las instituciones en las que se sustenta el sistema económico; cuando son de propiedad colectiva y buscan la igualdad con democracia interna y prácticas de intercooperación; pueden suponer una referencia a la hora de dibujar cualquier proyección que nos permita salir de la crisis a través de una transición postcapitalista.

Iñigo Bándres y Fernando Sabín

Diagonal

https://www.diagonalperiodico.net/blogs/idearia/factor-c-crisis-y-cooperativismo-i.html

La vida en un paraíso fiscal.

Los paraísos fiscales son las válvulas de seguridad del capitalismo. Si la pequeña Suiza pudo mantener su neutralidad durante la segunda guerra mundial no fue gracias al poder de su ejército. Los alemanes, que habían engullido Francia y estaban haciendo lo propio con la Unión Soviética, hubieran tardado horas en invadir y controlar el país. Suiza salvaguardó su neutralidad escudándose en el poder invisible del dinero. El capitalismo necesita un punto de seguridad en mitad de la vorágine que provoca su propensión actuar sobre bases crediticias. Cuando dos Estados se enfrentan en guerra tratan de destruirse mutuamente pero hay algo en lo que ambos están interesados para garantizar sus transacciones y sus suministros y aprovisionamiento, que es el valor del dinero. La independencia de la banca es el aspecto fundamental. Es la doctrina alemana en materia de bancos centrales que, en el orden internacional, adquiere su manifestación en la existencia de un pequeño país alpino que en realidad, es un banco.

Al poco tiempo se haría evidente que la base del éxito no radica en el hecho de ser o no un banco, sino en cómo se maneje. El negocio está en el secreto bancario. A partir de aquí, el mundo se ha llenado de Suizas. Solo en Europa ha de haber más de una veintena. Debido a su carácter abstracto y su intangibilidad, las mayores cantidades de dinero caben en los espacios más angostos. En un disco duro, que hasta puede ser portátil. Dadas las circunstancias, es extraño que nadie haya inventado todavía el paraíso fiscal ambulante, por ejemplo, una furgoneta VW, al estilo de las de los hippies de los setenta, que recorra los países del viejo continente ofreciendo secreto bancario a quien pueda interesarle.

Los paraísos fiscales absorben cantidades astronómicas de dinero que, invertido en sus países de origen, garantizarían su avance. Un billón de euros acumulan los europeos, esto es, el PIB de España. En todo el mundo, al parecer, se escamotean 23 billones de euros. Cantidades ingentes. Pero lo que no se ve con claridad es cómo pueda ponerse coto a esta situación, por mucho que pública y reiteradamente se comprometan a hacerlo el G-20, la UE o el sursum corda. ¿Cómo va a hacerse? ¿Suprimiendo la libertad de circulación de capitales? No suele proponerse porque se considera un gran avance y, sobre todo, porque el propio capital sanciona a quien no la respeta privándole de su presencia. Lo primero que exige el capital en esas a modo de cartas internacionales para garantizar las inversiones mundo adelante es, precisamente, la seguridad de repatriación de beneficios o del principal de la inversión, incluso en condiciones leoninas.

Parece como si el único modo real de combatir los paraísos fiscales fuera convertirse en uno.  Si no puedes combatirlos, únete a ellos, reza el viejo proverbio. Y, al final, prácticamente todos los Estados recurren a los paraísos fiscales. Pues ¿qué otra cosa son esos fondos, esos bonos de bajísima rentabilidad que todos ofrecen y cuyo máximo atractivo es el hecho de ser opacos al fisco? Efectivamente, si se quiere combatir la fuga de capitales en un país, una de las formas es garantizarles la misma intangibilidad e inmunidad que si no estuvieran. Esa voluntad, tan reiteradamente expuesta como escasamente aplicada, de combatir los paraísos fiscales parece cumplir la función de una jaculatoria.

La única forma real de combatir los paraísos fiscales es eliminar el secreto bancario, implantar una autoridad internacional capaz de obligar a terceros a hacer diáfanas sus transacciones financieras. Cosa que será muy difícil cuando los mismos Estados que quieren eliminar los paraísos fiscales acogen y amparan el secreto bancario en su jurisdicción. Entre otras cosas, porque suelen estar gobernados por gentes y organizaciones que suelen ser buenos clientes de los paraísos fiscales. Y sobre todo porque es muy difícil, si no imposible, combatir la esencia misma del sistema, consistente en la búsqueda de beneficios privados al coste que sea, y querer que el sistema siga intacto.

Ramón Cotarelo

Palinuro

http://cotarelo.blogspot.com.es/2013/05/la-vida-en-un-paraiso-fiscal.html

Alternativas a la crisis: entre lo importante y lo urgente

La economista Bibiana Medialdea plantea alternativas a los rescates bancarios, planes de austeridad y pago de la deuda.

En plena crisis sistémica, se impone avanzar hacia una transformación global (el objetivo último) pero sin olvidar las reformas inmediatas. Pueden acometerse medidas urgentes (sobre el pago de la deuda, reversión de las políticas de austeridad o alternativas al rescate bancario) de manera que también se avance hacia un cambio estructural. Se trata de resolver lo importante sin desatender lo urgente. 

 

Es la opinión de la profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Bibiana Medialdea, que ha participado en el Seminari Crític de Ciències Socials organizado por ATTAC-PV y CEPS, con una conferencia titulada “¿Qué alternativas económicas?”. Además de activista social (ha participado en la Comisión de Economía del 15-M), Bibiana Medialdea es miembro del colectivo Novecento y del Consejo Científico de ATTAC-España. 

No hay que esperar. Pueden plantearse ya alternativas concretas que permitan caminar en la senda del cambio estructural. Por ejemplo, en relación con el rescate del sistema financiero. “Hay una percepción generalizada de que lo ocurrido con la banca –su rescate- es injusto, pero se añade que , un mal menor que habíamos de asumir”, comenta Bibiana Medialdea. Es una explicación que funciona “porque parcialmente es verdad”, añade la docente. “Nos han colocado en una situación de chantaje; y es así porque se le ha dado a la banca tanto poder que tiene la capacidad de conducir la economía al desastre”. Sin embargo, nada se dice de lo ocurrido con anterioridad a la crisis: la responsabilidad del sistema financiero (bancos y cajas) en la burbuja inmobiliaria y crediticia, y en todos los procesos especulativos. Asimismo, se obvian “los beneficios escandalosos de la banca privada en los años del crecimiento económico, mucho mayores que los del sector financiero de otros países y que los de empresas de otros ámbitos productivos”, explica la economista.

Para sortear la crisis se ha recurrido, como tantas otras veces, a la “socialización de las pérdidas”. Porque las entidades financieras no han pechado con el riesgo asumido durante la época del “boom” inmobiliario, ni han hecho frente a las pérdidas con los beneficios anteriormente acumulados (según un estudio citado por la economista, los beneficios de la banca privada entre 1996 y 2010 se elevaron a 170.000 millones de euros). Al contrario. Se ha abierto la espita de las ayudas con fondos públicos. El cálculo de las ayudas al sistema financiero oscila entre 140.000 y 180.000 millones de euros, a los que deben agregarse otros 300.000 millones de euros en préstamos del BCE (dinero público a tipos de interés subvencionado), que los bancos han utilizado, en buena medida, para adquirir deuda pública a tasas de interés más elevadas. Además, según la activista, “la banca española aún acumula muchos activos tóxicos; la sangría de recursos no ha terminado”.

Pero la experiencia internacional demuestra que existen otros modos de gestionar la crisis financiera, aun considerando que se trata de otros contextos y sin ver espejismos de modelos ideales. Alternativas que permiten avanzar. Bibiana Medialdea cita lo ocurrido en 1992 en Suecia (el caso más parecido al español, al suceder también una burbuja inmobiliaria) e Islandia (2008), donde se produjeron reestructuraciones del sistema financiero que, pese a incluir también un desembolso de recursos públicos, hicieron descargar buena parte de la factura de la crisis en inversores privados y acreedores. Ello supuso un alivio para los contribuyentes. También se asumió, en los ejemplos suecos e islandés, la quiebra de entidades financieras y el enjuiciamiento de gestores, así como el control público de entidades a las que el estado prestó capitales. Lo menos que podemos exigir, resume Bibiana Medialdea, es que “el rescate nos cueste lo menos posible y la garantía de que este escenario no volverá a producirse”. 

La economista cita otro ejemplo, más lejano, de alternativa a la gestión de la actual crisis financiera: el “banco bueno” de Roosevelt en la época de la “gran depresión” norteamericana. En un contexto, salvando las diferencias, similar al actual, de crisis financiera, insolvencia de las familias, y una burbuja inmobiliaria previa, Roosevelt nacionalizó bancos en quiebra pero también adquirió hipotecas a las entidades financieras a precios más bajos de los nominales, les obligó a asumir quitas parciales y, en definitiva, encaró con una mirada progresista las consecuencias del festín inmobiliario. Promovió que las hipotecas fueran asequibles para las familias y se evitaron desahucios, pero introduciendo también ciertas cautelas (que se tratara de viviendas de primera residencia o tomando en consideración criterios de renta). 

En las políticas de austeridad y recorte, que se “venden” como inapelables, también caben alternativas, según la economista, Alternativas para enfrentarse a problemas inmediatos con la vista puesta en transformaciones de mayor calado. Mientras que el “establishment” propone –por ejemplo, con la reforma del sistema público de pensiones- caminar hacia un incremento de la vida laboral, Bibiana Medialdea plantea recorrer la senda contraria: el reparto del empleo y del trabajo reproductivo. Para ello, la activista subraya que la única vía es “generar empleo público”. Pero, matiza, “no sirve cualquier tipo de crecimiento; debería centrarse en áreas estratégicas y servicios públicos esenciales, como medio ambiente, sector de la dependencia o educación infantil”. La previsible jeremiada de la ortodoxia neoliberal frente a esta medida no se hará esperar: “no hay dinero”. ¿Cómo, por tanto, movilizar los recursos públicos necesarios?

En primer lugar, señala la activista, mediante la creación de una banca pública, “pero no de cualquier tipo; ha de suministrar crédito con criterios de utilidad social y perspectiva ambiental, sin que importe la rentabilidad financiera a corto plazo”. Además, podrían movilizarse recursos por la vía fiscal. Bibiana Medialdea recuerda que el fraude fiscal es “un robo cotidiano por parte de los grupos sociales privilegiados, que los gobiernos –sean del PP o del PSOE- nunca han tenido la voluntad política de acotar”. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifró en 2011 el fraude fiscal en 70.000 millones de euros, mientras que el grueso de los recortes ejecutados en 2012 (sanidad, educación y servicios sociales) rondaron los 40.000 millones de euros. Pero esta desproporcionada elusión de las obligaciones con el fisco presenta otra característica. Se halla fuertemente concentrada. Según los datos de FUNCAS, el 79% del fraude fiscal corresponde a grandes empresas y prominentes fortunas. “Al tratarse de bolsas grandes y concentradas, no son necesarios tantos recursos para combatir el fraude a gran escala; lo que falta es voluntad política”, concluye Bibiana Medialdea.

En síntesis, lo menos que puede decirse del sistema fiscal español es que resulta “muy regresivo”, añade la docente. Y lo describe del siguiente modo. Los grupos con niveles de renta muy bajos quedan exentos del pago del IRPF (no se considera aquí el pago de impuestos indirectos como el IVA, de carácter muy regresivo). Sobre una base imponible de 18.000 euros anuales, se abona en concepto de impuesto sobre la renta en torno al 30%. Pero el Impuesto de Sociedades (por los beneficios obtenidos) es oficialmente del 30% para las grandes empresas, que, con las oportunas deducciones, puede quedarse en el 10%. Un inversor acaudalado que coloque su dinero en una SICAV sólo tributa el 1%. Y aquella persona que logra evadir su dinero a Suiza, todavía una cantidad menor. De este modo, finalmente se tocan los dos extremos: el “mínimo exento” por su bajo nivel de renta y quien lleva su dinero a un paraíso fiscal. Según Bibiana Medialdea, “nuestro sistema fiscal sigue, en la práctica, el método de Robin Hood pero al revés”.

Por último, podrían movilizarse recursos para generar empleo si se decidiera cuestionar el actual esquema de pago de la deuda. A finales de 2012, la deuda del conjunto de la economía española (pública y privada) representaba el 425% del PIB (la deuda hipotecaria de las familias sólo supone algo más del 20% del conjunto de la deuda española). Pero lo más significativo es que antes de la crisis, el balance de ingresos y gastos en las cuentas nacionales se mostraba bastante equilibrado (incluso con superávit presupuestarios). “Es la crisis lo que hace que se dispare la deuda”, subraya Bibiana Medialdea. ¿Alternativas? “Hay grupos que trabajan por las Auditorías de la Deuda en diferentes países, y que concluyen que parte de la deuda pública, aunque legal, no es legítima; siguiendo los ejemplos, entre otros muchos, de Argentina y Ecuador, podrían declararse impagos unilaterales y establecer una renegociación de la deuda en términos equitativos”, responde la economista. Y añade que, a su juicio, “las quitas parciales de deuda, aunque se satanicen, acabarán por adoptarse”.

Otra cuestión es que podrían establecerse prioridades a la hora de abonar la deuda que finalmente se reconozca. “Porque la deuda se basa en un contrato privado que no puede estar por encima de cualquier principio; es el estado el que, en función de su soberanía, debería establecer sus prioridades en cada momento; así pues, ¿Por qué atender antes a los acreedores privados que a las necesidades colectivas más básicas”, se pregunta la docente y activista. Puede que, en el escenario actual, todas las alternativas planteadas se vean lejanas, “pero son perfectamente factibles desde el punto de vista técnico; el problema es acumular la fuerza social necesaria”.

Pero no sólo con esto sería suficiente. “También deberían coordinarse las luchas a escala europea”, sostiene Bibiana Medialdea. Y vaticina que si algún país de la UE empieza a desarrollar algunas de las alternativas citadas, “habría seguramente un ; y es esto lo que más temen las elites; éste es el miedo que tenía Alemania ante el referéndum planteado por Papandreu o ante una presumible victoria de Syriza; más allá de la deuda griega con la banca alemana, que realmente no les supone un gran problema”, concluye. Bien por la movilización, bien por la implementación de políticas alternativas: la esperanza del “efecto dominó”.

Enric Llopis

Rebelión

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=168232

Otras economías son posibles

El título de este artículo contiene una verdad incómoda para el capitalismo y el patriarcado: alrededor del mundo encontramos ideas y prácticas económicas que ponen en tela de juicio el capitalismo y sus formas de sociabilidad (individualismo posesivo, clasismo, consumismo, explotación, etc.). Sus protagonistas son hombres y mujeres que participan en experiencias de producción, distribución y consumo al servicio de un imaginario económico y ambiental inscrito en un horizonte poscapitalista y posdesarrollista. Se trata de iniciativas con diferentes implicaciones organizativas, políticas y relacionales que abarcan campos tan diversos como cooperativas, movimientos de comercio justo y solidario, bancos del tiempo, agricultura campesina, economías del cuidado, mercados de trueque, economías ecológicas, redes de intercambio, economías del don y la gratuidad, asociaciones de ocio, economías del decrecimiento, etc.

Estas prácticas económicas alternativas al capitalismo comparten algunos rasgos: 
1) plantean la necesidad de un cambio de modelo de sociedad capaz de abrirse a racionalidades económicas que no identifican la economía con el libre mercado y para las cuales la reproducción de la vida está por encima de la reproducción de los intereses del capital. 
2) Están basadas en valores plurales, como la solidaridad, la reciprocidad, la colaboración, el don, el trueque no mercantil, el buen vivir de los pueblos indígenas, la filosofía sudafricana del ubuntu (yo soy porque tú eres), la (re)distribución, la autogestión comunitaria, el cuidado del territorio, la visibilidad de las mujeres y su participación en la construcción colectiva del bien común. 
3) Han sido sistemáticamente desacreditadas por la "monocultura de la productividad capitalista" (Boaventura Santos) imperante, que naturaliza la "explotación del hombre por el hombre" (Marx), la competición entre individuos egoístas y la acumulación ilimitada de capital, y cuyo impacto frecuentemente produce "economicidios" (Dominique Temple): la destrucción o subordinación de prácticas económicas no regidas por los cánones capitalistas. 
4) Suponen una contestación al capitalismo, cuya trayectoria el profesor Jacques Depelchin describe como una "historia de crímenes impunes" perpetrados contra el ser humano, la naturaleza, los pueblos y la democracia.

Actualmente, el proyecto neoliberal de privatización y mercantilización de la vida no sólo no está en crisis, sino que se ha recrudecido, sobre todo en Europa, donde, parafraseando a Walter Benjamin, el neoliberalismo "hace escombros de lo existente". El sur de Europa se ha convertido en un depósito creciente de escombros humanos sepultados por una economía sin escrúpulos que insiste en la austeridad económica y el sacrificio. Las expectativas de las personas sobre su presente y futuro están muy mermadas e impera un sentimiento de agotamiento de las instituciones existentes, de decadencia de la clase política y falta de creatividad en la búsqueda de alternativas de transformación social.

¿Tiene Europa, en este escenario, capacidad para reinventarse y romper las inercias que la han llevado a la deriva? ¿Qué debe hacer para superar esta situación? Para que Europa pueda reinventarse, es imprescindible que desarrolle una nueva imaginación política y económica que permita el reconocimiento de diferentes lógicas, prácticas y actores. Europa necesita una imaginación abierta a escuchar otras voces, a ver con otras miradas y a aprender con otras experiencias del mundo, pues "no hay país tan grande que no pueda aprender ni país tan pequeño que no tenga algo que enseñar" (Federico Mayor Zaragoza).

"Aprender „escribe Paulo Freire„ es construir, reconstruir, comprobar para cambiar". Las prácticas económicas mencionadas constituyen una fuente de aprendizajes que cuestionan el neoliberalismo como sentido común económico y social de nuestros días y promueven valores inspiradores para la transformación mental e institucional que Europa necesita. ¿Qué lecciones concretas y aplicables puede aprender Europa del contraste de experiencias con imaginarios económicos alternativos? Veamos algunos casos.

El primero es la canasta comunitaria en Ecuador, una iniciativa de economía popular urbana destinada a crear condiciones dignas para que las familias con pocos recursos accedan a alimentos de primera necesidad, que bajo el esquema capitalista se convertirían en un lujo inalcanzable. El proyecto pone en contacto directo a las familias socias con productores agroecológicos locales. Las familias participan en la compra y distribución de los alimentos y luego se rinde cuentas del dinero invertido. La lógica de la canasta comunitaria interpela directamente al capitalismo y propone formas de sociabilidad alternativas que pasan por:
1) la creación espacios de encuentro entre el campo y la ciudad basados en el respeto y la solidaridad mutua.
2) El abaratamiento de los costes, retirando los intermediarios entre productores y consumidores y estableciendo relaciones de compañerismo.
3) La promoción de relaciones de cooperación y complementariedad entre agricultores.
4) La lógica de la satisfacción responsable de las necesidades reales, alejadas del consumismo.
5) La reivindicación de la función social del dinero como herramienta de distribución y no de acumulación.
6) El fortalecimiento del poder de las mujeres, dándoles la posibilidad de participar en espacios sociales de decisión, gestión y distribución. Sin embargo, por encima de todo, la canasta comunitaria encierra una lección perturbadora para el neoliberalismo: la alimentación no es un privilegio, sino un derecho imprescindible que dota significado y contenido al derecho a la vida.

El segundo lo constituyen las prácticas de lactancia materna. A lo largo de la historia del pensamiento occidental, la lactancia ha formado parte de una narración patriarcal sobre la maternidad relacionada con la subordinación femenina y una concepción esencialista de las mujeres. Hoy, sin embargo, encontramos una reevaluación de la lactancia asociada con la crítica capitalista y patriarcal. No se trata de naturalizar a las mujeres, ya que se parte del reconocimiento de la lactancia humana como realidad cultural. Tampoco se pretende reducirlas a madres ni recluirlas en la esfera reproductiva y no remunerada. Y menos aún constituye una prescripción moral sobre la lactancia, que es una decisión libre y voluntaria. De lo que se trata es de enfocarla como una práctica que en el Occidente capitalista y predominantemente individualista puede contribuir al empoderamiento femenino y al cambio social en clave de sostenibilidad económico-ecológica. Por un lado, las prácticas lactantes desarticulan los usos del cuerpo que el capitalismo construye como deseables y normativos: cuerpos individualistas que sólo se deben a sí mismos; cuerpo sin pechos o, si los tienen, que no eyecten leche; cuerpos consumistas valorados por su capacidad de consumo, pues amamantar es gratuito y no responde a los intereses comerciales de la industria de la leche de fórmula. Por otro, generan redes de apoyo mutuo, altruismo y solidaridad recíproca. A menudo, madres, padres y bebés forman parte de grupos de crianza donde socializan su saber; de bancos de tiempo donde intercambian, en unidades no monetarias, ayuda recíproca, apoyo comunitario y conocimientos. Los bancos de leche impugnan la lógica capitalista: las lactantes donan leche para criaturas que, por el motivo que sea, y hallándose hospitalizadas (generalmente prematuras), necesitan beneficiarse de esta sustancia.

Podrían citarse más ejemplos, pero estos bastan para poner en evidencia la existencia de prácticas y valores orientados por una racionalidad no productivista, consumista y centrada en el afán ilimitado de lucro. Si queremos otra Europa, es fundamental aprovechar las potencialidades económicas, políticas sociales y culturales de estas experiencias para la socialización de valores opuestos a la Europa del libre mercado como principio rector de las relaciones humanas; de la distribución injusta y desigual de la riqueza y del poder político; de la exclusión, la falta de empleo y la precariedad laboral; de la democracia expoliada por la Troika, los mercados financieros y los partidos en la órbita del neoliberalismo. Una Europa (y un mundo), en fin, dispuesta a devolver la dignidad a los escombros amontonados bajo el "progreso" capitalista.

Antoni Aguiló y Ester Massó

*Filósofo político y profesor del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra.

*Filósofa, antropóloga y profesora de la Universidad de Granada.

Diario de Mallorca

http://www.diariodemallorca.es/opinion/2013/05/08/economias-son-posibles/844006.html

Por qué urge una renta básica en plena crisis económica. Sobre regulación política de los mercados y políticas económicas

La renta básica (RB), una asignación monetaria incondicional a toda la población, es una propuesta que viene discutiéndose desde hace unas pocas décadas en ámbitos académicos, en distintos parlamentos y en algunos movimientos sociales, notablemente en el 15-M. Empezó a defenderse, aunque en círculos muy minoritarios, a mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Muchos de los que defendemos la RB, consideramos que se trata de una propuesta muy recomendable tanto en las épocas de bonanza económica (sic) como en una de crisis depredadora como la actual. Pero, dadas las consecuencias para la gran mayoría de la población no rica en lo que respecta a las condiciones de vida y trabajo, la RB es una propuesta si cabe más necesaria en una situación de crisis.

Al mismo tiempo, aunque más necesaria como se argumentará, a la RB se la contempla como una propuesta más “difícil” políticamente. La RB apunta como un tema espinoso de difícil concreción política (tema “utópico”, como gusta a tantos decir) porque va, efectivamente, a contracorriente de las medidas de política económica que se están llevando a cabo desde el inicio de la crisis. Aunque acostumbran a proclamar justamente lo contrario tanto los gobiernos de la UE, como un buen número de académicos dogmáticos, así como los tertulianos campeones del totum revolutum, no existe una política económica neutra que beneficie a toda la población, o que sea necesaria adoptar para que “todos” salgamos beneficiados en el futuro, o que técnicamente sea la única razonable o posible o imprescindible.

Herramienta de política económica

Resulta hasta ridículo, si no fuera por las terribles consecuencias que ello tiene para gran parte de la población, el parloteo constante de los supuestos peligros de un gran déficit público que se ha convertido en algo de “sentido común” y es “lo que la ‘gente muy seria’ usa para proclamar su seriedad”, en certeras palabras de P. Krugman. Cualquier política económica es primero política y después económica, primero se decide (políticamente) a quién se va a favorecer y después se aplica la instrumentación (económica) que va a concretarlo. Por decirlo con el gran economista J.K. Galbraith: “[L]a economía no existe aparte de la política, y es de esperar que lo mismo siga sucediendo en el futuro.” Décadas después de haber sido escritas estas palabras, sigue sucediendo, por supuesto.

No existe el mercado en singular. Existen muchos mercados y con características muy diferentes entre ellos. El mercado de antiguos discos de vinilo, y el mercado financiero (si es que aquí está justificado hablar en singular) poco tienen en común, el de mercancías pornográficas y el de productos de la iglesia católica, aparentemente tampoco, etc. La configuración de un mismo mercado varía también históricamente. Mero ejemplo: la ley Glass-Steagall, vigente de 1933 a 1999 en EEUU, configuró unos mercados financieros harto diferentes a los modelados por la ley Gramm-Leach-Bliley que sucedió a la anterior. El mismo mercado tenía una configuración política distinta en uno y otro momento. Absolutamente todos los mercados están configurados políticamente y son producto de la intervención más o menos intensa, más o menos ausente, del Estado, mediantes legislaciones, normas, decretos y regulaciones. No se trata solamente de la mayor o menor regulación de los mercados, sino de cómo están configurados para favorecer a unos u otros grupos, a unas u otras clases sociales. Cualquier mercado es el resultado de opciones políticas que se concretan en determinados diseños institucionales y reglamentaciones jurídicas.

La RB debe entenderse como un componente de una configuración determinada de los mercados. La RB sería una medida de política económica para garantizar la existencia material de toda la población. Una alternativa bien clara a lo que hoy impera.

Y en una situación de crisis como la actual, ¿qué supondría la RB? Muy brevemente: 

1) La pérdida involuntaria del empleo provoca una situación de gran inseguridad económica y vital. Perder el puesto de trabajo, pero disponer de una RB supondría afrontar la situación de forma menos angustiosa. 

2) La RB podría cumplir un papel muy importante en la recomposición del interés colectivo de la clase trabajadora y en las luchas de resistencia tanto para quienes cuentan con representación organizada como para quienes están mal librados a una lucha personal.

3) La auto-ocupación, así como la organización cooperativa, se facilitarían con la RB. La RB, además de suponer un instrumento que aumentaría las posibilidades de la auto-ocupación, representaría una mayor garantía para poder hacer frente, aunque fuera parcialmente, a quienes no tuvieran éxito con su pequeño negocio.

4) Una de las consecuencias más señaladas de la RB sería la gran mitigación de la pobreza. Inclusive permitiría de manera realista plantearse su efectiva erradicación. Además constituiría un soporte de protección para no recaer en ella.

5) Un tema muy debatido frente a la crisis es la necesidad de sostener el consumo de la población. De hecho, muchas familias tuvieron en los años del boom una capacidad de consumo por encima de sus ingresos laborales gracias a la inflación de precios de activos financieros y de créditos, especialmente hipotecarios pero también de consumo. Con los ataques continuados a las condiciones de vida y trabajo de la gran mayoría de la población, no sólo se terminan esos ingresos sino que los reducidos ingresos laborales tendrán que utilizarse en parte para pagar la deuda acumulada. La RB es sin duda un estabilizador del consumo fundamental para sostener la demanda en tiempos de crisis, especialmente para los grupos más vulnerables, y de este modo evita la ampliación de las brechas de desigualdad económica y social.

Redistribuir la riqueza

La característica más conflictiva o contraintuitiva de la RB, su incondicionalidad, es a su vez la que mejor la blinda contra algunas críticas que pueden ser correctas dirigidas a las asignaciones monetarias públicas condicionadas. Así, críticas que históricamente se han dirigido a los subsidios condicionados (ejemplos de los cuales son el seguro de paro, el plan de empleo rural, los PIRMIS de distintas comunidades autónomas…) como que “la gente no trabajará”, “favorecen la economía sumergida”,  “tienen altos costos administrativos”… solamente con que se comprenda cabalmente la RB, se verá que no son aplicables a la misma. Quedan aún otras críticas importantes como el “altísimo coste de financiación” de una RB. Existen estudios publicados que muestran cómo puede financiarse una RB mediante una integración de la política fiscal con la social y que supondría, ¡por una vez!, una redistribución de la riqueza de los más ricos al resto de la población.

La RB es una medida contra pobreza, pero no únicamente. La RB posibilitaría que toda la población tuviera la existencia material garantizada. Sin esta existencia garantizada no hay posibilidad de libertad. Sin libertad, no hay democracia. Y la democracia está amenazada cuando junto al creciente número de personas sin existencia garantizada coexisten unos pocos grandes poderes privados que acumulan inmensas fortunas. Lo expresó inmejorablemente el que fue juez estadounidense de la Corte Suprema de 1916 a 1939 Louis D. Brandeis: “Podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas”. 

Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Su último libro es ¿Qué es la Renta Básica? Preguntas (y respuestas) más frecuentes (El Viejo Topo, 2012).

 

Sin Permiso

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5938

Mil días de austeridad

El 9 de mayo de 2010 empezó una etapa que ha cambiado España 

Presionados por Europa, Zapatero y Rajoy se han visto obligados a prescindir de la voluntad de los ciudadanos.

Era consciente de la época que vivía. Durante aquella década, cuando los rostros de muchos hombres se tornaron permanentemente duros y fríos, como si miraran hacia un abismo, William Stoner advirtió los signos de la desesperanza generalizada que conocía desde niño. Vio hombres buenos caer en una lenta decadencia de desesperanza, destruidos al ver destruido su concepto de una vida decente; les veía caminar desanimados por las calles con la mirada vacía; les veía encaminarse hacia las puertas de atrás, con el amargo orgullo de los hombres que avanzan hacia su propia ejecución, a mendigar el pan que les permitiera volver a mendigar, y vio hombres que una vez caminaron erguidos por efecto de su propia identidad mirarle con envidia y odio por la débil seguridad que él disfrutaba como empleado de una institución que, no se sabe por qué, no podía caer (…). Conocer la miseria común le afectó y le cambió profundamente, y sin que nadie lo apreciara, la tristeza por los apuros ajenos lo acompañó en todos los momentos de la vida”.

Este párrafo de la extraordinaria novela de John Williams Stoner, sin duda una de las cumbres de la literatura del siglo XX, bastaría para hacer una analogía con el nihilismo que se ha instalado en la sociedad española como efecto de sus problemas económicos derivados de una crisis a la que no ve ningún tipo de salida. Williams describe el ambiente vinculado a los años alrededor de la Primera Guerra Mundial en EE UU, antes de que llegase la Gran Depresión. Muchos ciudadanos españoles se sentirán reflejados en sus palabras.

Evolución de la economía española 2007-2013

 

El jueves próximo se cumplirán tres años de aquella terrible madrugada de un domingo (con los mercados cerrados) en que los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo atornillaron al límite al Gobierno de Rodríguez Zapatero para que cambiase de política económica: desde la combinación entre el crecimiento y la consolidación fiscal que Zapatero pretendía aplicar hasta una política de rigor mortis y sacrificios constantes que abriría la larga época de austeridad en la que desde entonces estamos instalados. Más de mil días de retrocesos constantes en aspectos clave de la vida cotidiana como el empleo, el mantenimiento del poder adquisitivo o de la protección social, y en la calidad de la democracia. 

 

En ese momento España tenía un déficit público del 11,2% y un paro del 20,15% de la población activa (4,6 millones de personas). En el comunicado de los ministros europeos se acuerda crear el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera con el fin de apoyar a los países con problemas, a cambio de lo cual se aceleran los planes de consolidación fiscal y las reformas estructurales de España y Portugal. Tres días después, un noqueado Zapatero comparece en el Congreso y deja atónitos a los diputados anunciando una serie de recortes inéditos en la democracia: reducción de los sueldos de los funcionarios, congelación de las pensiones (excepto las más bajas); eliminación del cheque-bebé de 2.500 euros aprobado poco antes para estimular la natalidad; disminución de la inversión pública, la ayuda al desarrollo y la dependencia; ahorros obligatorios en las comunidades autónomas, etcétera.

Zapatero trataba de evitar desesperadamente que a España le suceda lo que al resto de los países englobados en las siglas PIGS (Portugal, Irlanda y Grecia), que han sido o van a ser intervenidos directamente, con fortísimos programas de ajuste a cambio de ayudas masivas llegadas de Europa (en total, unos 400.000 millones de euros a lo largo del tiempo). Portugal, Irlanda y Grecia serán gobernados desde entonces por los hombres de negro que llegan a sus capitales, provenientes de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI): la denominada troika. No habrá intervención directa en España, pero este plan de ajuste le costará a Zapatero primero su liderazgo dentro del PSOE y luego la más estrepitosa derrota electoral de los socialistas en cualquiera de las elecciones desde el año 1977.

Y lo que es más significativo: el 9 de mayo de 2010 inaugura en España una etapa de austeridad a jalones que ha cambiado la manera de vivir y de pensar de la mayoría de los ciudadanos: de la economía del miedo (a la incertidumbre, a la inseguridad económica, a quedarse atrás en una distribución de la renta cada vez más regresiva, a quedarse inactivo…) han pasado a la economía del sufrimiento (el paro, el empobrecimiento, la reducción de su protección social, la mortandad de empresas…).

Lo más parecido al cerco sufrido por Zapatero en esa fecha sucedió 19 años antes, cuando el emperador François Mitterrand, después de haber ganado las elecciones presidenciales francesas en una especie de éxtasis colectivo y en plena hegemonía socialista, es obligado por los mercados a cambiar su política de izquierdas y de expansión de la demanda, y ha de revertir decisiones tomadas como el incremento del salario mínimo, la expansión del déficit para aumentar la inversión pública, la reducción de la jornada laboral, la nacionalización de 36 bancos, etcétera. Es lo que mucho tiempo después, en 2012, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, teorizará sin darse cuenta cuando afirma en el Congreso: “Los españoles no podemos elegir, no tenemos esa libertad”.

El segundo jalón en el programa de “austeridad autoritaria” (denominada así porque viene impuesta) tiene lugar un año después del 9 de mayo de 2010. El verano de 2011 es testigo de los ataques especulativos contra la economía española, y la prima de riesgo sube constantemente en una danza incontrolable de picos de sierra. La volatilidad de los mercados castiga un día y otro a la deuda pública española (y por su capacidad de contagio, a la privada, la de las empresas y familias).

Durante esos meses se producen tres movimientos muy significativos. Primero, Zapatero convoca elecciones generales para el 20 de noviembre de ese año, de modo que, gane quien las gane (apenas hay misterio en la campaña electoral; todos los sondeos descuentan la mayoría absoluta del PP), tenga la mayor legitimidad y fortaleza parlamentaria para aplicar su programa. Segundo, el BCE manda una carta (hasta ahora secreta en su contenido íntegro) a Zapatero, y otra a Berlusconi (que sí la hace pública), en la que les conmina a ajustar más las respectivas economías y hacer más reformas de fondo. Se trata, en el caso español, de la segunda vuelta de tuerca en pocos meses. En la carta, el BCE, tan defensor de su propia independencia frente a los políticos, demanda al Gobierno español una reforma laboral profunda, la eliminación de la vinculación de los salarios con la inflación, nuevos ajustes fiscales y la activación de las reformas de la energía, alquiler de viviendas y servicios profesionales. La peculiaridad de la misiva es que va firmada en primer lugar por Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), gobernador del Banco de España y miembro del equipo de gobierno del BCE, y luego por Jean-Claude Trichet, gobernador del mismo. MAFO, un obseso de la reforma laboral, se dirige a Zapatero desde Fráncfort para demandarle lo que no le concede desde Madrid. La contrapartida de estos ajustes y reformas es la ayuda de la autoridad monetaria europea para que España resista la oleada de ataques, calificada por Zapatero del siguiente modo: “El bombardeo especulativo que está sufriendo España es comparable al que padecieron los americanos en Pearl Harbour”.

La tercera medida tomada por Zapatero es la más polémica de todas: la reforma de la Constitución (artículo 135), con el objeto de calmar definitivamente a los mercados. En un país como España, en el que ha sido imposible que los dos principales partidos se pusieran de acuerdo en la actualización de principios constitucionales considerados obsoletos (la sucesión hereditaria en la Monarquía, la incorporación del nombre de las autonomías o la modificación del título VIII, que tantos exigen, etcétera), el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo en un santiamén para incorporar una regla fiscal a la Constitución: limitar el déficit estructural a su mínima expresión, un tope a la deuda pública y, sobre todo, priorizar el pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra obligación (sanidad, educación, desempleo, pensiones, dependencia…). Una demanda histórica de la derecha europea —renunciar al arma de la política fiscal— fue asumida sin debate alguno por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

El último jalón de las políticas de austeridad es un continuo que se extiende durante todo el año 2012 y lo que va de 2013. Se podría decir que al menos el primer año y medio de gobierno del PP en España ha sido, en su conjunto, un permanente 9 de mayo de 2010. Cuando Rajoy llega a La Moncloa arroja a la basura el programa electoral con el que ha ganado las elecciones por mayoría absoluta, para aplicar una y otra vez las exigencias de Bruselas. Aparta todos y cada uno de los seis ejes fundamentales de su programa (Súmate al cambio): el crecimiento económico y la generación de empleo; la mejora de la educación; la garantía de la sociedad del bienestar y de la protección social; la reforma y la modernización del sector público; el fortalecimiento institucional y la regeneración política, y la proyección exterior, volver a ser fiables y creíbles en el mundo. Desde el 31 de diciembre de 2011, cuando Rajoy aprueba el mayor recorte de la historia y una gran subida de impuestos, todo ha ido hasta hoy en la misma dirección. Su objetivo ha sido el mismo que el de Zapatero: evitar la intervención directa de la economía española.

Así pues son ya dos los Gobiernos españoles, de distinto signo político, los que no han podido aplicar sus propias recetas para salir de la crisis, y que se ven obligados a rectificar por la presión exterior. Gobiernos que, de facto, no gobiernan con los programas con los que fueron elegidos. A consecuencia de la pertenencia de España a la UE y al club del euro, el gobernante democrático español, sea de derechas o de izquierdas, se ha visto obligado a prescindir de la voluntad del pueblo que gobierna. Como afirma José Ignacio Torreblanca en el Informe sobre la democracia en España 2013, de la Fundación Alternativas, hay una percepción dominante de que los márgenes de maniobra de los Gobiernos nacionales se han reducido más allá de lo aceptable desde el punto de vista democrático; numerosos ciudadanos europeos sienten que las políticas y decisiones que afectan a sus vidas escapan a los controles democráticos. Instituciones como el BCE o el Eurogrupo, escasamente democráticos, imponen duras condiciones para calmar a los mercados, mientras que los Gobiernos nacionales, democráticamente elegidos, no tienen alternativas y deben asumir las recetas tecnocráticas emanadas desde Bruselas, Fráncfort o Washington.

Ello conlleva un alto nivel de desafección ciudadana. Si al comienzo de la crisis, en 2007, un 65% de los españoles decía confiar en la UE y solo un 23% expresaba recelo, al cierre de 2012 los que manifestaban prejuicios hacia la UE habían crecido hasta un 72%, y los que creían en ella tan solo son un 20%. Ello ocurre también con otras instituciones. En diciembre de 2012, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), una organización multilateral sin poder ejecutivo, proponía al Gobierno español que subiese más el IVA, abaratase más el despido, suprimiese con carácter restrictivo algunas deducciones por vivienda y endureciese las condiciones para cobrar el seguro de desempleo. Si cualquier Gobierno, del signo que sea, tiene que aplicar medidas como las citadas aunque no las comparta, a los partidos políticos que los sustentan les sucederá como en el cuento de Alicia de Lewis Carroll: los ciudadanos los apreciarán como Tweedledum y Tweedledee, los gemelos que luchaban fieramente el uno contra el otro por nimiedades sin sentido; o como la Pepsi y la Coca-Cola; o como los detectives Dupont y Dupond, de Tintín. En su libro sobre Las promesas políticas, el sociólogo José María Maravall recuerda que “la democracia representativa requiere que los ciudadanos puedan elegir entre alternativas genuinamente diferentes y que compitan partidos ofreciendo propuestas distintas sobre temas sustanciales. Si las diferencias entre partidos [y entre Gobiernos] hubiesen desaparecido, si prometiesen distintas cosas, pero solo pudieran aplicar las mismas recetas, los ciudadanos podrían votar, pero no elegir”.

Las protestas en la calle que han protagonizado los indignados a través de sus distintas formaciones tienen que ver con lo anterior. Expresiones como “no nos representan”, “todos los políticos son iguales” o “lo llaman democracia y no lo es” se imbrican en esa sensación de que el voto ciudadano no influye, y de que el poder económico (al que no se puede castigar o premiar con el voto, porque no es democrático) siempre es prevalente respecto a las decisiones políticas. El filósofo Tzvetan Todorov (Los enemigos íntimos de la democracia) entiende que las principales amenazas que pesan hoy sobre la democracia proceden no de fuera, de los que se presentan abiertamente como sus enemigos, sino de dentro, de ideologías, movimientos y actuaciones que dicen defender sus valores: “En el conflicto con el totalitarismo, la democracia se enfrentaba a fuerzas que impedían la libertad de la persona. Se trataba entonces de una hipertrofia del colectivo en detrimento del individuo, y el propio colectivo estaba sometido a un pequeño núcleo de dirigentes tiránicos. Pero en el mundo occidental actual una de las principales amenazas que pesan sobre la democracia no procede de la expansión desmesurada de la colectividad, sino que tiene que ver con el fortalecimiento sin precedentes de determinados individuos [e instituciones] que de golpe ponen en peligro el bienestar de toda la sociedad”.

Mientras algunos hablan de tres años de “dictadura de la austeridad”, Pierre Moscovici, ministro de Economía y Finanzas francés, ha redefinido el concepto diciendo que “austeridad es cuando matan al paciente”. El balance que se puede hacer de estos mil días de recortes, ajustes y sacrificios siempre en la misma dirección es brutal en términos de pobreza y desigualdad: la renta per cápita española se sitúa hoy en términos similares a los del año 2002, por lo que teniendo en cuenta solo este indicador ya se podría hablar de década perdida. Según Eurostat, la oficina estadística de la CE, España es el país más desigual de la UE, junto a Portugal, Bulgaria y Letonia. La caída en los niveles de bienestar ha sido más intensa que en la mayoría de los países europeos, la pobreza se ha hecho simultáneamente más extensa (afecta a más gente) y más intensa (es más profunda), etcétera. Las expectativas sociales de mucha gente se han derrumbado, afectadas por la escasa esperanza de los cambios a corto y medio plazo; el bienestar psicológico de los hogares ha tocado fondo, lo que repercute incluso en el hecho de consumir; y la devaluación que se ha obtenido con las políticas aplicadas en términos de salario y empleo (objetivos espurios de una reforma laboral muy agresiva) son difícilmente repetibles.

En su último ensayo (Todo lo que era sólido), Antonio Muñoz Molina advierte de que no puede seguir reduciéndose indefinidamente el presupuesto de la justicia o de la educación, la paga de los policías, la dotación de los servicios contra incendios, el número de camas o los turnos de médicos y de quirófanos… so peligro de devastación. Pasado cierto tiempo, el desastre y el deterioro dejan de ser reversibles. Las cosas se deterioran poco a poco, y de pronto, en vez de continuar en ese estado que se ha vuelto tolerable, se hunden del todo, sin transición, como se hunde una casa que parecía detenida en una lenta ruina.

La austeridad impuesta y a largo plazo, en sociedades con necesidades crecientes por las dificultades económicas, no reduce la pobreza y genera más desigualdad. La salida a la crisis impuesta en Europa ha significado hasta ahora una distribución de la renta, la riqueza y el poder enormemente regresivos: de abajo hacia arriba, como un Robin Hood a la inversa. No es de extrañar la reflexión explicativa del desapego ciudadano que hace el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz: la gente observa que los mercados no funcionan (y el que menos, el mercado del trabajo); ve que el sistema político del que se ha dotado para convivir (la democracia) no corrige los fallos del mercado; como consecuencia, aumentan la desafección sobre la democracia y sobre la economía de mercado al mismo tiempo, lo que desgraciadamente recuerda otros tiempos más ingratos.

Joaquín Estefanía

El País

http://economia.elpais.com/economia/2013/05/03/actualidad/1367592834_505488.html