Cómo especular contra la deuda pública de un país como España

¿Por qué sube la prima de riesgo de un país?  En principio porque los inversionistas financieros (conocidos como “los mercados”) confían menos en la solvencia del país en cuestión. Recordemos que cuando el Estado de un país emite deuda pública, lo que está haciendo en realidad es entregar títulos (papelitos) a cambio de que le presten dinero. Esos préstamos tienen un tipo de interés, que es el coste que tiene que pagar el Estado por haber pedido dinero prestado. Por ejemplo, en el año 2012 un inversionista recibe un título del Estado español y a cambio le presta 1000 euros a un tipo de interés del 1% con fecha de vencimiento de un año. En 2013 el inversionista devolverá el título y el Estado español le devolverá los 1000 euros más el 1% en concepto de intereses (10 euros), en total: 1010 euros. El inversionista termina con más dinero del que tenía al principio, y de esta forma se lucra.

El tipo de interés que acuerden será más alto a medida que el Estado empeore su situación económica, puesto que es una forma de compensar el posible hecho de que al final el Estado no pueda devolver el dinero. De la misma forma, a mejor situación económica del país, menor tipo de interés. Si los inversionistas creen que un estado es solvente y podrá devolver el dinero que le prestan, entonces pedirán un tipo de interés reducido. Esto es precisamente lo que ocurre actualmente con Alemania. Los inversionistas piensan que el Estado alemán es solvente y por lo tanto le prestan dinero “barato” (es decir, a un tipo de interés reducido: 1,62%). Al mismo tiempo esos mismos inversionistas creen que España tiene probabilidades de tener problemas de solvencia y no pagar sus deudas, por lo que le prestan dinero a un tipo de interés más elevado (5,17%). A la diferencia existente entre el tipo de interés que le piden a Alemania y el que le piden a España se le denomina “prima de riesgo” (5,17% – 1,62% = 3,55% = 355 puntos básicos (1)).

Parece comprensible que los inversionistas cada vez confíen menos en el Estado español, debido a la desastrosa situación económica que está atravesando. Pero, ¿es comprensible que en ocasiones la prima de riesgo española se dispare en un solo día, o incluso en unas pocas horas, cuando no ha pasado nada digno de mención en la economía española? Eso no parece tener sentido, al menos no si sólo tenemos en cuenta que el tipo de interés sube o baja dependiendo de la confianza que tengan los inversionistas en la solvencia del Estado. Lo que ocurre es que en ese movimiento influyen otros factores, y especialmente el de la especulación financiera.

Especular es comprar barato y vender caro para obtener beneficios con la diferencia de precios. En el mercado financiero es relativamente fácil especular porque el precio de los activos responde sensiblemente a los cambios en la oferta y demanda de títulos. Un pequeño inversionista no podrá influir en el precio de un activo, pero un gran inversionista que posea cantidades mastodónticas de dinero sí lo podrá hacer. Aquí ofrecemos una explicación sencilla de una de las formas a través de las cuales los especuladores financieros obtienen enormes beneficios atacando a la deuda pública de los países (y particularmente a la deuda española a partir de 2010).

1)      El primer movimiento del especulador consiste en descubrir alguna debilidad de algún país. Al igual que los tiburones atacan cuando huelen la sangre, los especuladores atacan cuando encuentran alguna fisura en la salud de una economía nacional. Es por este motivo que los especuladores no pueden atacar a países como Alemania o Estados Unidos, sino que sólo pueden hacerlo con aquellos países menos vigorosos (España, Grecia o Portugal son algunos ejemplos; las dudas económicas sobre estos países a partir de 2010 los convirtieron en presas fáciles de abordar).

2)      El segundo movimiento consiste en comprar CDS para utilizarlos como “caballo de Troya”. Un CDS es un título financiero (papelito) que funciona como un seguro. Al igual que un seguro de coche te cubre en caso de accidente, un CDS te cubre en caso de que algún Estado no te devuelva el dinero que le prestaste. El especulador le compra los CDS a un banco de inversión que se compromete, en caso de que el Estado español no devuelva el dinero, a cambiarle el título de deuda pública española por un título de deuda pública alemana (que goza de mayor confianza y seguridad). El CDS tiene un precio, que será más alto conforme más elevado sea el riesgo de que el Estado no devuelva el dinero (al igual que un seguro de coche es más caro conforme más probabilidades tenga el conductor de sufrir un accidente). Puesto que todavía (principios de 2010) no hay dudas serias sobre la solvencia del Estado español, este precio es bajo. El especulador se asegura de comprar muchos títulos de CDS para que luego funcionen como un “caballo de Troya”.

Lo gracioso es que el especulador puede comprar los CDS aunque no tenga títulos de deuda pública en su poder, debido a las pocas normas regulatorias que existen en los mercados financieros.

3)      El tercer movimiento consiste en pedir prestados una cantidad enorme de títulos de deuda pública en el mercado secundario. El especulador obtiene así muchísimos títulos de deuda pública española que se compromete a devolver pasado un tiempo. Pero antes de que llegue el momento de devolverlos, los venderá de forma masiva y en un solo día (las normas de los mercados financieros permiten hacer algo tan estrafalario como vender títulos que te han prestado). La venta de tantos títulos de deuda pública no pasará desapercibida, y los demás inversionistas verán en ella una señal de que están empezando a desconfiar de la solvencia del Estado español, puesto que parece que hay mucha gente vendiendo los títulos de deuda pública española. Si esta acción se acompaña de rumores y opiniones (por parte de expertos relacionados con el fondo especulador, por ejemplo) que lanzan el mensaje de que el Estado español tendrá problemas para afrontar sus pagos, entonces el efecto será aún mayor, y los inversionistas poseedores de títulos de deuda pública española se asustarán y venderán ellos también todos los títulos que puedan. Como muchos agentes quieren librarse de los títulos a toda costa, los venderán al precio que sea y esto hará que pierdan mucho valor (por la ley de la oferta y la demanda; cuantos más agentes ofrezcan algo, más bajará su precio).

Al mismo tiempo, nuestro especulador utiliza el dinero que ha recibido por la venta de títulos de deuda española para comprar títulos de deuda pública alemana, empujando al alza la valoración de estos títulos alemanes (por la ley de la oferta y la demanda; cuantos más agentes demanden algo, más subirá su precio).

4)      El cuarto movimiento se produce de forma automática: es el impacto que tiene el “caballo de Troya” instalado a través de los CDS. Recordemos que nuestro especulador compró muchos CDS (seguros) a un banco de inversión. Este banco de inversión (vendedor de seguro) empieza a ver que el Estado español tiene más posibilidades de quebrar. Puesto que se comprometió a entregar títulos de deuda pública alemana a los compradores de CDS en el caso de que el Estado español quebrara, lo que hace el fondo de inversión es comprar títulos de deuda pública alemana para tener suficientes en su cartera (y también vender títulos de deuda española porque tienen ya muy poco valor). Estos dos movimientos reforzarán la senda iniciada por nuestro especulador: venta masiva de títulos de deuda pública española (lo que reducirá su precio) y compra masiva de títulos de deuda alemana (lo que aumentará su precio).

5)      El último movimiento consiste en recoger las ganancias realizadas por el movimiento especulativo. Nuestro especulador compró muchos títulos de deuda alemana a un precio bajo, y ahora que han aumentado mucho su valor los vende, obteniendo suculencias ganancias. Además, ahora comprará títulos de deuda pública española a precios muy bajos y los devolverá al agente que se los prestó en su día. Pero para rematar la jugada venderá los CDS que compró al principio, puesto que ahora se valoran mucho más ya que hay gente asustada que quiere comprar seguros por si el Estado español quiebra. Más ganancias al vender los CDS.

Así es cómo los especuladores actuaron y actúan para cosechar beneficios mastodónticos al mismo tiempo que ponen a España y otros países contra la espada y la pared al provocar un aumento importante de sus primas de riesgo (ya que la confianza en sus títulos de deuda baja, y la depositada en los títulos alemanes sube). Una actuación abominable y criminal que está permitida por los grandes poderes públicos de los países occidentales.

Notas:

(1)    A 20 de febrero de 2013.

Eduardo Garzón

Saque de Esquina

http://eduardogarzon.net/como-especular-contra-la-deuda-publica-de-un-pais-como-espana/

 

Motordependencia

Para cualquier país la extrema especialización constituye un riesgo. Basta recordar el efecto letal para España de un crecimiento basado en la construcción.

A pesar del fracaso final, no está claro que nuestras élites hayan aprendido la lección. Hace bastantes años que otro sector ocupa un lugar destacado en nuestra estructura económica y nuestras políticas industriales. Se trata del sector automovilístico. España es un gran productor mundial de vehículos a pesar de no contar con ninguna empresa propia en el sector. La única presencia local fue la participación del antiguo INI en Seat, pero cuando se fue el socio italiano Fiat lo único que se hizo fue sanear la empresa y dársela a Volkswagen. La fascinación por la industria del motor puede entenderse por la gran cantidad de empleos que genera, no sólo en las plantas ensambladoras sino, sobre todo, en la miríada de empresas auxiliares que producen los mil y un componentes que incorpora cualquier vehículo. También por el papel de icono que tiene el producto final en la sociedad de consumo. Convertir España en un gran centro exportador ha sido presentado como uno de los logros industriales del país.

Pero todo tiene su cara B, y esta es bastante menos amable de lo que la primera cara explica.

En primer lugar la industria española es extremadamente frágil no sólo porque depende de decisiones foráneas, sino también porque estas empresas han decidido que el país sea, fundamentalmente, un exportador de vehículos de gama media/baja. Ello conlleva no sólo una presión brutal sobre los costes, sino una cuestión paradójica sobre nuestro equilibrio exterior. En los años malos, cuando la economía española está en crisis y la demanda interna por los suelos, la balanza comercial del sector experimenta un saldo favorable. En cambio, cuando la economía está en expansión el saldo positivo se reduce y llega a ser negativo. La explicación de este enigma es que el consumo interno en años normales se orienta a vehículos más caros de importación y por tanto el modelo es inestable en términos exteriores.

En segundo lugar, el sector es un auténtico depredador de recursos públicos y derechos sociales. Cada cierto tiempo, habitualmente cuando finaliza la vida de un modelo y las plantas quedan a la espera de que la multinacional les encargue otro producto, las empresas lanzan un órdago del tipo “o me ayudas y rebajas costes salariales o no habrá modelo”. Y las Administraciones corren a rebuscar recursos (por ejemplo apoyos a la i+d) y a forzar a los sindicatos a rebajar derechos. Todo un teatro político que hemos visto practicar repetidas veces a los expertos negociadores de Volkswagen, Renault, Ford, Nissan, General Motors... Es también habitual que las empresas organicen su producción contando las variaciones en el ciclo de ventas y recurran anualmente a unos días de ERE temporal para que sea el estado y los trabajadores los que carguen con el coste. O que periódicamente exijan planes de desgravación fiscal a sus productos.

En tercer lugar, esta presión es aún mucho más fuerte sobre la red de suministradores, subcontratas y empresas auxiliares, lo que se traduce en un paulatino deterioro de derechos laborales a medida que se va descendiendo en la pirámide productiva. El final de este descenso ha sido la deslocalización de los productores de componentes fáciles de transportar hacia países de muy bajos salarios. Una deslocalización que ha afectado especialmente a poblaciones de baja industrialización (como Cervera, Tortosa, Ávila, Salamanca...) y escaso empleo alternativo.

Y cuarto, estas empresas no solo influyen poderosamente sobre la política industrial y las condiciones de empleo sino que tienen un papel crucial en definir el modelo de movilidad y transporte español. La industria del motor suele negociar de tú a tú las inversiones con el Gobierno y en esta negociación pacta condiciones no sólo concretas sino también ambientales. Y también cuenta con una actividad de lobby bien a través de su preponderante papel en el gasto publicitario que financia a los medios de comunicación, bien a través de entidades de la sociedad civil (especialmente el RACC) que actúan como instrumento de presión a favor del automóvil. Graves problemas de contaminación, factura energética y caos urbanístico son el resultado de un modelo automovilístico que para funcionar exige la contrapartida de un modelo amable.

Ahora que la crisis es galopante el sector vuelve a presentarse como el asidero de la industria local y está sacando tajada en el terreno de las ayudas y del deterioro laboral. Sus costes directos son evidentes. Y no garantiza además que una vez agotado un nuevo ciclo productivo no acabe por emigrar. Ya ha ocurrido en el sector de la moto, su primo hermano. Tras años de sacar concesiones de todo tipo a favor del sector (incluida una reforma del título de conducir para facilitarle más mercado y que se tradujo en un aumento de los accidentes) los grandes fabricantes instalados en España (Honda, Yamaha, Piaggio) decidieron largarse sin más. Jugar a atraer un sector a toda costa tiene ese riesgo. Especialmente cuando es evidente que se trata de una actividad en expansión en países en desarrollo y el peligro de una deslocalización futura es cada vez más cierto.

Todo ello sin contar con que, además, sólo los aspectos ambientales deberían forzar a concentrar esfuerzos en desarrollar otros modos de vida y, por tanto, otro tipo de actividades productivas. Pero la coche-dependencia es tan grande que nuestros dirigentes vuelven a apostar por los mismos riesgos de siempre. Quizás no es casualidad que ahora se sumen las investigaciones de petróleo por el método del fracking. Al fin y al cabo, aunque el sector automovilístico ha tenido devaneos con el coche eléctrico, la opción dominante sigue pasando por el vehículo con petróleo y el fracking ofrece la promesa de sortear, al menos por un tiempo, el pico del petróleo, aunque sea a costa de generar un nuevo desastre ambiental. Y es que a esta industria lo ambiental y lo social le traen al pairo. Lo que importa es que siga el negocio.

Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

http://www.mientrastanto.org/boletin-110/notas/cuaderno-de-depresion-17

Dependencia energética e intereses cruzados de la política y el capital

REPSOL, GAS NATURAL, ENDESA, IBERDROLA, ENAGAS y CEPSA son los gigantes del oligopólico sistema energético de nuestro país, suministradores de petróleo, gas natural, generadores de energía eléctrica principalmente a través de centrales nucleares, centrales térmicas de ciclo combinado y carbón. Las energías renovables no son el fuerte de la mayoría de estas empresas. Como resultado de un sistema energético basado principalmente en petróleo y gas importado nuestro país tiene un fuerte déficit energético con el exterior, que en 2011 representó el 85,6% del total del déficit comercial español, una cifra absolutamente exagerada y que lastra la balanza por cuenta corriente y como resultado de ello la capacidad de reducción de nuestro endeudamiento exterior. Las importaciones energéticas representaron ese año un 4,7% del PIB y las de petróleo un 3,7%. Por tanto una política orientada a reducir la altísima, cerca de un 90%, dependencia energética de nuestro país, permitiría reducir el déficit comercial, y por tanto las necesidades de financiación exterior de nuestra economía, según reconoce el propio Banco Central Europeo en su Boletín Mensual de Enero de 2013, que en la actualidad está siendo la causa de profundos recortes en términos de prestaciones publicas y de condiciones salariales y de trabajo. Si el volumen de importaciones energéticas de nuestro país fuera similar a la media europea, un 13,2% del total, supondría una minoración de las importaciones de unos 19.000 millones de €, esto es casi dos puntos del PIB, lo que reduciría el déficit por cuenta corriente al 2% del PIB, el porcentaje estimado por el FMI para que no se incremente nuestra deuda exterior. 

Pero estas grandes empresas comparten algo más, una curiosa práctica común, la de incluir en sus consejos de administración a relevantes políticos (del PP, del PSOE, de CiU, del PNV, e incluso algunos restos de la UCD, del tardofranquismo y hasta un Infante de España) relativamente retirados, pero indudablemente con una agenda de contactos relevante.

En REPSOL se sientan en su Consejo de Administración vinculados al PSOE Paulina Beato (expresidenta de Red Eléctrica y CAMPSA, cuando era empresa pública) y Luis Carlos Croissier (ex ministro de Industria), Mario Fernandez (exvicelendakari del PNV) y Artur Carulla vinculado a CiU (propietario del periódico nacionalista ARA). Además hay que recordar que la empresa Petronor, perteneciente al grupo Repsol, está presidida por José Jon Imaz (expresidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV).

En ENDESA comparten mesa del Consejo de Administración Jose Maria Aznar (expresidente del gobierno por el PP) y Miquel Roca Junyent (exsecretario general de Convergencia). Pero no hay que olvidar que el consejero delegado de ENEL, la propietaria de ENDESA, es Pedro Solbes (ex ministro de Economía en varios gobiernos del PSOE) y que Elena Salgado (exministra de Economía en el último gobierno de J.L. Zapatero) es consejera de Chilectra, la filial chilena de ENDESA.

En Gas Natural se encuentran Felipe Gonzalez (expresidente del gobierno con el PSOE), su exvicepresidente Narcis Serra, Rafalel Villaseca (expresidente de la empresa pública INISEL durante los gobiernos socialistas) y Carlos Kinder (vinculado al PSC en general y a Jose Montilla en particular) y Nemesio Fernandez-Cuesta (exsecretario de Estado de energía con el PP).

En el Consejo de Administración de IBERDROLA se han sentado juntos durante varios años Braulio Mendel (Presidente de la andaluza Unicaja y persona que ha sido muy influyente en el PSOE de Andalucía), Jose Luis Olivas (expresidente de la Generalitat de Valencia por el PP y del quebrado Banco de Valencia), el también “popular” Juan Miguel Aynat (expresidente de las quebradas Bancaja y Banco de Valencia) y Ricardo Alvarez Isasi (exconsejero del Ente Vasco de la Energía nombrado por el PNV).

En ENAGAS solo coinciden altos cargos relacionados con el PSOE y UCD: Miguel Angel Lasheras (exdirector general del Instituto de Estudios Fiscales y exconsejero de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico), Ramón Perez Simarro (exsecretario general de Energía) y Dionisio Martinez (exsubsecretario de Hacienda con UCD y que fue Director General de Tabacalera con el PSOE).

Por último CEPSA, que actualmente está bajo control de un Fondo de Inversión de Abu Dabi, fichó en su momento a un Infante de España (Carlos Borbón de la Dos Sicilias) a un ex ministro de Arias Navarro, Carlos Perez de Bricios (ex ministro de Industria) y Juan Manuel Otero (ex ministro de la Presidencia con UCD), aunque este último dejo de ser consejero hace un año.

Tal vez las razones del predominio del gas y el petróleo en el suministro energético españolas, y las causas reales de la falta de impulso efectivo hacía una transición hacía las energías renovables (según Eurostat en España la producción primaria de energía por fuentes renovables se ha incrementado en los últimos diez años en un 56%, mientras que Alemania en ese mismo periodo lo ha hecho en un 257%) haya que buscarlas en la colusión de intereses, desde hace décadas, entre parte de la clase política dominante, independientemente de su signo político, y las oligarquías energéticas de nuestro país. Es impresionante la importante presencia de altos cargos del gobierno, desde el tardofranquismo hasta hoy, en los consejos de administración de las principales empresas energéticas españolas. Empresas cuyos beneficios, hay que recordar, dependen en gran medida de la regulación y de las inversiones públicas. De las decisiones, que por activa o por pasiva, han tomado esos políticos que hoy se sientan en sus consejos de administración.

Bruno Estrada

Economista. Director de Estudios de la Fundación 1º de mayo.

EconoNuestra 

http://econonuestra.org/analisis/item/382-dependencia-energ%C3%A9tica-e-intereses-cruzados-de-la-pol%C3%ADtica-y-el-capital.html

8 grandes mentiras de Draghi en el Congreso de los Diputados

Ayer, martes 12 de febrero de 2013, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, compareció en el Congreso de los Diputados  para explicar la actuación del BCE en la Eurozona. Dejando a un lado lo vergonzoso y antidemocrático que resulta el hecho de que la comparecencia fuese a puerta cerrada (y lo absurdo que fue, porque luego publicaron el discurso en internet), no puedo resistirme a denunciar aquí las mentiras, falacias y medias verdades que empleó Draghi durante su sermón. Debido a que si quisiera comentarlas todas necesitaría escribir un libro, lo que haré será centrarme en aquellas que resultan más aberrantes y bochornosas.

1. Nuestras medidas han aliviado las restricciones de financiación de las entidades que deciden renovar o ampliar sus préstamos a empresas y hogares, eliminando así un obstáculo para el crecimiento.

Absolutamente falso. El BCE no le ha dado dinero a los bancos para que se lo presten a empresas y familias, sino para tapar sus enormes agujeros. De hecho, hoy día los bancos españoles dan menos créditos que nunca en la historia reciente. Es más, España está a la cola mundial de acceso al crédito según el Foro Económico Mundial. ¿Cómo puede el señor Draghi mentir tan descaradamente y quedar impune? ¿Y por qué los periodistas repiten su discurso sin cuestionar la veracidad de sus palabras?

2. El primer elemento clave ha sido reducir nuestro tipo de interés oficial hasta el 0,75 %, un nivel sin precedentes en prácticamente todos los países de la zona del euro.

Se le olvida comentar que el tipo de interés oficial de EEUU está mucho más bajo, concretamente en el 0,25%; que el de Japón está en el 0,1%; o que el del Reino Unido esté en el 0,5%, entre otros.

3. En particular, las dificultades se derivan de los grandes desequilibrios existentes en sectores altamente endeudados y de la falta de saneamiento de las finanzas públicas en algunos países de la zona.

Es decir, para Draghi la culpa de la crisis europea la tienen los sectores que se han endeudado y las administraciones públicas que han gastado más de lo que han ingresado. Con respecto a esto, hay que decirle a Draghi unas cuantas cosas.

En primer lugar, en España los sectores más endeudados han sido las grandes fortunas y las grandes empresas, cegados por un ansia de ganancias que obtenían a través de una especulación desorbitada con apalancamiento financiero. En cambio, la mayoría de las familias menos adineradas que se endeudaron lo hicieron para comprar una vivienda de primera residencia (que es un derecho recogido en nuestra Constitución) obligados por los bajos salarios y el elevado precio de las viviendas. Y sin embargo, las grandes fortunas y las grandes empresas no se están viendo perjudicadas por los recortes a los que obliga el BCE, sino todo lo contrario: los millonarios españoles están engrosando sus fortunas durante la crisis (en algunos casos se han incrementado en un 50%), y los beneficios de las 35 mayores empresas españolas que cotizan en Bolsa no paran de aumentar (diez de ellas han batido en 2012 su récord de beneficios). Por lo tanto, quienes están pagando los platos rotos son otros: la mayoría de la población que apenas se benefició de la burbuja inmobiliaria.

Además, este elevado endeudamiento fue permitido y facilitado por la estructura y normas de la Unión Europea, de la cual el BCE es la principal institución responsable por ser la autoridad monetaria de la Eurozona. Si la culpa es del endeudamiento, y la responsabilidad del endeudamiento es del BCE, entonces Draghi debería culpar a su propia institución de la crisis europea, y no a los sectores endeudados.

Por otro lado, Draghi culpa a las administraciones públicas por no estar saneadas. Pues bien, la de España estaba saneadísima ya que gozaba de un superávit del 1,9% sobre el PIB en el año 2007 (año de inicio de la crisis). Y la media de todas las administraciones públicas de los países europeos alcanzaba solamente un déficit de -0,7%. Si los datos demuestran esto, ¿cómo es posible que el presidente del BCE tenga tan poca vergüenza como para culpar a las finanzas públicas? Es evidente que este economista tan preparado está mintiendo a conciencia. Lo triste es que ello se permita.

4. Los países de la zona del euro han reducido casi a la mitad sus déficits presupuestarios […]. Excluidos los pagos de intereses, el déficit primario del conjunto de la zona del euro fue prácticamente nulo.

Lo que está diciendo Draghi es que, de media, los países de la Unión Europea presentan déficit simplemente porque pagan intereses por haberse endeudado en el pasado. Si no pagaran intereses, no tendrían déficit. Y si pagaran muchos menos intereses, apenas tendrían déficit. Lo que no dice Draghi es que esos intereses serían muchísimo más reducidos si la institución de la que es presidente, el BCE, financiara a los Estados en vez de hacerlo a los bancos privados para que éstos financien a los Estados (obteniendo un beneficio por ello). Es decir, en la mano del BCE estaba y está la posibilidad de que los países europeos tengan un déficit mucho menor (y menor prima de riesgo, y menor necesidad de recortar gastos y subir impuestos), pero nunca lo ha querido hacer porque prefiere dar el dinero a los bancos privados para que sanen sus heridas. 

5.  El déficit por cuenta corriente de España se ha reducido considerablemente, desde casi el 10 % del PIB en 2008, hasta aproximadamente el 1 % en 2012. 

Cierto, pero Draghi olvida intencionadamente explicar por qué ocurre esto. El saldo por cuenta corriente es la diferencia de lo que vende España al extranjero con lo que compra al extranjero. Durante la burbuja inmobiliaria España presentó un déficit creciente, porque compraba más cantidad de productos y servicios al extranjero de los que vendía. Hoy día esa diferencia se está reduciendo, pero no porque España esté vendiendo mucho al extranjero, sino porque ahora compra muchísimo menos debido a la caída del consumo privado de las familias españolas (en 2009 las importaciones se redujeron en un 27%). Es decir, el déficit comercial se está reduciendo porque ahora somos mucho más pobres y compramos menos cosas al resto de países.

6. El peso de las exportaciones en el PIB se incrementó en unos 10 puntos porcentuales en España.

El peso de las exportaciones en el PIB (X/Y) depende de la evolución de las exportaciones (X) pero también depende del tamaño del PIB (Y). Es decir, el indicador puede aumentar porque aumenten las exportaciones o porque disminuya el PIB, o ambas cosas. En el caso español, aunque es cierto que las exportaciones han crecido, la caída del PIB ha destacado aún más, por lo que el indicador ha mejorado en buena parte gracias a que el PIB español es mucho menor ahora que antes, y no tanto porque las exportaciones estén aumentando.

7. El BCE está contribuyendo activamente a una reducción del riesgo de naturaleza macroeconómica: estabilizando firmemente las expectativas de inflación.

Ése es precisamente el problema: la obsesión del BCE por controlar la inflación, para lo cual está estrangulando (conscientemente) a la economía europea. En Estados Unidos la inyección de capital ha sido mastodóntica así como la bajada del tipo de interés oficial y la inflación no ha aumentado en absoluto. Como ya expliqué en un artículo anterior, en etapas de recesión como la actual un aumento de la oferta monetaria no provoca inflación.

8. Tras exponer brevemente nuestra actuación, escucharé con gran interés sus opiniones sobre la economía europea, las políticas del BCE y el futuro diseño de nuestra unión económica y monetaria.

Hasta en eso mintió, porque cuando el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón expuso la visión que tiene su grupo parlamentario sobre el asunto, Draghi se limitó a contestar contrariado con un: “¿cuál es la pregunta? Y no dijo nada más. Demostró de esa forma que no le importaba en absoluto la opinión de nadie. Él había ido al Congreso a sentar cátedra, no a debatir.

Eduardo Garzón

Saque de Esquina

http://eduardogarzon.net/8-grandes-mentiras-de-draghi-en-el-congreso-de-los-diputados/

De untar para especular a las redes de blanqueo

El tema de la corrupción es una de estas cuestiones sobre las que uno vuelve cada cierto tiempo. Llevo muchos años siguiendo los distintos casos de delincuencia pija, la que hace la gente bien, la que es propia de los capitalistas (o al menos de algunos de ellos). Toda la historia del capitalismo está llena de sucesos donde se ha utilizado la fuerza, el engaño como un método de enriquecimiento rápido. La misma idea de “acumulación primitiva de capital” con el que Marx culmina el tomo I de El capital nos indica que la acumulación primitiva de capital ocurrió en gran parte mediante el uso de la coerción política. Un proceso al que hemos podido asistir como espectadores durante la fase de desguace de las viejas economías burocráticas del antiguo bloque soviético. No es de extrañar que en el período neoliberal, caracterizado por liberar de regulaciones a la acumulación capitalista y favorecer el enriquecimiento personal sin trabas, hayan proliferado las experiencias de corrupción y la delincuencia económica. En cierta medida gran parte del modelo neoliberal se ha basado en el uso del poder político y los límites de la legalidad para enriquecer a unos pocos, lo que David Harvey ha llamado “acumulación por desposesión”. Y no es por tanto casual que los casos de corrupción hayan salpicado no sólo a redes mafiosas y especuladores noveles sino también a grandes grupos empresariales que han ido apareciendo en la sección de sucesos de la prensa económica por masivas conductas irregulares (Siemens, Parmalat, UBS...).

Mafias del narcotráfico y la prostitución aparte, durante los últimos años en España la mayoría de escándalos han estado asociados a dos elementos estructurales de nuestro modelo económico: la especulación urbanística y las contratas públicas. El saqueo organizado de los bienes públicos utilizando el apoyo de los políticos locales o estatales. Un verdadero cáncer que provoca no sólo costes sociales indudables sino que genera el desánimo respecto a la acción política.

Los últimos sucesos nos conducen a otra figura delictiva, las redes de blanqueo de capitales como forma de evasión de impuestos en múltiples lugares. En unos casos redes que utilizan el país para blanquear operaciones externas, en otros, redes de reciclaje de capital local. Quizás siempre hayan existido y sean las necesidades de recursos de la Hacienda Pública lo que ha provocado una búsqueda más estricta. O que el temor a una mayor regulación bancaria las haya hecho florecer. En todo caso, la caída de la red de Gao Ping y de la red rusa de Lloret, y el debate generado alrededor de la amnistía fiscal, sirven para mostrar la estrecha ligazón que existe entre evasión monetaria y corrupción. O quizás indican que hay distintas fases del proceso corruptor, una para expoliar el país y otra para poner las rentas ganadas fuera de control.

Puede que la corrupción esté en eso tan etéreo que es “la condición humana”, pero parece estar fuera de duda que la única posibilidad de ponerla bajo control es con buenas regulaciones. Tanto preventivas, con participación democrática transparente en temas como la planificación urbanística o la provisión de servicios públicos, como punitivas. Es éste un campo donde hay mucho que regular. Y hay —incluso en muchos movimientos sociales— más tentación a denunciar a los “chorizos” que a fijar normas que limiten la acción. Y, sobre todo, hay también un vacío bastante claro a la hora de propugnar medidas de control sobre las intervenciones privadas que están en el origen de la mayor parte de procesos de corrupción. Situar el delito de cuello blanco como uno de los que deben ser más duramente castigados constituye una de las tareas básicas para erosionar la suicida hegemonía neoliberal.

Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

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La creación de dinero no tiene por qué provocar inflación.

La mayoría de las personas interesadas en economía comparten una creencia muy extendida: “el aumento de la oferta monetaria provoca inflación” (es decir, que crear dinero aumenta el nivel de precios). Es por esto que normalmente se rechaza que los bancos centrales (como el Banco Central Europeo, responsable de la creación de dinero oficial) cree dinero a través de cualquier tipo de mecanismo (como la compra de deuda pública, que reduciría notablemente el coste de la misma), alegando que ello provocaría un aumento de los precios que resultaría muy perjudicial para la economía. Pues bien, en este post se ofrece una explicación sencilla de por qué esa afirmación es radicalmente falsa. En realidad, y como se comprobará, un aumento de la oferta monetaria no tiene por qué provocar inflación. Que lo haga depende de determinados factores que hoy por hoy no se dan en las economías occidentales, por lo que se podrían crear elevadas cantidades de dinero sin que los precios aumentasen (1).

La afirmación de que “crear dinero provoca inflación” proviene del enfoque monetarista propio de la teoría neoclásica, y se basa en una interpretación sesgada de la famosa teoría cuantitativa del dinero. En este post se critica esa interpretación recurriendo a los planteamientos de los economistas adscritos a la teoría monetaria moderna, y en particular, de autores como John T. Harvey, Eric Tymoigne o Michael Hudson.

La formulación básica de la teoría cuantitativa del dinero es la siguiente: M x V = P x Y, donde “M” es la cantidad de dinero en circulación, “V” es la velocidad de circulación del dinero (la frecuencia con la que el dinero cambia de mano en mano), “P” es el nivel promedio de precios, y “Y” es la producción real (la cantidad de bienes y servicios vendidos). Con un ejemplo (2) se entenderá mejor la identidad matemática: si se venden 10 productos por 1 euro cada uno, eso quiere decir que los compradores se tuvieron que gastar 10 euros en total. Pero si en la economía sólo hubiese 5 monedas de un euro, eso quiere decir que cada moneda se tuvo que usar 2 veces. Llevando estos números del ejemplo a la identidad matemática tenemos:

M x V = P x Y
5 x 2 = 1 x 10

(5 por las cinco monedas de un euro, 2 por el número de veces usado cada moneda, 1 por el precio medio de los productos, y 10 el número de productos vendidos. Como se puede comprobar, la ecuación se cumple porque la parte situada a la izquierda del signo “=” coincide en su valor con la parte situada a la derecha).

Ahora veamos qué ocurre con esta ecuación si se creara dinero oficial (“M”), imaginando que se crean 5 monedas nuevas. Ahora “M” pasaría a ser 10, porque hay 10 monedas de un euro en nuestra economía (el cambio se refleja en letra negrita).

M x V = P x Y
10 x 2 > 1 x 10

Ahora la parte de la izquierda de la ecuación es mayor que la parte de la derecha. Puesto que hablamos de una identidad matemática, la parte de la izquierda debe ser necesariamente igual a la de la derecha, por lo que algún elemento de nuestra ecuación debe cambiar. ¿Pero cuál? Hay tres posibilidades.

A)     Que “V” se reduzca, pasando de 2 a 1. En ese caso se cumpliría la igualdad (10 x 1 = 1 x 10). Esto significa que cada moneda se usaría una vez, y no dos veces como antes.

B)      Que “P” aumente, pasando de 1 a 2. En ese caso se cumpliría la igualdad (10 x 2 = 2 x 10). Esto significa que el precio de cada producto aumentaría a 2 euros cada uno, en vez de a 1 euro como antes.

C)      Que “Y” aumente, pasando de 10 a 20. En ese caso se cumpliría la igualdad (10 x 2= 1 x 20). Esto significaría que en vez de venderse 10 productos como antes, se venderían 20.

Por supuesto, también puede ocurrir que se dé una combinación de las tres posibilidades, o de dos de ellas. Lo importante es que la igualdad se cumpla.

El enfoque monetarista -responsable de la visión mayoritaria en la actualidad- nos dice que inevitablemente se produce la opción B (aumento de los precios), porque la opción A y la C es imposible que tengan lugar. Según este enfoque, la opción A (que se reduzca la velocidad del dinero) no puede ocurrir porque la velocidad es constante ya que la gente tiene sus hábitos de compra y no los modifica, por lo que gastan su dinero siempre con la misma frecuencia. Y la opción C (que se vendan más productos) no puede tener lugar porque según este enfoque las empresas producen siempre todo lo que pueden y venden siempre toda la cantidad que producen, por lo que no tienen en almacén más productos para vender ni pueden producir más unidades.

Trasladando todo esto a una explicación a nivel micro: según los monetaristas, si se creara dinero nuevo y se repartiese entre la gente (3), estas personas se gastarían ese dinero comprando productos, y puesto que las tiendas se verían desbordadas por tanta demanda, los vendedores pasarían a aumentar los precios de sus productos para aprovecharse de la situación. Esto extendido a toda la economía tendría como resultado un aumento de la inflación (un aumento generalizado del nivel de precios).

Este planteamiento fue exitosamente difundido y es el responsable de que hoy día la gente crea que un aumento de la oferta monetaria provoca irremediablemente inflación (que la creación de dinero aumenta irremediablemente el nivel de precios). De hecho, es lo que se enseña en las facultades de economía a los estudiantes.

Pero seguro que llegados a este punto a algún lector le han asaltado algunas dudas, y seguro que tienen que ver con las siguientes consideraciones.

En primer lugar, ¿es cierto que la velocidad del dinero es constante, aunque sea a corto plazo? La evidencia empírica nos dice que no lo es. Todo el mundo sabe que en época de recesión, como la actual, la gente consume mucho menos. Algunos porque no pueden consumir más, y otros porque prefieren ahorrar dinero en un período de malas expectativas económicas. En nuestro país, por ejemplo, la velocidad del dinero se ha visto rápidamente reducida en cuestión de meses (el consumo ha caído a niveles muy reducidos), debido precisamente a la mala coyuntura económica. Por lo tanto, la evidencia empírica nos demuestra que la opción A sí sería posible. Es decir, si se creara dinero nuevo no tendrían por qué aumentar los precios porque la ecuación podría quedar igualada a través del descenso de la velocidad del dinero (en nuestro ejemplo 10 x 1 = 1 x 10; el precio quedaría intacto a pesar del aumento de la masa monetaria).

En segundo lugar, ¿las empresas producen todo lo que pueden y venden todo lo que han producido? Este supuesto es todavía más absurdo que el anterior. Basta echar un vistazo a cualquier economía para descubrir que no es así. La inmensa mayoría de empresas nunca producen todo lo que le permiten sus instalaciones, ni venden todo lo que han producido. Las economías capitalistas suelen tener un índice de utilización de su capacidad instalada situado entre el 60% y 90%. Esto quiere decir que las empresas podrían producir 100 pero lo hacen como mucho a 90 (la explicación se encuentra en que no tienen tantos clientes como para poner a pleno rendimiento todas sus máquinas y recursos, como queda reflejado en el informe del BCE sobre las pequeñas y medianas empresas, donde se constata que el mayor problema de las empresas es la falta de clientes). Solamente en épocas de guerra, cuando las economías estuvieron prácticamente dirigidas por el Estado, este índice estuvo cercano a 100%. De hecho, en la actualidad este índice referido a la industria en la economía española ronda un reducido 67%. Esto quiere decir que si a las empresas españolas llegaran más clientes no subirían los precios sino que producirían más productos para vender más y obtener más beneficios. Pudiendo hacer eso no tendría sentido que aumentaran el precio de sus productos porque podrían de esta forma empujar a sus clientes potenciales a comprar en alguna empresa competidora que tuviese los precios más bajos. Además, no poner en funcionamiento sus máquinas y recursos tiene un alto coste, por lo que sería más rentable ponerlos a producir. Es decir, que la opción C es perfectamente factible y de hecho es la más probable que se diese en el caso de un aumento de la masa monetaria. En otras palabras, si se creara dinero nuevo no tendrían por qué aumentar los precios porque la ecuación podría quedar igualada a través del aumento de la producción (en nuestro ejemplo 10 x 2 = 1 x 20; el precio quedaría intacto a pesar del aumento de la masa monetaria).

Por todo ello, la explicación que resulta más realista es la siguiente: si se creara dinero nuevo y se repartiera entre la gente, muchas de estas personas guardarían ese dinero y no lo gastarían para cubrirse en el futuro de cualquier imprevisto (rebaja del sueldo, pérdida del empleo, subida del IVA, subida de la luz, etc). Otras muchas personas sí se gastarían el dinero comprando productos: irían a las tiendas y comprarían lo que quisiesen pero por el mismo precio al que estaban los productos antes de que se hubiese creado el dinero, porque los vendedores en vez de subir el precio lo que harían sería vender los productos del almacén y producir más para satisfacer la nueva demanda. No aumentarían precios porque ello les resultaría perjudicial ya que los clientes podrían irse a comprar esos productos a otras tiendas más baratas. Esto extendido a toda la economía tendría como resultado un aumento de la producción real del país (“Y”), es decir, el PIB de la economía. Y sin que el nivel de precios se viese afectado.

Concluyendo. En la actual situación de recesión en la que se encuentra la economía española y en general las economías europeas, un aumento de la oferta monetaria no sólo no provocaría inflación sino que además estimularía la demanda y con ello el PIB. Es por esto que, por ejemplo, resulta un error garrafal negarse a que el BCE aumente la masa monetaria argumentando que esa acción causaría inflación, porque acabamos de ver que eso no sería lo que ocurriría. Si el BCE permitiera aumentar la cantidad de dinero para, por ejemplo, estimular programas de gasto público que se tradujesen en un incremento de la demanda agregada, aumentaría la producción de la economía (el PIB) y sin que se elevara la inflación.

Eduardo Garzón

Saque de Esquina

http://eduardogarzon.net/la-creacion-de-dinero-no-tiene-por-que-provocar-inflacion-2/

Capital financiero y cambio climático

Las fuerzas del capital financiero harán muy difícil frenar el cambio climático. Algunos dicen que la estructura del sector financiero no facilitará la transición a una economía baja en carbono. El problema es más grave: el sistema financiero es un potente obstáculo para prevenir una catástrofe derivada del calentamiento global.

 

Para apreciar los alcances del peligro es importante recordar algunos datos. En la actualidad, la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera alcanza las 394 partes por millón (ppm). El CO2 es el gas de efecto invernadero más común (no es el único, ni el más potente). Los modelos más desarrollados sobre cambio climático indican que sólo por debajo de las 450 ppm de CO2 se tiene una alta probabilidad de mantener el incremento de temperatura dentro del rango de los dos grados centígrados. Los científicos consideran que ese umbral no debe ser rebasado si se quiere evitar un cambio climático catastrófico.

Estudios científicos consideran que para aumentar significativamente la probabilidad de permanecer por debajo de dicho umbral la economía mundial debe limitar sus emisiones para el periodo 2000-2050 a 886 gigatoneladas de dióxido de carbono (GtCO2). En la primera década del siglo se emitieron 321 GtCO2, así que ya solamente nos queda un volumen disponible de 565 gigatoneladas para el periodo 2010-2050.

Datos de la organización Carbontracker Initiative revelan que si se extrajeran y quemaran las reservas mundiales conocidas de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) tendríamos emisiones superiores a las 2 mil 795 GtCO2. Es decir, esas reservas contienen cinco veces más carbono que el tope arriba mencionado de 565 GTCO2. Extraer y usar esas reservas podría llevar la concentración de CO2 en la atmósfera a las 700 ppm, lo que cambiaría el planeta tal y como lo conocemos.

Ahora bien, las reservas de combustibles fósiles de las 200 empresas más importantes de carbón, petróleo y gas en el mundo (empresas que cotizan en bolsas de valores) tienen reservas con un potencial de carbono de 745 GtCO2. Es decir, si estas empresas extraen y queman sus reservas estaríamos rebasando con 180 GtCO2 el volumen que nos queda disponible para el periodo 2010-2050 (las 565 GtCO2 arriba mencionadas). El problema es todavía más serio porque estas cifras no incluyen a las empresas estatales y tampoco toman en cuenta las gigantescas reservas de gas natural de los esquistos en Estados Unidos y numerosos otros países.

El problema es que las reservas detentadas por estas compañías se encuentran asentadas en sus libros y hojas de balance con un enorme valor monetario. Un avalúo de estas empresas asume que esas reservas serán efectivamente realizadas, lo que significa que serán extraídas y utilizadas. Desde el punto de vista contable a nadie le importa un pepino si la utilización de esas reservas es suficiente para sobrepasar el peligroso umbral de los dos grados centígrados. El cambio climático no es un concepto contable.

Para decirlo de otro modo, si existiera una autoridad capaz de aplicar la restricción de las 565 GtCO2 para los próximos cuarenta años, estas compañías solamente podrían quemar unas 150 GtCO2. El resto, carbono no inyectado a la atmósfera, serían activos sin valor y se traducirían en pérdidas colosales para los inversionistas que han comprometido recursos en esas empresas.

Esas 200 empresas del mundo de la energía fósil tienen un valor en bolsa equivalente a 7.42 billones (castellanos) de dólares. Los países con mayor potencial de gases invernadero en las reservas de compañías que cotizan en bolsa son Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. Y en las bolsas de valores de Londres, Sao Paulo, Moscú, Toronto y del mercado australiano hasta 30 por ciento de la capitalización de mercado está vinculada a combustibles fósiles.

Estamos en presencia de un conflicto de dimensiones históricas: de un lado está la comunidad científica advirtiendo no quemar esas reservas de combustibles fósiles y del otro están las empresas e inversionistas que tienen interés en realizar sus activos (extraer y usar esas reservas). ¿Quién prevalecerá? En los últimos 30 años, el sector financiero del mundo ha sido capaz de dominar a la política macroeconómica. En efecto, las prioridades de la política monetaria y fiscal del mundo entero responden hoy (incluso en medio de la crisis) a las necesidades del capital financiero. ¿Por qué tendría que ser distinto en el ámbito de la política sobre cambio climático?

En la actualidad carecemos de un régimen regulatorio internacional que permita pensar que la economía mundial podrá reducir su huella de carbono en la atmósfera a la velocidad que se requiere. El Protocolo de Kioto es una entelequia y lo único que queda es un ‘compromiso’ para llegar a un acuerdo en 2015 que deberá entrar en vigor en 2020. En el sector financiero anidan fuerzas que se opondrán con todo a un acuerdo que evite el peligro del cambio climático catastrófico.

Alejandro Nadal

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2013/02/06/opinion/029a1eco

Reforma de la Justicia. Comunicado Asociaciaciones Judiciales

Las asociaciones abajo firmantes queremos transmitir a la opinión pública:

1.- En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio programa electoral, inició diversas medidas de conflicto solicitando del Ministerio:

A.- Un incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad.

B.- La paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces.

C.- Que se mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos conscientes de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos. Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La media europea está entre el 3 y el 4%.

D.- La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto-Ley y se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales (ya tremendamente sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos judiciales, lo que ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles dilaciones que, por falta de medios, sufrimos hace años.

E.- Que no se establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a la Justicia. Las tasas no sólo se implantaron, sino en unas cuantías de tal entidad que han impedido e impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. De hecho, desde la entrada en vigor del “tasazo” hasta el momento presente se ha producido una disminución en torno al 25 % de litigios respecto al año pasado.

2.- El Ministro de Justicia no sólo no ha atendido ninguna de las reivindicaciones que se formulaban, sino que ha declarado pública y reiteradamente que no lo va a hacer. Lejos de asumir su responsabilidad en la politización del órgano de gobierno de los jueces, el Ministro se ha limitado a culpar públicamente a las Asociaciones de tal politización; y paradójicamente, para justificar ante los ciudadanos el incumplimiento de su programa electoral, ha llegado a afirmar que la elección de los Vocales por las Cámaras despolitizará el CGPJ.

3.- Determinados acontecimientos que hemos conocido pueden hacer sospechar el fundamento último de las reformas, el motivo oculto que las guía y el objeto que pretenden conseguir: dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que, como la tutela judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo.

4.- Y es que, siendo el indulto una medida de gracia excepcional, su concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del Juez o Tribunal Sentenciador y Fiscalía asupuestos gravísimos (y especialmente a políticos condenados por corrupción) tiene un alto coste: el escándalo de la ciudadanía, que constata la existencia de esos espacios de impunidad. Precisamente por ello, la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos.

Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque estos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso..El objetivo que perseguimos es crear las condiciones para que la Justicia se aplique por igual para todos los ciudadanos sin excepción.

5.- Expresamos nuestra preocupación por el drama social de las ejecuciones hipotecarias y pedimos soluciones efectivas para la protección de los afectados.

6.- Nos oponemos a la privatización de los Registros Civiles para que se siga manteniendo como un servicio público y gratuito, ya que lo contrario perjudicará a la economía de los ciudadanos.

7.- Lamentamos que el sistema preferido para arreglar los problemas de la justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de improvisadas reformas del Código Penal, colapsando así de manera recurrente fiscalías y juzgados.

8.- Las Asociaciones de jueces y fiscales llevamos meses intentando negociar con el Ministro de Justicia. Hemos tratado de adoptar medidas que no supongan quebranto alguno para el justiciable (concentraciones, paros de una hora...). Ante la incapacidad del Ministro de Justicia para gestionar la crisis, hemos solicitado ser recibidos por el Presidente del Gobierno, sin respuesta. Y por ello, sin desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos obligadas a convocar una de huelga de jueces y fiscales, el próximo día 20 de febrero, invitando al resto de profesionales de la Justicia a secundarla, con las siguientes reivindicaciones:

1. Incremento de la inversión pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales.

2.- Paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia.

3.- Derogación de la LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal.

4.- Derogación de la Ley 10/2012, o modificación urgente de la misma, a fin de que las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

5.- Reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas.

No obstante, los gravísimos acontecimientos recientes hacen preciso, en interés de la Nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento del Poder Judicial, como último garante del Estado. Pedimos el apoyo para esta convocatoria a la Plataforma Justicia para Todos y a los distintos sectores de la administración de justicia. Por ello, pese a que consideramos la huelga una medida de conflicto legítima y justificada, estamos dispuestos a desconvocarla siempre que el poder político abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos.

Madrid, 5 de febrero de 2013
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES

Libro: "El Atlas Financiero. La estafa del siglo"

El Atlas Financiero.

La estafa del siglo

Le Monde Diplomatique

Fundación Mondiplo // UNED

La sumisión de las economías al poder de los banqueros parece clara. Procede de una triple automutilación de los Estados. La primera desde los años 1970 cuando los poderes públicos se prohiben endeudarse con sus bancos centrales y caen en manos de los mercados. La segunda es consecuencia del recorte de los ingresos fiscales a los ricos. La tercera, deriva de la desreglamentación del comercio del dinero que abre paso a la especulación sin freno. Desde entonces las instituciones financieras tienen barra libre. Los bancos, en función de su expansión, han proyectado su lógica, sus intereses y sus prácticas en todos los ámbitos de la actividad humana. A costa de las clases medias y de los asalariados. 

Este ATLAS proyecta una mirada a las ruinas de la economía mundial planteando, sin embargo, una cuestión central: ¿para qué deben servir los bancos? 

Fuente: http://www.mondiplo.net/ATFI

Paro sin paracaídas

I

Cada año el INE es más aplicado en la publicación de las cifras de empleo. Y en cada entrega las cosas son peores. Este año el paro ha rozado los 6 millones. Si no ha llegado a esta cifra es porque más de 158.000 personas han abandonado el mercado laboral y pasado a la categoría de inactivos. Y no se trata de personas que se han jubilado y al menos tienen asegurados unos ingresos sino que las salidas se han producido en los grupos de edad de menos de 55 años. O sea que en su mayoría se trata de “trabajadores desanimados” que ante la imposibilidad de encontrar empleo han decidido dejar de buscarlo. No se trata de una manipulación estadística: simplemente, la forma como se mide el paro deja fuera de tal categoría a una parte importante del ejército de reserva que busca empleo. Pero desde una perspectiva general podemos decir que los 6 millones se aproximan más a la situación real que los dígitos de la cifra oficial.

La lectura detallada de la Encuesta de Población Activa permite analizar muchas otras cuestiones que dan un cuadro bastante aproximado de la situación laboral. Por ejemplo permite observar que la retirada del mercado laboral sigue siendo cosa de jóvenes en general y de hombres en particular, pero que aún han continuado llegando mujeres al mercado laboral. Dos tercios de las nuevas buscadoras de empleo son mujeres mayores de 55 años, algo que puede estar indicando la extrema dureza de la situación. En el otro lado se constata la persistente destrucción de empleo: más de 850.000 empleos volatilizados en un año, aproximadamente un 25% en el sector público. En lo que afecta a la destrucción de empleo sí que se experimenta un cambio importante puesto que casi la mitad de los empleos destruidos lo ha sido en los servicios (un conjunto de actividades que seguían generando empleo al principio de la crisis). La construcción y la industria siguen fabricando paro en grandes cantidades, pero el desplome de los servicios indica que los recortes públicos y el ajuste en algunos sectores como la banca han acabado por hundir las actividades que en otras situaciones conseguían cuanto menos paliar la situación.

La combinación de crisis financiera, integración europea asimétrica y ajuste del gasto público ha conseguido quebrar todas las dinámicas de contención del desempleo y genera un desastre social. No sólo hay menos puestos de trabajo sino que además son peores. Sin entrar en la cuestión de los salarios (pues las estadísticas salariales merecen un análisis pormenorizado que sale fuera de la extensión de esta nota) puede observarse el imparable crecimiento del empleo a tiempo parcial: sólo en un año ha pasado del 13,8% del total de empleos al 15,3%, (la cota llega al 25,5% cuando se trata de empleo femenino). Muchas de las personas empleadas a tiempo parcial deberían considerarse paradas a tiempo parcial, puesto que se trata de actividades que no permiten obtener salarios aceptables. El tiempo parcial y la inactividad son dos de las realidades que ayudan a embellecer las cifras del paro, pero que en ningún caso resuelven los problemas de la gente.

Puestos a dar el panorama completo, sólo hay una variable que experimenta una evolución positiva: la del empleo temporal, que cae del 24,9% del empleo asalariado al 23%, sin duda un resultado debido más a la destrucción de puestos de trabajo que a un cambio en las políticas de contratación El balance general no puede ser más desastroso. Los impulsores de la reforma laboral no pueden dar ninguna señal que justifique la urgencia con la que se aplicaron las medidas ni su capacidad para reorientar el empleo. 2012 ha sido otro año de destrucción masiva de puestos de trabajo, de creación de sufrimiento, de engorde del ejercito de reserva local.

II

Detrás de los seis millones de parados hay seis millones de sufrimiento, de inseguridad extrema, de angustia, de quiebra de la seguridad vital. Pero lo peor de todo es la sensación de caída sin paracaídas, de imposibilidad de cambiar la situación, de impotencia de las políticas. Los líderes económicos solo ofrecen un plan posible de salida de la situación: la devaluación interna, en forma de reducción de salarios y derechos sociales, combinada con la llegada de inversores extranjeros y la generación espontánea de nuevos emprendedores con cuya combinación se relanzarán las exportaciones y se reanimará la actividad. Más o menos una versión tecnocrática del cuento de la lechera versión neoliberal. Los recortes de gasto público y salarios tienen un claro efecto depresor de la actividad. La llegada de inversiones internacionales es una constante de las políticas de los últimos años, un campo en el que existen muchos competidores y en el que el resultado es incierto. Parte de los males de la economía española son precisamente el resultado de una exitosa llegada de capital extranjero que compró empresas para cerrarlas y controlar el mercado y que alimentó generosamente la burbuja inmobiliaria. Y los “emprendedores” tecnológicos que tanto gustan a nuestros políticos y propagandistas económicos nunca suelen aparecer por casualidad, florecen allí donde se desarrollan procesos que generan oportunidades realistas, que requieren un fuerte impulso inicial (como puede estudiarse en el caso de la relación de las nuevas tecnologías de la información y el gasto militar de los EE.UU.). Aquí los emprendedores locales suelen ser más del tipo “promotor hecho a sí mismo” que otra cosa. El tipo de gente que protagonizó parte de la oleada especulativa de las últimas décadas. Crear otro marco cultural y otro modelo productivo no nace de la nada, sino que solo puede desarrollarse dentro de un marco de transformaciones institucionales que hoy desprecian los fundamentalistas del libre mercado. Es improbable que el modelo de deflación competitiva (reducir salarios para competir en el mercado), desmantelamiento de derechos (no sólo laborales: basta observar todas las concesiones que ha conseguido arrancar el promotor de Eurovegas) y fe ciega en la iniciativa individual nos saque del marasmo.

Cinco años de fracasos continuados son mucho tiempo para seguir confiando en unas políticas fracasadas. Y es necesario elevar voces en demandas y con propuestas de otras políticas. Especialmente hay que plantear algunas cuestiones de fondo básicas para poder desarrollar algún programa de reformas o cambios. Hay varias cuestiones a plantear:

Primera: la devaluación competitiva no es una fórmula aceptable para resolver el problema a escala planetaria, sino que empeora la situación global. La fórmula de exportar más que los demás es simplemente una carrera hacia atrás. Lo expresado recientemente por Merkel acerca de que lo que deben hacer países como España es exportar más a Latinoamérica (o sea, a los países más pobres) es una muestra más del mercantilismo que predomina en las élites alemanas. Más o menos la ideología dominante en gran parte del siglo XVII, un mundo con pensamiento imperial. Por el contrario, salir del desempleo requiere medidas cooperativas entre países, regulación de derechos básicos en todas partes, control de los flujos financieros, etc.

Segundo: la actividad laboral es tanto más relevante cuando más permite satisfacer necesidades básicas a todo el mundo. El empleo público es tan bueno o mejor que el privado. Cuando el sector privado no genera empleo, o lo deriva a actividades parasitarias, el desempleo debe combatirse con empleo público. O para público, si se teme a la burocracia. En definitiva, se trata de aportar recursos públicos a la creación de empleos orientados a cubrir las actividades donde las demandas sociales son palpables.

Tercero: los desafíos actuales exigen cambios considerables en las formas de vida. Y el ajuste en la urbanización, el transporte, la alimentación, la energía exige promover planes específicos de intervención, políticas colectivas que requieren liderazgo colectivo y que pueden dar lugar a la aparición de nuevas iniciativas de pequeños grupos (un terreno abonado al fomento de cooperativas y experiencias autogestionarias).

Cuarto: el principal elemento limitador de las dos políticas anteriores es la carencia de recursos públicos y la desigual distribución de la riqueza. Gran parte de las políticas actuales es mera política en beneficio de una capa de rentistas parasitarios que no son capaces de cumplir lo que presuntamente saben hacer: generar empleo. Las medidas de transferencia de riqueza son estrictamente básicas para salir del marasmo. Medidas que pueden llevarse a cabo por vías diversas: nuevos impuestos, impago de parte de la deuda pública, expropiación de bienes y empresas que han incurrido en delitos, inflación sin indexación de las rentas del capital, etc.

Quinto: el trabajo es una necesidad para producir necesidades pero no es un fin en sí mismo. Por esto hay que regular las condiciones del empleo digno, incluyendo un cierto control de las rentas salariales anteriores. Puede existir el caso de adictos al trabajo, workalcolicos, como hay adictos a otras cosas. A menudo esto se produce en actividades creativas (investigadores, artistas, etc.) y es posible que en muchos casos produzcan beneficios sociales importantes. Acotar limites de ingresos y jornada laboral no implica regular toda la actividad personal, simplemente se trata de diferenciar el nivel de actividad estándar y dejar libertad a la gente para que haga lo que quiera en el tiempo que resta. Al fin y al cabo es dudoso que muchas de estas actividades creativas dejen de hacerse por razones de retribución, puesto que incorporan otro gran número de estímulos igualmente creativos.

Estas son a mi entender las bases culturales sobre las que discutir en serio el problema del paro. Un problema que es expresión directa de los tres grandes problemas que conlleva la organización capitalista de la sociedad: injusticia distributiva (el paro es en parte una forma de distribución injusta de la renta), fallo sistémico de coordinación (Marx, Kalecki, Keynes, Robinson, Minsky y tantos otros lo han explicado muy bien) y depredación de las bases naturales y sociales que posibilitan la existencia de la sociedad. Es urgente avanzar medidas hacia un modelo social que trate de hacer frente a esta triada perversa.

Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

http://www.mientrastanto.org/boletin-110/notas/cuaderno-de-depresion-17http://www.mientrastanto.org/boletin-110/notas/cuaderno-de-depresion-17