La crisis económica que sufrimos está generando muchos damnificados, y éstos, por lo general, como siempre sucede en el sistema en el que vivimos, son los más vulnerables en las sociedades avanzadas, y no digamos en las más pobres. Han sido los emigrantes los primeros en ser despedidos, pero también a medida que se deteriora la situación, el paro cada vez en mayor medida afecta a trabajadores, empleados, autónomos y pequeños empresarios que están cerrando sus negocios, aunque hasta ahora no hayan estado entre los grupos más frágiles. El acceso al mercado de trabajo se hace difícil y los jóvenes sufren las consecuencias en su búsqueda del primer empleo. La incertidumbre se instala en la sociedad, tanto en el consumo como en la inversión. El círculo vicioso conduce a una atonía. La única manera de combatir esa espiral hacia abajo es con intervenciones públicas decididas y bien efectuadas. La bajada en la actividad económica está suponiendo una caída en la recaudación tributaria mayor de la prevista, con lo que las arcas del Estado se encuentran con muchas dificultades para combatir un déficit público creciente como consecuencia de la disminución de los ingresos y de la necesidad de actuar desde el sector público para impedir que las cosas vayan a peor y procurar con la generación de estímulos la recuperación. En momentos de recesión la preocupación principal no debe ser el déficit, sino el desempleo y la caída de la actividad económica, así como evitar el desplome del sistema financiero. De todos modos, el crecimiento del déficit a la velocidad que lo está haciendo y el endeudamiento que esto significa también puede suponer un obstáculo para la recuperación, si las cosas marchan tan mal como hasta ahora. Recomponer una situación de tanto endeudamiento de las administraciones públicas no será tarea fácil, por lo que todo hace suponer que una recuperación sólida y estable no va a producirse en el corto plazo.
Ante estos hechos preocupantes hay que actuar con políticas de austeridad del gasto público y recortes en partidas presupuestarias, para que aunque el gasto aumente no lo haga a la velocidad actual. El recorte del gasto no es sencillo, pues es muy rígido a la baja. La única manera de evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas es con el aumento de los impuestos. El gobierno se encuentra timorato ante una medida de este tipo, pues piensa que la ciudadanía se le puede volver en contra y perder apoyos electorales, cayendo en la trampa del entrar en el lenguaje de la oposición. Una vez más, para no caer en esta trampa, hay que recomendar el libro de Lakoff “No pienses en un elefante” (Ed. Complutense).
Los partidos de la derecha se oponen a la subida de impuestos con criterios demagógicos. El gobierno se encuentra prisionero, además, de su propio discurso anterior a la crisis en donde dijo cosas tan insensatas como que bajar impuestos es de izquierdas. Cambiar la pedagogía de lo que se mantuvo anteriormente no resulta sencillo, y por eso se encuentra indeciso y vacilante a la hora de tomar decisiones contundentes en este ámbito, y ya anuncia que será una medida temporal.
Las contradicciones en todo lo que se refiere a los impuestos y gasto público son muchas entre los ciudadanos y partidos políticos. Así, si nos situamos antes de la crisis, se observa que en España existe una menor presión fiscal que los países más desarrollados de la Unión Europea. Si se ha actuado en los últimos años con la idea de que lo más adecuado es equilibrar el presupuesto, es indudable que la relación gasto público/Producto Interior Bruto (PIB) es menor que la de estos países. Una consecuencia que se deriva de ello es que prácticamente todas las partidas tienen una proporción menor con relación al PIB, y siempre se oyen quejas de que gastamos menos proporcionalmente en educación, investigación y gastos sociales, y que, por lo tanto, eso nos distancia de los países que se encuentran más desarrollados que nosotros.
Si se quiere, no obstante, que nos acerquemos a los otros países no queda más remedio que subir impuestos, independientemente de la crisis, pues además, los ciudadanos exigen mejores servicios en infraestructuras, educación y prestaciones de todo tipo. Si no nos aproximamos a la presión fiscal de la Unión Europea y a un sistema tributario más progresivo, entonces dejemos de quejarnos pues no se puede querer estar a la altura del gasto con relación al PIB y no querer subir impuestos. Situación imposible. Lo que hay que poner en valor es el gasto público y los beneficios que se derivan de ello cuando se hace en la dirección de apostar por una sociedad más igualitaria en rentas, derechos y oportunidades, con mayores conocimientos, más ilustrada, con una mayor apuesta por la investigación y la innovación y con una mejora del medio ambiente.
Ahora, la subida de impuestos se hace por necesidad, y lo importante es determinar qué impuestos subir. Lo fácil es hacerlo con el IVA, pero este, además de ser un impuesto regresivo, puede dificultar el consumo con lo que la recuperación tardaría en llegar. Sin desechar de todos modos esta posibilidad, siempre que luego el gasto tenga una finalidad progresista, lo único factible es subir los impuestos al 20% de los tramos más altos de renta, renta de capital, plusvalía y las propiedades patrimoniales. Esto será más progresivo, y además los más ricos pagarían un coste, pequeño, eso sí, de la crisis, en la que han tenido más responsabilidad en su origen que los que salen perjudicados por sus actuaciones.
Carlos Berzosa – Consejo Científico de ATTAC España
Artículo publicado en Sistema Digital.
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