Primera regla del sistema fiscal: "Todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento del Estado en proporción (...) a sus ingresos", escribía allá por el siglo XVIII Adam Smith, uno de los padres fundadores del capitalismo. Apenas unos años después, unos pocos municipios del sureste de Francia protagonizaron una pequeña revolución contra el señorío de los Grimaldi. La dinastía monegasca decidió construir un casino para nutrir las maltrechas arcas del principado, que tras la revuelta ya no tenía siervos a quienes cobrar impuestos. El juego estaba prohibido en Francia, pero aún así el Estado francés financió el ferrocarril para que el dinero llegara cómodamente a Montecarlo. Inmediatamente después, Mónaco ideó un sistema fiscal más amable que el de los países vecinos con la misma idea, atraer a las grandes fortunas para que hicieran allí lo que era ilegal en el resto de Europa: escapar del fisco.
La de Mónaco es la historia de uno de los primeros paraísos fiscales de la era moderna, la que va de la revolución industrial al capitalismo de casino -de casino- de los últimos años. El éxito es contagioso, y la fórmula de los Grimaldi se ha ensayado en muchos otros lugares de Europa, de Asia, del Caribe; prácticamente en todos lados (algunos muy cercanos: Gibraltar y Andorra). Hay un edificio en las Islas Caimán que alberga a 12.000 empresas estadounidenses. "O es el mayor edificio del planeta, o se trata de la mayor estafa fiscal del mundo, y todos sabemos cuál de esas dos opciones es la verdadera", atacaba un afilado Barack Obama en la campaña electoral que le dio la victoria en las últimas elecciones en Estados Unidos. Y sin embargo, algo está cambiando en Mónaco y en las Caimán: la OCDE acaba de anunciar que ninguno de esos dos países puede ser considerado a día de hoy paraíso fiscal.
Lo mismo sucede con numerosos microestados, enclaves coloniales tan conocidos por sus playas de fina arena como por sus lavanderías de dinero (Aruba, Bermuda, Islas Vírgenes, Antillas Holandesas) y otros territorios similares en Europa y en medio mundo (San Marino, Jersey, Bahrein y alguno más), que en apenas unos meses han dejado de ser considerados paraísos fiscales. E incluso con países más poderosos y aparentemente respetables como Suiza, cuyos bancos se han enriquecido durante décadas gracias al secreto bancario, pero que en los últimos tiempos se han visto obligados a algo impensable hace apenas unos años: deben dar información a otros países sobre miles de clientes -miles de presuntos evasores de impuestos- para no ser señalados en ninguna lista. Eso sí, obligados -casi siempre- por los tribunales.
Una cruzada está en marcha: tras décadas de inmovilismo, de tabú, en apenas 10 meses se han firmado más de 100 acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal. La evasión de impuestos, que se había convertido en un deporte de élite practicado por las mayores instituciones financieras, los ejecutivos de banca más exitosos y las multinacionales más potentes, ha cambiado de estatus por obra y gracia de la madre de todas las crisis. Los paraísos fiscales reciben leña por todos lados: uno de los puntos más polémicos de las últimas elecciones en la India fue la competencia desleal de esos territorios; Australia, Reino Unido, Portugal y Alemania preparan represalias contra la inversión en paraísos; el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quiere obligar a los bancos de su país a deshacerse de las filiales que operan en países opacos. El número de ejemplos de esa nueva retórica política es apabullante. ¿Qué ha provocado ese giro en tan poco tiempo?
Ha sido el G-20, el club de los países más poderosos del mundo, el que ha generado esa fenomenal polvareda. Casi de carambola: ante la imposibilidad de presentar avances rápidos en la regulación financiera -el verdadero meollo de la crisis-, las mayores potencias la han tomado con aspectos fronterizos, como los bonus de los ejecutivos o los paraísos fiscales: medidas de menor calado en ese objetivo declarado de prevenir crisis futuras, pero mucho más rentables en televisión.
Las últimas cumbres del G-20 han supuesto un impulso político sin precedentes que ha puesto las lavanderías de dinero sucio en el centro de todas las dianas. Tras la reunión de abril en Londres, la OCDE publicó por sorpresa una lista negra de paraísos fiscales que levantó ampollas. Suiza estaba en esa lista, al igual que varios países de la eurozona: Austria, Bélgica y Luxemburgo. El G-20, además, les amenazó con sanciones a partir de marzo de 2010. La crisis mueve montañas: esas amenazas han provocado una estampida de paraísos que han logrado cumplir, en un tiempo récord, los requisitos necesarios para abandonar esa ominosa lista. Evidentemente, hay truco. Pero a la vez los avances respecto a la situación de partida son innegables.
Los paraísos fiscales -o centros financieros off shore, en la jerigonza que tanto gusta en las finanzas globales- surgen como una suerte de caja B en la que los ricos guardan su dinero para no pagar impuestos. Son territorios que ofrecen escasa o nula tributación y que facilitan la evasión fiscal mediante la opacidad: se niegan a dar, e incluso a conocer, la identidad y el origen de las inversiones que reciben, y viven -muy bien, por cierto- mayoritariamente de esas prácticas oscuras. En la década de los setenta del siglo pasado empiezan a darse a conocer desde los márgenes del capitalismo. Son los años del laissez faire financiero, de los Reagan y Thatcher, en los que se va desmantelando el control del Estado sobre la banca ante la enorme presión política por desregular y liberalizar, los dos grandes abracadabras de la época.
Pero es en los años noventa cuando la desregulación alcanza sus máximas cotas y los paraísos se consolidan como un sector fundamental para las finanzas globales, caracterizadas por el libre movimiento de capitales. En ese caldo de cultivo florecen los estados transfiscales, que se benefician del cinismo, la hipocresía y la mano ancha de los grandes países para desarrollar sus fenomenales ventajas competitivas: bajos impuestos, opacidad y secretismo, los tres ingredientes básicos que permiten a las entidades financieras diseñar el sistema bancario en la sombra que ha saltado por los aires con la crisis.
Las turbulencias financieras destapan -y convierten en denuncia- lo que todo el mundo sabía: Bear Stearns, uno de los bancos de inversión que provocó la crisis, operaba desde las Islas Caimán. Lo mismo hacían todos los grandes bancos de negocios estadounidenses, considerados los grandes culpables del huracán financiero. Las entidades europeas, muy reguladas en sus países de origen, tenían centenares de filiales en esos territorios. Hasta Bernard Madoff, el estafador estadounidense, contaba con varios fondos de alto riesgo radicados en Luxemburgo. Y lo más importante: todo sigue igual. "Los mayores ejemplos de secreto bancario, lavado de dinero y fraude fiscal no están en los valles alpinos ni en las islas tropicales, sino en el patio trasero de las grandes economías: la City de Londres y Wall Street, Fráncfort y Tokio, funcionaban regularmente con filiales off shore. No hay que olvidar que la crisis se detonó en los grandes centros financieros mundiales, y no en los paraísos", asegura el analista Moisés Naïm.
La OCDE sostiene que la campaña "está erradicando el secreto bancario a efectos fiscales", asegura desde París Grace Pérez-Navarro, subdirectora del Centro de Políticas Fiscales, adscrito a la institución que concentra a las economías desarrolladas. Los expertos reconocen el ingente trabajo realizado por parte de la OCDE. Y aún así, arrecian las críticas. Nadie fuera de la OCDE parece contento con lo que sucede: ni los paraísos, ni los que denuncian a los paraísos fiscales.
En 2000, la organización que dirige el mexicano Ángel Gurría estableció una serie de firmes criterios técnicos que definían lo que era -y lo que no era- un paraíso fiscal, y estableció 2005 como límite para su desaparición. Fracasó estrepitosamente. Pero el G-20 de Londres le dio la oportunidad de redimirse y la institución unificó sus criterios antiparaíso en uno solo: desde entonces basta con firmar 12 acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal para no aparecer en la lista negra. Y eso es lo que han hecho Jersey, las Islas Caimán, Suiza, el inevitable Mónaco y tantos otros países.
"Es el fin de la época del secreto bancario", declaró con la solemnidad que le caracteriza Sarkozy tras la cumbre de abril. "Es el principio del fin", matizó el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown. Los expertos se decantan con claridad por la interpretación británica. "La lista de la OCDE es ridícula", ataca Richard Murphy, del think tank Tax Justice Network. "Bélgica sale de la lista negra por firmar acuerdos con países como San Marino; Liechtenstein y Mónaco firman un pacto entre ellos y dejan de ser considerados paraísos. Es absurdo. Necesitaríamos miles de esos acuerdos para que el sistema empezara a funcionar. Más que pactos bilaterales, es esencial llegar a acuerdos multilaterales que supongan un intercambio de información automática, pero no parece que la OCDE persiga ese objetivo", aclara.
"Esa avalancha, ese barullo que hay contra los paraísos hace que los cambios aprobados sean algo más que mera retórica, pero la mejoría es aún muy, muy limitada", concluye Murphy, un antiguo auditor en una multinacional que desde hace más de una década lucha contra la impunidad de los paraísos fiscales. Y que es persona non grata en Jersey por la intensa actividad que despliega contra las prácticas fiscales de ese enclave británico.
Juan Hernández Vigueras, autor de La Europa opaca de las finanzas (Icaria), califica de "rimbombante y vacía" la actuación del G-20 y de la OCDE. "El auténtico problema es la regulación financiera, o mejor dicho la falta de regulación, y lo que ocurre con los paraísos fiscales es consecuencia directa de ese asunto. La prueba de la frivolidad con la que se trata el problema es que ni EE UU, ni el Reino Unido ni ningún país europeo de los que ha nacionalizado o dado ayudas a los bancos ha tomado medidas contra las filiales de esas entidades en paraísos fiscales. De lo que se deduce que del G-20 han salido, una vez más, grandes palabras y magros resultados".
Incluso el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, reconoce que varios paraísos fiscales han "escapado rápidamente" de la lista negra firmando acuerdos de colaboración entre ellos, una práctica que puede vulnerar el espíritu de la norma establecida por la OCDE. Pérez-Navarro defiende la batalla emprendida por esa institución: "La mayoría de los convenios tributarios son bilaterales, incluso dentro de la UE. Ha habido avances importantes y es falso que la mayoría de los acuerdos firmados sean cosméticos. Sí es cierto que hay algunos paraísos fiscales que pactan con otros paraísos fiscales para llegar a esos 12 acuerdos. Pero si continúan por ese camino no quedarán fuera de la lista negra por mucho tiempo. El Foro Global -el organismo de la OCDE encargado de esa lista- va a examinar no sólo el número de acuerdos, sino también la calidad de los mismos". "El proceso de revisión ya está en marcha", advierte.
La cumbre del G-20 en Pittsburgh apenas ha aportado avances, más allá del debate sobre el nuevo sistema de revisión y sanciones, que deben estar listos en la primavera del año que viene. La OCDE avanza que entre las opciones que se barajan figuran retenciones adicionales sobre intereses, dividendos y otros pagos a empresas o personas radicadas en paraísos fiscales; declaraciones adicionales por parte de los contribuyentes o empresas sobre operaciones en jurisdicciones no cooperativas, y el final de las deducciones que en muchos países disfrutan aún las inversiones en paraísos fiscales.
Pero eso aún queda lejos. Federico Steinberg, investigador del Instituto Elcano, considera que la crisis ha puesto sobre la mesa asuntos heterodoxos, como los paraísos o los bonus de los ejecutivos. "Esos debates tienen la virtud de que rompen tabúes y son propuestas valientes, pero es poco probable que tengan éxito: el dinero siempre sabe por dónde escapar", asegura Steinberg. "Aún así, hay que aplaudirlas aunque sólo sea por la polémica que han generado y por los avances que puedan producirse, aunque sean relativos", sostiene.
Los dardos del G-20 contra los paraísos provocan opiniones encontradas. Antonio Garrigues Walker, fundador del capítulo español de Transparencia Internacional, aseguraba esta semana que, a pesar de los esfuerzos, en realidad "no se hace nada". "¿Por qué siguen siendo intocables? ¿Cuál es la fuerza invencible, quién tiene el poder que hace que se mantengan sin apenas daños si todo el mundo sabe que son una fuente de corrupción?", se preguntaba. Sin embargo, en el lado oscuro el desasosiego es evidente. El primer ministro luxemburgués, Jean Claude Juncker, califica de "populismo mediocre" la presión del G-20 sobre los paraísos. "Lo que hace el G-20 es descargar sus frustraciones", añadía hace unos meses el presidente de la patronal bancaria suiza, Pierre Mirabaud.
Daniel J. Mitchell, economista del think tank neoliberal Cato Institute, asegura desde Washington que el ataque contra lo que califica como "jurisdicciones con bajos impuestos" viene de la mano de las grandes potencias mundiales: Alemania, Francia, Reino Unido y EE UU. Y ese asalto tiene intenciones aviesas: "El G-20 y la OCDE no son más que vehículos para ese ataque" de países ahogados por un déficit público galopante, apunta. "El objetivo es crear un cartel de Estados partidarios de los impuestos altos, una suerte de OPEP para Gobiernos. Es una pésima noticia", critica.
Pese a la lógica reacción de los defensores del status quo, no parece probable que los paraísos fiscales desaparezcan de la agenda política. Por muy tímidos que sean los avances, los propios paraísos aceptan que llega la hora de la transparencia. Pero los economistas consultados sugieren que los problemas no se circunscriben a esos territorios. Los males del capitalismo financiero son más profundos, y están en el epicentro del sistema: "Larry Summers, el último secretario del Tesoro de Bill Clinton, y Paul O'Neill, que lo fue de George W. Bush, han aunado esfuerzos para proteger a los paraísos fiscales y a los fondos que ahí se colocan", afirmaba recientemente el Nobel de Economía Joseph Stiglitz.
El economista de la universidad australiana de Griffith Jason Sharman ha demostrado que eso es así en EE UU, pero también en Europa y casi en cualquier rincón del mal llamado mundo desarrollado. Con apenas 10.000 dólares, Sharman demostró que es posible crear empresas en un periquete sin proporcionar los nombres de los accionistas ni la más mínima información fiscal: apenas un carné de conducir y un puñado de dólares le permitieron poner en marcha sociedades en Nevada o Delaware (EE UU), en Bermuda o en Suiza. En el Reino Unido creó compañías sin dar un solo nombre. En la práctica, los países de la OCDE tienen una regulación más laxa que los paraísos fiscales clásicos en algunos aspectos, asegura en un interesante trabajo.
Sharman y otros expertos denuncian que Gobiernos que legislan con dureza en sus territorios abren a los bancos y a las multinacionales la puerta de atrás para no pagar impuestos: Liechtenstein y Luxemburgo están en el corazón de Europa, Jersey a apenas unas millas de la costa de Inglaterra, y EE UU tiene muy cerca muchas de esas lavanderías de dinero. "Hay un peligro evidente y es focalizarse únicamente en los pequeños jugadores, ignorando las deficiencias en los grandes países. Los paraísos fiscales han explotado esa evidente hipocresía y las acciones del G-20 no pueden perder de vista ese aspecto. El problema es que EE UU, especialmente, hace un pésimo trabajo en la recogida de información fiscal, que es tan mala o peor en muchos casos que la que proporcionan algunos de los países de las listas negras", cierra.
La transparencia llegará; queda saber cuándo. Algunos paraísos fiscales están haciendo un esfuerzo por diversificarse: Liechtenstein es el primer exportador mundial de dentaduras postizas. Bermuda apuesta por los casinos. La Isla de Man ha puesto en pie una incipiente industria espacial. Y Mónaco dice tener ya más empleos en el sector industrial que en el sector financiero. Tal vez así consiga dejar de ser el "lugar soleado lleno de gente sombría" que describió Somerset Maugham.
Claudi Pérez- El País
Santander: 52 filiales en países opacos
Iñigo de Barrón. El País
Nada provoca más recelos en la banca que preguntar por los paraísos fiscales. En realidad, en el mundo financiero no se habla en términos tan sospechosos: los bancos prefieren el eufemismo "establecimientos off-shore". Hasta 2003, numerosos bancos y cajas en España tenían filiales en paraísos fiscales: la legislación daba grandes ventajas a las emisiones realizadas desde estos países. Al Banco de España nunca le gustó esa situación, así que forzó un cambio legislativo: ahora prácticamente sólo el Santander y el BBVA mantienen posiciones en países off shore.
La entidad presidida por Emilio Botín es la que más presencia tiene, con 52 filiales (algunas de ellas inactivas), frente a las 14 del BBVA, que dice estar "en proceso de liquidación" en nueve de ellas. Como explica en el informe de auditoría del Santander, de las 52 entidades, 17 pertenecen directamente al grupo (aunque sólo cuatro están operativas); 32 son de las filiales británicas (Sovereign, Alliance & Leicester y Bradford & Bingley) y tres del norteamericano Sovereign. En total, gana 248 millones de euros, el 2,8% de lo que obtiene el grupo. Desde 2005, el Santander ha cerrado 24 unidades de estos territorios y su intención es seguir haciéndolo, pero se le acumula el trabajo porque cada vez que compra un banco en el extranjero incorpora sus filiales off shore. El grupo está presente en Bahamas, Antillas Holandesas, Jersey, Panamá, Guernsey, Caimán y la Isla de Man. Su actividad principal es banca privada para clientes extranjeros, operaciones de financiación, intermediación e inversión en el mercado americano, gestión de participaciones del grupo, emisión de deuda, seguros y leasing. Las filiales más representativas son Santander Bank and Trust (banca privada) y Santander Bahamas International (operaciones de financiación). Ambas están radicadas en Bahamas y tienen 120 empleados. En Jersey mantiene con 130 empleados. "El Santander tiene establecidos los controles adecuados para evitar la existencia de riesgos reputacionales y legales. Las cuentas de estas unidades son auditadas por Deloitte", advierte el banco en su memoria.
El BBVA ofrece menos datos de su actividad en paraísos. Tras el escándalo de las cuentas opacas y de los planes de pensiones para consejeros pagados con dinero procedente de Jersey, que provocaron la salida de la cúpula y la mitad del consejo, el BBVA lleva cinco años reduciendo su presencia en esos países. En 2008 se retiró de 36 centros financieros off shore. Ahora tiene nueve filiales en Islas Caimán, que están en proceso de cierre, dependiendo de la fecha de amortización de sus emisiones; tres entidades en Caimán; una en Antillas Holandesas, y otra en Panamá. Su actividad se centra en banca de empresa, gestión de riesgos financieros y de balance y banca comercial, pero no ofrece servicios de banca privada. Y no informa del beneficio que obtiene en los paraísos.
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