Me parece sorprendente que algunas voces del Gobierno socialista español hayan expresado repetidamente su satisfacción de que España sea el país que tenga una de las presiones fiscales más bajas de la Unión Europea. Entendería que un dirigente de un partido liberal hiciera esta declaración. Pero admito que no lo entiendo en un dirigente de una formación política que se define como socialdemócrata. Y lo que todavía entiendo menos es que el motivo de satisfacción no sólo sea el hecho de que la presión fiscal sea de las más bajas de la Unión Europea sino que se enorgullezca de que haya descendido durante el mandato del Gobierno socialista. La causa de mi sorpresa es que la socialdemocracia en Europa se ha caracterizado, precisamente, por haber aumentado la presión fiscal con el fin de expandir y enriquecer las transferencias y los servicios públicos del Estado de Bienestar que contribuyen a enriquecer la calidad de vida de toda la ciudadanía y muy en particular la de las clases populares, base tradicional de la socialdemocracia. Los datos son claros y convincentes. A mayor fuerza la socialdemocracia (e incluyo bajo este nombre todos aquellos partidos de centroizquierda e izquierda, llámense como se llamen –socialistas, socialdemócratas, laboristas o eurocomunistas- que están comprometidos en un proyecto de enriquecer la calidad de vida de la población, y muy en particular de las clases populares, a base de políticas redistributivas encaminadas a reducir las desigualdades sociales y la discriminación y explotación que las sustenta), mayor desarrollo del gasto público, incluyendo el gasto público social, mayor extensión del Estado del Bienestar y menores desigualdades. Partidos socialdemócratas o coaliciones de partidos socialdemócratas han gobernado aquellos países por mucho tiempo durante el periodo 1950-2000. Suecia (45 años), Noruega (39 años), Dinamarca (35 años), Finlandia (32 años) y Austria (31 años). El promedio de gasto público social en este grupo de países es el 30%, y su carga fiscal representa un 52% del PIB. Son los países que tienen menos desigualdades sociales y están entre los que tienen índices de mayor calidad de vida. Y tienen economías altamente eficientes. Sus tasas de desempleo están entre las más bajas de la OCDE y de la UE. En el otro polo están los países de tradición anglosajona liberal (EEUU, Gran Bretaña e Irlanda), en los que la socialdemocracia ha sido históricamente débil, habiendo Estado gobernados por la mayoría del tiempo por partidos conservadores de orientación liberal. Su gasto público social, como promedio del grupo, es de los más bajos de los países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo), sólo un 24% del PIB, su carga fiscal es sólo un 36%, y tienen las desigualdades sociales más elevadas, con bajos indicadores de calidad de vida. Los países del Sur de Europa (España, Grecia y Portugal), son países que han sido gobernados en la mayoría de aquel periodo (en su primera parte del periodo) por regimenes fascistas o fascistoides y que heredaron Estados del Bienestar enormemente subdesarrollados y con enormes desigualdades sociales. Este subdesarrollo fue corrigiéndose durante la última etapa de aquel periodo, consecuencia de haberse establecido sistemas democráticos, aunque todavía tienen un gran retraso, poniéndolos incluso por debajo (o al mismo nivel) que algunos países liberales en su escaso gasto social. Todos ellos tienen grandes desigualdades sociales (ver Navarro, V. (ed.) Neoliberalism, Globalization and Inequalities. Baywood. 2008, y sección Economía política y Neoliberalismo, en www.vnavarro.org). En realidad, España continúa teniendo uno de los estados del bienestar menos desarrollados de la UE, e incluso de la UE-15 (que son los países de la UE de semejante desarrollo económico al español). Se mire como se mire, el gasto público social español es de los más bajos de la UE-15. El gasto público social por habitante (4.663 unidades de poder de compra), el gasto público social como porcentaje del PIB (20,3%), el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del estado de bienestar (escuelas, sanidad, servicios de dependencia, escuelas de infancia, entre otros, 11%) son mucho más bajos que el promedio de la UE-15 (6.737 upc, 27% y 16%, respectivamente) siendo uno de los más bajos de la UE-15. Estos datos muestran que treinta años en democracia continuamos estando a la cola de la Europa Social. Y un factor muy importante que explica este retraso es la subfinanciación del Estado, incluyendo su Estado de Bienestar, que es a su vez resultado de la baja presión fiscal. De ahí que estar satisfecho de tener una baja presión fiscal implica que estemos satisfechos de estar muy retrasados en nuestro Estado Social, lo cual no deja de ser sorprendente e incoherente en un socialdemócrata.
Impuestos y déficit del estado
Los datos que acabo de presentan explican mi sorpresa y preocupación cuando leí que algunas voces del partido socialdemócrata expresaron su orgullo porque teníamos la carga fiscal más baja de la UE-15. Esta preocupación se diluyó algo cuando leí que, por fin, iban a subir los impuestos. Pensé que por fin iban a intentar reducir el déficit social en España (que es nada menos de 70.000 millones de euros), tal como, por cierto, consta en su programa electoral. Pero me equivoqué. Inmediatamente leí que esta subida de impuestos se debía al deseo de reducir el déficit del estado, que llegaría al 10% del PIB. No sólo me entristecí, sino que me alarmé, puesto que lo que no debe nunca hacerse ahora, en una gran recesión, cuando el desempleo llegará al 20%, es disminuir el déficit del estado. Esto lo hizo Franklin D. Roosevelt al inicio de la recuperación económica durante la Gran Depresión, y retrasó enormemente la recuperación económica. España está todavía en una gran recesión, y no saldrá de ella a no ser que haya un gran aumento de la demanda interna, ligada al aumento del gasto público sostenido por un largo déficit. Es ilusorio creerse que este necesario incremento de la demanda interna lo vaya a resolver una bajada de impuestos tal como propone la derecha liberal española (el PP y CIU). La población está enormemente endeudada y la bajada de impuestos la utilizará predominantemente para pagar sus deudas. La evidencia de ello es abrumadora. De ahí que las propuestas de recuperación del PP y CIU reflejadas en sus documentos económicos son profundamente erróneas- Creerse que la crisis enorme que estamos viviendo se puede resolver a base de expandir, todavía más, las políticas liberales, es haber perdido toda conexión con la realidad económica que nos rodea. Pero esta visión liberal aparece también en la Comisión Europea y en su comisariato de Asuntos Económicos, que está presionando a los países a que reduzcan su déficit. En realidad, el déficit debiera aumentar más, a fin de estimular la economía (cuya tasa de crecimiento es negativa) a base de nuevas inversiones públicas (no sólo en infraestructuras y comunicación sino, sobre todo, en servicios públicos y nuevas energías creadoras de empleo) que debieran alcanzar hasta un 5% del PIB tal como ha ocurrido en EE.UU. (el país que saldrá primero de la crisis). Bajar el déficit quiere decir bajar el estímulo económico. Y bajar la carga fiscal quiere decir bajar el gasto público y con ello la inversión y estímulo económico, precisamente lo contrario que debiera hacerse.
¿Son los impuestos impopulares?
Ya sé que me dirán que un político tiene que ser consciente de que subir los impuestos es muy impopular, lo cual no es necesariamente cierto. Depende de quien es el que paga los impuestos y para qué fines. Le aseguro al lector que si a la ciudadanía se le pregunta “¿Está usted a favor de subir los impuestos a fin de reducir el déficit del Estado?”. La respuesta será, por gran mayoría, un no. En cambio, si a la ciudadanía se le pregunta “¿Está usted de acuerdo en que la gente más rica del país (digamos las tres decilas superiores del país) pague más impuestos para mejorar la sanidad pública (o la escuela pública, o las escuelas de infancia, o los servicios domiciliarios, o la vivienda social, o las pensiones)?” la respuesta sería abrumadoramente positiva. No se ha hecho tal pregunta en España, pero se ha hecho en EEUU y la gran mayoría ha respondido afirmativamente, mayoría que alcanza niveles por encima del 80% entre las clases populares. Ni que decir tiene que a mayor renta, menos entusiasmo por el incremento de impuestos. Es lógico que el 30% de renta superior del país (que incluye los creadores de opinión) sean reacios a la subida de impuestos. Pero no así la mayoría de la población, que sí la favorecen en caso de que tales impuestos vayan a cubrir tales déficits sociales. Por cierto, este apoyo mayoritario se mantiene cuando el objetivo de subida de impuestos es crear empleo, como ha estado ocurriendo con el programa de estímulo económico de la Administración Obama. No así las rentas más superiores, que son las que proporcionalmente pagan más impuestos y quedan menos afectadas por los déficits de gasto público social al utilizar menos los servicios públicos. De ahí que se opongan, utilizando improperios para definir tales medidas redistributivas como “demagógicas”, “anticuadas”, “imitación de Robin Hood”, y otros insultos a la usanza de las derechas cuando las izquierdas piden que se redistribuyan los recursos
El aumento de la presión fiscal progresiva es necesario no sólo para reducir el déficit del Estado del Bienestar, sino también para incrementar el gasto público y estimular la economía (objetivos, en sí, necesarios) y también para redistribuir la renta excesivamente polarizada en nuestro país. España continúa siendo uno de los países con mayores desigualdades sociales. La disminución de las rentas del trabajo ha creado un gran problema de insuficiente demanda y excesivo endeudamiento, mientras que las exuberantes plusvalías de las rentas del capital, invertidas en actividades especulativas, han llevado al desastre financiero. De ahí que sea necesario revertir esta enorme polarización social, causa de la Gran Depresión en el siglo XX y de la Gran Recesión ahora. Como bien dijo el Presidente Franklin D. Roosevelt, “hasta ahora sabíamos que la excesiva acumulación de riqueza, resultado de la avaricia, era un mal moral. Ahora sabemos que es también un mal económico”. Sería de desear que el Gobierno español, que se autodefine como socialdemócrata, actuara consecuentemente y viera que Roosevelt llevaba razón.
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