Servidumbre financiera y bienestar social

La economía mundial está sometida al sector financiero. Una prueba: las transacciones diarias en los mercados de divisas son 110 veces superiores al valor de los bienes y servicios intercambiados en el comercio mundial. Es decir, los mercados de divisas responden a la especulación y no al comercio. Esto es un indicador de las masas de capital líquido que ahoga a la economía mundial.

Pero si la crisis global de 2008 marca la bancarrota de la globalización financiera, los gobiernos de los países ricos no parecen estar dispuestos a transformar la economía mundial en un espacio para el bienestar social. Mucha crisis y escándalo, pero el mundo sigue dominado por el sector financiero. En México, eso está claro con el paquete económico que el poder prepara contra el pueblo.

Hace poco, Noam Chomsky recogió un análisis de Barry Eichengreen (historiador del sistema monetario internacional) sobre las relaciones entre mundo financiero y democracia. Eichengreen sostiene que los controles de capital que acompañaron el sistema de Bretton Woods fueron el mecanismo empleado por los gobiernos para poder mantener el tipo de cambio y dotarse, al mismo tiempo, de suficiente margen de maniobra para aplicar políticas de bienestar social.

Los controles a los flujos de capital en la posguerra permitieron instrumentar políticas que, de otra forma, hubiera sido imposible poner en marcha. La política monetaria persiguió objetivos de crecimiento y pleno empleo, sin desestabilizar el tipo de cambio. En materia fiscal la inversión en bienestar social, con esquemas impositivos más progresivos, permitió reducir la desigualdad. Todo eso era posible porque los controles al capital le quitaban una restricción importante a la política macroeconómica.

En un rápido comentario, casi de paso, Chomsky señala que el corolario de este análisis es que la desaparición de los controles a la movilidad del capital debe entenderse como un ataque a la democracia. Su intuición es correcta. El vínculo entre los controles a la movilidad del capital, la democracia y el bienestar social sería directo. Las restricciones impuestas al capital financiero al finalizar la Segunda Guerra Mundial llevaban la cicatriz de la crisis de 1929 y la volatilidad de los años de entre guerras. Como lo explica Polanyi, de esa mezcla explosiva había surgido el fascismo. Los controles al capital reflejaron el ascenso del sindicalismo y de movimientos sociales de gran envergadura que hicieron posible los sistemas redistributivos de los años 1950-1970. Por cierto, Eichengreen (admirador de la globalización financiera) concluye que Polanyi nunca imaginó que la fortaleza de los mercados acabaría destruyendo los controles de capital.

Cuando se impuso la liberalización financiera, terminó cualquier semblanza de control democrático sobre la economía. Congresos y parlamentos se hicieron obsoletos. Los ministerios de hacienda y los bancos centrales se convierten en gigantescos establecimientos donde trabajan los empleados del capital financiero.

En un modelo de economía abierta la irrestricta movilidad del capital es un impedimento para la aplicación de políticas de bienestar social porque éstas son vistas como desestabilizadoras del tipo de cambio. Cualquier medida de política monetaria que reduzca las recompensas del capital financiero será castigada de inmediato. En ningún lado es más claro este dominio del capital sobre la política macroeconómica que en las finanzas públicas. En los países que abrazaron la globalización neoliberal, la política fiscal estuvo dominada por un objetivo básico: generar un superávit en el balance primario. Eso condujo durante décadas a una restricción criminal del gasto programable para desviar recursos hacia la esfera financiera.

Hace 2 mil años, Aristóteles describió un proceso de circulación monetaria que era la peor amenaza para el orden social. En la Política explicó que la moneda era un objeto ético-político. La medida de todas las cosas es la necesidad, pero no la necesidad de apropiarnos de ellas, sino la necesidad que tenemos los unos de los otros. Sin embargo, como esa medida no puede estar presente en las transacciones de todos los días, la moneda ofrece una medida operativa a los ciudadanos para realizar la justicia en las pruebas de la vida cotidiana. Pero Aristóteles advirtió que hay una forma de circulación monetaria que amenaza el orden social y terminaría por destruirlo. En esa circulación, el vínculo entre la moneda y la necesidad (como medida de todas las cosas) se rompe. Ese circuito monetario es el del préstamo con intereses. Aristóteles había lanzado la primera denuncia contra lo que sería el capital financiero. Debemos retomar su advertencia.

Un largo proceso histórico ha torcido las relaciones entre el espacio financiero y el de la democracia. Pero en la coyuntura actual estas dos dimensiones de la vida social vuelven a tocarse. Y deberíamos aprovechar el momento. No es fácil que el poder legislativo recupere el control que alguna vez tuvo sobre la oferta monetaria, las operaciones financieras y las finanzas públicas. Pero es urgente que lo haga, de lo contrario se viene una hecatombe que hará parecer a la crisis actual como un día de campo.

Alejandro Nadal

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/09/23/index.php?section=opinion&article=028a1eco

Pirotecnia contra los paraísos fiscales

Primera regla del sistema fiscal: "Todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento del Estado en proporción (...) a sus ingresos", escribía allá por el siglo XVIII Adam Smith, uno de los padres fundadores del capitalismo. Apenas unos años después, unos pocos municipios del sureste de Francia protagonizaron una pequeña revolución contra el señorío de los Grimaldi. La dinastía monegasca decidió construir un casino para nutrir las maltrechas arcas del principado, que tras la revuelta ya no tenía siervos a quienes cobrar impuestos. El juego estaba prohibido en Francia, pero aún así el Estado francés financió el ferrocarril para que el dinero llegara cómodamente a Montecarlo. Inmediatamente después, Mónaco ideó un sistema fiscal más amable que el de los países vecinos con la misma idea, atraer a las grandes fortunas para que hicieran allí lo que era ilegal en el resto de Europa: escapar del fisco.

La regla de Adam Smith adoptó entonces la forma que ha llegado hasta nuestros días: Todos los ciudadanos deben contribuir al Estado en proporción a sus ingresos, excepto quienes tengan la posibilidad de llevarse el dinero a Montecarlo sin levantar sospechas. (Warren Buffet, el hombre más rico del mundo, lo dice de otra manera: "Primera regla: nunca perder dinero. Segunda regla: nunca olvidar la primera regla".

La de Mónaco es la historia de uno de los primeros paraísos fiscales de la era moderna, la que va de la revolución industrial al capitalismo de casino -de casino- de los últimos años. El éxito es contagioso, y la fórmula de los Grimaldi se ha ensayado en muchos otros lugares de Europa, de Asia, del Caribe; prácticamente en todos lados (algunos muy cercanos: Gibraltar y Andorra). Hay un edificio en las Islas Caimán que alberga a 12.000 empresas estadounidenses. "O es el mayor edificio del planeta, o se trata de la mayor estafa fiscal del mundo, y todos sabemos cuál de esas dos opciones es la verdadera", atacaba un afilado Barack Obama en la campaña electoral que le dio la victoria en las últimas elecciones en Estados Unidos. Y sin embargo, algo está cambiando en Mónaco y en las Caimán: la OCDE acaba de anunciar que ninguno de esos dos países puede ser considerado a día de hoy paraíso fiscal.

Lo mismo sucede con numerosos microestados, enclaves coloniales tan conocidos por sus playas de fina arena como por sus lavanderías de dinero (Aruba, Bermuda, Islas Vírgenes, Antillas Holandesas) y otros territorios similares en Europa y en medio mundo (San Marino, Jersey, Bahrein y alguno más), que en apenas unos meses han dejado de ser considerados paraísos fiscales. E incluso con países más poderosos y aparentemente respetables como Suiza, cuyos bancos se han enriquecido durante décadas gracias al secreto bancario, pero que en los últimos tiempos se han visto obligados a algo impensable hace apenas unos años: deben dar información a otros países sobre miles de clientes -miles de presuntos evasores de impuestos- para no ser señalados en ninguna lista. Eso sí, obligados -casi siempre- por los tribunales.

Una cruzada está en marcha: tras décadas de inmovilismo, de tabú, en apenas 10 meses se han firmado más de 100 acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal. La evasión de impuestos, que se había convertido en un deporte de élite practicado por las mayores instituciones financieras, los ejecutivos de banca más exitosos y las multinacionales más potentes, ha cambiado de estatus por obra y gracia de la madre de todas las crisis. Los paraísos fiscales reciben leña por todos lados: uno de los puntos más polémicos de las últimas elecciones en la India fue la competencia desleal de esos territorios; Australia, Reino Unido, Portugal y Alemania preparan represalias contra la inversión en paraísos; el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quiere obligar a los bancos de su país a deshacerse de las filiales que operan en países opacos. El número de ejemplos de esa nueva retórica política es apabullante. ¿Qué ha provocado ese giro en tan poco tiempo?

Ha sido el G-20, el club de los países más poderosos del mundo, el que ha generado esa fenomenal polvareda. Casi de carambola: ante la imposibilidad de presentar avances rápidos en la regulación financiera -el verdadero meollo de la crisis-, las mayores potencias la han tomado con aspectos fronterizos, como los bonus de los ejecutivos o los paraísos fiscales: medidas de menor calado en ese objetivo declarado de prevenir crisis futuras, pero mucho más rentables en televisión.

Las últimas cumbres del G-20 han supuesto un impulso político sin precedentes que ha puesto las lavanderías de dinero sucio en el centro de todas las dianas. Tras la reunión de abril en Londres, la OCDE publicó por sorpresa una lista negra de paraísos fiscales que levantó ampollas. Suiza estaba en esa lista, al igual que varios países de la eurozona: Austria, Bélgica y Luxemburgo. El G-20, además, les amenazó con sanciones a partir de marzo de 2010. La crisis mueve montañas: esas amenazas han provocado una estampida de paraísos que han logrado cumplir, en un tiempo récord, los requisitos necesarios para abandonar esa ominosa lista. Evidentemente, hay truco. Pero a la vez los avances respecto a la situación de partida son innegables.

Los paraísos fiscales -o centros financieros off shore, en la jerigonza que tanto gusta en las finanzas globales- surgen como una suerte de caja B en la que los ricos guardan su dinero para no pagar impuestos. Son territorios que ofrecen escasa o nula tributación y que facilitan la evasión fiscal mediante la opacidad: se niegan a dar, e incluso a conocer, la identidad y el origen de las inversiones que reciben, y viven -muy bien, por cierto- mayoritariamente de esas prácticas oscuras. En la década de los setenta del siglo pasado empiezan a darse a conocer desde los márgenes del capitalismo. Son los años del laissez faire financiero, de los Reagan y Thatcher, en los que se va desmantelando el control del Estado sobre la banca ante la enorme presión política por desregular y liberalizar, los dos grandes abracadabras de la época.

Pero es en los años noventa cuando la desregulación alcanza sus máximas cotas y los paraísos se consolidan como un sector fundamental para las finanzas globales, caracterizadas por el libre movimiento de capitales. En ese caldo de cultivo florecen los estados transfiscales, que se benefician del cinismo, la hipocresía y la mano ancha de los grandes países para desarrollar sus fenomenales ventajas competitivas: bajos impuestos, opacidad y secretismo, los tres ingredientes básicos que permiten a las entidades financieras diseñar el sistema bancario en la sombra que ha saltado por los aires con la crisis.

Las turbulencias financieras destapan -y convierten en denuncia- lo que todo el mundo sabía: Bear Stearns, uno de los bancos de inversión que provocó la crisis, operaba desde las Islas Caimán. Lo mismo hacían todos los grandes bancos de negocios estadounidenses, considerados los grandes culpables del huracán financiero. Las entidades europeas, muy reguladas en sus países de origen, tenían centenares de filiales en esos territorios. Hasta Bernard Madoff, el estafador estadounidense, contaba con varios fondos de alto riesgo radicados en Luxemburgo. Y lo más importante: todo sigue igual. "Los mayores ejemplos de secreto bancario, lavado de dinero y fraude fiscal no están en los valles alpinos ni en las islas tropicales, sino en el patio trasero de las grandes economías: la City de Londres y Wall Street, Fráncfort y Tokio, funcionaban regularmente con filiales off shore. No hay que olvidar que la crisis se detonó en los grandes centros financieros mundiales, y no en los paraísos", asegura el analista Moisés Naïm.

La OCDE sostiene que la campaña "está erradicando el secreto bancario a efectos fiscales", asegura desde París Grace Pérez-Navarro, subdirectora del Centro de Políticas Fiscales, adscrito a la institución que concentra a las economías desarrolladas. Los expertos reconocen el ingente trabajo realizado por parte de la OCDE. Y aún así, arrecian las críticas. Nadie fuera de la OCDE parece contento con lo que sucede: ni los paraísos, ni los que denuncian a los paraísos fiscales.

En 2000, la organización que dirige el mexicano Ángel Gurría estableció una serie de firmes criterios técnicos que definían lo que era -y lo que no era- un paraíso fiscal, y estableció 2005 como límite para su desaparición. Fracasó estrepitosamente. Pero el G-20 de Londres le dio la oportunidad de redimirse y la institución unificó sus criterios antiparaíso en uno solo: desde entonces basta con firmar 12 acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal para no aparecer en la lista negra. Y eso es lo que han hecho Jersey, las Islas Caimán, Suiza, el inevitable Mónaco y tantos otros países.

"Es el fin de la época del secreto bancario", declaró con la solemnidad que le caracteriza Sarkozy tras la cumbre de abril. "Es el principio del fin", matizó el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown. Los expertos se decantan con claridad por la interpretación británica. "La lista de la OCDE es ridícula", ataca Richard Murphy, del think tank Tax Justice Network. "Bélgica sale de la lista negra por firmar acuerdos con países como San Marino; Liechtenstein y Mónaco firman un pacto entre ellos y dejan de ser considerados paraísos. Es absurdo. Necesitaríamos miles de esos acuerdos para que el sistema empezara a funcionar. Más que pactos bilaterales, es esencial llegar a acuerdos multilaterales que supongan un intercambio de información automática, pero no parece que la OCDE persiga ese objetivo", aclara.

"Esa avalancha, ese barullo que hay contra los paraísos hace que los cambios aprobados sean algo más que mera retórica, pero la mejoría es aún muy, muy limitada", concluye Murphy, un antiguo auditor en una multinacional que desde hace más de una década lucha contra la impunidad de los paraísos fiscales. Y que es persona non grata en Jersey por la intensa actividad que despliega contra las prácticas fiscales de ese enclave británico.

Juan Hernández Vigueras, autor de La Europa opaca de las finanzas (Icaria), califica de "rimbombante y vacía" la actuación del G-20 y de la OCDE. "El auténtico problema es la regulación financiera, o mejor dicho la falta de regulación, y lo que ocurre con los paraísos fiscales es consecuencia directa de ese asunto. La prueba de la frivolidad con la que se trata el problema es que ni EE UU, ni el Reino Unido ni ningún país europeo de los que ha nacionalizado o dado ayudas a los bancos ha tomado medidas contra las filiales de esas entidades en paraísos fiscales. De lo que se deduce que del G-20 han salido, una vez más, grandes palabras y magros resultados".

Incluso el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, reconoce que varios paraísos fiscales han "escapado rápidamente" de la lista negra firmando acuerdos de colaboración entre ellos, una práctica que puede vulnerar el espíritu de la norma establecida por la OCDE. Pérez-Navarro defiende la batalla emprendida por esa institución: "La mayoría de los convenios tributarios son bilaterales, incluso dentro de la UE. Ha habido avances importantes y es falso que la mayoría de los acuerdos firmados sean cosméticos. Sí es cierto que hay algunos paraísos fiscales que pactan con otros paraísos fiscales para llegar a esos 12 acuerdos. Pero si continúan por ese camino no quedarán fuera de la lista negra por mucho tiempo. El Foro Global -el organismo de la OCDE encargado de esa lista- va a examinar no sólo el número de acuerdos, sino también la calidad de los mismos". "El proceso de revisión ya está en marcha", advierte.

La cumbre del G-20 en Pittsburgh apenas ha aportado avances, más allá del debate sobre el nuevo sistema de revisión y sanciones, que deben estar listos en la primavera del año que viene. La OCDE avanza que entre las opciones que se barajan figuran retenciones adicionales sobre intereses, dividendos y otros pagos a empresas o personas radicadas en paraísos fiscales; declaraciones adicionales por parte de los contribuyentes o empresas sobre operaciones en jurisdicciones no cooperativas, y el final de las deducciones que en muchos países disfrutan aún las inversiones en paraísos fiscales.

Pero eso aún queda lejos. Federico Steinberg, investigador del Instituto Elcano, considera que la crisis ha puesto sobre la mesa asuntos heterodoxos, como los paraísos o los bonus de los ejecutivos. "Esos debates tienen la virtud de que rompen tabúes y son propuestas valientes, pero es poco probable que tengan éxito: el dinero siempre sabe por dónde escapar", asegura Steinberg. "Aún así, hay que aplaudirlas aunque sólo sea por la polémica que han generado y por los avances que puedan producirse, aunque sean relativos", sostiene.

Los dardos del G-20 contra los paraísos provocan opiniones encontradas. Antonio Garrigues Walker, fundador del capítulo español de Transparencia Internacional, aseguraba esta semana que, a pesar de los esfuerzos, en realidad "no se hace nada". "¿Por qué siguen siendo intocables? ¿Cuál es la fuerza invencible, quién tiene el poder que hace que se mantengan sin apenas daños si todo el mundo sabe que son una fuente de corrupción?", se preguntaba. Sin embargo, en el lado oscuro el desasosiego es evidente. El primer ministro luxemburgués, Jean Claude Juncker, califica de "populismo mediocre" la presión del G-20 sobre los paraísos. "Lo que hace el G-20 es descargar sus frustraciones", añadía hace unos meses el presidente de la patronal bancaria suiza, Pierre Mirabaud.

Daniel J. Mitchell, economista del think tank neoliberal Cato Institute, asegura desde Washington que el ataque contra lo que califica como "jurisdicciones con bajos impuestos" viene de la mano de las grandes potencias mundiales: Alemania, Francia, Reino Unido y EE UU. Y ese asalto tiene intenciones aviesas: "El G-20 y la OCDE no son más que vehículos para ese ataque" de países ahogados por un déficit público galopante, apunta. "El objetivo es crear un cartel de Estados partidarios de los impuestos altos, una suerte de OPEP para Gobiernos. Es una pésima noticia", critica.

Pese a la lógica reacción de los defensores del status quo, no parece probable que los paraísos fiscales desaparezcan de la agenda política. Por muy tímidos que sean los avances, los propios paraísos aceptan que llega la hora de la transparencia. Pero los economistas consultados sugieren que los problemas no se circunscriben a esos territorios. Los males del capitalismo financiero son más profundos, y están en el epicentro del sistema: "Larry Summers, el último secretario del Tesoro de Bill Clinton, y Paul O'Neill, que lo fue de George W. Bush, han aunado esfuerzos para proteger a los paraísos fiscales y a los fondos que ahí se colocan", afirmaba recientemente el Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

El economista de la universidad australiana de Griffith Jason Sharman ha demostrado que eso es así en EE UU, pero también en Europa y casi en cualquier rincón del mal llamado mundo desarrollado. Con apenas 10.000 dólares, Sharman demostró que es posible crear empresas en un periquete sin proporcionar los nombres de los accionistas ni la más mínima información fiscal: apenas un carné de conducir y un puñado de dólares le permitieron poner en marcha sociedades en Nevada o Delaware (EE UU), en Bermuda o en Suiza. En el Reino Unido creó compañías sin dar un solo nombre. En la práctica, los países de la OCDE tienen una regulación más laxa que los paraísos fiscales clásicos en algunos aspectos, asegura en un interesante trabajo.

Sharman y otros expertos denuncian que Gobiernos que legislan con dureza en sus territorios abren a los bancos y a las multinacionales la puerta de atrás para no pagar impuestos: Liechtenstein y Luxemburgo están en el corazón de Europa, Jersey a apenas unas millas de la costa de Inglaterra, y EE UU tiene muy cerca muchas de esas lavanderías de dinero. "Hay un peligro evidente y es focalizarse únicamente en los pequeños jugadores, ignorando las deficiencias en los grandes países. Los paraísos fiscales han explotado esa evidente hipocresía y las acciones del G-20 no pueden perder de vista ese aspecto. El problema es que EE UU, especialmente, hace un pésimo trabajo en la recogida de información fiscal, que es tan mala o peor en muchos casos que la que proporcionan algunos de los países de las listas negras", cierra.

La transparencia llegará; queda saber cuándo. Algunos paraísos fiscales están haciendo un esfuerzo por diversificarse: Liechtenstein es el primer exportador mundial de dentaduras postizas. Bermuda apuesta por los casinos. La Isla de Man ha puesto en pie una incipiente industria espacial. Y Mónaco dice tener ya más empleos en el sector industrial que en el sector financiero. Tal vez así consiga dejar de ser el "lugar soleado lleno de gente sombría" que describió Somerset Maugham.

Claudi Pérez- El País

Santander: 52 filiales en países opacos

Iñigo de Barrón. El País

Nada provoca más recelos en la banca que preguntar por los paraísos fiscales. En realidad, en el mundo financiero no se habla en términos tan sospechosos: los bancos prefieren el eufemismo "establecimientos off-shore". Hasta 2003, numerosos bancos y cajas en España tenían filiales en paraísos fiscales: la legislación daba grandes ventajas a las emisiones realizadas desde estos países. Al Banco de España nunca le gustó esa situación, así que forzó un cambio legislativo: ahora prácticamente sólo el Santander y el BBVA mantienen posiciones en países off shore.

La entidad presidida por Emilio Botín es la que más presencia tiene, con 52 filiales (algunas de ellas inactivas), frente a las 14 del BBVA, que dice estar "en proceso de liquidación" en nueve de ellas. Como explica en el informe de auditoría del Santander, de las 52 entidades, 17 pertenecen directamente al grupo (aunque sólo cuatro están operativas); 32 son de las filiales británicas (Sovereign, Alliance & Leicester y Bradford & Bingley) y tres del norteamericano Sovereign. En total, gana 248 millones de euros, el 2,8% de lo que obtiene el grupo. Desde 2005, el Santander ha cerrado 24 unidades de estos territorios y su intención es seguir haciéndolo, pero se le acumula el trabajo porque cada vez que compra un banco en el extranjero incorpora sus filiales off shore. El grupo está presente en Bahamas, Antillas Holandesas, Jersey, Panamá, Guernsey, Caimán y la Isla de Man. Su actividad principal es banca privada para clientes extranjeros, operaciones de financiación, intermediación e inversión en el mercado americano, gestión de participaciones del grupo, emisión de deuda, seguros y leasing. Las filiales más representativas son Santander Bank and Trust (banca privada) y Santander Bahamas International (operaciones de financiación). Ambas están radicadas en Bahamas y tienen 120 empleados. En Jersey mantiene con 130 empleados. "El Santander tiene establecidos los controles adecuados para evitar la existencia de riesgos reputacionales y legales. Las cuentas de estas unidades son auditadas por Deloitte", advierte el banco en su memoria.

El BBVA ofrece menos datos de su actividad en paraísos. Tras el escándalo de las cuentas opacas y de los planes de pensiones para consejeros pagados con dinero procedente de Jersey, que provocaron la salida de la cúpula y la mitad del consejo, el BBVA lleva cinco años reduciendo su presencia en esos países. En 2008 se retiró de 36 centros financieros off shore. Ahora tiene nueve filiales en Islas Caimán, que están en proceso de cierre, dependiendo de la fecha de amortización de sus emisiones; tres entidades en Caimán; una en Antillas Holandesas, y otra en Panamá. Su actividad se centra en banca de empresa, gestión de riesgos financieros y de balance y banca comercial, pero no ofrece servicios de banca privada. Y no informa del beneficio que obtiene en los paraísos.

Impuestos y socialdemocracia

Me parece sorprendente que algunas voces del Gobierno socialista español hayan expresado repetidamente su satisfacción de que España sea el país que tenga una de las presiones fiscales más bajas de la Unión Europea. Entendería que un dirigente de un partido liberal hiciera esta declaración. Pero admito que no lo entiendo en un dirigente de una formación política que se define como socialdemócrata. Y lo que todavía entiendo menos es que el motivo de satisfacción no sólo sea el hecho de que la presión fiscal sea de las más bajas de la Unión Europea sino que se enorgullezca de que haya descendido durante el mandato del Gobierno socialista. La causa de mi sorpresa es que la socialdemocracia en Europa se ha caracterizado, precisamente, por haber aumentado la presión fiscal con el fin de expandir y enriquecer las transferencias y los servicios públicos del Estado de Bienestar que contribuyen a enriquecer la calidad de vida de toda la ciudadanía y muy en particular la de las clases populares, base tradicional de la socialdemocracia. Los datos son claros y convincentes. A mayor fuerza la socialdemocracia (e incluyo bajo este nombre todos aquellos partidos de centroizquierda e izquierda, llámense como se llamen –socialistas, socialdemócratas, laboristas o eurocomunistas- que están comprometidos en un proyecto de enriquecer la calidad de vida de la población, y muy en particular de las clases populares, a base de políticas redistributivas encaminadas a reducir las desigualdades sociales y la discriminación y explotación que las sustenta), mayor desarrollo del gasto público, incluyendo el gasto público social, mayor extensión del Estado del Bienestar y menores desigualdades. Partidos socialdemócratas o coaliciones de partidos socialdemócratas han gobernado aquellos países por mucho tiempo durante el periodo 1950-2000. Suecia (45 años), Noruega (39 años), Dinamarca (35 años), Finlandia (32 años) y Austria (31 años). El promedio de gasto público social en este grupo de países es el 30%, y su carga fiscal representa un 52% del PIB. Son los países que tienen menos desigualdades sociales y están entre los que tienen índices de mayor calidad de vida. Y tienen economías altamente eficientes. Sus tasas de desempleo están entre las más bajas de la OCDE y de la UE.

En el otro polo están los países de tradición anglosajona liberal (EEUU, Gran Bretaña e Irlanda), en los que la socialdemocracia ha sido históricamente débil, habiendo Estado gobernados por la mayoría del tiempo por partidos conservadores de orientación liberal. Su gasto público social, como promedio del grupo, es de los más bajos de los países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo), sólo un 24% del PIB, su carga fiscal es sólo un 36%, y tienen las desigualdades sociales más elevadas, con bajos indicadores de calidad de vida. Los países del Sur de Europa (España, Grecia y Portugal), son países que han sido gobernados en la mayoría de aquel periodo (en su primera parte del periodo) por regimenes fascistas o fascistoides y que heredaron Estados del Bienestar enormemente subdesarrollados y con enormes desigualdades sociales. Este subdesarrollo fue corrigiéndose durante la última etapa de aquel periodo, consecuencia de haberse establecido sistemas democráticos, aunque todavía tienen un gran retraso, poniéndolos incluso por debajo (o al mismo nivel) que algunos países liberales en su escaso gasto social. Todos ellos tienen grandes desigualdades sociales (ver Navarro, V. (ed.) Neoliberalism, Globalization and Inequalities. Baywood. 2008, y sección Economía política y Neoliberalismo, en www.vnavarro.org). En realidad, España continúa teniendo uno de los estados del bienestar menos desarrollados de la UE, e incluso de la UE-15 (que son los países de la UE de semejante desarrollo económico al español). Se mire como se mire, el gasto público social español es de los más bajos de la UE-15. El gasto público social por habitante (4.663 unidades de poder de compra), el gasto público social como porcentaje del PIB (20,3%), el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del estado de bienestar (escuelas, sanidad, servicios de dependencia, escuelas de infancia, entre otros, 11%) son mucho más bajos que el promedio de la UE-15 (6.737 upc, 27% y 16%, respectivamente) siendo uno de los más bajos de la UE-15. Estos datos muestran que treinta años en democracia continuamos estando a la cola de la Europa Social. Y un factor muy importante que explica este retraso es la subfinanciación del Estado, incluyendo su Estado de Bienestar, que es a su vez resultado de la baja presión fiscal. De ahí que estar satisfecho de tener una baja presión fiscal implica que estemos satisfechos de estar muy retrasados en nuestro Estado Social, lo cual no deja de ser sorprendente e incoherente en un socialdemócrata.

Impuestos y déficit del estado

Los datos que acabo de presentan explican mi sorpresa y preocupación cuando leí que algunas voces del partido socialdemócrata expresaron su orgullo porque teníamos la carga fiscal más baja de la UE-15. Esta preocupación se diluyó algo cuando leí que, por fin, iban a subir los impuestos. Pensé que por fin iban a intentar reducir el déficit social en España (que es nada menos de 70.000 millones de euros), tal como, por cierto, consta en su programa electoral. Pero me equivoqué. Inmediatamente leí que esta subida de impuestos se debía al deseo de reducir el déficit del estado, que llegaría al 10% del PIB. No sólo me entristecí, sino que me alarmé, puesto que lo que no debe nunca hacerse ahora, en una gran recesión, cuando el desempleo llegará al 20%, es disminuir el déficit del estado. Esto lo hizo Franklin D. Roosevelt al inicio de la recuperación económica durante la Gran Depresión, y retrasó enormemente la recuperación económica. España está todavía en una gran recesión, y no saldrá de ella a no ser que haya un gran aumento de la demanda interna, ligada al aumento del gasto público sostenido por un largo déficit. Es ilusorio creerse que este necesario incremento de la demanda interna lo vaya a resolver una bajada de impuestos tal como propone la derecha liberal española (el PP y CIU). La población está enormemente endeudada y la bajada de impuestos la utilizará predominantemente para pagar sus deudas. La evidencia de ello es abrumadora. De ahí que las propuestas de recuperación del PP y CIU reflejadas en sus documentos económicos son profundamente erróneas- Creerse que la crisis enorme que estamos viviendo se puede resolver a base de expandir, todavía más, las políticas liberales, es haber perdido toda conexión con la realidad económica que nos rodea. Pero esta visión liberal aparece también en la Comisión Europea y en su comisariato de Asuntos Económicos, que está presionando a los países a que reduzcan su déficit. En realidad, el déficit debiera aumentar más, a fin de estimular la economía (cuya tasa de crecimiento es negativa) a base de nuevas inversiones públicas (no sólo en infraestructuras y comunicación sino, sobre todo, en servicios públicos y nuevas energías creadoras de empleo) que debieran alcanzar hasta un 5% del PIB tal como ha ocurrido en EE.UU. (el país que saldrá primero de la crisis). Bajar el déficit quiere decir bajar el estímulo económico. Y bajar la carga fiscal quiere decir bajar el gasto público y con ello la inversión y estímulo económico, precisamente lo contrario que debiera hacerse.

¿Son los impuestos impopulares?

Ya sé que me dirán que un político tiene que ser consciente de que subir los impuestos es muy impopular, lo cual no es necesariamente cierto. Depende de quien es el que paga los impuestos y para qué fines. Le aseguro al lector que si a la ciudadanía se le pregunta “¿Está usted a favor de subir los impuestos a fin de reducir el déficit del Estado?”. La respuesta será, por gran mayoría, un no. En cambio, si a la ciudadanía se le pregunta “¿Está usted de acuerdo en que la gente más rica del país (digamos las tres decilas superiores del país) pague más impuestos para mejorar la sanidad pública (o la escuela pública, o las escuelas de infancia, o los servicios domiciliarios, o la vivienda social, o las pensiones)?” la respuesta sería abrumadoramente positiva. No se ha hecho tal pregunta en España, pero se ha hecho en EEUU y la gran mayoría ha respondido afirmativamente, mayoría que alcanza niveles por encima del 80% entre las clases populares. Ni que decir tiene que a mayor renta, menos entusiasmo por el incremento de impuestos. Es lógico que el 30% de renta superior del país (que incluye los creadores de opinión) sean reacios a la subida de impuestos. Pero no así la mayoría de la población, que sí la favorecen en caso de que tales impuestos vayan a cubrir tales déficits sociales. Por cierto, este apoyo mayoritario se mantiene cuando el objetivo de subida de impuestos es crear empleo, como ha estado ocurriendo con el programa de estímulo económico de la Administración Obama. No así las rentas más superiores, que son las que proporcionalmente pagan más impuestos y quedan menos afectadas por los déficits de gasto público social al utilizar menos los servicios públicos. De ahí que se opongan, utilizando improperios para definir tales medidas redistributivas como “demagógicas”, “anticuadas”, “imitación de Robin Hood”, y otros insultos a la usanza de las derechas cuando las izquierdas piden que se redistribuyan los recursos

El aumento de la presión fiscal progresiva es necesario no sólo para reducir el déficit del Estado del Bienestar, sino también para incrementar el gasto público y estimular la economía (objetivos, en sí, necesarios) y también para redistribuir la renta excesivamente polarizada en nuestro país. España continúa siendo uno de los países con mayores desigualdades sociales. La disminución de las rentas del trabajo ha creado un gran problema de insuficiente demanda y excesivo endeudamiento, mientras que las exuberantes plusvalías de las rentas del capital, invertidas en actividades especulativas, han llevado al desastre financiero. De ahí que sea necesario revertir esta enorme polarización social, causa de la Gran Depresión en el siglo XX y de la Gran Recesión ahora. Como bien dijo el Presidente Franklin D. Roosevelt, “hasta ahora sabíamos que la excesiva acumulación de riqueza, resultado de la avaricia, era un mal moral. Ahora sabemos que es también un mal económico”. Sería de desear que el Gobierno español, que se autodefine como socialdemócrata, actuara consecuentemente y viera que Roosevelt llevaba razón.

Artículo publicado en Sistema Digital.
www.vnavarro.es

¿Terminará esta crisis como si no hubiera pasado nada?

Han pasado ya dos años desde que en agosto de 2007 se desatara la crisis financiera en Estados Unidos. Una crisis que de forma inmediata sacó a relucir los graves problemas por los que atravesaba no sólo la economía estadounidense sino también el resto de economías desarrolladas que en muy poco tiempo se vieron igualmente afectadas. Desde entonces, todas las economías industrializadas se han visto sumidas en recesiones más o menos profundas que han provocado importantes incrementos en los niveles de paro y en los déficits públicos, una fuerte caída en las recaudaciones de ingresos y, en algunos casos como el español, el desmoronamiento absoluto de todo un modelo de crecimiento económico.

Desde el primer día en el que emergiera esta crisis, los gobernantes y altos mandatarios de la economía mundial han dedicado sus esfuerzos a combatir las consecuencias y no las causas de la misma. Las muy mediatizadas reuniones de urgencia a las que asistieron una y otra vez, siempre con el objetivo declarado de reformar el sistema o de realizar los cambios oportunos para que otra crisis igual no volviese a tener lugar, no sirvieron sino para confirmar y consolidar las políticas que ya habían llevado a cabo desde el primer momento. Políticas que han tenido como objetivo mantener el sistema funcionando bajo las mismas reglas, y con independencia del coste social y económico asumido.

Así, en la lucha contra las consecuencias de la crisis ya en agosto de 2007 comenzaron las millonarias inyecciones de dólares y euros al sistema financiero. Se trataba de salvar de la quiebra a innumerables entidades financieras, a las que además se dio otro tipo de facilidades económicas para que, en definitiva, pudieran mantener sus negocios a salvo. En otros casos incluso los gobiernos se hicieron cargo de la totalidad de las pérdidas mediante la nacionalización de las entidades.

Sin embargo, ¿dónde están los cambios anunciados para combatir las causas de la crisis? En ninguna parte. La reforma del capitalismo, tal y como lo anunció en su día el presidente francés N. Sarkozy, ha terminado por no llegar, y las condiciones de base no han sido modificadas un ápice. El sistema económico sigue padeciendo hoy los mismos problemas que le llevaron a la crisis: desregulación financiera, descontrol absoluto de la ingeniería financiera y predominancia de la actividad financiera sobre la actividad productiva, creación ingente y desproporcionada de dinero bancario, altos niveles de desigualdad, etc.

De momento parece que los gobernantes mundiales han conseguido taponar la herida, y algunas de las economías desarrolladas están recientemente comenzando a recuperar la actividad económica. Sin embargo, la hemorragia continua y no se está haciendo nada por evitar que en algún momento la situación económica vuelva a empeorar y con mucha mayor gravedad.

En las actuales circunstancias no es la crisis lo que habrá sido temporal, sino precisamente su presunta recuperación. De hecho, la situación ahora mismo es realmente precaria e inestable. Los balances de las entidades financieras no están mostrando el verdadero estado de las mismas, y muchas están sobreviviendo gracias a las ayudas económicas que les ofrecen los gobiernos o incluso a mentiras y ocultaciones contables. A su vez, los gobiernos han incurrido en millonarios gastos que merman el estado de las arcas públicas y que tendrán que ser compensados de alguna forma. La subida de impuestos generalizada es inminente, pero mientras no se modifique la regulación actual este coste recaerá una vez más en las clases más desfavorecidas. Además, el paro y el deterioro de las condiciones laborales continua haciendo estragos en una sociedad cada vez más desigual.

Si no se toman decisiones de raíz e inmediatas, lo que equivales a decir, justas y capaces de frenar el inmenso poder y la avaricia de las clases oligárquicas, la crisis volverá con mucha mayor fuerza. Que a nadie le quepa la más pequeña duda sobre eso.

Hay que esclavizar al sistema bancario financiero para que la economía pueda estar al servicio de los seres humanos para lo cual es requisito imprescindible modificar toda la reglamentación actual. Es necesario abolir los paraísos fiscales, pero también es urgente introducir nuevas y duras normas sobre las operaciones especulativas realizadas mediante la ingeniería financiera, así como imponer también nuevos e importantes límites al privilegio de creación de dinero que tienen los bancos. De la misma forma, es necesario reformular el modelo de desarrollo económico, haciéndolo compatible con las exigencias cada vez más evidentes del medio ambiente y promoviendo una pauta de reparto mucho más equilibrada y justa para que todas las clases sociales sean igualmente beneficiarias del crecimiento económico logrado.

¿Es posible esperar estos cambios que aquí formulamos someramente? Probablemente no, y es que somos conscientes de que ningún gobernante se ha atrevido aún a denunciar claramente a los verdaderos responsables de esta situación actual. Los gobiernos quieren hacer creer que la crisis ha sido un evento accidental y que no ha tenido relación alguna con la configuración actual del sistema económico, y es por eso por lo que no han tenido la valentía de señalar a los verdaderos responsables y a sus cómplices. Estos no han sido ni los Madoff y compañía, los sujetos e instituciones que aprovechan cualquier marco legal para enriquecerse haciendo trampas, sino las entidades financieras, los bancos centrales y los gobiernos que han configurado la economía mundial como un gran escenario donde hacer trampa está permitido y premiado.

Por lo tanto, es ahora más urgente que nunca que la izquierda y los movimientos populares se reorganicen y preparen para enfrentar tiempos mucho más difíciles. Son los desfavorecidos quienes tienen la capacidad de cambiar el rumbo de esta sociedad, que si no cambia de rumbo irá directamente el desastre, y sólo pueden hacerlo sabiendo responder con contundencia y firmeza a los atrevimientos y ataques de los poderosos y sus representantes en las altas esferas políticas y económicas. De lo contrario estaremos abocados a una situación mucho más dramática para millones de personas, aquellas que nunca son tenidas en cuenta por quienes manejan el mundo económico y político.

Vale la pena intentarlo. Es más, es un imperativo moral irrenunciable para cualquier ser humano honesto y responsable.

Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa – Altereconomía

A propósito del gasto público y los impuestos

La crisis económica que sufrimos está generando muchos damnificados, y éstos, por lo general, como siempre sucede en el sistema en el que vivimos, son los más vulnerables en las sociedades avanzadas, y no digamos en las más pobres. Han sido los emigrantes los primeros en ser despedidos, pero también a medida que se deteriora la situación, el paro cada vez en mayor medida afecta a trabajadores, empleados, autónomos y pequeños empresarios que están cerrando sus negocios, aunque hasta ahora no hayan estado entre los grupos más frágiles. El acceso al mercado de trabajo se hace difícil y los jóvenes sufren las consecuencias en su búsqueda del primer empleo. La incertidumbre se instala en la sociedad, tanto en el consumo como en la inversión. El círculo vicioso conduce a una atonía. La única manera de combatir esa espiral hacia abajo es con intervenciones públicas decididas y bien efectuadas.

La bajada en la actividad económica está suponiendo una caída en la recaudación tributaria mayor de la prevista, con lo que las arcas del Estado se encuentran con muchas dificultades para combatir un déficit público creciente como consecuencia de la disminución de los ingresos y de la necesidad de actuar desde el sector público para impedir que las cosas vayan a peor y procurar con la generación de estímulos la recuperación. En momentos de recesión la preocupación principal no debe ser el déficit, sino el desempleo y la caída de la actividad económica, así como evitar el desplome del sistema financiero. De todos modos, el crecimiento del déficit a la velocidad que lo está haciendo y el endeudamiento que esto significa también puede suponer un obstáculo para la recuperación, si las cosas marchan tan mal como hasta ahora. Recomponer una situación de tanto endeudamiento de las administraciones públicas no será tarea fácil, por lo que todo hace suponer que una recuperación sólida y estable no va a producirse en el corto plazo.

Ante estos hechos preocupantes hay que actuar con políticas de austeridad del gasto público y recortes en partidas presupuestarias, para que aunque el gasto aumente no lo haga a la velocidad actual. El recorte del gasto no es sencillo, pues es muy rígido a la baja. La única manera de evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas es con el aumento de los impuestos. El gobierno se encuentra timorato ante una medida de este tipo, pues piensa que la ciudadanía se le puede volver en contra y perder apoyos electorales, cayendo en la trampa del entrar en el lenguaje de la oposición. Una vez más, para no caer en esta trampa, hay que recomendar el libro de Lakoff “No pienses en un elefante” (Ed. Complutense).

Los partidos de la derecha se oponen a la subida de impuestos con criterios demagógicos. El gobierno se encuentra prisionero, además, de su propio discurso anterior a la crisis en donde dijo cosas tan insensatas como que bajar impuestos es de izquierdas. Cambiar la pedagogía de lo que se mantuvo anteriormente no resulta sencillo, y por eso se encuentra indeciso y vacilante a la hora de tomar decisiones contundentes en este ámbito, y ya anuncia que será una medida temporal.

Las contradicciones en todo lo que se refiere a los impuestos y gasto público son muchas entre los ciudadanos y partidos políticos. Así, si nos situamos antes de la crisis, se observa que en España existe una menor presión fiscal que los países más desarrollados de la Unión Europea. Si se ha actuado en los últimos años con la idea de que lo más adecuado es equilibrar el presupuesto, es indudable que la relación gasto público/Producto Interior Bruto (PIB) es menor que la de estos países. Una consecuencia que se deriva de ello es que prácticamente todas las partidas tienen una proporción menor con relación al PIB, y siempre se oyen quejas de que gastamos menos proporcionalmente en educación, investigación y gastos sociales, y que, por lo tanto, eso nos distancia de los países que se encuentran más desarrollados que nosotros.

Si se quiere, no obstante, que nos acerquemos a los otros países no queda más remedio que subir impuestos, independientemente de la crisis, pues además, los ciudadanos exigen mejores servicios en infraestructuras, educación y prestaciones de todo tipo. Si no nos aproximamos a la presión fiscal de la Unión Europea y a un sistema tributario más progresivo, entonces dejemos de quejarnos pues no se puede querer estar a la altura del gasto con relación al PIB y no querer subir impuestos. Situación imposible. Lo que hay que poner en valor es el gasto público y los beneficios que se derivan de ello cuando se hace en la dirección de apostar por una sociedad más igualitaria en rentas, derechos y oportunidades, con mayores conocimientos, más ilustrada, con una mayor apuesta por la investigación y la innovación y con una mejora del medio ambiente.

Ahora, la subida de impuestos se hace por necesidad, y lo importante es determinar qué impuestos subir. Lo fácil es hacerlo con el IVA, pero este, además de ser un impuesto regresivo, puede dificultar el consumo con lo que la recuperación tardaría en llegar. Sin desechar de todos modos esta posibilidad, siempre que luego el gasto tenga una finalidad progresista, lo único factible es subir los impuestos al 20% de los tramos más altos de renta, renta de capital, plusvalía y las propiedades patrimoniales. Esto será más progresivo, y además los más ricos pagarían un coste, pequeño, eso sí, de la crisis, en la que han tenido más responsabilidad en su origen que los que salen perjudicados por sus actuaciones.

Carlos Berzosa – Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en Sistema Digital.

Cierre en falso de la crisis

Próximo a cumplirse el primer aniversario de la quiebra de Lehman-Brothers que expandió la ola de pánico y desconfianza originaria de la presente crisis internacional, los mercados financieros parecen volver a la normalidad, a la vez que se impone el sentimiento de que lo peor de la crisis ya ha pasado. ¿A qué responde este sentimiento? ¿Qué ha cambiado respecto al inicio de la crisis financiera?

Lo que ha cambiado no ha sido, desde luego, el sistema monetario internacional, ni su capacidad de generar burbujas y activos tóxicos fuente de inestabilidad. El cambio de coyuntura se deriva sobre todo de las potentes inyecciones de liquidez y operaciones de “salvamento” practicadas desde entonces. Las políticas monetarias y presupuestarias expansivas alcanzaron dimensiones planetarias sin precedentes, encabezadas por EEUU. Y España no ha ido a la zaga en estas políticas, habilitando partidas presupuestarias adicionales de gastos por valor de 66.000 millones de euros y otorgando a la banca avales por valor de 100.000 millones de euros, lo que supone nada menos que el estímulo de forzar un gasto público efectivo directo del orden del 6% del PIB y un gasto potencial indirecto del 10%.

Semejantes transfusiones y euforizantes han tenido dos tipos de efectos. Por una parte, el mayor gasto público contribuyó a paliar las caídas del PIB y del empleo que se han venido observando hasta el momento. Por otro, la montaña de liquidez generada se canalizó hacia los mercados financieros y –con un tipo de interés por los suelos– favoreció el repunte de las bolsas y de los precios de las materias primas, pues se reprodujo la consabida espiral de compras y cotizaciones en alza que se apoyan mutuamente, algo característico de las “burbujas”. Y a la vez que nuestros políticos saludan las subidas bursátiles fruto de los propios euforizantes administrados, los analistas tratan de justificarlas aduciendo que los pobres resultados empresariales de este primer semestre de 2009 fueron “menos malos” de lo previsto. Sin embargo la caída de la demanda, que ha venido forzando a las empresas a salvar sus resultados recortando costes y despidiendo personal, desanima su inversión en plantas y equipos e incentiva su inversión especulativa en compra de empresas y productos financieros. Se divorcia, así, la nueva euforia financiera del continuado declive de la “economía real” (y aumento del paro) sobre todo en la economía española, que ha de purgar los excesos de su particular aquelarre inmobiliario.

Pero el desplome de los ingresos tributarios, con caídas del 30% anual arrastradas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, amenaza con elevar el déficit presupuestario a niveles inaceptables en la UE y exige corregirlo, ya aumentando impuestos, eliminando desgravaciones y/o recortando el gasto público. El principal problema coyuntural estriba en que el desplome de la recaudación de impuestos ha enfriado la alegría del gasto público antes de que la “economía real” repunte y el paro decrezca, recordando que el saneamiento acentuará la fase depresiva del ciclo y que alguien tendrá que pagar todo esto.

José M. Naredo. Economista y estadístico

Fuente: Público

ATTAC exige al Gobierno medidas fiscales progresivas y de fomento del empleo digno

ATTAC lleva años explicando y advirtiendo que la creciente financiarización y desregulación de la economía, con la única finalidad de acumular dinero y poder, acabaría generando una profunda crisis global de insospechadas consecuencias. Hoy ya podemos afirmar que el neoliberalismo salvaje que ha dominado el pensamiento y las políticas de los gobiernos más influyentes del planeta, ha fracasado. Ni los mercados se autorregulan, ni las privatizaciones de servicios públicos han resultado beneficiosas para la población, ni, por supuesto, reducir los ingresos del estado mediante políticas fiscales regresivas, ha garantizado el bienestar social.

Naturalmente esta crisis tiene conocidos y directos responsables. Los grandes gestores de las corporaciones financieras que se han dedicado a la especulación descontrolada, canalizando recursos desde la economía real a la financiera e “inventando” cada minuto nuevos productos financieros tan opacos como ficticios que han acabado explotando, creando la mayor crisis financiera y de liquidez desde la de 1929. Así, “vendiendo prosperidad”, han impulsado a las clases medias de los países desarrollados a un consumo febril, facilitándoles crédito, haciéndoles caer en un excesivo endeudamiento, que en momentos de crisis como el presente no han sido capaces de hacer frente. Falsa ilusión de “prosperidad” que contrasta dramáticamente con la tremenda pobreza que padecen demasiados países de la Tierra. A la vez, se están abriendo ventanas de esperanza, especialmente en países de América Latina, y aún en medio de contradicciones y dificultades, renace con fuerza un pensamiento liberador y solidario, dispuesto a estimular un movimiento mundial que apueste por la justicia social.

Esta crisis ha sido especialmente sangrante en el Estado Español. Sus efectos están siendo demoledores. La engañosa bonanza de un crecimiento basado en la especulación inmobiliaria, facilitada por una política urbanística que declaraba edificable cualquier metro cuadrado de nuestro suelo, incitó a los promotores a fabricar cientos de miles de viviendas -varias veces más de las necesarias- que, gracias a las facilidades crediticias imperantes -préstamos incluso por más importe que el de la tasación de los inmuebles hipotecados- se vendían todas a precios en permanente alza. Con márgenes comerciales que sobrepasaban el 150% de su coste -en ello estaba la precariedad laboral y bajos salarios que se pagaban-, además de garantizar el incremento espectacular de los beneficios empresariales, se consolidaba así un modelo intensivo en mano de obra poco cualificada que ofrecía cifras demasiado apetecibles para el gobierno de turno de un aumento casi constante del empleo. La concentración del ahorro en este modelo, olvidando apostar por innovadoras actividades industriales y de servicios avanzados de mayor valor añadido y una más profunda cualificación del empleo, ha sido determinante para que hoy estemos así: en una gran burbuja que nos ha explotado entre las manos.

ATTAC denuncia una vez más que han sido las ideas neoliberales las que han provocado esta situación. Lo peor ha sido que una parte importante de la izquierda en prácticamente toda Europa ha sucumbido ante este empuje neoliberal, olvidándose de poner en valor los principios que la han definido: la solidaridad, la igualdad y el reparto justo de la riqueza.

Los Estados han concedido grandísimas subvenciones a los bancos y a las grandes empresas transnacionales, y les han rebajado los impuestos al igual que a las grandes fortunas, pero también a sectores acomodados de las clases medias y la pequeña burguesía. Y son estos mismos sectores los que exigen y consiguen más rebajas de impuestos, afirmando que así se favorece el empleo, cuando en realidad el aumento del paro seguirá de forma “imparable”, al menos por ahora y mientras se sigan aplicando recetas neoliberales.

ATTAC quiere denunciar ante la ciudadanía la nula voluntad del Gobierno de España para avanzar en un sistema fiscal verdaderamente progresivo, donde el grueso de la recaudación impositiva provenga de las rentas del capital y el trabajo de las clases altas. Por el contrario, se sigue dando oxígeno a la actividad financiera y especulativa del gran capital y de los paraísos fiscales. Y como muestra el reciente anuncio de subida de impuestos, que no afectará a las SICAV (Sociedades Anónimas de Inversión de Capital Variable), que sólo tributan al 1%, y donde 440.000 accionistas muy ricos poseen un capital mobiliario de casi 25.000 millones de euros, el equivalente al que disponen 17 millones de hogares en España cuyos rendimientos de capital tributan al 18%.

ATTAC pide el fin de las privatizaciones de los Servicios de Interés General y del Sector Público, y reivindica los servicios públicos como una medida de fomento de empleo digno, pero también de mejora en las prestaciones básicas y de reactivación económica.

ATTAC cree imprescindible la creación de un sistema financiero con verdadera vocación de servicio público que reactive la economía productiva, apoye a la economía social y a las Pymes, garantizando las necesidades de las familias y las y los trabajadores, así como el control social y democrático del sistema financiero en su conjunto.

ATTAC cree imprescindible ya la implantación de la llamada Tasa Tobin, dado el carácter internacional de la crisis, y la adopción de medidas impositivas y reguladoras globales en el sentido de lo manifestado en la Asamblea del G-192 de la ONU, ante la ineficacia del G-20 y la insolvencia del G-8.

ATTAC denuncia las campañas contra los impuestos que predican la insolidaridad y exige del Gobierno de España, no solo que no ceda, sino que dialogue con amplios sectores sociales, sindicales y políticos comprometidos con avances sociales y redistributivos.

ATTAC pide a la ciudadanía que no se deje engañar por cantos de sirena de los que verdaderamente han creado esta crisis y la explosión del paro, y exija medidas que favorezcan los intereses populares y de las clases trabajadoras, mediante hechos que conduzcan a la justicia fiscal y de REPARTO justo de la riqueza.

Es la hora de movilizarnos y tomar el destino en nuestras manos. Es la hora de exigir a los Sindicatos que no defrauden a las y los trabajadores, en especial los parados y los precarios y precarias. Es la hora de frenar propuestas para salir de la crisis favoreciendo aun más a los poderosos y subvencionando a los causantes de la crisis, mientras se discuten políticas tendentes a apoyar a los parados y paradas excluidos, y tan solo se les conceden cicateras ayudas, tremendamente condicionadas.

Es la hora de no dejarse engañar y comenzar a reaccionar, en caso contrario las salidas a la crisis ni serán democráticas, ni ayudarán a construir un mundo más justo.

SICAV: una reforma necesaria

El Gobierno acaba de anunciar su intención de incrementar la tributación de las rentas de capital en el IRPF. Actualmente, los rendimientos de capital, intereses, dividendos… tributan al 18%, frente a la tributación de las demás rentas, fundamentalmente rendimientos del trabajo, que tributan a un escala progresiva del 24 al 43%. Con independencia del efecto recaudatorio, imposible de calcular, pues no se sabe cuánto subirá esta tributación, a algunos les ha parecido un avance en la justicia fiscal. Otros, en cambio, han considerado que supone un agravamiento de la brecha entre el ciudadano de a pie, que paga un 18% por sus rendimientos de capital, y las grandes fortunas que tributan al 1% mediante el instrumento de las SICAV.

Para tener una opinión fundada sobre este tema es imprescindible conocer qué es teóricamente una SICAV, para qué se utiliza en la práctica y qué importancia económica tiene. Una SICAV, sociedad de inversión de capital variable, es –o mejor dicho, debería ser– una Institución de Inversión Colectiva, cuya finalidad es la inversión en los mercados financieros. Tiene requisitos mínimos de capital y, sobre todo, debe contar con 100 inversores como mínimo (por eso debería ser colectiva). Por esa razón, goza del régimen de instituciones de inversión colectiva: tributación al 1% y después al 18% sobre los dividendos o ganancias de capital cuando el inversor retira el dinero. Este es el mismo régimen fiscal que cualquier fondo de inversión, y muy similar a invertir de forma individual en bolsa, por ejemplo. El fundamento de que cualquier institución de inversión colectiva tribute al 1% es que es un vehículo neutro de inversión, en el que el inversor pierde el control de su dinero hasta que desinvierte o recibe un dividendo y, en ese momento, tributa como si hubiese vendido los productos financieros que adquirió a través del fondo. Sin embargo, si un solo inversor tiene el control total del fondo, este ya no es una institución de inversión colectiva, y el inversor nunca pierde el control sobre su dinero. Hasta aquí la teoría. En la práctica, las SICAV se utilizan exclusivamente para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios. En este momento hay cerca de 3.369 SICAV, con un patrimonio bajo gestión de más de 27.000 millones de euros (casi 4,5 billones de pesetas).

La pregunta que inmediatamente le surgirá al lector es cómo se transforma una institución de inversión colectiva en gestión individual de carteras. La respuesta es sencilla: introduciendo 100 inversores, que realmente no invierten; teniendo el control absoluto una sola persona o, como mucho, un grupo familiar. En el argot financiero, a estos inversores ficticios se les conoce como mariachis. Se les llama así, parafraseando la ranchera: “Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley…”. Ante esta situación generalizada, la Inspección de Hacienda inició en 2005 un plan de control de estas entidades. En la casi totalidad de los casos, la Inspección consideró que la mayor parte de los inversores eran ficticios, y levantó acta, exigiendo la diferencia entre el 35% al que tributaban entonces las sociedades y el 1% que habían aplicado indebidamente.

El resultado de las inspecciones no pudo ser más desalentador: las Cortes Generales le quitaron la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda, trasladándosela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Posteriormente, el Tribunal Económico Administrativo Central fijó doctrina, considerando esa modificación retroactiva y anulando, en consecuencia, todas las Inspecciones. Desde ese momento, la CNMV nunca ha considerado que una SICAV no cumpla los requisitos. En nuestra opinión, y con la perspectiva que da el paso del tiempo, lo más grave no es la tributación al 1%, sino los medios por los que se consigue. No es de recibo que en un Estado de Derecho los beneficios tributarios se consigan contratando mariachis, es decir, inversores ficticios, lo que en otros ámbitos se denomina testaferros. En segundo lugar, no se puede compartir que el único beneficio fiscal que no fiscalice la Inspección sea precisamente el tipo del 1% de las SICAV. Ante esta situación, la revisión del sistema de tributación de las SICAV debería formar parte de lo que la vicepresidenta ha denominado “revisión global del sistema tributario”. En este tema hay que conjugar dos intereses. En primer lugar, no se puede volver a dar eficacia retroactiva a una modificación, ya que podría tener un efecto negativo en la localización de los capitales inversores en España. En segundo lugar, es necesario dar un mínimo de legitimidad al sistema, estableciendo una tributación que, aunque sea beneficiosa, no sea puramente simbólica y, en consecuencia, absolutamente
escandalosa.

En este tema hay que tener presente que, aunque el gran capital sea volátil, la localización de SICAV en España no garantiza que inviertan sus recursos en España. Las SICAV invierten en diversos mercados, ya que hay libertad de circulación de capitales. Si lo que conocen las grandes fortunas es el mercado español, seguirán invirtiendo aquí, aunque sea desde otras plataformas. Además, deslocalizar no es fácil no es barato y, en cualquier caso, no está exento de riesgos. Además, aunque alguna se deslocalice, no se perderá una gran recaudación.

En conclusión, dar un tratamiento fiscal más razonable a las SICAV no permitirá obtener una recaudación ingente que pueda solucionar la situación fiscal, pero sí permitirá que exista una mayor conciencia tributaria de los ciudadanos, lo que es imprescindible para luchar contra un elemento que parece estar detrás de la gran caída recaudatoria: el fraude fiscal.

Francisco de la Torre Díaz es Portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)

Fuente: Público

Las mujeres en el cambio de modelo productivo

Este otoño podría tener como protagonista, por fin, el gran debate pendiente sobre el cambio de modelo productivo, pues su necesidad parece ser el único acuerdo unánime entre todos los agentes sociales. Tras muchos meses de medidas dispersas y cortoplacistas, la sociedad española parece haberse convencido de que esta crisis es una oportunidad para abordar los problemas estructurales que aquejan a nuestra economía. Así pues, no puede ser más pertinente la propuesta de una Ley de Economía Sostenible por parte del Gobierno

¿Estará la igualdad de género presente en este debate? A juzgar por las declaraciones, debería tener un lugar central. Todos los políticos relevantes (y por supuesto las políticas) han afirmado ya que la desigualdad es socialmente injusta y económicamente ineficiente.

Tenemos una población femenina altamente formada cuyo capital humano se despilfarra en precariedad, subempleo, contratos a tiempo parcial, inactividad, economía sumergida y desempleo, fenómenos que lastran el funcionamiento del mercado de trabajo y merman la productividad. Para pasar del ladrillo al ordenador, podríamos empezar por no seguir despilfarrando el capital humano existente. La pobreza infantil, los problemas demográficos o la violencia machista también están intrínsecamente relacionados con la marginación y la falta de autonomía de las mujeres, así en España como en Afganistán. En definitiva, como repiten todos los organismos internacionales aunque sólo cuando de estos temas se trata, la eliminación de las desigualdades de género es necesaria para un desarrollo humano, social y económico sostenible a nivel mundial.

Una vez reconocidos los problemas, hay que identificar cuál es el modelo de sociedad al que queremos dirigirnos a medio/largo plazo, para así planificar las reformas estructurales necesarias. Resulta aquí imprescindible preguntarse si es posible hoy una sociedad que integre a las mujeres (incluyendo muy especialmente a las mujeres inmigrantes y a las mujeres jóvenes) sin eliminar la división sexual del trabajo.

En otro momento histórico quizás fuera comprensible el sueño de una sociedad en la que las mujeres siguieran siendo las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidados, aunque con normas rígidas para proteger sus empleos y con generosas prestaciones compensatorias a cargo de los presupuestos públicos.

Este modelo (denominado por Diane Sainsbury de separación de roles de género) ha demostrado su fracaso aún en países como Noruega, con un mercado de trabajo altamente regulado y con un elevadísimo gastopúblico, pues no ha conseguido ni compensar a las mujeres ni evitar la segregación horizontal y vertical del empleo. Pero es que la configuración actual de los mercados de trabajo hace que esa vía sea hoy inimaginable. Al contrario, el intento de blindar los empleos de las mujeres provoca aún más segregación, ya que se traduce para los empresarios en costes extra-salariales que se unen a la ya mayor probabilidad de ausencias femeninas para tareas de cuidados. Así, sobre todo en presencia de un exceso de oferta masculina más flexible, la aversión al riesgo aconsejará contratar hombres para los puestos estables y de responsabilidad.

Intentar mantener al 50% de la mano de obra a golpe de subvención no solamente resulta ineficiente sino que es imposible. En lugar de ello, basta con eliminar la causa de su vulnerabilidad, que no es ni más ni menos que su mayor dedicación al cuidado.

Esta eliminación de los roles de género, antes impensable, está ya en el imaginario colectivo. La incorporación de los hombres a las tareas domésticas, junto con buenos servicios públicos y horarios más cortos a tiempo completo, se perfila como una condición sine-qua-non para la incorporación de las mujeres al empleo de calidad por su propio pie, sin que ni ellas ni nadie tengan que sacrificar su carrera profesional ni su vida personal.

De paso, pero muy importante, no viene nada mal que la otra mitad arrime el hombro por igual en lugar de despilfarrar su capital cuidador, y más en tiempos de crisis económica y demográfica.

Por último, hay que computar las externalidades positivas de un cambio en el modelo actual de comportamiento masculino, pues este comportamiento diferencial provoca enormes problemas humanos y económicos en ámbitos tan variados como el fracaso escolar, la conducción temeraria o la violencia de género.

Afortunadamente, la división sexual del trabajo está deslegitimada y hoy la mayoría de la ciudadanía española se identificaría con un modelo de sociedad de personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad (individual earner/carer según Sainsbury). Así pues, basta con orientar las políticas públicas a ese modelo de sociedad. Para ello disponemos de muchos estudios sobre los efectos de unas y otras medidas, pues en las últimas décadas se ha acumulado una gran experiencia internacional y se ha desarrollado enormemente la investigación sobre el impacto de las políticas públicas.

El problema no es que se alcen voces contra estos objetivos, sino que se ignoran cuando se trata de política económica. Y ese olvido no sólo puede llevarnos a retrasar el cambio sino, lo que es mucho más grave, a caminar irreversiblemente en sentido contrario. Por ejemplo, la promoción del contrato a tiempo parcial es una causa de precariedad femenina y de ineficiencias en el mercado de trabajo, pero además establece una norma muy difícil de revertir.

Cuando Holanda o Suecia están luchando contra esta lacra social y económica, no parece muy razonable caer en ella. Igualmente, ya se está estableciendo la norma de que el cuidado de dependientes se resuelve por la vía de la paguita' a las cuidadoras familiares, inicialmente prevista como excepcional en la Ley de Dependencia. La crisis, que es una oportunidad para cambiar el modelo, también puede acentuar el impacto de estas medidas perjudiciales para las mujeres y para la economía.

El programa de reformas necesario para el cambio de modelo está esencialmente contenido en el manifiesto Feminismo ante la crisis, promovido por 28 entidades y 400 personas a título individual (www.feminismoantelacrisis.com). No todas las propuestas suponen un aumento del gasto público. Al contrario, se propone la eliminación de figuras regresivas como la tributación conjunta en el IRPF, lo que ya aconseja hacer la propia Exposición de Motivos de la vigente Ley 35/2006 del IRPF, y lo que supondría un considerable ahorro fiscal. Otras medidas han sido ya promesas electorales, como la universalización de la educación infantil desde los cero años; y otras, como los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, responden a una demanda a la que ningún agente social se opone explícitamente.

Pero el mayor enemigo de las reformas estructurales es, junto al cortoplacismo, el de las resistencias no declaradas, de las que ya se lamentaba Clara Campoamor en su libro Mi pecado mortal, recordando cómo sus razones en pro del voto femenino ni se rebatían ni se apoyaban sino que simplemente se acallaban.

Por ello, el mejor escenario imaginable es el que avanza la vicepresidenta Económica al declarar que "todas, absolutamente todas las figuras tributarias están en revisión". Ojalá sea así y, por fin, se configure el pacto social para el New Deal inclusivo, feminista, ecológico y demográficamente viable que tantas personas estamos reclamando.

María Pazos Morán es investigadora del Instituto de Estudios Fiscales y autora del libro Economía e Igualdad de Género: Retos de la Hacienda Pública en el Siglo XXI.

Fuente: El País