viernes, 17 de junio de 2011

Las ignoradas causas del paro

Uno de los dogmas neoliberales que se reproducen con más frecuencia en los círculos empresariales y financieros (y ahora –con la reforma aprobada por el Gobierno Zapatero– en los círculos políticos dominantes) es el de atribuir el elevado desempleo en España a supuestas rigideces del mercado de trabajo, consecuencia de un excesivo poder de los sindicatos. Esta postura se promueve en los medios de mayor difusión y se ha convertido en la sabiduría convencional del país. De esta interpretación de las causas del desempleo se concluye que la intervención más eficaz para resolverlo consiste en desregular los mercados laborales, diluyendo el papel de los sindicatos en los convenios colectivos y facilitando el despido de los trabajadores.

Lo que es sorprendente es que esta explicación del elevado desempleo se promueva en los medios de información, cuando la evidencia empírica existente la cuestiona ampliamente. En realidad, tal evidencia forzó a la OCDE (institución neoliberal que promovió esta teoría) a desautorizar su famoso informe Jobs Study Report del año 2004, donde se proponía la desregulación de los mercados de trabajo como la medida más eficaz para reducir el desempleo. En aquel informe se decía que la dificultad en despedir a los trabajadores con contrato fijo (los llamaba los insiders) hacía que los empresarios fuesen reacios a contratar a los que no tenían trabajo (los llamados outsiders).

La evidencia, repito, no avala tal teoría. En primer lugar, no hay que confundir (lo cual ocurre constantemente) la tasa de desempleo con la tasa de crecimiento del desempleo. Son dos indicadores distintos. La primera es elevada, en general, cuando no hay suficientes puestos de trabajo disponibles para la gente que quiere trabajar. Y esto es lo que ha ocurrido desde hace bastante tiempo y explica por qué siempre España, incluso en tiempos de bonanza económica, tiene un elevado desempleo. Y una de las mayores causas de la falta de puestos de trabajo es el escaso desarrollo del sector público y, muy en particular, de los servicios públicos del Estado del bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios de ayuda a las personas con dependencia, vivienda social y otros servicios. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta que trabaja en tales servicios (hoy es el 9%) que tiene Suecia (25%), tendría más de cinco millones de puestos de trabajo más de los que tiene ahora, cifra que es superior, por cierto, al número de desempleados que tiene ahora España, con lo cual el desempleo no existiría. Tales puestos de trabajo podrían financiarse con los 200.000 millones de euros más de los que recibe el Estado español (tanto central como autonómico y municipal) si este tuviera la política fiscal que tiene Suecia.

El problema, pues, no es económico, sino político, y ello aparece con toda claridad cuando analizamos quién paga impuestos en España. La gran mayoría de impuestos procede de las rentas del trabajo. La población que está en nómina paga, en general, unos impuestos que proporcionalmente son semejantes a los impuestos de sus homólogos en la UE-15, y sólo ligeramente inferiores a los que pagan sus homólogos en Suecia. El trabajador de Seat, por ejemplo, paga en impuestos el 75% de lo que paga el trabajador de Volvo. Quienes no pagan son las rentas superiores. Los ricos y los grupos fácticos (banca y gran patronal) españoles pagan en impuestos sólo el 20% de lo que pagan sus homólogos en Suecia. El enorme poder político y mediático de estos últimos da lugar a las políticas fiscales regresivas que explican, en parte, los bajos ingresos al Estado y la escasa creación de empleo público. Es necesario y urgente aumentar los impuestos y su progresividad creando empleo (y reduciendo el déficit social de España, que tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15).

Como decía, la tasa de desempleo es un indicador distinto a la tasa de aumento del desempleo. Los países, junto con España, que han tenido mayor crecimiento del desempleo durante la crisis han sido EEUU e Irlanda. España ha tenido de 2007 a 2009 un crecimiento de 12 puntos en su desempleo; Irlanda de 9,7 puntos y EEUU de 4,7 puntos. Y EEUU e Irlanda son los países que tienen mayor desregulación del mercado de trabajo. En ellos, el empresario puede despedir con toda facilidad y los sindicatos son muy débiles. El único país de la OCDE que ha visto continuar el descenso de su desempleo ha sido Alemania, y ello a pesar de que tuvo uno de los colapsos económicos más marcados de su PIB durante la crisis, el cual cayó en picado un 4,7% (mucho más que EEUU, un 2,7% del PIB, y que España, un 3,7%) como consecuencia de la disminución de sus exportaciones, resultado de la recesión mundial. Y Alemania es uno de los países que tienen los mercados laborales más regulados y unos sindicatos más fuertes. En realidad, la cogestión empresarial, con los trabajadores y sus sindicatos representados en los comités de dirección de las empresas, explica que estas, al ver disminuir las demandas de sus bienes y servicios, hayan escogido reducir el tiempo de trabajo de cada trabajador en lugar de despedirlos. En España, sin embargo, el empresario despide, lo cual no sólo tiene un coste humano y social, sino un coste económico, pues el trabajador a largo plazo pierde conocimientos y facultades que necesitará más tarde para emplearlo de nuevo.

Facilitar el despido en tiempos de recesión aumenta el desempleo, pues el empresario se adapta a la reducción de la demanda disminuyendo su fuerza de trabajo. Esto es lo que está pasando en España. Y las políticas públicas (de clara sensibilidad neoliberal) que se están aprobando por el Estado lo están facilitando.

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC

Fuente: Público

martes, 14 de junio de 2011

Especulación financiera. Las ‘manos muertas’

Una gran masa de dinero mundial está en manos muertas. Unas manos dedicadas a especular con las deudas públicas, con los precios de mercancías futuras, con títulos bursátiles cuya sustancia no les importa, cuando no a jugarse billones en la evolución de los precios de entes reales o jurídicos sin poseer ningún título de propiedad, siquiera transitorio, sobre ellos. No se trata, en puridad, de mercados financieros, sino de juegos de apuestas que generan inestabilidad económica y, sobre todo, pobreza. Esa especulación enriquece a las manos muertas al tiempo que empobrece los bienes públicos creados por el trabajo de generaciones, incrementa las deudas públicas y destruye no sólo los empleos sino las posibilidades de crearlos.

Es necesario desamortizar, acabar con las manos muertas de la especulación. Canalizar el dinero hacia inversiones productivas. He aquí algunas sugerencias:
Es preciso limitar la especulación en el mercado de capitales. Para ello hay que determinar que se compre y se venda en ese mercado con plazos determinados. No se debe permitir que en un mismo día se realicen varias operaciones sobre títulos que representan el capital de una empresa, o sus deudas a medio y largo plazo, o se vendan y se recompren varias veces en el mismo día títulos de deuda pública con vencimiento aplazado. Esas operaciones especulativas generan movimientos bursátiles que pagan incluso quienes no operan en bolsa. Porque los altibajos de las expectativas económicas se traducen en empleos y ajustes y en el alza de las primas de riesgo de la deuda pública. Una nueva regulación debe gravar fortísimamente los beneficios de ese tipo de operaciones intradía o simplemente prohibirlas.

A un capitalismo menos destemplado le convendría que los mercados fueran “mercados de capitales”, no agrupaciones especulativas. La invención de las sociedades anónimas y de las bolsas le facilitó a este sistema el crecimiento económico: pequeños capitales, incapaces por sí solos de emprender nada, se unían en proporciones alícuotas; y la bolsa moderna nació para crear grandes capitales a partir de aportaciones pequeñas. Se trata de adoptar medidas para que los mercados dejen de ser agrupaciones especulativas que se imponen a los poderes políticos y vuelvan a ser mercados de capitales que se invierten productivamente. Ciertamente, los problemas no terminan aquí, pero esta es una condición esencial. Para ello se debe gravar fiscalmente los beneficios de los bancos en sus actividades no crediticias. El dinero que se deposita en los bancos se puede dedicar, básicamente, a dos cosas: a crédito o a inversiones en los denominados mercados. Pues bien: los beneficios de lo primero no pueden equivaler a los de lo segundo. Si se gana en inventos especulativos se debe tributar mucho más que si se hace en crédito. Porque el riesgo del crédito lo corre el prestador, pero el de la especulación lo corremos todos.

La especulación es peligrosísima. Los grandes bancos estadounidenses, británicos, alemanes, irlandeses e islandeses que quebraron en 2008 no cayeron por el impago de sus créditos, sino por sus inversiones en instrumentos financieros (“titulizaciones”, “derivados”, fondos especulativos). Los estados soberanos que asumieron sus pérdidas –en vez de dejarles quebrar– las trasladaron a sus servicios sociales, recortando de ahí. Y además exigieron, y exigen, que todos los países, especialmente los más débiles, paguen sus deudas con los bancos de los países centrales. Eso, en un contexto de crisis –descenso de la actividad productiva y de ingresos fiscales–, ha implicado e implica reajustes económico-sociales brutales.

También hay que limitar los objetos de inversión de los llamados fondos de inversión y regular fiscalmente sus beneficios. Los fondos de inversión se han convertido en la forma moderna del ahorro neoliberal. En sus versiones más extendidas agrupan ahorros muy pequeños, incluidos planes de pensiones modestos, y consiguen reunir así capitales importantes. No serían un problema sistémico si esos capitales se invirtieran en actividades productivas o en deuda pública. Pero la inversión especulativa los convierte en problemáticos. Los fondos suelen invertir en lo que se llama futuros, esto es, en apuestas sobre los precios futuros de ciertos bienes físicos. De la producción física de esos bienes –por ejemplo, cacao, café, materias primas– vive –o sobrevive– mucha gente. Las apuestas sobre los precios tienen un efecto devastador al influir en la cotización de las divisas y tienen otras consecuencias económicas que se manifiestan al cambiar el signo de la tendencia especulativa. Los fondos desregulados son los reyes del daño colateral: muchísimas personas ajenas a su existencia resultan damnificadas cuando las burbujas explotan, pero no se benefician de ellos cuando sus negocios van bien. La fiscalidad sobre los beneficios de los fondos es mucho más suave que la que grava las rentas del trabajo: en España el PP y el PSOE han estado de acuerdo en que la cotización máxima de aquellos sea el 20%, muy por debajo de la cotización media de las rentas del trabajo. Esta fiscalidad carece de equidad.

La vigilancia pública sobre el crédito es también esencial. La del Banco de España sobre los bancos no se ha extendido a las cajas de ahorros. Otra cuestión: cualquier gobierno de países como el nuestro debe abogar por el establecimiento de la tasa Tobin sobre las operaciones financieras internacionales. También debe respaldar una intervención sobre el FMI y el Banco Mundial por su mala gestión en esta crisis, y una regulación de las agencias de calificación, que ahora son poco más que lobbies de los especuladores.

Lo que está ocurriendo no es complicado de descifrar. Y tampoco es imparable. Si hay voluntad política para ello se puede reconducir.

Miguel Ángel Lorente y Juan Ramón Capella son coautores de ‘El crack del año ocho’

Fuente: Público

domingo, 12 de junio de 2011

La teoría económica del 15-M

Las clases dominantes y sus intelectuales orgánicos (la mayoría de los economistas) poseen una capacidad ilimitada para manipular la realidad y transformar los ataques dirigidos a destruir sus privilegios en castillos para su defensa. Así está ocurriendo con la crisis económica actual. Cuando parecía evidente que esta dejaba al descubierto las deficiencias de la ortodoxia imperante y la necesidad, por tanto, de replantearse los dogmas y fundamentos del sistema (“refundar el capitalismo”, llegó a decir Sarkozy), lejos de eso, el sistema se enroca más y más y avanza en la línea más dura. No son los dogmas del neoliberalismo económico los que se están revisando sino que, muy al contrario, se dan dos o tres vueltas más de tuerca para la destrucción del Estado social.

Un peligro parecido amenaza al movimiento 15-M. En el diario El País (suplemento de Negocios) del pasado domingo 3 junio se publicó un artículo titulado “La teoría económica del 15-M” (http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/teoria/economica/15-M/elpepueconeg/20110605elpneglse_5/Tes). Don Ángel Ubide, que firma como investigador visitante del Peterson Institute for International Economics en Washington, nos ofrece una interpretación del movimiento la mar de original.

Comienza poniendo como uno de los mayores ejemplos de hipocresía la famosa frase del capitán Renault en la película de Casablanca, "Estoy sorprendido, sorprendido al descubrir que se juega en este local", y a este tartufismo equipara la actitud de los que se han sorprendido de la indignación mostrada en las principales ciudades de este país por los manifestantes del 15-M. Hasta aquí todo correcto.

El problema surge cuando comienza a explicar las razones de la protesta, porque me temo que es precisamente su artículo el que puede equipararse a la postura mostrada por el capitán Renault. La mayoría, por no decir la totalidad, de los que estos días se han manifestado rechazarían de plano los planteamientos del señor Ubide. Comienza reduciendo la contestación a un movimiento juvenil, cuando en él han participado personas de todas las edades; y si es verdad que, en proporción, ha sido mayor el número de jóvenes, especialmente según iban transcurriendo los días, se debe tan solo a que en líneas generales se encuentran más libres y son más proclives a este tipo de actuaciones. No obstante, la simpatía que mayoritariamente han despertado en la sociedad muestra bien a las claras que sus demandas eran generales y que muchos (de todas las edades) de los que estaban ausentes de la Puerta del sol o de la Plaza de Cataluña se sentían representados en sus reivindicaciones por los que allí se concentraban.

Para el señor Ubide todo el problema radica en una gran injusticia intergeneracional, ya que los culpables de que el paro juvenil alcance casi el 50 por ciento son los trabajadores que aún continúan empleados. Los cinco millones de parados deberían repartirse de forma más equitativa entre todas las edades. Son curiosas las artimañas que en la actualidad nos inventamos para encubrir los enfrentamientos entre las clases sociales. En su lugar, manejamos la lucha de sexos, de regiones o incluso entre los distintos grupos de trabajadores. Así se hace pasar a los empleados públicos por privilegiados y se les enfrenta a los del sector privado. Se contraponen los intereses de los parados a los de los ocupados. Este fue el argumento que en su día se utilizó para flexibilizar el mercado laboral creando más y más tipos diferentes de contratos temporales. Desde hace algunos años, se pretende enfrentar a los trabajadores temporales con los indefinidos propagando la tesis de que la causa de la precariedad se encuentra en la elevada indemnización por despido.

Para el señor Ubide la protesta del 15-M no es contra una democracia fantasmagórica, convertida en farsa, ni por una fraudulenta ley electoral. Los indignados, en su opinión, no están en contra de la libre circulación de capitales que convierte a los mercados (léase los dueños del dinero) en dictadores y tiranos de la sociedad. No se protesta por la burbuja inmobiliaria, ni por la actuación de las entidades financieras, ni por las hipotecas, ni por los recortes sociales, ni por la injusta distribución de la renta. La causa de la protesta hay que buscarla en un mercado laboral excesivamente rígido y con altos costes salariales.

Según el señor investigador visitante, estos chicos tienen razón. Hay que dar respuesta a las reivindicaciones del 15-M. Para él la solución es clara: flexibilicemos (desregularicemos) aún más el mercado laboral, abaratemos de nuevo el despido, creemos un tipo único de contrato, es decir, convirtamos todos los contratos en temporales. Hay que reducir aún más los salarios y para ello nada mejor que ir a convenios de empresa y eliminar la llamada ultraactividad de estos, algo tan extraño y deplorable como pretender que si no se firma un nuevo acuerdo permanezcan los anteriores. ¡Qué normativa más injusta! Con lo bien que les vendría a los empresarios que tan solo con plantarse y no firmar ningún nuevo convenio desapareciese todo lo anteriormente pactado y los trabajadores quedasen en la cuerda floja.

Supongo que la mayoría de los miembros y manifestantes del 15-M no habrán leído el interesante artículo del señor Ubide. Menos mal, porque si no a más de uno le habría dado un infarto. No es fácil superar el récord conseguido en retorcer la realidad, convertir el 15-M en una proclama de las reivindicaciones empresariales. ¡Qué asesor ha perdido Luis XVI. De haber vivido en esa época el señor Ubide hubiese transformado la Revolución Francesa en una manifestación a favor de la monarquía.

J. F. Martín Seco
Attac


jueves, 9 de junio de 2011

NO a Ley de Reforma de la Negociación Colectiva.

El próximo día 10 de junio el gobierno presentará el proyecto de ley de reforma de la negociación colectiva en el Consejo de Ministros, tras la ruptura de las negociaciones entre la patronal y los sindicatos mayoritarios.

Esta ley, de aprobarse, nos afectaría a todxs, siendo éste un resumen de los puntos básicos.

* Flexibilidad interna: Esto implicaría “la modificación de las condiciones establecidas en convenio, aunque sea de forma temporal”, por ejemplo, mediante la bajada de sueldos, aumento del horario laboral, cambio en los sistemas de remuneración o rendimiento, o de los sistemas de organización del trabajo, descolgándose de los convenios vigentes o presentando expedientes de regulación de empleo (ERE).

* Convenios colectivos sectoriales o convenios de empresa: Los empresarios quieren aumentar el poder de la dirección de una compañía en las decisiones internas y decidir sin condiciones sobre asuntos como los salarios, las jornadas o la movilidad funcional y/o geográfica.

* Prórroga de los convenios colectivos: La patronal pide poner fin a la prórroga automática de todo su contenido hasta que se logre un nuevo acuerdo. Esto dejaría desvalidos a los trabajadores en el caso de que no se llegase a un acuerdo con la patronal.

* Fijación de los salarios a la productividad: De este modo, la marcha de la empresa o del sector, o la situación del mercado, determinarían el salario a cobrar por cualquier trabajador.

* Descuelgue: A petición de la CEOE y del CEIM, las empresas podrían descolgarse de las condiciones salariales de un convenio.

* Único modelo de contrato laboral estable: Entre las propuestas del CEIM estaba ésta, según la cual habría una única modalidad de contrato con una indemnización de 20 días por año de servicio y máximo de una anualidad, sea la extinción por causa económica o declarada improcedente.

* Contrato en prácticas: Ampliación del contrato en prácticas a tres años para todos los titulados

Fuente: DRY. Madrid
http://democraciarealyamadrid.blogspot.com/2011/06/no-ley-de-reforma-de-la-negociacion.html

martes, 7 de junio de 2011

Poner fin a los paraísos fiscales

Riesgo de desaceleración económica. Lo dice el G20, grupo de 19 países emergentes y ricos más la Unión Europea. El Banco Central Europeo (BCE), además, está muy preocupado por el aumento de la inflación, cinco décimas en la región del euro. El G20 alarma un poco y el BCE amenaza con subir los tipos de interés. El Banco Central de España, para más inri, al conocer que los precios de octubre habían aumentado un poco, propuso moderación salarial. Más? Según la propia OCDE, en siete años, desde 1999 a 2006, los costes laborales aumentaron en España un ridículo 3,7%. En este mismo período, los beneficios empresariales crecieron un 73%.

¿Hay que decir más? La desmesurada preocupación por la inflación y la desaceleración económica quizá camufle problemas más serios que gangrenan de verdad la economía global. Por supuesto que la inflación desbocada es un peligro real para los ciudadanos de a pie, para pequeñas y medianas empresas. Y una recesión económica notable conlleva sufrimiento para la mayoría de ciudadanos, pero subir a los altares la inflación y el crecimiento económico apesta.

Habría que recordar, por ejemplo, que Brasil creció durante todos y cada uno de los años del siglo XX, pero también aumentaron los pobres y la desigualdad: una minoría riquísima y una mayoría paupérrima. Y no es el único caso. Quizás haya otras razones, además de la inflación, que la economía no funcione nada bien y la riqueza del mundo esté tan mal repartida.

¿Por qué no se preocupan un poco, sólo un poco, los Bancos Centrales, G8, G20, FMI, Banco Mundial, OCDE, OMC y compañía de meterle mano a los desgraciados ‘paraísos fiscales’, por ejemplo, designados por el eufemismo centros offshore ‘? Uno de los mayores chanchullos del mundo, por cierto.

Dirigidos por grandes bancos internacionales y no menos grandes poderes financieros, siempre en beneficio de las corporaciones transnacionales y los mega-ricos. Paraísos con cuentas secretas y empresas tapadera, que han hecho de la ocultación y el engaño norma y dogma.

Las grandes corporaciones y los ricos eligen los paraísos fiscales para burlar el sistema fiscal: no pagan impuestos o, de hacerlo, son ridículos. No pagar impuestos es robar a la inmensa mayoría de ciudadanos, que sí los pagan. Los impuestos evadidos impiden proporcionar los beneficios sociales, económicos y culturales a que todo ciudadano tiene derecho, si hemos de hacer caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de las constituciones de los países democráticos.

En los paraísos fiscales se blanquea el dinero procedente del tráfico mundial de drogas y otros gravísimos delitos, más de 600.000 millones de dólares al año. Además de otros casi 600.000 millones, procedentes del fraude y la corrupción. Cifras que concuerdan con los cálculos del Fondo Monetario Internacional-que no es precisamente una organización de izquierdas-, que asegura que cada año se blanquea un billón y medio de dólares de dinero ilícito, corrompido y criminal. Casi un 5% del producto mundial.

Pero además de los paraísos fiscales, las grandes bolsas, los grandes bancos y los poderosos fondos de inversión del mundo no le hacen ascos al dinero negro del narcotráfico, del tráfico de blancas, de la venta ilegal de armas, de la descarada evasión de impuestos, de la corrupción de altos funcionarios y gobernantes … Buscan ese dinero y trabajan con él sin que los tiemble ni un gramo de conciencia.

De acuerdo a controlar la inflación y vigilar el crecimiento económico, pero toda esta basura de los paraísos fiscales y lo que en ellos se perpetra, no tiene nada que ver con la marcha renqueante de la economía, con la pobreza, con la desigualdad, con la fluctuación de la inflación? No repercute en la vida concreta de una enormidad de ciudadanos?

No me lo creo ni aunque lo expliquen una docena de premios Nobel de economía juntos. Ya sería hora de que Bancos Centrales, G8, G20, FMI, BM, OCDE, OMC y toda la retahíla de autoridades y asociaciones económicas, monetarias y similares se tomaran en serio acabar con los paraísos fiscales y la caterva de injusticias que inducen, permiten o encubren.

Xavier Caño. Escritor y periodista

ccs@solidarios.org.es

Fuente: http://www.pysnnoticias.com/2011/06/05/poner-fin-a-los-paraisos-fiscales/


lunes, 6 de junio de 2011

Los Bancos roban y el Gobierno mira para otro lado

La aprobación por el Gobierno el pasado viernes de un Real decreto que ha sido calificado por algunos medios como “ley contra los abusos en la banca” pone una vez de relieve la desfachatez gubernamental y la directa complicidad de los poderes públicos con la banca privada para permitirle salir de la crisis con más poder y una situación patrimonial saneada.

Se dice que es un decreto contra los abusos bancarios porque se modifican algunos criterios de cómputo de activos para que la exposición al riesgo de los bancos cuando realizan inversiones especulativas y de ingeniería financiera sea más transparente y, sobre todo, porque establece mecanismos para limitar las remuneraciones de los directivos, además de intervenir en el mercado para evitar que los bancos recurran a las llamadas “guerras de depósitos” ofreciendo intereses elevados que, según el gobierno, luego obligan a aumentar el coste de la financiación a la economía.

Decimos que el decreto es una desfachatez porque no se enfrenta realmente a las causas que provocaron la crisis financiera, porque solo pone paños calientes para hacer como que se regulan de otro modo las finanzas, cambiado algo para que nada cambie, y porque engaña a la sociedad haciendo creer que los abusos de la banca provienen de donde en realidad no vienen.

Lo que hay que controlar no son los sueldos de los directivos sino los beneficios de la banca.

Lo que debería hacer el gobierno no es lanzar este canto de sirena sino, de entrada, someter las remuneraciones astronómicas de los directivos bancarios a impuestos justos y progresivos y no hacerlos desaparecer, como viene haciendo. Y, sobre todo, impedir que la banca privada pueda generar los beneficios extraordinarios que obtiene a base de financiar mal a la economía productiva y de gozar de un poder de mercado radicalmente incompatible con el buen funcionamiento del sistema financiero e incluso con el juego de poderes democrático que debe primar en una sociedad que se dice democrática.

Si en España hubiera decencia y justicia decente y si los dos partidos de los que dependen la gobernabilidad, el Partido Socialista y el Popular, junto a los de la derecha nacionalista, no fueran esclavos de los créditos que reciben de la banca y que luego no pagan, se tomarían de verdad medidas contra los abusos de la banca pero éstas no serían las del decreto que acaba de aprobar el gobierno. Serían otras fundamentalmente destinadas a poner en claro y pedir responsabilidades civiles y penales, al menos, por actividades y hechos como los siguientes:

1) La posible responsabilidad de la banca española en la generación de un insostenible crecimiento del crédito bancario que provocó más tarde la crisis en la que estamos y en la utilización de vías de financiación para poder mantener ese crecimiento que claramente comportaban mucho riesgo y problemas futuros que todos estamos pagando ahora.

2) La posible responsabilidad de la banca española en la promoción de miles de contratos de permuta conocidos como clips o swaps inmobiliarios que en realidad han sido un engaño y una estafa descomunal a clientes que han perdido millones de euros.

3) La posible responsabilidad de la banca española en la generación del boom inmobiliario, entre otras vías, mediante la tasación de las viviendas artificialmente al alza para así aumentar su negocio de creación de deuda.

4) La posible responsabilidad de la banca española en la liquidación muy perjudicial de los créditos hipotecarios para miles de familias también por realizar tasaciones artificialmente a la baja.

5) La posibles irregularidades fiscales y de gestión patrimonial de la banca española que puedan estar dándose tras la apropiación de las viviendas adquiridas por familias que no han podido seguir pagando sus créditos.

6) La responsabilidad que pueda haber tenido la banca española en el hecho innegable de que millones de personas no pueden disfrutar de su derecho constitucional a la vivienda por la política crediticia que viene practicando y por su contribución a generar el paro y la pobreza que lleva consigo la crisis que ha contribuido a provocar.

7) La responsabilidad que pueda estar teniendo la banca española en la enorme rigidez a la baja que muestra el precio de la vivienda en España a pesar de haber estallado ya hace meses la burbuja y al mantener fuera del mercado cientos de miles de viviendas que podrían satisfacer necesidades sociales fundamentales.

8 ) La posible responsabilidad de la banca española ante la situación en la que se encuentra la economía española como consecuencia de estar utilizando dinero público y recursos de sus clientes para ampliar sus negocios improductivos y especulativos sin destinarlo, como se supone que es la razón de recibirlo, a financiar a empresas y consumidores.

9) La posible responsabilidad que pueda tener la banca española en nuestra mayor tasa de inflación dado el mayor nivel de gastos inherentes a las operaciones financieras y comisiones que cobra a sus clientes.

10) Las posibles responsabilidades de la banca española como financiadora de negocios criminales, de tráfico de armas y de drogas, tal y como han denunciado algunos organizamos y asociaciones internacionales.

11) La posible responsabilidad de la banca española por utilizar paraísos fiscales para facilitar la evasión fiscal y por los daños que con toda seguridad eso ha causado a la economía española.

l2) La posible responsabilidad que haya podido tener la banca española en la exclusión y segregación financieras que haya podido producirse con colectivos sociales o grupos sociales más vulnerables.

13) La posible responsabilidad de la banca española en la financiación consciente de la corrupción urbanística.

14) La posible responsabilidad de la banca española en la financiación irregular de los partidos políticos.

15) La posible responsabilidad de la banca española en el incremento del coste de la deuda soberana y su participación en actuaciones especulativas contra España incluso con recursos recibidos de los poderes públicos y de los ciudadanos españoles.

16) La posible responsabilidad de la banca española en la extensión del fraude fiscal y de la economía sumergida difundiendo productos financieros durante los últimos años con el solo propósito de blanquear dinero y ocultar a la Hacienda Pública las fuentes reales de las rentas y patrimonios de sus clientes.

17) La responsabilidad de la banca por utilizar de un modo palpable e indisimulado su poder financiero para aumentar su influencia mediática, política, académica y social comprando voluntades y publicaciones financiando publicaciones (como ocurre con los informes que justifican la privatización y recorte de las pensiones públicas) en donde una y otra vez se presentan datos que no responden a la realidad pero que contribuyen a crear un estado de opinión favorable a sus intereses económicos. Y, por tanto, engañando a la opinión pública y prostituyendo la deliberación social y la propia democracia.

18) La responsabilidad de la banca española en la enorme pérdida de empleo que se ha producido en su sector, en donde las jubilaciones se producen a las edades más bajas a pesar de que los informes que financia proponen su aumento para el resto de los trabajadores y sectores económicos, y a pesar de que es el negocio que mayores beneficios viene obteniendo desde hace años.

19) La posible responsabilidad de la banca española en la enorme cantidad de errores que se producen en la gestión de las cuentas de sus clientes o en la gestión de documentos y recibos, por los habituales abusos de confianza que llevan a gestionar de forma muy diferenciada y arbitraria sus depósitos y, de forma particular, por la suscripción de fraudulentos “fondos de pensiones” que ocultan su verdadera naturaleza y beneficio real y la desigual rentabilidad que suponen para los clientes y para las entidades bancarias.

20) Y finalmente habría que abrir otro capítulo para depurar también las responsabilidades de los directivos del Banco de España, y más concretamente de sus gobernadores, puesto que son las autoridades encargadas de supervisar a la banca privada y las que podrían haber evitado que todo esto hubiera ocurrido.

Pero ninguna de estas cuestiones se plantea ni se investiga, ni se cuestiona. En lugar de hacerles frente para poner en claro las causas que han provocado un quebranto de docenas de miles de millones de euros para pequeñas y medianas empresas y para las familias y consumidores españoles, y, además de ello, una merma sustancial de su capacidad de decisión, lo que se hace es conceder a los banqueros un régimen de privilegios totalmente incompatibles con la democracia más elemental y de casi total impunidad. El ejemplo del presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, es elocuente:

Según informaba la web EL CONFIDENCIAL el 21 de septiembre de 2006 “durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (…) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (…) A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera”.

Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”.
Pues bien, el diario El País informaba el 27 de mayo de 2008 que para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese banco, el ex ministro de economía Rodrigo Rato presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y luego Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes”. Gracias a lo cual, su presidente ni siquiera fue juzgado por esas actuaciones.

Estos son los verdaderos abusos de la banca y los que de verdad hacen daño a la sociedad y no las remuneraciones de sus directivos, por muy altas que sean. Y no hay por qué que seguir aguantando estos abusos. Hay que denunciarlos, censurarlos y reclamar medidas para investigar y depurar responsabilidades.

Ya es hora de que la sociedad despierte y no se deje vencer más por el miedo ancestral hacia quienes manipulan el dinero ante sus manos como si fueran magos que tienen un don especial para hacerse ricos cuando en realidad solo son trileros que se aprovechan de la necesidad ajena y que esconden sus trampas gracias a la impunidad y al poder inmenso que durante siglos han acumulado.

Ya es hora de que la gente reaccione y no permita que, con su dinero, la banca robe, engañe y haga inversiones inmorales y sumamente peligrosas para la estabilidad económica, social y ambiental del planeta.

No puede haber democracia mientras haya abusos bancarios.

N. de I.D. El destacado en “negrita” es nuestro.

Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa

Noticia original: http://www.altereconomia.org/?p=555

domingo, 5 de junio de 2011

Un banco islandés devolverá dinero a los hipotecados tras "resucitar" gracias a las ayudas

Landsbankinn, el banco más antiguo de islandia, que fue nacionalizado en 2008, ha acordado reducir la deuda a miles de hogares una vez alcanzada una "sólida posición financiera", de acuerdo con su "compromiso de responsabilidad social y buenas prácticas empresariales con la población" tras recibir ayuda financiera, según publica en una nota de prensa

El banco ofrece tres fórmulas para beneficiarse del plan, que según sus estimaciones ayudará a entre 60.000 y 70.000 ciudadanos (alrededor de un 20% de la población) y será un cambio sustancial para más de 30.000 individuos. Está previsto que la medida tenga un coste de miles de millones de coronas islandesas (1 millón de coronas = 6.000 euros aproximadamente), aunque la entidad ha precisado que la cifra final dependerá de las diferentes fórmulas que elijan los clientes para beneficiarse del plan.

Las fórmulas ofrecidas por el banco a sus clientes son:

1) Reembolso del 20% de los intereses

En primer lugar Landsbankinn reembolsará de forma automática el 20% de los intereses pagados por personas o familias entre el 31 de diciembre de 2008 (año de su nacionalización) y el 30 de mayo de 2011. Esta medida podrá ser adoptada por cualquier hipotecado o deudor que no esté con problemas de mora y dicha restitución se destinará a reducir cualquier crédito pendiente con el banco

Si las personas que pudieran acogerse a este plan ya están sin hipoteca y/o libres de deuda, la cantidad resultante se depositará en las cuentas de los clientes. el máximo a recibir por cada cliente será 1 millón de coronas o 6.000 euros

2) Reducción de la deuda sobre viviendas

En segundo lugar, Landsbankinn ha decidido hacer un cambio significativo a aquellos hipotecados en exceso (denominados 110% solution available). Así, en lugar de calcularles la deuda por la tasación del inmuebles (para viviendas de menos de 30 millones de coronas o unos 180.000 euros) pasará a calcularse según el valor de mercado de ese inmueble. Con la caída del precio de la vivienda, esto provocará una reducción significativa de la deuda para muchos hipotecados. También se compromete a estudiar operaciones que comprometan otros activos con el fin de que algunos endeudados puedan acogerse a esta fórmula.

3) reducción de otras deudas

En tercer lugar, Landsbankinn reducirá la deuda que se considere que está por encima de la capacidad de pago del prestatario. En este tipo de deudas se incluyen obligaciones y otros tipos de préstamos, pero excluye, por ejemplo, la deuda de tarjetas de crédito y préstamos emitidos contra hipotecas de bienes inmuebles del prestatario o del vehículo.

Con esta fórmula se permitirá reducir deudas de hasta 4 millones de coronas (24.000 euros). Con el fin de acogerse a esta reducción, los prestatarios deberán autorizar a Landsbankinn a evaluar su capacidad de pago y firmar un contrato con el banco, de acuerdo en que cualquier cantidad pendiente se paguen dentro de 36 meses. Por regla general, el pago de los saldos vivos de este tipo de deuda no podrá exceder del 10% de la renta disponible en 2010.

Landsbanki fue noticia en 2008 al ser intervenido por Islandia ante la situación de quiebra. Su intervención provocó un conflicto diplomático con el Reino Unido ya que no se garantizaron los depósitos de 300.000 británicos en Icesave, una filial de Landsbanki.

Fuente: http://www.idealista.com/news/archivo/2011/05/30/0327558-un-banco-islandes-devolvera-dinero-a-los-hipotecados-tras-resucitar-gracias-a-las-ayudas