lunes, 10 de mayo de 2010

Comunicado de ATTAC España sobre Grecia y los ataques especulativos al euro

Ciudadanía griega somos tod@s

La ciudadanía y los mercados financieros especulativos libramos una pugna que definirá quién mandará en el sistema económico, social y político que emergerá tras la crisis. Si en esta pugna los gobiernos democráticos no se ponen del lado de su ciudadanía supeditando y regulando el mercado financiero los ciudadanos les daremos la espalda, como ya ha ocurrido en Islandia, Letonia y Grecia. La desafección de la ciudadanía con sus gobernantes y sus políticos en la oposición se manifiesta en todos los sondeos de opinión en la totalidad de los países de la zona euro.

La actual situación de Grecia pone de manifiesto la inutilidad de la Europa neoliberal para defender a su ciudadanía de los efectos letales de la crisis del capitalismo financiero agudizado ahora con los ataques especulativos contra el euro.

La visión que se está transmitiendo en relación con los ataques al euro es que esta crisis está causada por el comportamiento irresponsable del gobierno griego, que ha gastado en exceso en su estado de bienestar, creando un déficit y una deuda pública que no son sostenibles y que han generado dudas sobre si el gobierno podrá pagar sus deudas. Esta misma lección se aplica a otros Estados como Portugal y España a los que se acusa de excesivo gasto público. De esta lectura se deriva que la solución es que los griegos, españoles, portugueses, italianos e irlandeses se aprieten el cinturón recortando su gasto público y reduciendo sus exuberantes beneficios sociales y laborales, tal como manda el Banco Central Europeo y sus acólitos Bancos Centrales nacionales, todos sujetos al Pacto de Estabilidad.

Se ataca al euro por el lado de los países periféricos, sus puntos débiles. No se ataca a Japón ni a Gran Bretaña que actualmente presentan un déficit fiscal mayor. El déficit de la economía griega se eleva al 13% del PIB, el de Gran Bretaña al 11,5% y el de España al 11,2%. Y la deuda de Grecia se eleva 113%, aunque no mucho más elevada que la deuda que se proyecta para el 2011 para el promedio de los países de la OCDE y mucho menor que la deuda de Japón del 192% del PIB. Lo que ha ocurrido en Grecia, y en la mayoría de países de la OCDE, es que la disminución de los ingresos del estado, consecuencia del descenso muy marcado de la actividad económica y la bajada o eliminación de la tributación directa a rentas y patrimonio, ha causado el crecimiento del déficit. Lo que no nos dicen es que el problema del déficit se basa más en la redistribución tributaria a favor de las clases altas, bajando los ingresos de los Estados, que en la subida del gasto. Lo que no se nos dice es que estamos ante una verdadera batalla por el Poder. La inestabilidad del sistema financiero internacional que actualmente vivimos anula todas las políticas de reequilibrio fiscal de los Estados. Los ataques “especulativos” contra el euro se repetirán periódicamente hasta la próxima cita del G 20 en Canadá.

Europa y el FMI no rescatan a la ciudadanía griega ni a Grecia. Rescatan a la banca alemana, francesa, austriaca y a otras en menor medida, que son poseedoras de la deuda en bonos del Estado griego sin querer modificar ninguna de las causas estructurales que nos han abocado a esta situación. De ahí las draconianas condiciones impuestas. El Gobierno de Ángela Merkel quiere rescatar a sus bancos y garantizar que el dinero llegue de vuelta a ellos aunque pase por Grecia. El gobierno conservador anterior de Grecia mintió a su ciudadanía y al resto de Europa y del mundo con la complicidad de grandes banqueros extranjeros como Goldman Sachs sin aumentar los impuestos de la gente más pudiente y así corregir el déficit del Estado y el excesivo fraude fiscal. El 95% del dinero que hoy son deudas griegas fue a bancos europeos, en especial los alemanes, franceses y austriacos que poseen más del 70%. Estos bancos compraron los bonos griegos en masa y a precios muy reducidos. Estos bonos los tienen asegurados en lo que se llama Credit Defaults Swaps (CDS) El aseguramiento de los bonos no se basa en su precio real, sino en un precio ficticio, resultado de la especulación. De ahí las campañas de los bancos y de los hedge funds (fondos de inversión de carácter especulativo) a fin de inflar el precio de los bonos que generan un interés exorbitante de un 7% por año.

Pero este crecimiento exuberante de los intereses de los bonos lo tiene que pagar la ciudadanía griega para cumplir con el Pacto de Estabilidad vigente en la Europa neoliberal. Lo que se le dice al ciudadano griego y europeo es que tenemos que ser más austeros, vivir con menos transferencias y servicios públicos y reducir los beneficios sociales y laborales. Todo ello para que se pueda pagar a los bancos privados sus escandalosamente altos beneficios basados en mera especulación. Los grandes bancos privados, además, son los mayores clientes de las agencias de calificación crediticia que catalogan los bonos de los estados, según la voluntad de los gobiernos de seguir las instrucciones de estos grandes bancos privados, que se llaman así mismos “mercados financieros”.

Esta política de descenso del gasto público es suicida, pues acentúa más la recesión y dificulta la recuperación en todos los países de la eurozona y no sólo en los países mediterráneos e Irlanda, sino también en los países centrales, incluida Alemania. La austeridad de gasto público, junto con la falta de crecimiento de los salarios, hace que la escasa demanda interna esté imposibilitando el estímulo económico necesario para salir de la crisis. De ahí que se intente basar la recuperación económica en el crecimiento de las exportaciones. Las políticas de austeridad, bajada de gasto público y de salarios esta paralizando la actividad económica y el comercio. En Irlanda y Letonia, donde más se han aplicado las recetas de austeridad, el PIB ha caído el 8% y casi el 20% en 2009, originando una profunda recesión en ambos países. Un tanto igual ocurrirá en Grecia, y en Portugal y España si las políticas de austeridad no cambian.

En este enfrentamiento entre la ciudadanía y los especuladores financieros estos han ganado la batalla en 1992 y 1993 en Europa; en 1997 y 1998 en la mayoría del sudeste asiático, pero no en China, que controla políticamente su política monetaria y a su Banco Central, ni a quién impuso controles al movimiento de capitales. Vencieron en Argentina, Rusia y Méjico; pero fueron vencidos por Lula en Brasil que impuso una tasa del 1,5% a la especulación financiera con su deuda soberana, y por Correa en Ecuador, que se negó a reconocer la deuda sin una auditoria previa, y no se atreven con Bolivia. Como demuestran todos los países que han combatido con éxito la actual crisis, son los bancos públicos, la regulación y control político de su sistema financiero e, incluso, un impuesto a la especulación financiera como el vigente en Brasil del 2% lo que explica su escasa incidencia y rápida recuperación.

El Poder soberano de emisión de monedas corresponde en exclusiva a los Estados que en la eurozona se ha delegado, sin ningún tipo de control político, al Banco Central Europeo, a la vez que se le prohíbe dar préstamos a los Gobiernos directamente. La aberración de esta medida está en la raíz de los problemas actuales. Y la consecuencia más directa es la debilidad de los Estados y la fortaleza de los bancos privados.

ATTAC España manifiesta que hay otra forma de enfrentarse a los mercados financieros especulativos en defensa de la ciudadanía. Tan sólo hace falta que los Jefes de Estado se reúnan y acuerden modificar la norma que impide al Banco Central Europeo dar directamente préstamos a los Gobiernos al 0% ó al 1% como se ha hecho y se sigue haciendo con los bancos privados.

ATTAC España solicita que no se reconozca y pague la deuda soberana de ningún país de la eurozona sin que previamente se haga una auditoria de ésta depurándola del exceso de la especulación. Hay que salvar para la ciudadanía el necesario e imprescindible sistema financiero, pero no al sistema especulativo privado ni a los delincuentes financieros. Es la oportunidad de volver a crear un fuerte sistema financiero público.

ATTAC España advierte que los planes de austeridad no es el camino. Nos envolverán en una espiral de más miseria. Que la solución pasa por incrementar los ingresos y que esto puede hacerse ya, estableciendo urgentemente un impuesto a la especulación financiera con deuda soberana como ha hecho ya Brasil.

ATTAC España está a favor de crear un bono de deuda pública pan-europea que reúna la deuda de todos los Estados miembros de la Unión Europea en un solo instrumento financiero, símbolo de la integración de los pueblos de Europa y herramienta muy útil para conseguir el crédito necesario para la promoción de políticas sociales a lo largo y ancho del continente.

ATTAC España se solidariza con la ciudadanía griega que hoy somos todos y todas. Su lucha, igual que la de la ciudadanía islandesa negándose a pagar la deuda ilegal de los especuladores financieros privados, es la de todos y todas marcando el camino que nos llevará a reconquistar la soberanía de los pueblos y a desarmar a los criminales mercados financieros.

El establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras especulativas verdaderamente disuasivo contra ésta, siguiendo el ejemplo de Brasil, el control real de toda transacción con los Paraísos Fiscales, una política firme de lucha contra la economía sumergida y delictiva, unida con una política de más Europa política y social y fuerte política de renta que creen demanda en el mercado interior es el camino para atajar el déficit fiscal de los Estados, y encauzar la salida de la crisis para las personas, enfrentándose con un mínimo de posibilidades de éxito a los especuladores bancos privados internacionales.


miércoles, 5 de mayo de 2010

Qué significa la bajada de calificación de España

Standars and Poor’s ha bajado el rating de la deuda pública de España, algo que ha alarmado a los mercados y agudiza los problemas económicos de España. Este hecho es bien conocido por todos. Lo que ya se escapa más es qué significa realmente, qué consecuencias puede tener y qué puede hacerse para evitar los graves problemas que se avecinan.

Como ya vimos con ocasión del caso griego, la deuda pública es el mecanismo que tienen los Estados para endeudarse y poder financiar así sus actividades económicas. El procedimiento es sencillo. El Estado, España en este caso, emite unos títulos financieros (letras, bonos u obligaciones; en función del plazo de vencimiento) que garantizarán al comprador unos flujos futuros iguales al nominal más los intereses. No obstante, existe un mercado secundario donde se compran y venden esos títulos, de tal forma que normalmente no se mantienen hasta el final.

En cualquier caso, cuando los Estados sacan a la venta esos títulos lo hacen a través de una subasta que determinará el precio de los mismos. Así, cuantos más inversores pujen por esos títulos más alto será el precio y, lo que es lo mismo, menos tendrá que pagar el Estado en concepto de intereses. O, dicho de otra forma, si son muchos los inversores en relación a los títulos ofrecidos por el Estado (una relación de oferta y demanda), entonces el Estado tendrá que pagar menos intereses por cada título. En definitiva, en esas circunstancias al Estado le será más barato endeudarse y tendrá que pagar menos al devolver la deuda.

Ahora bien, ¿cómo saben los inversores cuál es la calidad de los títulos que vende un Estado? ¿cómo saben los inversores si es mejor (más o menos arriesgado) comprar los títulos de Grecia, España o EEUU? En teoría lo razonable es hacerlo examinando las variables macroeconómicas del país, porque es aquello que te muestra cómo evoluciona la economía que está detrás de ese endeudamiento. Sin embargo, hacer todo eso es costoso en tiempo y conocimientos. Por eso aparecen unas instituciones privadas llamadas agencias de calificación que dicen hacer ese trabajo y simplifican toda esa información a un dato que se encuentra en una escala muy reducida que, dicen, permite además la comparación. Así, estar por encima en la escala representa mejor calidad.

Estas agencias privadas (hay 3 verdaderamente importantes) son entonces de vital importancia para los inversores. ¿Y por qué? Pues porque los inversores se comportan en los mercados financieros de una forma gregaria y con un único objetivo: asegurar la máxima rentabilidad posible. Esos inversores son, sobre todo, fondos de inversión colectiva, es decir, fondos de pensiones, fondos de inversión, hedge funds, fondos soberanos, fondos de riqueza privada -de las personas más ricas del mundo- etc., y son gestionados por muy pocos individuos que se llevan importantes comisiones por esa labor. Su comportamiento es sencillo: se mueven por los mercados financieros (el de Deuda Pública lo es, pero también el de Deuda Privada, el de acciones, el de futuros y opciones, etc.) buscando hacer operaciones de compra y venta que les permitan revalorizar su capital, esto es, incrementar su dinero inicial. Y como son operaciones rápidas, inmediatas en su ejecución y cambiantes, no tienen tiempo para análisis económicos de fondo. La señal enviada por las agencias de calificación es, entonces, crucial. Esas señales disparan la alarma y provocan estampidas en los inversores, modificando la relación de oferta y demanda en los mercados primarios y secundarios de títulos de deuda pública.

Así pues, una bajada del rating por parte de S&P supone un aviso a los inversores de que la calidad ha bajado y de que “deberían” exigir más por sus títulos a fin de que la rentabilidad ofrecida reflejara el riesgo asumido. Entonces, nuevas emisiones de títulos por parte de España serán mucho más caras: la subasta ofrecerá un resultado muy distinto al anterior pues ahora los inversores exigirán mayores intereses y, en consecuencia, al Estado le saldrá más caro endeudarse.

¿Problemas? Por un lado que no son científicos los métodos de las agencias de calificación y, en cambio, en gran medida son discrecionales. Por otra parte, que dichas estampidas de los inversores pueden estar o no justificadas, es decir, pueden ser sensatas (el riesgo de quiebra aumenta) o totalmente injustificadas (como en el caso griego, efecto de ataques especulativos). En el caso de España me atrevería a decir que aunque la situación es complicada, los movimientos en el mercado de deuda pública (y en el de CDS que funciona en paralelo) se deben más a temores y procesos especulativos por parte de unos inversores que quieren pescar en río revuelto.

En cualquier caso, a España le va a costar cada vez más endeudarse y tiene que actuar para modificar su economía y mejorar su situación. Pero hay dos vías: la que proclaman los liberales (un ajuste estructural a la vieja usanza) y la que en mi opinión debería acometerse. La primera es una solución del tipo que el FMI y la UE están requiriendo a Grecia: bajada gasto público, reformas fiscales regresivas, desregulación más acusada del mercado laboral, etc. Todo un programa de espíritu neoliberal. Un programa que satisfaga a los mercados (a los inversores y especuladores) y que tranquilice la situación a costa del bienestar de los trabajadores.

La otra solución es recuperar la soberanía del pueblo y recuperar el Estado como instrumento útil para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a decidir. Es decir, dejar de depender del más que sesgado criterio de los mercados financieros y sus agentes y empezar a recuperar el control de la economía. Para ello es necesario acometer reformas que en el caso de España conllevan un replanteamiento radical del modelo productivo y de su relación de clases, pero que en definitiva pasan por destruir el tinglado neoliberal montado en las últimas décadas, plantarse radicalmente frente a este tipo de globalización financiera, y construir una economía donde el sector financiero haga lo que tiene que hacer (financiar la economía real) y donde el objetivo sea la satisfacción de las necesidades humanas.

Alberto Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España

http://www.agarzon.net/

martes, 4 de mayo de 2010

Arde Eurolandia

Y ahora resulta que en el caso griego figuran en el banquillo de los acusados, no los bancos frenéticamente especulativos, sino los Estados sociales despilfarradores de corte europeo…


Desde hace una semana, se ha declarado la situación de urgencia: los griegos han solicitado oficialmente la ayuda financiera que se les había prometido a fines de marzo. Caso de extrema necesidad. Se pide a la Unión Europea y al FMI que liberen lo antes posible los medios precisados. No queda mucho tiempo: a mediados de mayo caen los próximos vencimientos crediticios mil millonarios: no subvenir a ellos significa la quiebra del Estado. Los mercados financieros –a la cabeza, los fondos hedge que especulan contra el euro— no sueltan a la presa. Exigiendo intereses usurarios, hacen que las deudas del Estado griego no puedan refinanciarse en medio de la crisis económica.


En tal situación, la soberanía de los griegos ya no vale un higo. Antes de poner por obra la ayuda prometida, se les exigen ulteriores programas de ahorro dictados por el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI. Llueven, además, prescripciones y propuestas, a cuál más inclemente y desinformada. Los mandamases de los partidos en Berlín tienen sus esperanzas puestas en los comisarios del ahorro del FMI que, gracias a la Canciller de Hierro, se sientan ya en la mesa decisoria. Ni que decir tiene que a los economistas del FMI, a diferencia de los políticos de la coalición nigrogualda [el color de la democracia cristiana alemana es el negro; el de los liberales alemanes, el amarillo; T.], hace mucho que cayeron en la cuenta de que un curso de extrema austeridad exigido a Grecia desde el exterior sólo puede terminar en una grave depresión económica y en un desjarretamiento social no menos grave.


La ironía de la historia

En la reunión de ministros de finanzas del G20 que tuvo lugar el fin de semana pasado, la eurocrisis vino a servir muy oportunamente de distracción. Todo lo demás –los acuciantes problemas de la economía mundial, sumida en una recesión que, ni por mucho, está en trance de superación— quedó en vía secundaria muerta. Grecia como la nueva figura simbólica del enfermo de la economía mundial: ¡menudo bocado para los norteamericanos! Una crisis que trae su origen en eurolandia y en la que la Unión Europea se ve obligada a pedir auxilio al FMI: ¡menudo aguinaldo para los lobistas de los mercados financieros! Los culpables no son los bancos frenéticamente entregdosa la especulación: ¡son los despilfarradores Estados sociales de corte europeo! La imagen neoliberal del mundo vuelve a cuadrar.


Los honorables que se reúnen en el G8 y en el G20, en el FMI y en el Banco Mundial, podrían haberse dedicado a estudiar asuntos de harto mayor enjundia que el de la pequeña Grecia. Nada acordaron. Ni en lo tocante a la planeada fiscalidad bancaria, ni en materia impuestos al mercado financiero, ni en lo atinente a la regulación del sector financiero: en nada de eso se ha avanzado un solo paso. Nada, sino nebulosas declaraciones. En el fondo del escenario, casi sin ruido, se lavó, como de paso, la crisis financiera del Banco Mundial. Se trataba aquí de sumas mucho más elevadas que en el caso de Grecia. La crisis de caja de este organismo se resolvió con 300 mil millones de dólares. El FMI pudo aplazar su reforma financiera pendiente, traspasando las urgencias al Banco Mundial: con especiales agradecimientos al gobierno federal alemán. Cundió la autosatisfacción en Washington: se ha metido a los europeos en vereda, encauzarlos por la buena senda del ahorro y el saneamiento.


Oficialmente, la ayuda a Grecia tiene que ver con el mantenimiento de un euro estable. Lo que sólo puede lograrse, si se bloquea la especulación internacional contra los distintos países de la eurozona. Una quiebra del Estado griego, una expulsión de los griegos de eurolandia, darían precisamente la señal equivocada. Entonces, inexorablemente, Portugal, España e Irlanda serían los siguientes. Si los europaíses se comprometieran a un préstamo común, podrían desde luego plantar cara a los mercados.


¿A quién beneficia una quiebra pública griega? Si los títulos de deuda griegos se deprecian pasivamente, los afectados serán principalmente los bancos alemanes y franceses. Sólo el banco alemán Hypo Real Estate (HRE), entretanto estatalizado, es tenedor por valor de diez mil millones de euros. Si ese dinero se evapora, Alemania se enfrentará a la siguiente crisis bancaria. El gobierno de Sarkozy están todavía más empantanado, pues los bancos franceses son tenedores de títulos griegos por valor de más de 77 mil millones de euros. La alternativa a la suspensión de pagos del estado griego sería una acción conjunta de refinanciación por parte de los europaíses, es decir, una renuncia parcial de los bancos europeos a sus exigencias como acreedores de Grecia. Oficialmente, eso está descartado para la Canciller Merkel, aunque sólo sea porque es lo que exigen con los partidos de la oposición.


Eso significaría derivar parte de los costes de la crisis de deuda a quienes se han beneficiado de ella, y no a los griegos o a la propia población.


Y ahora viene la ironía de la historia: el gobierno federal alemán ha otorgado al FMI un papel clave en un juego maligno. Las autoridades del FMI deberían resistirse, aun cuando los griegos llegaran a poner por obra los más sombríos planes de ahorro. Pues, con las vigentes reglas de juego, el FMI no puede dar créditos a ningún solicitante que no pueda ya seguir devolviendo y sirviendo los intereses de sus deudas a largo plazo, es decir, a ningún solicitante que, de hecho, esté ya en quiebra. Con los 15 mil millones de euros ahora prometidos Grecia habría ya agotado su cuota de crédito con el FMI. Una última gota vertida sobre piedra incandescente.


Reformar o abdicar

Raro, pero probable: la participación del FMI en la ayuda de emergencia a Grecia mejora visiblemente las perspectivas de refinanciación. Y tendría la gran ventaja de que serían los bancos y otros acreedores del estado los que correrían con la sangría, y no el sufrido y habitual contribuyente. Como muy tarde el 19 de mayo próximo, la acción de rescate para Grecia debe estar lista. En esa fecha vence un préstamo por 8,5 mil millones de euros. De no honrarlo, se entra en quiebra. Ya no servirían de nada entonces los créditos del FMI, y los bancos europeos deberían tragarse una refinanciación.


Eso no sería ningún drama para los mercados financieros; para ellos, la tragedia griega no es más que un intermedio. Japón, por ejemplo, está en una situación mucho peor que eurolandia. Cuando en Europa no haya nada que pescar, los fondos hedge se lanzarán tarde o temprano sobre el río revuelto del yen. Y luego vienen el dólar y la libra esterlina, porque norteamericanos y británicos están aún más gravemente endeudados que Grecia: allí hay más que pescar. No son los griegos quienes tienen que apresurarse a poner orden en sus casas y a hacer planes de saneamiento, sino el G20, el FMI, el Banco Mundial y los gobiernos presentes en esas instituciones, incluida la maestra ciruela que es Alemania. La disyuntiva no ofrece duda: o imponer una regulación de los mercados financieros, a la que éstos y sus lobistas ofrecerán una resistencia encarnizada, o abdicar.


Michael R. Krätke, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es profesor de política económica y derecho fiscal en la Universidad de Ámsterdam, investigador asociado al Instituto Internacional de Historia Social de esa misma ciudad y catedrático de economía política y director del Instituto de Estudios Superiores de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido.

Michael R. Krätke.
Revista Sin Permiso


Traducción para www.sinpermiso.info: Amaranta Süss



sábado, 1 de mayo de 2010

Desempleo: el problema crónico de España

El paro constituye la principal preocupación de la ciudadanía española. Exceptuando ciertas privilegiadas minorías de los ámbitos empresarial y gubernamental, es difícil encontrar hoy una familia que no tenga alguno de sus miembros sometido por alguna forma de precariedad laboral. Cada vez hay más hogares donde, aunque los ingresos de los cabezas de familia permitan vivir con desahogo, los hijos están en paro y no encuentran un terreno sólido sobre el que asentar un proyecto de desarrollo y emancipación personal. En los casos más lacerantes, el desempleo afecta a quienes son la fuente principal de ingresos, configurando una amplia gama de situaciones de precariedad, pobreza y desarraigo social.

Esta descripción de la situación social que late tras las cifras del desempleo publicadas en abril de 2010, fue escrita ocho años atrás, el Primero de Mayo de 2002. No se trataba de una predicción económica, sino del preámbulo al “Diccionario del paro y otras miserias de la globalización” publicado en ese año. El hecho de que sigan teniendo plena vigencia hoy demuestra que el artefacto del empleo sufre, especialmente en España, una avería estructural que no es posible reparar con las herramientas al uso. Así que me remito a transcribir el resto del texto. Quien quiera entender, entienda.

A estas alturas del experimento neoliberal iniciado hace tres décadas, la insoslayable evidencia permite anotar entre sus méritos el haber configurado un modelo de sociedad donde la gente no puede contar ya con la seguridad de un empleo fijo. Circunstancia que admite diversas interpretaciones. En términos macroeconómicos, un millón de desempleados no es más que una cifra inscrita dentro de un conjunto general de números susceptibles de toda clase de especulaciones metafísicas. Mas quien se atreva a descender a los infiernos de la microfísica humana se encontrará con un millón de dramas personales.

Los gobiernos que aplican a rajatabla el catecismo neoliberal practican de forma deliberada una política de avestruz. Prefieren refugiarse en la premisa ideológica de que el paro es el resultado de una opción voluntaria de cada individuo. Según la ortodoxia doctrinal de moda, el mercado tiene una capacidad cuasi infinita para ofertar empleos -sobre todo de carácter degradante- y si alguien los rechaza es su problema. Por lo tanto, no es necesario mantener un sistema público de protección en caso de desempleo. La acción gubernamental debe limitarse al desmantelamiento del Estado del Bienestar y al continuo maquillaje estadístico del censo de desempleados.

Claro está que, además, hay que convencer al pueblo soberano de que, gracias a esa política, vivimos en el mejor de los mundos. Es sabido que la dominación se ejerce fundamentalmente a través del poder del látigo, pero este poder se refuerza de manera notable cuando, tras el latigazo, se le hace creer al azotado en las virtudes de la fustigación.

Por ello, para disimular la flagrante antinomia existente entre el interés general y la acción del gobierno, sus voceros difunden un discurso construido a base de patrañas. Así, cuando se dictan medidas que favorecen a los depredadores de la riqueza social, el discurso políticamente correcto no tiene el menor reparo en adscribirlas a la benemérita política de creación de empleo. En consecuencia, los decretazos que recortan o anulan los subsidios de desempleo habría que entenderlos como una salutífera expresión del principio «quien bien te quiere te hará llorar».

Este discurso bastardo se estructura a través de una serie de falacias de gran efectividad propagandística. Resulta asombroso ver cómo se silencia el auge de la estrategia empresarial de reducciones de plantilla, mientras que, con el mayor descaro, se vincula el desempleo con la vagancia.

La gente es mucho menos tonta de lo que se podría deducir escuchando a los ministros. Cada cual sabe dónde le aprieta el zapato y no se cree gran cosa de lo que dicen los partes oficiales. Sin embargo, no siempre se tiene a mano la respuesta adecuada para desmentir cada elemento del caudaloso torrente de majaderías ideológicas.

El Diccionario del paro… es una herramienta destinada a desmontar (o deconstruir) esa espuria estructura discursiva. Su diseño se inspira en el mismo concepto que los juegos de llaves de bocas múltiples utilizados para actuar sobre aparatos mecánicos. De manera similar, esta colección de dicciones permitirá al usuario «aflojar las tuercas» del cuento neoliberal de la lechera con relativa facilidad y autonomía.

La diversa índole de las categorías terminológicas incluidas en la obra, así como la convivencia de voces españolas y extranjeras, conforman un conjunto heterogéneo que tal vez resulte poco grato a los amantes de la pureza lingüística. No obstante, refleja el mestizaje característico de los tiempos que corren. El punto de partida es la serie de términos económicos y políticos asociados a la esfera del trabajo. Asimismo, dadas las implicaciones medioambientales del incremento de la actividad industrial, que algunos consideran un remedio contra el paro, se incluyen también términos procedentes de la física o la ecología.

Y como no podía ser menos en un mundo sometido a la división transnacional del trabajo, el «juego de voces» de nuestra herramienta ha sido adaptado para dar respuesta a los diferentes calibres de las mentiras ideológicas que arman el discurso de la globalización neoliberal.

Debe quedar claro que esta obra no constituye un diccionario de lamentaciones, sino que su polivalencia se refuerza con la serie de entradas destinadas a desarmar también los discursos del pesimismo, de la resignación y del abandonismo. Por ello, se han incluido ciertas voces que nos recuerdan que en la peripecia humana no hay mal que cien años dure, y que en su momento la clase obrera supo dotarse de instrumentos de respuesta contra la injusticia.

José Antº Pérez. Attac Madrid

http://carnetdeparo.blogspot.com/

¿Estado versus mercado? El falso dilema

El desarme ideológico de las izquierdas explica que muchas de ellas hayan adoptado el esquema ideológico de las derechas, con las consecuencias que todos estamos viendo: la enorme crisis financiera y económica que estamos experimentando, y en cuya génesis encontramos las políticas liberales promovidas por los gobiernos de derechas y reproducidas en gran número de políticas llevadas a cabo por gobiernos de centroizquierdas.

Así pues, en la Unión Europea (UE), existe consenso en las instituciones europeas -desde el Consejo Europeo, a la Comisión Europea, pasando por el Banco Central Europeo-, de que hay que “apretarse el cinturón” y hacer sacrificios, lo cual quiere decir (en la mayoría de foros en que esta llamada a la austeridad se realiza) que hay que bajar los salarios (a través de reformas del mercado laboral, cuyo resultado será la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares), y disminuir el gasto público para reducir el déficit y la deuda pública. Estas políticas se desarrollan dentro de un marco teórico en el que se considera que el mercado debe ser el que determine la distribución de los recursos, disminuyendo el intervencionismo del Estado que dificulta el desarrollo y la eficiencia económica. Hoy, tanto las derechas como las izquierdas gobernantes comulgan con este credo. Y las diferencias políticas se reducen a cuánto mercado versus cuánto Estado necesita la economía. Las izquierdas favorecen, en general, que el Estado tenga una función reguladora mayor y las derechas que la tenga menor. Pero por lo demás, ambas –las derechas y las izquierdas- coinciden en que el mercado debe ser el centro del quehacer económico.

Debido al enorme dominio de las derechas en los medios de información y persuasión, esta teoría ha alcanzado la categoría de dogma y como tal se reproduce a base de fe, en lugar de a partir de evidencia científica, puesto que ésta última demuestra claramente que este marco teórico no define la realidad existente hoy en la actividad económica que nos rodea. El presidente Reagan, el gran gurú del pensamiento liberal (la sensibilidad dominante en las derechas, no sólo estadounidenses, sino también europeas), fue el presidente que aumentó más el intervencionismo público a base de incrementar considerablemente el gasto público durante su manato (de 21,6% al 23% del PIB) mediante el mayor crecimiento de los impuestos que un gobierno federal haya llevado a cabo en tiempo de paz en EEUU (reduciendo la carga fiscal del 20% de renta superior de la población, los más ricos de EEUU, pero aumentando la del 80% restante de la población) y permitiendo un gran crecimiento del déficit federal. El crecimiento del gasto público se dedicó, predominantemente, a tecnología militar y a subvenciones a las grandes corporaciones. Como bien dijo el ideólogo del pensamiento liberal en EEUU, John Williamson, “tenemos que reconocer que lo que el gobierno Reagan promueve a nivel internacional, no lo hace en su propio país” (Institute for Internacional Economics, Washington DC, 1986).

El último ejemplo de la falsedad del modelo teórico “mercado versus Estado” es lo que ocurre con el gasto farmacéutico. El capítulo farmacia consume alrededor de un 25-30% del gasto sanitario en la mayoría de países de la OCDE (en España es el 32%). Ello supone muchos millones de dólares o euros. EEUU se gasta 250.000 millones de dólares en productos farmacéuticos. Ahora bien, un porcentaje muy elevado (74%) es para comprar productos que tienen un precio inflado, resultado de estar patentado. Es decir, que para compensar lo que la industria farmacéutica define como costes de investigación, el Estado le permite durante varios años tener un monopolio en la venta del producto, inflando su precio. No hay, pues, mercado que valga. Según el sistema de patentes, el Estado no permite que haya mercado.

Esta práctica ocurre constantemente en el mal llamado libre mercado. Bill Gates no existiría si no hubiera sido porque el Estado le dio el monopolio de Windows, prohibiendo alternativas. De ahí la enorme fortuna de uno de los personajes más ricos del mundo. No fue el mercado, sino el Estado el que creó a Bill Gates (permitiéndole unos ingresos de 60.000 millones al año, lo cual no podría ser de no existir tal patente). Pues bien, los costes que supone para la ciudadanía el sistema de patentes garantizadas por el Estado se calcula que es alrededor de un 6,6% del PIB en EEUU (casi la tercera parte de los ingresos del Estado federal). Recuerden que en todo ello el mercado no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de un monopolio garantizado por el Estado.

Frente a esta situación, comienza a cuestionarse la situación monopolista garantizada por el Estado. Así, Dean Baker, del Center for Economic and Policy Research de Washington (una de las mentes más claras dentro de la comunidad de economistas estadounidenses), ha propuesto que el Estado sea el que haga la investigación aplicada (que realiza la industria farmacéutica), además de la básica (que realiza el gobierno federal). En la investigación farmacéutica, el gobierno federal realiza la mitad de toda la investigación que se realiza en EEUU (en sus centros de investigación sanitaria y, muy en especial, en los National Institutes of Health: NIH), centrándose en investigación básica (30.000 milloneas de dólares). Si hiciera también la otra mitad, que se centra en investigación aplicada (que ahora hace la industria farmacéutica), entonces podrían eliminarse todas las patentes, con lo cual la sociedad y el Estado se ahorrarían enormes cantidades de dinero, permitiendo además que el mercado funcionase en la distribución del producto. La intervención pública permitiría entonces el desarrollo del mercado, en lugar de obstaculizarlo como ahora, abaratando enormemente el producto. Así hoy, un nuevo tratamiento de cáncer, consecuencia de un nuevo producto basado en la ingeniería genética, cuesta 250.000 dólares al año, lo cual excluye en EEUU a la mayoría de la población. Si no existiese la patente (y el Estado hubiera hecho la investigación) costaría sólo 200 dólares.

Ahora bien, en la UE esto no puede hacerse, pues la UE prohíbe que el Estado intervenga para eliminar las patentes, sustituyendo a la industria privada, que requiere el monopolio. De ahí que el que termina haciendo el sacrificio es el usuario. ¿Por qué no la industria farmacéutica? Pues la respuesta es fácil de obtener. Porque la industria farmacéutica es poderosísima. Así de claro. La cuestión no es mercado versus Estado, sino al servicio de quién está el Estado. Y cuando se hace la petición de que hay que apretarse el cinturón siempre se piensa en las clases populares como las que tienen que hacer el sacrificio y nunca en los grandes grupos fácticos que ejercen un enorme control sobre las instituciones políticas. ¿Hasta cuándo durará esta situación?

Vicenç Navarro
Sistema Digital

miércoles, 28 de abril de 2010

La probeta de Frankenstein

A mitad de la semana pasada los analistas sufrían una especie de ducha escocesa: mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticaba para el conjunto del mundo una especie de poscrisis, con tasas de crecimiento superiores a las previstas hace unos meses, Grecia sufría un jueves negro en la financiación de su deuda soberana, arrastraba a otras economías de la Unión Europea (UE) y ponía en cuestión los mecanismos de funcionamiento de la eurozona.

Por cercanía nos interesa más lo último que la mejora de la coyuntura en EE UU o Asia. Para el futuro inmediato del euro es central lo que ocurra en Grecia y la capacidad de contagio sobre el resto. La secuencia fue la siguiente: la oficina de estadísticas de la UE advirtió, por tercera vez, que el déficit público de Grecia (13,6%) es superior al conocido y se reservaba una cuarta revisión en espera de más información; inmediatamente reaccionaron los mercados y el precio de colocar la deuda pública helena superó los dos dígitos, con lo que todos los sacrificios puestos en marcha por su Gobierno para ajustar la economía habrán de dedicarse al pago de la deuda a los bancos, lo que tiene difícil justificación ciudadana. El tercer paso fue que el primer ministro, Yorgos Papandreu, pidió públicamente la activación del mecanismo de ayuda decidido por los jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo a finales de marzo, consistente en un paquete de créditos por valor de 45.000 millones de euros.

Con ser importante esto, más lo fue el siguiente escalón de la secuencia: el contagio, en distintos grados, a otros países como Portugal, Irlanda, Italia, España, Hungría, Bulgaria, etcétera, que vieron crecer, casi automáticamente, el precio que han de pagar por sus emisiones de deuda soberana. Todos ellos con fuertes desequilibrios de sus cuentas públicas. No sólo aumentó el riesgo-país, sino que se incrementaron los seguros de impago de la deuda, conocidos como CDS (credit default swaps).

Activar el mecanismo de ayudas a Grecia plantea un problema psicológico y otro real, ambos vinculados. El primero significa que las llamadas teóricas de apoyo por parte de la UE no han sido creídas por los mercados y han de hacerse efectivas; el segundo, es la lentitud de la respuesta: el país heleno necesita alrededor de 10.000 millones de euros durante el mes de mayo para hacer frente a sus obligaciones más urgentes, pero el plan de rescate no está definido más que genéricamente. Una parte del dinero tiene que ser activado mediante créditos bilaterales con los países de la zona euro, pero Alemania, que los debe liderar, no está convencida de ello y su instrumentación ha de ser aprobada por el Parlamento en medio de unas importantes elecciones en el Estado de Renania Westfalia, lo que puede retrasarla. Por acuerdo de la UE se necesita la unanimidad de los países para activar el rescate.

La posibilidad de que Grecia suspenda sus pagos no es una abstracción. No sería la primera vez: en los últimos dos siglos las naciones han dejado de pagar sus deudas en alrededor de un centenar de ocasiones. La diferencia es que ahora no ocurriría en la lejana Argentina o en México, o en la diminuta Islandia, sino en la periferia de la eurozona. Grecia puede intentar reestructurar su deuda (transformar la de corto y medio plazo en deuda a largo plazo, lograr una quita, buscar un canje, o simplemente dejar de pagarla). Las declaraciones más demagógicas -que proceden de Alemania- para que abandone la disciplina del euro y vuelva al dracma, no harían más que complicar el panorama. ¿Alguien cree que con el dracma Grecia pagaría mejor a la banca privada lo que le debe?

Además, el efecto contagio sugiere la cuestión mayor: la UE no dispone de mecanismos para abordar una crisis de la deuda pública en la eurozona. Las respuestas dadas a la deuda privada bancaria han sido nacionales, pero las soluciones a la deuda pública, denominada en euros, no pueden ser más que colectivas. Y no hay respuesta. Hasta ahora no ha habido voluntad política en el nivel de compromiso del núcleo duro de la UE ante los problemas de su periferia. Y estos han llegado sin que el laboratorio del doctor Frankenstein devenga en el gobierno económico de la eurozona.

Joaquín Estefanía – El País





Otro modelo de consumo

Los casos de gripe porcina, pollos con dioxinas, vacas locas, gripe aviar, etc., han encendido las luces de alarma sobre el impacto del actual modelo agroalimentario globalizado. Cada vez son más las personas que se preguntan a dónde conduce este modelo de alimentación deslocalizado, industrial, intensivo, quilométrico, que antepone los intereses económicos y empresariales a las necesidades alimenticias, al bien público y comunitario, al respeto a la naturaleza.

Este cuestionamiento del modelo agroindustrial se enmarca en una crítica más general al sistema capitalista, de la que el movimiento altermundialista fue uno de sus máximos abanderados. Este movimiento, muy activo a principios de los años 2000, dejó un sustrato fértil de resistencias locales, dio lugar a una nueva generación militante y supo vincular la crítica y la movilización global con la búsqueda de alternativas desde lo local.

Estas dos dinámicas –la preocupación por el actual modelo agroalimentario y el ímpetu en la construcción de alternativas en los territorios a raíz del movimiento altermundialista– son dos de los elementos que explican el auge de los grupos de consumo agroecológico en el Estado español. Se trata de experiencias que agrupan a nivel local a personas que buscan promover otro modelo de consumo: de proximidad, ecológico y estableciendo unas relaciones directas entre consumidor y productor.

Los primeros grupos en el Estado español surgieron a finales de los ochenta y principios de los noventa, pero no fue hasta hace unos cinco años que estos tuvieron un crecimiento importante. En Catalunya, por ejemplo, se pasó de menos de diez cooperativas en 2000 a casi un centenar en la actualidad, sumando 2.880 unidades de consumo. En cifras totales, se trata de experiencias en las que participa un número reducido de personas, pero la tendencia va en aumento, lo que demuestra una creciente preocupación por el actual modelo agroalimentario y la voluntad de llevar a cabo un consumo que sea solidario con el campo, con criterios sociales y medioambientales y basado en la autogestión.

A pesar de compartir unos elementos comunes, existe una gran variedad de modelos organizativos, de relación con el campesino, de formato de compra, etc. En el Estado español encontramos, por un lado, aquellos grupos de consumo que integran en su seno a consumidores y a productores, en la que los primeros garantizan la compra de la producción anticipadamente, colaboran algunos días al año en la finca y comparten beneficios y pérdidas. Por otro lado, la mayoría, se trata de grupos integrados únicamente por consumidores, quienes establecen una relación directa con uno o varios campesinos, que trabajan en marcos organizativos diferenciados.

En lo que respecta a la compra, hay modelos donde el consumidor puede escoger aquellos productos de temporada que desee y otros que perciben cada semana una cesta cerrada con frutas y verduras de la huerta. Otro elemento que distingue a unos grupos de otros es su grado de profesionalización. La mayoría funcionan a partir del trabajo voluntario, aunque hay algunas iniciativas que cuentan con personas asalariadas, quienes, en ocasiones, se encargan de una tienda abierta al público.

La crisis en la que se encuentra el sector agrario y las dificultades para acceder directamente a los consumidores, con una ley de márgenes poco transparente y que sitúa el diferencial medio entre el precio en origen de un producto y en destino en casi un 500%, beneficiando principalmente a la gran distribución, ha llevado a los agricultores a buscar alternativas. El sindicato campesino COAG impulsa la iniciativa ARCO (Agricultura de Responsabilidad Compartida) con el objetivo de promover unos circuitos de comercialización cortos: mercados de productores, grupos de consumo, cajas a domicilio, venta en explotaciones, comedores colectivos, etc., y evitar intermediarios.

La multiplicación de estas experiencias plantea una serie de oportunidades para desarrollar otro modelo de consumo desde lo local, recuperando el derecho a decidir sobre cómo, cuándo y quién produce lo que se consume, que los bienes naturales, agua, tierra y semillas, estén en manos de quienes trabajan la tierra y que no sean privatizados ni mercantilizados. Es lo que el movimiento internacional de La Vía Campesina ha llamado derecho a la soberanía alimentaria. Frente a un modelo de agricultura intensiva e industrial que calienta el planeta y que genera hambre, es necesario apostar por una agricultura local, sostenible, en manos del campesinado familiar capaz de alimentar al mundo y enfriar la Tierra.

El gran reto es cómo llegar a más gente, hacer estas experiencias viables, mantener unos principios de ruptura con el actual modelo agroindustrial, seguir vinculadas a una producción y a un consumo local y rechazar los intentos de cooptación y el marketing verde. La tarea no es nada fácil.

Las cooperativas y los grupos de consumo tienen que aliarse con otros actores sociales (campesinos, trabajadores, mujeres, ecologistas, ganaderos, pescadores…) para cambiar este modelo agroalimentario, pero a la vez deben ir más allá y participar en espacios amplios de acción y debate como foros sociales, campañas, plataformas… para conseguir un cambio de paradigma.

La lógica capitalista que impera en el actual modelo agrícola y alimentario es la misma que afecta a otros ámbitos de la vida: la privatización de los servicios públicos, la especulación con el territorio y la vivienda, la deslocalización empresarial, la precariedad laboral, etc. Cambiar este sistema agroalimentario implica un cambio radical de paradigma y la crisis múltiple del capitalismo en la que estamos inmersos (financiera, climática, social, política, de los cuidados, alimentaria, energética) lo pone claramente de manifiesto.

ESTHER VIVAS es miembro de la Red de Consumo Solidario.

+ info: http://www.esthervivas.wordpress.com