Standars and Poor’s ha bajado el rating de la deuda pública de España, algo que ha alarmado a los mercados y agudiza los problemas económicos de España. Este hecho es bien conocido por todos. Lo que ya se escapa más es qué significa realmente, qué consecuencias puede tener y qué puede hacerse para evitar los graves problemas que se avecinan. Como ya vimos con ocasión del caso griego, la deuda pública es el mecanismo que tienen los Estados para endeudarse y poder financiar así sus actividades económicas. El procedimiento es sencillo. El Estado, España en este caso, emite unos títulos financieros (letras, bonos u obligaciones; en función del plazo de vencimiento) que garantizarán al comprador unos flujos futuros iguales al nominal más los intereses. No obstante, existe un mercado secundario donde se compran y venden esos títulos, de tal forma que normalmente no se mantienen hasta el final.
En cualquier caso, cuando los Estados sacan a la venta esos títulos lo hacen a través de una subasta que determinará el precio de los mismos. Así, cuantos más inversores pujen por esos títulos más alto será el precio y, lo que es lo mismo, menos tendrá que pagar el Estado en concepto de intereses. O, dicho de otra forma, si son muchos los inversores en relación a los títulos ofrecidos por el Estado (una relación de oferta y demanda), entonces el Estado tendrá que pagar menos intereses por cada título. En definitiva, en esas circunstancias al Estado le será más barato endeudarse y tendrá que pagar menos al devolver la deuda.
Ahora bien, ¿cómo saben los inversores cuál es la calidad de los títulos que vende un Estado? ¿cómo saben los inversores si es mejor (más o menos arriesgado) comprar los títulos de Grecia, España o EEUU? En teoría lo razonable es hacerlo examinando las variables macroeconómicas del país, porque es aquello que te muestra cómo evoluciona la economía que está detrás de ese endeudamiento. Sin embargo, hacer todo eso es costoso en tiempo y conocimientos. Por eso aparecen unas instituciones privadas llamadas agencias de calificación que dicen hacer ese trabajo y simplifican toda esa información a un dato que se encuentra en una escala muy reducida que, dicen, permite además la comparación. Así, estar por encima en la escala representa mejor calidad.
Estas agencias privadas (hay 3 verdaderamente importantes) son entonces de vital importancia para los inversores. ¿Y por qué? Pues porque los inversores se comportan en los mercados financieros de una forma gregaria y con un único objetivo: asegurar la máxima rentabilidad posible. Esos inversores son, sobre todo, fondos de inversión colectiva, es decir, fondos de pensiones, fondos de inversión, hedge funds, fondos soberanos, fondos de riqueza privada -de las personas más ricas del mundo- etc., y son gestionados por muy pocos individuos que se llevan importantes comisiones por esa labor. Su comportamiento es sencillo: se mueven por los mercados financieros (el de Deuda Pública lo es, pero también el de Deuda Privada, el de acciones, el de futuros y opciones, etc.) buscando hacer operaciones de compra y venta que les permitan revalorizar su capital, esto es, incrementar su dinero inicial. Y como son operaciones rápidas, inmediatas en su ejecución y cambiantes, no tienen tiempo para análisis económicos de fondo. La señal enviada por las agencias de calificación es, entonces, crucial. Esas señales disparan la alarma y provocan estampidas en los inversores, modificando la relación de oferta y demanda en los mercados primarios y secundarios de títulos de deuda pública.
Así pues, una bajada del rating por parte de S&P supone un aviso a los inversores de que la calidad ha bajado y de que “deberían” exigir más por sus títulos a fin de que la rentabilidad ofrecida reflejara el riesgo asumido. Entonces, nuevas emisiones de títulos por parte de España serán mucho más caras: la subasta ofrecerá un resultado muy distinto al anterior pues ahora los inversores exigirán mayores intereses y, en consecuencia, al Estado le saldrá más caro endeudarse.
¿Problemas? Por un lado que no son científicos los métodos de las agencias de calificación y, en cambio, en gran medida son discrecionales. Por otra parte, que dichas estampidas de los inversores pueden estar o no justificadas, es decir, pueden ser sensatas (el riesgo de quiebra aumenta) o totalmente injustificadas (como en el caso griego, efecto de ataques especulativos). En el caso de España me atrevería a decir que aunque la situación es complicada, los movimientos en el mercado de deuda pública (y en el de CDS que funciona en paralelo) se deben más a temores y procesos especulativos por parte de unos inversores que quieren pescar en río revuelto.
En cualquier caso, a España le va a costar cada vez más endeudarse y tiene que actuar para modificar su economía y mejorar su situación. Pero hay dos vías: la que proclaman los liberales (un ajuste estructural a la vieja usanza) y la que en mi opinión debería acometerse. La primera es una solución del tipo que el FMI y la UE están requiriendo a Grecia: bajada gasto público, reformas fiscales regresivas, desregulación más acusada del mercado laboral, etc. Todo un programa de espíritu neoliberal. Un programa que satisfaga a los mercados (a los inversores y especuladores) y que tranquilice la situación a costa del bienestar de los trabajadores.
La otra solución es recuperar la soberanía del pueblo y recuperar el Estado como instrumento útil para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a decidir. Es decir, dejar de depender del más que sesgado criterio de los mercados financieros y sus agentes y empezar a recuperar el control de la economía. Para ello es necesario acometer reformas que en el caso de España conllevan un replanteamiento radical del modelo productivo y de su relación de clases, pero que en definitiva pasan por destruir el tinglado neoliberal montado en las últimas décadas, plantarse radicalmente frente a este tipo de globalización financiera, y construir una economía donde el sector financiero haga lo que tiene que hacer (financiar la economía real) y donde el objetivo sea la satisfacción de las necesidades humanas.
Alberto Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España
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