Hipotecas bancarias: Docencia gráfica (Forges)

Asi de claro.
Gracias... Forges

Ajustes inútiles: ahora Portugal

El predominio del capital financiero, según ha expresado el periodista francés Jean Daniel, ha provocado que la "sociedad entera se transforme en una bolsa de valores que ya sólo puede optar entre un individualismo cínico y un latrocinio organizado". En los últimos 35 años este proceso se ha ido agravando y se ha hecho más sofisticado.

La reglas se imponen desde los mercados financieros: primero se fomenta la expansión económica de la mano del endeudamiento ya sea público o privado, junto con la especulación rampante. Hace poco esto se denominó "exuberancia irracional".

Eso lleva inevitablemente a distorsiones productivas entre los sectores, las regiones y los países y, también, a desequilibrios financieros insostenibles. Luego, cuando las deudas tienen que pagarse, las burbujas revientan y los acreedores intervienen, en conjunto con los organismos internacionales, para imponer severos ajustes que exprimen las condiciones sociales para generar el excedente y poder cobrar.

Es entonces cuando se manifiestan claramente las contradicciones que se han ido acumulando, de un lado, entre el Estado y las sociedades a las que representan y, por el otro lado, el capital financiero que opera a escala global. Sólo mediante el aparato del Estado se puede generar el excedente para pagar las deudas. Esta experiencia ha ocurrido en México en varias ocasiones.

Las pautas de la "financierización" del capital se han ido repitiendo sobre las mismas bases, aunque las modalidades sean diferentes en cada uno de los episodios que se van registrando (la deuda externa de los países emergentes en la década de 1980, las empresas de tecnología en 2001 y el sector inmobiliario en 2008).

Las secuelas de la crisis de 2008 siguen manifestándose en Estados Unidos y en Europa, donde se dieron los más recientes excesos especulativos. Una vez más se salvaguardan los esquemas ordenadores del capitalismo eminentemente financiero, y se carga el costo de la crisis sobre los presupuestos públicos para imponer los ajustes. A esto debe sumarse el efecto en las restricciones del crédito que afectan a la mayor parte de las empresas pequeñas y medianas.

No es difícil comprender cómo este mecanismo de ajuste provoca a lo largo del tiempo una creciente desigualdad social y económica. Ése es hoy uno de los rasgos sobresalientes. En Estados Unidos, por ejemplo, la concentración del ingreso en el uno por ciento de las familias más ricas es del orden de 20 por ciento, similar al que se registraba en el tiempo de la Gran Depresión de 1929-33. En México, según el Banco Mundial, el 10 por ciento de hogares más ricos concentran más de 40 por ciento del ingreso total, puede estimarse que el uno por ciento más rico acapara más de una tercera parte.

Las crisis recurrentes tienden a tumbar los avances que se pueden hacer para una distribución más equitativa. En los meses recientes en Europa se ha impuesto un ajuste draconiano en Grecia e Irlanda y ahora en Portugal.

Las pautas del ajuste son prácticamente las mismas que las aplicadas ya por varias décadas. No hay en esto variaciones notables, la receta de los doctores de la estabilización es única.

En Portugal se busca reducir el gasto corriente (en administración, salud, educación y prestaciones sociales) y elevar el ingreso público (más impuestos sobre la renta, IVA, especiales, sobre inmuebles y privatizaciones).

Se prevé que la economía estará en recesión dos años y que el desempleo llegue a 13 por ciento. El FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo consideran que las medidas impuestas son "duras pero justas". A saber cuál es la noción de justicia detrás de esta consideración.

Tal vez la idea sea que en un régimen democrático los ciudadanos tienen que avalar sin chistar las acciones de quienes gobiernan y que también deben respaldar los excesos especulativos de los bancos y los criterios correctivos de los burócratas internacionales. No parece en verdad una situación equitativa.

La experiencia dice, desde una visión superficial, que las economías se recuperan de los ajustes, así se desprende de los saldos después del ajuste de las cuentas públicas y de los registros acerca del producto, es decir, de los datos más agregados. Pero ellos no muestran, por ejemplo, las condiciones en las que queda la gente que pierde su empleo, las familias que ven reducido sus patrimonios, las empresas pequeñas y medianas que en el mejor de los casos se estancan o de plano cierran, o la degradación de los patrones de consumo.

La mayoría de los portugueses, griegos e irlandeses no necesariamente van a estar mejor después del ajuste. No hay, además, manera de prever que una vez ajustados podrá sostenerse en un entorno de beneficios sostenibles. Por el contrario, al parecer habrá que irse preparando para el siguiente episodio de crisis, los que no sólo son recurrentes sino que tienden a surgir cada vez a intervalos más cortos.

León Bendesky.
La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2011/05/09/index.php?section=opinion&article=025a1eco

La economía de la infelicidad

La economía no es algo ajeno a nosotros. Los seres humanos formamos parte de ella del mismo modo que los peces forman parte del océano. Tanto es así, que podría describirse como el tablero de juego sobre el que hemos edificado nuestra existencia, y en el que a través del dinero se relacionan e interactúan tres jugadores principales: el sistema monetario, las organizaciones y los seres humanos. Cabe decir que esta partida está regulada por leyes diseñadas por los Estados. Sin embargo, por encima de su influencia, el poder real reside en los ciudadanos: con nuestra manera de ganar dinero (trabajo) y de gastarlo (consumo) moldeamos día a día la forma que toma el sistema.

Más allá de cubrir nuestras necesidades, a lo largo de las últimas décadas nos hemos convencido de que debemos tener deseos y aspiraciones materiales de cuya satisfacción dependa nuestra felicidad. Y no es para menos. En 2010, la inversión publicitaria en España superó los 12.880 millones de euros, según la agencia Infoadex. Así, las empresas se gastaron 280 millones por ciudadano con el objetivo de persuadirnos para comprar sus productos y servicios. Cabe decir que esta inversión multimillonaria promueve unas determinadas creencias, valores y prioridades en nuestro paradigma. Es decir, en nuestra manera de comprender y de vivir la vida. Prueba de ello es el triunfo del hiperconsumismo.

Además, mientras seguimos asfaltando y urbanizando la naturaleza, conviene recordar que la economía creada por la especie humana es un subsistema que está dentro de un sistema mayor: el planeta Tierra, cuya superficie física y recursos naturales son limitados y finitos. De hecho, creer que el crecimiento económico va a resolver nuestros problemas existenciales es como pensar que podemos atravesar un muro de hormigón al volante de un coche pisando a fondo el acelerador.

Sin embargo, hoy en día es común escuchar a políticos, economistas y empresarios afirmar que "el sistema capitalista es el menos malo" de todos los que han existido a lo largo de la historia. Y que "afortunadamente" ya empiezan a verse señales de "recuperación económica". Es decir, que la idea general es seguir creciendo y expandiendo la economía tal y como lo hemos venido haciendo. Es decir, sin tener en cuenta los costes humanos y medioambientales. De lo que se trata es de "superar cuanto antes" el bache provocado por la crisis financiera.

Ante este tipo de declaraciones podemos concluir que como sociedad no estamos aprendiendo nada de lo que esta crisis ha venido a enseñarnos. De ahí que sigamos mirando hacia otro lado, obviando la auténtica raíz del problema. No nos referimos a la guerra, a la pobreza o al hambre que padecen millones de seres humanos en todo el mundo. Ni a la voracidad con la que estamos consumiendo los recursos naturales del planeta. Tampoco estamos hablando del abuso y de la dependencia de los combustibles fósiles -petróleo, carbón y gas natural-, que tanto contaminan la naturaleza. Ni siquiera del calentamiento global. Estos solo son algunos síntomas que ponen de manifiesto el verdadero conflicto de fondo: nuestra propia infelicidad.

Cegados por nuestro afán materialista llevamos una existencia de segunda mano. Parece como si nos hubiéramos olvidado de que estamos vivos y de que la vida es un regalo. Prueba de ello es que el vacío existencial se ha convertido en la enfermedad contemporánea más común. Tanto es así, que lo normal es reconocer que nuestra vida carece de propósito y sentido. Y también que muchos confundan la verdadera felicidad con sucedáneos como el placer, la satisfacción y la euforia que proporcionan el consumo de bienes materiales y el entretenimiento.

La paradoja es que el crecimiento económico que mantiene con vida al sistema se sustenta sobre la insatisfacción crónica de la sociedad. Y la ironía es que cuanto más crece el consumo de antidepresivos como el Prozac o el Tranquimazín, más aumenta la cifra del producto interior bruto. De ahí que no sea descabellado afirmar que el malestar humano promueve bienestar económico.

Frente a este panorama, la pregunta aparece por sí sola: ¿hasta cuándo vamos a posponer lo inevitable? Es hora de mirarnos en el espejo y cuestionar las creencias con las que hemos creado nuestro falso concepto de identidad y sobre las que estamos creando un estilo de vida puramente materialista. Si bien el dinero nos permite llevar una existencia más cómoda y segura, la verdadera felicidad no depende de lo que tenemos y conseguimos, sino de lo que somos. Para empezar a construir una economía que sea cómplice de nuestra felicidad, cada uno de nosotros ha de asumir la responsabilidad de crear valor a través de nuestros valores. Y este aprendizaje pasa por encontrar lo que solemos buscar desesperadamente fuera en el último lugar al que nos han dicho que debemos mirar: dentro de nosotros mismos.

Borja Vilaseca es director del máster en Desarrollo Personal y Liderazgo de la Universidad de Barcelona.

Fuente: El País

Las agencias de rating han dejado de estar bajo sospecha…

… porque las sospechas se han confirmado y la responsabilidad de las agencias de rating en la crisis financiera del año ocho ha quedado claramente demostrada. Esto queda meridianamente claro en el informe de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera (FCIC en sus siglas en inglés) hecho público el 27 de enero de 2011.

La FCIC es una comisión de diez miembros que el gobierno de los Estados Unidos creó en mayo de 2009 para investigar las causas de la crisis. En sus conclusiones el informe señala contundentemente que “las tres agencias de calificación crediticia fueron las herramientas clave de la crisis financiera” (p. XXV).

En el capítulo 8 se realiza un estudio de caso relativo a Moody’s (pp. 146-150). En esas páginas se ponen de manifiesto errores metodológicos de bulto en las calificaciones, así como manifestaciones diversas de falta de diligencia (como no examinar las hipotecas basura que subyacían a los productos estructurados que se estaban calificando).

Pero lo más significativo son las evidencias de conducta fraudulenta y de connivencia con los emisores de los bonos contaminados.

Así, las agencias proporcionaron datos falsos sobre la estabilidad de los productos estructurados a lo largo de la historia, para que fueran incluidos en los prospectos de propaganda de los bonos (p. 148). Estos datos se siguieron utilizando durante los años 2006 y 2007, cuando ya habían empezado a dejar de pagarse las hipotecas subprime.

El informe también da por probado que las agencias trabajaban en connivencia con las entidades que emitían los bonos y con sus managers, es decir, que les ayudaban a estructurar el producto. Los empleados de Moody’s recibieron diversos tipos de presiones por parte de las entidades emisoras.

La influencia de los bancos sobre los empleados de las agencias se veía favorecida por la existencia de una “puerta giratoria” entre ambos tipos de negocios. De hecho, el 25% de los empleados que abandonaron Moody’s fueron contratados por bancos que eran “clientes” de la agencia (p. 150). Podía así darse el caso de que un analista estuviera calificando los bonos de un banco en el mismo momento en que estaba negociando las condiciones para ser contratado por esa entidad. Se daba también frecuentemente la situación de que la persona del banco con la que el analista de Moody’s trabajaba fuera un antiguo compañero de éste. Todo esto pone de manifiesto que las agencias, más que actuar como organismos reguladores, lo que hacían era ejercer de asesores de los organismos que debían regular aconsejándoles cómo “empaquetar” sus productos fraudulentos para poderles conceder la máxima calificación.

En la base de todo esto se encuentra el hecho de que “calificar los bonos era un negocio muy provechoso para las agencias de rating” (p. 150). Los beneficios que obtuvo Moody’s a raíz de la calificación de los productos estructurados crecieron de 199 millones en el año 2000 a 887 millones en 2008, el 44% de los beneficios totales de la empresa (p. 149). En la competencia por obtener estos suculentos contratos, las agencias ofrecieron dar calificaciones favorables para intentar desbancar a sus rivales, como el propio informe señala (p. 150). La capacidad de presión de los emisores de bonos se veía favorecida, además, por la concentración de los mismos. Sólo Citigroup y Merrill Lynch encargaron la calificación de bonos por valor de 140.000 millones de dólares entre 2005 y 2007 (en esos años se calificaron 663.000 millones de dólares en este tipo de productos; p. 149).

A todo esto se añade el dato que señaló un juez en un proceso contra las agencias: éstas cobraban tres veces más de lo habitual por calificar esos bonos, pero recibían sus honorarios sólo en la medida en que la calificación fuese la deseada. Si ése no es un conflicto de intereses, dado que la agencia obtiene más beneficios en función de que la calificación que conceda sea más alta, entonces es difícil saber qué habrá de entenderse como tal.

Aparte del informe de la FCIC, algunos periodistas han arrojado nueva luz sobre los manejos de las agencias. Es el caso de Jesse Eisinger, periodista de Propublica y ganador del último premio Pulitzer por una investigación sobre los tejemanejes de Wall Street. En un artículo del 13 de abril (que se puede encontrar en la página web de Propublica), Eisinger recoge el testimonio de un antiguo analista de Moody’s, Bill Harrington, que dejó la agencia a mediados del año pasado.

Harrington explica que los analistas están sometidos a una intensa presión por parte de los bancos. Y los directivos de la agencia no se ponen de su parte, sino que los regañan si no atienden a los banqueros. Cuenta el caso reciente de un representante de un banco que le llamó varias veces dejándole el recado de que le devolviese la llamada. Como no lo hizo, fue llamado a capítulo por el jefe de personal, quien le subrayó (no por primera vez) que la filosofía de la agencia es que los clientes son lo primero. Esto pone de manifiesto la capacidad de acceso que tienen los bancos a los autores de los análisis y cómo su poder de presión sobre los mismos se ve favorecido por la conducta de los directivos de las agencias.

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Uno de los problemas más graves que plantea la actuación de las agencias es su impunidad. Tradicionalmente, estas entidades se han escudado tras la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión. Según este planteamiento, los ratings o calificaciones que emiten son “opiniones”, como las vertidas, por ejemplo, en la columna de opinión de un periódico. Por tanto, las agencias deben contar con una inmunidad parecida a la de los periodistas.

La Ley DODD-FRANK de reforma del sistema financiero aprobada en julio de 2010 contenía una cláusula que otorgaba a los inversores el derecho de procesar a las agencias si éstas no actuaban con la debida diligencia. Moody’s, S&P y Fitch lucharon encarnizadamente contra esta cláusula y lograron que se suspendiera su aplicación hasta enero de 2011. Según las últimas noticias de que se disponen (de abril), ni esta cláusula, ni el órgano encargado de supervisar la actuación de las agencias, han sido puestos en marcha debido a problemas presupuestarios.

Pero esto no significa que no se estén produciendo algunas brechas en la coraza de la que están recubiertas las agencias de rating. En septiembre de 2010, la Securities and Exchange Commission (SEC, el órgano regulador financiero estadounidense) finalizó una investigación sobre actividades fraudulentas por parte de Moody’s. No se decidió a procesar a la agencia porque dichas actividades habían ocurrido en Europa. Pero sí hizo público un informe con el resultado de sus pesquisas.

De acuerdo con la SEC, en el año 2006 un analista de Moody’s descubrió un fallo en el modelo computerizado que se había utilizado para evaluar el riesgo de un nuevo tipo de bono. A estos bonos se les había concedido la calificación más alta y se habían vendido en Europa. Sin embargo, el descubrimiento del fallo ponía de manifiesto que el riesgo que entrañaban era mucho mayor que el declarado.

Los ejecutivos de Moody’s discutieron si debía hacerse público el hecho y al final decidieron que no, porque eso podría dañar la reputación de Moody’s. Mantuvieron la calificación más alta a sabiendas de que estaban engañando a los inversores. Con eso contradecían su propio código de conducta, en virtud del cual, a la hora de realizar un rating, Moody’s no tendría en cuenta los efectos de la calificación sobre la propia agencia. Además, cometieron un fraude.

Diversas entidades privadas, como el Banco de Abu Dhabi y los más importantes fondos de pensiones estadounidenses, han entablado pleitos contra las agencias de calificación de riesgos. En uno de estos procesos, un juez abrió una clara brecha en la defensa de la libertad de expresión, señalando que los ratings no eran asunto de interés público y que se comunicaban a un reducido número de inversores, por lo que no podían quedar cubiertos por la Primera Enmienda. Un experto señaló que dicho argumento había encontrado un importante agujero en la defensa basada en la libertad de expresión.

Asimismo, en una serie de casos contra las agencias de rating —que pueden resultar de especial interés para Europa—, el fiscal general de Connecticut, Richard Blumental, sostiene que “las tres agencias de rating (Moody’s, S&P y Fitch) dan calificaciones más bajas de manera sistemática e intencionada a los bonos emitidos por los ayuntamientos, los estados y otras entidades públicas”. Y esto ha obligado a las entidades de Connecticut (y a sus contribuyentes) a “gastar innecesariamente millones de dólares en seguros y en tipos de interés más altos”.

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El último episodio del enfrentamiento entre el gobierno estadounidense y las agencias de rating tuvo lugar el 18 de abril. Ese día Standard and Poors (S&P) emitió un comunicado en virtud del cual revisaba la calificación correspondiente a la previsión de la evolución a medio plazo de los Estados Unidos y la rebajaba de “estable” a “negativa”. Eso significa, según señala la propia agencia, que existe una probabilidad sobre tres de que rebaje la calificación de los bonos de la deuda norteamericanos en un plazo de dos años. En caso de ocurrir, sería la primera vez en la historia que esos títulos perderían su “dorado” rating triple A, que les reconoce una solvencia y una liquidez máximas.

La acción de S&P es, desde luego, una demostración de fuerza. Después de que el gobierno haya intentado, sin conseguirlo, poner en marcha un organismo supervisor de las agencias y someterlas a responsabilidad por sus calificaciones, S&P va y lo amenaza con rebajar el rating de su deuda. Como ha dicho algún comentarista, el poder financiero habla por boca de las agencias. Y ésta es la única explicación posible de que no se hayan visto arrastradas por la crisis (como ocurrió con Arthur Andersen tras el caso Enron): a pesar de todo, los bancos las prefieren a ellas y son contrarios a cualquier otro mecanismo alternativo de calificación de riesgos.

S&P justifica la revisión de la calificación de los Estados Unidos por el déficit fiscal y la enorme deuda que acumula el país. Ésta alcanzará el techo máximo permitido de 14,29 billones (miles de millones) de dólares hacia mediados del mes de mayo. Y la preocupación principal de la agencia es “el creciente riesgo de que las negociaciones políticas sobre cómo afrontar los desafíos fiscales a medio y largo plazo persistan hasta después de las elecciones nacionales de 2012”.

Se trata claramente de una intervención ilegítima en la política norteamericana. Constituye un chantaje al Congreso estadounidense, al presionar a los partidos para que lleguen a un acuerdo. Aunque S&P se proclama neutral respecto a las diferentes propuestas de ajuste que defienden Obama y los republicanos, está claro que su intervención ha constituido un espaldarazo a estos últimos. Y el líder de los republicanos así lo ha interpretado, blandiendo la calificación de S&P contra los demócratas.

Ambos partidos tienen la intención de llevar a cabo un severo plan de ajuste. Pero el de los republicanos pretende incidir sobre todo en los gastos sociales, no tocar los militares y rebajar los impuestos de los más ricos (algo parecido a lo que hace Convergència en Cataluña, con la salvedad de que no dispone de un ejército). Por otro lado, obligar a Obama a aprobar y empezar a implementar un plan de ajuste en plena campaña electoral disminuirá notablemente sus posibilidades de ser reelegido.

Rebajar el rating de los bonos norteamericanos no solucionaría el problema del déficit y de la deuda, sino que lo agravaría. A Estados Unidos le resultaría mucho más caro y difícil conseguir préstamos en el mercado de capitales. Exactamente lo mismo que ha ocurrido en países europeos como Grecia, Irlanda, Portugal o la misma España. Al rebajar la calificación de la deuda, los títulos que se emiten para afrontarla deben pagar más intereses, con lo que el volumen de la propia deuda aumenta.

Después de todos estos antecedentes, está claro que las agencias de rating no tienen la suficiente credibilidad para seguir realizando la tarea que vienen haciendo. En especial, resulta extremadamente peligroso que sean quienes lleven a cabo la delicada misión de calificar la deuda de los estados. Eso es algo que afecta a las condiciones de vida y al futuro de millones de personas, y no puede dejarse en manos de unos sujetos tan venales. Por eso hay que saludar con entusiasmo la presentación de la querella contra Moody’s, Standard & Poors y Fitch ante la Audiencia Nacional, y esperar que este tipo de iniciativas y otras acciones sociales y políticas se extiendan por Europa. De ese modo se podrá luchar contra uno de los poderes privados más fuertes e irresponsables que existen en el mundo actual.

José A. Estévez Araujo
Rebelión

¿Por qué el paro no deja de crecer en España y qué remedio tiene?

Antes de salir a la manifestación del 1 de Mayo en Sevilla (una de las dos que lamentablemente hay) no me resisto a hacer un breve comentario sobre las razones que hacen que en España se sigan destruyendo casi 3.000 empleos diarios.

En mi opinión, las causas fundamentales del elevado desempleo español son las siguientes:

1. Las grandes empresas (antes españolas y algunas ahora multinacionales como Telefónica) han encontrado un filón de beneficios extraordinarios en el mercado global (muchas de ellas gracias a la dimensión y a los recursos que habían adquirido previamente como empresas públicas españolas) y se han desentendido del mercado interior. Así, y a pesar de obtener ganancias multimillonarias, no solo no crean más empleo aquí sino que lo destruyen (como Telefónica que gana 10.167 millones de euros y quiere desprenderse del 20% de su plantilla española.). Además, como una parte del empleo que despiden lo sustituyen por otro más barato subcontratado (gracias a las permisivas leyes laborales aprobadas con la excusa de que con ellas se iba a crear empleo) de esa manera reducen la masa salarial total, de modo que disminuyen la demanda global de la economía.

2. En los años anteriores, la financiación y las condiciones de promoción económica y fiscales más privilegiadas se dedicaron a empresas vinculadas a la construcción en el marco de una gran burbuja inmobiliaria que proporcionaba cientos de miles de millones de euros de beneficios a promotores, constructores, bancos y especuladores de todo tipo. Crearon muchos puestos de trabajo pero cuando la burbuja estalló se perdieron casi todos ellos.

3. Los bancos se han dedicado en los últimos años a financiar preferentemente el negocio inmobiliario dentro y fuera de nuestro país. Para ello, recurrieron también a endeudarse en otros bancos extranjeros. Gracias a que en España disponen de condiciones muy privilegiadas por su gran poder político proveniente de la dictadura, y a que la necesidad de crédito es mayor aquí por nuestro menor nivel de renta, los bancos españoles obtenían muchos más beneficios que los de su alrededor pero no los utilizaron para financiar el desarrollo de un modelo productivo sostenbile y generador de empleo suficiente y de calidad sino, como he dicho, el del negocio inmobiliario.

4 Cuando la crisis financiera y el estallido de la burbuja les afectó los bancos cerraron el grifo del crédito. Luego, cuando fueron “salvados” con dinero público. en lugar de empezar a financiar a las empresas que crean empleo se han dedicado a seguir especulando o a comprar deuda. El resultado fue que la construcción se vino abajo, y con ella el empleo que generaba, y que las demás empresas dejaron de poder financiarse como antes.

5. Las empresas que crean empleo en España son las pequeñas y medianas y éstas están ahogadas porque no disponen de financiación suficiente. Además este empleo que crean (casi el 90% del total del que se genera en nuestra economía desde hace años) lo pueden generar principalmente en función de la demanda que hay en el mercado español porque sus clientes no son empresas de Méjico o de Brasil, o de India o China, de Estados Unidos o Dinamarca, sino consumidores u otras empresas españolas que pueden comprarles sus productos según la renta de la que dispongan.

6. Por eso, la disminución continuada del poder adquisitivo de los trabajadores y de los ingresos de los autónomos y de los pequeños y medianos empresarios (cada vez más ahogados por las grandes empresas que les imponen condiciones leoninas) es lo que reduce el negocio de estas empresas sobre las que descansa casi el 80% del empleo español y la creación del 90% del empleo nuevo que se crea.

7. El mercado laboral español tiene además algunos problemas importantes. No hay un buen equilibrio entre la formación de la mano de obra y las demandas de las empresas, no hay suficiente movilidad (fundamentalmente porque apenas hay mercado de viviendas de alquiler), las condiciones de negociación son muy asimétricas y las grandes empresas (tipo Telefónica, El Corte Inglés, grandes bancos….) prácticamente pueden imponer cualquier condición de trabajo (becarios, prácticas abusivas, temporalidad…). Pero ninguna de estas circunstancias son causantes del desempleo, tal y como dicen los neoliberales. En todo caso, favorecen el gran poder de las grandes empresas que actúan como he mencionado en los puntos anteriores.

8. La causa del desempleo en España es, en definitiva, que la demanda existente se canaliza hacia la actividad de las grandes empresas globales gracias al poder que estas tienen y hacia la financiera. Así, obtienen grandes beneficios pero a costa de llevar a cabo una actividad insuficiente para generar el empleo que se necesita. De hecho, han sido esas grandes empresas y la banca las que más empleo han destruido, mediante despidos o prejubilaciones, en los últimos años.

9 Por lo tanto, lo que se necesita para crear empleo en España es:

a) Poner más ingresos y financiación a disposición de las empresas que orientan su actividad hacia el mercado interior, favoreciendo y facilitando su actividad mediante normales legales e incentivos adecuados.

b) Potenciar la creación de pequeñas y medianas empresas, privadas y de carácter social y cooperativo en ese tipo de actividades vinculadas al mercado nacional.

c) Aumentar el ingreso de los trabajadores.

d) Disponer urgentemente de la financiación que necesitan las empresas para poder poner en marcha sus planes de actividad que creen empleo. Como ya se ve que eso no lo hace la banca privada es urgente nacionalizar las cajas de ahorro, crear banca pública y someter a los bancos privados restantes a severas condiciones de uso de los recursos financieros en función de lógicas de servicio público.

e) Aumentar la capacidad de intervención del Estado mediante una reforma fiscal que proporciones recursos para poner en marcha lo anterior y que desincentive y penalice la actividad parasitaria de las grandes empresas y de la banca.

f) Y, puesto que las privatizaciones de las antiguas empresas públicas no tuvieron otro objetivo que facilitar su inserción en los mercados globales en las condiciones antisociales y muy onerosas para España y su economía que he comentado, hay que preparar una estrategia orientada a recobrarlas para que vuelvan a pasar a ser de todos los españoles.

En definitiva, se trata de abordar un mal resolviendo las causas que lo han provocado. Lo demás, dedicarse a hacer reformas que solo aumentan el poder y los beneficios de las grandes empresas y de los bancos (los que sentó Zapatero a su mesa para “salir de la crisis) solo nos lleva a donde estamos. Con todos mis respeto, hay que ser muy tonto (o muy cínico o cómplice) para no verlo.

Juan Torres López.
Consejo Científico de ATTAC.

La clase trabajadora en España

El Economic Policy Institute de Washington, uno de los centros de investigación económica más conocidos y prestigiosos de EEUU, publica cada dos años un informe sobre la situación de la población trabajadora en EEUU (The State of Working America) que es una referencia muy utilizada –incluso por el Congreso de EEUU– por su documentación exhaustiva sobre el mundo del trabajo en aquel país. Incluye también información sobre las condiciones laborales en la mayoría de países de la OCDE de semejante nivel de desarrollo económico, presentando datos y gráficos que son de una gran utilidad para los estudiosos del mundo laboral en los países con mayor nivel de desarrollo económico.

En su último informe, publicado hace sólo unas semanas, hay datos económicos y sociales que cuestionan claramente los datos que constantemente se utilizan en los centros que reproducen la sabiduría convencional de España. Así, en el capítulo sobre horas anuales de trabajo por trabajador, España (presentado frecuentemente como un país de gran laxitud e indisciplina laboral) aparece como uno de los países en los que los trabajadores trabajan más horas al año. Concretamente 1.654 horas, muy por encima del promedio de los países de la OCDE, 1.628 horas.

Otra sorpresa es el indicador que contradice otro elemento de la sabiduría convencional que habla constantemente del escaso crecimiento de la productividad como causa de la escasa recuperación económica española. El informe señala que el crecimiento de la productividad en España durante el periodo 2007-2009 fue el mayor (5,4%) de los países de la OCDE, cuyo promedio fue de -1,1%. El de Estados Unidos fue menor que el de España, un 4%, lo que contrasta con la mayoría de países de la OCDE, que sufrieron un descenso de su productividad. España fue también el país que destruyó más empleo, con una tasa negativa de producción de empleo (-7,2%).

Otro dato interesante es el nivel de productividad, dato diferente al del crecimiento de la productividad. De nuevo, las cifras contradicen la visión promovida por conservadores y neoliberales que constantemente se refieren a España como un país con muy baja productividad. El informe señala que la productividad española está por encima no sólo de Grecia, Portugal e Italia, sino también de Japón y Nueva Zelanda.

Es también interesante analizar los salarios. España tiene los más bajos de la OCDE (junto con Grecia y Portugal). Su compensación salarial por hora en la manufactura (cuyos trabajadores son los mejor pagados en cualquier país) es sólo el 85% del de EEUU. La mayoría de los países de la UE-15 están muy por encima de EEUU (Dinamarca 172%, Suecia 147%, Noruega 197%, Alemania 153% o Austria 144%). Tales datos muestran que no pueden justificarse los bajos salarios de España recurriendo al argumento de una supuesta baja productividad. En realidad, España no está a la cola de la productividad de la OCDE. Sí que está, en cambio, a la cola de los salarios. En realidad, el nivel salarial responde más a causas políticas que a causas económicas. Así, la variable que tiene un gran poder determinante del nivel salarial (y también, por cierto, de la actividad redistribuidora del Estado) es el poder sindical. A mayor poder sindical, mayores salarios, menores desigualdades y mayor productividad.

Otro dato de gran interés es que, en el análisis del sector público, el informe señala que España es uno de los estados menos redistributivos. El indicador que el informe utiliza para medir la capacidad redistributiva del Estado es el porcentaje de la población en situación de pobreza antes y después de las intervenciones del Estado. El Estado, a través de impuestos, por un lado, y las transferencias públicas, por el otro, afecta a la distribución de la renta de un país. Pues bien, España es uno de los países donde el Estado tiene menos impacto en la reducción de la pobreza. Esta pasa de ser el 17,6% de la población, antes de que intervenga el Estado, a un 14,1%, sólo 3,5 puntos menos. En la gran mayoría de países, la reducción es mucho mayor. EEUU, uno de los países con mayores desigualdades, reduce la pobreza 9,2 puntos, más del doble que España. Y si vamos a países de tradición socialdemócrata como Suecia, vemos que la reducción de la pobreza es de 21,4 puntos. España, repito, sólo 3,5 puntos. Esto quiere decir que los impuestos son muy regresivos y las transferencias públicas muy escasas.

Los países nórdicos, junto con Francia, son los más redistributivos. España, junto con Holanda, Japón y EEUU, son los menos redistributivos. Es interesante señalar que los países más redistributivos (Suecia, Noruega, Dinamarca) están por encima del promedio de productividad de la OCDE.

Noruega es el país del mundo con mayor productividad, y también uno en los que su Estado tiene mayor impacto redistributivo. Esto cuestiona el dogma neoliberal según el cual la eficiencia económica requiere inequidad.
Lo que también llama la atención son los datos sobre igualdad de oportunidades medida por la tasa de movilidad vertical (de padres a hijos) entre generaciones. España, junto con Italia, Irlanda y EEUU, es uno de los países que tiene menos movilidad social. El sistema educativo tiene escaso impacto en igualar las oportunidades de las distintas generaciones. Esto está relacionado con el sistema educativo dual con las clases pudientes enviando sus hijos a la escuela privada, y las clases trabajadoras y medias enviando sus hijos a la escuela pública. En estos países, los hijos de la clase trabajadora lo tienen más difícil para alcanzar niveles de clases de renta superior. Y ahí termina la fotografía –no muy halagadora– de la situación de la clase trabajadora en España.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Fuente: Público

1º de Mayo: Fiesta del Paro

Los trabajadores españoles tienen poco que celebrar en este Primero de Mayo de 2011. Los datos de la Encuesta de Población Activa demuestran la catástrofe social producida por nuestro modelo socioeconómico. La conjunción de empleo basura, especulación inmobiliaria y financiera, debidamente aderezada con las recetas neoliberales arroja este resultado: 4.910.200 personas en paro. Con una cifra de esta magnitud, todos los cargos públicos deberían rebajarse el sueldo al nivel del Salario Mínimo Interprofesional.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) son todavía más crueles, si cabe, si nos fijamos en que uno de sus criterios considera suficiente que una persona haya trabajado tan sólo una hora para adscribirla a la categoría de ocupada. De manera que cifra final de ocupación laboral no distingue entre los empleos normales y los precarios.

La encuesta es una estimación estadística de la situación laboral de la población. Se trata de una investigación por muestreo, realizada mediante una entrevista directa a una muestra probabilística de viviendas familiares, alrededor de 60.000 cada trimestre, que elabora el Instituto Nacional de Estadística siguiendo la metodología de la Organización Internacional del Trabajo y las normas de Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea.

Según dichos criterios, se consideran ocupadas las personas de 16 o más años de edad que, durante la semana anterior a aquélla en que se realiza la entrevista, declaran tener una actividad laboral por cuenta ajena (asalariados) o ejercen una actividad por cuenta propia. Tienen la consideración de ocupadas las personas que durante dicha semana se encontraran en las siguientes circunstancias:

1) Trabajando al menos una hora (!!!! )a cambio de un sueldo, salario, beneficio empresarial o ganancia familiar, en metálico o en especie.

2) Con empleo pero sin trabajar, es decir, ausentes de su trabajo aunque manteniendo un fuerte vínculo con él. Se entiende que el vínculo es fuerte cuando el entrevistado espera poder reincorporarse a su trabajo al término de la contingencia que origina la ausencia.

Los analistas aseguran que en el período analizado pora la EPA el mercado de trabajo sigue mostrando dinamismo: sólo en el primer trimestre de este año se celebraron unos 3,3 millones de contratos. ¿Cómo es posible, entonces, que esos casi cinco millones de desempleados no hayan quedado reducidos a dos millones? Sencillamente, a expensas de un nivel de rotación excesivo, con tasas de creación y destrucción de empleo muy elevadas. O sea, contratos temporales de un mes, una semana, un día o unas horas.

En su libro Algo va mal, afirma el investigador Toni Judt: "Hay numerosos indicios que demuestran que incluso quienes están bien situados en las sociedades desiguales serían más felices si la brecha que los separa de la mayoría de sus conciudadanos se redujera de forma significativa. Desde luego se sentirían más seguros. Pero no sólo es una cuestión de egoísmo: vivir cerca de personas cuya condición representa un reproche ético permanente es una fuente de incomodidad incluso para los ricos".

Pero ante esa desigualdad galopante que hace estragos en la sociedad española, nuestra clase política no parece sentirse incómoda, ya que sigue acumulando innumerables privilegios en forma de altísimas remuneraciones, pensiones máximas y otras canonjías. Si tuvieran un mínimo de decoro, al menos mientras dure esta situación deberían reducir sus salarios al nivel del Salario Mínimo Interprofesional. El honor de representar la soberanía del pueblo debería ser suficiente remuneración.

Y qué decir de la Jefatura del Estado, máximo cargo público ejercido en régimen de monopolio vitalicio por una sola familia (y los liberales sin protestar ante esta distorsión del mercado). ¿Van a prescindir los miembros de la Casa Real de tomar parte en eventos de papel couché? Aquí los tenéis, mientras en España la sociedad se escinde cada vez más, tenemos desocupados de lujo, como es el caso del heredero del monopolio, viviendo, nunca mejor dicho, a cuerpo de Rey. Exhibiendo vistosos atavíos pagados con nuestros impuestos en los casamientos de miembros de otras familias reales.

Eso sí, entre sarao y sarao, algunas palabritas retóricas. Como las que pronunció Felipe de Borbón durante la entrega de los premios Príncipe de Asturias 2009: "El paro, que es la consecuencia más dolorosa de la crisis económica que vivimos, hiere nuestra dignidad como seres humanos y constituye nuestra principal preocupación".

Se le nota en las ojeras que pasa las noches en vela pensando en los millones de jóvenes españoles que en estos momentos están sin trabajo, sin casa, sin pensión, sin futuro.

Blog del autor: http://carnetdeparo.blogspot.com/

Fuente: Rebelión