lunes, 7 de junio de 2010

Defendamos la democracia, apoyemos la huelga

Comunicado de ATTAC España secundando el llamamiento de los sindicatos

ATTAC España apoya la huelga del sector público convocada por los sindicatos el día 8 de junio. Ya hemos expresado nuestra firme oposición al “plan de ajuste” del Gobierno que, sumiso a la doctrina neoliberal que defienden la Unión Europea y el Fondo Monetario internacional, recorta el sueldo de los trabajadores y trabajadoras y la inversión pública cuando España se encuentra a la cola de los países de la UE en inversión en gasto social y en porcentaje de empleados en servicios públicos.

No hay razones científicas que justifiquen la reducción del gasto público, la reforma laboral que se prepara, la privatización de servicios o de las pensiones. Solo se busca privilegiar la capacidad de acción de las grandes empresas y de los mercados financieros. Buscan ganar más, como siempre, pero ahora necesitan hacerlo sin trabas políticas porque para incrementar sus beneficios van a tener que hacer cada vez más barbaridades y destrozar de modo más evidente la economía, el medio ambiente y la justicia social. Lo que está en juego no es solo una cuestión salarial, ni un recorte más o menos grande a los gastos de Estado. Lo que peligra es la democracia y la libertad.

La ciudadanía y los mercados financieros especulativos libramos una pugna que definirá quién mandará en el sistema económico, social y político que emergerá tras la crisis. Los Planes de Ajuste responden a una estrategia bien calculada de debilitar la acción pública y todo aquello que refuerza la capacidad de respuesta y defensa de los trabajadores y de la ciudadanía en general.

Planes de ajustes como el propuesto por el gobierno de España, que golpean a las clases trabajadoras para salvaguardar los beneficios de las grandes fortunas, de los ricos y de los especuladores, demuestran que las promesas de ‘reformar al capitalismo’ expresado en foros antidemocráticos como el G-20 durante las fases iniciales de la crisis eran solo burdas mentiras. Los mercados especulativos han conseguido imponer la voluntad de seguir con el ‘capitalismo de casino’ que nos ha llevado a la crisis, y cuyas consecuencias se quieren ahora que paguen las clases populares.

Los bancos están obteniendo beneficios multimillonarios con la especulación -basada en rumores que ellos mismos lanzan- o con la complicidad de algún Gobierno, como ha pasado con Hungría recientemente. Ahora disponen de una situación de privilegio frente a los gobiernos, porque éstos deben recurrir necesariamente a ellos para obtener recursos imponiéndoles condiciones políticas draconianas. Ese es el origen de los planes de ajuste que los gobiernos que han cedido a estos chantajes están aplicando y que van buscando, sobre todo, disminuir la capacidad de respuesta de la ciudadanía. Si de verdad se quisiera dinamizar la actividad económica y el empleo no se frenaría la demanda, ni se permitiría que el dinero de los bancos vaya a otro sitio que no sean las empresas y familias. Si verdaderamente se quisiera crear condiciones para cobrar la deuda en el futuro no se debilitaría la capacidad potencial de crecimiento de las economías.

Los bancos y los grandes especuladores no quieren que se cambien las condiciones de plena libertad en las que actúan en los mercados internacionales. Saben perfectamente que las crisis se van a hacer cada vez más reiteradas y fuertes y por eso tratan de evitar que haya vías de respuesta social. Lo que les podría incomodar en el futuro es que haya poderes representativos a través de los que la ciudadanía pudiera hacer frente y responder a lo que está por venir y que no es otra cosa que un continuo desorden financiero y una pérdida de estabilidad y de bienestar.

Nos esperan tiempos de más pobreza, más recortes sociales y más desafección de los ciudadanos a la democracia, del que sólo podrá salirse si se aúna un esfuerzo de organización y movilización social -no sólo en España sino en la zona euro primero, y mundial después-, una capacidad de elaborar propuestas y demandas colectivas, y una elaboración intelectual capaz de ofrecer respuestas a la amenaza de la dictadura incontestable de las estructuras económicas, sociales y políticas que sostienen al neoliberalismo.

ATTAC apoya la convocatoria de huelga de los sindicatos porque hay que desarmar a los mercados financieros especulativos para defender la democracia y el bienestar de las personas.


sábado, 5 de junio de 2010

La problemática de los paraísos fiscales

Hoy en día, y especialmente desde la reciente crisis financiera, prácticamente todo el mundo ha oído hablar de los paraísos fiscales. Su nombre suele estar asociado a la corrupción o a la evasión fiscal, y normalmente son entendidos como instrumentos utilizados para bien ocultar ingresos procedentes de actividades ilegales o bien ocultar ingresos que siendo legales deberían haber sido declarados ante el Estado. Sin embargo, su extensión y trascendencia va mucho más allá de esta simple descripción. No en vano, y como veremos someramente, los paraísos fiscales también agravan las crisis financieras y contribuyen a su gestación, son un canal que agudiza las desigualdades y la pobreza, permiten y protegen la delincuencia financiera, y socavan las democracias al condicionar el comportamiento de los países en materia fiscal y de política económica.

En este documento vamos a esbozar algunas ideas que serán de utilidad para un primer acercamiento al fenómeno de los paraísos fiscales.

¿Qué son los paraísos fiscales?

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que no existe una definición precisa de lo que se entiende por paraíso fiscal. El fenómeno es de una complejidad tal que las instituciones internacionales que lo han estudiado (Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etc.) no han llegado a ningún consenso acerca de lo que son realmente los paraísos fiscales. Una muestra de ello es la inmensa cantidad de formas que existen para hacer referencia a ellos: jurisdicción o enclave offshore, jurisdicción o enclave de baja tributación, enclave extraterritorial, oasis fiscal, tax havens (refugios de impuestos), centros extraterritoriales, etc.

No obstante, y para el propósito que aquí nos proponemos, hemos optado por quedarnos con la siguiente definición:

"[Son paraísos fiscales] todos los centros financieros que desarrollan una actividad desregulada, descontrolada y ajena a las regulaciones comunes a los demás países con los que se relacionan, por estar destinados de modo especial a las empresas o a los particulares no residentes, actividad incentivada por la escasa o nula tributación" (Hernández Vigueras, 2005)

Se trata pues de territorios cuyas regulaciones, fundamentalmente fiscales y financieras, son establecidas con el fin de atraer dinero procedente del exterior que no tendrá como destino la actividad productiva del país receptor1. Hablamos entonces de paraísos fiscales sólo para extranjeros, ya que para los residentes las regulaciones suelen ser mucho más estrictas. Es la razón por la que se habla también de sistemas duales: un sistema de juego muy flexible y laxo para los extranjeros que convive con un sistema fuertemente regulado y supervisado para los residentes.

Los organismos internacionales establecen una serie de características que serían comunes a todos los paraísos fiscales, y a partir de las cuales elaboran sus listas negras. Como hemos dicho, todos los organismos difieren al considerar si algunos territorios son o no verdaderos paraísos fiscales precisamente por diferencias en el criterio de asignación. Así, mientras la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) considera que hay 40 paraísos fiscales2, el Fondo Monetario Internacional (FMI) contabiliza 46, el Senado de Estados Unidos sólo 35, y la Tax Justice Network sube la cifra hasta 72.

Dicho esto, y teniendo presente que las características difieren en intensidad entre un paraíso fiscal y otro, vamos a ver algunas de las más importantes.

La primera de todas es su fiscalidad nula o reducida, que es utilizada para atraer el dinero. Hay que tener en cuenta que el dinero se mueve por el sistema financiero global (ver más adelante) buscando revalorizarse, es decir, aumentar de valor. Para las empresas, bancos y otros agentes que mueven ese dinero los impuestos son entendidos como un coste que reduce sus beneficios y, por lo tanto, su rentabilidad. La lógica de estos agentes será, en consecuencia, la de reducir sus cargas impositivas utilizando todo tipo de mecanismos y uno de ellos, el que aquí nos ocupa, es el uso de los paraísos fiscales.

Una segunda característica es la laxa normativa financiera. Es posible hacer prácticamente todo en el ámbito financiero de un paraíso fiscal: desde crear nuevas instituciones financieras (bancos o entidades para los bancos) en unos instantes y sin apenas requerimientos hasta constituir empresas enteras o holdings (conglomerados de empresas), pasando por el secreto bancario (la discreción y reserva profesional que tienen los bancos y sus empleados para no revelar el verdadero propietario de las cuentas o activos materiales).

Una tercera característica es la ya mencionada naturaleza de enclave, esto es, de territorio con un sistema regulatorio dual: diferente para residentes y para extranjeros. A las entidades que se establecen en los paraísos fiscales, especialmente si son entidades financieras, no se les aplica prácticamente ninguna regulación (cosa que sí ocurriría en caso de estar establecidas en el país de origen3). Por esta misma razón se suele dar una relación desproporcionada entre el nivel de actividad financiera y la economía real del territorio en cuestión. Un ejemplo significativo es el de la isla de Sark, que en el año 2005 tenía 575 habitantes, 15.000 empresas y 1 solo residente era director de 2.400 empresas.

Una cuarta característica es su condición de territorios con autogobierno suficiente para determinar su propia regulación en materia fiscal y económica, sin que ello signifique que tengan que tener la condición de países. A veces se entiende también que algunos territorios dentro de los propios Estados también pueden ser paraísos fiscales debido precisamente a esta capacidad.

Por otra parte, y debido a que los paraísos fiscales también compiten entre ellos, muchos de ellos se han especializado en algún tipo de servicio (especulación con títulos, registro de buques, etc.).

En todo caso, y merece la pena reseñarlo, toda la actividad económica en los paraísos fiscales es muy poco transparente. No existen datos precisos del movimiento real de dinero por dichos territorios, y de forma oficial sólo podemos contar con datos parciales y con estimaciones. Algunas estimaciones cuantifican en más de un tercio del PIB mundial el volumen de transacciones que pasan por los paraísos fiscales.

¿Quiénes y cómo utilizan los paraísos fiscales?

Fundamentalmente tres tipos de agentes diferentes: bancos, empresas multinacionales e individuos de grandes patrimonios. Si bien todos estos agentes se aprovechan de los paraísos fiscales en beneficio propio, sus fines concretos y sus mecanismos difieren de unos a otros.

Los bancos tienen un papel clave en las economías de nuestro tiempo. Tradicionalmente, y desde la existencia del capitalismo, los bancos han tenido un rol crucial como intermediarios financieros. El dinero que se depositaba en ellos (por ejemplo por los trabajadores) era prestado a empresas que lo necesitaban para llevar a cabo su actividad (por ejemplo para comprar maquinaria y pagar salarios). Los bancos ganaban porque prestaban más caro que lo que pagaban a los depósitos.

Sin embargo, hoy esa función ha perdido importancia, y los bancos destinan ese dinero no tanto a prestarlo a las empresas sino a invertir en los mercados financieros. Ese dinero se invierte en acciones, bonos, obligaciones, etc. para poder revalorizarlo, y la forma habitual de hacerlo es constituyendo fondos de inversión colectiva. Estos fondos no son más que "entidades" creadas por los bancos que recogen dinero de muchas fuentes (personas individuales, ahorro empresarial o incluso de otros fondos) y sumados se invierten en cualquier producto financiero (acciones, por ejemplo). Al cabo de un tiempo, cuando se han revalorizado, se devuelve a los propietarios últimos el nominal (el dinero invertido) más los intereses, quedándose el banco con una importante comisión. Tipos de fondos son los conocidos fondos de pensiones privados o los fondos de inversión a secas. Un tipo de fondo muy agresivo y nada regulado son los llamados fondos de cobertura o hedge funds, que se constituyen en su mayoría en paraísos fiscales para operar con facilidad, y su acción es muy perjudicial para la economía mundial. No obstante, lo que interesa ahora mismo es comprender que el dinero viaja, que se mueve continuamente buscando crecer, y lo hace lógicamente buscando minimizar costes y maximizar beneficios.

Por otra parte, por la importancia que tienen los bancos en nuestra economía (basta ver los recientes y millonarios rescates financieros), los bancos suelen estar sometidos a supervisión estatal. Se les imponen normas financieras que intentan mitigar su exposición al riesgo y su actividad perjudicial, algo que se consigue examinando los balances contables de los bancos. Sin embargo, los paraísos fiscales funcionan en este caso como válvulas de escape. Los bancos pueden crear sucursales, filiales o incluso otras entidades independientes en los paraísos fiscales para evitar estas regulaciones. Así, aunque en realidad el riesgo está asumido en última instancia por el banco matriz (el que está en el país que sí tiene regulación) puede disponer de un enorme entramado de otras empresas de su propiedad que están operando desde los paraísos fiscales y que están asumiendo riesgos imperceptibles para los reguladores. Cuando ocurre un evento como una quiebra en el paraíso fiscal o una crisis financiera generalizada los bancos tienen que asumir todas las pérdidas de sus entidades, trasladándose de forma inmediata a los países.

Finalmente baste decir que los requisitos de apalancamiento (endeudamiento sobre dinero original) no existen en los paraísos fiscales. Esto significa que cualquier empresa o fondo de inversión puede realizar operaciones no con su dinero sino con tanto dinero prestado como quiera. En caso de beneficio, la rentabilidad es mucho más alta, pero en caso de pérdida el problema es gravísimo y muy contagioso (los impagos se suceden unos a otros).

Las empresas multinacionales o transnacionales (ETN) son agentes que también utilizan los paraísos fiscales para sus actividades. Sabido es que las ETN fragmentan sus actividades buscando maximizar sus beneficios. Así, pueden tener sus oficinas administrativas en España, sus fábricas en Rumanía, sus servicios de teleasistencia en Argentina y su sede en algún paraíso fiscal. Se trata de minimizar costes en cada campo, allí donde la mano de obra es más barata, los costes medioambientales y los impuestos más bajos, o los requisitos legales sean menores.

El uso de los holdings o conglomerados empresariales es muy habitual. Se trata de entidades creadas para ser propietarias de un grupo de empresas independientes entre sí, y al estar registrado el holding en un paraíso fiscal tendrá que pagar menos impuestos y, en muchos casos, los dividendos e intereses cobrados estarán exentos.

Desde los paraísos fiscales las empresas o filiales de las ETN también podrán obtener financiación (dinero para llevar a cabo sus actividades) vía préstamos o emisión de títulos de forma mucho más barata. Veremos también el caso de Enron, que utilizó centenares de entidades registradas en paraísos fiscales para ocultar sus balances contables y sus cuentas amañadas.

Otro mecanismo utilizado es la transferencia de precios. Las ETN pueden manipular los precios de las mercancías de tal forma que a través de diversas combinaciones acaben pagando muy pocos impuestos. Como ejemplo tenemos el caso de las exportaciones. Una ETN en un país normal puede exportar a una filial en un paraíso fiscal unos productos a un bajo precio (bajo beneficio, lo que supone un bajo impuesto) para que luego la filial pueda venderlo mucho más caro (alto beneficio, sin impuesto por estar en paraíso fiscal); todo ello, por supuesto, sin que la mercancía se haya movido realmente de sitio.

En otros casos, que tendremos oportunidad de ver con detalle, las ETN registran una gran cantidad de empresas en paraísos fiscales para poder llevar a cabo actividades marítimas. Es el tema de las banderas de conveniencia: cada buque está registrado en un paraíso fiscal como una empresa en sí misma, con el objetivo de reducir riesgos. Pero además, entran en juego otros actores como el armador y el propietario de la carga, todos ellos siempre ocultos tras un entramado complejísimo de entidades registradas en paraísos fiscales. El caso del Prestige es sin duda representativo. El Prestige navegaba bajo pabellón de Las Bahamas, y era propiedad de una sociedad registrada en Liberia, que a su vez era propiedad de una familia griega. El armador o gestor del buque era una sociedad griega que había contratado una tripulación de trabajadores filipinos y rumanos y a un capitán griego. Y la carga era propiedad de una sociedad de Suiza que era a su vez propiedad de un holding (entramado de empresas) ruso que estaba registrado en Liechenstein.

Las personas de grandes patrimonios (High net worth individual) son aquellas que tienen activos líquidos (no propiedades, sino valores que se pueden transformar en dinero contante y sonante con facilidad) por valor superior al millón de dólares. Debido a la reducción de impuestos generalizada en el mundo desde los años setenta y, entre otras cosas, también a la existencia de los paraísos fiscales estas personas han incrementado sus fortunas de forma espectacular en los últimos decenios. Operan fundamentalmente en paraísos fiscales y a través de gestores que muchas veces son bancos (normalmente es la Banca Privada). Estas grandes sumas de dinero de estos individuos se canalizan a través de diversas formas (todo tipo de fondos) para revalorizarse, utilizando los paraísos fiscales de forma preferente.

Los paraísos fiscales, no en vano, sirven especialmente para la protección de todo tipo activos. A través de mecanismos como los fideicomisos (personas que detentan la propiedad de algo sólovirtualmente) las grandes fortunas pueden esquivar las regulaciones fiscales de sus propios países e incluso las leyes sobre herencia y sucesiones. La Banca Privada asesora a estas grandes fortunas creando unos complejos entramados de empresas y entidades que ocultan la propiedad de las mismas, evitando así las posibles inspecciones fiscales.

Hay muchos mecanismos a través de los cuales todo ello se puede conseguir, como veremos, pero algunos son tan sencillos como abrir cuentas anónimas o numeradas en paraísos fiscales y gastar el dinero de las mismas mediante tarjetas de crédito. Hoy en día existe libertad plena de movimientos financieros y es posible pagar con una tarjeta cualquiera en cualquier establecimiento (o sacar dinero de un cajero) y con cargo a una cuenta en un paraíso fiscal.

Existen también otras formas que se usan para evadir impuestos o hacer fraude fiscal. Son habituales en deportistas de élites que ubican su residencia en algún paraíso fiscal, pero también por otros profesionales (médicos, consultores, etc.). A veces, algunos de estos profesionales crean empresas en paraísos fiscales para que sean éstas las propietarias de sus activos (coches, casas, etc.) y las que sean contratadas para efectuar servicios (atención médica, por ejemplo), de forma que evitan así la tributación.

En definitiva...

Hablamos de la interrelación entre territorios (normales y paraísos fiscales) sometidos a regulaciones fiscales y económicas diferentes. Los paraísos fiscales se usarían como escenario para que determinados agentes (bancos, ETN, etc.) reduzcan costes y maximicen beneficios mediante distintos mecanismos que casi siempre sirven para evitar los impuestos a los que se les sometería en caso de actuar en territoriosnormales.

Esos mecanismos son siempre contratos de algún tipo o una combinación de ellos, como de forma general hemos visto más arriba. Y en esos contratos entran en juego productos financieros (acciones, bonos, derivados, etc.) que sirven al objetivo último de maximizar beneficios minimizando el pago de impuestos.

Las consecuencias son múltiples. Desde el incremento de la inestabilidad financiera y las criiss financieras, hasta los conocidos casos de corrupción y blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, pasando por la agudización de la desigualdad y la pobreza.

El impacto que tiene la existencia de los paraísos fiscales va, no obstante, más allá también de los mecanismos que se utilizan en ellos, ya que su mera existencia es un elemento que presiona a los regímenes fiscales de los países desarrollados y los lleva a competir en condiciones de desigualdad. Así, los países ricos se ven presionados a reducir sus cargas impositivas para evitar en cierta medida la huída de dinero, provocando un incremento de la desigualdad (por el efecto redistributivo de los impuestos) y deteriorando los servicios públicos. Pero, además, un escenario como el actual donde, como dice Galeano, el dinero es más libre que la gente, las democracias se ven subordinadas a la actuación de los mercados. En este sentido, hay un ejemplo claro y sencillo: cómo han operado algunos fondos de inversión (residentes en paraísos fiscales) en el reciente ataque especulativo contra Grecia y España, que ha obligado a los gobiernos a llevar a cabo reformas radicales que merman gravemente el bienestar de sus poblaciones.

Alberto Garzón Espinosa. Economía Crítica


No es sólo la economía, es la democracia

Muchos critican algunas medidas que reclama Mariano Rajoy para reducir el gasto público, como reducir la subvención a los sindicatos, los gastos electorales o ministerios, porque son “el chocolate del loro”.

Pero son mucho más que eso. No las propone porque crea que de esa manera se va a reducir sustancialmente el déficit. Lo hace como parte de una estrategia bien calculada de debilitar la acción pública y todo aquello que refuerza la capacidad de respuesta y defensa de los trabajadores y de la ciudadanía en general.

Por eso centran también la reforma laboral en el debilitamiento de la negociación colectiva.

Ni siquiera buscan más beneficios, que podrían obtenerlos con más actividad y con mayor empleo, sino más poder.

Por eso lo que verdaderamente está en juego con la respuesta que los especuladores están logrando imponer a la crisis que ellos mismos han provocado es la democracia y la posibilidad de que los poderes representativos se enfrenten con garantías a los del mercado.

Los grandes financieros y los poderes económicos han conseguido vencer a los gobiernos y están logrando que éstos no solo no adopten ni una sola de las medidas reformadoras que habían previsto sino que, además, lleven a cabo programas de ajuste que, si no se frenan, van a suponer una nueva derrota histórica de las clases trabajadoras.

El procedimiento ha sido sibilino, casi diabólico. Los gobiernos tuvieron que dedicar billones de euros a salvar a los bancos para evitar que su quiebra hiciera saltar por los aires el sistema financiero internacional y a programas de apoyo a la actividad para que las economías no colapsaran. El resultado inevitable fue, o un incremento ingente de la creación de dinero en Estados Unidos y Reino Unido, o de la deuda pública.

Pero años atrás los bancos privados lograron establecer el criterio de que los bancos centrales no pueden financiar a los gobiernos. Era la manera de garantizarse para ellos el gran negocio de la deuda pública cuando se produjera y al mismo lograr que ésta fuera sustituida paulatinamente por la privada, mucho menos controlada y más rentable para la banca.

Así, cuando los gobiernos han incurrido en déficit para hacer frente a la crisis que los bancos provocaron resultaba que eran esos mismos bancos quienes podían financiarlos para que dispusieran de recursos suficientes.

Se ha generado un negocio redondo en lo financiero y en lo político.

Por un lado, los bancos privados han estado recibiendo dinero barato, al 1% más o menos, de los bancos centrales con el objetivo de que pudieran volver a financiar enseguida a las empresas y familias. Pero en lugar de ello, los bancos dedican ese dinero a suscribir la deuda de los gobiernos que se emite al 4 o 5% o a seguir especulando.

Y no solo eso. Buscando siempre ganar mucho más, los bancos y los grandes fondos especulativos enseguida comenzaron a manifestar que algunos gobiernos (contra los que se disponían a tomar posiciones especulativas) no iban a poder pagar la deuda, o incluso a lanzar rumores sin fundamento simplemente para hacer creer que su situación era mucho peor que la real. Y así obligaban a que subiera el interés al que los gobiernos debían emitir la deuda, alcanzado a veces, como en el caso griego, incluso el 10%.

De esa forma los bancos están obteniendo beneficios multimillonarios, pero no solo eso.

Puesto que ahora disponen de una situación de privilegio frente a los gobiernos, porque éstos deben recurrir necesariamente a ellos para obtener recursos, les pueden imponer condiciones políticas draconianas.

Ese es el origen de los planes de ajuste que los gobiernos que han cedido a estos chantajes están aplicando y que van buscando, sobre todo, disminuir la capacidad de respuesta de los trabajadores.

Si de verdad se quisiera dinamizar la actividad económica y el empleo no se frenaría la demanda, ni se permitiría que el dinero de los bancos vaya a otro sitio que no sean las empresas y familias. Si verdaderamente se quisiera crear condiciones para cobrar la deuda en el futuro no se debilitaría la capacidad potencial de crecimiento de las economías.

De hecho, si no fuera porque en realidad es dramático se podría calificar de cómico el modo de actuar de las agencias de rating que se usan para llevar a cabo esta extorsión a los gobiernos. Primero dicen que van a bajar la calificación si éstos no aplican el ajuste porque entonces “los mercados” no confiarán en su deuda pública y deberán emitirla más cara. Pero cuando aplican el ajuste, las mismas agencias, como ha pasado en España con Fitch, rebajan la calificación porque dicen que se reduce la expectativa de crecimiento….¡como consecuencia de la aplicación del ajuste!

Lo que hay detrás de todo ello está bastante claro por mucho que quieran disimularlo. Los bancos y los grandes especuladores no quieren que se cambie ni una coma de las condiciones de plena libertad en las que actúan en los mercados internacionales. Lo de imponer algún impuesto en algún lugar concreto es lo de menos. Lo importante es la libertad de movimientos y eso es lo que quieren mantener.

Pero saben perfectamente que en esas condiciones las crisis se van a hacer cada vez más reiteradas y fuertes y por eso tratan de evitar que haya vías de respuesta social. Lo que les podría incomodar en el futuro es que haya poderes representativos a través de los que la ciudadanía pudiera hacer frente y responder a lo que está por venir y que no es otra cosa que un continuo desorden financiero y una pérdida de estabilidad y de bienestar.

No nos engañemos. No hay razones de fondo, ni científicas ni siquiera para aumentar los beneficios empresariales que justifiquen la reducción del gasto público (que en su gran mayoría y directa o indirectamente termina yendo a las cuentas de las empresas), la reforma laboral que se prepara, la privatización de servicios o de las pensiones. Solo se busca privilegiar la capacidad de acción de las grandes empresas y de los financieros. Buscan ganar más, como siempre, pero ahora necesitan hacerlo sin trabas políticas porque para incrementar sus beneficios van a tener que hacer cada vez más barbaridades y destrozar de modo más evidente la economía, el medio ambiente y la justicia social.

Lo que está en juego, pues, no es solo una cuestión salarial, ni un tijeretazo más o menos grandes a los gastos de Estado. Lo que peligra es la democracia y la libertad.

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en Tribuna Digital de los Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.
Ganas de escribir

lunes, 31 de mayo de 2010

Por un impuesto disuasivo a las transacciones especulativas

Comunicado de ATTAC España

En la tarde del 28 de Mayo se presentó al Presidente Zapatero y a la Vicepresidenta Elena Salgado en la Moncloa el informe de la Fundación Ideas dirigido por el premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz y en el que han colaborado Jeffrey Sachs y Stephany Griffith-Jones, de la Universidad de Columbia (EE UU), André Sapir, del Instituto Bruegel (Bélgica) y Nicholas Stern, ex asesor del Gobierno británico sobre cambio climático. Según información de prensa, aboga por resucitar una versión ampliada de la tasa Tobin. Y por complementarla donde sea necesario con impuestos sobre la banca y mayores recargos sobre las plusvalías de activos financieros. El estudio calcula que los tributos que se debaten podrían reportar 7.400 millones al año a las arcas españolas, y sólo la versión ampliada (ITF) de la tasa Tobín a otras transferencias financieras más allá de las divisas, aportaría, según el estudio, 2.200 millones de Euros.

Consideramos necesario dar a conocer públicamente la opinión y propuestas de ATTAC al respecto.

El debate actual tiene dos posibles posturas:

1.- La primera consistiría en aceptar un impuesto a las transacciones financieras como el propuesto en el Informe de la Fundación Ideas del 0,01% al 0′05%. Es una postura que aspira sencilla y fundamentalmente a recaudar fondos. Es aceptada por muchas ONG como nueva fuente de financiación de los programas de cooperación al desarrollo, viendo mucho más factible que los mercados financieros acepten un tipo bajo que un tipo alto, ya que Wall Street y la City no aceptarán fácilmente perder su cuota de negocio.

Hay intereses diferentes según sean los actores que promueven este impuesto. En el caso de las ONG y en función de su diversidad, el destino de la recaudación habría de trasladarse a la financiación de los Objetivos del Milenio y/o a la preservación de los denominados Bienes Públicos Mundiales. Sin embargo después de la última crisis financiera, que llevó en primer término a los bancos a la bancarrota y posteriormente a las arcas públicas de los Estados al haber optado sus gobernantes por “salvar” a los bancos privados, diversos actores económicos y gubernamentales pugnan para que la recaudación no vaya precisamente a la ayuda humanitaria al desarrollo o a cubrir los Objetivos del Milenio. Su interés es mucho más directo y una muestra de esto es que el estudio encomendado al FMI por el G 20 es el dotar un Fondo con destino al rescate futuro de los bancos privados “demasiado grandes para caer”, y no financiar programas de cooperación al desarrollo. O bien que algunos mandatarios piensen en incorporar al destino de lo recaudado, el paliar el déficit de sus estados.

Se plantean además importantes y necesarios temas, ante los que surgen razonables dudas: ¿Quién controlará y supervisará los movimientos financieros que se gravarán con el impuesto? ¿Quién va a imponer este impuesto a los mercados y que poder real tiene para hacerlo? ¿Significa este impuesto, si se pretende universal, levantar el velo de la opacidad en las transacciones financieras y en los paraísos fiscales? ¿Es una punta de lanza a los impuestos internacionales o un remiendo transitorio? ¿Si supone unos ingresos quién decide sobre el destino del gasto? ¿Con qué legitimidad y controles democráticos?

Las democracias occidentales nacieron con impuestos generales y con los respectivos Presupuestos nacionales y su control por los Parlamentos, quitando la prerrogativa a los Monarcas absolutos. ¿Vamos ahora a volver atrás creando unos nuevos Monarcas absolutos? o, por el contrario, nos planteamos la necesidad de un Gobierno democrático del mundo, como ha planteado Evo Morales a los embajadores del G 77+ China el pasado 7 de Mayo en la sede de la ONU al transmitirles las conclusiones de la Cumbre de los Pueblos por el cambio climático y en defensa de la Tierra celebrada en Cochabamba.

2.- La segunda postura implica preguntarse ¿Qué desean los ciudadanos y ciudadanas, que quien especule pague reduciéndose un poco la especulación, o bien eliminar completamente la especulación financiera cortoplacista que solamente crea inestabilidad y trastornos económicos a una mayoría? La ciudadanía representada en ATTAC responde a esta pregunta con una obviedad, hay que eliminar todo tipo de transacciones especulativas, y ello lleva a tipos impositivos a las transacciones auténticamente disuasorias como el 2% de Brasil.

ATTAC hasta ahora ha pedido del 0,1% al 0’5 %. Aplicando el 0’01, según el Informe de Stiglitz supondría sólo para España 2.200 millones de Euros. Es de suponer que la aplicación del 0’1% supondría una cantidad posiblemente mayor que todo el Plan de Ajuste aprobado por el Congreso el 27 de Mayo. Pero lo más necesario y correcto no es recaudar, sino resguardar nuestra moneda de los especuladores. Hasta ahora no estábamos aún ante la crisis más profunda desde 1929, no estábamos siendo atacados por la manada de lobos especuladores. En estos momentos de vulnerabilidad económica estos tipos impositivos no son suficientes para aplacar la voracidad de los lobos. Si queremos defender la zona euro y la soberanía popular, la democracia, la zona euro debe actuar del mismo modo que Brasil.

Nuestro objetivo es que no haya casino, no que el casino tenga impuestos. Hay que descubrirse ante la postura valiente de Lula, como ante la del diputado Daniel Cohn Bendit defendiendo una postura similar en el Parlamento Europeo.

La especulación causa mucha más pobreza y desventura social de la que cualquier recaudación impositiva puede remediar y queremos plantear alternativas valientes: Por la transparencia y contra la especulación. Su crisis, nuestra oportunidad para profundizar en la democracia y la felicidad de las personas.

Cuando pasamos de un 0′01 a un 0′1, esto no supone necesariamente multiplicar la recaudación por 10. Existe un cierto aumento en los tipos impositivos que llevaría a un mayor incremento de la recaudación en los mercados, pero a partir de un determinado tipo habría una meseta recaudatoria que luego decrecería, esto es así porque a partir de un tipo impositivo los especuladores no correrían riesgos operando, es un tema de barrera psicológica sobre el riesgo asumido. Pero esta meseta se sitúa en tipos más altos de los que maneja el estudio y los economistas brasileños lo han comprendido, lo importante no es recaudar sino dotar de estabilidad a la moneda propia y preservar como Estado el gobierno de lo económico.

La posición de Brasil es tajante y estudiada. Igualmente la Fundación Ideas haría bien en reflexionar sobre el impuesto necesario a nuestra realidad europea. En este asunto de recaudación impositiva los estudios son aventurados y sesgados más que en ningún otro. Sin embargo si la Eurozona, en el tema del ataque al euro, adoptara la alícuota superior propuesta por Paul Bernd Spahn (véase en “Documentación” Tabla impuestos a las transacciones financieras) y la ampliara a todas las transacciones financieras como Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), consideramos hubiera sido lo apropiado. Ante ataques especulativos que pueden ser mortíferos estaría admitido un impuesto de hasta el 50% o el 80 %, el euro estaría a buen recaudo y los políticos tendrían asegurado el gobierno de lo económico. Hemos de decir que la llamada Tasa Tobin-Spahn recogía la Tasa Tobin y la dotaba de una doble imposición, baja para lo que pide ATTAC en periodos de estabilidad financiera, pero muy alta y adecuada en periodos de inestabilidad especulativa.

Pero es patente que la Europa que tenemos hoy no es la adecuada. No es sino un conjunto de naciones que sólo buscan el beneficio propio a costa del prójimo como ha demostrado claramente Daniel Cohn Bendit en su reciente y corta intervención en el Parlamento Europeo, pidiendo iniciativas parlamentarias valientes y cambios necesarios en unos tratados que mantienen a Europa maniatada y sin capacidad de reacción. Todo en esta Europa sometida al exclusivo régimen de la competencia es una gran amenaza. Es patente la hipocresía de una Europa de nacionalismos auto-interesados y de instituciones sometidas a los lobby de Bruselas y que por no ser ni una potencia política ni social, tampoco lo puede ser económica. La construcción europea que nos han impuesto nuestros líderes es el gran problema.

Por otra parte, tenemos en la UE a Gran Bretaña, que sin embargo no pertenece a la eurozona y que por lo tanto tiene autonomía con su moneda y que para defender su City se dedica a dinamitar cualquier cambio necesario para Europa a nivel financiero, esto porque una buena parte de su PIB está alimentado por la especulación y figura en listas solventes como el segundo mayor Paraíso Fiscal o centro offshore extraterritorial del Mundo. También se estima que desde la City de Londres se gestiona en este momento un 80% de los Hedge Founds existentes en el Mundo, siendo que bastantes de ellos han estado apostando contra el euro manifiestamente estos dias, aunque su ubicación se encuentre en otros centros offshore. La eurozona ha de buscar formas de poder actuar autónomamente, alguien con quien no se comparte una moneda no debería poder influir en las decisiones de la UE, y por lo tanto de la eurozona, en este momento.

Al mismo tiempo tenemos en Europa una serie de micro-estados, que funcionan como centros offshore extraterritoriales en la zona euro, que gozan de la zona de “estabilidad monetaria” y de tratados comerciales preferenciales con la UE, y de ventajas fiscales y financieras significativas y a los que Europa deja ostentar una posición de competencia desleal. Esto es así porque la construcción europea se ha hecho en beneficio de las élites económicas que hoy “hacen su agosto” con la especulación, la evasión y el fraude fiscal que proporcionan estos territorios, opacos a los poderes jurídicos y/o supervisores y de baja o nula tributación.

También tenemos que bregar con un Tratado de Lisboa que, legitimado por los 27 gobiernos de Europa, entroniza la competencia libre y no falseada y la libertad absoluta de los mercados de capitales. Estamos con Cohn Bendit que ha denunciado la gran hipocresía de Europa y pedido en su intervención en el Parlamento Europeo reformas en los tratados “constitucionales”. Reconstruir una Europa descompuesta, en el Mundo, es nuestro reto, la Fundación Ideas haría bien en tenerlo en cuenta.


sábado, 22 de mayo de 2010

Más improvisación, ¿más errores del gobierno?

El presidente del gobierno acaba de anunciar sorpresivamente que en “su momento” aumentará los impuestos a las rentas más altas.

Digo sorpresivamente porque no se refirió a esta posibilidad la semana pasada cuando anunció las medidas de recorte frente a la crisis, lo que claramente indica que improvisa y que no tiene un plan clara y previamente trazado para hacerle frente.

No obstante, me alegro y aplaudo la nueva iniciativa del presidente. No porque crea que sea la solución correcta, como explicaré enseguida, sino porque se demuestra así que la ciudadanía tiene poder y que cuando lo usa, incluso tan tímidamente como en esta última semana, se pueden cambiar las decisiones gubernamentales.

Sin embargo, me parece que estando en una situación tan difícil y cuando se le están pidiendo tantos esfuerzos a la población, un presidente no puede ser tan impreciso y confuso. Debe hablar más claro, precisar bien lo que propone y no lanzar globos sondas simplemente para tratar de tranquilizar a su electorado.

Decir que “en su momento” se van a elevar los impuestos a las rentas más altas no dice nada y lo poco que dice es confuso y rechazable.

¿A qué rentas se refiere el presidente?

Si es a las del trabajo su propuesta es rechazable porque la mayor fuente de inequidad de nuestro sistema fiscal y de carencia recaudatoria no viene por ahí. Aunque se aumentara, como quizá hubiera que hacer, la tributación de las rentas del trabajo más elevadas (por ejemplo a los menos de 10.000 contribuyentes que declaran ingresos superiores a los 600.000 millones de euros anuales), la recaudación adicional sería muy reducida: de 300 a 350 millones de euros.

Lo que de verdad debería corregirse es la tributación de las rentas del capital y particularmente las que proceden de la actividad especulativa en cualquiera de sus dimensiones.

Las fuentes recaudatorias más elevadas, las que proporcionan la justicia fiscal a la que hay que aspirar y, por tanto, la verdadera contribución de “los que realmente tienen un volumen importante” de ingresos o riqueza (en palabras de Zapatero) y no de las clases medias a las que alude, son otras:

  • Los ingresos proveniente de los movimientos especulativos contra la deuda española y el euro que entre otras cosas están provocando que la deuda española se encarezca extraordinariamente casi día a día.
  • Los beneficios de la actividad bancaria.
  • El patrimonio de las grandes fortunas.
  • Los sueldos y primas de directivos y deportistas de elite extranjeros que hayan fijado su residencia fiscal en España.
  • Los patrimonios familiares que “tributan” a través de SICAV.
  • Las desgravaciones fiscales injustas y que benefician a las rentas más elevadas, como la que se aplican a los fondos de pensiones privados, que suponen un 4% de la recaudación del impuesto sobre la renta.
  • Y, sobre todo, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que podría proporcionar alrededor de 40.000 millones de euros simplemente haciendo que estuvieran en los niveles de los países de nuestro entorno. Grosso modo, todo ello podría proporcionar al Estado entre 35 y 40 veces más dinero que la reducción del sueldo de los funcionarios. Y eso, añadido a un recorte de gastos superfluos bien estudiado (en gasto militar, subvenciones innecesarias a empresas o a iglesias, cargos políticos innecesarios, racionalización de las administraciones autonómicas, provinciales y municipales, por solo citar algunos), permitiría salir de la crisis con otro modelo productivo, con más eficacia, justicia y bienestar y, sobre todo, salir de verdad de la crisis. Porque lo que conllevan las medidas que hasta ahora ha propuesto el gobierno es simplemente más de lo mismo, es decir, mantener los privilegios que la han provocado. Así lo prueba bien a las claras que hayan sido precisamente los banqueros y la patronal quienes las defiendan y aplaudan.

No podemos contentarnos con las promesas vagas del presidente Zapatero. Hay que exigir justicia fiscal no solo como una aspiración ética elemental de las sociedades libres (que no es poco) sino como la forma más eficaz de luchar contra la crisis. Y eso se puede conseguir si los ciudadanos no nos callamos y reclamamos medidas concretas como las que he apuntado. Todo lo demás es permitir que los que han provocado la crisis consigan que la paguemos los demás.

www.juantorreslopez.com

¿Qué mercados financieros?

El lenguaje que se utiliza para explicar la crisis es un lenguaje que aparenta ser neutro, meramente técnico, cuando, en realidad, es profundamente político. Así, se nos dice que los “mercados financieros” están forzando a los países de la Unión Europea y, muy en especial, a los países mediterráneos -Grecia, Portugal y España- e Irlanda, a seguir políticas de gran austeridad, reduciendo sus déficits y deudas públicas, con el fin de recuperar la confianza de los mercados, condición necesaria para alcanzar la recuperación económica. Como dijo hace unos días Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE): “La condición para la recuperación económica es la disciplina fiscal, sin la cual los mercados financieros no certifican la credibilidad de los estados” (Financial Times, 15-05-10).

La realidad, sin embargo, es muy distinta. Estas medidas de austeridad, promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la Unión Europea (UE), están creando un gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares, pues están afectando negativamente su protección social y están destruyendo empleo, dificultando su recuperación económica. Así ha ocurrido en Lituania, donde su PIB ha disminuido un 17% y su desempleo ha alcanzado el 22% de la población activa (véase mi artículo ¿Quién paga los costes del euro? en www.vnavarro.org). Una situación semejante ocurrirá en los países citados anteriormente.

Parecería, pues, que son los mercados financieros los que están imponiendo estas políticas a los gobiernos. Ahora bien, ¿qué quiere decir “los mercados financieros”? En teoría, en la dogmática liberal que domina los establishments europeos (el Consejo Europeo, el BCE y la Comisión Europea, así como en los gobiernos de la mayoría de los países de la UE), los mercados son procesos de libre comercio entre agentes financieros -los bancos- que obtienen beneficios para compensar sus riesgos, pues se asume que existen riesgos en tales mercados. Pero tal retórica no define la realidad, pues tales entidades -los bancos- operan dentro de ámbitos e instituciones enormemente proteccionistas de sus intereses, en los que el riesgo, en general, brilla por su ausencia. En realidad, los mal llamados mercados tienen muy poco de mercado. Son bancos con mucho beneficio y poco riesgo. Y lo que está ocurriendo muestra la certeza de este diagnóstico.

En EEUU, donde existe amplio consenso sobre el hecho de que la crisis financiera fue iniciada por los comportamientos de Wall Street, la crisis bancaria fue resuelta con la aportación a los bancos de casi un billón de dólares pagados por el Estado, que benefició enormemente a los banqueros y a sus accionistas, consiguiendo incluso más beneficios de los que tenían antes de la crisis. La obscenidad de tales beneficios y las prácticas deshonestas y criminales de los banqueros (causantes de la crisis) explica su enorme impopularidad y la de tales medidas, que no repercutieron favorablemente sobre la población que vio cómo sus estándares de vida disminuyeron debido a la crisis provocada por los bancos. No fueron los mercados, sino los bancos y sus políticos en el Congreso (con nombres y apellidos conocidos) y en las administraciones Clinton, Bush y Obama (también con nombres y apellidos conocidos), los que crearon la crisis, salvaron a los bancos y ahora llaman a la austeridad.

Una situación casi idéntica está ocurriendo en la UE. Los comportamientos especulativos de la banca europea fueron consecuencia de decisiones políticas que desregularon la banca, decisiones que se tomaron especialmente, no sólo en Wall Street, sino también en los centros financieros, principalmente la City de Londres y en Fráncfort, consecuencia de la enorme influencia de la banca sobre los gobiernos británico y alemán. La mal llamada “ayuda” del FMI-EU (de 750.000 millones de euros) a los países con dificultades no es una ayuda a las poblaciones de aquellos países, sino a los bancos (y muy en especial a los alemanes y franceses) para asegurarles que los estados les pagarán las deudas con los intereses confiscatorios que han exigido. En realidad, si los mercados financieros fueran mercados de verdad (y, por lo tanto, hubiera competitividad y riesgo en su comportamiento), los bancos tendrían que absorber sus pérdidas en inversiones financieras fallidas. Si el Gobierno de Grecia, por ejemplo, fuera a la bancarrota, la banca alemana tendría que absorber las pérdidas de haber tomado la decisión de comprar bonos del Estado griego.

Ahora bien, esto no ocurre en los mal llamados mercados financieros debido a que hay toda una serie de instituciones que protegen a los bancos. Y la más importante es el FMI, que presta dinero a los estados para que los pague a los bancos. De ahí que, como en EEUU, los bancos nunca pierden. Las que pierden son las clases populares, pues el FMI exige a los gobiernos que extraigan el dinero para pagar a los bancos de los servicios públicos de tales clases populares. Lo que el FMI hace es la transferencia de fondos de las clases populares a los bancos. Esto es lo que se llama “conseguir la credibilidad de los estados frente a los mercados”.

Estas transferencias, sin embargo, además de ser profundamente injustas, son enormemente ineficientes. El fracaso de las políticas de austeridad propuestas por el FMI en los países en crisis es bien conocido, lo que explica el descrédito de tal institución. El FMI, desde la época Reagan, es la organización financiera que ha impuesto más sacrificios a las clases populares de los países que han recibido “su ayuda”, con resultados económicos altamente negativos, tal como ha denunciado correctamente Joseph Stiglitz. No son los mercados, sino los intereses bancarios y sus aliados -entre los que destacan el FMI y el BCE- los que están imponiendo estos sacrificios. Al menos, llamemos a los culpables por su nombre.

Publicado en Público
http://www.vnavarro.es/

jueves, 20 de mayo de 2010

¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre los déficit y la deuda

Me imagino que cuando la gente oye decir que en Europa los déficit públicos deben ser menores del 3% del Producto Interior Bruto debe pensar que detrás de esa cifra hay sesudos análisis científicos llevados a cabo por economistas que dominan las técnicas más complicadas y rigurosas. Y como la postura de los líderes políticos más poderosos es tan firme en ese sentido y los economistas la subrayan tan seguros de sí mismos, ¿qué ciudadano va a osar ponerla en cuestión?


Sin embargo, detrás de esa obligación no hay ningún tipo de análisis científico que pruebe que el límite del 3% es mejor que el del 2% o el del 7% o que cualquier otro. Nada de nada. Nadie ha demostrado ni podrá hacerlo nunca que lo óptimo sea mantener los déficit en ese nivel, nadie ha demostrado ni podrá hacerlo nunca que la estabilidad presupuestaria sea mejor que los déficit. Nunca se podrá mantener como una verdad científica que la estabilidad presupuestaria o el límite europeo del 3% y no otro es lo que más conviene para el crecimiento económico, para el bienestar o para nada. Más bien sabemos con certeza lo contrario: cuando la economía se ha venido abajo en docenas de veces lo más adecuado ha sido lo contrario, incurrir en déficit hasta ponerla de nuevo en marcha. O también gastar más de lo que se ingresa sin miedo cuando de esa manera se capitaliza la economía y se sientan las bases para un rendimiento mayor en el futuro.


Afirmar que los gobiernos europeos deben liquidar sus presupuestos con déficit menores al 3% de su PIB es una simple convención establecida por los gobernantes. Podrían haber puesto el 0%, el 1% , el 4% o el 9% y hubieran tenido detrás el mismo fundamento científico: ninguno.


¿Por qué lo hacen entonces?

En primer lugar porque les conviene hacer creer que sus políticas son el resultado de decisiones técnicas supercientíficas que no hay que discutir. Utilizando esas cifras (como aquel corrupto gobernador del Banco de España que decía que no era bueno para la economía española que el paro bajase del 17%) se hace aparecer a la economía como una especie de ciencia física que dispone de magnitudes universales y que, por ser eso, magnitudes universales, están fuera de toda discusión y nadie tiene por qué poner en cuestión la política que se basa en ellas. Y así se puede descalificar a quien discuta la conveniencia del déficit como se haría con quien discutiera que la magnitud del número pi es 3,1416 o la velocidad de la luz…


Si no hay verdades científicas que demuestren que sea mejor que no haya déficit, los ciudadanos deberían saber entonces por qué las autoridades que defienden estas políticas tienen tanto interés en decir que se eliminen.


Hay al menos dos razones fundamentales

En primer lugar, porque al mismo tiempo que dicen que no debe haber déficit proclaman (con el mismo nulo fundamento) que los impuestos deben ser los más bajos posibles y de esa manera se termina obligando a que disminuyan los gastos públicos.


Cuando disminuyen los ingresos y los gastos públicos lo que ocurre es que los gobiernos no pueden proporcionar a la economía el capital social necesario: infraestructuras, servicios sociales, salud, educación… Y eso hace que cada vez les sea más difícil satisfacer las demandas de la población. Los gobiernos incumplen sus promesas electorales, la provisión de bienes públicos empeora y los ciudadanos tienden así a sentir un desafecto progresivo hacia todo lo que suene a gobierno, a política, a partidos… Justo lo que buscan quienes no necesitan del gobierno, de la política o de los partidos para satisfacer sus necesidades o para influir en las decisiones que afectan a sus intereses.


En segundo lugar ocurre un fenómeno curioso al que no se le suele prestar atención. Los defensores de la desaparición de la deuda pública son quienes se callan sin embargo cuando crece extraordinariamente la privada, precisamente, como consecuencia de la capacidad cada vez menor del gobierno para satisfacer necesidades sociales.


Cuando los gobiernos se encuentran con menos recursos y la sanidad pública, la vivienda pública, la educación pública y en general todos los servicios públicos tienden lógicamente a ser peores o más escasos, y cuando al mismo tiempo bajan los salarios y el trabajo se hace precario, lo trabajadores han de endeudarse cada vez más y la banca se hace dueña de sus haciendas y de sus vidas.


La deuda (tanto la pública cuando es financiada por ellos como la privada) es el gran negocio de los bancos. Cuanta más deuda haya, más dinero ganan.


Pero prefieren la deuda privada por varias razones

Primero, como he dicho, porque hace que aumente la desafección ciudadana y que disminuya la fuerza y la calidad de la democracia. Segundo, porque no está manos del gobierno sino de miles y miles de personas que son mucho más indefensas frente a los bancos y eso les permite a éstos imponer condiciones más favorables a su negocio (la difusión de hipotecas subprime principalmente entre los sectores más desfavorecidos de Estados Unidos es una prueba de ello como hemos demostrado Lina Gálvez y yo en el libro Desiguales. Mujeres y hombres frente a la crisis financiera, que saldrá a la calle en unos días publicado por Icaria Editorial). Y en tercer lugar, porque de esa manera es más seguro que el gasto se dedique a los negocios que más interesa al capital privado y no a la producción de bienes sociales que es lo que principalmente financia la deuda pública de un gobierno democrático.


Por otro lado, cuando los liberales (en realidad los defensores de los intereses de los bancos y los sectores más ricos y poderosos de la sociedad) proponen que no haya déficit públicos se olvidan de decir qué se pierde con ello.


Naturalmente, nadie puede defender que los gobiernos gasten irracionalmente y despilfarren recursos. La deuda que se origina de esa manera es tan inapropiada y peligrosa como cualquier otra conducta económica que produce inestabilidad e insostenibilidad. Pero choca que los enemigos de la deuda pública no lo sean de la privada que si se desboca es igual de insostenible, ni tampoco de la especulación, del deterioro ambiental, de la desigualdad, de la financiarización o de todas las demás manifestaciones de la insostenibilidad asociadas a la economía capitalista.


Y en cualquier caso, el hecho de que un gobierno gaste mal no significa que la deuda deba desaparecer: la alternativa a un gobierno que despilfarra no es otro que no gaste sino uno que gaste bien, que lo hace en lo que es necesario que gaste un gobierno, en capital y bienestar social.


También es verdad que la deuda no puede crecer indefinidamente pero eso tampoco significa que no se pueda mantener permanentemente. Lo importante no es tanto el montante de la deuda como la contribución que efectivamente realiza a crear más ingresos, más riqueza y más bienestar. Mientras lo haga, no deberá ser demasiado problema mantenerla y eso significa que lo que verdaderamente es malo de nuestras economías no es que haya mucho deuda sino que está asociada a la alimentación de actividades especulativas y al negocio privado, es decir, que no crea ingresos para ir sufragándola porque lo genera insuficientemente y porque los que genera están muy mal repartidos.


En realidad, la deuda pública debería entenderse como el pago que las generaciones futuras hacen de los bienes o servicios producidos anteriormente pero que ellas van a disfrutar en su momento. Y por eso, cuando se obliga a naciones que no son ricas a prescindir de la deuda se les está obligando a renunciar a la disposición de bienes y servicios de capital que requieren varias generaciones para financiarse y disfrutarse.


Igual que una familia normal no podría financiarse una vivienda al contado, el capital social que necesitan las sociedades necesita endeudamiento. Por eso, eliminar el derecho de las naciones más pobres a endeudarse de modo racional y sostenible es condenarlas empobrecerse quizá para siempre. Lo necesario, por tanto, no es que haya endeudamiento sino que éste se financie de modo solidario y sostenible y no como un simple negocio especulativo o al servicio de los intereses de una minoría exigua de la población.


Es cierto que un problema grave es que la deuda esté usándose en su totalidad o en gran parte (como ocurrió en mayor medida en países con dictaduras al servicio de los grandes bancos y de Estados Unidos y también, aunque en menor medida, en países como el nuestro) para fines distintos a la creación de riqueza y bienestar. Pero eso justamente ocurre en mayor medida cuanto más débil sea la democracia (un fenómeno que como señalé tiene mucho que ver con el debilitamiento de lo público), y cuando la financiación de la deuda se convierte en un negocio, cuando se deja en manos de la banca privada o de los especuladores (que para el caso es lo mismo).


Pero incluso en este caso la solución tampoco es eliminarla sino fortalecer el debate social y la democracia, combatir la especulación financiera y controlar democráticamente la financiación de la actividad económica.

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