En ducha escocesa se han convertido las declaraciones de las
autoridades comunitarias acerca de la situación de la economía española.
Un día la califican de futura locomotora europea y otros la comparan
con la de Eslovenia; la única constante es la exigencia de ahondar aún
más en las reformas de siempre. En su informe sobre España la Comisión
demanda una nueva modificación del mercado laboral (será la enésima)
para abaratar aun más el despido y otra vuelta de tuerca para ajustar
las pensiones. Al Gobierno le ha faltado tiempo para constituir una
comisión de expertos -los expertos miran siempre hacia el mismo lado,
por eso son expertos- para acometer la reforma del sistema público de
pensiones de manera que, según dicen, se garantice su sostenibilidad
(palabra mágica).
En materia de pensiones se ha llegado a una extraña unanimidad, fruto
de la propaganda mediática y de la palabrería de los expertos. Se
establece como hecho incontestable que de cara al futuro las variables
demográficas hacen insostenible el sistema tal como ahora lo conocemos; y
para fundamentarlo se facilitan ratios estimados entre activos y
pasivos en los próximos años. Estas previsiones, que los partidarios de
la reforma (léase de los recortes) vienen haciendo desde principios de
los ochenta, han fallado siempre. Pero es que, además, y esto es lo
sustancial, este planteamiento tan simple olvida un dato fundamental: la
productividad.
La cuestión no radica en cuántos son los que producen sino cuánto es
lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si
su productividad es diez veces superior, de tal modo que los que
cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error
al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de
trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se
reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor.
Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace
cincuenta años el 30 % de la población activa española trabajaba en
agricultura. Hoy, tan solo el 3 %, pero ese 3 % produce más que el 30 %
anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a
un número mayor de pensionistas.
La evolución que es preciso considerar en el tiempo es la de la renta
per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea
la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los
pensionistas) no puedan seguir percibiendo los mismos ingresos en
términos reales. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las
pensiones no solo deberían no reducirse sino que tendrían que
incrementarse por encima del coste de la vida.
El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de
distribución y no de carencia de recursos. En los últimos treinta años
la renta per cápita se ha duplicado y es de esperar que en el futuro
presente una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que
no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende
de que haya voluntad por parte de la sociedad, y especialmente de los
políticos, de realizar una verdadera política redistributiva. Solo el
hundimiento de la economía podría poner en peligro real el sistema de
pensiones. Pero en tal caso no serían los jubilados los únicos que
tendrían problemas.
La amenaza al sistema público de pensiones no se encuentra en la
esperanza de vida o en la pirámide de la población, sino en el hecho de
aplicar una política económica que conduzca a toda la economía a una
recesión permanente. La sostenibilidad de las pensiones no es distinta
de la sostenibilidad de la economía española, que hasta ahora parecía
totalmente garantizada y que solo el empecinamiento de entrar y
mantenernos en proyectos tan contradictorios e incoherentes como la
Unión Monetaria puede poner en peligro.
Otro riesgo amenaza al sistema público de pensiones, como en general a
todos los gastos de Seguridad Social: la evolución de los sistemas
fiscales hacia estructuras más regresivas y con menor poder
recaudatorio. La presión fiscal en España se ha reducido en los últimos
cinco años en seis puntos porcentuales. El Pacto de Toledo, con su
famosa separación de fuentes, ha dado lugar al equívoco de entender que
la Seguridad Social es un sistema cerrado y autosuficiente separado del
Estado. ¿Por qué la sanidad, el seguro de desempleo o las carreteras
tienen que financiarse con impuestos mientras que las pensiones deben
hacerlo solo mediante las cotizaciones sociales? Es el Estado con el
conjunto de sus ingresos el que debe asegurar que todos los trabajadores
en su vejez reciban una prestación digna. El obstáculo no estriba en la
pirámide de población o en el incremento de la esperanza de vida, sino
en el fraude y en las reformas fiscales que hacen más regresivos los
sistemas tributarios y minan la capacidad recaudatoria de los impuestos.
Además el gasto en pensiones en España es bastante inferior al de los países de nuestro entorno. Según los últimos datos de Eurostat,
en 2010 dedicamos a esta partida un 10,7 % del PIB, mientras que la
media de la Eurozona se sitúa en un 13,4%; Francia, 14,4 %; Italia, 15,7
%; Alemania, 12,8 %; Austria, 14,9 %. Hasta Portugal dedica un
porcentaje mayor: 14,2. Contemplando estas cifras, resultan carentes de
sentido y desproporcionadas las peroratas sobre la futura debacle del
sistema público de pensiones.
Aquellos que proyectan una visión catastrofista sobre las pensiones
pronostican como confirmación de su inviabilidad que si no se acometen
reformas, el gasto en pensiones alcanzaría en 2060 el 15% del PIB, cifra
que estiman absolutamente inasumible. Sin embargo, en la actualidad
existen ya muchos países cuyo gasto en pensiones está cercano a la cifra
anterior sin que sus economías hayan experimentado ningún cataclismo,
más bien al contrario, se encuentran en una situación bastante más sana
que la nuestra.
Por otra parte, hay que acudir de nuevo al incremento de la
productividad. En los últimos cincuenta años, esta ha crecido a una tasa
media anual del 1,5%. Supongamos que en los próximos cincuenta el
crecimiento es similar. Eso quiere decir que, en términos reales, el PIB crecerá
en todo el período el 125%. Si en 2010 el PIB hubiese sido de 100
euros, el gasto en pensiones sería de 10 euros, y por lo tanto quedarían
para todo el resto de finalidades 90 euros. En 2060, el PIB sería de
225 euros, el gasto en pensiones ascendería a 33,75 euros, y para el
resto de aplicaciones podrían destinarse 191,25 euros; como se ve, mucho
más que en los momentos presentes. Todo ello hablando en términos
reales, es decir, en euros a precios constantes.
El comité de sabios lo tiene fácil. Puede adoptar como factor de
sostenibilidad la renta per cápita. Es decir, que el gasto en pensiones
públicas se incremente al mismo ritmo que lo hace la renta per cápita.
Los pensionistas saldrían ganando y se llevarían una gran alegría.
Juan Fco. Martín Seco
República.com
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