El crecimiento de la desigualdad en la distribución de la renta es un
fenómeno que se viene observando en las economías de la OCDE desde los
años ochenta y en España desde tiempos más recientes. Por si fuera poco,
la recesión económica y las políticas de austeridad están ahondando
todavía más dicho proceso, amenazando con romper la cohesión social.
Tres
aspectos merecen una especial atención con relación a los efectos de
las políticas de austeridad sobre la desigualdad social (Véase la
publicación de la Fundación Alternativas, 1er Informe sobre la
Desigualdad en España): la creciente dificultad redistributiva de los
ingresos y gastos públicos, el mayor impacto relativo de dichas
políticas sobre tres importantes colectivos (inmigrantes, jóvenes y
mujeres) y los profundos efectos negativos de los recortes en sanidad y
educación sobre el Estado de Bienestar.
En primer lugar, la mayor
desigualdad de la renta en España está marcada por una menor intensidad
de las políticas redistributivas y la caída de salarios —sobre todo los
más bajos— acompañada por un aumento brutal de la desocupación, lo que
afecta de manera particular a los sustentadores principales de los
hogares. Las políticas de austeridad, establecidas pretendidamente para
hacer frente a la crisis, han incluido aumentos significativos de
distintos tipos de impuestos (IRPF y, sobre todo, IVA) y recortes en
remuneraciones y prestaciones (salarios de los empleados públicos,
pensiones, cobertura del seguro de desempleo, prestaciones familiares,
rentas mínimas, entre otras), que están afectando negativamente a la
corrección de las desigualdades de renta.
Sucede, además, que el
impuesto sobre la renta y las prestaciones sociales reducen la
desigualdad de las rentas primarias (remuneraciones del trabajo, del
capital e impuestos netos sobre la producción), pero tienen en España un
efecto redistributivo menor que en el resto de Europa. En el caso
español la política con un mayor impacto equitativo es la
correspondiente a las pensiones contributivas, seguida del impuesto
sobre la renta; por el contrario, tienen un impacto mucho menor las
prestaciones condicionadas por renta y las prestaciones universales (que
incluyen a todos los ciudadanos con un sistema de aseguramiento público
y único). Por tanto, como concluye Olga Cantó en el citado informe, el
incremento de la capacidad redistributiva del sistema en nuestro país
requiere una mayor utilización de las prestaciones monetarias distintas
de las pensiones y de las dirigidas a apoyar a las familias (la renta de
ciudadanía, añadiría yo), que actúan como escudo protector frente a la
pobreza y la exclusión social que pueden acompañar al agotamiento de las
prestaciones por desempleo.
En segundo lugar, es bien sabido por
estudios como el mencionado, que los hogares más vulnerables a la crisis
son los sustentados por inmigrantes, jóvenes menores de 25 años,
trabajadores temporales, empleados de baja cualificación y mujeres -en
especial, si cuentan con menores a su cargo-, que se ven fuertemente
castigados por la reducción de las prestaciones por desempleo y de otros
sistemas de protección, así como por la prolongación de las situaciones
de desempleo y el alargamiento del tiempo medio de búsqueda de empleo,
el agotamiento de las prestaciones y la extensión de la crisis.
Al
principio de esta difícil coyuntura —años 2008 a 2010—, la destrucción
de empleo, centrada en los jóvenes, hacía que fueran acogidos por sus
familias y se beneficiaran de transferencias intra-familiares e
inter-generacionales; pero la prolongación de la crisis está provocando
el deterioro de esta situación por el aumento del número de hogares con
todos sus miembros en paro y por la pérdida de capacidad distributiva de
las prestaciones sociales.
Dicha situación es aún más grave en
los hogares de inmigrantes como consecuencia de sus mayores tasas de
desempleo, peores condiciones salariales y menor acceso a las
prestaciones. Las trabas administrativas para el acceso a la tarjeta
sanitaria por parte de los inmigrantes irregulares aumentan el riesgo de
exclusión social de los mismos, ignorando su contribución económica y
el menor uso relativo de sus servicios por la menor edad del colectivo
inmigrante.
Al mismo tiempo, cabe decir que las mujeres que
representan la mayor parte del desempleo total, son beneficiarias de una
menor proporción de las prestaciones por este concepto. En realidad,
tres cuartas partes de los parados registrados sin derecho a prestación
de ningún tipo son mujeres. Y la tasa de cobertura de la prestación por
desempleo es muy inferior en las mujeres que en los hombres. Es
evidente, por tanto, que las políticas de austeridad actuales de
recortes de gasto público tienen asimismo una marcada discriminación de
género.
Discriminación reforzada, a su vez, por la reducción del
empleo en servicios como la educación y la sanidad, con una presencia
relativamente importante de personal femenino. Reforzada también por la
disminución de la oferta de servicios sociales —concretamente, la
congelación de la oferta educativa para menores de tres años—, que
dificulta la conciliación de las tareas laborales y familiares,
dificultando el acceso de las mujeres a la actividad laboral.
El
recorte en las políticas activas de empleo, que afectan al desempleo de
los jóvenes por el desajuste entre sistema educativo y mercado de
trabajo, está perjudicando muy seriamente a los jóvenes de menor
cualificación, al limitar la provisión de la necesaria orientación y
formación profesional, la mejora de su nivel educativo, la reducción de
los periodos de inactividad y su mayor empleabilidad.
Y en tercer
lugar, hay que tener en cuenta que la disminución del gasto sanitario
afecta gravemente a un pilar fundamental del Estado de Bienestar, porque
es la política más progresiva, más redistributiva y más favorecedora de
las clases sociales con menores niveles de renta y de las capas medias.
Y asimismo, la reducción del gasto educativo impacta negativamente
sobre la progresividad y la redistribución de la renta, si bien la
progresividad y capacidad redistributiva de este gasto es menor que el
sanitario por la regresividad de la financiación pública de centros
educativos privados.
En consecuencia, resultan claramente
antisociales las políticas del Estado y de algunas Comunidades Autónomas
mininizadoras de la universalización en la provisión de los servicios
sanitarios y educativos. Hasta el punto de que, en un artículo publicado
el 27 de marzo pasado por la prestigiosa revista médica “The Lancet”,
se destacaban ya en 2010 los graves perjuicios en materia de salud que
están causando a los ciudadanos españoles las políticas de austeridad
(depresiones, ansiedad, alcoholismo, etc.), sin que las autoridades
—como es su obligación— lo hayan advertido.
Así nos va. Austeridad
y desigualdad son dos caras de una misma moneda. Pero el gobierno no se
da por enterado. Una y otra vez, los hechos demuestran que sus
intereses están en otra parte.
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
Público.es
http://blogs.publico.es/econonuestra/2013/04/05/austeridad-y-desigualdad/
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