Financiarización: involución social

La financiarización es un fenómeno global y, al mismo tiempo, heterogéneo. Es una versión extrema de neoliberalismo y globalización. Supone una transformación del sector financiero y su preponderancia frente a la economía productiva, con la protección de la posición de los acreedores financieros. Actúa sobre todas y cada una de las dimensiones de las finanzas públicas: ingreso, gasto, déficit, endeudamiento.

Una referencia fundamental para el análisis de este tema es el libro La financiarización de las relaciones salariales, editado por Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández Rodríguez. Su aspecto principal son las consecuencias sociales de este proceso económico, principalmente en el ámbito del empleo y las relaciones salariales; o como dicen los autores, “la destrucción de las bases sociales del trabajo”. Este tema ha superado el marco académico y entra de lleno en el debate social sobre las consecuencias de la crisis socioeconómica y las políticas neoliberales y cómo afrontarlas. Aquí expongo una valoración sobre cómo hacer frente a la involución social derivada de esta dinámica [1].

Alcance destructivo de la financiarización y escenarios probables

Cabe una reflexión sobre el alcance socialmente destructivo de esta dinámica y cómo frenarla. El libro explica adecuadamente la tendencia dominante —financiarización— y sus consecuencias sociales —mayor subordinación del trabajo, paro masivo, recortes sociales…—. Estamos en un proceso socioeconómico y político regresivo. Existe una gran ofensiva del poder económico y financiero, así como de las élites gestoras e institucionales a su servicio. Su objetivo es la reafirmación de su poder hegemónico y el intento de neutralización de los factores que lo cuestionan y, todavía más, de los componentes que pugnan por su cambio. Dicho de otra forma, la orientación regresiva de la fuerza principal que impulsa la preponderancia del poder financiero está bien definida. ¿Cuáles son los límites o las dificultades para su completo desarrollo? ¿Qué dimensión tienen los factores económicos y sociopolíticos que pueden hacer de contrapeso y condicionar el proceso?.

Podemos descartar la materialización inmediata de la visión catastrofista absoluta (habitual también en la interpretación de la crisis de los años treinta): caos social, destrucción del planeta, guerra total. No obstante, siguiendo el principio de precaución hay que afrontar y prevenir los indicios que conducen a precipicios irreversibles. Existen desafíos relevantes para la capacidad de gestión de las actuales élites poderosas, es decir, para superar su impotencia o sus errores en el control de procesos que desencadenen consecuencias negativas irreparables, aunque no lleguen o se detengan al borde del abismo. Sin embargo, el paralelismo de algunos aspectos con los de la crisis citada de los años treinta puede oscurecer las diferencias significativas de los actuales (des)equilibrios en cuatro campos fundamentales.

Primero, en el plano económico-social, directamente relacionado con este estudio, se puede decir que los efectos destructivos no han tocado suelo; todavía pueden agravarse más en: destrucción de aparato económico real, productivo y de empleo, la desigualdad social, la segmentación y la descohesión de las sociedades, la exacerbación de las diferencias mundiales y europeas (norte-periferia), el desmantelamiento continuo de los Estados de bienestar europeo, con reestructuración regresiva de los sistemas de protección social colectiva y los servicios públicos. Pero, también respecto de la reproducción del propio sistema económico capitalista, el interrogante es qué dimensión y duración puede tener el agotamiento o el estancamiento económico, la incapacidad para generar suficiente tasa de ganancia para el capital privado, la riqueza y los beneficios empresariales (sin fuerte innovación tecnológica), además de no satisfacer las demandas sociales de bienestar y progreso. Es decir, antes de plantearse un giro global ¿hasta dónde puede llegar el sufrimiento popular, la incertidumbre social, la desvertebración de las sociedades, los conflictos interétnicos y de convivencia? Existen algunos elementos comunes a la otra experiencia histórica de la gran depresión: paro masivo, descenso social de capas trabajadoras y medias con fuerte segmentación, bloqueo y frustración de expectativas juveniles... Y otros elementos distintos. Ahora las redes de protección al desempleo, servicios públicos, seguridad social y familiar todavía ofrecen algunas garantías, aunque está por ver el alcance de su reducción o agotamiento. Por otro lado, las sociedades europeas tienen una composición étnica más fragmentada, existen dificultades para la integración social y se pueden exacerbar dinámicas xenófobas, racistas o fundamentalistas, con riesgos para la convivencia intercultural.

Segundo, en el campo institucional y político se está produciendo una involución democrática de los sistemas políticos, un distanciamiento de las élites políticas respecto de la ciudadanía, por lo que sufren una significativa deslegitimación social. Existen tendencias autoritarias y tecnocráticas que promueven el vaciamiento sustantivo de las democracias liberales, pero, de momento, sin llegar a procesos totalitarios de supresión de las libertades individuales y públicas o la suspensión del estado de derecho. No obstante, el grueso de la ciudadanía europea y, más particularmente, española mantiene una cultura democrática y unos valores básicos de justicia social, que constituyen frenos a esa involución.

Tercero, en el ámbito geoestratégico es más lejana la hipótesis de una guerra abierta interimperialista: el desafío chino todavía se sitúa, fundamentalmente, en el plano económico, al menos hasta dentro de dos o tres décadas; sigue teniendo una capacidad político-militar muy inferior frente a la hegemonía de EE.UU. (y económica frente a EE.UU. y la UE, que conviene recordar tomada en su conjunto todavía es la mayor potencia económica y comercial del mundo). Puede haber guerras ‘regionales’, forcejos y tanteos de reequilibrios estratégicos, pero a corto y medio plazo es difícil que se produzca la tercera guerra mundial superdestructiva, con el riesgo de confrontación total o de carácter nuclear, por la pugna de la hegemonía mundial.

Cuarto, en el plano ecologista, sin embargo, es más cercano y grave el riesgo medioambiental, el desencadenamiento de procesos incontrolables de cambio, agotamiento o destrucción de equilibrios de la naturaleza y los sistemas y ciclos vitales. El desarrollo económico y social, equilibrado y sostenible, es un auténtico reto para las élites gestoras (y la población) a nivel mundial.

No es inevitable un fuerte retroceso y subordinación del sur europeo

Los resultados electorales en Italia cuestionan la política de austeridad y a su principal clase política gestora. Al fracaso absoluto del candidato “comunitario” Monti se añade, respecto del año 2008, la pérdida por el partido de Berlusconi de seis millones de votos (aunque algunas encuestas preveían un bajón superior). Mientras tanto, el Partido Democrático de Bersani (que también ha colaborado con algunos recortes promovidos por Monti) también ha descendido en 4,5 millones de votos y no ha sido capaz de representar y articular el conjunto del descontento social. El ascenso claro ha sido para el Movimiento 5 Estrellas, liderado por Grillo, que ha recogido 8,6 millones de votos, entre ellos el 40% del voto juvenil. No es un movimiento antipolítico, es una contestación a “esa” política de austeridad y “esa” clase política, al servicio de los intereses del sistema financiero centroeuropeo y amparado por el bloque de poder que representa Merkel y avalan las principales instituciones europeas. Y expresa la necesidad de “otra” orientación socioeconómica y “otra” gestión y representación política, más sociales y democráticas.

Así, es una dinámica que expresa, de forma distinta a la corriente social indignada española, similar orientación de fondo: rechazo a los recortes sociales, mayor democratización del sistema político y exigencia de un recambio de la clase política. Supone, con todas sus complejidades y ambivalencias, un clamor de gran parte de la sociedad italiana contra la subordinación de la anterior clase política a los intereses financieros e institucionales ajenos a los de la mayoría social. Junto con los nuevos equilibrios del centro-izquierda de Bersani, si se afirma en una orientación progresista frente a los ajustes económicos, puede señalar un cambio de rumbo en la gestión de la representación política.

Es un síntoma positivo. Frente al refuerzo (junto con la pasada victoria de Hollande) de las tendencias de cambio progresista en Europa, enseguida han salido diferentes autoridades alemanas y europeas a recordar el diseño dominante, particularmente para el sur europeo: política de austeridad, con las llamadas reformas estructurales regresivas y el chantaje de los mercados financieros. Frente al rechazo ciudadano y su expresión democrática se nos trata de imponer la idea de que es inevitable el retroceso social y político. La cuestión es que cada vez tiene menos legitimidad social. Veamos algunas condiciones de esta compleja pugna sociopolítica y democrática frente a los intentos de consolidar la subordinación de los países europeos periféricos.

Centrándonos en el sur europeo, el impacto de los dos primeros elementos (socioeconómico y político-institucional) configura un panorama duro y grave. La crisis económica y social es profunda, sus aparatos económicos son frágiles y dependientes y sus Estados de bienestar más débiles. Sus élites han fracasado en la modernización económica de sus respectivos países y ahora están más endeudados, subordinados y dependientes respecto del eje de poder centroeuropeo (alemán) y mundial.

Existen importantes diferencias entre, por un lado, Grecia y Portugal (e Irlanda) y, por otro lado, España e Italia; después viene Francia. La sensación ciudadana de ‘van a acabar con todo’ expresa la incertidumbre por el futuro del llamado modelo social europeo, al menos en esos países. Define el contenido regresivo profundo del proyecto neoliberal, aunque está por ver, dado los contrapesos existentes, el grado de cumplimiento de su programa máximo: destrucción del Estado de bienestar, la regulación y las garantías públicas y debilitamiento del sistema democrático o, en otro sentido, la vuelta a la implantación de la economía y el estado liberal del siglo XIX. El temor ciudadano más realista se asienta en la perspectiva inmediata de un paro masivo y prolongado, con poca protección al desempleo y menguadas expectativas de empleo decente, un pronunciado desequilibrio en las relaciones laborales, con fuerte poder y discrecionalidad empresarial, un recorte sustantivo en los servicios públicos (sanidad y educación públicas), con un desmantelamiento progresivo de un débil aunque significativo Estado de bienestar y de protección social. Se está produciendo una brecha profunda respecto de los países del norte cuyas clases populares, en términos comparativos, sobreviven menos mal a los efectos de la crisis y la política de austeridad. En ese sentido, la incógnita es hasta dónde el bloque de poder que ampara a Merkel puede imponer ese retroceso cualitativo en las condiciones sociolaborales y la dependencia económica y política del sur europeo y, paralelamente, consolidar su hegemonía respecto a las sociedades periféricas, incluyendo el estado francés, sin romper el entramado institucional europeo o recibir un fuerte rechazo popular.

El caso griego es un laboratorio de hasta dónde las élites europeas (y mundiales) pueden apretar el cinturón a la población, cuál es el nivel de su disponibilidad a la renuncia del cobro de parte de sus préstamos, la reducción de la deuda contraída o la flexibilización de los programas de austeridad (una vez traspasados las responsabilidades y los riesgos a los estados y salvados los intereses fundamentales de los acreedores financieros privados y sus sistemas bancarios). Es decir, dentro de un reparto desigual de los costes de la crisis y su salida, cuáles son los retrocesos impuestos a la mayoría social y cuáles son capaces de aceptar los poderosos y los acreedores financieros para evitar unos efectos problemáticos para la estabilidad de los equilibrios básicos que garanticen su continuidad: retorno de capitales, hegemonía del poder y subordinación de las capas populares… O, superando el simple economicismo, qué componentes geoestratégicos —frente a los focos de inestabilidad del mediterráneo y oriente medio—, de legitimidad social, vertebración institucional y desprestigio o ruptura de la propia UE tiene la (casi) tragedia griega y su impacto y su generalización por el resto de países europeos periféricos.

Se está imponiendo un retroceso ‘cualitativo’ (deflación) de las condiciones laborales y sociales de las sociedades europeas del sur periférico, afectando a Francia, y una dependencia de sus aparatos económicos y productivos. Se agravan las consecuencias sociales y los problemas de cohesión social y deslegitimación de sus élites. Se puede plantear el interrogante: ¿es realista el diseño del poder dominante de prolongar esta situación y cumplir la amenaza de dar otro paso más pronunciado y duradero de sometimiento popular, con mayor reducción salarial y del gasto social, estancamiento económico, descontento ciudadano y desvertebración política? La respuesta, en todo caso, es que no es inevitable. Superando el fatalismo, gran parte de las sociedades europeas, especialmente del sur, está expresando su oposición a la involución social, a un fuerte retroceso de condiciones de empleo y derechos sociolaborales, así como su exigencia de regeneración democrática del sistema político y reequilibrio institucional en la Unión Europea, más solidario. El futuro, como nos indica la experiencia italiana, está lleno de dificultades y complejidades, pero sigue abierto para las opciones progresistas.

Cómo hacer frente a la involución social y evitar el continuismo

El fracaso de la actual política de austeridad ya se va haciendo evidente, incluso para sectores de las élites poderosas. La apuesta institucional europea, que se vislumbra para después de las elecciones generales alemanas de otoño, es el continuismo de la política económica dominante, intentando contener los desequilibrios europeos, junto con una reorientación mínima —flexibilidad en la austeridad, estatalización de los riesgos de la deuda soberana, elementos de crecimiento—. Aunque conlleve una abundante ofensiva retórica, esa opción es insuficiente para abordar los graves problemas estructurales, al menos, para estos países. Puede dar algo de oxígeno a su situación socioeconómica y paliar alguna situación más grave. Pero es insuficiente para garantizar la estabilidad socioeconómica y los derechos de las clases trabajadoras centroeuropeas y, particularmente para los países periféricos, no aporta soluciones equilibradas y razonables a medio plazo, ni neutraliza la conciencia social de miedo, frustración e indignación.

La cuestión es si entre las élites europeas dominantes se pueden configurar algunos sectores representativos del poder, con suficiente lucidez y perspectiva de conjunto y a medio plazo, con una apuesta doble. Por un lado, mantener su hegemonía social y política y garantizar la reproducción del sistema económico. Por otro lado, integrar las sociedades centroeuropeas y satisfacer mínimamente las necesidades sociales del grueso de las sociedades periféricas y sus agentes sociopolíticos. No es una situación completamente inédita en la historia. Con las correspondientes distancias, es lo que inició Roosevelt y el keynesianismo intervencionista en los años treinta y, sobre todo, en la posguerra mundial, desde el propio campo del poder capitalista liberal. Sería una vuelta a revalorizar la ‘política’, la regulación pública de la economía y los mercados, y garantizar las condiciones sociolaborales y de empleo de las mayorías sociales. Se trata de si van a ser capaces nuevas élites, con el apoyo de sus sociedades, de ponerle (algunos) cascabeles al gato del poder financiero. Sería un reformismo sustantivo desde el propio poder, superando al sector más reaccionario, improductivo y especulativo y las políticas más restrictivas, y con el objetivo de consolidar su propia hegemonía política y económica. Dicho de otro modo, la pregunta es si hay suficiente lucidez y liderazgo en renovadas élites actuales para que cambien algo (significativo para la sociedad) para no cambiar lo fundamental (su hegemonía). De momento no hay respuesta satisfactoria (más allá de los gestos e intentos parciales de Obama/Hollande). En todo caso, el primer paso estructural sería poner coto a la financiarización de la economía, el estímulo de políticas de crecimiento del empleo, la garantía de derechos sociolaborales y democráticos, así como el enfrentamiento con los grupos de poder agresivo y continuista (hoy representados, junto con los acreedores financieros mundiales, por el partido republicano estadounidense y por la alemana Merkel y el británico Cameron).

O bien, otra hipótesis es si la prepotencia del conjunto de los poderosos y la visión cortoplacista y financiera de sus intereses particulares, les impide valorar las graves consecuencias sociales de la prolongación de la crisis y su gestión antisocial, confiando en la utilización de sus últimos recursos para neutralizar su desestabilización a medio plazo: disciplinamiento económico-laboral por los mercados, segregación social y autoritarismo político. Los fenómenos contradictorios de empobrecimiento, inseguridad, frustración e indignación se ampliarían, en una combinación difícil de predecir.

Pero no hay que excluir la posibilidad y la conveniencia de que se produzca una activación de las fuerzas progresistas que, con un proyecto diferenciado y autónomo, puedan condicionar el proceso hacia una transformación profunda del sistema económico y político. En ese sentido, la dimensión de las protestas sociales y el peso, las características y la configuración de los equilibrios entre las distintas tendencias de las izquierdas presentan particularidades en los distintos países, empezando por Grecia y Portugal y pasando por España e Italia hasta llegar a Francia o Alemania.

Se puede contemplar la hipótesis de la aplicación de otra política económica menos agresiva (para el sur) y una dinámica de vertebración social, institucional y política que evite el panorama catastrófico del ‘caos social’. Es decir, la prioridad por la maximización inmediata de los beneficios privados, perseguida por el poder financiero y las élites institucionales dominantes, con la correspondiente involución para las mayorías sociales, podrían no llegar hasta la destrucción total de las bases sociales del trabajo, el desmantelamiento absoluto de las garantías del Estado social y de derecho europeo o la liquidación de las fuerzas sindicales y de izquierda.

Por tanto, se puede impedir ese plan extremo, cuestionar la completa hegemonía del poder económico y financiero y las fuerzas conservadoras y condicionar un nuevo reequilibrio (inestable) en la gestión de la crisis, evitando el fatalismo o la resignación ante lo peor y la simple adaptación individual o grupal competitiva, con los recursos desiguales de cada cual. El desafío no es menor, particularmente para la ciudadanía, las izquierdas, los movimientos sociales y las élites progresistas de los países periféricos, que afrontan el riesgo de un retroceso material sustantivo, la pérdida de una década y una generación, la subordinación política, la degradación social y la crisis moral y cívica.

Pero, todavía no existen suficientes fuerzas progresistas y condiciones socioeconómicas que impidan totalmente esa involución social, económica y democrática y aseguren un estatus menos destructivo y desventajoso para la mayoría de la sociedad. Para que esa opción menos mala de contención regresiva sea tomada en consideración por los poderosos y sea asumible por una parte significativa del poder liberal, parece que la realidad todavía debe mostrar más las consecuencias destructivas de la financiarización y la política de austeridad, en los distintos planos económico, social, político e institucional europeo. Y, por otra parte, que el descontento popular y la deslegitimación social de la clase política y gestora se transformen en una mayor presión ciudadana progresista, el fortalecimiento del sindicalismo y los movimientos sociales progresistas, la renovación de las izquierdas, así como la conformación de un bloque sociopolítico alternativo que impugne esa dinámica y apueste por una gestión y una salida de la crisis más justa y solidaria y la regeneración del sistema político. Sería el único remedio para vencer la completa hegemonía del poder financiero y sus gestores, del ‘aquí mando yo’, sin controles de la política y con completa subordinación de la mayoría ciudadana. En ese sentido, el factor sociopolítico de una corriente social indignada y una ciudadanía activa, con un proyecto autónomo del poder, es fundamental para empujar en una dinámica de cambio social profundo hacia una Europa (y un mundo) más equitativa, solidaria e integrada. Se trata de atreverse a defender un horizonte progresista, aunque en el proceso se conformen distintas etapas y transiciones.

Nota

[1] Esta amplia y excelente investigación está realizada por dieciocho sociólogos y economistas y está distribuida en catorce capítulos. La primera parte explica los efectos de la financiarización sobre el empleo y el mercado de trabajo, las relaciones salariales y el conflicto social. La segunda parte trata de la geopolítica de la financiarización, en la que analiza diversos casos específicos (Argentina, Japón, Grecia, Latinoamérica, Eurozona y Cajas de Ahorro de España), así como los conflictos en la empresa y en la semiperiferia del sistema-mundo. En otra parte (ver Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 31, núm. 1, 2013) gloso las ideas más significativas del libro y realizo un comentario general sobre las consecuencias sociales de la financiarización.



A. Antón es profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Mientras Tanto

http://www.mientrastanto.org/boletin-112/notas/financiarizacion-involucion-social

La sostenibilidad de las pensiones

En ducha escocesa se han convertido las declaraciones de las autoridades comunitarias acerca de la situación de la economía española. Un día la califican de futura locomotora europea y otros la comparan con la de Eslovenia; la única constante es la exigencia de ahondar aún más en las reformas de siempre. En su informe sobre España la Comisión demanda una nueva modificación del mercado laboral (será la enésima) para abaratar aun más el despido y otra vuelta de tuerca para ajustar las pensiones. Al Gobierno le ha faltado tiempo para constituir una comisión de expertos -los expertos miran siempre hacia el mismo lado, por eso son expertos- para acometer la reforma del sistema público de pensiones de manera que, según dicen, se garantice su sostenibilidad (palabra mágica).

En materia de pensiones se ha llegado a una extraña unanimidad, fruto de la propaganda mediática y de la palabrería de los expertos. Se establece como hecho incontestable que de cara al futuro las variables demográficas hacen insostenible el sistema tal como ahora lo conocemos; y para fundamentarlo se facilitan ratios estimados entre activos y pasivos en los próximos años. Estas previsiones, que los partidarios de la reforma (léase de los recortes) vienen haciendo desde principios de los ochenta, han fallado siempre. Pero es que, además, y esto es lo sustancial, este planteamiento tan simple olvida un dato fundamental: la productividad.

La cuestión no radica en cuántos son los que producen sino cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años el 30 % de la población activa española trabajaba en agricultura. Hoy, tan solo el 3 %, pero ese 3 % produce más que el 30 % anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.

La evolución que es preciso considerar en el tiempo es la de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo los mismos ingresos en términos reales. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían no reducirse sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida.

El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y no de carencia de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita se ha duplicado y es de esperar que en el futuro presente una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad, y especialmente de los políticos, de realizar una verdadera política redistributiva. Solo el hundimiento de la economía podría poner en peligro real el sistema de pensiones. Pero en tal caso no serían los jubilados los únicos que tendrían problemas.

La amenaza al sistema público de pensiones no se encuentra en la esperanza de vida o en la pirámide de la población, sino en el hecho de aplicar una política económica que conduzca a toda la economía a una recesión permanente. La sostenibilidad de las pensiones no es distinta de la sostenibilidad de la economía española, que hasta ahora parecía totalmente garantizada y que solo el empecinamiento de entrar y mantenernos en proyectos tan contradictorios e incoherentes como la Unión Monetaria puede poner en peligro.

Otro riesgo amenaza al sistema público de pensiones, como en general a todos los gastos de Seguridad Social: la evolución de los sistemas fiscales hacia estructuras más regresivas y con menor poder recaudatorio. La presión fiscal en España se ha reducido en los últimos cinco años en seis puntos porcentuales. El Pacto de Toledo, con su famosa separación de fuentes, ha dado lugar al equívoco de entender que la Seguridad Social es un sistema cerrado y autosuficiente separado del Estado. ¿Por qué la sanidad, el seguro de desempleo o las carreteras tienen que financiarse con impuestos mientras que las pensiones deben hacerlo solo mediante las cotizaciones sociales? Es el Estado con el conjunto de sus ingresos el que debe asegurar que todos los trabajadores en su vejez reciban una prestación digna. El obstáculo no estriba en la pirámide de población o en el incremento de la esperanza de vida, sino en el fraude y en las reformas fiscales que hacen más regresivos los sistemas tributarios y minan la capacidad recaudatoria de los impuestos.

Además el gasto en pensiones en España es bastante inferior al de los países de nuestro entorno. Según los últimos datos de Eurostat, en 2010 dedicamos a esta partida un 10,7 % del PIB, mientras que la media de la Eurozona se sitúa en un 13,4%; Francia, 14,4 %; Italia, 15,7 %; Alemania, 12,8 %; Austria, 14,9 %. Hasta Portugal dedica un porcentaje mayor: 14,2. Contemplando estas cifras, resultan carentes de sentido y desproporcionadas las peroratas sobre la futura debacle del sistema público de pensiones.

Aquellos que proyectan una visión catastrofista sobre las pensiones pronostican como confirmación de su inviabilidad que si no se acometen reformas, el gasto en pensiones alcanzaría en 2060 el 15% del PIB, cifra que estiman absolutamente inasumible. Sin embargo, en la actualidad existen ya muchos países cuyo gasto en pensiones está cercano a la cifra anterior sin que sus economías hayan experimentado ningún cataclismo, más bien al contrario, se encuentran en una situación bastante más sana que la nuestra.

Por otra parte, hay que acudir de nuevo al incremento de la productividad. En los últimos cincuenta años, esta ha crecido a una tasa media anual del 1,5%. Supongamos que en los próximos cincuenta el crecimiento es similar. Eso quiere decir que, en términos reales, el PIB crecerá en todo el período el 125%. Si en 2010 el PIB hubiese sido de 100 euros, el gasto en pensiones sería de 10 euros, y por lo tanto quedarían para todo el resto de finalidades 90 euros. En 2060, el PIB sería de 225 euros, el gasto en pensiones ascendería a 33,75 euros, y para el resto de aplicaciones podrían destinarse 191,25 euros; como se ve, mucho más que en los momentos presentes. Todo ello hablando en términos reales, es decir, en euros a precios constantes.

El comité de sabios lo tiene fácil. Puede adoptar como factor de sostenibilidad la renta per cápita. Es decir, que el gasto en pensiones públicas se incremente al mismo ritmo que lo hace la renta per cápita. Los pensionistas saldrían ganando y se llevarían una gran alegría.

Juan Fco. Martín Seco

República.com

http://www.republica.com/2013/04/18/la-sostenibilidad-de-las-pensiones_639787/

¡¡Contra los recortes salariales!!

Estancamiento o reducción de los salarios. Aquí reside el núcleo duro de las políticas de cambio estructural; las que promueven los gobiernos, las que impone la troika y las que exigen los mercados. La “devaluación interna” -un eufemismo muy conveniente para diluir el verdadero objetivo de esas políticas: que los trabajadores carguen con el coste de la crisis-, se justifica, nos dicen, por la necesaria austeridad, en lo público y en lo privado, al tiempo que nos aseguran que reportará beneficios a los trabajadores y al conjunto de la población. Ya se sabe, la letanía de siempre: más crecimiento, más empleo… y, en definitiva, salida de la crisis.

Pero vayamos al grano. Las denominadas políticas de “moderación salarial” (atención al lenguaje nada neutral) ayudarán, según sus promotores, a restablecer los beneficios de las empresas y, de esta manera, favorecerán la actividad inversora; asimismo, al mejorar la competitividad de las exportaciones, contribuirán a reducir el saldo deficitario de la balanza comercial, aliviando las necesidades de financiación externa y, de este modo, liberando recursos que podrán ser utilizados para financiar las medidas pro crecimiento.

 Expectativas que la realidad desmiente una y otra vez. Ahí están los datos, para quien los desee consultar, rotundos e inequívocos, aunque algunos se esfuercen en retorcerlos (¿se dice amañarlos?) hasta obligarlos a decir lo que los aprendices de brujo quieren oír. Lo cierto es que son muchos los trabajadores que han visto cómo sus salarios perdían capacidad adquisitiva (los que han tenido la suerte de conservar su empleo) y los que han encontrado un puesto de trabajo se han visto en la tesitura de tener que aceptar salarios indecentes a cambio de largas jornadas laborales. ¿A cambio de qué? La inversión continúa bajo mínimos, el desempleo se mantiene en cotas históricas y es la recesión la que, sobre todo, está aportando, a través de la reducción de las importaciones, un balón de oxígeno a nuestra balanza comercial. ¿Y el anhelado crecimiento económico? Ni está ni se le espera.

Pero no quiero detenerme en los datos, sino en la lógica, supuestamente irrefutable, de los argumentos que están detrás de la referida devaluación. Espero que el diagrama siguiente resulte esclarecedor de las falacias del discurso dominante.

Falacia número 1. La contención salarial supondrá una mejora de la oferta, por el efecto positivo que tendrá sobre los márgenes empresariales. El desequilibrio beneficios/salarios ha aumentado, en favor de los primeros, pero los empresarios, ante un horizonte económico lleno de incertidumbres y ante una demanda que no levanta cabeza prefieren utilizar el plus de ganancia obtenido de los recortes salariales en aminorar sus todavía elevados niveles de endeudamiento con los bancos, o los mantienen líquidos a la espera de que surjan oportunidades de negocio, quizá en el sector financiero de la economía, al que apenas se ha tocado pese a estar en el origen mismo de la crisis.

Falacia número 2. El encadenamiento beneficios/inversión/empleo propiciado por la austeridad salarial generará un círculo virtuoso que se materializará en más crecimiento. Diagnóstico erróneo, pues, la reducción de los salarios nominales y reales está teniendo un efecto contractivo sobre el consumo privado, componente fundamental de la demanda agregada. En un escenario de estas características, los empresarios postergan sus inversiones, con la consiguiente pérdida de capacidad productiva y de crecimiento potencial.

Falacia número 3: La reducción de los costes laborales hará que nuestras empresas exportadoras sean más competitivas frente a nuestros rivales, comunitarios (sobre todo) y globales. Precios más bajos, más ventas, mayor cuota de mercado. Previsión fallida: el retroceso en las remuneraciones de los trabajadores no ha ido de la mano de un ajuste equivalente en los precios (¿no nos habían dicho una y mil veces que la rigidez se encontraba en el mercado laboral?), por lo que, a pesar del esfuerzo exigido a los trabajadores, nuestras empresas no han ganado, desde esa perspectiva, competitividad. Esfuerzo que, por lo demás, apunta en la dirección equivocada, pues la presencia externa de empresas y naciones depende menos del precio que de la capacidad de ofrecer bienes y servicios de calidad. En ese ámbito, el de la competitividad estructural, en parte como consecuencia de las políticas salariales restrictivas, se ha abierto la brecha que separa a nuestra economía de las más prósperas del continente.

Falacia número 4: La contención salarial contribuirá a dinamizar el tejido empresarial estimulando un profundo cambio estructural. Todo lo contrario, esa política ha abierto la espita de todo tipo de comportamientos depredadores por parte del empresariado, a los que las reformas laborales han otorgado un poder enorme, para despedir y contratar, para modificar la negociación colectiva y mover a los trabajadores, así como para fijar sus retribuciones. Esa situación alumbra una cultura conservadora y autoritaria que constituye un lastre a la hora de afrontar la modernización de nuestra economía.

Conclusión: tiempo perdido y frustración entre la población, recursos dilapidados y ampliación de la fractura social, objetivos incumplidos y enquistamiento de la crisis. Al menos que no nos den gato por liebre: esa política económica no funciona o, digámoslo con claridad, sólo funciona para unas oligarquías que no parecen tener otra meta que confiscar a la ciudadanía renta y riqueza.

Fernando Luengo es Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del colectivo econoNuestra

EconoNuestra

http://econonuestra.org/actualidad/item/397-%C2%A1%C2%A1contra-los-recortes-salariales.html

Consultoras letales

Mucho se ha hablado del papel de las empresas de calificación de riesgos en las crisis financieras. Pero no son los únicos agentes activos que ayudan a crear la sinrazón económica que nos atenaza. Uno de estos actores fundamentales lo constituyen las grandes empresas de auditoría-consultoría. Otro de estos inventos liberales pensados en teoría para autoregular los mercados, pero cuyo papel en la práctica es mucho más discutible.

Las empresas de auditoría son en teoría un agente externo que trata de validar la contabilidad de las grandes empresas, defendiendo los intereses de los accionistas y la sociedad de las presuntas malas prácticas de los gerentes y altos ejecutivos. En la práctica, su labor es bastante rutinaria y su capacidad de detectar problemas serios está limitada a detectar fallos garrafales y errores de bulto. El problema es que muchas de las valoraciones de las empresas son contingentes, requieren una enorme cantidad de información, de control in situ, algo que suele estar fuera de la actividad corriente de los auditores. Es un clásico problema de asimetría de la información: quien controla el día a día de una empresa siempre tiene más conocimiento de lo real que quien acude periódicamente a evaluar la contabilidad. Los problemas van sin embargo más allá. Quien asigna el auditor a la empresa no es alguien externo a la misma, sino la propia empresa. Si el contrato es suculento, el auditor querrá conservar el cliente y no es difícil que antes de hacer un informe muy negativo trate de negociar un apaño que permita la continuidad de la relación. Y, lo que es aún peor, las grandes firmas de auditoría se han convertido en auténticas máquinas de servicios de apoyo a las empresas en forma de asesorías de todo tipo, incluida la legal y fiscal. Así, no es ser muy malpensado esperar que lo que se asesora para eludir impuestos o aumentar beneficios no va a ser puesto en cuestión en la auditoría.

Todos estos problemas son bien conocidos de hace tiempo. Se pusieron en evidencia en la crisis de 2001, cuando la quiebra de Enron. Quedó claro en aquel momento que Arthur Andersen (la mayor auditora mundial por entonces) había ayudado por pasiva (auditoria amable) y por activa (consultoría) a levantar el castillo de humo que se escondía tras la fachada de una gran empresa eléctrica. La crisis condujo al cierre de ambas empresas, a una moderada regulación del modelo, pero no a su puesta en cuestión. Muerta Arthur Andersen, otras empresas han pasado a llenar su espacio con la misma estulticia que su difunta competidora. Algo que se ha puesto en evidencia en toda la larga crisis financiera de los últimos años, donde cientos de empresas parecían tener todo en regla hasta que se demostraba lo contrario.

El papel nefasto de estas empresas no se limita sin embargo a su incapacidad de hacer un buen análisis crítico de las cuentas de las grandes empresas, o a su complicidad en diseñar modelos de gestión para eludir obligaciones. Su enorme crecimiento y popularidad las han convertido en verdaderos promotores de ideas tanto para la gestión privada como para la pública. Y del asesoramiento de esas empresas nacen muchas de las propuestas privatizadoras y de mercantilización de los servicios públicos. Los políticos neoliberales usan esas “marcas” globales como justificativo de sus propuestas de desmembrar el sector público y como coraza para eludir un debate abierto.

La muestra más reciente de este uso la hemos tenido en Catalunya cuando se ha descubierto que la Consellería de Sanitat tiene en su mesa un informe elaborado por Price Waterhouse Coopers (la mayor empresa mundial) donde se promueve la privatización del sistema público de salud. Cuando se ha interpelado sobre el tema al Conseller Boi Ruiz, éste ha asegurado que dicho informe no ha costado ni un centimo público, que PWC lo ha elaborado gratis. Tan escandaloso resulta que las palabras de Boi Ruiz sean falsas —se habría gastado dinero público para promover sus ideas— como verdaderas. Pues en este segundo caso indicarían que PWC está tratando de influir, por cuenta propia o ajena, de forma velada, sobre las decisiones del Govern. Resulta evidente que se trata de una clara actividad de lobby.

No creo que éste sea un caso particular. Si se rastrean la mayor parte de procesos de privatización, es fácil encontrar el papel que juegan en ellos estas verdaderas máquinas neoliberales que son los grandes grupos de auditoría y consultoría. Por si alguién no se había enterado de a qué nos conduce el modelo de gestión pirvada que promueve PWC, esta misma semana hemos tenido una buena muestra, cuando se ha anunciado que el Hospital de Sant Pau está planteando introducir un sistema para “colar” en las listas de espera a quien se pague la operación. Una muestra de “búsqueda de nuevas fuentes de financiación” que constituye un modelo descarnado de discriminación social. Clasismo en estado puro.

La defensa del sector público, de una economia regida por los intereses de la mayoría dentro de un proceso de decisiones democráticas, exige un cambio profundo en las instituciones. Entre otras cosas, limitar y acotar el papel de un modelo de empresa que transita entre la inutilidad, la conspiración y la propaganda. Un verdadero programa reformista debe evaluar y atacar el conjunto de instituciones neoliberales. Nos va la vida, la dignidad, el bienestar, la democracia.

Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

http://www.mientrastanto.org/boletin-112/notas/cuaderno-de-depresion-19

Multimillonarios y paraísos fiscales, un matrimonio indisoluble

Del listado de 31 países que la OCDE calificó de paraísos fiscales en el año 2000 solo quedaban Niué y Naurú en 2012. Fenómeno sorprendente, por lo tanto, el de comprobar que Gibraltar, Mónaco, Liechtenstein, Mauricio, Seychelles, las islas del Canal, las Caimán, Bahamas o San Marino hubieran pasado a la consideración de países limpios y de buen comportamiento fiscal.

Todos ellos habían obtenido su certificado de buena conducta acogiéndose a una de las cláusulas que la propia OCDE había establecido, la de firmar al menos doce convenios sobre transparencia fiscal. En muchos casos, la trampa ha sido evidente. Los paraísos fiscales concluían tales convenios entre sí, con algún aditamento de país limpio, generalmente poco influyente, e incluso se concluían acuerdos con cierto tufo a compensación o soborno. 

Trece años después de la anatematización de los paraísos fiscales, y de las correspondientes promesas de erradicarlos, ha bastado la filtración masiva de datos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas para comprobar que los tax havens (literalmente refugios -no paraísos (heavens)- fiscales) gozan de muy buena salud. Y ello en plena crisis económica y financiera, la que lleva acogotando a casi toda la Unión Europea. Que 130.000 individuos, procedentes de 170 países, guarden en tales refugios entre 15,4 y 23 billones de euros, según el último informe de Tax Justice Network, demuestran con nombres y apellidos que el presunto largo brazo de la ley no alcanza a toda la humanidad por igual.

Suiza, el paraíso tradicional al que casi siempre se han encaminado las grandes fortunas, respiró aliviada al saber que apenas el 0,05% de los componentes de esta jugosa lista de multimillonarios en busca de ventajas y opacidad fiscal estaba en la Confederación Helvética. El gobierno de Berna esgrimió el dato para demostrar que los suizos sí han hecho los deberes.

Pero si Suiza ha dado efectivamente pasos hacia la transparencia y la cooperación fiscal su pasado paradisiaco fue instado, consentido y fomentado históricamente por las tres potencias con las que tiene frontera: Francia, Alemania e Italia, cuyos sucesivos regímenes siempre vieron en las idílicas montañas helvéticas un lugar ideal para poner a buen recaudo tesoros nacionales o particulares. Las continuas guerras europeas y la constante modificación de fronteras pusieron de acuerdo a monarquías y nobleza para disponer de un territorio neutral, unánimemente aceptado y respetado, en el que incluso retirarse físicamente en caso de derrocamiento o de persecución política, esperando tiempos mejores y disfrutando mientras tanto de las rentas puestas al abrigo.

 

Las grandes potencias aprovecharon su dominio para proteger a sus multimillonarios. Tales han sido históricamente los casos de Francia respecto a Mónaco; Italia y San Marino; y, por supuesto, los campeones mundiales, el Reino Unido, que ha esparcido a lo largo y ancho del planeta sus territorios paradisiacos: desde la isla de Man frente a Irlanda a Gibraltar en la punta sur de Europa, pasando por Jersey y Guernsey -en el Canal de la Mancha-, toda la ristra de islas del Caribe más el territorio de Belice -en suelo continental centroamericano-, Mauricio -en el Índico frente a las costas de África- y Singapur -en el extremo de la estratégica península de Malaca-

Los grandes evasores fiscales norteamericanos tuvieron en la Cuba pre-castrista un paraíso ideal, sustituido desde entonces por las Bahamas, las Caimán y las Islas Vírgenes. Todo ello sin contar con que en su propio territorio está el microestado de Delaware, incluido por Tax Justice Network en su propia lista de paraísos fiscales. Miles de empresas están domiciliadas allí, incluidas algunas españolas, bajo el argumento de que realizan su actividad fuera de Estados Unidos, lo que les permite no pagar impuestos. No deja de ser sintomático, por lo tanto, que el 40% de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York tengan precisamente su domicilio fiscal... en Delaware.

Sin salir de la Unión Europea, el caso de Chipre ha puesto de manifiesto que el calificativo de paraiso fiscal no es privativo de islas cálidas, de arenas blancas y cocoteros en la playa. Ahí está el potente pequeño Estado de Luxemburgo, que alberga 227.000 millones de euros en depósitos bancarios, cinco veces el volumen de su PIB. Ya sean ricos multimillonarios, alemanes y holandeses en gran parte, o empresas de todo tipo, pueden disfrutar de estructuras jurídicas que les permite pagar un impuesto mínimo (holdings o sociedades de participación financiera), y beneficiarse, claro está, del secreto bancario. Pocos reprochan al boyante Gran Ducado su cicatería a la hora de atender los requerimientos de las haciendas extranjeras.

Y, en fin, ahí está también el caso del báltico Letonia, miembro de la UE desde 2004 y aspirante a integrarse en la eurozona. Las fortunas rusas que han escapado de Chipre han recalado en gran parte en la coqueta Riga, donde más de la mitad de los 17.000 millones de euros en depósitos bancarios corresponden a no residentes, es decir, un 20% más que en 2012.

Es, pues, evidente que las grandes fortunas, conseguidas legal o ilegalmente, tienden a preservarse de contingencias, y en primer lugar de los hachazos del propio fisco nacional. La denuncia global, como ahora es el caso de las filtraciones, contribuirá sin duda a hacer más difícil y costosa la antigua tranquilidad de que se disfrutaba en estos refugios. Pero, aún así, los más poderosos seguirán intentando hacer lo de siempre: guardar exclusivamente para sí lo que consideran solo suyo. Lo que conlleva obviamente el estigma del robo a su comunidad de procedencia, al evadir los impuestos correspondientes cuya carencia recae en el resto de los contribuyentes.

La próxima reunión del G-8 -las ocho potencias teóricamente más ricas del planeta- será en Gran Bretaña el próximo junio. Veremos entonces, y a la vista del escándalo de este fraude planetario, si hay verdaderas medidas de choque para erradicarlo o seguimos poniendo parches, más o menos como siempre. 

Pedro González,
Periodista, experto en Política Internacional. Fui director de Redacción de Euronews y fundador del Canal 24 Horas de TVE.
Zommnews.es
http://www.zoomnews.es/39611/actualidad/mundo/multimillonarios-y-paraisos-fiscales-union-indisoluble

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¿Alguien sabe realmente qué es el banco malo?

Quien no sepa responder de corrido, que no se preocupe. La pregunta tiene trampa. La denominada sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB), ni es un banco (carece de licencia como tal), ni, como casi nada en la vida, es malo en si mismo (todo depende de para quién). La llamamos banco malo simplemente porque así es como ha decidido denominarle tanto la prensa generalista como la prensa económica especializada. Se trata de una traducción de experimentos similares (que no iguales) que se han dado en el extranjero y que se denominaron en términos genéricos como “bad bank” por incluir activos problemáticos provenientes de entidades de crédito (el irlandés NAMA es una de las últimas experiencias).

Si no es un banco, ¿qué es entonces la SAREB?

Esta sencilla pregunta no tiene una sola respuesta sino varias, pero basta con dos aproximaciones relativas a su origen y a su relevancia en términos económicos:

Es el fruto de uno de los compromisos asumidos por el Gobierno español en el “Memorandum of Understanding” firmado con Europa el pasado 20 de julio de 2012. En este documento sencillo y sorprendentemente corto, a cambio de un rescate (o préstamo en condiciones privilegiadas, como prefieren llamarle algunos) de hasta 100.000 millones de euros, el Gobierno asumió tres grandes compromisos en relación con el sector financiero español: determinar las necesidades de capital del sector bancario, establecer y ejecutar planes y procedimientos para los bancos con problemas y segregar los activos problemáticos de los bancos que recibieran ayudas, siendo este último el germen de la actual SAREB.

Es una mera sociedad anónima, pero de enorme relevancia económica. La SAREB se ha convertido en la mayor inmobiliaria europea con más de 50.000 millones de euros en activos (fundamentalmente préstamos y créditos, activos inmobiliarios y participaciones en sociedades inmobiliarias) provenientes de los bancos españoles nacionalizados o que no fueron capaces de hacer frente a los requerimientos de solvencia sin recibir ayuda estatal (entre otros, Catalunya Caixa, NCG, Banco Gallego, Banco Valencia, mare Nostrum, Caja 3, Liberbank y la joya de la corona, Bankia).

Entonces no es un banco, es una sociedad anónima esencialmente inmobiliaria, pero ¿es mala o no es mala? Pues como antes se decía, depende de para quien. Quizás más que cuestionarnos la bondad o no intrínseca de las cosas, sería más acertado, aunque implique mayor dificultad, plantearnos las preguntas que nos ayuden a entender la SAREB, para así saber que posición debemos tomar ante ella. Por razones de extensión y porque no es intención aquí adoctrinar a nadie, se incluyen algunas notas introductorias para que cada uno profundice y pueda formarse una opinión:

¿Quiénes son los accionistas de la SAREB?

Por imposición legal el accionariado de la SAREB sólo puede estar formado por organismos gubernamentales o inversores institucionales y, a la fecha, sus accionistas son el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la gran mayoría de bancos “sanos” españoles (salvo BBVA), algunas aseguradoras (Mapfre, Mutua Madrileña, Cataslana Occidente, etc) y dos o tres inversores extranjeros de largo arraigo en España (Deutsche Bank y Barclays). La razón de dar entrada a capital privado en la SAREB (lo que la diferencia del banco malo irlandés y tendrá su efecto diferenciador en la toma de decisiones a futuro) no es otra que la de evitar que la garantía del Estado que avala su deuda no compute como déficit público, pero igualmente interesante son los conflictos de interés que se generarán en su seno. Por un lado, el FROB, aunque sin mayoría, es su máximo accionista, siéndolo también de la mayoría de los bancos aportantes y, por otro, los accionistas privados tienen un interés de rentabilidad en la SAREB, pero también tienen un importante parqué inmobiliario en sus balances del que se quieren deshacer.

¿Interviene el gobierno en la gestión del la SAREB?

Lo hace. No sólo porque ha sido el que ha dictado las normas que han posibilitado su creación (curiosa y dudosa la costumbre de legislar a través de Reales Decreto-ley que tiene últimamente el ejecutivo), sino porque participa en los órganos de gobierno del FROB y porque forma parte, junto con el Banco de España y la CNMV, de la Comisión de Seguimiento de la SAREB.

¿Qué tiene que ver Europa y el Fondo Monetario Internacional en todo esto?

Mucho. La SAREB tiene su origen en el acuerdo firmado con Europa en julio de 2012 y a nadie se le escapa que la Comisión Europa, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Fondo Monetario Internacional han intervenido en el desarrollo legislativo ulterior. Es más, se han establecido numerosos mecanismos de información y control para que la troika pueda seguir de cerca todo el proceso y tome cartas en el asunto si lo considera necesario. No nos engañemos, desde hace ya bastantes meses, gran parte del sector bancario español está intervenido.

¿Hay alguien más que intervenga en la SAREB?

En cuanto a poder en la toma de decisiones, en principio no, pero dada la reducida estructura de la plantilla de la SAREB (se estima que quedará en entre 100 y 150 trabajadores) en comparación con el volumen que debe gestionar, se han llevado a cabo y se seguirán produciendo numerosos procesos de externalización. Aquí entran en juego las grandes consultoras y los grandes despachos de abogados, pero quizás lo más curioso es que, al menos de momento, la gestión directa y del día a día de la mayor parte de los activos transmitidos a la SAREB se ha dejado en manos de los propios bancos aportantes, es decir, de los que cabría opinar que generaron el problema.

¿Qué papel jugará la SAREB en la economía española?

Dado su volumen, la SAREB será un jugador esencial en el mercado inmobiliario de los próximos años. Puede que la SAREB sea utilizada por el Gobierno como instrumento de política económica, para reactivar el sector inmobiliario y tratar de atajar parcialmente la crisis, y es cierto que hay cierta presión vendedora para evitar que la SAREB entre en pérdidas (de nuevo el problema con el déficit), pero para ver que papel jugará exactamente habrá que esperar, ya que, entre otras cosas, el plan de negocios que inicialmente se presentó públicamente está siendo revisado a fondo en estos días. En cualquier caso, no hay que olvidar que la SAREB aun está en camino de analizar y empaquetar los activos que ha recibido, que el periodo de tiempo que tiene para deshacerse de los activos es largo (15 años), que entre sus objetivos está minimizar la carga a los contribuyentes y recuperar valor y que gran parte de su accionariado está formado por bancos sanos y aseguradoras, que tienen su propia cartera inmobiliaria y que no querrán afectar de manera significativa a sus precios de venta, por lo que nadie debería esperar una venta masiva de inmuebles o grandes cambios en los precios en el muy corto plazo.

¿Quién adquirirá los activos de la SAREB?

No está previsto que la SAREB venda directamente al público en general (aunque para determinados tipos de activos lo esté haciendo poco a poco a través de los bancos aportantes), sino que lo haga en grandes paquetes a inversores institucionales. Dada la situación de la economía española y los grandes incentivos fiscales que se han establecido ex profeso para ellos, los adquirentes serán fundamentalmente inversores institucionales extranjeros. Lo anterior se hará mediante venta directa o mediante Fondos de Activos Bancarios (FAB), vehículos de inversión de nueva creación de los que hasta la fecha aun no existe ninguno y que merecerá la pena seguir de cerca y abordar en otra ocasión, aunque sólo sea por el régimen fiscal que llevan asociados.

Sobre la SAREB se podría reflexionar mucho más, pero hay muchas otras preguntas de índole político económico que flotan en el aire y que también convendría abordar: ¿hasta qué punto se están experimentando en España los procesos de resolución de entidades de crédito que en el futuro se pretenden imponer a nivel europeo?, ¿qué tienen que ver los bancos de los Länder alemanes con el retraso y/o paralización del proyecto de consolidación de supervisión bancaria a nivel europeo?, ¿qué está ocurriendo finalmente con la Tasa Tobin a nivel nacional y europeo?, ¿qué cambios se están introduciendo en los requisitos de honorabilidad y experiencia de las entidades de crédito y porque son tan relevantes en algunos casos concretos de ámbito nacional?, ¿de verdad se están respetando las nuevas reglas sobre sistemas de remuneración de entidades financieras?, ¿qué otros vehículos de inversión se están modificando para tratar de rescatar al moribundo sector del ladrillo?, ¿cómo evoluciona la reforma de la ley hipotecaria?, ¿cómo se originaron y qué está ocurriendo con las preferentes? y un largo etcétera. Como diría Robert Allen Zimmerman, los tiempos están cambiando y, o nos ponemos a ello, o los cambiarán sin preguntarnos.

Madrilonia.org

http://madrilonia.org/2013/04/alguien-sabe-realmente-que-es-el-banco-malo/

Austeridad y desigualdad

El crecimiento de la desigualdad en la distribución de la renta es un fenómeno que se viene observando en las economías de la OCDE desde los años ochenta y en España desde tiempos más recientes. Por si fuera poco, la recesión económica y las políticas de austeridad están ahondando todavía más dicho proceso, amenazando con romper la cohesión social.

Tres aspectos merecen una especial atención con relación a los efectos de las políticas de austeridad sobre la desigualdad social (Véase la publicación de la Fundación Alternativas, 1er Informe sobre la Desigualdad en España): la creciente dificultad redistributiva de los ingresos  y gastos públicos, el mayor impacto relativo de dichas políticas sobre tres importantes colectivos (inmigrantes, jóvenes y mujeres) y los profundos efectos negativos de los recortes en sanidad y educación sobre el Estado de Bienestar.

En primer lugar, la mayor desigualdad de la renta en España está marcada por una menor intensidad de las políticas redistributivas y la caída de salarios —sobre todo los más bajos— acompañada por un aumento brutal de la desocupación, lo que afecta de manera particular a los sustentadores principales de los hogares. Las políticas de austeridad, establecidas pretendidamente para hacer frente a la crisis, han incluido aumentos significativos de distintos tipos de impuestos (IRPF y, sobre todo, IVA) y recortes en remuneraciones y prestaciones (salarios de los empleados públicos, pensiones, cobertura del seguro de desempleo, prestaciones familiares, rentas mínimas, entre otras), que están afectando negativamente a la corrección de las desigualdades de renta.

Sucede, además, que el impuesto sobre la renta y las prestaciones sociales reducen la desigualdad de las rentas primarias (remuneraciones del trabajo, del capital e impuestos netos sobre la producción), pero tienen en España un efecto redistributivo menor que en el resto de Europa. En el caso español la política con un mayor impacto equitativo es la correspondiente a las pensiones contributivas, seguida del impuesto sobre la renta; por el contrario, tienen un impacto mucho menor las prestaciones condicionadas por renta y las prestaciones universales (que incluyen a todos los ciudadanos con un sistema de aseguramiento público y único). Por tanto, como concluye Olga Cantó en el citado informe, el incremento de la capacidad redistributiva del sistema en nuestro país requiere una mayor utilización de las prestaciones monetarias distintas de las pensiones y de las dirigidas a apoyar a las familias (la renta de ciudadanía, añadiría yo), que actúan como escudo protector frente a la pobreza y la exclusión social que pueden acompañar al agotamiento de las prestaciones por desempleo.

En segundo lugar, es bien sabido por estudios como el mencionado, que los hogares más vulnerables a la crisis son los sustentados por inmigrantes, jóvenes menores de 25 años, trabajadores temporales, empleados de baja cualificación y mujeres -en especial, si cuentan con menores a su cargo-, que se ven fuertemente castigados por la reducción de las prestaciones por desempleo y de otros sistemas de protección, así como por la prolongación de las situaciones de desempleo y el alargamiento del tiempo medio de búsqueda de empleo, el agotamiento de las prestaciones y la extensión de la crisis.

Al principio de esta difícil coyuntura —años 2008 a 2010—, la destrucción de empleo, centrada en los jóvenes, hacía que fueran acogidos por sus familias y se beneficiaran de transferencias intra-familiares e inter-generacionales; pero la prolongación de la crisis está provocando el deterioro de esta situación por el aumento del número de hogares con todos sus miembros en paro y por la pérdida de capacidad distributiva de las prestaciones sociales.

Dicha situación es aún más grave en los hogares de inmigrantes como consecuencia de sus mayores tasas de desempleo, peores condiciones salariales y menor acceso a las prestaciones. Las trabas administrativas para el acceso a la tarjeta sanitaria por parte de los inmigrantes irregulares aumentan el riesgo de exclusión social de los mismos, ignorando su contribución económica y el menor uso relativo de sus servicios por la menor edad del colectivo inmigrante.

Al mismo tiempo, cabe decir que las mujeres que representan la mayor parte del desempleo total, son beneficiarias de una menor proporción de las prestaciones por este concepto. En realidad, tres cuartas partes de los parados registrados sin derecho a prestación de ningún tipo son mujeres. Y la tasa de cobertura de la prestación por desempleo es muy inferior en las mujeres que en los hombres. Es evidente, por tanto, que las políticas de austeridad actuales de recortes de gasto público tienen asimismo una marcada discriminación de género.

Discriminación reforzada, a su vez, por la reducción del empleo en servicios como la educación y la sanidad, con una presencia relativamente importante de personal femenino. Reforzada también por la disminución de la oferta de servicios sociales —concretamente, la congelación de la oferta educativa para menores de tres años—, que dificulta la conciliación de las tareas laborales y familiares, dificultando el acceso de las mujeres a la actividad laboral.

El recorte en las políticas activas de empleo, que afectan al desempleo de los jóvenes por el desajuste entre sistema educativo y mercado de trabajo, está perjudicando muy seriamente a los jóvenes de menor cualificación, al limitar la provisión de la necesaria orientación y formación profesional, la mejora de su nivel educativo, la reducción de los periodos de inactividad y su mayor empleabilidad.

Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que la disminución del gasto sanitario afecta gravemente a un pilar fundamental del Estado de Bienestar, porque es la política más progresiva, más redistributiva y más favorecedora de las clases sociales con menores niveles de renta y de las capas medias. Y asimismo, la reducción del gasto educativo impacta negativamente sobre la progresividad y la redistribución de la renta, si bien la progresividad y capacidad redistributiva de este gasto es menor que el sanitario por la regresividad de la financiación pública de centros educativos privados.

En consecuencia, resultan claramente antisociales las políticas del Estado y de algunas Comunidades Autónomas mininizadoras de la universalización en la provisión de los servicios sanitarios y educativos. Hasta el punto de que, en un artículo publicado el 27 de marzo pasado por la prestigiosa revista médica “The Lancet”, se destacaban ya en 2010 los graves perjuicios en materia de salud que están causando a los ciudadanos españoles las políticas de austeridad (depresiones, ansiedad, alcoholismo, etc.), sin que las autoridades —como es su obligación— lo hayan advertido.

Así nos va. Austeridad y desigualdad son dos caras de una misma moneda. Pero el gobierno no se da por enterado. Una y otra vez, los hechos demuestran que sus intereses están en otra parte.

José María Mella
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
Público.es
http://blogs.publico.es/econonuestra/2013/04/05/austeridad-y-desigualdad/

¿Y si también quebraran los paraísos fiscales?

En plena crisis financiera internacional, con problemas endémicos por parte de la mayoría de los países para controlar su déficit público de la deuda y bajo la amenaza constante de recortes presupuestarios en prestaciones sociales básicas —educación, sanidad, desempleo, jubilaciones...—, la sociedad en su conjunto demanda una acción contundente y eficaz de los gobiernos frente a una de las mayores lacras de la economía: la evasión de capitales hacia paraísos fiscales.

Historia

El origen de los paraísos fiscales se remonta a finales del siglo XIX, cuando el estado estadounidense de Nueva Jersey decidió rebajar sus tipos impositivos con el objetivo primordial de “atraer más industria a la región”.

Cabe hablar en ese momento del “inicio de la competencia fiscal por razón de territorio” y fijarnos de inmediato en el cambio en el panorama de estos paraísos fiscales, donde la existencia de una actividad económica industrial real brilla por su ausencia.

Por su parte, Europa —concretamente Suiza— comenzó a ofrecer beneficios fiscales y a instaurar mecanismos de opacidad a finales de la Primera Guerra Mundial, siendo el verdadero detonante de este tipo de centros la posibilidad ofrecida por el Banco de Inglaterra de permitir depósitos en moneda nacional fuera de sus respectivos países. Es en ese momento cuando se desarrolla una industria financiera en territorios como las Islas del Canal, las Islas Caimán, etc.

Podemos distinguir, no obstante, dos épocas diferenciadas respecto a estos establecimientos: entre los años cincuenta y los noventa, en que se conocía la existencia de estos centros pero ningún país los denunciaba explícitamente —pudiendo incluso publicitar de forma legal sus servicios financieros—, y finales de los años noventa, fecha en que los estados miembros de la OCDE publicaron una lista con todos los países responsables de tales operaciones. Desde entonces, y de manera creciente, las denuncias y críticas se han desatado de forma feroz contra los efectos perjudiciales que, para el sistema financiero y para la supervivencia fiscal de los países, han provocado los patrimonios gestionados desde los paraísos fiscales. Críticas que incluso han levantado ligeramente el velo que cubre las cuentas registradas en estos países, por el temor a ser calificados de paraísos fiscales.

Lista de los paraísos fiscales

No existe una lista única para los territorios considerados paraísos fiscales, y de hecho tampoco existe un criterio idéntico para la diversidad de organizaciones y países que las recogen.

A modo de análisis, la principal lista fue la publicada el 2 de noviembre de 2011 por la OCDE, en la que sólo quedan como países catalogados como paraísos fiscales Nauru, en la Micronesia, y Niue (la Roca de la Polinesia).

Además, podemos hacer referencia a los paraísos fiscales en la legislación española, recogidos en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio de 1991.

Pero más representativos que cualquier lista pueden resultarnos algunos ejemplos de países, y lo que sin duda nos sorprendería sería su consideración o no como territorios calificados como paraísos fiscales:

• Nauru, un territorio paupérrimo con una extensión de unos 21 kilómetros cuadrados, cuenta nada menos que con unos 400 bancos.
• Las Islas Caimán, considerado por muchos como el quinto centro financiero internacional, tienen sólo 54.000 habitantes.
• Las Islas Barbados, que tiene domiciliados alrededor de 40 bancos, más de 350 compañías de seguros y cerca de 4.000 empresas.
• Liechtenstein, con unos 36.000 habitantes, cuenta con más de 40.000 entidades registradas.
• Aruba, que tiene 70 kilómetros cuadrados de superficie, y donde operan 17 bancos y más de 3.000 empresas.
• Las Islas Vírgenes Británicas, donde hay registradas unas 2.000 compañías por cada cien habitantes.
• Luxemburgo, con alrededor de 320 establecimientos financieros y donde operan unos 1.200 fondos, cuenta con más de 10.000 holdings y grupos de empresas y con 55 bancos propios.

Características de estos “centros financieros internacionales”

Nadie es capaz realmente de dar una definición exacta de “paraíso fiscal” y, de hecho, hemos visto que diferentes organizaciones internacionales o países tienen sus propias listas de paraísos fiscales, pero de lo que no cabe duda es de que estos “centros financieros internacionales” tienen unas características en común que los hacen “apetecibles” desde el punto de vista financiero y fiscal:

• Un nivel de tributación bajo o nulo aplicado a los no residentes, incluso cuando no desarrollan actividades reales en el territorio. Conviven, por tanto, dos regímenes fiscales diferentes, el que afecta a residentes sujetos al pago de impuestos y el que afecta a no residentes que gozan de ventajas fiscales.
• Un secreto bancario reforzado, lo que asegura un alto nivel de anonimato en sus cuentas e impide disponer de un conocimiento real de las operaciones que se llevan a cabo en esa jurisdicción.
• Una amplia infraestructura de soporte (bancos, abogados, notarios, fideicomisarios...).
• Un procedimiento laxo en cuanto a la inscripción de una empresa en su territorio, con condicionantes marginales al reservarse a operadores con una importante cifra de inversión.
• Una eficacia y rapidez manifiestas en la incorporación de una entidad. Muchas de las entidades están constituidas previamente y permanecen vacías hasta que son adquiridas por un agente económico.
• Una ausencia de transparencia, al darse disposiciones legales, reglamentarias o prácticas administrativas que impiden el intercambio de información con otros países, en relación con contribuyentes que se beneficien de las ventajas fiscales.

Con estas características, estamos en disposición de desentrañar el porqué de su denominación de “paraísos fiscales”, puesto que, como paraísos, permiten hacer prácticamente todo lo que a uno se le antoje desde el punto de vista financiero y fiscal.

Volumen gestionado

En el mundo hay unos sesenta centros financieros internacionales, los cuales están concentrados en Sudamérica —especialmente en el Caribe—, algunas regiones de Estados Unidos, Europa, el sudeste asiático y el océano Índico. Como vemos, los paraísos fiscales están repartidos absolutamente por todos los continentes a lo largo y ancho del globo terráqueo. Aunque su ubicación es clara, la información respecto a la cantidad de dinero que estos centros mueven es meramente un dato estimativo.

No obstante, un dato cierto y conocido es que estos centros dan cabida a más de dos millones de empresas, además de miles de bancos, fondos y aseguradoras.

Una de las estimaciones más fiables es un estudio publicado por Tax Justice Network, que nos indica una cantidad en torno a los 21 billones de dólares como estimación de la riqueza oculta en paraísos fiscales. Esta cantidad representa la suma de los PIB de Estados Unidos y Japón juntos, o, en nuestro caso, 15 veces el PIB de España. Además, según el autor del estudio, el economista James Henry, se trataría de una estimación conservadora. La cifra podría elevarse hasta los 32 billones; aun así, el cálculo se limita a los activos financieros y excluye, por tanto, las propiedades inmobiliarias, los yates o las colecciones de arte.

El mismo estudio ofrece datos respecto a la brecha entre los que más tienen y el resto. Así es como se repartirían, según la investigación, los 55 billones de dólares que existen en forma de activos financieros netos a escala global: unas 90.000 personas, es decir, el 0,001% de la población, poseerían el 30%; algo más de 9 millones de personas, el 0,14% de la población, controlarían el 81,3%; por último, el 99,86% restante de la población se repartiría el 18,7% de esos 55 billones. Así pues, si incorporamos al análisis los fondos escondidos en paraísos fiscales, es posible que los niveles de desigualdad existentes sean mucho peores de lo que nos habían contado.

Suponiendo que los 21 billones de dólares que las personas más ricas del planeta esconden en paraísos fiscales produjeran una rentabilidad del 3% anual y que a ese beneficio se le aplicara un impuesto del 30%, se generarían ingresos fiscales por valor de 190.000 millones de dólares, una cifra muy superior a la cantidad que los países de la OCDE destinan cada año a financiar la Ayuda Oficial al Desarrollo. Dicho de otro modo, el servicio que los paraísos fiscales ofrecen en la actualidad para que las personas más ricas puedan ocultar su dinero supone un lastre inaceptable para el resto de la población. Esas mismas personas que esconden su dinero en paraísos fiscales utilizan servicios y bienes públicos para generar su riqueza, pero deciden no pagar por ello. Parece ser que para eso ya estamos el 99,86% de la población restante.

Problemas

Opacidad: Uno de los mayores problemas de la existencia de estos centros es el nulo intercambio de información, haciendo opacas las operaciones que se realizan en ellos.

Complejidad: La mayoría de las corporaciones e individuos que utilizan estos territorios diseñan complejas estructuras organizativas para la evasión fiscal. Esto provoca que la presión fiscal recaiga sobre las corporaciones e individuos que no pueden permitirse diseñar tales esquemas fiscales.

Ilegalidad: En la mayoría de los casos, las gestiones de patrimonios realizadas por estos territorios responden a actividades ilícitas. Son además numerosos los casos de corrupción y blanqueo de capitales asociados con cuentas abiertas en estos “centros financieros”.

Y, fruto de todo ello, fraude y evasión fiscal: Según Xavier Harel, investigador y autor de La grande évasion: le vrai scandale des paradis fiscaux, del 30 al 40% de los impuestos que deberían recaudar los países en desarrollo terminan en paraísos fiscales. Según Harel, los impuestos eludidos y evadidos cuestan anualmente a la Unión Europea alrededor de 200.000 millones de euros.

Sin lugar a dudas, los paraísos fiscales son el auténtico agujero negro de la economía mundial, distorsionan los flujos financieros, acrecientan las desigualdades sociales y representan un peligro constante para la economía real. Mucho habría que analizar sobre la actual crisis en Chipre y el modelo de estos centros financieros internacionales, sus causas y sus consecuencias; un análisis del que el resto de los países de la Unión Europea deberían tomar previsor ejemplo. “Y es que los pueblos que no conocen su historia, están condenados a repetirla”, como dijo Nicolás de Avellaneda.

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto.e y coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha)]

Mientras Tanto

http://www.mientrastanto.org/boletin-112/notas/y-si-tambien-quebraran-los-paraisos-fiscales