El fraude fiscal es la acción que realiza el contribuyente cuando no
paga los impuestos que debería pagar a Hacienda acorde a la legislación
vigente. Un fontanero que emite una factura sin IVA está cometiendo
fraude fiscal. También lo está cometiendo una gran empresa si declara a
Hacienda menos beneficios de los que en realidad obtiene. Y hay muchas
otras formas de evadir impuestos. En todos los países se comete fraude
fiscal, porque para el Estado es prácticamente imposible controlar todas
las esferas de la economía (pensemos lo difícil que es descubrir si un
fontanero ha emitido una factura con IVA o sin IVA a un cliente). Pero
en algunos países se evaden más impuestos que en otros. Y España, según
numerosas y diversas estimaciones, es uno de los países donde más fraude
fiscal se comete.
Según la organización Tax Justice Network,
España ocupa el décimo lugar en el ranking mundial de fraude fiscal en
cantidad total. En cantidades relativas ocupa el puesto número 93 de
145 países analizados. Según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda
el fraude fiscal español supone aproximadamente un 23% del PIB (1),
mientras que la media de la Unión Europea ronda el 13%. Muchas otras
estimaciones apuntan cifras parecidas, lo cual deja en un lugar muy
preocupante al Estado español. Recordemos
que todo el dinero que deja de ingresar el Estado por esta vía es
dinero que no puede dedicar a gastos como sanidad, educación, sueldos o
prestaciones sociales, entre otros. Al mismo tiempo ese dinero que deja
de ingresar es dinero que tendrá que pedir prestado el Estado en el
caso de querer mantener unos gastos concretos (en sanidad, educación,
etc), lo que aumentará su deuda. Es decir, cuanto más fraude fiscal
exista, menor será la capacidad del Estado para mantener (o aumentar)
gasto público y mayor será la necesidad de aumentar la deuda pública.
Alguien podría pensar que en momentos de crisis es incluso sano que
el Estado no agobie a los ciudadanos con la recaudación de impuestos,
puesto que hay muchas personas pasándolo muy mal y si se les forzara a
cumplir con las obligaciones tributarias terminarían por hundirse
económicamente. Esto es cierto para muchas familias de renta baja,
autónomos y pequeñas empresas que andan con la soga al cuello. Pero no
para muchas familias de renta alta, o grandes empresas, que tienen
recursos de sobra para cumplir con las obligaciones que la ley establece
(y que incluso son más laxas
para ellos que en años anteriores). Además, y esto no es ninguna
sorpresa, quienes más impuestos evaden son precisamente estas grandes
fortunas y grandes empresas. En el siguiente gráfico se comprueba
claramente.
Casi las tres cuartas partes del fraude fiscal total corresponden a
las grandes fortunas y a las grandes empresas (2). Luego ya tenemos dos
motivos para combatir este tipo de fraude: por un lado las grandes
fortunas y las grandes empresas son quienes más impuestos dejan de
pagar, y por otro lado son precisamente quienes se pueden permitir el
pago de los mismos en mejores condiciones. Perseguir el fraude de
pequeños empresarios puede ser injusto y además ineficaz, pero no es así
con el fraude de los peces gordos.
Sin embargo, y a pesar de lo razonable y lógica que resulta la
conclusión a la que hemos llegado, ningún gobierno español ha mostrado
interés en controlar y vigilar los impuestos que evaden estos agentes
económicos. A pesar de que los sucesivos gobernantes españoles siempre
han asegurado públicamente que dedican numerosos esfuerzos a perseguir
el fraude fiscal, un simple vistazo a los datos y a los hechos
acontecidos en los últimos años nos revelará que tales afirmaciones son
rotundamente falsas. Y por la enorme distancia que separa lo enunciado
por estos gobernantes de la realidad, estamos en condiciones plenas de
afirmar que mienten intencionadamente.
1) Para empezar, ni el Ministerio de Economía y
Hacienda ni la Agencia Tributaria tienen una cifra oficial del fraude
fiscal español (y mucho menos de quienes lo cometen). Parecería sensato
pensar que el gobierno, si quisiera combatir decididamente el fraude
fiscal tal y como afirma, debiera empezar por realizar un estudio que
cuantificara cuántos impuestos se evaden y quiénes los evaden. Pero
desde el año 2004 no se ha realizado ningún estudio oficial de este
tipo, lo que demuestra el escaso interés de los sucesivos gobiernos por
disminuir el fraude fiscal.
2) Por otro lado, los recursos que han destinado los
gobiernos a investigar el fraude fiscal español son notablemente
escasos e insuficientes. En España hay un inspector por cada 1.680
contribuyentes, tres veces inferior
a la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a Francia y
Alemania. Esta escasez de recursos se debe a una cuestión política y no
técnica. No tiene sentido argumentar que no hay dinero para contratar a
más inspectores, ya que ese gasto inicial se vería sobradamente
recompensado con los ingresos que se obtendrían por el hecho de combatir
mejor la evasión de impuestos. Es decir, si no se destinan más recursos
a la lucha del fraude es porque no hay interés, no porque no sea
rentable.
3) No solamente se destinan pocos recursos a
combatir el fraude fiscal, sino que cada vez se destinan menos. El
presupuesto asignado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se reducirá
en 2013 un 7,7% respecto al ejercicio anterior. Resulta muy curioso
escuchar a los gobernantes decir que se esforzarán al máximo por
combatir el fraude fiscal a la vez que retiran recursos y medios para
combatirlo.
4) El 20% de esa reducilla plantilla de Hacienda se dedica
a la investigación de fraudes en lo que respecta a las grandes
empresas, en las cuales hemos visto que se producen la mayoría de las
irregularidades. El resto de la plantilla, la inmensa mayoría (el 80%),
investiga a autónomos, pequeñas empresas y trabajadores, que no suponen
ni el 30% del fraude total. Una asignación que no parece muy coherente
si lo que se busca es combatir el fraude y además combatirlo de la forma
menos dañina posible.
5) Por si no bastara con la inacción de la Agencia
Tributaria para investigar el fraude de los peces gordos, nos
encontramos con que cuando éstos acaban siendo descubiertos, los
inspectores les proponen facilidades para salir del paso de la forma
menos perjudicial posible. Estas facilidades van desde aplazamientos en
el pago que no tuvo lugar hasta la simple condonación total de la
sanción que deberían abonar (a menudo multimillonarias). Es decir,
cuando el gran defraudador es pescado, se le concede tiempo para que
pague lo que no pagó en su día y se le perdona la multa que debería
pagar por haberse saltado la ley. Delinquir les sale gratis. Algo que
jamás ocurre, por ejemplo, cuando un ciudadano medio es descubierto
ocultando información en la declaración de su renta.
6) Y para terminar, el colmo de todos los colmos: la
amnistía fiscal. Procedimiento inconstitucional por el cual se invita a
los delincuentes fiscales a depositar en las arcas públicas una pequeña
parte de lo defraudado a cambio de que el resto sea perdonado y
olvidado para siempre. Sobra decir que los beneficiados de esta medida
son las grandes empresas y fortunas que utilizan en sus actividades
paraísos fiscales así como otras rentas y patrimonios de volumen
sobresaliente. Mientras los que han cumplido la ley a rajatabla y pagado
sus impuestos religiosamente no reciben ningún trato especial, los que
se la saltan son perdonados a cambio de una limosna.
Toda la evidencia posible demuestra que los gobernantes no tienen
ningún interés en combatir el fraude fiscal perpetrado por los más
ricos. Y no solo eso, sino que además intentan por todos los medios
sacarles las castañas del fuego cuando por algún motivo han sido
cazados. Esta constatación, unida a la que planteábamos el otro día
referente a lo profundamente injusto que es el sistema impositivo
español, refuerza la idea de que nuestro régimen político dista mucho de
ser una democracia verdadera. En una democracia real, donde el poder
reside en el pueblo, no puede ocurrir que los más ricos se salten las
leyes impunemente bajo el beneplácito de los gobernantes.
Notas:
(1) En realidad lo que alcanza el 23% del PIB es la cantidad de
economía sumergida. Pero con objeto de simplificar, identificamos fraude
fiscal con economía sumergida. Aunque estrictamente son conceptos
diferentes, para el propósito del artículo esta comparación es
permisible porque no perturba el análisis.
(2) Para la Agencia Tributaria estatal las grandes empresas son
aquellas que realizan operaciones por importe superior a 6 millones de
euros al año
Eduardo Garzón
Saque de Esquina
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