sábado, 9 de julio de 2011

¿Es inevitable permanecer en el euro?

El comisario europeo Joaquín Almunia decía hace unos días que ningún país saldrá del euro y que nadie quería hacerlo. Lo afirmaba con la misma seguridad con la que el presidente de la comisión aseguraba casi al mismo tiempo que en materia económica y de deuda "no hay alternativa".

Quizá se equivoquen.

A nadie le cabe la menor duda de las ventajas que disponer de una unión monetaria en Europa puede traer para todos. Pero son ventajas que solo se pueden disfrutar cuando está bien diseñada y cuando dispone de los necesarios mecanismos compensatorios para evitar que las diferencias que inevitablemente suele haber entre los países o territorios que la compongan se conviertan en una amenaza para la propia unión y en una fuente de desigualdades sociales y personales, de desequilibrios territoriales, de conflictos económicos y, en suma, de empobrecimiento para algunos de ellos.

Desgraciadamente, tal y como multitud de economistas distinguidos y de diferentes posiciones ideológicas advirtieron en su día, la unión monetaria europea se diseñó desde el principio no para que diera frutos en el terreno de la cohesión y el desarrollo armónico de las economías y de los pueblos europeos sino para que las grandes empresas y los grupos financieros dispusieran de un espacio en donde obtener rendimientos más abundantes y con menos dificultades.

Con una situación de partida entre sus componentes muy desigual, la renuncia a disponer de mecanismos equilibradores (coordinación macroeconómica efectiva, hacienda integrada, presupuestos suficientes, supervisión financiera centralizada, potentes políticas redistributivas que hubieran impedido el aumento de la desigualdad interregional que se ha producido...) llevaría inevitablemente a generar una actividad económica cada vez más polarizada en torno a los grandes centros de gravedad, a destruir constantemente tejido productivo en las periferias y a incrementar la vulnerabilidad de los territorios más débiles ante los impactos que la coyuntura económica siempre depara con mayor o menor intensidad. Y cuando estos últimos han sido especialmente fuertes, como los que ha producido la crisis financiera, todo ello se ha manifestado con toda su crudeza: cuando sufren o se deterioran en exceso los espacios más débiles el mal se traspasa también al conjunto de la economía europea.

En lugar de optar por una estrategia auténticamente comunitaria, por una integración verdadera y mutuamente satisfactoria, es decir, en lugar de concebir al euro como un instrumento para el desarrollo integral de la economía europea, multipolar y no concentrado, creador de sinergias y no fragmentador del tejido productivo; en lugar de utilizarlo para hacer de la economía europea un espacio compensado en donde la agricultura, la industria y los servicios, la actividad empresarial y los centros de poder, se desarrollaran de modo armonioso en todo su conjunto, desde el primer momento se optó por someter a toda la economía europea a los intereses y directrices del gran capital europeo encabezado por el alemán. Su enorme poder y la sumisión de los gobiernos que se iban sumando a la unión, facilitaron un proceso que ha culminado con una "alemanización" del euro que puede terminar por destruirlo.

La enorme pujanza de la economía alemana requiere una demanda constante e igualmente potente. Para que esa demanda procediese de su interior se requeriría una distribución de la renta muy favorable a los salarios y un elevado gasto público, porque estos son los que pueden garantizar una potente demanda interna. Pero cuando el capital renuncia a ceder renta no cabe sino recurrir a la demanda externa, dirigiendo la producción hacia las exportaciones como motor del crecimiento.

Hace años, la ventaja tecnológica de la que gozaba Alemania hacía que esa fuese una salida natural de su economía, y que, por ello, no implicase un deterioro paralelo de los salarios. Pero cuando la globalización y la mayor integración europea tienden a homogeneizar las condiciones salariales y la norma tecnológica, para mantener la demanda externa es necesario una estrategia más combativa en el exterior, que es la que se ha manifestado en la gestación de la unión europea y, particularmente, del euro, basada en una auténtica "conquista" alemana de los mercados europeos.

Alemania ha impuesto la estrategia que permite que el euro sea el instrumento que garantiza la demanda exterior que necesita y eso lo ha logrado liquidando literalmente el tejido productivo de los demás países y especialmente de los periféricos, imponiéndoles políticas de austeridad que les han impedido generar ingresos endógenos para generar la suficiente acumulación de capital y obligándole a financiar entonces su crecimiento económico mediante los créditos provenientes del enorme superávit que lógicamente produce una pauta distributiva nacida de esta estrategia.

Alemania se ha quedado, o ha destruido, el tejido económico europeo y puede mantener su crecimiento gracias a la demanda de los demás países. Y como eso lógicamente merma la capacidad de generar los ingresos suficientes en estos últimos, pone a su disposición un gigantesco flujo de financiación nacido de la acumulación tan extraordinaria de rentas del capital que se obtiene en su economía, para que así puedan pagar el déficit en el que incurren constantemente.

La operación puede realizarse aparentemente sin demasiados problemas porque se produce en el marco del euro, como si fuesen déficit o superávit registrados dentro de un mismo país: cuando muchos advertimos que el déficit exterior español es insostenible porque muestra que nuestra capacidad de generar ingresos endógenos disminuye peligrosamente los defensores del status quo nos dicen que eso no es problema porque el déficit español respecto a Alemania es tan problemático como el que Cuenca pudiera tener con Zaragoza.

Es un argumento falaz. Las consecuencias de estos déficits constantes y en aumento que produce la estrategia que domina el euro sí son un gravísimo problema económico y social (aunque no lo sean desde el punto de vista contable) porque provocan, al menos o principalmente, tres problemas que antes o después pueden hacer que todo salte por los aires en Europa:

- El primero es que genera una deuda privada en aumento que es insostenible desde cualquier punto de vista que se contemple. Algo que nunca ha preocupado a las autoridades porque a la banca le interesa que crezca cuanto más mejor. Por eso la han dejado crecer, y lo seguirán haciendo aunque lleve al saqueo de los pueblos porque cuanto más alta sea mayor será, como estamos viendo, la capacidad de extorsión a los poderes representativos y la esclavitud que imponen a los ciudadanos.

- El segundo es que en una situación de deterioro de la capacidad productiva y de los ingresos por las razones que he apuntado, es preciso imponer el grillete de la austeridad, so pena de imponer a las rentas del capital un régimen impositivo al que de ninguna manera están dispuestas a someterse. Estas políticas también merman los ingresos, disminuyen la actividad y coadyuvan a incrementar el endeudamiento que, como acabo de decir, es el negocio de los bancos. Con tal de dar salida rentable a sus excedentes el capital alemán condena así al resto de Europa a la atonía y ella misma se cava su tumba, o se obliga a involucrarse en estrategias de conquista de mercados que desvirtúan (como ha pasado con la última ampliación de la UE) el espacio del euro. En concreto, esta estrategia es la responsable del continuado deterioro de las condiciones de trabajo y del aumento del paro.

- El tercero es que puesto que sería impensable que el flujo de crédito que viene de los bancos alemanes (en realidad también de otros franceses pero como en una estrategia de seguimiento de los primeros) se dirigiera a financiar la actividad económica, industrial o de servicios, que compitiera con la exportadora alemana (es decir, que Alemania se hiciera la competencia a sí misma), su destino termina siendo o la financiación del consumo (en contra de la cínica defensa de la austeridad que se proclama) o la de burbujas como la inmobiliaria que proporcionan altos rendimientos pero no solidez a la estructura productiva sino todo lo contrario, una gran volatilidad.

En el periodo 2000-2007 la renta nacional alemana aumentó en unos 300.000 millones de euros, de los cuales el 72% fue a rentas del capital. Y en ese mismo periodo más de 270.000 millones de euros de media al año salieron de Alemania para financiar negocios en otros lugares de Europa, pero lo hicieron dirigiéndose a destinos puramente especulativos, a inflar, como he dicho, burbujas inmobiliarias y a promover la evasión y la inversión improductiva. La consecuencia es que ahora los bancos alemanes están al borde del abismo y para tratar de recuperar el capital que prestaron fuera en lugar de invertirlo en su país, ponen en peligro la recuperación del resto de las economías e imponen un saqueo criminal a las naciones de las que han obtenido en estos últimos años beneficios incalculables.

A nadie se le escapa que salirse del euro es una opción de costes extraordinarios que llevaría al país que lo hiciera a sufrir agresiones sin precedentes en Europa y a vivir algunos años de caos financiero y de empobrecimiento. Nada más cierto. Pero ¿acaso está propiciando otra cosa mejor un euro al servicio exclusivo del capital financiero y de las grandes empresas? ¿Acaso le ha dado seguridad y bienestar a Grecia a Portugal o a Irlanda? ¿Acaso no hizo España los deberes del euro y no puso sin rechistar en manos del capital alemán y europeo sus mejores empresas y centros de producción? ¿Acaso el euro nos está protegiendo de la extorsión y de los ataques especulativos? ¿no alentó el euro, en beneficio de la banca europea, el endeudamiento privado imponiendo los recortes salariales en lugar de la estabilidad financiera?

El euro, y las políticas que se vienen imponiendo para sostenerlo en la función servil que viene desempeñando, es hoy día la fuente del desastre en que vive Europa y lo que impone un saqueo criminal a los pueblos al que hay que enfrentarse por dignidad y sentido de supervivencia. El euro y la incompetencia con que los dirigentes europeos están gestionando la crisis para salvar los intereses del gran capital no da ya ningún tipo de seguridad ni puede proporcionar bienestar sino la ruina generalizada de los trabajadores, de las clases pasivas y de las pequeñas y medianas empresas. Es un expolio que hará que una Europa se levante contra otra. Dentro del euro tal y como está constituido y en el marco de las políticas que implica es imposible que países como España (y por supuesto Irlanda, Portugal o Grecia, y posiblemente también otros como Italia o incluso Francia) tengan salidas que no impliquen más sufrimientos, más sobresaltos y peores resultados macroeconómicos y sociales. No es posible.

Si no hay un giro urgente en la política europea, si no se impone la cooperación, la armonía y el reparto equitativo de la riqueza, si no se admite que quien debe gobernar Europa es el pueblo mediante sus representantes y no los grupos de presión y los poderes financieros, tenemos la obligación de salir a la calle también a reclamar que nos salgamos del infierno, como ahora el de Grecia, que quieren imponernos a todos.

Juan Torres López
Sistema Digital

viernes, 8 de julio de 2011

Falacias sobre la deuda pública

Este artículo critica los argumentos neoliberales que sostienen que la deuda pública es una carga para las próximas generaciones, lo cual requiere -según las instituciones neoliberales (tales como FEDEA)- que los estados recorten sus estados del bienestar para reducirla. El artículo también señala alternativas que no son consideradas en los mayores centros políticos y mediáticos, tanto de la Unión Europea como de España, imbuidos del dogma neoliberal.

FALACIA Nº 1: LA DEUDA PÚBLICA ES UNA CARGA A LAS PRÓXIMAS GENERACIONES

La deuda pública es uno de los conceptos menos entendidos y más utilizados para alarmar a la población. Uno de los argumentos que se reproducen más frecuentemente en los medios neoliberales próximos a la banca y a la gran patronal (tales como FEDEA) es acentuar el supuesto peligro de una elevada deuda, sin nunca citar porque lo consideran peligroso. A lo máximo que llegan es a decir que es inmoral dejarles a nuestros hijos mucha deuda, cargándoles a ellos los gastos que hemos realizado ahora. En realidad, se llegan incluso a utilizar imágenes que presentan a las generaciones presentes, creadores de deuda de ahora, como egoístas e insensibles a las generaciones venideras. Así, vemos que economistas neoliberales y conservadores sustituyen la lucha de clases por la lucha de generaciones. Consideran que el conflicto de clases ha dejado de ser relevante y en su lugar acentúan la lucha de los ancianos y la población adulta frente a los jóvenes e infantes, que representan el futuro. Acentúan en sus propuestas que el estado gasta demasiado en ancianos (pensiones) y muy poco en adolescentes e infantes.
Esta postura, como la mayoría de posturas neoliberales, es una frivolidad, carente de solidez. El futuro de nuestros hijos no depende en absoluto de la deuda. Depende primordialmente de la evolución de la productividad y del crecimiento económico. Y los gastos del Estado de ahora (tales como educación, I+D, infraestructuras físicas, transporte y bienestar social) son una inversión en un futuro mejor. Supongamos por ejemplo que la productividad de España hubiera crecido de 1995 a 2010 un 2.6% (una cifra razonable), como consecuencia de toda una serie de inversiones públicas. Esto habría significado que, hoy, por cada hora de trabajo, obtendríamos 51.1% más output que en 1995, lo cual significa que seríamos 51.1% más ricos que en 1995. No lo somos y ello se debe a que no hubo una inversión pública que tuviera como objetivo el aumento de la productividad. Los sucesivos gobiernos estaban muy orgullosos de no haber aumentado el gasto público. En realidad, el presupuesto del estado alcanzó superávit, y la deuda pública era muy baja, lo cual produjo gran satisfacción a los gobiernos Aznar y Zapatero. No tenían motivo para ello pues, resultado de esta austeridad de gasto público, España es en 2011 menos rica si se hubiera hecho aquella inversión pública, creciendo la deuda. En resumen, el bienestar de nuestros hijos no depende de la deuda sino del crecimiento económico y de la riqueza que les dejemos.
Por otra parte, los poseedores de la deuda pública la pasarán a sus hijos: una transferencia intergeneracional. Y los pagadores de la deuda serán los sucesores de los pagadores de la deuda actual. Es decir, la relación propietario/deudor será la misma entonces que ahora. Es un absurdo creer que nosotros gastamos y ellos –nuestros hijos- pagan.

¿Cuál es el problema de la deuda, pues?
El único problema es lo que el estado tiene que pagar a los propietarios de la deuda, lo cual depende primordialmente de los intereses de tal deuda, que ahora son excesivos, debido al alarmismo creado por las agencias de valoración de bonos que son meros instrumentos de la banca. El déficit del Estado (que es el que genera la deuda pública) puede, en caso de pleno empleo, generar inflación y subida de intereses bancarios como respuesta. Y ello puede reducir el crecimiento económico. Pero ello ocurre sólo en una economía que esté a pleno empleo, lo cual no es la situación actual, donde el desempleo es enorme. Por otra parte, los intereses bancarios no los marcan los mercados financieros sino el Estado, y en la Eurozona, el BCE, que en realidad no es un Banco Central sino un lobby de la banca. De ahí que todo el argumentario promovido por los neoliberales es pura propaganda ideológica al servicio de los intereses que les sostienen, incluidos los bancos y la gran patronal. La deuda pública en sí no es un problema. Lo es ahora por la manera como se está tratando, resultado del excesivo poder de la banca en la UE, en la Eurozona y en España.

FALACIA Nº 2: EL PROBLEMA DE LA DEUDA PÚBLICA ES SU TAMAÑO
En la presentación de lo que se ha querido llamar el problema de la deuda en los países de la Eurozona, se exagera constantemente el tamaño de la deuda, en parte porque no se utilizan los indicadores adecuados. Cuando se utiliza la deuda como porcentaje del PIB hay que tener en cuenta que el denominador PIB puede ir descendiendo, con lo cual el porcentaje de la deuda aumenta, aunque en términos absolutos no haya subido significativamente. En realidad, la deuda sobre el PIB promedio de los países de la Eurozona no ha cambiado mucho, y es menor al existente en EEUU y en Gran Bretaña.

El problema con la deuda pública no es su tamaño, sino su enorme variabilidad según los países, con una tasa de crecimiento muy acentuada en los países periféricos, como Grecia, Portugal, Irlanda y España. Digo tasa de crecimiento de la deuda, indicador distinto al tamaño de la deuda. Pues bien, la tasa de crecimiento de la deuda en los países periféricos con estados poco financiados (es decir, países que tienen bajos ingresos al estado, como es el caso de los países periféricos), preocupa a los países del centro y del norte de Europa, pues temen que no podrán pagar su deuda. El problema es que no hay una estructura federal central –como existe en EEUU- que pueda ayudar a estos países. Lo que se llama ayuda no es ayuda. Hay que aclarar esto porque el término ayuda, que constantemente se utiliza para transmitir la idea de que los impuestos del ciudadano alemán se gastan para pagar los servicios públicos o las pensiones de, por ejemplo, los griegos, no es tal, y se debería dejar de utilizar estos términos, pues estimulan tensiones entre países, que son fácil presa de demagogos. No es ayuda, sino préstamos que se dan, a unos intereses inferiores que en los mercados financieros, pero a unos intereses que no son bajos, en realidad son altamente rentables siempre y cuando el país no se declare en bancarrota.

La segunda observación que debe hacerse sobre la mal llamada ayuda, es que el préstamo de dinero al estado griego, por ejemplo, es, en parte, para que ese estado pueda pagar a los bancos y otros prestamistas a unos intereses exorbitantes, generados por sus bonos. Es, así, una enorme transferencia de fondos públicos a los prestamistas. Es esta transferencia de fondos públicos la que imposibilita la recuperación de estas economías periféricas que llegan a gastar cantidades desorbitadas –que van del 6 al 9% del PIB- en sólo pagar los intereses de la deuda. Es imposible que estos países puedan salir de la crisis.

Soluciones alternativas al supuesto problema de la deuda pública
De ahí que se requieran otras soluciones a las que están siendo consideradas por la Comisión Europea, por el BCE y por el FMI (lo que se llama la “troika”). Una de ellas es la redefinición/flexibilización del Pacto de Estabilidad, cuyas reglas son totalmente restrictivas. Así, que se instruya a los países a que tengan un déficit no superior al 3% del PIB y una deuda no superior al 60% del PIB es totalmente arbitrario (estos porcentajes eran los existentes en el promedio de la Eurozona en 1990).

Otra opción es que el BCE compre deuda pública y convierta la deuda pública en eurobonos, garantizados por el BCE tal como hace el Banco Central de EEUU (el FRB) con los estados. Es más, el BCE debe imprimir dinero y ayudar a los estados, no sólo a los bancos (como hace el FRB con los estados). Si ello ocurriera, los intereses de la deuda pública griega podrían bajar considerablemente, incluso a un 3%, lo cual significaría que, con una inflación del 2%, el coste real de pagar la deuda al estado griego sería de un 1%, un coste muy asumible, sobre todo si se le permitiera pagar la deuda en veinte años. La deuda de EEUU se pagó en cincuenta años después de la II Guerra Mundial. De ahí que la deuda griega podría resolverse si hubiera voluntad política.

Por otra parte, el estado griego debiera hacer las reformas fiscales que permitieran aumentar sustancialmente los ingresos al estado, alcanzando el promedio de la UE-15, una cantidad equivalente al 44% de su PIB (ahora es sólo el 37%), resultado, en parte, de un enorme fraude fiscal. Este aumento de los recursos del estado le permitiría no sólo pagar la deuda, sino también endeudarse menos. Ahí está la solución. Que ocurra o no depende de las relaciones de poder, y muy en especial, de las relaciones de poder de clase, existentes en Grecia y en la UE.

Una última observación. Es necesario para recuperar las economías europeas que el capital financiero juegue un papel mucho menor en el desarrollo económico. Para ello es fundamental que se graven sus beneficios, se prevenga la especulación, y disminuya su tamaño. El crecimiento del sector financiero y su carácter especulativo es enormemente negativo para el bienestar de las poblaciones europeas.

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Vicenç Navarro
Sistema Digital


jueves, 7 de julio de 2011

La bancarización de las cajas de ahorros es un robo al Estado y al pueblo

Ya han empezado a salir a cotización en bolsa las primeras cajas de ahorros "bancarizadas" según el proceso establecido por el gobierno en la Ley de Cajas y en el decreto posterior de reforzamiento del sistema financiero.

De esta manera se está cerrando otro hito en la historia de los robos al Estado en nuestro país perpetrado por quienes teóricamente están a su servicio. Y lo están haciendo de la única manera en que lo puede hacer, saltándose a la torera las preferencias sociales, sin consultar con la población y entregándose sin más a los intereses privados. Hasta alguien tan poco sospechoso de radicalismo como el presidente de la confederación de cajas de ahorros de España, Alfonso Quintás, reconocía en diciembre de 2009 que los intentos de privatizarlas se estaban llevando a cabo de modo "repudiable desde el punto de vista democrático", al margen del Parlamento (El País, 6-12-2009).

Me parece que la bancariación de las cajas es un auténtico robo al Estado y al pueblo por varias razones.

Para facilitar la entrada de capital privado, que lógicamente será el de los financieros más ricos y poderosos de dentro y fuera de España y no el de la gente normal y corriente, se han llevado a cabo expedientes de regulación de empleo claramente fraudulentos que van a representar una pérdida de empleo cifrada por lo bajo en más de 15.000 empleos y por lo alto en unos 30.000.

Esa pérdida de empleo puede suponer al Estado un coste de 100.000 euros por puesto de trabajo, la mitad por tener que sufragar las cotizaciones durante el tiempo de desempleo y la otra mitad por la pérdida de ingresos fiscales que se va a producir.

Solo en Caja Madrid se van a destruir 4.000 empleos, el 15% de la plantilla, sin más razón que hacer el nuevo banco más rentable para sus nuevos propietarios.

Las cajas han consumido además cuantiosos recursos públicos en los últimos meses, y los seguirán recibiendo en el futuro, que ahora simplemente van a servir para que el capital privado obtenga altos rendimientos.

Con la excusa de la mala gestión de los políticos ahora se ponen las cajas en manos de los especuladores y del capital privado, algo realmente contradictorio porque las cajas no se han comportado peor que los bancos en la crisis (de hecho su "crisis" no ha costado sino una parte minúscula de la de los bancos privados si se computa la de los años 90), mantienen más empleo que estos últimos (representan el 50% del mercado y ocupan a un 20% más de trabajadores), y realizan inversiones sociales mucho en mucha mayor medida que los bancos privados.

De hecho, lo cierto es que, quitando a las que han sido intervenidas, que no son las más grandes y una de ellas (Cajasur) por razones derivadas al comportamiento corrupto de la jerarquía católica, siguen dando beneficios. Y si algo han hecho mal las cajas en los últimos años ha sido precisamente que se hayan limitado a copiar el modo de funcionamiento y la lógica de los bancos privados. Si se hubieran comportado como lo que deben ser, como entidades financieras al servicio de intereses sociales, no se hubieran encontrado en la situación actual que, como digo, ni siquiera es peor que la de los bancos. Todo el mundo sabe que quien ha provocado la crisis ha sido la banca privada y no la pública de modo que privatizar ahora el escaso sector financiero de carácter semi público que queda es avanzar justamente en la dirección contraria a la razonable para evitar nuevas crisis en el futuro.

Con la bancarización progresiva de las cajas no solo se pone en manos del capital privado a bajo precio el capital y el patrimonio social acumulado durante años sino que además se terminará pronto con su labor social que, aunque sea un simple paliativo, al menos ha podido mantener líneas de ayuda al tercer sector que han sido fundamentales en la lucha contra la exclusión social.

Y no habrá que esperar mucho para ello: incluso antes de convertirse en bancos son muchas las cajas de ahorros que ya han reducido el presupuesto de la Obra Social, o que han cerrado centros de atención a mayores, educativos y de servicios sociales de todo tipo.

La bancarización también conlleva el desarraigo de las cajas respecto de los territorios en los que operaban, algo que ha sido fundamental en los últimos decenios para garantizar, incluso a pesar de su negativo comportamiento reciente, que se mantuvieran inversiones más pegadas al terreno y a los intereses de sus clientes.

La bancarización se ha querido justificar en los altos sueldos de los directivos de las cajas y en la excesiva politización pero lo que ocurre al convertirse en bancos es que éstos se han asignado sueldos mucho más elevados.

Los 10,5 millones de euros que puede ganar Rodrigo Rato y otros directivos en Bankia son buena prueba de que se está produciendo un auténtico y vergonzoso expolio y algo que no solo debiera merecer el reproche moral de la ciudadanía sino la condena penal de esos directivos si en España hubiera leyes decentes que impidieran que los más poderosos se lucren aún más todavía con el dinero de la gente.

Y, por si hubiera que poner alguna guinda al robo y despilfarro de recursos públicos que supone la bancarización de las cajas, resulta que de esta manera no se está garantizando que aumente la financiación de la economía. Al revés, al concentrar aún más la propiedad financiera y al someter aún en mayor medida al antiguo sector de las cajas a la lógica de la banca privada, que evidentemente es más restrictiva puesto que exige más rentabilidad, lo que se producirá será un mayor racionamiento del crédito y una mayor deriva aún de recursos hacia las actividades especulativas que provocan crisis y pérdida de empleo y de riqueza productiva.

Por eso, la bancarización también pone de relieve el servilismo y la torpeza de la patronal española y su auténtica desconexión con las empresas que de verdad crean empleo porque éstas saldrán claramente perjudicadas por la conversión en bancos de las cajas a reducirse así la competencia en el sector financiero y reducirse las posibilidades de obtener financiación más abundante y a menor coste.

Todo esto no ha sido fruto de la casualidad ni de la improvisación. El robo al Estado y al pueblo ha sido estratégicamente calculado y bien pensado. La clase política (incluso los representantes de Izquierda Unida en Caja Madrid han apoyado su privatización) ha sido cómplice de los intereses financieros más poderosos y ha actuado a su servicio extendiendo la alfombra por la que van a entrar limpiamente para a hacerse con el patrimonio y el capital acumulado durante años por cientos de miles de pequeños y medianos ahorradores.

La ciudadanía debe reaccionar ante este nuevo expolio y hacer que paguen sus responsables. Hay que exigir que se cree una comisión que investigue el coste real de esta operación y sus beneficiarios, que se paralicen inmediatamente las privatizaciones de las cajas y el uso de los fondos públicos que han recibido para salir de la crisis en beneficio del capital privado. Hay que reclamar su nacionalización para crear un nuevo tipo de banca pública, ética, transparente, comprometida con la financiación a las empresas y la creación de riqueza. Y hay que obligar a los directivos que se han auto concedido premios, sueldos y bonus millonarios a que devuelvan ese dinero a las cajas.

Los ciudadanos tenemos poder suficiente para paralizar estos procesos de privatización de las cajas. Nosotros somos los dueños de sus recursos así que podemos expresar nuestro rechazo recurriendo a de muchas formas de sabotaje pacífico: sacando los depósitos, haciendo manifestaciones de protesta antes las sucursales, por ejemplo, acudiendo días determinados sencillamente a pedir información sobre los nuevos propietarios de las cajas o sobre el destino de los ahorros, a preguntar si las cajas utilizan tienen fondos en paraísos fiscales o si realizan inversiones en armas o en negocios especulativos. Y también reclamando una ley de responsabilidad financiera que ponga a los banqueros en su sitio, que les impida que actúen por encima de las instituciones representativas y, en suma, que ponga las finanzas al servicio de las personas.

El movimiento 15-M tiene en este aspecto una tarea fundamental porque el robo que lleva consigo la privatización de las cajas no es solo un problema financiero. Se ha podido producir porque nuestra democracia falla, porque no es verdadera, y por eso impedir que se produzca sería un paso decisivo para avanzar hacia la democracia real a la que aspiramos.

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC.

Ganas de Escribir.



martes, 5 de julio de 2011

Deudas-estados-ciudadanos

El endeudamiento público en los países en desarrollo y los ajustes fiscales que se han impuesto en Europa marcan una nueva fase del carácter eminentemente financiero que ha envuelto a la economía mundial desde hace más de 30 años.

Las crisis han sido recurrentes, con repercusiones adversas más grandes en los patrones de la producción y de la distribución. Igualmente ha significado un replanteamiento de la naturaleza del Estado y la relación entre los ciudadanos y quienes gobiernan.

Hoy la deuda es un fenómeno preponderante en el espacio europeo en el que opera el euro y, también, en Estados Unidos. Los gobiernos se endeudaron en demasía por los excesos especulativos derivados de la gestión estatal de las políticas fiscal y monetaria, y la abundancia de liquidez y oferta de créditos de los bancos. Luego, como consecuencia de las intervenciones y los rescates derivados de la misma crisis.

Pero los grandes bancos se han recuperado con rapidez y la carga de la deuda se ha transferido al Estado y, por lo tanto, a la mayoría de los ciudadanos. No ha habido ninguna reforma significativa del sistema de financiamiento, ni una modificación firme de la regulación del sector.

En cambio, hay una contradicción muy evidente entre el principio con el que el gobierno de Bush y su secretario del Tesoro, Paulson, encararon la crisis y que guió el rescate.

Afirmaron que los bancos eran muy grandes para quebrar y que entrañaban un riesgo sistémico que se tenía que evitar. El gobierno mismo dirigió la restructuración del sistema bancario luego de la caída de Lehman Brothers y, en efecto, provocaron una mayor concentración de la propiedad. Esto también ocurrió en Europa.

Hoy hay menos bancos gigantes que entrañan más riesgo en caso de fractura y son, ahora, demasiado grandes para quebrar. El costo de la próxima crisis será mucho más grande y con un Estado más débil.

El ajuste impuesto en Grecia no puede significar más que un falsa satisfacción para los políticos, banqueros y el FMI. La insolvencia de la economía griega queda expuesta por los mismos términos y la magnitud del ajuste exigido.

La brutal elevación de los impuestos (se fijó un impuesto solidario lo que es un oxímoron) y la severa reducción del gasto público no puede generar más que una larga recesión y una menor capacidad de pago. Esto no apuntala la superación de la crisis ni reduce la fragilidad del euro.

Los ajustes económicos derivados del sobrendeudamiento se superan, si acaso, en las mediciones y las estadísticas convencionales del desempeño de una economía, como ha ocurrido en México ya varias veces. Pero ahí se esconden grandes pérdidas patrimoniales de las familias junto a la concentración del ingreso y la riqueza, ineficiencias, caídas del bienestar, desigualdad creciente y falta crónica de crecimiento. Esto sólo puede complacer a los técnicos de una burocracia obsoleta, a los políticos que pueden lucrar con tales mediciones y a quienes acaparan los recursos.

La larga experiencia de crisis financieras desde 1982, que han cubierto sucesivamente todas las regiones del mundo hasta llegar al centro mismo del sistema, apunta también al carácter de la democracia prevaleciente.

Hay quien sugiere que los ciudadanos tienen una responsabilidad en la crisis por no atender a las condiciones que representa la deuda y sus consecuencias. Tal y como ejercen su voto en las urnas han de cuidar la democracia hasta en las decisiones financieras del gobierno. Otros señalan la responsabilidad del gobierno y las formas de gestión de los asuntos públicos. Se propone también que puede haber hoy en el caso de Grecia un ejercicio de quiebra ordenada que prevenga el estallido de la crisis incluso más severa.

Éstos son temas claves de un debate político serio que enmarque donde se debe los procesos financieros, que de ninguna manera son independientes ni operan de modo autónomo.

¿Se merecen, entonces, los ciudadanos los ajustes que se les imponen? El señalamiento, por parte de quienes lo hacen, es mañoso y provocador. ¿Está el Estado tal y como ahora funciona, en descomposición? Este es un asunto que está ya incrustado en las demandas que surgen en sociedades en muchas partes y no se restringe al tema de la deuda, como ha quedado claro en los meses recientes. ¿Hay disposición para superar el conflicto financiero y político abierto por la crisis? No hay indicios de que existan los incentivos para que esto ocurra y este, me parece, es un asunto clave.

¿Cómo se articula la relación entre los ciudadanos y sus gobiernos en un entorno de financierización de las economía global? ¿Qué límites tiene este proceso? ¿Cómo funcionan los mercados financieros y se estructuran las formas de endeudamiento público y privado? ¿Cómo se expresan en las políticas públicas y qué efecto tienen?

Mientras estas cuestiones y muchas otras más se sigan planteando en el campo de los mercados y de las acciones de los bancos centrales y de los ministerios de finanzas, las posibilidades de una renovación del pensamiento social y económico y del ejercicio de la política estarán inevitablemente constreñidas y secuestradas.

Leon Bendesky
La Jornada

lunes, 4 de julio de 2011

Dos caminos para enfrentar la crisis: el griego y el islandés

La deuda externa de Grecia supera 150 por ciento del producto interno bruto (PIB) de ese país y los intereses de las ayudas que le conceden a Atenas la hacen aún más claramente impagable. Francia y Alemania, cuyos bancos son los principales acreedores, prestan el dinero, en realidad, para pagar a esos bancos y no para ayudar a la recuperación de la economía griega que ellos y el estadunidense banco J.P. Morgan, con la activa colaboración del anterior gobierno de la derecha helénica. El actual gobierno socialdemócrata griego, encabezado por Giorgios Papandreou, está tratando de renegociar esa deuda, que acepta en bloque como válida sin diferenciar entre la deuda legítima, la ilegítima y la usurera, pues para esos socialistas hay que respetar a los buitres del capital financiero internacional y las leyes del capitalismo, que serían tan naturales como la ley de gravedad o el inexorable movimiento de la Tierra. El pueblo griego, en cambio, realiza continuas huelgas generales y manifestaciones de rechazo a esa aceptación por el gobierno de los diktats franco-alemanes, pues los trabajadores se niegan a aumentar aún más una desocupación que ronda 20 por ciento (las cifras oficiales hablan de 16, pero no incluyen a todos los realmente desocupados) y a rebajar ulteriormente los salarios reales que van en picada. La protesta social es enorme y va in crescendo, porque el capital financiero se ensañó con Grecia inmediatamente después de un gran movimiento que arrojó a la basura al gobierno derechista y lo sustituyó por el de Papandreou, en el que tenía grandes esperanzas de cambio. Como sucediera anteriormente en el caso argentino –otro país pequeño, no estratégico y relativamente marginal en la economía mundial–, el reflejo particular de la crisis mundial del capitalismo sobre Grecia fue utilizado por las finanzas para dar un terrible ejemplo a otras economías más importantes, como la italiana o la española, y para golpear un sector secundario pero politizado de los trabajadores europeos y favorecer la anulación de las conquistas sociales, a partir de Grecia, en todo el continente, y la rebaja de los salarios reales no sólo helénicos sino también de toda Europa.

El sector más importante de la burguesía nacional griega (los financistas, los armadores y los importadores-exportadores) ha enlazado sus intereses con los del gran capital internacional, sobre todo franco-alemán, y es su socio menor en los Balcanes; por su parte, los obreros griegos, con su gloriosa tradición de organización de clase y de radicalismo, con la resistencia contra los nazifascistas, con la insurrección contra la monarquía y el imperialismo británico, son un sector radical del proletariado europeo que el capitalismo mundial, tras desmembrar la ex Yugoslavia y dominar los restos de la misma, intenta aplastar en los Balcanes para poder explotar mejor a los trabajadores del viejo continente. De ahí la importancia política de la lucha que se libra en todas las ciudades griegas.

Argentina, hace diez años, declaró la suspensión de pagos, devaluó su moneda y renegoció favorablemente, con importantes rebajas, su deuda externa. Desde entonces, y pese a la crisis, ha tenido un importante crecimiento de su economía. Las diferencias con Grecia son muchas –en primer lugar, Argentina puede utilizar el aumento del precio de las materias primas agrícolas que produce en cantidades inmensas, cosa que Grecia no puede hacer– y ésta enfrentaría dificultades mucho mayores si declarase el default; pero en vez de condenar varias generaciones de griegos a apretarse el cinturón para sostener a los bancos franceses y alemanes, podría declarar nula una deuda que ni el pueblo ni el actual gobierno contrajeron. Eso obligaría al país a salir del euro y de la Unión Europea, a reconquistar la independencia monetaria para pagar los sueldos y el funcionamiento inmediato de la economía (como en Argentina, tras la devaluación del peso-dólar, cuando hubo que recurrir a la invención de cuasimonedas locales), pero permitiría mantener la independencia económica del país y otorgaría un papel mayor al sector estatal. Las presiones serían enormes, porque la banca francesa y la alemana perderían grandes sumas y los gobiernos respectivos se verían obligados a salvarlas nuevamente, pero Grecia contaría con el apoyo de los trabajadores de todo el mundo y, en particular, ayudaría a resistir a los de Portugal, los de España y, mañana, a los italianos.

Está también ahí el ejemplo de Islandia, pequeño país nórdico de 317 mil habitantes que tenía una deuda equivalente a 15 veces su PIB, que se negó a pagar a los usureros británicos y holandeses que habían prestado dinero irresponsablemente a banqueros aventureros de la isla. El gobierno, al principio, resolvió pagar la deuda externa y condenar al país, por siglos, a la esclavitud financiera (habría debido pagar su deuda en 15 años al 5.5 de interés). Pero el presidente, un ex comunista, rechazó esa posición, lo cual llevó a un referéndum, organizado por la presión popular mediante movilizaciones y asambleas, el cual declaró que dicha deuda era impagable y, en vez de premiar a los banqueros ladrones, los metió presos y nacionalizó los bancos. Islandia sigue en la Asociación Europea de Libre Comercio y los banqueros extranjeros tuvieron que contentarse con el dinero que consiguieron de sus gobiernos. Ahora, el país logró un acuerdo de pagos mucho más favorable (40 mil millones de euros en 37 años con el 3 por ciento de interés, a partir de 2016, lo cual representa, de todos modos, cerca de 100 euros por día, por cabeza de habitante, durante 10 mil 950 días) cuyo pago también rechaza. Islandia, con un gobierno socialdemócrata y rojiverde, pelea siempre para entrar en la Unión Europea y contra la presión del FMI y de sus acreedores y no ha perdido su independencia.

Guillermo Almeyra.
La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2011/07/03/opinion/023a1pol




21 empresas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales

Las mayores compañías españolas son propietarias de 108 sociedades en territorios 'offshore'. Santander y Repsol, las que más las utilizan.

La presencia de las grandes compañías españolas (las que cotizan en el Ibex 35) en territorios fiscalmente opacos está extendida. Al cierre de 2010, seis de cada diez firmas del Ibex tenía, al menos, una sociedad domiciliada en alguno de los países a los que la ley española considera paraísos fiscales. Estos territorios se caracterizan por ofrecer a los ciudadanos y empresas extranjeros sistemas impositivos muy laxos y con escasos controles financieros, lo que favorece la reducción de la presión fiscal. El cálculo se basa en la información publicada por las empresas en sus memorias anuales y en el listado de países a los que la Agencia Tributaria identifica como paraísos fiscales.

Desde que, hace dos años, el G-20 instara a reforzar la lucha contra los territorios offshore tras el estallido de la crisis financiera, Hacienda ha firmado varios acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición y prevenir el fraude fiscal, lo que ha sacado de su lista negra a países donde las empresas españolas tienen amplia presencia, como Andorra, Luxemburgo o las Antillas Holandesas.

En febrero pasado, la ONG Intermón-Oxfam denunció que, a cierre de 2009, el 80% de las empresas del Ibex opera en paraísos fiscales, aunque contabilizaba territorios como Suiza, Países Bajos o el microestado de Delaware (EEUU), sede de más de 200.000 empresas por su baja presión fiscal. Sin embargo, la Agencia Tributaria, no considera esos lugares paraísos fiscales.

De las 34 firmas del Ibex (se excluye a Arcelormittal, una multinacional con sede en Luxemburgo) 21 cuentan con alguna filial en uno de esos territorios (tienen 108). Las trece compañías que no lo hacen (la mayoría, de las más pequeñas del Ibex) son Abengoa, Abertis, Bankinter, BME, Criteria, Ebro, Enagas, Endesa, FCC, Ferrovial, OHL, REE y Telecinco. En el caso de las que sí tienen filiales en esos territorios, abundan las que aparecen identificadas como "financieras" o "sociedades de cartera". No obstante, otras veces se trata de sociedades cuyo objeto social coincide con el de la empresa matriz.

El caso más habitual es el de Hong Kong, que muchas compañías utilizan como puerta de entrada al boyante mercado chino; por ejemplo, Inditex, el mayor grupo textil del mundo (que tiene 7 filiales radicadas en territorios offshore), ha utilizado la ex colonia británica para ubicar allí su central de compras en Asia, así como las sedes de sus filiales locales de Massimo Dutti, Bershka y Stradivarius.

Otros casos similares son los de Gas Natural, que tiene domiciliadas en Panamá tres distribuidoras de electricidad y una generadora; Telefónica que también tiene allí una filial de móviles, otra de Terra y otra de Atento; o Sacyr, que cuenta con una sociedad radicada en el país centroamericano, donde se ha adjudicado la ampliación del Canal, una de las mayores obras de la historia. Panamá, que se ha consolidado como uno de los principales centros de negocios de Latinoamérica, podría ser eliminado en breve de la lista española de paraísos fiscales.

Santander, a la cabeza

La empresa española del Ibex con más sociedades en esos territorios (33) es Banco Santander. Su presencia se concentra sobre todo en las Islas Caimán (8), Bahamas y Jersey (6 en cada una) y Guernsey (5). Desde el banco explican que "en los últimos años se ha ido reduciendo progresivamente" su presencia en paraísos fiscales, y que la tendencia va a continuar. Algunas de esas sociedades pertenecen a bancos adquiridos en los últimos años por la entidad cántabra, como los británicos Alliance & Leicester (A&L) o Abbey.

Otras, dicen desde el banco, son emisoras de participaciones preferentes, que se utilizaban para esas operaciones antes de que la normativa obligara a efectuarlas en España. Y otras tienen otros fines. Así, Holbah, la que mayor beneficio individual declara y readicada en Nassau (Bahamas), es una sociedad de cartera utilizada por el grupo como tenedora de las participaciones de bancos en Latinoamérica.

Esa filial, cuyo nombre responde al acrónimo de Hólding Bancario funciona como una sociedad instrumental, que cobra los dividendos de esas entidades en Bahamas (donde la presión fiscal es muy baja) y los paga en España. "El beneficio no lo aporta Holbah, es la pasarela para cobrar los dividendos", dicen en la entidad. Se trata, por tanto, de operaciones intragrupo, por lo que el beneficio individual (no consolidado) que figura en las cuentas (702 millones) es poco representativo. Santander también tiene participaciones minoritarias (de más del 5%) en tres sociedades en las Caimán y Guernsey. Una de ellas declaró el año pasado unas pérdidas de 237 millones.

La segunda empresa española con más presencia en paraísos fiscales es Repsol YPF, con 13 filiales. En las Caimán tiene 12: de ellas, cuatro son sociedades de cartera y tres, financieras. En 2010, una de las primeras declaró un beneficio individual de 32 millones.

Repsol, que no quiso hacer comentarios sobre este asunto, es una de las tres empresas que admiten en su memoria de Responsabilidad Social Corporativa que operan en paraísos fiscales. La petrolera dice que su presencia en territorios incluidos en la lista de paraísos fiscales de la OCDE "se circunscribe" a Liberia [que no está en el listado de la Agencia Tributaria], "donde realiza actividades de exploración de hidrocarburos", aunque admite que, "atendiendo al concepto más amplio de paraíso fiscal de la normativa española", opera en más territorios. No obstante, cree que "en breve" dejarán de serlo "al haber negociado o estar negociando con las autoridades españolas acuerdos de intercambio de información o convenios para evitar la doble imposición".

Iberdrola, la primera eléctrica española, también admite que opera en paraísos fiscales. Tiene filiales en las Islas Caimán y de Man, que pertenecían a Scottish Power, adquirida en 2007. La primera está en disolución y para la segunda, "se está evaluando su liquidación". En Chipre, además, tiene un 75% de una eólica a través de Rokas, controlada por Iberdrola Renovables. "En ningún caso realizan actividades de evasión fiscal, blanqueo de capitales ni financiación de actividades ilícitas", indica la empresa.

Por último, Telefónica admite que tiene cinco sociedades en paraísos fiscales "cuya justificación nada tiene que ver con la voluntad de Telefónica de reducir la carga tributaria". "Responden, o al desarrollo de la actividad propia del grupo, como es el caso de Panamá, o a estructuras heredadas de adquisiciones a terceros. Muchas de esas compañías se encuentran inactivas en la actualidad, en fase de liquidación, o en otras se ha procedido a su venta (en 2010, Manx Telecom)".

A.M. Vélez.
Público




jueves, 30 de junio de 2011

Nuestro objetivo prioritario: cuestionar la deuda

Comienza semana con las habituales zanahorias que nos distraen como a los conejos encarrilados en busca de una presa que jamás alcanzarán por mucho que corran. Con temores que nos reflejan en espejos ajenos para que seamos dóciles y cumplidores como manda la UE. Y el FMI. Y el BCE que ya directamente coloca al frente del Banco Central Europeo a un ex empleado de Goldman Sachs.

Sube el PP en las encuestas mientras ya no oculta sus intenciones. Rajoy encarga a FAES un informe sobre la viabilidad del “copago” sanitario. Re-pago, ya pagamos la sanidad con nuestros impuestos. Y se consagra que será el lobby ultraneoliberal FAES quien nos va a gobernar si Rajoy llega a la Moncloa. Persistir y agrandar el error, para entendernos.

Con buena vista y paciencia se puede, sin embargo, encontrar la aguja en el pajar: nos aguarda semana de infarto porque los especuladores van a por nuestra deuda, elevando la prima de riesgo. Aunque no sé si es información o más invitación al sometimiento.

Los griegos andan buscando ellos solos solución a sus graves problemas, al margen de políticos y voceros mediáticos. El documental “Deudocracia” nos cuenta varios detalles. Los que un periodismo riguroso y cumpliendo su espíritu de servicio a la sociedad debería priorizar para que fuera absolutamente visible.

Van a auditar su deuda. Quien la contrajo, en qué condiciones. Hay precedentes -los he comprobado-. EEUU esgrimió el concepto de “deuda odiosa” vigente en el derecho internacional para no pagar a España precisamente cuando la guerra de Cuba. Lo cierto es que sí, parece incongruente exprimir a la sociedad para pagar a los prestasmistas cuando ese contrato lo suscriben los gobernantes al margen de la población. Si se trata de privar a alguien del dinero que exige, o de reducirlo ¿Por qué están eligiendo los gobernantes a los bancos en lugar de a sus ciudadanos?

Así se define la Deuda Odiosa:

“Las deudas odiosas son aquellas contraídas en contra de los intereses de la población de un país, sin el consentimiento de los ciudadanos y con pleno conocimiento por parte de los acreedores. De esta forma, estas deudas no pueden hacerse valer contra un estado deudor.”

América Latina padeció ya nuestro calvario, en lo que llaman la “década pérdida”, de la que ha comenzado a recuperarse. ¿Cómo? Aventando al FMI y sus políticas neoliberales, las mismas que de la mano con esta organización, aplica la UE.

Argentina que fue uno de los países que más padeció, llegó a sufrir el “corralito”: la congelación de los bienes personales de los ciudadanos. En 2001, la revuelta social consigue que el presidente De la Rúa huya del país en helicóptero.

Más interesante aún es el caso de Ecuador. El actual presidente Rafael Correa, ejerció un derecho muy poco habitual en política: dimitió cuando el FMI y el Banco Mundial presionaban. Y regresó en loor de multitudes -pero eso sí sin partido político, populista-. Una de sus primeras decisiones fue expulsar al representante del Banco Mundial y pedir a la delegación del FMI que saliese de las instalaciones del Banco Central. Uno de estos funcionarios encontró un nuevo destino: Grecia.

Ecuador auditó su deuda. Se analizaron todos los contratos de deuda desde 1956 a 2006. Se examinaron la deuda en bonos, la deuda con el FMI, con el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales. El Comité descubrió que una gran parte de la deuda era ilegítima y el gobierno declaró el cese de los pagos del 70% de la deuda de Ecuador. Con alguna estratagema, bien es verdad.

En esta tarea están embarcados ahora los ciudadanos griegos, soñando también en helicópteros. Ése debe ser también el camino de todos los ciudadanos abandonados por los poderes públicos. ¿Más PP ultraFAES? ¿Más temblores porque sube la prima de riesgo? ¿Más concesiones y recortes sociales para pagar una deuda contra la población?

Porque ¿Qué deuda tenemos? ¿Hemos de pagar los fastos de Gallardón, por ejemplo, en su aventura de las Olimpiadas en las que gastó para nada un dineral? ¿Su M30? ¿El circuíto de F1 de Valencia? ¿Los robos de los corruptos políticos? ¿El despilfarro? ¿Algunas arbitrarias subvenciones? Yo ya digo que no.

Aprenda el PSOE en el gobierno a decir no también, a pensar en sus ciudadanos. Otros lo han hecho. Algunos países de América Latina han tardado dos décadas en recuperarse de la apisonadora neoliberal. Si bien algunos de sus políticos no terminan de abandonar por completo la senda machaconamente sugerida: presunto “libre mercado”, docilidad. Aprenda y aprendamos todos porque, eso sí, la abdicación de la Política conduce al populismo que no deja de tener sus defectos. Muchos. Nos sitúan entre la espada y la pared. Hay otras vías.

Auditar la deuda. Ése es el camino. Para empezar.

Rosa Mª Artal

El Periscopio