lunes, 11 de octubre de 2010

El discurso de los mercados

Cuando Obama se enteró de que las gratificaciones de 2009 en Wall Street iban a superar a las del año anterior a la crisis, exclamó: “O sea, que estos tíos se reservan unos bonus record porque ganan dinero y ganan dinero únicamente porque los hemos rescatado” (The Huffington Post, 29-08-10) Pero su reforma financiera firmada en julio se la habían aguado ya los Summers y los Rubin de su confianza y de la gran banca. Y ni tira la economía ni baja el desempleo. El futuro del Partido Demócrata es, pues, oscuro.

En julio pasado, el Financial Times titulaba un artículo: “Tres años después, los mercados son los dueños de nuevo”. Y el columnista recordaba las grandilocuentes promesas de los líderes “de la derecha, del centro y de la izquierda”, los bancos centrales y el FMI, que aseguraron que las finanzas estarían al servicio de la economía real y que se habían acabado el secreto bancario y los paraísos fiscales: “El capitalismo del laissez faire del Consenso de Washington había cumplido sus días”; eso parecía (FT, 28-07-10). Algo que algunos en la izquierda se creyeron.

¿Y la socialdemocracia europea? Todos bien, gracias.

Blair y su Tercera Vía, sin paz en Irak ni Palestina, se ha enriquecido. Y antes de irse preparó el terreno para la derecha y en sus memorias dice que la culpa fue de Brown. Y ahora el laborismo vira hacia la izquierda.

Y Schroeder, la ilusión del SPD alemán, con su “modernización” de recortes sociales preparó la tarea de la derecha, acordó con Putin y su oligarquía el oleoducto del Báltico y como premio le contrataron para el consorcio constructor con sede en Zoug (Suiza).

Y los Papandreu y demás socialdemócratas todavía en el poder, que también asumen la falacia del discurso de “los mercados”, aplican duros recortes salariales y sociales para saldar el déficit público. Se han creído que “no hay alternativa”, como afirmaba Margaret Thatcher, si no se acepta el dictamen de “los mercados”.

¿Y qué quieren los mercados (financieros) de los gobiernos europeos que decían que la crisis no la pagarían los de siempre?

Nos lo dicen los llamados “vigilantes de los bonos”, los fondos especulativos (escondite de sicav) de los Soros y Warren Buffet, los grandes fondos de pensiones estadounidenses y otras entidades inversoras, que amenazan con cargarse “a los políticos derrochadores”, según fuentes autorizadas (The Wall

Street Journal, 17-05-10). Reconocen que la crisis financiera ha trasladado la carga de las deudas de los bancos a los gobiernos, y eso alarma a los inversores de todo el planeta. Con apalancamiento y veloces plataformas electrónicas de negociación, estos compradores y vendedores de bonos “disparan primero, cabalgan y no miran atrás”. Su mensaje para los gobiernos es tajante: “Limpia tu casa fiscal o paga más a los tenedores de bonos por el dinero que necesitas”; lo que llaman “consolidación fiscal”, recortes de todo lo público.

Pero más grave aún es que los líderes de nuestra izquierda gobernante asumen ese discurso político, pese a lo que ha llovido desde que Thatcher marcó la ruta del “there is no alternative” porque dicen que Bruselas lo impuso en mayo pasado, sin más explicaciones.

Sin embargo, hay muchas alternativas económicas y muchas más políticas dentro de los parámetros internacionales del momento. Claro está: si se aprovecha la oportunidad para rectificar dada por la huelga general última. Ejemplos: recuperar el impuesto sobre el patrimonio (perdimos 1.800 millones en 2009); más que congelación de pensiones, acabar con el escándalo de las prejubilaciones a costa de la Seguridad Social; cortar las prácticas empresariales contrarias al Estatuto de los Trabajadores que fueron la liberación de la etapa Aznar sin tocar la legislación; combatir de verdad el fraude y la evasión fiscal y las filiales ficticias en paraísos fiscales; cumplir el programa aprobado por los diputados de PSOE y PP para la presidencia europea de España, etc.

Sin los “beneficios” del despido abaratado y sin congelar aún las pensiones, etc., ya ha disminuido significativamente el déficit público. En septiembre lo reconocía el Financial Times en un artículo titulado “La subasta de bonos confirma la fe de los inversores en España” (FT, 16-09-2010) argumentando el aumento de la confianza de los inversores a raíz del plan de austeridad y de reducción de costes “de los más duros de toda la Unión Europea”. Días después, el FT decía que “ahora es el momento de poner buena cara”, porque “los problemas de España no son los de Grecia (deudas) o Irlanda (bancos)”; que ha disminuido la prima de riesgo sobre los bonos a 10 años exigida por los inversores; pero que quizás “los mercados” exijan medidas más duras y más comprometidas políticamente (Ft.com, 29-09-10).

Ciertamente, los “mercados” propugnan la política que apuntaba ya aquella humorada de “la bajada de impuestos es de izquierdas” y que ha aflorado desde mayo. Pero la huelga general ha mostrado que a los votantes de izquierdas sólo les interesa el Gobierno si hace política de izquierdas; por eso, las salidas post huelga serán políticas de un signo o de otro. La coyuntura y el marco europeo de hoy dejan margen para una salida por la izquierda. Aunque los políticos tengan que cambiar a sus economistas para que sus votantes no los cambien a ellos.

Juan Hdez Vigueras es autor de ‘La Europa opaca de las finanzas’ y miembro del comité de apoyo de Attac

Fuente: Público

martes, 5 de octubre de 2010

España va mal

Se acabó la paz social. La huelga general del pasado 29 de septiembre contra la reforma laboral decidida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero constituye la apertura de una temporada social probablemente agitada.

El Gobierno ha prometido presentar al Congreso, antes de final de año, un nuevo proyecto de ley que pretende elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación y ampliar el periodo de cómputo, para fijar la cuantía de la pensión, de los últimos 15 años de vida activa a los últimos 20... Sumado a la reforma laboral y al decretazo de mayo pasado que rebajó el salario de los funcionarios, congeló las pensiones y recortó los gastos en obras públicas, este proyecto acrecienta la ira de las organizaciones sindicales y de buena parte de los asalariados.

De antemano, el Presidente del gobierno ha presentado sus decisiones como irrevocables: "Al día siguiente de la huelga general -alardeó en Tokio el 1 de septiembre- seguiremos con la misma actitud". Lo cual incita a los sindicatos a prever ya nuevas jornadas de protesta.

En su intransigencia, el Ejecutivo español sigue el modelo de otros gobiernos europeos. En Francia, a pesar de tres recientes movilizaciones masivas contra la reforma de las pensiones, el presidente Nicolas Sarkozy ha reiterado que no modificará la ley. En Grecia, seis huelgas generales en seis meses han sido desoídas por el Primer Ministro Yorgos Papandreu.

Amparándose en el principio de que, en democracia, la política se decide en el Parlamento y no en la calle, estos dirigentes ignoran el desconsuelo de amplias categorías sociales obligadas a recurrir a la huelga o a la manifestación callejera, expresiones de la democracia social, para reflejar su malestar específico (1). Actuando de ese modo, tales gobiernos yerran. Se comportan como si la legitimidad electoral se impusiese sobre las demás formas de legitimidad y de representación, y en particular sobre la legitimidad de la democracia social (2). En cualquier caso, esa inflexible actitud puede alentar a las masas descontentas, en una segunda etapa, a rechazar el diálogo social y a buscar un enfrentamiento frontal.

Sobre todo que, desde mayo pasado con el anuncio del brutal plan de ajuste, el disgusto de una parte importante de la sociedad española no ha parado de exacerbarse (3). Entre los casi cinco millones de desempleados, los trabajadores precarios, los jóvenes sin empleo, las mujeres asalariadas, los pequeños funcionarios y las familias de todos ellos se extiende la convicción de que el Ejecutivo los ha sacrificado.

Al mismo tiempo, a través del fondo de rescate bancario, el gobierno transfería a las instituciones bancarias y de ahorros (responsables de la burbuja inmobiliaria) hasta 90.000 millones de euros... No contemplaba aumentar significativamente la fiscalidad de las rentas más altas, ni crear un impuesto sobre las grandes fortunas, ni reducir los presupuestos de defensa (unos 8.000 millones de euros anuales), ni la financiación de la Iglesia católica (unos 6.000 millones de euros), ni tan siquiera la partida presupuestaria de la Casa Real (casi 9 millones de euros)...

Lo que desazona a muchos ciudadanos es la certeza de que el Ejecutivo ha adoptado esas medidas regresivas contra los asalariados, más que por convicción, por dictado de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Y por presión de los mercados financieros que, bajo amenaza de no invertir, exigen una caída de los salarios y una reducción del nivel de vida. De hecho, así lo reconoció ante un grupo de inversores japoneses el propio Presidente Zapatero: "Estamos abordando -confesó- las reformas que más preocupan a los inversores internacionales" (4). Y ante los máximos directivos de los principales bancos de negocios y fondos de inversión de Estados Unidos repitió que esas medidas las adoptaba "para que los inversores y los mercados valoren la firme determinación que tengo de hacer que la economía española sea competitiva" (5).

La reforma laboral no tiene ninguna relación con el recorte del déficit público ni con la reducción de los presupuestos del Estado, principales exigencias de los mercados financieros. Pero como el gobierno no puede devaluar la moneda para estimular las exportaciones, decidió favorecer el desplome de los salarios para ganar en competitividad.

Lo peor es que tan desacertadas medidas tienen pocas garantías de éxito. Los datos del paro registrados en agosto pasado, con la reforma ya en vigor, demuestran que el 93,4% de los contratos realizados fueron temporales... O sea, la precariedad continúa dominando el mercado laboral. La única diferencia es que ahora, a los empresarios, el despido les resulta más barato.

Después de la crisis de los años 1990, el paro tardó trece años en reducirse al nivel medio europeo; en una época en que la tasa de crecimiento era muy fuerte y España recibía masivamente fondos estructurales europeos. Hoy, con esta reforma laboral y con una previsión de raquítico crecimiento de larga duración, "el empleo en España -según la economista estadounidense Carmen Reinhart- no recuperará los niveles de 2007 hasta... 2017" (6).

Entretanto, rechazado por sus propios electores, este gobierno habrá perdido probablemente el poder y cedido la dirección del país a la oposición conservadora y populista. Generalmente es lo que ocurre -lo vimos en Alemania, Reino Unido y más recientemente en Suecia- cuando los partidos de izquierda reniegan de sí mismos y optan por políticas desvergonzadamente derechistas.

Notas:

(1) El voto democrático, precisamente por ser general y universal, no siempre permite la expresión de sensibilidades particulares.

(2) Léase Pierre Rosenvallon, "Le pouvoir contre l'intérêt général", Le Monde , París, 21 de septiembre de 2010.

(3) Según una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PSOE pierde 3,1 puntos. Sólo el 2,5% de los encuestados dice que la situación económica es buena o muy buena, frente al 22,6% que la considera regular y el 74,4% que la define como mala o muy mala.

(4) El País , Madrid, 1 de septiembre de 2010.

(5) Ibid , 21 de septiembre de 2010.

(6) Ibid , 12 de septiembre de 2010.

Ignacio Ramonet. Le Monde Diplomatique


domingo, 27 de junio de 2010

La imprescindible banca pública

Por mucho que se quiera disimular, es bastante evidente que una causa principal de la crisis en la que nos encontramos es el comportamiento de la banca privada en los últimos decenios.

Su papel tradicional de intermediaria entre el ahorro y la inversión productiva se ha modificado sustancialmente. Atraída por las grandes oportunidades de beneficio que proporciona la ingeniería financiera contemporánea, la banca se ha convertido en el suministrador principal de fondos para los mercados especulativos y para ello no ha dudado en utilizar todos los medios a su alcance.

Su continuada y también evidente vinculación con los paraísos fiscales, con los grandes fraudes fiscales y contables, con las mayores estafas y con los negocios más sucios de los últimos tiempos, incluidos los que tienen que ver con el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de armas o de drogas, la destrucción del medio ambiente o la financiación a todo tipo de dictadores... es una muestra de que los banqueros de hoy día no tienen prejuicio alguno con tal de ganar dinero.

El privilegio que supone que la banca pueda crear dinero (y por tanto obtener beneficio y poder) cada vez que concede un préstamo lo ha utilizado para lograr que se dictaran las normas legales que le han permitido ampliar este tipo de actividades sin que ni siquiera se pueda considerar que todo ello es ilegal, aunque transgreda la ética y repugne socialmente, como señaló el Tribunal Supremo español en una sentencia relativa al comportamiento de Botín y del Banco de Santander.

Gracias a ello, la banca es cada vez más rentable y aumenta su control sobre el resto de los negocios, sobre los medios de comunicación, sobre las universidades y los políticos, pero paralelamente a ello ha ido dirigiendo la financiación hacia actividades menos productivas, impulsando y sosteniendo el modelo de crecimiento que nutre y rentabiliza mejor la inversión financiera pero no el que crea más actividad empresarial y más abundante y mejor empleo. Y así se ha convertido en uno de los principales factores que causan la creciente inestabilidad financiera y el escaso rendimiento de las economías que han llegado a su momento culminante con la crisis que estamos viviendo.

Algo común a todos los países, pero que en España se ha producido aún en mayor medida, porque la banca tiene todavía más poder político como consecuencia del que acumuló durante la dictadura, que la democracia no ha sabido o querido limitar y que ha utilizado para lograr que nuestra economía dependa de los banqueros en mayor medida que las de nuestro alrededor.

Ese poder ha sido el que igualmente ha utilizado la banca para evitar que los gobiernos tomen cualquier tipo de medida orientada a controlar el desorden y la especulación financieros que han provocado la crisis y para hacer, por el contrario, que en lugar de pedirle cuentas destinen miles de millones de dinero público a lavarle la cara a sus balances y hacer que salgan de rositas del caos que han originado con su conducta avariciosa e irresponsable.

La consecuencia, en fin, es que ahora miles de empresas cierran y despiden a sus trabajadores por falta de financiación mientras que los banqueros y la gran patronal que no sufre este problema se dedican a reclamar reformas que solo están orientadas a aumentar más sus beneficios.

Para disimular esta situación los banqueros se empeñan en convencer a la gente, con la inestimable complicidad de autoridades nacionales e internacionales, de que el problema que hay que resolver está en el mercado de trabajo, en las pensiones o en el gasto público. Una mentira flagrante, porque lo que realmente ha provocado y sigue provocando la caída de la actividad empresarial y del empleo es la falta de financiación, y este es el principal problema que hay que solucionar para salir de verdad de la crisis.

Pero teniendo en cuenta que los bancos privados están descapitalizados, o dedican los recursos que están generando para seguir especulando o ir limpiando sus balances, será imposible recuperar la financiación simplemente confiando en que vuelva a proporcionarla la banca privada.

Por eso es imprescindible, y ahora mucho más urgente que nunca, que los estados dispongan de banca pública capaz de sustituir la inacción privada a la hora de proporcionar la financiación sin la cual es imposible que se recupere y mantenga la actividad económica, los negocios y el empleo.

Pensando simplemente en el caso español, hay varias fórmulas que son técnicamente viables para lograr este objetivo, entre las cuales creo que merece especial atención la propuesta que acaba de realizar el Consejo Científico de ATTAC España: la nacionalización de las cajas de ahorros y la utilización la red de oficinas de Correos que hoy día prestan servicios bancarios para crear una confederación de bancos públicos, de propiedad mixta, una parte mayoritaria procedente del Estado y otra de impositores, clientes o incluso de instituciones privadas con vocación de servicio público, y con la misión de garantizar el imprescindible flujo de crédito a la actividad económica.

ATTAC propone que esta banca pública se constituya siguiendo principios de banca ética, renunciando al afán de lucro, manteniendo la obra social y sujetándose a los principios de la responsabilidad social, la transparencia y la atención preferente a los sectores sociales con mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria: medianas y pequeñas empresas, microempresas, familias de baja renta, jóvenes emprendedores y mujeres. También considera que es imprescindible la presencia de los poderes públicos y los intereses sociales en sus órganos de dirección y control pero garantizándose que sean conformes con principios de estricta democracia, de pluralidad y plena transparencia, y particularmente, que existan contrapoderes efectivos que eviten la concentración indeseada de poder o la mera imposición de cuotas partidistas.

La propuesta que ATTAC España ha presentado al gobierno y a todos los grupos parlamentarios establece que la banca pública así creada asumirá como horizonte a medio y largo plazo su progresiva renuncia al sistema de reserva fraccionaria para introducir y tratar de generalizar sistemas de financiación innovadores que no provoquen los problemas de inestabilidad e incremento artificial de deuda que están asociados al privilegio de creación de dinero por esa vía del que goza la banca privada. Y que en todo caso, esta banca pública dedicada al crédito en la economía productiva tendría limitada y controlada la actividad puramente financiera que llevan a cabo la mayor parte de las actuales cajas de ahorro, y completamente prohibida la utilización de filiales y sociedades extraterritoriales domiciliadas en centros financieros offshore, conocidos como notorios paraísos fiscales.

Como he señalado más arriba, disponer de banca pública es hay imprescindible y urgente a corto plazo para restablecer la financiación y salir de la crisis, pero además es el único instrumento con el que se puede hacer posible el cambio de modelo productivo que pretende el partido socialista y el gobierno. ¿Cómo va a financiarse un nuevo tipo de actividad económica sostenible, innovadora, generadora de empleo decente y de calidad, igualitaria, respetuosa con el medio ambiente... si la banca privada que podría hacerlo orienta los recursos que maneja hacia la ganancia rápida que nunca podrá obtener creando riqueza productiva sino especulando y jugando solo con papel en los mercados financieros?

Por ello, ATTAC propone que la nueva banca pública estaría destinada preferentemente a financiar la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo basado en el desarrollo regional, entendido como el que fomenta la generación y uso sostenible de recursos endógenos, el sostenimiento de los servicios públicos esenciales como la enseñanza y la salud, la puesta en marcha de las políticas sociales y de igualdad, y en particular las de apoyo a los servicios de dependencia, la potenciación del emprendizaje y del capital-riesgo, el desarrollo de nuevos tipos de actividades o sectores profesionales y empresariales, la I+D+i pública y privada, la actividad de las pequeñas y medianas empresas, el microcrédito o el incremento de la productividad en el sector público, por citar los que se podrían considerar más importantes y prioritarios.

En lugar de hacer frente a los problemas de financiación que atascan a nuestras empresas y consumidores, los poderes financieros, el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional solo piensan en empoderar aún más a los banqueros y en darle nuevos privilegios y recursos, sin hacer absolutamente nada para que vuelvan a disponer del crédito que necesitan. Solo van buscando la privatización progresiva de las cajas de ahorros para que los bancos privados se vayan haciendo paulatinamente con ellas y con el segmento de mercado que ocupan. Simplemente se disponen una vez más a robarnos la cartera delante de nuestra propia cara. Eso será lo que ocurra si los ciudadanos no lo impedimos, si los partidos progresistas y los sindicatos siguen narcotizados en brazos de Morfeo y no ayudan a que los ciudadanos sigan disfrutando de lo que es suyo y de los derechos personales y sociales que les corresponden.

Fuente: Sistema Digital

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España.

ATTAC propone nacionalizar las cajas y crear una banca pública

Durante una rueda de prensa en la Sala Campoamor del Congreso de los Diputados, ATTAC España presentó ayer jueves su campaña a favor de la nacionalización de las cajas de ahorros españolas, con el fin de crear así una nueva banca pública que facilite el acceso al crédito. En la comparecencia participaron el presidente de ATTAC España, Carlos Martínez, la presidenta de honor de ATTAC Francia, Susan George, el diputado de IU Gaspar Llamazares, y el catedrático de Economía Juan Torres López.

Gaspar Llamazares invitó a ATTAC a presentar su propuesta de creación de una red de banca pública, que serviría para devolver al Estado algunas de sus prerrogativas perdidas tras la privatización o desaparición de entidades como Caja Postal (Argentaria) o el antiguo Banco Hipotecario, cuya existencia hubiera evitado la actual burbuja inmobiliaria, explicaron los miembros de ATTAC.

El diputado de IU recordó que las cajas de ahorros han utilizado ya 13.000 millones de euros de ayuda pública, instrumentada por el Gobierno a través del fondo FROB, en un proceso de concentración de cajas de ahorros que, auguró el portavoz de IU, conllevará pérdidas de empleo y cierre de sucursales. Según Llamazares, la reestructuración de las cajas persigue en realidad la privatización de estas entidades financieras a través del sistema de cuotas participativas que dará entrada al capital privado en las Cajas, con el beneplácito del Gobierno y de la CECA, la patronal del sector.

Propuesta de nacionalización de las cajas de ahorros

ATTAC alerta de que las fusiones de las cajas de ahorro son el paso previo a su privatización y de que se convertirán en el botín de la gran banca privada. En contra de ese proceso y las fusiones que están empezando a producirse, apela a la responsabilidad para “salvar” estas entidades.

ATTAC defiende la reconstrucción de una banca pública bajo criterios “éticos, sociales y participativos”, que conserve la presencia de los representantes políticos “legítimamente elegidos” pero que se guíe por “comportamientos radicalmente democráticos” y cuente con “contrapoderes” que eviten que se conviertan “en simples instrumentos partidistas”.

Pero este modelo no debe reproducir los viejos esquemas de la banca pública, sino basarse en una confederación de bancos públicos, en la que cada uno conserve su autonomía, pero que actúen como cómplices. Deben tomar como referencia la llamada banca ética, y trabajar “sin afán de lucro, de forma transparente”, con obra y responsabilidad social y comprometidos con financiación de la actividad productiva.

Además, ATTAC deja claro que esta nueva banca pública no tiene que considerarse competencia de la banca privada, que puede seguir existiendo pero con una regulación más estricta que impida, por ejemplo, que como ocurre ahora con las cajas de ahorro utilicen los paraísos fiscales para sus negocios.

Carlos Martínez alerta contra el desmantelamiento del Estado del Bienestar

En su intervención, el presidente de ATTAC España, Carlos Martínez, recordó que el proceso de reestructuración de las Cajas de Ahorros que tiene previsto concluir en junio dejará tan sólo unas 15 entidades, desde las cerca de 50 iniciales, en parte gracias al sistema institucional de protección o SIP, que supone, a su juicio, un instrumento para privatizar las entidades. Con la entrada de capital privado -mediante el sistema de cuotas participativas-, continuó, “la banca privada” logrará al final “el botín que tanto tiempo llevan deseando”.

Martínez declaró que su organización lleva diez años hablando de la “dictadura de los mercados y el casino económico del neoliberalismo”, conceptos que sólo ahora están calando entre la opinión pública y llamó a la “reconquista de la democracia en el terreno económico”. También reclamó a los Gobiernos que “por una vez tengan la valentía de gobernar para las personas”, aún siendo consciente de que esto no ocurrirá si la ciudadanía no lo exige.

Además, denunció que el Gobierno español “ha sido derrotado, sin combatir, por los mercados” y que, con su propuesta de reforma laboral, ha abierto “la batalla contra la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores” que estaba “en el programa oculto” del PP y en el ya conocido de la CEOE.

En este sentido, el presidente de ATTAC España instó a los sindicatos españoles a que sean “más valientes y sinceros” en su denuncia de lo que llamó “las grandes mentiras” en que se han convertido gran parte de las explicaciones actuales sobre la crisis económica, vertidas en buena parte por los ámbitos “neoliberales”, muy criticados por los organizadores del acto y a los que éstos atribuyen la intención de desmontar el Estado del Bienestar europeo.

Juan Torres López denuncia a la banca por la paralización de la economía y el crédito

Juan Torres, miembro del Consejo Científico de ATTAC, reprochó a los gobiernos, incluido el español, que impulsen “medidas económicas sin fundamento científico” desde planteamientos falsos como que el principal problema de la economía son las pensiones, el gasto público o el mercado de trabajo.

Aún asumiendo que puede haber dificultades en esos ámbitos, insistió en que todas ellas son el resultado de una crisis provocada por un sistema financiero “concebido para que la banca y especuladores ganen cada día más dinero” y que ha optado por “la paralización de la economía y el crédito” después de “desviar el ahorro a la especulación financiera”.

En este punto, acusó directamente al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por hacer una “gravísima e irresponsable dejación de sus funciones” y contribuir a un “auténtico latrocinio” al no velar por que se “restablezca el flujo de financiación” y convirtiéndose en “cómplice de la banca”.

“El gobernador del Banco de España es un activista más de la patronal y de los bancos privados, seguramente en la confianza de que, como algunos de sus antecesores, cuando acabe su mandato acabe colocado en alguno de los consejos de administración de la banca privada o en la patronal bancaria”, sentenció.

Susan George: los bancos nos pertenecen

Por último, la presidenta de honor de ATTAC Francia, Susan George, subrayó que la única manera de salir de la crisis es “forzar a los bancos a prestar dinero a las pymes” que, recordó, crean el 90 por ciento del empleo en Europa y llamó a la rebelión contra el desmantelamiento del Estado del bienestar que acabará haciendo de Europa un “parque temático” para los ricos del resto del mundo.

La escritora recordó que la banca ha recibido 14 billones de euros en ayudas públicas en todo el mundo, a finales de 2009. “Los bancos, en realidad, nos pertenecen”, concluyó, tras aportar estos datos. “No existirían si no fuera por ese apoyo ciudadano”, añadió, para reclamar a continuación que los ciudadanos tienen derecho a exigir algo a cambio de este dinero.

George criticó a las entidades financieras por cerrar el grifo del crédito a las empresas pequeñas y medianas que proporcionan el 90 por ciento del empleo en Europa, aseguró. A su juicio, tras ayudar a la banca, los ciudadanos están pagando otra vez la crisis. “Es una situación en la que los culpables quedan sin castigo y los inocentes lo reciben en su lugar”, resumió.


miércoles, 16 de junio de 2010

¿Qué se pretende con la reforma laboral?

Hay un consenso total entre los poderes financieros, la gran patronal y los economistas y políticos liberales que se transmite constantemente a los medios de comunicación sobre la necesidad de realizar una reforma del mercado laboral.

También lo hay sobre los contenidos que debería tener esa reforma. Básicamente, el abaratamiento del despido, la descentralización de la negociación colectiva, la flexibilización de los modos de contratación y ahora con menos énfasis, la disminución de costes laborales como los asociados a las cotizaciones sociales.

Sin embargo, es verdaderamente sorprendente que no haya coincidencia sobre los objetivos que pretende la reforma. Es como si un grupos de médicos se pusiera de acuerdo sobre la medicina que debería tomar un paciente pero cada uno de ellos dijera que así se iba a resolver una enfermedad distinta. ¿No nos haría eso sospechar de sus conocimientos o de sus intenciones?

La mayoría de quienes defienden la reforma suelen coincidir en que es imprescindible llevarla a cabo para hacer frente a la crisis y al desempleo tan preocupante que se produce en nuestra economía. Pero el acuerdo no va más allá.

Los economistas del Grupo de los 100 que forman parte de la autocalificada "elite" de la profesión, como hicieron el pasado miércoles en el informativo del programa 24 Horas de TVE Bentolila y Santos, afirman que dichas propuestas se realizan para crear empleo, tal y como ha afirmado también el propio presidente de gobierno. Pero hasta dirigentes de la patronal, personalidades tan expertas como Felipe González y otros economistas liberales más sinceros y rigurosos reconocen, por el contrario, que las refomas de este tipo no lo crean y que, si acaso, permitirán que el que se cree sea mejor cuando se empiece a generar.

Me parece que esas contradicciones no son fruto de la casualidad.

Lo que ocurre sencillamente es que las propuestas que se están haciendo de reforma laboral se basan en una serie de falsedades que de tanto oír se dan por buenas y en un abanico de prejuicios ideológicos que se difunden sin cesar para disimulan lo que de verdad se busca con la reforma laboral.

La primera falsedad es que la reforma laboral sea necesaria para hacer frente a la crisis y más concretamente para acabar con el paro que ésta ha provocado. Es falso porque el desempleo que hoy día se registra en nuestra economía no es el resultado de la legislación laboral, de los costes de despido imperantes (cuando se han perdido casi dos millones de puestos de trabajo sin mayores dificultades por parte de las empresas) o de las rigideces de la negociación colectiva. Es bastante evidente que se han perdido tantos puestos de trabajo como consecuencia de la crisis financiera que ha provocado la irresponsable actuación de la banca y que ha dejado sin financiación a miles de empresas, del estallido de la burbuja inmobiliaria, de la desconfianza empresarial que todo ello ha originado y, quizá como fenómeno añadido, de un incremento anómalo (aunque no por ello indeseable) de la población activa arrastrado por el propio crecimiento del empleo de años anteriores.

Por tanto, para hacer frente a la crisis lo necesario no es la reforma laboral, como se viene diciendo, sino dar soluciones a estos problemas que la originaron en última instancia y de los que apenas se habla, y mucho menos cuando de la banca y del aseguramiento de la financiación se trata.

Otra falsedad es la que deriva de afirmar que se podrá garantizar ahora o más tarde mayor volumen de empleo o de mejor calidad simplemente actuando sobre el mercado de trabajo. Se trata de una tesis liberal que la evidencia empírica ha demostrado en innumerables ocasiones que es falsa, o cuanto menos insuficiente, porque la creación de empleo no depende simplemente de las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo sino de lo que pase en el mercado de bienes.

Lo que puede ofrecer una reforma como esta es lo mismo que produjeron las anteriores, en España y en todos los países en las que se han llevado a cabo: mano de obra más barata y más dócil, puestos de trabajo más precarios y mejores facilidades para obtener beneficios a costa de producir menos y peor, pero nunca un incremento en el nivel de empleo por sí misma. Lo que crea empleo general es la demanda global del conjunto de la economía y no la demanda de trabajo de cada empresa: por muy barato que sea el despido, o por muy buenas condiciones de negociación que tenga un empresario, o por muy atractivo que sea el modelo de contratación, los empresarios no contratarán empleo si no tienen expectativas de obtener beneficios y eso dependerá principalmente de su volumen de ventas, de las condiciones imperantes en el mercado y de su estructura general de costes que generalmente tiene más que ver con factores relativos al entorno general de la empresa que con el montante particular de sus costes laborales.

Es una falsedad también decir que se puede combatir la dualidad en el mercado de trabajo (un problema que efectivamente habría que resolver en nuestro mercado laboral) incorporando nuevas formas de contrato y concretamente un tipo único.

Es una falsedad porque se soslayan las razones que han dado lugar a esa dualidad y que fundamentalmente tienen que ver con el modelo productivo y de creación de actividad que han impuesto las grandes empresas con gran poder de mercado a las demás, y no con los modelos de contrato: la externalización abusiva, la subcontratación generalizada, el deterioro del empleos generado por las administraciones públicas como consecuencia de la escasez de gasto público para financiar la creación del capital social, la conversión en autónoma de buena parte de la población trabajadora asalariada…

También es falso y no cuenta con evidencia empírica que pueda justificarlo afirmar que se va a crear más empleo o de mejor calidad abaratando el despido o flexibilizando la contratación. Es justamente lo contrario lo que ha ocurrido después de las reformas anteriores (algo que los liberales reconocen pero que justifican diciendo que no fueron tan lejos como debieran). Lo que ha venido después de todas ellas ha sido el aumento de la temporalidad y de la rotación de los contratos (hasta 13 millones en el pasado año) y nunca aumentos en la calidad del empleo o incluso de su volumen con independencia de las condiciones generales de la economía.

Y tampoco es exactamente cierto decir que el mercado laboral español es rígido, o más que otros países de la Unión Europea, cuando hemos podido comprobar que las empresas han podido realizar ajustes de todo tipo y recurrir a prácticamente cualquier tipo de contrato en estos años y a despedir sin problema a la mano de obra que no podían asumir cuando la crisis bancaria ha destrozado la actividad económica. Como tampoco lo es que los salarios españoles sean excesivamente altos y limiten nuestra competitividad.

El problema del empleo en España no está en el mercado de trabajo. Está en el modelo de crecimiento, en el predominio de un tipo de actividad de bajo valor añadido y dependiente, en el tamaño tan reducido de las empresas como consecuencia del tipo de redes interempresas que han impuesto las grandes, en la escasez de capital social que pueda dinamizar la innovación y que permita competir por una vía diferente a la de abaratar la mano de obra, en la gran oligopolización de los mercados, en el excesivo poder político de la banca que le permite imponer condiciones favorables a sus beneficios pero letales para la creación de riqueza productiva, entre otros factores. Y el problema radica, sobre todo, en que los grandes capitales obtienen tantos beneficios en las épocas de crecimiento intensivo a base de este modelo que les compensa soportar las fases recesivas sin modificarlo porque no es sobre ellos sobre quien recaen sus costes e inconvenientes. Sobre todo cuando ocurre como ahora, que esas grandes empresas o los bancos que han acumulado cientos de miles de millones de beneficios en los últimos años gracias a este modo de actuar no tienen dificultades para imponer nuevas medidas que permitan reforzarlo para volver a las andadas.

En resumen, la reforma laboral que la gran patronal y la banca están reclamando al gobierno no responde a las causas que han provocado la crisis y el desempleo, no va a lograr crear más puestos de trabajo, no acabará con la dualidad entre empleos indefinidos y temporales, no elevará la productividad ni mejorará la competitividad de nuestras empresas, salvo las de aquellas que solo la buscan abaratando la mano de obra.

Su función no responden a las mentiras que nos cuentan. Como escribía Joaquín Estefanía recientemente es "la de señal o emblema de que en España se practica una política económica ortodoxa de gran austeridad" (El País, 6-6-2010). Y desde hace mucho tiempo sabemos que lo único que busca esa política no es otra cosa que crear mejores condiciones para que los poderosos ganen más dinero todavía.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo científico de ATTAC-España.

Fuente: Sistema Digital

miércoles, 9 de junio de 2010

La revancha de los mercados

Bien a nuestro pesar, la economía española está protagonizando como víctima propiciatoria lo que cabe llamar la segunda ronda de la crisis del crédito por la que atraviesa el capitalismo occidental. Según se dice, somos el nuevo enfermo de Europa, en la medida en que nuestra solvencia crediticia amenazaría ruina y nuestro gran tamaño determina que una posible quiebra española arrastraría al euro consigo. Todo lo cual ha desatado una epidemia de histeria colectiva tanto mediática (los blogs de la prensa color salmón rivalizan en escándalos con los de la prensa rosa) como financiera (las demás Bolsas se estremecen de volatilidad mientras la española se hunde en caída libre) y política (presas del pánico, los gobernantes conspiran en el Ecofin cayendo en la más estéril cacofonía). De modo que parece a punto de cumplirse la profecía de Niño Becerra, el economista que auguró el crash de 2010.

¿Qué está pasando? Una explicación plausible es entenderlo como una nueva fase en la guerra abierta entre los Estados y los mercados por el control del capitalismo crediticio actual. Como se sabe, la energía que mueve a la economía posindustrial es el flujo crediticio: un caudal que cuando se embalsa formando burbujas especulativas tiende a desbordarse anegando con sus deudas insolventes la economía real. Y así ha vuelto a ocurrir esta vez con la crisis del crédito a la que me referí antes, que ha cursado como un proceso en dos fases. En su primera ronda, iniciada en 2008 con la burbuja de las hipotecas subprime, la causante de la crisis fue la ingente deuda privada imposible de refinanciar. Y para remediarlo, los Tesoros públicos acudieron al rescate de los mercados privados: se proclamó el estado de excepción, se decretó la guerra contra la crisis, se nacionalizó la economía, se suspendieron las leyes de la oferta y la demanda, se avaló la deuda privada con la garantía pública del Estado y se inyectó liquidez ilimitada a tipo cero.

Así fue como se sentaron las bases de una burbuja de deuda pública que ahora acaba de estallarnos entre las manos. Es lo que está ocurriendo durante esta segunda ronda en la que todo sucede exactamente a la inversa que hace dos años. Ahora la deuda insolvente imposible de devolver o refinanciar ya no es la deuda privada sino la pública acumulada por los Tesoros estatales. Y quienes acuden a su rescate para refinanciarla son ahora los propios mercados privados, que suscriben los bonos de deuda pública emitidos por los Estados en crisis. Pero con una gran diferencia entre ambas rondas, y es que en la de hace dos años se avalaron las deudas privadas a interés cero para facilitar su más pronto rescate, mientras que en esta segunda ronda las deudas públicas se suscriben a precios de mercado. Es decir, a un tipo de interés tan elevado que en el caso español cabe calificar de usurario, lo que prolongará la duración de esta crisis de deuda hasta las calendas griegas. Todo ello de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda, que en esta segunda ronda, a diferencia de la anterior, no han sido suspendidas, sino confirmadas por el nuevo consenso de Washington, impuesto por los mercados.

¿Cómo explicar este giro estratégico? Muy sencillo: la balanza de poder entre mercados y Estados ha vuelto a invertir su signo, recuperando aquellos su predominio hegemónico sobre estos. Como dije, esta crisis crediticia es una batalla de poder entre Estados y mercados cuya primera ronda supuso la momentánea victoria de aquellos en el curso 2008-2009, mientras que esta segunda ronda está suponiendo la derrota de los Estados deudores a manos de sus mercados acreedores. Se recordará que hace solo dos años se decía que el neoliberalismo había muerto y que el Estado interventor keynesiano regresaba por sus fueros para controlar a los mercados y someterlos a su poder. Era la época en que los culpables de la crisis nos parecían los inversores privados (los bancos, los hedge funds, etcétera), mientras que los salvadores eran los poderes públicos: reguladores estatales, rescates keynesianos, etcétera.

Bien, pues solo fue un sueño que apenas duró un curso académico. Hoy se impone de nuevo el realismo crediticio y quien vuelve por sus fueros es el victorioso mercado acreedor, exigiendo leoninas condiciones al Estado deudor. Por eso, quienes hoy parecen ser los villanos de esta historia ya no son los mercados, sino los Gobiernos insolventes y deficitarios, especialmente si son PIGS. Y con ello retorna la ideología del ajuste presupuestario y la consolidación fiscal: el nuevo consenso de Washington que impone un voluble FMI, ayer generoso keynesiano, hoy estricto neoliberal. Pero las víctimas reales de ambas crisis crediticias son las mismas: los ciudadanos de a pie, que pagaron ayer con su desempleo masivo y hoy con el recorte de sueldos y la congelación de pensiones. Y sus beneficiarios reales también son los mismos: los inversores crediticios, que siempre salen ganando, pues se les rescata a interés cero cuando son deudores mientras se les enriquece con interés usurario cuando son acreedores. Un qui prodest? inequívoco.

Pero si todo esto es tan evidente, ¿cómo es que nadie cuestiona semejante estado de cosas, aceptándolo con fatalismo? Hay dos factores extraeconómicos, a su vez conectados entre sí, que lo explican bien. El primero es el tratamiento mediático de la crisis, que ha naturalizado un proceso tan desequilibrado e injusto haciéndolo parecer lógico y necesario. Y esto se ha hecho metiendo el miedo mediático en el cuerpo de la gente, a fin de paralizarla por el pánico dejándola inerme y dispuesta a dejar hacer y dejarse hacer. Es la histeria mediática a la que aludí al principio, inducida por la reiterada publicación de revelaciones financieras escandalosas (al estilo de La quiebra de Caja Sur amenaza al euro), y generadora de un clima artificial de catástrofe imposible de controlar que contagia con su gregario efecto-rebaño (herd effect) a todos por igual: tanto a los que toman decisiones incoherentes a tontas y a locas (caso de nuestros gobernantes, de Merkel a Zapatero, que ayer corrían a rescatar las deudas privadas y hoy corren a recortar gastos para saldar sus deudas públicas) como a los desarticulados ciudadanos que las sufren con estupor e impotencia, sin más signos de resistencia que la contraproducente crispación política y la estéril bronca sindical.

Y el otro factor es la discriminación crediticia pura y dura. La primera oración cristiana es el perdón de las deudas, pero solo se aplica de forma perversa, tal como reza la parábola de San Mateo: “A quien tiene más, se le dará. Y a quien no tiene, todo le será quitado”. Pues bien, con la crisis de la deuda sucede igual: a ciertos deudores privilegiados (los protestantes anglo-germanos) se les rescatan sus deudas a muy bajo tipo de interés, mientras que a los estigmatizados (por católicos y latinomediterráneos) se les exige refinanciarlas a tipo de interés usurario. Es lo que ocurre con los títulos de deuda pública, a los que se discrimina no por sus indicadores cuantitativos, sino por prejuicios descalificadores tan falaces como injustos, castigando al bono español en comparación al holandés o británico (según denunció en estas páginas Xavier Vidal-Folch): todo por ser un PIG en lugar de un WASP. Lo cual determina que en la zona euro estén resucitando las viejas monedas nacionales, ahora travestidas como títulos de cada tesoro estatal. Ahora bien, esta discriminación crediticia también está operada por la definición mediática de la realidad, pues son los medios informativos anglosajones, y no las agencias de calificación de riesgo, los que fabrican con sus juicios performativos estas percepciones estigmatizadoras del riesgo-país. Es de nuevo el efecto manada-mediática, pues si lo afirma el Financial Times, todos los demás medios lo reproducirán y amplificarán, incluidos los PIGS.

Enrique Gil Calvo – El País

lunes, 7 de junio de 2010

Empecemos por romper los grandes bancos

Caminamos como sonámbulos hacia una crisis aun más honda. Ya es hora de pellizcarnos y de que nos embarquemos en reformas fundamentales

Es el año 2025, y termina la década de la desintoxicación. Se han rebajado drásticamente los déficits, los consumidores tienen dinero en el bolsillo, los precios de la vivienda se están disparando y los bancos obtienen beneficios récord. Se ignoran los cantos de sirena que avisan de que poco se ha hecho por enfrentarse a aquellas debilidades estructurales del sector financiero que casi provocaron una catástrofe en 2008. Sube de tono la tradicional invocación del “esta vez es distinto”. Salvo que no lo es. La euforia engendra la complacencia y estalla una crisis financiera, igualita a la de la primera década del siglo, sólo que mayor.

Este, desgraciadamente, es el futuro, a menos que quienes hacen política se den cuenta de que el problema más acuciante no son los préstamos públicos, el IVA o la Seguridad Social sino lo que piensan hacer con los bancos, que, pese a lo que los políticos digan, no es gran cosa. Hay cada vez más apoyo internacional al plan de Barack Obama de un impuesto a los bancos con el fin de proporcionar un seguro para el caso de una futura crisis. Y se trabaja actualmente a fin de aumentar la supervisión internacional y en nuevas reglas que garanticen un freno a los préstamos bancarios en periodos de auge.

Pero apenas si es suficiente. La verdadera reforma del sector financiero significa hacer preguntas fundamentales. ¿Plantea riesgos inherentes la actual estructura? ¿Están estafando los bancos a sus clientes? ¿Podríamos idear un sistema más sensato? Para las cuales la respuesta, en los tres casos, es que sí. Plantea riesgos inherentes tener bancos que son “demasiado grandes como para venirse abajo”, especialmente cuando saben que el Estado los rescatará cuando las cosas se pongan serias. Un sistema bancario que funcionara adecuadamente habría visto cómo los 200.000 millones de libras del dinero creado por el ajuste cuantitativo descendían en cascada para ir a parar a los negocios desesperados por obtener capital circulante, en vez de ser utilizado como fichas de casino para hacer subir los precios de los activos. Y sabemos que es posible concebir un sistema más sensato, porque se hizo en la década de 1930, la última vez en que los bancos dejaron todo hecho un absoluto estropicio.

En vez de limitarse a pequeños ajustes, los políticos deberían estar examinando tres cuestiones: el volumen y estructura de los bancos, la forma en que operan y el modo en que pagan impuestos. Las propuestas actuales no hacen nada por alterar la estructura del sistema bancario, sólo llevarán a cabo cambios modestos respecto a cómo funcionan y son una segunda opción deficiente en lo que respecta a que paguen impuestos de forma más justa.

El núcleo del problema es que los bancos son hoy demasiado grandes y demasiado complejos, un argumento esgrimido en una conferencia esta semana por Andrew Haldane, director de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra. Haldane afirmó que no había evidencia de que “más grande” signifique “mejor” en banca. Por el contrario, sostuvo: “El máximo de eficiencia en la escala de la banca podría ser relativamente modesto”.

Se trata de una conclusión importante, porque la defensa de los megabancos consiste en que pueden llevar a cabo cosas que bancos más pequeños no podrían, haciendo así que nos valga la pena aceptar los riesgos de instituciones “demasiado grandes para venirse abajo”. Hoy parece que las ventajas son ilusorias. Los costes potenciales, sin embargo, no lo son, y exceden con mucho las subvenciones directas de los contribuyentes a los bancos durante la crisis.

Cuando haya pasado la tempestad, la factura puede ascender acaso a 20.000 millones de libras, pero eso no es nada comparado con los costes económicos de más entidad de la recesión más larga y más profunda que ha sufrido Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. La producción (output) es un 10% más baja de lo que habría sido de haber continuado el crecimiento a su ritmo normal, y eso asciende a 140.000 millones de libras.

La economía no se recobrará jamás de ciertas pérdidas, y esto aumenta substancialmente los costes a largo plazo. Los economistas han estimado cuánto le han costado los bancos a la economía global: asumiendo que la producción tiende a aumentar en un 3,25% y que el 25% de la producción nunca se recupera, las pérdidas del PIB serían de 60 billones de dólares. Para el Reino Unido, el coste es de 1,8 billones de libras, mayor que el actual rendimiento anual de la economía.

Se trata de un precio demasiado alto para soportarlo, ya sea por parte de los bancos o del contribuyente. Haldane señala que otras industrias han resuelto el problema del “demasiado grandes como para venirse abajo”. El sector informático solía ser una estructura enormemente concentrada dominada por IBM, mientras que ahora es una estructura modular fragmentada en la que no domina ninguna empresa de fabricación de hardware. El punto de partida de la reforma, por tanto, debería consistir en una fragmentación de los grandes bancos y una rehabilitación de la vieja división entre banca comercial y de inversión.

Esa medida garantizaría que los bancos operasen de manera distinta, volviéndoles más receptivos a las necesidades de sus clientes. Pero sería necesario garantizar que la inversión fuera allí donde más se necesita. Si los ministros quieren bajos tipos de interés y ajustes cuantitativos (inyectar dinero) para conseguir que se actualice la industria o capital de arranque para iniciativas empresariales verdes, puede que sea necesario que adopten un enfoque más práctico en esas instituciones en el que el gobierno es el accionista mayoritario. La alternativa consistiría en un banco de inversión del Estado.

Por último, nos queda la cuestión de las cargas fiscales. Obama quiere que los bancos financien el coste del próximo rescate, pero su plan es defectuoso. La existencia de ese fondo simplemente alentaría a los bancos a correr riesgos aun mayores, mientras que la tasa propuesta para los bancos no sería apenas lo bastante grande como para cubrir los costes económicos completos de una crisis. En el Reino Unido, recaudaría cerca de 1.000 millones anuales, algo minúsculo en comparación con los recortes del gasto que se van a necesitar durante los próximos dos parlamentos como consecuencia directa de la crisis financiera.

Una opción bastante mejor consistiría en un impuesto a las transacciones financieras, una de las opciones que actualmente considera el Fondo Monetario Internacional. Por desgracia, hasta aquellos países más interesados en el impuesto a las transacciones – Alemania y Francia – ejercen su influencia para respaldar el plan de Obama, basándose en que algo es mejor que nada.

Con ello queda ilustrado el reto al que se enfrentan los reformadores: los bancos dejan sentir su peso y los políticos son débiles. John Kay lo resume nítidamente en la edición de abril de la revista World Economy: “La industria de servicios financieros es hoy la fuerza más poderosa de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Por si acaso alguien lo dudaba, los últimos dos años lo han demostrado. El sector ha conseguido subvenciones y garantías de extraordinaria magnitud aportadas por el contribuyente sin condiciones substanciales para una reforma de consideración. Pero no se han encarado los problemas centrales que dieron lugar a la crisis, y mucho menos resuelto. Resulta por tanto inevitable que la crisis se vuelva a repetir”.

En realidad, no es inevitable otra crisis. Pero, tal como están las cosas, caminamos como sonámbulos hacia ella.

Larry Elliot – The Guardian

Traducción para www. sinpermiso.info: Lucas Antón.