domingo, 11 de abril de 2010

Breve diccionario de tópicos para salir de la crisis

Albert Recio – Consejo Científico de ATTAC España

Ante la ausencia de respuestas reales a los problemas planteados a la humanidad, los ideólogos y comentaristas económicos persisten en reiterar una serie de palabras mágicas que, según ellos, nos sacarían de la crisis. En tiempos prevacacionales y tras un trimestre en que este comentarista ha tenido la mente entretenida en otros luctuosos menesteres (por fortuna sin pérdida de vidas humanas), al plantearse su cita mensual con el MT digital no le queda otra idea que repasar algunos de los tópicos que un día sí y otro también se presentan como respuestas adecuadas a la crisis. Como pasos de un libro de instrucciones que por nuestro empeño en no seguirlo nos mantienen en el marasmo del paro masivo y la incertidumbre permanente. Se trata de ideas fuerza que han desarrollado los principales think tanks capitalistas, que han recibido una cierta cobertura académica y que han penetrado también en el pensamiento de las propias víctimas. Sin duda un pensamiento hegemónico que, en mi modesta opinión, dificulta más que ayuda a encontrar soluciones. Lógicamente uno no tiene respuestas para todo, sólo el atrevimiento de plantear algunas reflexiones críticas.

Capital humano y calificación. El “mantra” que siempre obtiene mayor aceptación social. El único que suele poner de acuerdo desde al Fondo Monetario Internacional a la izquierda radical. La formación se ve como una cuestión neutra, cuanto más mejor. Si una empresa tiene poca rentabilidad, si un país tiene problemas, es por su baja productividad, su bajo valor añadido. Y la receta básica es aumentar la formación.

Es cierto que para producir, y para cualquier cosa de la vida, hay que aprender. Pero cada actividad requiere su propio proceso de aprendizaje y hay conocimientos que son enormemente valiosos para el bienestar humano, para la participación social, para el enriquecimiento cultural y que no son necesariamente funcionales a las lógicas de la empresa privada. Del mismo modo que la misma medición del valor de lo que cada uno produce no es independiente del marco jerárquico, de las normas de evaluación a las que cada uno se aplica. Por poner un ejemplo que conozco: la evaluación de la producción científica tiende a realizarse cada vez en función de la cantidad de artículos que se publican, del tipo de publicaciones (quien establece la jerarquía de publicaciones está definiendo “el valor”) y del orden en el que se firma un artículo. No es raro encontrar casos donde ser director de equipo conduce automáticamente a mejorar el número de publicaciones y la posición en la firma. Este tipo de consideraciones valen para el mundo en general. El valor añadido de las empresas expresa tanto su eficiencia como el lugar de la cadena productiva que ocupan: las empresas que ocupan posiciones centrales (como las ensambladoras de coches o las grandes cadenas comerciales) están en condiciones de mejorar su posición relativa sobre el resto de empresas que cooperan en la realización de su producto social. No es casualidad que los dos hombres más ricos de España según el ranking de la revista Bloomberg sean los propietarios de dos empresas situadas en el núcleo central de una extensa cadena productiva (Amancio Ortega de Inditex/Zara e Isaac Andic de Mango). Cuando se realizan comparaciones internacionales se advierte fácilmente que una cuestión es la formación requerida para llevar a cabo una actividad y otra el mecanismo de reconocimiento de la cualificación. Este último depende del modelo institucional específico de cada país, de qué papel juega la certificación de conocimiento, de cómo se organiza el específico mercado laboral de cada profesión (como saben bien las mujeres cuyos nichos de empleo son a menudo considerados poco calificados como justificación de bajos salarios).

Tener una población más culta es sin duda bueno. Formar a las personas en actividades concretas también. Pero pensar en una relación completa educación-productividad es discutible: el crecimiento de las desigualdades en las últimas décadas se ha dado en un período de expansión de la educación y de aumento de la inseguridad económica global.

Competitividad. Palabra mágica. Punto de referencia de todas las propuestas económicas. Ha penetrado incluso en algunos discursos de movimientos sociales (como en las propuestas de la Plataforma a favor de la Reforma de la Diagonal de la que doy información en otra sección de este boletín). No es extraño que ocurra en una sociedad donde el deporte ha alcanzado un desproporcionado papel de espectáculo y movilización social. Sobre la idea de competencia, de lucha, de carrera promocional, de éxito y fracaso se construye una buena parte del planteamiento vital de las capas medias, al menos de los sectores profesionales, de las personas educadas. Forma parte también del punto de vista empresarial, del modelo institucional de la empresa capitalista pensada ella misma como un “equipo” que compite por una cuota de mercado. Pero vista con otras perspectivas no resulta tan claro que ésta sea una buena línea de respuesta social.

En primer lugar, competir y ganar se puede hacer de muchas formas: jugando bien, comprando al árbitro, haciendo trampas. De hecho cualquier aficionado al deporte sabe que las reglas de juego influyen y que los recursos que cada uno tiene suelen ser determinantes. Casi todas las ligas del mundo tienen un pequeño puñado de ganadores. Traspasado a la realidad económica ello quiere decir muchas cosas: que se puede ganar con más o menos eficiencia social (externalizando los costes sociales en forma de depredación ambiental, empeorando las condiciones de trabajo, evadiendo impuestos, por ejemplo). Individualmente, la vía puede ser indiferente, pero socialmente el resultado es completamente distinto.

En segundo lugar, los juegos competitivos suelen acabar siendo juegos de suma cero, donde alguien gana pero otros muchos pierden. En una competición deportiva, en una actividad lúdica, que ello ocurra es trivial, los efectos para los perdedores son a menudo más simbólicos que reales. Pero en otros campos los efectos pueden ser devastadores. Diseñar la economía como una actividad de suma cero es condenar a individuos, grupos sociales, regiones o países a situaciones de perpetua inseguridad económica (máxime cuando pensamos en economías reales donde la distribución de los recursos y de poderes económicos parte de una desigualdad extrema).

En tercer lugar porque muchas de las prácticas competitivas están sujetas a la “paradoja de la composición” (pensar que si uno adopta una actuación los otros no lo harán). Cuando ocurre lo contrario y todos realizan la misma acción el resultado es el contrario del esperado, como expuso hace unos setenta años Joan Robinson al señalar que si uno se pone de pie en el cine puede que vea mejor la película que el resto, pero si todos lo imitan simplemente la verán igual de mal y con mayor incomodidad. Es bueno recordarlo porque alguna de las vías de la competitividad conduce directamente a este tipo de paradojas. Tal es el caso de la reducción de salarios para incrementar las exportaciones. En términos de la economía mundial si un país tiene superávit comercial otro debe tener déficit, es imposible que todos los países exporten más que importen. Si todos siguen una política de reducciones salariales para fomentar las exportaciones el resultado más probable es que se contraiga la demanda mundial de consumo y con ello el efecto final es que estemos en una economía más deprimida que la inicial. Otra vez el resultado nefasto de la paradoja de la composición. (Por cierto que España ha sido el segundo país de la UE 27 con una mayor reducción de los costes salariales unitarios en la última década y ello no le ha permitido resolver el problema exterior).

Lo contrario de competitividad es cooperación y reglas de interacción social que promuevan la eficiencia y limiten los abusos. Muchas de las desigualdades del actual sistema mundial se encuentran en los bloqueos a la cooperación social y la persistencia de normas que favorecen a los poderosos. El bloqueo a la cooperación está en gran parte ligado a la voluntad de mantener un modelo distributivo que concede a unos pocos una inusitada porción del producto social.

Flexibilidad (laboral por supuesto). La palabra de orden desde la década de 1980. Con un sustrato razonable: la necesidad de adaptación es esencial a la existencia humana. Pero con una plasmación que en la mayoría de casos se traduce en inseguridad económica aplicada a los asalariados (tanto mayor cuanto más abajo se sitúan en la jerarquía ocupacional), en un aumento de las desigualdades y en una creciente imposibilidad de articular la vida laboral con el resto de actividades que dan sentido y organizan nuestra entera vida social.

Los estudios sobre la flexibilidad muestran que existen vías diversas para la respuesta adaptativa. Pero la que ha predominado es la flexibilidad cuantitativa externa, el ajuste del empleo ante las variaciones de la actividad productiva. El mercado laboral español es, al respecto, muy flexible, pues el empleo se expande o contrae a mucha velocidad ante cualquier giro coyuntural. Los sindicatos vienen exigiendo un cambio de modelo, con mayor peso de la flexibilidad interna que no afecte al empleo (flexibilidad de horarios, movilidad interna, polivalencia). En muchos casos sus efectos son menos dañinos pero no constituyen una alternativa completa. Es elocuente el ejemplo de la industria del automóvil, donde se llevan años de negociación de estas medidas: cuando la crisis aprieta los mecanismos de flexibilidad interna (por ejemplo la cuenta de horas) dejan de servir y se adopta la flexibilidad externa (lo que hay que contemplar no sólo en las grandes empresas de ensamblaje sino en el conjunto de la red productiva, con cientos de subcontratas).

Hay que cambiar el debate. Limitar la flexibilidad al nivel de empresa impide plantear otras cuestiones. La principal es analizar qué parte de la variabilidad productiva responde a necesidades inevitables de adaptación; cuál a la inestabilidad global del sistema económico generado por elementos como la especulación financiera (y sus efectos sobre los mercados de divisas), las estrategias de acortamiento de los ciclos de vida del producto, etc; y cuánta no es más que una forma de socializar riesgos y costes sociales de las empresas. Discutir en serio de flexibilidad no debe ser sólo discutir de las respuestas de la empresa individual a un ambiente hostil y de sus objetivos de captar excedente a costa de las condiciones de vida de sus empleados, sino analizar cómo debe reformarse la organización social para reducir las inestabilidades inaceptables y cómo debe distribuirse socialmente el peso de los ajustes.

Liberalización y privatización. Por decreto, se supone que el mercado y la competencia establecen tal nivel de disciplina que convierte a las empresas en eficientes, mientras que las actividades públicas son el dominio de una burocracia parasitaria. En una economía de pequeñas empresas independientes pudiera ser que la existencia de normas comunes provocara la búsqueda de la eficiencia (aunque siempre expuesta a la enorme variedad de costes sociales y factores externos que hacen poco creíble que la rentabilidad sea una buena medida de la eficiencia). Pero en tiempos donde predomina las grandes concentraciones empresariales, donde en la mayor parte de procesos productivos se establecen complejas redes empresariales en las que predomina más la jerarquía que el mercado, esta pretensión es a menudo infundada. La experiencia de las privatizaciones y liberalizaciones de nuestros mercados de la electricidad (Endesa es un ejemplo a figurar en cualquier tratado sobre el tema) y telecomunicaciones son una buena falsación de estas teorías, y el funcionamiento de mercados con muchas empresas como el inmobiliario o el de la restauración (el sector más inflacionario de los últimos años) tampoco anima en esta dirección.

Más bien deberíamos exigir a los economistas un buen entendimiento del funcionamiento de cada sector específico, de sus interacciones y efectos sociales. Y en función de ello adoptar modelos organizativos adecuados a lo que debería ser una buena gestión económica (equidad distributiva, cooperación productiva, buena calidad del servicio, minimización de costes sociales…).

Reforma estructural. Si las cosas van mal es porque la estructura falla (otra propuesta razonable, pero donde la visión de qué falla en la estructura suele ser estrábica). Reforma estructural se traduce casi siempre en menos derechos laborales, adelgazamiento del sector público y recortes a todo el sistema de protección social. Aquello que algunos llevan meses exigiendo: hay que tomar medidas impopulares. Los resultados son de todos conocidos y no puede considerarse que allí donde se han aplicado las reformas estructurales los resultados hayan sido espectaculares ni que haya evidencia empírica de que en los países con menos estado y menos protección social se viva mejor o la economía sea más eficiente. Pero es una formula que gusta “a los mercados” (¡qué gran eufemismo!, cuando todo el mundo sabe que se trata sólo de un puñado de grandes grupos financieros y un reducido pelotón de millonarios mundiales que imponen sus intereses al conjunto de la sociedad).

Aquí sí que hay que tomar en serio lo de las reformas estructurales. Empezando por la financiera y entrando en todas aquellas actividades sociales y económicas manifiestamente mejorables y claramente necesitadas de una democratización social. No tardaremos en escuchar que lo que pedimos no son reformas, sino la revolución.

Con un cóctel de estos elementos, y alguno más que dejo para otra ocasión, se adereza toda la cocina de la economía neoliberal. ¿Quién dice que ser economista es difícil y altamente cualificado? Con aprenderse unas pocas recetas y una jerga adecuada, basta. Y mientras pueden olvidarse los grandes retos de la humanidad, los que realmente exigen repensar el funcionamiento conjunto de la actividad económica: la crisis ambiental, la pobreza y la desigualdad intolerable, la irresuelta crisis de los cuidados, la democratización, la militarización… Pero para articular otro proyecto hay que aplicar otro diccionario básico, otro marco conceptual con el que pensar las cosas y enfocar los problemas. Un marco conceptual del que carecen no sólo los funcionarios del poder sino también buena de los representantes de las clases sociales y grupos subalternos, de los que aspiran a otro mundo deseable. Transformar la lógica del discurso es tan urgente y necesario como organizarse frente a la nueva oleada de ajustes y reformas estructurales que quieren aplicarnos los que simplemente pretenden mantener intacto el statu quo.

Publicado en Mientras tanto electrónico

domingo, 7 de febrero de 2010

No a la reducción del gasto público y al recorte de las pensiones

Comunicado de ATTAC España

ATTAC en el estado español lleva tiempo muy preocupado observando la lectura exclusivamente liberal del análisis de la crisis en el Reino de España por parte del Gobierno, pero también proponiendo medidas alternativas al objeto de enfocar las posibles salidas desde posiciones sociales respetuosas con el sector público y los servicios públicos, la protección social y ambiental, y la exigencia de avanzar en el terreno de la justicia fiscal y la redistribución de la riqueza.

En primer lugar, ATTAC tiene muy claro que la crisis es sistémica, es decir del capitalismo, y que éste padece una grave enfermedad incurable, pero en esta agonía -que puede ser muy larga- hay que proponer medidas que avancen hacia la democracia real y no solo formal, fortaleciendo los medios del estado frente a especuladores financieros de todo tipo y condición.

En segundo lugar, denunciamos las presiones intolerables de los financieros internacionales y directivos de las grandes transnacionales, incluidas las bancarias, que a traves de sus clubes de influencia y dominación están extorsionando al Estado Español y su gobierno, con la amenaza de las agencias de calificación de “seguridad” financiera y solvencia económica, que de forma escandalosa y sin tapujos se han producido en el Foro Económico de Davos y se siguen produciendo. El brutal ataque especulativo que está sufriendo la deuda pública española por parte de los grandes jugadores del casino mundial, no hace sino reforzar las propuestas de ATTAC de controlar los mercados de capitales e implantar con urgencia un impuesto global sobre las transacciones financieras.

Estas mismas agencias y estos mismos agentes son los creadores de las burbujas inmobiliaria y financiera que ha hecho reventar la actual fase de la crisis. Estos expertos, que no fueron capaces de predecirla y con sus decisiones han arrojado al paro y el empobrecimiento a millones y millones de mujeres y hombres asalariados, pero también a millones de autónomos y pequeños empresarios y empresarias, pretenden aprovechar la coyuntura de incertidumbre para hacer que se olvide su actuación y dar otra vuelta de tuerca a su estrategia de desmontar la protección social, haciendo aparecer a las políticas sociales como las responsables del retraso de la recuperación económica, sustituyendo a los gobiernos elegidos por los ciudadanos por una cofradía de pretendidos sabios neoliberales, por encima de la gestión pública de los asuntos comunes, es decir de la política. Es decir, la romería de fracasadas y fracasados de Davos que tanto daño le han producido y producen a la humanidad, está ahora imponiendo al Gobierno de España su agenda, con la inestimable colaboración del Banco de España, la CEOE, los “expertos” y secretarios de estado neoliberales del Gobierno y la derecha política y social.

En tercer lugar, la agenda ortodoxa y neoclásica adoptada por el Gobierno de España, de cuajar, reducirá los derechos sociales de las clases populares, empeorará las condiciones de jubilación y debilitará el carácter público y universal de los sistemas de protección social. Además estas premisas están defendiéndose entre la ciudadanía mediante falacias y datos que no respetan la verdad y además introducen el miedo al futuro a personas ya angustiadas por sus empleos, ingresos familiares e hipotecas y deudas.

Ante ésto ATTAC España, gracias a los y las economistas y sociólogos ligados a su Comité Científico, hará público en breve un trabajo sobre las pensiones que contendrá análisis y propuestas científicamente contrastadas, y sobre todo socialmente avanzadas y justas.

En cuarto lugar, se está cayendo en la típica-tópica salida a las crisis cíclicas del capital, apoyando medidas puramente monetaristas y clásicas -es decir NEOLIBERALES-, haciendo caer el peso de las cargas y sacrificios personales sobre los trabajadores, asalariadas, pymes y economía social, reduciendo sus derechos, empleos, garantías y protección, mientras que se subvencionan a bancos y grandes empresas en cuantías muy importantes, y se habla de reducir una vez más el maltrecho sector público en beneficio de los grandes negocios privados.

El Gobierno cede ante la derecha española y ejecuta su programa, mientras ésta se permite pedirle aún más y encima burlarse de sus decisiones, forzando la puesta en marcha ya de su agenda oculta.

ATTAC España es consciente de la necesidad de presionar al Gobierno, pero también a los poderes financieros, gran empresariales y de los centros de poder real, mediante información, movilizaciones y protestas de las y los ciudadanos, las clases trabajadoras y los sindicatos, movimientos sociales y colectivos autoorganizados, pero también mediante experiencias alternativas y participativas.

ATTAC España exige el fin de las SICAV, el fraude fiscal y la economía sumergida, y el nuevo trabajo esclavo y precario; la creación de un sistema financiero público, y la no privatización de las cajas de ahorros, al revés, hacer de ellas organismos que cumplan sus funciones sociales y ligados a los territorios.

ATTAC España pide a los sindicatos que ejerzan su papel de defender y organizar a los trabajadores y trabajadoras buscando alianzas entre todos ellos, los llamados mayoritarios y los territoriales o muy asentados en sectores profesionales y laborales concretos, con espíritu de clase y presionando con decisión al Gobierno, pero también a la CEOE.

ATTAC España, ante el semestre de presidencia española, denuncia que la Unión Europea que se ha construido es únicamente un gran mercado, regido por la doctrina neoliberal y cuyas directivas y reglamentos atacan de raíz a los derechos sociales de europeas y europeos, fomentan la desigualdad y favorecen a las transnacionales, obligando a los estados miembros a privatizar en su beneficio toda la actividad económica, de servicios y cultural.

No entendemos como el acervo legislativo europeo, impuesto por una Europa mayoritariamente derechista, conservadora y neoliberal, es aceptado sin rechistar por el Gobierno Español, máxime cuando tanto el Parlamento Europeo como los gobiernos nacionales -y por ello el Colegio de Comisarios y la Presidencia- están en manos de la derecha europea, y por tanto su inspiración y espíritu legislativo es profundamente derechista. Las leyes y la economía sí tienen ideología, diremos más, en la orientación económica y del presupuesto está ahora claramente demostrada la deriva ideológica de sus inspiradores.

ATTAC España cree que sólo la movilización ciudadana y trabajadora, constituidas como sujeto político, puede cambiar esta situación.



sábado, 23 de enero de 2010

El 69% de las empresas del Ibex operan en paraísos fiscales

El 69% de las empresas del Ibex (24 de las 35 que conforman el indicador) operan en paraísos fiscales, de las cuales seis son entidades bancarias, y la mayoría no ofrecen datos sobre sus actividades en esos países, según un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

El estudio indica que que la transparencia en el uso de paraísos fiscales por parte de estas empresas es "muy limitada", porque en sus memorias de RSC apenas se aportan datos e información sobre sus actividades y operaciones en el pasado ejercicio.

Cinco de los seis bancos que operan en paraísos fiscales presentan sociedades participadas en estos territorios, y sólo en el caso de Bankinter no hay evidencia de presencia alguna.

Además, las empresas del Ibex 35 mantienen una falta de transparencia "preocupante" sobre su información económica, social y medioambiental en sus memorias de RSC. Responsabilidad Social Corporativa (RSC), de acuerdo con el estudio, que analiza 541 indicadores.

Según el director del estudio, Carlos Cordero, la evolución de la rendición de cuentas de las empresas analizadas "no ha cambiado mucho" y, por tanto, se constata la "necesidad" de una regulación específica", puesto que la información que estas empresas ofrecen es "voluntaria" y estos ejercicios se siguen planteando "más como acción de marketing, de forma unidireccional y no como una fórmula de rendición de cuentas".

El documento destaca que sólo una empresa del Ibex 35, concretamente Red Eléctrica Corporación, desglosa los impuestos que paga por cada país en el que opera, mientras que ninguna desglosa las subvenciones que recibe país por país, algo que, según Cordero, lleva a que no se sepa los impuestos que aporta cada empresa para que desarrollar políticas públicas de desarrollo. "Es muy difícil trabajar eficazmente en la lucha contra el fraude fiscal si las empresas no aportan información transparente", añadió.

Según datos de organizaciones internacionales, se estima que el valor de las perdidas por evasión de capitales en los centros 'Off Shore' supera los 250.000 millones de dólares, una cantidad que sobrepasa con creces lo que el Banco Mundial considera necesario para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Asimismo, apunta que sólo dos de las empresas que operan en más de dos países, Telefónica y Red Eléctrica Corporación, informan sobre los gastos salariales de forma desglosada por país. De acuerdo con el estudio, "se ha convertido en una tónica general" que se informe sobre las operaciones en España, pero no se encuentre la "misma información desglosada" del resto de los países donde operan. "Esto es especialmente grave si se considera que la falta de transparencia en la información se da, sobre todo, en los países en los que los derechos de los empleados suelen ser más vulnerados", reflexionó.

Sin datos de remuneración de consejeros

Por otro lado, el 60 por ciento de las corporaciones analizadas no proporciona datos sobre las remuneraciones de los consejeros de administración, y sólo el 37 por ciento informa de forma desglosada sobre la remuneración individual y los conceptos retributivos de los consejeros. En ese aspecto, se muestra un "retroceso" con respecto a 2008, cuando un 43 por ciento de las empresas informaba de forma desglosada.

Tras la presentación del informe, las organizaciones Greenpeace, Intermón Oxfam, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Fundación Economistas sin Fronteras, y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa lanzaron un manifiesto en el que exigen un "marco legal para promover la transparencia en la información empresarial".

La directora de la campaña de conflictos y Medio Ambiente de Greenpeace, Mabel González, incidió en que en el contexto de la Presidencia española de la Unión Europea, instan al gobierno español a que ponga en marcha un marco regulador que fomente la transparencia de la información que aportan las multinacionales españolas sobre sus actividades en los países donde operan y sobre cómo gestionan los riesgos e impactos en materia social y medioambiental.

"Pedimos un marco legal que garantice el acceso social a los datos y a la información de las empresas que tiene un inmenso poder frente a Estados, que a veces no tienen tanto", manifestó, al tiempo que celebró que el ejecutivo español haya puesto por escrito en su agenda política de la UE la lucha contra los paraísos fiscales.

El manifiesto considera que con una información transparente sería posible garantizar el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente; luchar contra la corrupción; tomar decisiones en materia de derechos laborales; combatir la evasión fiscal; generar confianza entre inversores y sociedad y que el consumidor conozca las externalidades e impactos asociados al bien o servicio que adquiera.

Agencias.
Fuente: Rebelión

sábado, 9 de enero de 2010

Los Bancos Centrales como problema

Este artículo critica la independencia que los Bancos Centrales en la UE, incluido el Banco Central Europeo, tienen del poder político, lo cual explica que antepongan los intereses de los sistemas bancarios por encima de los intereses generales de la sociedad.

Uno de los problemas mayores que existe con los Bancos Centrales en Europa (tanto los nacionales como el Banco Central Europeo, BCE) es que, por lo general, se ven a sí mismos como defensores del sistema bancario, el cual ejerce una excesiva influencia sobre ellos. Creer que tales Bancos centrales están gobernados por profesionales apolíticos motivados por el bien común es de una ingenuidad muy costosa para la economía productiva y para el bienestar de la población. La gran mayoría de sus directores tienen los intereses del sistema bancario como su preocupación esencial. Tanto la experiencia del Banco de España, como la del Banco Central Europeo así lo confirman.

De ahí que haya sido un error haberles dado plena independencia, sin responsabilidad frente al poder político. Tal medida se justificó con el argumento de que los gobernadores de los Bancos centrales tenían que ser conscientes de que no sufrirían sanciones al tomar medidas impopulares. Era, en realidad, una manera de proteger a los sistemas bancarios, pues cuando tomaban decisiones que dañaban a amplios sectores productivos y a la población que trabajaba en ellos, los bancos centrales quedaban (y continúan quedando) impunes. De nuevo, la experiencia del Banco de España, como la del Banco Central, muestran la veracidad de esta observación.

Esta independencia de instituciones públicas (como son los bancos centrales), no es sólo un insulto al carácter democrático de nuestras sociedades, sino también es una medida muy equivocada, pues los intereses del sistema bancario no siempre coinciden con los intereses generales. Son muchas las veces en que tales intereses no son convergentes. Tales bancos centrales debieran estar supervisados por representantes elegidos por la población (es decir, miembros de los Parlamentos), a los cuales deberían rendir cuentas, y cuyos directores debieran poder ser destituidos según el deseo popular. Una de las grandes paradojas es que el gobierno federal de EE.UU., el cual se percibe en Europa como un gobierno liberal, tiene un Banco Central, el Federal Reserve Board, cuyos gobernadores son nombrados por el gobierno federal (con la aprobación del Congreso de EE.UU.), al cual rinden cuentas. Tal Banco Central tiene en su mandato el objetivo de “conducir la política monetaria del país, a través de influenciar las condiciones crediticias y monetarias de la economía, con el objetivo de alcanzar el máximo empleo posible, además de mantener precios estables”. El mandato incluye, de manera preferente, alcanzar el pleno empleo, además de controlar la inflación, un orden de prioridades inverso al que tienen los Bancos Centrales en Europa, incluyendo el Banco Central Europeo. Es precisamente en la Unión Europea donde se ha enfatizado más la independencia de los Bancos, siendo tal independencia una condición de pertenencia a la Unión Europea. Su máxima expresión se ha alcanzado con el Banco Central Europeo. Tal independencia es un indicador del enorme poder del capital financiero en la Unión Europea. Y ello ha significado un coste elevado, pues han predominado los intereses del sistema bancario sobre las necesidades del sistema económico productivo, del crecimiento económico y de la creación de empleo. El hecho de que la Unión Europea haya tenido en los últimos treinta años un crecimiento económico y una tasa de creación de empleo menor que EE.UU. se debe precisamente a este hecho. El Banco Central Europeo ha liderado las políticas favorables al sistema bancario, promoviendo como principal objetivo conseguir una estabilidad de precios a la baja (es decir, una inflación –el mayor enemigo del sistema bancario- lo más baja posible), a costa de un menor crecimiento económico y de una baja creación de empleo. Esto lo ha conseguido mediante el encarecimiento del dinero y del crédito (con elevados intereses bancarios, mucho más elevados que en EE.UU.) y a base de dificultar la expansión del gasto público, siguiendo los criterios de Maastrich, según los cuales los estados miembros de la UE tienen que tener un déficit del estado igual o menor al 3% del PIB, condición que hubiera excluido a EE.UU. de poder ser aceptado en la UE, pues los déficits del gobierno federal de EE.UU. han sido durante el periodo 1980-2007 superiores al permitido en la UE.

Si al mundo empresarial y a la ciudadanía se les dificulta conseguir prestamos y dinero para invertir y consumir y al sector público se le obstaculiza poder aumentar el gasto público y con ello estimular la economía, es lógico y predecible que el crecimiento de la economía, y la creación de empleo será menor que si al mismo país y al mismo continente (en este caso la UE) se les hubiera permitido tener políticas crediticias más favorables e intereses bancarios más bajos, y sus estados pudieran haber tenido un mayor déficit y un mayor gasto público. Esto es fácil de entender y es lo que ha estado pasando. De ahí que querer mantener estos criterios en estos momentos de gran recesión es enormemente erróneo y debiera denunciarse, pues las políticas impuestas por organismos como los Bancos Centrales (incluyendo el BCE) son enormemente costosas y están haciendo un gran daño a la mayoría de la población. Las izquierdas debieran denunciar este enorme dominio del capital financiero en los países de la UE, que se basa en la independencia por parte de los bancos centrales que debiera interrumpirse, permitiendo un mayor control de tales bancos (todos ellos entes público) por parte de los representantes de la población.

Dos últimas observaciones. Como es predecible, el sistema bancario y sus Bancos Centrales (incluyendo el BCE) niegan ninguna responsabilidad en la destrucción del empleo, atribuyéndolo a las supuestas rigideces del mercado de trabajo y a lo que consideran excesiva permisividad pública hacia los déficits públicos. Y a través de sus agencias evaluadoras de los bonos e instrumentos bancarios penalizan a aquellos estados que consideran excesivamente tolerantes hacia su déficit público. El caso más reciente es la evaluación de los bonos del estado español, por parte de la agencia Standard & Poor’s, penalizándolo por lo que consideran ser déficits excesivos. Es absurdo (y no hay otra manera de decirlo) considerar –como lo considera la Banca y sus apologistas como Sala i Martín- (ver Sala i Martín, Enterrar a Keynes, La Vanguardia, 17.12.09) tales agencias como independientes de la Banca. Tales agencia están, en la práctica, pagadas por la Banca y están al servicio de la banca. Fallaron estrepitosamente en su supuesta evaluación del valor de los productos bancarios, definiéndolos como excelentes justo una semana antes de que colapsaran. Su credibilidad es nula y son instrumentos de los intereses bancarios. Considerarlos independientes es un ejemplo más de la impermeabilidad del dogma liberal a los datos que les rodean. Lo que estamos viendo hoy es una enorme agresividad del capital financiero hacia los Estados que, conscientes de la gran responsabilidad que los bancos han tenido en causar la crisis actual, están acentuando su intervencionismo, que aún cuando ha sido hasta ahora extraordinariamente limitado, está causando una gran preocupación en los sistemas bancarios. En EE.UU., incluso el que fue en su día Gobernador del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board) Alan Greenspan, admitió en una entrevista al Finantial Times que “la nacionalización de la Banca puede ser la menos mala de todas las opciones”. Y tanto el The New York Times como el Washington Post han publicado artículos pidiendo la nacionalización de la banca. Es en este clima intelectual que parece irresponsable que se quieran mantener los Bancos Centrales que supervisan la banca como agentes independientes, sometidos primordialmente a la influencia de la banca. Que no se esté considerando la pérdida de tal independencia es un indicador más de la excesiva influencia del capital financiero sobre el poder político.

Vicenç Navarro

Fuente: Sistema Digital

sábado, 2 de enero de 2010

La lenta recuperación económica

Un comentario habitual en la prensa diaria y en la prensa económica es que la recuperación económica ocurrirá mucho antes que la disminución del desempleo. Se acentúa en tales medios que el crecimiento del PIB dejará de ser negativo y comenzará a crecer lentamente este año o el próximo, pero se matiza inmediatamente que tal crecimiento no se traducirá automáticamente en un descenso del desempleo. En realidad, en EEUU, la economía ha comenzado a crecer y en cambio el desempleo en lugar de disminuir ha ido aumentando. ¿Cómo es esto posible?

Para responder a esta pregunta tenemos que entender que esta situación (en la que la recuperación económica no va acompañada de un descenso del desempleo) no es nueva, sino que ha estado ocurriendo en cada ciclo económico existente en los últimos 30 años. Durante este periodo ha habido tres ciclos económicos, es decir, situaciones en las que el crecimiento económico ha disminuido de una manera acentuada para luego recuperarse y crecer de nuevo. Pero cada vez el crecimiento es menor. Así, en EEUU, que ha sido uno de los mayores motores de la economía mundial, el crecimiento económico en cada periodo de recuperación económica ha sido menor que en el ciclo anterior. Mientras que el crecimiento económico anual fue de un 5% del PIB (como promedio anual en las recuperaciones económicas) durante el periodo 1950-1975, este fue sólo de un 2,5% en la última recuperación durante el periodo 2001-2007. Lo mismo ocurrió con la tasa de creación de empleo, que fue de un 2,5% por año durante la época 1950-1975 y sólo de un 0,9% en el periodo 2001-2007.

Lo que es también importante señalar es que mientras los salarios aumentaron un 3,8% cada año durante el periodo 1950-1975, aumentaron sólo un 1,8% durante el periodo 2001-2007. Y, a la inversa, los beneficios empresariales, que habían subido un 7,4% al año durante el periodo 1950-1975, se incrementaron sustancialmente, alcanzando un 10,8% durante el periodo 2001-2007. Es en estos últimos datos donde está el meollo de la cuestión. El crecimiento de la productividad, y de la riqueza que ello conlleva, no se ha estado distribuyendo equitativamente durante estos últimos 30 años, como consecuencia de la aplicación de las políticas liberales. Esta riqueza se ha concentrado más y más en las esferas del capital (es decir, del mundo empresarial) a costa del mundo del trabajo (ver Las silenciadas causas de la crisis, en Público, 19/03/09). Ello ha determinado, por un lado, un descenso muy marcado de las rentas del trabajo con el consiguiente descenso de la capacidad adquisitiva de la población y disminución de la demanda, lo cual explica la ralentización del crecimiento económico, que ha forzado en esta crisis un aumento provisional del gasto público para cubrir este déficit de demanda y así poder estimular el crecimiento económico.

Por otra parte, la ralentización de la demanda ha contribuido a la baja producción de empleo y al decrecimiento de la economía llamada productiva (es decir la economía donde se producen y distribuyen bienes de consumo), siendo esta sustituida por la economía especulativa basada en el capital financiero (es decir, en los bancos). Es la crisis financiera, basada en la especulación, la que ha consumido mayor atención de los medios y de la vida política. De ahí que se hayan hecho propuestas para dificultar los comportamientos especulativos del capital financiero y para forzar a la banca para que ejerza su función proveedora de crédito. Pero aún cuando se están tomando medidas en este sentido (y las aprobadas hasta ahora son muy moderadas e insuficientes), la crisis continuará, con una recuperación económica muy débil y con unas tasas de creación de empleo muy bajas, tal como confirma lo que está ocurriendo en EEUU y en la UE. En realidad, la recuperación en la UE es incluso menor que en EEUU como consecuencia de que el estímulo económico público ha sido menor en la UE (2,5% del PIB como promedio) que en EEUU (5,6%). Pero lo que no se está resolviendo es la enorme escasez de demanda y gran endeudamiento, consecuencia de la enorme polarización de las rentas (tanto en EEUU como en Europa) y causa de la pérdida adquisitiva de las clases populares.

En EEUU, la crisis actual dura ya 17 meses, siete más que el promedio de las recesiones anteriores desde la II Guerra Mundial, con una destrucción de empleo (-4,1%) mucho mayor que en las recesiones anteriores (-2,1%). De ahí la gran importancia, no sólo del estímulo económico público, sino también de la creación de la demanda a base de aumentar la capacidad adquisitiva de la población, a costa de reducir la exuberante concentración de las rentas y de la riqueza en las rentas superiores, a partir de políticas públicas redistributivas que no se están haciendo. Sin que ello ocurra, la recuperación continuará muy floja y limitada.

Estamos viendo una situación semejante en España, donde la masa salarial como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo desde 1993. El salario medio también ha ido descendiendo tal como confirma la Encuesta de Estructura Salarial (bajó de 19.802 euros en 2002 a 19.680 en 2006). Mientras tanto, las rentas del capital aumentaron muy significativamente. La defensa de las políticas que favorecían las rentas del capital se basaba en el argumento de que facilitarían el crecimiento económico. El argumento que “antes que redistribuir hay que crecer” se convirtió en el eslogan liberal, ampliamente utilizado en las culturas mediáticas y políticas del país. Pero tal tipo de crecimiento (basada en el favoritismo a las rentas del capital) creaba menos crecimiento económico y menos producción de empleo que el que se hubiera dado si tal crecimiento hubiera estado basado en una mayor redistribución de la riqueza. Lo que se necesita ahora es “redistribuir para poder crecer y crear empleo”.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1748/la-lenta-recuperacion-economica/

martes, 8 de diciembre de 2009

La economía sostenible

La presentación del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible marca un antes y un después en la política económica del ejecutivo y deja una vez más en entredicho a la oposición de derecha, empeñada por boca de Rajoy en decirle a los ciudadanos que el gobierno no está haciendo nada.

A pesar de lo que se ha dicho, me parece que la ley es necesaria para tratar de corregir el rumbo de la economía española porque, si bien es cierto que esto solo se consigue finalmente cuando los sujetos económicos actuamos de otro modo, para que eso pueda llegar a producirse es necesario que los poderes públicos establezcan al mismo tiempo, y a ser posible con antelación, incentivos y desincentivos adecuados, que proporcionen recursos colectivos suficientes y, en general, un marco normativo de actuación que permita que la actividad se lleve a cabo de un modo o de otro.

Y me parece también, como acabo de señalar, que casi todo lo que está en el anteproyecto es necesario para cambiar de rumbo, aunque entiendo que hay algunas cuestiones que creo que son contradictorias con el objetivo que se pretende (como elevar obligatoriamente la edad de jubilación), otras insuficientes (como los compromisos en materia ambiental) y algunas muy importantes que se han soslayado.

Una observación previa importantes es que, en general, el Anteproyecto está dirigido a reorientar la actividad económica hacia otros sectores productivos, cuando la sostenibilidad tiene bastante más que ver con el cómo se produce que con el qué producir. No basta con que la actividad se reconduzca hacia nuevos sectores sino que, incluso en los que ahora forman la base del modelo productivo, se llevase a cabo de otro modo.

Y, además, eso no tiene que ver solamente con la dimensión material de la producción, que es fundamental, sino también con su inseparable dimensión distributiva (además de la ambiental).

También creo que, aunque no se haga explícito, el Anteproyecto es siervo de un modo de pensar que tiende a concebir, a mi juicio equivocadamente, que la base de la sostenibilidad es el crecimiento, cuando en realidad es más bien al contrario: el crecimiento entendido como un proceso ilimitado es lo verdaderamente insostenible. Digo esto porque de no prevalecer esta creencia, quizá se hubiera puesto más énfasis en las infraestructurales sociales que en las materiales, en el desarrollo de mercados internos más que en la internacionalización de la economía, en la vertebración más que en la competitividad, o más en el bienestar que en el crecimiento. Es decir, que se propondrían construir más escuelas de infancia, por ejemplo, que kilómetros de carreteras o de Aves.

Por otro lado, el Anteproyecto y en general la estrategia de economía sostenible del gobierno apenas si tiene recorrido sobre cuestiones que son centrales y de las que verdaderamente depende que se puedan consolidar un modo diferente de crear riqueza y de distribuirla. Para lograr incrementos de productividad que no lesionen el empleo, para reequilibrar nuestras cuentas exteriores, cuyo déficit volverá a ser insostenible una vez que la actividad se recupere si no se cambia de modelo y de pauta de reparto, para generalizar la innovación en el tejido productivo, para lograr que la economía española sea competitiva a través de vías distintas a la moderación salarial constante (la vía cutre de desarrollo que promueven la patronal, el Banco de España y los académicos que ambos promocionan), para disminuir nuestra dependencia energética o para disponer de los recursos públicos suficientes para favorecer todo ello, hacen falta más medidas y desgraciadamente más contundentes que contiene el Anteproyecto. Aunque cabe desear y esperar que en el iter que le llevará a convertirse definitivamente en ley se amplíen algunos de sus contenidos y compromisos en esos campos.

En cualquier caso, el mayor problema al que se enfrenta el Anteproyecto es que resultará imposible que la economía española avance hacia una mayor sosteniblidad si no afronta los factores que verdaderamente la limitan hoy día.

Es cierto que la insostenibilidad tiene que ver con un modo de producir que despilfarra y destroza recursos humanos, materiales y medioambientales, que genera residuos que ni siquiera contabiliza y que no repone todos los recursos ni el capital que consume. Pero no solo con eso. Un modelo económico como el actual de España es así mismo insostenible cuando se basa en la polarización de rentas más alta de Europa, cuando su sector financiero sigue una lógica que nada tiene que ver con la financiación de la creación de riqueza productiva y el empleo sostenibles en nuestro interior, cuando solo se propone competir bajando salarios y precarizando el empleo, cuando se jibariza constantemente al Estado y se reduce el gasto público que se necesita para crear el capital colectivo que satisface las necesidades sociales y alimenta y apoya a la iniciativa privada, cuando se deja que su inserción con el exterior sea sumamente dependiente y esclava de las grandes transnacionales o incluso de otros estados, cuando apenas si se hace nada para evitar que casi una quinta parte de la actividad económica sea “en negro” o que las rentas más altas hagan mutis por el foro a la hora de contribuir a la hacienda pública.

Como he apuntado antes, el mayor obstáculo para lograr que nuestra economía sea sostenible material, medioambiental y socialmente son las políticas económicas que vienen prevaleciendo en los últimos años de la mano del fundamentalismo liberal. Ni siquiera las ya de por sí tímidas medidas que se propone llevar a cabo el Gobierno (como está ocurriendo con la emblemática Ley de Dependencia) darán sus frutos sin reorientar la política económica general, sin reforzar las bases del Estado de Bienestar, sin combatir la desigualdad y sin frenar el poder de los grupos industriales y financieros que en definitiva son los que imponen el modelo en el que estamos.

Para avanzar hacia la sosteniblidad de la economía española hay que partir de la aplicación de políticas económicas distintas a las que se han impuesto en la Unión Europa y que aquí defiende la patronal y el Banco de España. Si nuestra economía está en la situación en la que está y por eso se desea cambiar su rumbo y su modelo productivo es un completo absurdo tratar de hacerlo aplicando las mismas políticas que han llevado a la situación en la que estamos y que han fortalecido el modelo que se quiere modificar.

Los grandes centros de poder se esfuerzan por sacar adelante sus propuestas y no debe ser fácil ni grato enfrentarse a ellos pero si el gobierno español desea verdaderamente hacer frente a la situación y no dejar empantanada a la economía española no tiene más remedio que articular un discurso y una práctica política diferente a la que con insistencia proclaman el Banco de España y la patronal. Claro que no lo podrá hacer solo. Precisa del apoyo de su propio partido y de otros de izquierdas, de los sindicatos y, sobre todo, de los ciudadanos.

Publicado en Sistema Digital
www.juantorreslopez.com

sábado, 5 de diciembre de 2009

Recuperación global

"En la historia sólo hay una certeza: el hombre nunca aprende", dijo una vez el gran Winston Churchill. Esta aguda observación parece confirmarse una vez más con la actitud de los dirigentes de las grandes economías. Todo transcurre como si la salida actual de la crisis debiera hacernos olvidar que no se ha propuesto ninguna gran reforma estructural de la economía mundial. El sistema sigue siendo frágil, y nada nos garantiza que, en un futuro muy próximo, no sufriremos una nueva explosión. De momento, se imponen dos constataciones. Por un lado, la recuperación sólo ha sido posible gracias a una enorme inyección de fondos públicos en el sector privado, es decir, gracias a una contribución masiva del ahorro colectivo para único beneficio de los grandes bancos; por el otro, el retorno de un ligero crecimiento en los países ricos no crea prácticamente empleos, lo que significa que el desempleo sigue estancado o que crecerá aún más. Pero la recuperación global pone también en evidencia las contradicciones que están en el origen de la crisis. Estamos asistiendo en estos momentos a una verdadera guerra monetaria dentro del triángulo Estados Unidos, Europa, China. Estados Unidos sólo ha sido capaz de detener la crisis gracias a dos condiciones: porque los chinos han contribuido ampliamente a ayudarles, al mantener e incluso incrementar sus compras de bonos del Tesoro americano, y porque el monopolio de un dólar muy débil los pone relativamente a salvo de la competencia internacional. El reciente viaje de Barack Obama a China ha confirmado esta complicidad al ratificar de facto la paridad del dólar con el yuan.


La única solución equitativa sería la creación de una moneda mundial común que obedeciera a reglas conjuntas


Los europeos han hecho otra elección. El BCE quiere mantener un euro fuerte (cuyo valor de media es de uno y medio con respecto al dólar) y se dispone incluso a subir los tipos. Es en este contexto en el que se ha celebrado la reunión de Nankín, el 30 de noviembre, entre la UE y China. En esta ocasión, los europeos han querido ejercer presiones para que China revalorice el yuan, el cual, debido a su debilidad, proporciona a las mercancías chinas una ventaja comparativa invencible. Desplegamos aquí todos los argumentos: "competencia desleal", ya que los asalariados chinos no disponen prácticamente de derechos sociales ni de seguridad social, "deterioro del medio ambiente", "proteccionismo" del mercado chino, etcétera.


Es un espectáculo divertido ver a los dignatarios de Bruselas, acostumbrados generalmente a proponer rebajas de los derechos de los asalariados europeos en nombre de la flexibilidad del mercado de trabajo y de la competencia internacional, convertirse de golpe en paladines de la justicia social. Pero bueno, les daremos la razón... Sin embargo, la pregunta que queda en suspenso es la siguiente: ¿a santo de qué debiera aceptar China estas conminaciones, ya que lo único que hace es alinearse con el dólar, la moneda mundial dominante? Dicho de otro modo, ¿por qué los europeos no piden lo mismo a los estadounidenses?

El verdadero problema es que el conjunto del sistema monetario está infectado. Actúa sin ninguna lógica. El cuadro es edificante: un dólar más débil que nunca, con una tasa cero, y que sigue chupando del ahorro mundial; un euro fuerte, que permite principalmente a Alemania exportar en condiciones muy ventajosas sus mercancías dentro del mercado único; un yen japonés en alza, que penaliza las exportaciones de este país y, finalmente, un yuan chino imperial, la única moneda que en estos momentos puede competir con el dólar. Si las cosas siguen así, China se convertirá en unos 15 años en la primera potencia comercial del mundo, según la mayoría de los especialistas monetarios. La consecuencia de esta mutación es mecánica: comportará efectos sociales comparables a los engendrados por la dominación del dólar en el contexto de una economía mundial enteramente abierta, es decir, el alineamiento con los modelos sociales más precarios.


En verdad, si queremos establecer una buena gobernanza de la competencia internacional, la única solución equitativa sería la creación de una moneda mundial común que obedeciera a reglas fijadas conjuntamente. Durante la cumbre de Londres, se pensó en ello por unos momentos. Viendo que la reunión podía transformarse en un tribunal contra el yuan, el gobernador del Banco de Shanghai sugirió la creación de un patrón común en sustitución del dólar. Respuesta: Obama mandó de urgencia a Timothy Geithner, el secretario del Tesoro, a Pekín para defender el dólar como moneda mundial. Moral de la historia: si los europeos quieren que Pekín les tome en serio, que empiecen primero por barrer delante de su casa, exigiendo a Estados Unidos, como hacen con China, un comportamiento monetario más responsable.

Traducción de M. Sampons.


Sami Nair.

Fuente: El País