El dominio del dinero y las finanzas

La fase del capitalismo que se inicia a finales de la década de los ochenta del siglo pasado se caracteriza, entre otros rasgos, por la hegemonía de las finanzas. Este protagonismo que ha adquirido el mundo financiero ha supuesto aumento de la especulación y del endeudamiento, incremento del dinero que fluye a los paraísos fiscales, mayor número de fraudes y de delitos económicos, y una más elevada inestabilidad económica. Todo ello ha desembocado en el estallido de la crisis económica actual. 

El daño que este proceso está causando al progreso económico y social en la economía mundial es muy elevado, pues como consecuencia de lo que supone este dominio de las finanzas se concentra aún más la riqueza, al tiempo que aumenta la desigualdad, la pobreza no tiende a disminuir, y la inseguridad laboral se instala en las sociedades, no ya solamente en los países emergentes y subdesarrollados sino en los países ricos. Se deteriora la democracia como consecuencia de que las decisiones importantes que afectan a variables macroeconómicas, aunque no todas ellas, se toman fundamentalmente por los poderes financieros.

Esta fase tiene unos rasgos novedosos frente a otros periodos de la historia, pero, sin embargo, hay hechos que son comunes con otros momentos que se han dado en los diferentes procesos de desarrollo. Conviene subrayar esto, porque, ante el dominio de las finanzas en la actualidad, es corriente encontrar en algunos artículos, ensayos y libros, análisis que presentan como nuevos fenómenos, tales como los procesos especulativos, endeudamientos y crisis financieras, sin tener en cuenta una perspectiva histórica del papel desempeñado por la banca y las finanzas.

La importancia que desempeñan el dinero y las finanzas es muy antiguo, pero no cabe duda de que van adquiriendo una mayor importancia en la baja edad media cuando tiene lugar el avance del comercio, las ferias, y el desarrollo de las ciudades que se convertían en centros mercantiles y financieros y en las que se asentaba la burguesía comercial ascendente. En la edad moderna, y por lo que se refiere a España, que era el mayor imperio mundial, no se puede olvidar la obra magna del gran historiador Ramón Carande Carlos V y sus banqueros, publicada en tres tomos en años diferentes, aunque ahora se puede encontrar en un solo tomo gracias a la labor de la editorial Crítica.

La especulación también viene de muy atrás, como se puede conocer leyendo la obra de Galbraith Breve historia de la euforia financiera (Ariel, 1991) y en donde se analiza la famosa especulación de los tulipanes del siglo XVII. La especulación que llevó a cabo John Law, a principios del siglo XVIII, es digna de tenerse en cuenta por lo que supuso en su época. Hay varios libros que dan cuenta de ella, pero hay dos que voy a mencionar por lo interesante que resulta el análisis que efectúan de la evolución monetaria: George von Wallwitz Ulises y la comadreja. Una simpática introducción a los mercados financieros (Acantilado, 2013); y Philip Coggan Promesas de papel. Dinero, deuda y un nuevo paradigma financiero (El Hombre del Tres, 2013).

No se debe olvidar en todo ello a Marx, que tiene muchos escritos dedicados a las crisis bancarias en sus obras teóricas, pero, sobre todo, en los artículos de prensa, y que su lectura resulta de lo más actual. Este texto publicado en The New York Daily Tribune el 5 de mayo de 1856 lo ratifica: “El extraño frenesí que ha convertido a Francia en una casa de apuestas y ha identificado el Imperio napoleónico con la bolsa, no se ha ceñido en modo alguno a las fronteras galas. Esta plaga, que no sabe de fronteras políticas, ha cruzado los Pirineos, los Alpes y el Rin y, por asombroso que parezca, ha echado raíces en suelo alemán, donde la especulación en el terreno de las ideas se ha arrodillado ante la especulación en acciones de bolsa, el summum bonum ha hecho lo propio ante el avance del bono, la misteriosa jerga de la dialéctica ante la no menos misteriosa jerga bursátil, y las aspiraciones de unidad ante las pasiones de los dividendos”. (Recogido en Guerra y revolución. Karl Marx Editorial Melusina, 2011).Parece que está hablando de hoy mismo.

La importancia de la banca en el desarrollo del capitalismo fue analizado por Hilferding en su gran obra El Capital financiero, publicada en 1910 (hay traducción al castellano en Tecnos, 1985). Este autor analizaba, a partir de la obra de Marx, la concentración y centralización de capital que se estaba dando con una gran intensidad a finales del siglo XIX y principios del XX. El capital bancario jugaba un papel básico en este proceso que confirmaba las tendencias ya enunciadas por Marx. El capital financiero era la fusión de ese capital bancario con el capital industrial, pero en donde la banca desempeñaba la hegemonía. Tal como están las cosas actualmente resulta conveniente rescatar esta obra, leerla y estudiarla, aunque hayan cambiado muchas cosas desde entonces. En este libro se puede comprender el gran poder que las finanzas adquirieron en este periodo, aunque con rasgos diferentes a los actuales.

En el siglo XX, como muy bien apunta Chesnais en Las deudas ilegítimas (Clave intelectual, 2012) el poder de las finanzas tuvo un paréntesis: “El poder económico y político de las finanzas no siempre ha sido tan fuerte. La experiencia ha demostrado que en su momento se pudo prescindir de ellas a la hora de financiar la economía. El crac bursátil de 1929 y su prolongación en forma de grandes crisis bancarias durante los años treinta, conjuntamente con la Segunda Guerra Mundial, provocaron un retroceso de las finanzas… Durante las tres décadas transcurridas entre la derrota del régimen nazi y la crisis económica de 1974-1975 (denominados más tarde con nostalgia los “Treinta Gloriosos”), las economías capitalistas funcionaron sin Hedge Funds, sin finanzas especulativas, sin beneficiarios de dividendos y de intereses sobre deuda pública”.

Las crisis financieras han dado asimismo lugar a muchas obras en las que se puede estudiar qué consecuencias las han provocado y la cantidad de las que se han producido ya en el capitalismo industrial. A la ya mencionada de Galbraith hay que añadir la ya clásica de Kindleberger Manías, Pánicos y Cracs (Ariel, 1991). Desde un punto de vista teórico sin duda hay que destacar los diversos trabajos de Minsky, un autor fallecido hace unos años y que se ha revitalizado con la crisis actual, que en uno de sus libros planteaba en términos de interrogante si lo sucedido en la Crisis de los treinta podía volver a darse.

En suma, la historia nos enseña mucho, entre otras cosas, que el sistema financiero es tan dado a provocar burbujas especulativas y crisis económicas que resulta necesario controlarlo y regularlo, cuando no nacionalizarlo. También en que hubo un periodo comprendido entre 1945 y 1973 en el que el poder de las finanzas disminuyó sobre lo que había sido en épocas anteriores. Esta fase sin tanta hegemonía financiera fue el de mayor crecimiento habido en la historia, por lo menos para los países desarrollados.

Carlos Berzosa.
Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid

Nueva Tribuna 

http://www.nuevatribuna.es/opinion/carlos-berzosa/dominio-dinero-y-finanzas/20140327190812102166.html

Cambio de las reglas del juego: la socialización de las pérdidas

Una vez que estalla la crisis, las reglas del juego mediante las que habitualmente se reparten los resultados de la dinámica económica se dan la vuelta. Tengamos en cuenta que durante los mal llamados años del boom de la economía española, las desigualdades sociales y económicas en nuestro país no sólo no se redujeron, sino que, como se analiza en el siguiente capítulo, aumentaron. Pensemos por ejemplo que, según el Barómetro Social, entre 1999 y 2007 los salarios registraron un crecimiento ínfimo en términos reales, del 1%, y el subsidio de desempleo creció solo un 4%. Mientras, los beneficios empresariales crecieron un 50%, el valor de los activos financieros un 90% y el del patrimonio inmobiliario en torno a un 125%. Es decir, los resultados beneficiosos de la dinámica de crecimiento, por otra parte enloquecida desde el punto de vista medioambiental, se concentraron en un conjunto reducido de manos privadas, mientras que la mayor parte de la población no vio mejorar sus ingresos, su acceso a los servicios públicos o sus condiciones laborales.

Pero el estallido de la crisis cambia el rumbo de las cosas: llegó el tiempo de compartir, debieron pensar algunos. Así, mediante diversos mecanismos, los grupos sociales que se apropiaron de las ganancias económicas anteriores en forma de beneficios y plusvalías inmobiliarias y financieras, consiguen ahora que las pérdidas directamente derivadas de sus prácticas temerarias se repartan entre toda la población. ¿Con qué criterio? El de la regresividad. Es decir: pagan, por una crisis que no han generado, proporcionalmente más aquellos grupos sociales que menos renta y patrimonio tienen. Desglosemos brevemente cuáles están siendo estos mecanismos perversos de socialización de pérdidas.

Por un lado, la recesión económica que resulta del estallido financiero analizado en el capítulo anterior impacta con mayor severidad sobre los colectivos con peores condiciones de partida. Por ejemplo, sabemos que los más de 6 millones de personas desempleadas no se distribuyen de forma equitativa entre los distintos estratos sociales, sino que se concentran en los de menos ingresos y nivel formativo; de la misma forma que lo hacen los más de 420.000 desahucios ejecutados desde que empezó la crisis. Según datos del Ministerio de Empleo, a partir de 2009 el crecimiento salarial no alcanza al de los precios, por lo que la capacidad adquisitiva de la población asalariada retrocede desde entonces. Mientras, no es que la crisis no haya empeorado los sueldos de los directivos, ¡es que han seguido creciendo! Los ejecutivos y miembros de dirección de las empresas que cotizan en el IBEX35 han pasado de cobrar un promedio de 873.666 euros anuales en 2007 a 1,07 millones de euros en 2011. La crisis no perjudica (¡incluso beneficia!) a los altos despachos en los que se gestó; las pérdidas se concentran a pie de calle.

Por otra parte, la crisis bancaria activa mecanismos adicionales de socialización de pérdidas. El más explícito quizás sea el de los rescates bancarios: dinero público transferido a las entidades financieras privadas que acumularon ingentes beneficios, causaron la crisis, y que ahora acceden a nuestro dinero sin ofrecer contrapartidas a cambio. Por el momento no es posible ofrecer una cifra exacta, porque las operaciones son complejas y el proceso no ha finalizado, pero habría que contabilizar, al menos: a) el rescate bancario solicitado formalmente por el gobierno a la Comisión Europea a finales de 2012; b) los recursos empleados en la liquidación y/o venta de cajas de ahorro; c) las inyecciones de capital a bancos “nacionalizados”; y por último, d) el inminente desembolso asociado a la creación del llamado “banco malo”. Teniendo esta última partida en cuenta, y según las estimaciones que se han publicado en los medios, estaríamos hablando de no menos de 120.000 millones de euros: aproximadamente un 12% del PIB.

También conviene considerar que el Banco Central Europeo (BCE) ha concedido a los bancos españoles más de 340.000 millones de euros públicos en forma de créditos a intereses reducidos. Se trata de crédito público en muy buenas condiciones y susceptible de usos alternativos para los que, sin embargo, “no hay dinero”: la creación de empleo, el mantenimiento de servicios públicos esenciales o el acometimiento de inversiones orientadas a reorientar nuestro modelo productivo, por ejemplo. En todo caso, dada la cuantía de la factura total, parece clara la necesidad de contar con un sistema bancario público que de verdad responda a los intereses mayoritarios; es decir, bajo control social efectivo. No hay otra forma de garantizar que esto no volverá a ocurrir.

Casi simultáneamente, según la crisis bancaria deviene en fiscal, entra en escena un nuevo instrumento de socialización de pérdidas: la deuda pública. Aunque el Estado había mantenido sus cuentas muy saneadas durante los años previos, la crisis las deteriora a gran velocidad. Por un lado el volumen de deuda pública se dispara, en parte, debido a los rescates bancarios. Parece lógico que se plantee que hay componentes de la deuda, como precisamente este, que con rigor no debiera calificarse como “pública”. Es imprescindible poner en marcha una auditoría que permita arrojar luz sobre la cuestión, ya que incluso a simple vista se detecta que la ciudadanía está pagando por una deuda que no le corresponde. No podemos olvidar que, al inicio de la crisis en 2007, aproximadamente el 62% del total de la deuda del país provenía de grandes bancos y empresas. ¿Por qué tendríamos que pagar todos esa deuda?

Por otro lado, además de por el volumen creciente de deuda pública, el problema fiscal procede de las condiciones en las que se financia esa deuda: unos tipos de interés artificialmente elevados, de los que se benefician los inversores financieros privados (en su mayoría bancos) que compran los títulos de deuda. Ese sobrecoste, que resulta inevitable comparar con los intereses favorables de los créditos que el BCE concede a los bancos privados, se convierte en un nuevo gasto público descontrolado. La única forma de evitarlo sería contar con una institución, ya sea española o europea, que bajo estricto control democrático tuviera capacidad para gestionar la política monetaria en defensa del interés común y no de los especuladores.

La última vuelta de tuerca se produce porque la creciente deuda pública así generada es pagada, de nuevo, proporcionalmente más por quien menos tiene. Esto se debe a que nuestro sistema fiscal es profundamente regresivo: comparemos el 10% de tipo efectivo al que tributan los beneficios empresariales, el 1% de las SICAV, o el fraude que en más de un 70% se concentra en grandes empresas y fortunas, con el IRPF que se aplica sobre las rentas del trabajo de la mayoría de la población. Nuestro sistema fiscal opera como Robin Hood, pero al revés.

La situación se agrava cuando para pagar la deuda se activan las políticas de austeridad, porque el deterioro de servicios públicos y el recorte de prestaciones sociales golpean con más intensidad, otra vez, a los grupos sociales más vulnerables. Conviene aquí al menos recordar el impacto específico que tienen algunos recortes —como los aplicados sobre dependencia, escuelas infantiles o asistencia social— sobre las mujeres que pasan a cubrir dichos servicios en el ámbito familiar sin remuneración ni derechos asociados como contrapartida. A lo que hay que añadir los efectos, también desigualmente distribuidos, de las “reformas” que se aplican para ganar la credibilidad de los mercados a los que hay que convencer, precisamente, de la sostenibilidad de nuestra deuda pública. En este sentido, las reformas laborales o las de pensiones, ambas de nuevo con un impacto específico sobre las mujeres trabajadoras, quizás sean los casos más evidentes. El cuestionamiento del pago de una deuda pública que no es tal, la instauración de un sistema fiscal potente y muy progresivo, a la par que la reversión de las políticas de austeridad y las contrarreformas, son las únicas medidas que permitirían detener este perverso mecanismo. Se trata, en definitiva, de empezar a cuestionar las reglas del juego vigentes. Hay que cambiarlas, pero a favor de la mayoría. Ya sabemos en qué resulta un funcionamiento económico que gravita en torno a la obtención de beneficios privados. Hemos comprobado qué papel juegan las necesidades y derechos de la mayoría social, tanto en tiempos de “auge” como de crisis. Ha llegado el momento de atrevernos a pensar un verdadero cambio en las reglas del juego económico. Urgen otras reglas radicalmente distintas, pensadas para el 99% de la población. Unas reglas económicas radicalmente democráticas.

Capítulo 4 del libro Lo llamaban democracia. De la crisis económica al cuestionamiento de un régimen político (Colectivo Novecento)

Bibiana Medialdea

Colectivo Novecento

http://colectivonovecento.org/2014/03/12/cambio-de-las-reglas-del-juego-la-socializacion-de-las-perdidas/

La tercera fase del capitalismo

El poderío financiero necesita poca mano de obra y amenaza a la democracia.

El lento declive del feudalismo hasta el arranque del capitalismo, que en su primera fase llamamos comercial, dura tres siglos. La figura dominante es el comerciante, un término que debe entenderse en un sentido muy amplio. Incluye tanto al gran mercader que hacía negocios en países lejanos, como al que circunscribía su actividad a una localidad, tanto al usurero de la aldea, como al banquero que presta a monarcas, cada vez más endeudados por el costo creciente de los ejércitos, o bien ejerce de agente de seguros con los que, navegando a países lejanos para hacer grandes negocios arriesgan mucho. En la categoría de comerciantes hay que incluir también a los artesanos, organizados en gremios, y a los profesionales, médicos y juristas, que logran formar parte del patriciado de las ciudades. Todos ellos contribuyen al proceso de acumulación primitiva que en tres siglos —XVI al XVIII— logra el capitalismo comercial.

Desde comienzos del siglo XIX al capitalismo comercial sigue el industrial, fase en la que los dueños de las fábricas se hacen con el poder. Al término del pasado milenio se inaugura una nueva etapa, la del capitalismo financiero: las grandes corporaciones financieras controlan gran parte de la economía productiva, siendo el nuevo grupo dominante el que administra los ahorros de millones de inversores.

En cada una de estas tres etapas de capitalismo comercial, industrial y financiero, no desaparecen las formaciones anteriores, sino que conviven, supeditadas a la dominante en cada etapa. En el industrial el comercio continúa diversificándose, y en el financiero no desaparecen comercio, ni industria, aunque sometidos al nuevo poder financiero.

El rasgo, tal vez el fundamental de estos tres tipos de capitalismo, es la capacidad de cada uno de crear empleo. El capitalismo comercial deja fuera de su órbita a la mayor parte de la población que sigue en una sociedad rural-estamental en la que prevalecen todavía relaciones precapitalistas.

El capitalismo industrial, en cambio, se caracterizó por una demanda creciente de mano de obra, ocupando a cada vez mayor cantidad de asalariados. En los comienzos de la industrialización hubo que utilizar todos los recursos, algunos bastante brutales, para reclutar mano de obra. Todavía a comienzos del siglo XIX, una población nómada, sin propiedades ni trabajo fijo, que vivía de lo que caía en sus manos, prefería la libertad en la mayor inseguridad, a dejarse encerrar en la fábrica con salarios de hambre.

En el capitalismo industrial cada empresa trata de superar a la competencia con la solidez de su actuación, que incluía reinvertir buena parte de las ganancias en mejorar una tecnología propia, continuamente renovada, y conservar una mano de obra especializada que había que satisfacer sus demandas para que no buscase trabajo en la competencia.

La oferta de empleo en el capitalismo industrial fue en aumento hasta que a finales del siglo XX, con el aumento todavía más veloz de la productividad, se invirtió esta tendencia. Un país altamente competitivo, gracias a una productividad que crece a gran velocidad, necesita de cada vez menos empleo.

En tres décadas el neoliberalismo triunfante ha desembocado en una crisis de enormes dimensiones, que lleva en su entraña la consolidación de un nuevo tipo de capitalismo, el financiero, marcando el comienzo de una nueva época.

Saldremos de la crisis, habiendo afianzado un nuevo orden socioeconómico, en el que el poder ha pasado de la industria a los grandes consorcios financieros de inversión. Su negocio consiste en reclutar capital privado y reinvertirlo en los distintos sectores económicos —inmuebles, fábricas, hospitales, seguros, cadenas comerciales— con el único objetivo de obtener los máximos beneficios. Leo en EL PAIS que “a finales de 2013, el patrimonio bajo gestión de los fondos de inversión en todo el mundo se situó en 22,1 billones de euros y el de los fondos de pensiones, en 18,1 billones. Entre ambos manejan un patrimonio equivalente al 75’5 % del PIB mundial”.

Esta ingente suma está en manos de cada vez un menor número de gestores, estadounidenses casi la mitad de ellos. El mayor sin duda es BlackRock, instalado en Wall Street. Se acerca a los tres billones de euros la cantidad invertida, creando a su vez una red de entidades financieras ligadas, o simplemente dependientes, cuyo conjunto supera con creces el poder de los Estados, incluso el de los más potentes. Fuertemente endeudados, lejos de poder controlarlos, los Estados están cada vez más sometidos a lo que dicten los grandes consorcios financieros.

En esta nueva etapa del capitalismo financiero tendremos que habérnoslas con un mercado de trabajo muy distinto, caracterizado por una enorme diversificación, sin que, ni aun así, sea capaz de absorber una buena parte de la mano de obra no cualificada, incluso con dificultades para emplear la altamente cualificada en ramas que pierdan actualidad, o en actividades en las ciencias y las artes que el Estado, o la iniciativa privada, dejen de subvencionar.

Con el capitalismo financiero el empleo fijo que prevalecía en la industria se ha hecho cada vez más raro. En 2008 en Alemania había caído al 60% con un descenso aún mayor en el sector de servicios. Con la disminución de los convenios colectivos y el aumento de empleos temporales y de media jornada —precarización del empleo— así como otras formas de contratación, como el préstamo de mano de obra, tanto en los países menos competitivos, como en amplios sectores sociales de los países pilotos, se constata un descenso de los salarios reales y un deterioro constante del Estado social, cuyos servicios se han convertido en fuente ambicionada de ganancia para los grandes consorcios financieros. La privatización de los servicios sociales se revela la nueva, y probablemente la mejor fuente de enriquecimiento de los consorcios financieros.

El capitalismo financiero se caracteriza por ofrecer cada vez menos empleo, al menos, para la mano de obra no cualificada. Supone un descenso fulminante del nivel de vida, que incluso coloca a muchos al límite de la sobrevivencia. Que los más pobres lo pasen mal no es noticia que sorprenda, ha ocurrido siempre; lo verdaderamente relevante es que ahora la crisis afecta a las clases medias en una medida muy superior a como lo hiciera en crisis anteriores. La cuestión crucial es saber cómo va a reaccionar la ciudadanía ante un desempleo masivo de larga duración.

Como tampoco cabe abandonar a su suerte a la población creciente sin empleo por la destabilización social que provocaría, además de que se necesitan como consumidores para que el sistema funcione, el tema central de esta nueva etapa del capitalismo será cómo mantener una población no empleable, que ya no se necesita ni siquiera como “ejército de reserva”, cuyo destino constituye sin duda el problema clave de los próximos decenios.

Dos cuestiones exigen una respuesta: ¿cómo sobrevivirá la población que no pueda integrarse en el capitalismo financiero? Es decir ¿qué formas de sobrevivencia quedan fuera del sistema? tema que nos ha de obligar a describir algunos rasgos del nuevo tipo de sociedad que está surgiendo.

Y una política: ¿cómo esta nueva estructuración social va influir en la institucionalización del poder y en las formas de su ejercicio? O sea, ¿qué posiblidades le quedan a la democracia para sobrevivir en el nuevo contexto del capitalismo financiero?

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología.

El País

http://elpais.com/elpais/2014/02/21/opinion/1392988034_229568.html

Mitos y realidades de la “marca España”: Nacionalismo económico y multinacionales

El discurso económico para convencer a la población interna es que el bienestar de un país depende fundamentalmente de su posición competitiva en la esfera internacional. Y esta posición se refleja en los buenos resultados de las empresas locales: si ganan cuota de mercado a escala planetaria se generarán rentas y empleos para el país que mejorarán las condiciones de vida de todo el mundo. La ventaja de esta explicación es su sencillez y capacidad de atracción, y por ello se utiliza como principal instrumento de legitimación de todas las medidas que impactan negativamente en las condiciones de vida de la gente (reformas laborales, recortes fiscales, etc.), así como para presentar a las grandes empresas como adalides de este proceso. En cierta medida la visión de la competitividad económica entre territorios es una nueva versión de la vieja rivalidad militar: todos unidos contra el enemigo común (o frente al invasor). Y como siempre, los mayores sacrificios se exigen a la tropa de a pié.

A este planteamiento pueden hacerse dos objeciones básicas. Una que vale igual para la guerra militar y la económica y otra más específica para la segunda. La primera es una vieja objeción de la izquierda internacionalista y el pacifismo: la impugnación de las bases de la rivalidad y la búsqueda de un modelo diferente de relaciones basado en la cooperación. El otro es específico de la realidad económica. Al tomar a los territorios como contornos definidos, lo que la apelación a la competitividad internacional está sugiriendo es que las economías nacionales están organizadas por medio de empresas locales que producen para el mercado interior o la exportación, que pagan sus rentas e impuestos en el propio país y que por tanto sus buenos resultados se transfieren directamente en renta y bienestar local. Quizás en el pasado existió alguna economía de este tipo (y es cierto que el nivel de riqueza de los grandes países capitalistas se explica en parte por su capacidad de captar rentas de su actuación internacional), pero esto no resulta tan claro en el contexto de una economía donde las grandes empresas adoptan una organización global y son capaces de localizar sus diversas actividades en cualquier lugar del planeta.

Tomar en consideración esta cuestión ayuda a entender alguna de las perplejidades y problemas que experimenta la economía española. El argumento del “fin de la crisis” que esgrime el gobierno se basa tanto en el ligero aumento de la producción (una ligera inflexión en un contexto de estancamiento), como en los buenos resultados de las grandes empresas españolas y la evolución de la bolsa. Pero cuando se analiza qué empresas son las relevantes en este proceso, por ejemplo las que se incluyen en el Ibex 35, fácilmente se percibe que una parte creciente de sus beneficios no dependen de lo que ocurra en territorio español, sino que sus rentas proceden de su actividad internacional. Algo que resulta evidente en el caso de los dos grandes bancos (Santander y BBVA), de las grandes empresas de ingeniería y construcción (que ante el hundimiento de las inversiones públicas han optado por desplazar su actividad a cualquier lugar del planeta), de Telefónica, de Iberdrola, etc. Estas empresas llevan muchos años empeñadas en desarrollarse como empresas globales y en situarse en países que ofrezcan buenas oportunidades de negocio. El hundimiento de la economía española no ha hecho sino acelerar esta evolución, especialmente en el caso de las constructoras. Su actividad exterior reporta beneficios, pero no parece que tengan un retorno muy grande en términos de empleo. En buena parte porque la mayor parte de grandes empresas españolas no produce bienes exportables sino que realiza actividades en los países donde se asienta. Y hay que contar además que aquellas que sí están relacionadas con la producción de bienes materiales han tendido a externalizar gran parte de la producción hacia terceros países (como es el caso de Inditex). Tampoco generan una gran actividad investigadora debido a sus propias características técnicas (sólo nueve empresas españolas figuran entre las mil primeras inversoras mundiales en i+d según el ranking que elabora la consultora Booz & Co).

La aportación real de rentas al país por estas empresas es aún menos clara . Su capital está también muy internacionalizado y en manos de fondos de inversión extranjeros, que son quienes cobran sus dividendos. La enorme cantidad de filiales en paraísos fiscales de las grandes empresas españolas hace pensar en que parte de sus rentas se derivan hacia esos sumideros: según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, las empresas del Ibex contaban con 437 filiales en paraísos fiscales en 2011 y su número había aumentado en 164 desde 2009 (en el podio de filiales offshore el oro era para el Santander (72), la plata para ACS (71) y el bronce ex aequo para BBVA y Repsol (43). Y es de sobras conocido el tratamiento fiscal que les lleva a contribuir de forma ridícula al Impuesto de Sociedades: en 2012 las empresas del Ibex 35 cotizaron sólo un 18-20% de sus beneficios (frente a un 25% de la media), pero algunas de ellas, como la mayoría de bancos, ACS, FCC e Iberdrola, lo hicieron por debajo del 10%. Hasta el tercer trimestre de 2013, la contribución de estas empresas ha bajado un 8%, a pesar de que los beneficios están al alza. El secreto está en el complejo entramado del Impuesto que permite que grandes empresas con buenos asesores fiscales obtengan muchas vías de descuento y consigan dejar sin tasar gran parte de sus beneficios.

Hay que advertir además que el crecimiento de estas empresas se ha producido en base al crédito, lo que llegó a generar un importante endeudamiento que en algún momento constituía un agravamiento de la posición de riesgo-país (pues aunque estas empresas sean dudosamente nacionales su deuda se computa como una deuda nacional, ya que, como ha ocurrido con la banca, cuando no pueden devolver sus créditos el sistema financiero obliga al estado a asumir la deuda). Hace sólo un año, la deuda de las empresas no financieras del Ibex 35 (27 empresas) era del 27% del PIB. En el último año se ha reducido considerablemente (al 18,3%) porque estas empresas han procedido a vender numerosas filiales (y se han beneficiado de una situación que les ha permitido el acceso a una financiación más fácil). Pero cualquier problema financiero que experimentan acaba gravitando sobre el presupuesto público. Tal y como hemos podido presenciar en el affaire de Sacyr en las obras del Canal de Panamá (aunque se dijo que la visita de la Ministra Pastor a Panamá era solo para mediar, todo apunta a que dentro de la solución final la empresa pública Cesce acabará por convertir un contrato de seguro en un aval bancario de 200 millones de euros para garantizar que Sacyr y sus socios obtengan un nuevo crédito de la financiera Zurich).

El que Iberdrola presente sus resultados en Londres y lance una velada amenaza de deslocalización si finalmente la reforma energética no respeta “sus intereses” no debería sorprender a nadie. Los intereses de las grandes multinacionales son mucho más cosmopolitas que los de los ciudadanos de los países donde se ubican sus sedes. Al fin y al cabo la vida de la gente corriente está limitada por las condiciones laborales y las prestaciones públicas del lugar donde vive, mientras que los grandes accionistas son indiferentes a la procedencia geográfica de sus rentas (y a las condiciones sociales que las hacen posibles). No es un caso insólito sino normal en un mundo en el que se han impuesto las reglas de juego del gran capital. Forma parte de la misma lógica que ha conducido a Fiat a trasladar su sede social a Holanda (un paraíso fiscal para los grandes conglomerados) o que coloca la sede de Amadeus (una de las grandes empresas del Ibex, que gestiona el sistema de reservas de muchas compañías aéreas) en Luxemburgo. No está claro que el coste de que alguna de estas empresas se marche del país vaya a ser muy grande, si realmente con ello se lleva su deuda.

En un país como el nuestro, el discurso de la competencia nacional, de la “marca local”, es sólo para consumo interno. Para seguir exigiéndonos sacrificios en salarios, condiciones de trabajo, impuestos, recortes. Y hacernos creer que estos obedecen a un proyecto colectivo en el que todos vamos a ganar. La rivalidad internacional siempre ha generado más desastres que bienestar (a lo sumo ha generado juegos de suma cero en los que los perdedores se exponen a graves desastres). En el contexto de la economía globalizada es una verdadera tomadura de pelo. Especialmente en un país donde el núcleo de las grandes empresas está constituido por entidades que no generan ni una importante cantidad de empleos aceptables ni promueven la investigación.

En este contexto, nuestras respuestas políticas deberían impugnar el modelo y orientarse en dos direcciones complementarias: a nivel local, potenciar solo aquellas actividades que generan claros retornos para la colectividad (por ejemplo condicionando ayudas a contrapartidas claras y controlables); en el plano internacional, trabajar intensamente en imponer regulaciones que limiten los derechos del capital y avancen en la promoción de modelos económicos cooperativos a escala planetaria. Mientras seamos súbditos del nacionalismo económico, estaremos inevitablemente encadenados al poder del capital y a la posición que ocupe nuestra economía local en la jerarquía del sistema económico mundial.

Alberto Recio Andreu

Mientras Tanto

http://www.mientrastanto.org/boletin-122/notas/mitos-y-realidades-de-la-marca-espana

Albert Recio Andreu

El coste del rescate bancario: Las cifras reales

De “ni un euro” a 130.000 millones

Introducción

En esta larga nota se intentará demostrar:

1.º Que la cifra de las pérdidas por los rescates públicos a la banca española superará los 130.000 millones de euros. Ninguno de los organismos que poseen los datos al respecto (Banco de España, FROB-Ministerio de Economía, Comisión Europea) ha tenido la intención de publicar las cifras reales; al contrario, las ha diluido, mixtificado y ocultado.

2.º Que esa cifra se puede demostrar detalladamente en cada uno de los componentes de los que ha resultado su suma (banco a banco, caja a caja, organismo público a organismo público, crédito fiscal punto por punto).

3.º Que esa cifra resulta una enormidad comparada con cualquiera de las magnitudes de la economía española, especialmente con los recortes producidos sobre los derechos económicos adquiridos de los ciudadanos, sobre el capital social acumulado.

4.º Que, como consecuencia de esas ayudas públicas no se ha producido ningún efecto positivo sobre el crecimiento económico de España, ni sobre el aumento del crédito; más aún: ese crédito sigue disminuyendo.

5.º Que rescatar ha sido mucho más caro para los ciudadanos que haber dejado desaparecer, ordenada y socialmente, a las cajas y bancos quebrados.

6.º Que el castigo administrativo y/o judicial a quienes, por su acción u omisión irracional o venal, produjeron este aspecto de la crisis, está por ejecutar.

La economía española ha tenido pésimos gestores en lo que respecta a los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos. Los gobiernos de F. González la encarrilaron por la senda del neoliberalismo; la negociación con la UE supuso gravísimos daños para el sector agrario y para grandes industrias (siderúrgica, naval, etc.). Los gobiernos de Aznar privatizaron a precio de saldo algunos de los mayores bienes públicos de los españoles (Iberia, Telefónica) y pusieron las bases de la gigantesca burbuja inmobiliaria. Con Zapatero se consolidó el monocultivo del ladrillo, se perdió un tiempo precioso al estallar el crack de 2008 y además se perpetró la infamia de reformar la Constitución para subordinar los derechos sociales de los ciudadanos al pago de la deuda externa. Con Rajoy la vida de la mayoría de los españoles se ha deprimido gravemente, se ha generado una deuda pública muy importante (a la que el despilfarro del saneamiento bancario ha contribuido decisivamente), y se han puesto las bases para que los derechos de las personas que trabajan no se puedan recuperar en muchos años, dificultando cualquier política alternativa.

La información acerca de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho es esencial para comprender la magnitud del desastre de las políticas económicas y fiscales de los ahora gobernantes. Nada de lo que hacen sirve para fomentar actividades productivas innovadoras que posibiliten salir de esta gran depresión, al tiempo que esquilman el capital social acumulado por el trabajo de los ciudadanos.

La magnitud de lo que se ha despilfarrado en la recapitalización del sistema bancario español, así como su ocultamiento sistemático, constituyen un ejemplo, quizás el mayor en términos cuantitativos, de ese tipo de políticas económicas.

1. Lo que no se produjo

En junio de 2012 mientrastanto.e publicó la nota “No recapitalizarás la banca condenada”, en la que se propugnaban cuatro tipos de actuaciones sobre las perspectivas de saneamiento público del sistema financiero:

1º. Minimizar el sistema financiero español, todavía enormemente sobredimensionado.

2º. No enterrar dinero público en ese saneamiento puesto que no podría recuperarse.

3º. Asignar los fondos dedicados a esa recapitalización imposible a inyectar crédito directo a la economía (por ejemplo, a través de créditos avalados por el Estado a particulares y empresas solventes, o créditos otorgados directamente por las entidades intervenidas).

4º. Liquidar ordenadamente las entidades en crisis, básicamente cajas de ahorros: asegurar la elección de los ahorradores para colocar sus fondos en un banco sano (los bancos estaban y están deseosos de obtener esos fondos, incluso ofreciendo mayor rentabilidad para el ahorrador); asegurar las coberturas y los planes de pensiones de los empleados con la venta de determinados activos inmobiliarios (no los solares y promociones invendibles, sino los edificios y oficinas de las propias cajas, generalmente situados en las mejores zonas comerciales y de negocios), incluso a precios reventados.

Nada de ello estuvo en los propósitos de nadie; nada de esto se produjo.

Y se comprende que no se produjera. Desde luego, no había sido la tónica de los rescates bancarios europeos, ni lo que se podía esperar de los gobiernos españoles que los han protagonizado aquí. En lo que respecta a la izquierda política —concediendo que el Psoe lo fuera—, le era difícil teorizar lo contrario de lo que hizo, por no decir lo que hizo mal, en la parte de la gestión de las cajas que le correspondía. Sin embargo la izquierda social trató de defender a los afectados por los abusos de las leyes hipotecarias o a los afectados por prácticas abusivas, como las preferentes o los desahucios, aunque hay muchas malas prácticas más.

2. Cinco orígenes y pico de las pérdidas públicas

Empecemos por la ocultación de las cifras para ir después a éstas partida por partida, dato por dato.

Antes, y hasta bastante después de perpetrar sus planes de recapitalización de la banca quebrada, el Gobierno aseguró que ni euro de dinero público se perdería en el reflotamiento bancario. Hoy ya no lo dice, pero tampoco dice cuánto dinero público (es decir, capital social acumulado por los ciudadanos) se ha perdido ya, y a buen seguro se va a perder en el futuro. No da explicaciones. No dar explicaciones es su norma, coherente con su modo despótico de gobernar. Eso forma parte de su cultura de desprecio hacia los ciudadanos.

Se induce al público a pensar que las cifras del rescate son confusas y pueden ser objeto de varias interpretaciones. Pero no es así: son muy claras. Cosa distinta es que produzcan vértigo, o que no se las quiera calcular, o que se pretenda ocultarlas.

En el presente texto esas cantidades se recogen entidad a entidad (cada una lleva una nota en el cuadro final que explica el cálculo) y epígrafe a epígrafe (cada uno lleva también el método empleado para el cálculo de su cifra estimada). Pues bien, ese cálculo, nada difícil para quienes tienen todos los datos (pero que los autores de esta nota han tenido que escarbar pacientemente), no lo han querido, ni quieren, hacer:

    No lo quiere hacer el Banco de España (BE), el organismo regulador que fue incapaz de darse cuenta del desastre del balance de las cajas y bancos que debía controlar crediticiamente, y que se supone que posee la mejor información sobre el sistema financiero. Un ejemplo, al que se volverá después: haciendo alarde de falta de transparencia, el Banco de España dio a luz una nota extemporánea sobre ayudas públicas a la banca (2.9.2013) que vale la pena ver en internet: es un papelillo que parece sacado de los apuntes de un estudiante de empresariales. Una nota, no unos informes periódicos extensos y cuantitativos, que es lo que cabía esperar tratándose de la mayor aplicación de dinero público en la crisis. Pues bien, ahí fueron excluidos manifiestamente algunos elementos esenciales, y los que más pérdidas de dinero público han supuesto: los EPA (Esquema de Protección de Activos), que veremos después.

    No lo quiere hacer el Fondo de Reestructuración Bancaria, que depende del Ministerio de Economía, el organismo que mayor cantidad de dinero público ha aportado. Su Director General admitía en Deusto (30.1.2014) que, de una inyección de 50.000 millones, se deberían dar por perdidos 37.000. Visítese la información pública “No podemos asegurar cuánto dinero recuperaremos de los bancos” (eldiarionorte.es, 30.1.2014). La cifra de pérdidas reales, incluidos los EPA que seguro habrá que pagar, ya supera esa cifra, como se verá en el cuadro numérico final. Por cierto, esos más de 38 millones (que no 37) corresponden a las pérdidas contables de los ejercicios en 2011 y 2012. Ni siquiera contemplan una estimación de lo perdido en 2013, que ya había terminado cuando se realizaron esas declaraciones. Pueden verse los resultados oficiales en www.frob.es; también se puede comprobar en esa página la omisión de cualquier desagregación por entidades y, desde luego, de un cuadro de cifras mínimo.

    No lo quiere hacer la Comisión Europea en sus cinco informes, hasta la fecha de hoy, febrero 2014, sobre cómo se ha empleado su dinero del Assistance Programme for the Recapitalisation of Financial Institutions in Spain (búsquese así en internet). Viajan mucho a España, parece que inspeccionan, pero no publican una sola cifra pormenorizada sobre el rescate bancario. Ahora les ha dado por alabar al Gobierno y dar por cerrado ese rescate; sin cifras, claro.

En fin, alevosía en el rescate con el dinero público y oscura nocturnidad en su transparencia.

Vayamos, ya a los costes concretos de dinero público del rescate bancario. Hay cinco y pico fuentes concretas de pérdidas. Vamos a verlas, una por una.

Primero. La realizada por la inyección neta de dinero (en capital u otras partidas compensatorias de diferentes tipos) contra pérdidas ciertas, básicamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Fueron en torno a los 21.000 millones, pero en nuestro cuadro final se incluyen los EPA (que inmediatamente veremos) de los que han resultado pérdidas también ciertas, como el capital (o similares) perdido.

Segundo. Las garantías sobre la evolución futura de la cartera de créditos que se pactaron a los bancos adjudicatarios de las entidades quebradas.

A esas garantías por parte del FROB por las que si las entidades adquiridas tienen una mala evolución de sus créditos se las compensa con dinero público (que es lo que nutre el FROB) se las denomina EPA (Esquema de Protección de Activos). Vemos muchos términos como el anterior: entelequias que amparan dinero público malgastado: Reestructuración Ordenada –por quién, para quién—; Protección de Activos —por quién, para quién—; Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración —por quién, para quién—.

Por ejemplo: en el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo se pactó con su adjudicatario, Banco Sabadell, una EPA de más de 16.000 millones y, en enero de este año (ver nota 5, al final), el Ministro Guindos reconocía en el Congreso que al menos 15.000 millones acabarían siendo pagados por el FROB. Algo parecido ocurrió con UNNIM, adquirido por BBVA, y en otros casos que se explican en las notas al cuadro final. Por eso, parte de los EPA han ido traduciéndose en pérdidas ciertas, ya materializadas. Y queda mucho pendiente: está por ver lo que pasa con los bancos, procedentes de las cajas con gestores ladrones, o incompetentes, o ambas cosas a la vez, que quedan por privatizar.

Resulta significativo de lo burdo de las trampas para evitar el cálculo de los costes reales que en el documento más relevante de lo publicado por el Banco de España sobre las ayudas financieras no se incluyan, expresamente, los EPA (Nota informativa sobre las ayudas financieras en el proceso de reestructuración del sistema bancario español. Banco de España 2.9.2013).

Tercero. Las pérdidas que acarrearán las privatizaciones de los bancos que quedan por privatizar:

A. Las pérdidas que acarrearán las dos mayores entidades que aún no han sido privatizadas: Catalunya Bank y Bankia. Nuestra estimación en el cuadro final, justificada en las notas 9 y 10 y más que moderada, es que si se privatizan reportarán una pérdida de 47.000 millones.

B. Las pérdidas, sobre lo aportado por el Estado, correspondientes a las cajas menores (las de las líneas 11 a la 14 del cuadro), que también se estiman con criterios de mínimos.

Cuarto. El coste público del banco malo.

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) es el llamado banco malo: ahí se han metido 50.781 millones de euros en préstamos incobrables o de muy dudoso cobro del sector financiero español, avalados por el Estado y que se van a vender de mala manera.

El FROB ha aportado 2.192 millones por el 50% del capital de Sareb, que se han invertido en comprar esos activos. Pero eso es lo de menos, porque la propia Bruselas considera que el precio pagado por la SAREB a los bancos por esos activos tóxicos es superior al de mercado. Así que, puesto que los bancos no hubieran conseguido ese precio, se trata de una ayuda pública.

La Dirección General de Competencia de la UE cifra esas ayudas, a través de la Sareb en unos 20.200 millones de euros: el detalle está en la nota 15 del cuadro final de cifras. Como la Sareb ha pagado muy alto y tendrá que vender más bajo o esperar mucho tiempo para vender —con el consiguiente lucro cesante—, sufrirá unas pérdidas que tendrá que asumir el FROB por el 50% de su participación en el banco malo. El coste público mínimo del banco malo superará ampliamente los 10.000 millones, según los propios (y más que prudentes) criterios de la Dirección General de Competencia de la UE. Aunque, claro, la de esa Dirección no es la estimación más realista, más vale que no se nos pueda acusar (en éste y en ningún otro caso) de tremendismo.

Además, la gestión de la Sareb es motivo de mofa en los medios financieros. No sólo en éstos: la Comisión Europea elaboró hace muy poco (Ocasional Papers, 170. Enero, 2014) un documento que bate récords de loa al revisar, y dar por rematado, el proceso de recapitalización de la banca española, y, en cambio, se regodea en describir el fracaso de la Sareb. Concluye, dando las esperanzas propias de un dictamen justificatorio de la acción del Gobierno español:“The work on the revisión of SAREB´s business plan is ongoing”. Poco después, cuando se cierra esta nota, la Presidenta de ese organismo cesaba al Director General.

Asimismo, acaba de aparecer el primer gran escándalo de esa pésima gestión: vendió 2.500 pisos a un fondo buitre (el norteamericano Fortress y su socio español, Lar), que no pusieron un euro de entrada y pagarán en varios años con un descuento que ronda el 40%. El nuevo propietario se negó a escriturar los 140 pisos que ya estaban vendidos por la Sareb, al tiempo que subía enormemente los precios de las viviendas.

Quinto. El ahorro de impuestos.

En el reflotamiento de anteriores crisis bancarias, especialmente Banca Catalana, Rumasa y Banesto (que estuvieron entre las mayores en Europa hasta entonces), uno de los componentes que animaban a los bancos compradores era que las pérdidas del banco adquirido fueran deducibles en los impuestos a pagar en el futuro. En aquella ocasión no hubo más dinero público que ése, porque las ayudas del Banco de España debían ser devueltas (aunque a un coste menor que los tipos de interés del mercado).

Hoy por hoy, en el proceso de saneamiento bancario en curso, esa ventaja fiscal ni siquiera aparece como una ayuda pública: ni el Banco de España ni el Ministerio de Hacienda la mencionan jamás. Existe, pero se niega o se pasa de puntillas sobre ese ahorro de impuestos futuros del que se benefician los compradores. Todo sea por enriquecer a los ricos desde la Hacienda Pública.

Antes de intentar resumir las circunstancias, cuatro ejemplos, cercanos en el tiempo a la redacción de esta nota. Uno, “Banco de Valencia asegura que cuenta con activos fiscales diferidos de 559,8 millones de euros. La entidad quebrada disfrutará de partida con 123,9 millones […] derivados de bases imponibles negativas […]. Otros 421,6 millones se corresponden con impuestos diferidos derivados de dotaciones […]. Los activos fiscales que tendrá Banco de Sabadell por la compra de CAM son superiores a los de Banco Valencia…la entidad alicantina cuenta con una partida de 2.662 millones de euros […]” (Invertia, 23.12.2012). Dos: “Caixabank gana 503 millones, un 118,9 % más, gracias a los créditos fiscales […] La adquisición de Banco de Valencia […] le ha permitido apuntarse un importe bruto positivo de 2.289 millones de euros…” (EL País, 31.1.2014). Tres: “Los interesados en pujar por Nova Caixa Galicia obtendrán hasta 2.300 millones en créditos fiscales” (Expansión, 13.12.2013). Cuatro: “El Gobierno avala a la banca con 30.000 millones de créditos fiscales” (El Mundo, 29.11.2013).

Este tema se pretende explicar oficialmente de un modo enigmático o, casi siempre, ni se explica. No figura, claro, en ninguna descripción del saneamiento bancario por parte de la UE, del Banco de España o del Gobierno.

Para que el lego pueda entender este ahorro de impuestos es preciso explicarlo con algún detalle, aunque la complejidad de la contabilidad bancaria lo dificulta. Las cajas y bancos quebrados pasan a sus bancos compradores con sus pérdidas acumuladas, que estos últimos pueden deducir de los impuestos: un poco más abajo veremos el ejemplo de Caixa Galicia. Hay además otras fuentes de rebaja de impuestos, entre ellas:

 * Las generadas por provisiones efectuadas por deterioro de los créditos (p. ej., las muchas que se hicieron en créditos inmobiliarios); o sea, el menor valor de los créditos por sus escasas perspectivas de cobro queda apartado en una partida que acaba suponiendo pérdidas pasado cierto plazo.

* Las generadas por provisiones para los planes de pensiones y las prejubilaciones para empleados, que se pagarán en el futuro.

A todo ello (pérdidas acumuladas, provisiones y planes de pensiones o de prejubilación) se le da técnicamente el nombre de activos fiscales diferidos (en inglés DTA, Deferred Tax Assets), y, más popularmente, créditos fiscales.

Más allá de cualquier tecnicismo, a los efectos de la materia que aquí se trata, lo fundamental estriba en el coste público, añadido a las ayudas bancarias que hemos descrito ya, de lo que Hacienda no percibirá en impuestos y las facilidades que se dan a los compradores (y acaban de verse en los cuatro ejemplos que se han citado más arriba). Resulta muy gráfica la noticia que se recogía sobre Caixa Galicia: su comprador, el grupo financiero venezolano Banesco, sólo pagará por ella 1.000 millones de euros, en cómodos plazos y siempre que se cumplan otras condiciones, mientras que el Estado puso 9.000 millones de euros en ayudas a esa caja. Además, el comprador se ahorrará 2.300 millones en impuestos a pagar en el futuro.

Con moderación, evaluamos la suma de estas ventajas para los compradores en un mínimo de 11.781 millones de euros, calculados según lo que se detalla en la nota (16) del cuadro final.

Especialmente relevante pero poco comentada ha sido la decisión del Consejo de Ministros de 29.11.2013 de avalar a la banca 30.000 millones de activos fiscales (el 60% de lo que todo el sistema bancario tiene contabilizado como tal). Ello supone el compromiso del Estado de que acabará pagando ese importe en circunstancias de venta o de quiebra de la entidad que tenga contabilizados tales activos fiscales.

Ese compromiso estatal convierte lo avalado en capital. Los requisitos internacionales de capital (lo que se llama, en términos bancarios, Basilea), regulan el que debe tener como mínimo cada banco según las dimensiones de su balance. Con el aval estatal mencionado, los bancos sanos no sólo pagarán menos impuestos sino que podrán evitar tener que captar en el mercado hasta 30.000 millones de euros de capital adicional para cumplir las normas internacionales, lo que resultaría caro y difícil en tiempos de crisis. Una ayudita más para un beneficio jugoso a costa de la Hacienda Pública.

Sexto. Tres “picos” de ayudas no contabilizadas aquí

Uno. No se incluyen los avales del Estado a emisiones de entidades de crédito concedidos para facilitar su acceso a los mercados de capitales. Tampoco se incluyen las pérdidas sobre los 21.000 millones que el Estado aportó en liquidez a las entidades financieras en el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, liquidado en 2012.

Dos. Las acciones preferentes han sido un timo evidente como tal. Las preferentes son una mezcla entre un producto de renta fija y de las acciones. Lo esencial: no tienen fecha de vencimiento, no hay obligación por quien las vende de asegurar su recompra y el precio de ésta no tiene suelo (por lo que puede ser nada, cero). Nada de eso se les advertía a quienes creían comprarlas como un plazo fijo con alto interés, aunque sí lo sabían, y por ello lo promocionaban, los bancos y cajas que las emitían.

La cultura neoliberal de toma el dinero y corre facilitó que multitud de operarios bancarios contribuyeran a la venta de preferentes sin problemas de conciencia. Los incentivos, los llamados bonus, de las entidades disolvían los escrúpulos con gran facilidad.

Bancos y cajas ofrecieron preferentes para reforzar su capital ante la crisis del ladrillo y porque, en ese momento, les computaba como capital en su esquema de requisitos internacionales (otra vez, Basilea). Cuando las cajas y banquitos quebraron, los suscriptores se quedaron con una merma sustancial, con poco o sin nada, según cada caso, de lo invertido.

No se trata de un caso de pérdidas de dinero público, pero sí de pérdidas, incluso de ruina en muchos casos, de pérdidas por fraude. El Banco de España, que tan meticuloso fuera con cualquier tipo de minucia, se tragó, como tantas enormidades (nada menos que la quiebra de las cajas de ahorro que no supo ni anticipar ni paliar), por las tragaderas de su gobernador, Fernández Ordóñez, ese monumental timo: dinero del público, generalmente el más indefenso, a quienes se les llevó, en muchos casos, el ahorro de toda una vida. Ahí están los mails que escribía Blesa al respecto; ahí están las instrucciones de las cajas a sus oficinas; ahí debería estar la condena para los que debían regular el sistema financiero; ahí está el silencio de la Europa presunta defensora de los consumidores; ahí están, en definitiva, los estafados, que capitalizaron, inútilmente además porque el agujero era demasiado grande, a banqueros estafadores. La cifra que figura en el pro memoria (aunque debiera estar entre las pérdidas públicas, porque los afectados han sido el público trabajador) es la menor que se ofrece como estimación, la más optimista (la de la consultora Oliver Wyman para la Comisión Europea); y, aún así, es de una magnitud increíble.

Y tres. Ahora, vamos a algo que no se contabiliza en el cuadro que cierra esta nota porque no es dinero público español, sino europeo: los créditos prácticamente sin interés del Banco Central Europeo, que los bancos beneficiarios recolocaron en compras de deuda pública en tipos de alrededor del 4%. El saldo por liquidar a fecha de cierre de esta nota, es incluso superior a 230.000 millones de euros, una cifra mayor que los fondos propios (el capital contable básico, para entendernos) del sistema financiero español; y eso que la banca española se deshizo de más de 50.000 millones de deuda pública en los últimos meses de 2013.

Los bancos españoles fueron líderes en la demanda de las emisiones del Banco Central Europeo en sus inyecciones de dinero a la banca (a un precio entre el 0 y el 1%) lo que se ha dado en llamar barra libre de liquidez. Fue básicamente una política que duró hasta mediados de 2012. El conjunto de bancos europeos llegó a demandar casi 2 billones (sí, billones: millones de millones) de euros.

Los bancos españoles lograron casi el tercio de esos préstamos (generalmente, a tres años de plazo). No se empleó para hacer crecer el crédito: el 30% de lo prestado por el BCE permaneció en las cuentas de éste con los bancos, que guardaron ahí esos dineros por si acaso. El resto sirvió para comprar deuda pública, básicamente española, con rentabilidades entre el 3,5% y el 4,5%. Nada, prácticamente ni un duro, para prestárselo a familias o pymes. Negocio redondo: dinero europeo tirado en lo que se refiere a la economía real, pero que está forrando a los bancos hasta que lo devuelvan, mientras éstos nos cobran los intereses de la deuda que compraron con esa inyección.

Sugieren los mentideros financieros que, en adelante, van a pasar dos cosas: una, que el BCE sólo va a inyectar liquidez a los bancos que den crédito; dos, que la deuda pública va a dejar de contar como capital en los requerimientos del BCE a la banca europea. Actualmente, la deuda pública cuenta, a efectos de lo que cada banco pueda crecer, como si fuera capital, es decir dinero puesto por los accionistas, contante y sonante. Si eso acabara pasando, constituiría una pareja de medidas racional que podría inducir a que los bancos españoles volvieran a prestar dinero a la economía real. Ya se verá: alguna norma se sacarán del bolsillo, del que sólo suelen sacar normativas a medida, para impedir esa piadosa intención.

Con todas estas ayudas, y pese a ellas, especialmente la última mencionada para reforzar la liquidez bancaria, la Comisión Europea calcula que, desde 2007 a 2012, en España los créditos a particulares han caído un 30% y los de las pymes más de un 50% (Ocasional Papers, 17. January 2014). Esa caída del crédito constituye una bestialidad que paraliza cualquier economía; y más la española, que depende del crédito en medida mucho mayor que cualquiera de los quince países de la UE por PIB. Y, si no acaba en crédito, el dinero del reflotamiento del sistema bancario, esa enormidad que compararemos ahora con otras magnitudes económicas básicas, se ha tirado para que lo recojan los que ya se forraron con los orígenes de esta crisis.

3. Una comparación de lo aportado a la banca con el pan de cada día

A números duros, enfrentemos números duros. Nos dará idea de la inmensidad de lo que ha significado —hasta ahora y evaluado moderadamente— el rescate bancario español:

A. Representa el 12,7% del PIB español de 2013. Se discute en estos momentos si el PIB de 2014, año de la recuperación según el Gobierno, puede llegar a un aumento del 1% sobre 2013. A partir del 2% de crecimiento, se dice que se creará empleo.

B. Viene a ser lo mismo que lo presupuestado para 2014 en gasto para todas las pensiones (contributivas y no contributivas: 127.484 millones de euros).

C. Es un 78% mayor que la recaudación total por el IRPF de 2014 (73.196 millones).

D. Suma más que tres veces el déficit estatal presupuestado para 2014 (38.414 millones).

E. Resulta 60 veces mayor que el Presupuesto de Educación para 2014 (2.150 millones).

F. Supone más de cuatro años de prestaciones de paro (29.720 millones en 2014).

G. Equivale a más de 14 veces lo presupuestado para 2014 en infraestructuras (8.706,1 millones).

H. Alcanza dos veces y media lo presupuestado en la recaudación del IVA de 2014 (54.841 millones).

I. Supera 24 veces lo presupuestado para 2014 en I+D+I civil (5.633 millones)

J. Multiplica por 90 lo presupuestado para becas y ayudas a estudiantes en 2014 (1.448,1 millones)

K. Se acerca mucho al valor de la suma de todas las acciones de Santander y de BBVA (la llamada capitalización bursátil) a inicios de febrero de 2014, tras un largo recorrido alcista de éstas: unos 140.000 millones de euros. Pero más indicativo resulta que cuando prácticamente se habían cerrado la mayor parte de los rescates, los dos grandes e internacionales bancos llegaron a valer en Bolsa bastante menos de 90.000 millones. Es decir, que las ayudas a la banca han alcanzado un importe que hubiera sido suficiente para comprar a precios bursátiles la totalidad de los bancos españoles (no sólo Santander y BBVA).

Es una enormidad, naturalmente. Y, si se compara con lo que produce (que no es consumo, ni prestaciones sociales, ni crecimiento económico, ni crédito) esa enormidad se traduce en el mayor robo al capital social acumulado a lo largo de más de setenta años. Un verdadero saqueo de lo que todos y cada uno con sus años de trabajo, añadido a la cotización social de las empresas, hemos aportado.

4. ¿Ha sido más caro que dejarlos quebrar?

Está más que ampliamente aceptado y documentado que el sistema financiero tiene, en todos los países principales, un peso excesivo respecto a la economía real. En España, en pleno auge de la banca por internet y con una red de cajeros automáticos entre las mayores del mundo, esta macrocefalia es más severa todavía: de cualquier modo en que se realice la comparación con otros países desarrollados (sobre el PIB, sobre la población, sobre el negocio bancario…), resulta evidente que sobran alrededor de dos tercios de las oficinas bancarias.

La sobreabundancia de oficinas bancarias en España llamaba la atención de los viajeros extranjeros ilustrados, como llamaba la atención de viajeros españoles a Argentina la cantidad de personas que en una librería intervenía en la venta de un solo libro.

La causa histórica de la multiplicación de oficinas es que los beneficios de los bancos españoles, hasta bien entrado el siglo XXI, fueron tan desorbitados que daban para esa prodigalidad de medios y para más. Pero eso se acabó. La banca española tendrá los mismos márgenes (y ya es optimismo, porque su morosidad es mucho mayor) que los bancos europeos.

Si todas las oficinas de las entidades quebradas hubieran desaparecido, a los ciudadanos no les faltarían servicios bancarios. Y, de hecho, van a desaparecer más pronto que tarde, si no todas, la gran mayoría de las sucursales de esas entidades.

Acabó 2008 con 46.167 sucursales bancarias. A final de 2013 hay menos de 36.000, lo que da unas ratios aún muy por encima de cualquier comparación internacional seria. Las previsiones de los compradores de los quebrados y las exigencias de la UE sitúan las oficinas en 2016 en torno a las 22.000/26.000.

Las plantillas bancarias a final de 2008 sumaban 270.855 personas. Cuando terminó 2013, eran unas 212.000. Hacia finales 2016, seguramente rondarán las 140.000.

Resumiendo: en realidad se habrán cerrado (¿en 2019?) las oficinas de los quebrados y habrá salido del empleo bancario un número incluso superior a los empleados de éstas.

Todo ello viene a cuento porque las pocas cifras, maquilladas y ocultas por siete velos, que son facilitadas por el Banco de España, el FROB/Ministerio de Hacienda y los hombres de negro de la Comisión Europea/FMI, coinciden en dos cosas: minimizan el coste del reflotamiento y magnifican el coste de haberlas dejado quebrar. Siempre cantan cantan la misma milonga: hay que poner dinero público, pero más hubiera costado dejarlas quebrar. El coste público mínimo del banco malo superará ampliamente los 10.000 millones, según los propios (y más que prudentes) criterios de la Dirección General de Competencia de la UE, según se explica en la nota 13 del cuadro. Aunque, claro, la de esa Dirección no es la estimación más realista, más vale que no se nos pueda acusar (en este y en ningún otro caso) de tremendismo. Bastante es, muchísimo, ese mínimo.

Veamos; dejarlas quebrar hubiera podido suponer dos costes básicos: perjuicios para los empleados y para quienes les confiaron sus ahorros.

    Examinemos la primera justificación del despilfarro de dinero público. Acabamos de ver que el coste de las disminuciones de plantilla está asumido: se va a echar a tantas personas como sumaban las empleadas en las entidades quebradas. Eso sí, con una nueva regulación laboral que las perjudicará. Cuando en mientras tanto se propugnó cerrar las entidades quebradas y dotar los planes de pensiones de sus empleados, sin coste público, a partir de la venta de sus inmuebles, aún a precios reventados, pudo parecer una propuesta sangrientamente liberal. Todo lo contrario: se les va a echar igual, pero con una legislación laboral y de acceso a las pensiones de jubilación lesivas.

    La segunda de las justificaciones del despilfarro de la recapitalización de la banca quebrada es la presunta protección de los depósitos de los ahorradores. Se nos dice: el principal pasivo, la deuda más relevante de los bancos, son los ahorros y la tesorería que los particulares y empresas tienen depositados en el banco, así que, si se les deja quebrar, esos depósitos corren el riesgo de perderse. Pues no es así. Lo que quieren los bancos no quebrados es liquidez y, para obtenerla, han peleado y pelearán por captar depósitos. Por lo tanto, no hubieran faltado bancos dispuestos a que les traspasaran esos depósitos, incluso ofreciendo una mayor remuneración. Sobran novios solventes para garantizar a los depositantes sus ahorros o su tesorería, incluso con mayor rentabilidad.

En resumidas cuentas, que no nos cuenten que hubiera sido peor dejar quebrar a los bancos (sobre todo, cajas) quebrados, porque las cuentas que nos cuentan se basan en suposiciones absurdas. Aquí se ha querido que la quiebra la asumiera el dinero público y que los compradores de lo quebrado se lucraran con éste.

De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos.

5. Pérdidas públicas en el reflotamiento bancario: las cifras

 

5. Pérdidas públicas en el reflotamiento bancario: las cifras

En millones de euros. Fuentes: Ministerio de Economía/FROB; Banco de España; balances de las entidades adquirentes [0]
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En millones de euros. Fuentes: Ministerio de Economía/FROB; Banco de España; balances de las entidades adquirentes [0]

[0] No incluyen los avales del estado a emisiones de entidades de crédito concedidos para facilitar su acceso a los mercados de capitales. Tampoco se suman las pérdidas sobre los 21.000 millones que el Estado aportó en liquidez a las entidades financieras en el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, liquidado en 2012.

Como se ha explicado arriba, no se estiman las diferencias de rentabilidad entre inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo al 0% y las obtenidas por la inversión de estos recursos.

[1] A Cajastur. Fondo Garantía de Depósitos (no estaba creado el FROB)

[2] A BBK. El FROB asumió las pérdidas del EPA.

[3] UNNIM: Cajas de Sabadell, Tarrasa y Manlleu. A BBVA. El EPA se consumirá totalmente y BBVA tendrá que cubrir pérdidas por activos de esas cajas. La EPA inicial era de 4.824 millones, de los que se dan como pérdidas ciertas a final de 2013, 2.956 millones: lo anotado en el cuadro como EPA es la diferencia

[4] A Caixabank, que realizó la operación básicamente por los activos fiscales de Banco de Valencia (ver punto 2, quinto, del redactado). El EPA está prácticamente descontado como pérdidas ciertas.

[5] Caja de Ahorros del Mediterráneo. A Banco Sabadell. El Ministro Guindos reconoció en el Congreso de los Diputados (14.1.14) que la EPA acabaría costando al FROB más de 15.000 millones. Así que anotamos esa cifra como pérdidas ciertas, que se unen a los 5.429 aportados por inyecciones de capital por el FROB. El Consejero Delegado del Sabadell dio como pérdidas 17.000 millones, 2.000 más que el Ministro, por lo que se espera que se consuma todo el EPA como pérdidas.

[6] Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos, Caja Sol, Caja Guadalajara. A Caixabank. Se opina que esta adjudicación se realiazó por Caixabank con menores ayudas de las derivadas del agujero de Banca Cívica, como compensación de otras adjudicaciones.

[7] A Banco Sabadell. Las ayudas se suelen cifrar, según todas las noticias de la adjudicación, en 325 millones, pero no hemos podido sumar como ciertas más que las que se incluyen en el cuadro.

[8] A Banesco (grupo venezolano), por venta del FROB en 1.002 millones (las ayudas fueron de 9.000). Ya se ha comentado en el punto dos, quinto.

[9] Caixa Catalunya, Caixa Tarragona, Caja Manresa. Por adjudicar. Ha recibido 19.574 millones en ayudas públicas, a pesar de ser unas cinco veces menor que Bankia: 12.052 en capital y el resto en avales. Se indica una proporción de pérdidas similar a la de Nova Caixa Galicia (88,8 de lo aportado por el FROB, que en este caso han sido más de 13.000 millones). Se añade una estimación de los EPA solicitadas por los posibles compradores españoles (Caixabank y Santander): 4.500 millones. Se trata de un cálculo más que conservador, en virtud de lo ocurrido con CAM, cuya EPA costará más de 15.000 millones —nota 5—.

[10] Bankia ha recibido 46.691 en ayudas públicas, de las que 22.424 es inyección de capital y el resto avales. La opinión de los firmantes es que las pérdidas finales en un presunto proceso de privatización serán, al menos, un 35-40% mayores, fundamentándose en la monumental proporción de morosidad de Bankia, la escasa calidad de sus activos no bancarios (avalados en parte sustancial por el ICO) y, sobre todo, porque tiene en su interior a la antigua Bancaja. Ya se ha visto lo ocurrido con la CAM —nota 5—. Ambas cajas valencianas tuvieron una política crediticia similarmente disparatada y venal: por compartir, sus gestores compartieron como destino de sus latrocinios paraísos fiscales caribeños cercanos. La cifra de las ayudas probablemente no llegue a cubrir el lastre de Bancaja.

Después de unas pérdidas de 19.000 millones de euros en 2012, Bankia ha presentado en 2014 unos beneficios de unos 500, saludados entusiásticamente por la prensa gubernamental, los periodistas de su fondo de reptiles y los especuladores nacionales e internacionales. Los resultados de 2013 no admiten una evaluación seria: su negocio bancario empeora casi un 20% respecto al catastrófico 2012; su morosidad aumenta casi al 15%. La claves del beneficio de 2013, más contable que otra cosa, está en la reducción de gastos (casi un 17% en el año) y las llamadas operaciones financieras (más de 425 millones), que son el resultado del buen manejo especulativo de su cartera no comercial. Aunque su equipo directivo es de una gran profesionalidad, los milagros todavía no existen.

[11] Caja Duero y Caja España, en trámite de adquisición por Unicaja: 1.370 millones de ayudas directas, más 160 millones de costes de arbitraje. Al cierre de esta nota, siguen las reclamaciones de Unicaja de ayudas adicionales (especialmente EPA), por lo que la cifra es de mínimos.

 [12] Caja Inmaculada, Caja Círculo de Burgos, Caja Badajoz en proceso de integración en Ibercaja. Se trata también de una cifra de mínimos, puesto que contempla sólo la suscripción por el FROB de bonos convertibles. Ibercaja sigue reclamando más ayudas y, dadas las prisas del FROB, es probable que las obtenga.

[13] Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Cantábrico. Posee Caja Castilla la Mancha. Esta cifra también es de mínimos, por las mismas consideraciones que en las tres notas anteriores.

[14] Sa Nostra, Caja Murcia, Caja Granada (Caixa Penedès fue integrada en Sabadell). En concreto, 730 de ayuda europea y 915 del FROB. Cuando el FROB venda el 62% de su capital, si es que encuentra comprador, necesitará nuevas ayudas y, probablemente, un EPA. Estimamos que, al menos, ese EPA será de 1.500 millones, que no se incluyen en el cuadro.

[15] Evaluación del importe de la ayuda de la Sareb (como diferencial entre el valor real y lo pagado por éste), por parte de la Dirección General de Competencia de la CE: 2.100 millones BMN; 1.600, Catalunya Bank; 1.300, Nova Caixa Galicia; 1.000 Liberbank; 717 Ceiss; 690, Caja3; 500, Banco Valencia; 282, Banco Gallego; 12.000, Bankia. Total: 20.189 millones. Aquí se coloca en pérdidas potenciales el 50% (la participación de FROB en la Sareb y otras participaciones indirectas) de esa cifra.

[16] Diferencia (19.636) entre los 63.280 millones anotados como activos fiscales en el total del sistema, menos los 43.824 de las entidades que no han recibido ayudas (las sanas): son los activos fiscales que ya han comprado con las entidades adquiridas y los que comprarán cuando el resto de las entidades quebradas se privaticen. Al menos un 60% de de esa diferencia (11.781) se ahorrará en impuestos por los bancos que han adquirido las entidades quebradas o lo harán en el futuro.

[17] Cálculo de Oliver Wyman para la Comisión Europea de la aportación de los preferentistas al saneamiento bancario, que suponía unas pérdidas para los inversores en preferentes del 40% del total. El 6.2.2014 el subgobernador del Banco de España y Presidente del FROB informaba en el Congreso que, sólo en Bankia, Caixa Catalunya y Caixa Galicia, 150.000 afectados por las preferentes no podrían recuperar su inversión.

Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella

Miguel Angel Lorente y Juan Ramón Capella

Mientras Tanto

http://www.mientrastanto.org/boletin-122/notas/el-coste-del-rescate-bancario-las-cifras-reales

Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella

De “ni un euro” a 130.000 millones