Si el sistema público de pensiones es objeto de toda clase de
ofensivas se debe en parte a que las entidades financieras lo han
considerado siempre un obstáculo para expandir un negocio para ellas muy
lucrativo, los llamados “fondos privados de pensiones”. Llamados, sí,
porque de pensiones tienen muy poco, por lo menos tal como se plantean
en España, en donde ni siquiera las posturas más radicales los
contemplan como una alternativa global al sistema público. La
sustitución de un sistema por otro comportaría numerosos e insolubles
problemas, entre otros elevar el déficit público en al menos 10 puntos.
En España, los fondos privados se conciben como complementarios de
las pensiones públicas. Tras lanzar el infundio de que estas deben
disminuirse para hacerlas viables, y ante la dura perspectiva que se
ofrece con una prestación pública reducida en su mayoría a un nivel de
miseria, la única solución que se propone es que cada trabajador durante
su vida laboral ahorre para la vejez, pues no otra cosa son los fondos
de pensiones, una forma de ahorro, y por cierto, no de las mejores.
Incluso diríamos que de las peores para el ahorrador, dado que su
rentabilidad, si existe, irá a parar a las entidades financieras en
forma de comisiones, ya sean de gestión o de depósito. El ahorrador
perderá la disposición de sus recursos, puesto que serán las gestoras
dependientes de las entidades financieras las que decidirán sobre las
inversiones y nadie garantiza que opten por lo mejor para los
partícipes, más bien lo probable será lo contrario, que actúen de
acuerdo con los intereses financieros de los grupos a los que
pertenecen.
El único aliciente con el que han contado los fondos de pensiones es
la desgravación fiscal en el IRPF. El beneficio, no obstante, no es tan
grande como podría parecer a primera vista. Si bien las aportaciones se
deducen de la base imponible del impuesto, cuando se rescata parcial o
totalmente el fondo, la cantidad correspondiente se debe incluir en la
base imponible de ese ejercicio. Desde esta óptica, el beneficio fiscal
consiste tan solo en posponer el momento en que se hace efectivo el
gravamen. La única ventaja hipotética radica, pues, en que el tipo
marginal del impuesto pudiera ser menor en el momento de la jubilación
que durante la vida activa.
Hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en la que se modificó la
normativa, contaban con otro aliciente. Llegada la jubilación, el fondo
se podía rescatar de una sola vez, y su tratamiento como renta irregular
comportaba que la incorporación a la base imponible se limitaba al 60 %
de su cuantía. Esta ventaja desaparece para las nuevas aportaciones que
se realicen a partir de la fecha en que se modifica la normativa. Si
hasta ese momento era muy dudosa la conveniencia de realizar
aportaciones a los fondos privados, a partir de entonces parece evidente
que únicamente la ignorancia y el desconocimiento pueden conducir a que
se quiera invertir en esta modalidad.
En todo caso, lo que resulta innegable es que los fondos de pensiones
dejarían de existir en el caso de que desapareciese la desgravación
fiscal, tal como se encargaron de argumentar sus propios defensores
cuando en el año 2006 cundió el rumor de que iban a suprimir la
desgravación, pero ¿cuál es la razón de ser de un producto financiero
que nadie, ni ricos ni pobres, estarían dispuestos a demandar sin
beneficios fiscales? ¿Y por qué incentivar una forma de ahorro frente a
otra? Resulta curioso que los defensores a ultranza del liberalismo
económico, quieran imponer a los trabajadores el destino de sus ahorros.
El único motivo para mantener la desgravación, y por tanto la
existencia de los fondos, es la de beneficiar a las entidades
financieras concediéndoles un negocio seguro, rentable y que además les
dota de un enorme poder económico: el que les confiere manejar a su
antojo una ingente cantidad de recursos cautivos. Lo que son perjuicios
para los ahorradores constituyen ventajas para las entidades
financieras. Resulta enormemente paradójico que sean los propios ahorros
de los trabajadores, materializados en los fondos de pensiones
-especialmente los de aquellos países en que las pensiones públicas
están externalizadas-, manejados por las entidades financieras y a
través de los mercados, los que presionen para desarmar el Estado social
e imponer las condiciones económicas más regresivas.
Ofrecer como solución a la contingencia de vejez el ahorro que cada
trabajador haya podido acumular a lo largo de su existencia es condenar a
la pobreza a la mayoría de la sociedad al final de su vida laboral. Es
bien sabido que el 60 % de la población no puede ahorrar nada (no llega a
final de mes) y otro 30 % lo hace en unos niveles tan reducidos que
difícilmente esos recursos servirán para solucionar nada en la vejez. Si
lo que proyectamos es una especie de eutanasia colectiva, si vivimos en
una sociedad que no quiere mantener a sus mayores, digámoslo
claramente, pero no engañemos al personal con los fondos de pensiones.
Juan Fco Martín Seco
República.com
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