Resultado del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en
el proceso de transición de la dictadura a la democracia, España ha
continuado siendo uno de los países con mayores desigualdades de renta y
de propiedad. Ni que decir tiene que han habido cambios desde que se
estableció la democracia respondiendo en gran parte a intervenciones
públicas que han tenido un impacto redistributivo. Pero estas
intervenciones, siempre limitadas, no han conseguido que nuestro país
deje de ser uno de los más desiguales de la Unión Europea de los Quince
(UE-15), el grupo de países más ricos de la Unión Europea.
Esta desigualdad se ha caracterizado por una gran concentración de
las rentas y de la propiedad en grupos de la población muy minoritarios
que derivan sus ingresos de las rentas del capital, mientras que la
mayoría de la población, que deriva sus rentas del trabajo, ha visto una
disminución de sus rentas (en términos proporcionales) con descenso de
su capacidad adquisitiva. Esta situación ha sido paliada debido a la
relativa facilidad en conseguir crédito, lo cual ha enriquecido al
capital financiero. En realidad, la extensión de este último se basa en
la escasa capacidad adquisitiva de la población trabajadora, sea
asalariada (que trabaja para otros), sea autónoma (que trabaja para sí
mismo). Esta situación ha sido muy acentuada en los últimos años debido a
la burbuja inmobiliaria, que se basó en un enorme endeudamiento y en
una gran expansión del capital financiero. Así, la ratio 20/20 (que mide
la relación existente entre los ingresos del 20% de la población con
mayores ingresos y el 20% de menos ingresos), pasó del año 2005 al año
2010, de un 5,5 a un 6,9, mientras que se ha mantenido en el 5 en el
resto de la Unión Europea.
Este endeudamiento ha permitido ocultar el grave problema de la
enorme desigualdad en España entre aquellos que derivan sus rentas del
capital (una minoría) y aquellos que la derivan de las rentas del
trabajo (la gran mayoría), desigualdad que se ha ido acentuando. Así,
mientras que en 1977 las rentas del trabajo (que incluyen
mayoritariamente a la población asalariada) representaban el 67,3% de
todas las rentas, en el año 2012 estas se redujeron al 53,4%. Y este año
han pasado a ser el 48,6%, representando un porcentaje menor que el de
las rentas derivadas del capital, una situación sin precedentes en el
periodo democrático. A este descenso de las rentas del trabajo han
contribuido las sucesivas reformas laborales, que han determinado un
descenso de los salarios (un 6,2% este año), el debilitamiento de los
convenios colectivos, y el aumento del paro y de los recortes salariales
en el sector público.
Por otra parte, las rentas superiores se han beneficiado de las
políticas fiscales regresivas. Así, desde los años ochenta, el 0,1% de
los hogares más ricos registró un aumento de las rentas de un 40%, y el
0,01% de un 73%. El del 1% fue de un 21%, porcentaje mucho más elevado
que el del resto de la población. El incremento de las rentas de la gran
mayoría de la población fue solo de un 11% (datos todos ellos obtenidos
del excelente informe Desigualdad y Estado Social en España. Fundación 1º de mayo. Junio de 2013).
De todo lo dicho se deriva que para disminuir las desigualdades se
requiere un aumento de los puestos de trabajo y de la población
empleada, junto a un incremento de los salarios así como una reducción
de las rentas del capital, gravando intensamente dichas rentas dentro de
una política fiscal progresiva y redistributiva, así como un aumento de
las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar que
beneficie especialmente a las clases populares. Todas ellas son medidas
opuestas a las realizadas por los sucesivos gobiernos que han enfatizado
todo lo contrario, con el beneplácito, cuando no imposición, de las
autoridades que gobiernan la Unión Europea. Estamos así viendo políticas
que destruyen empleo, que están bajando los salarios, que están
recortando gasto público social y que están beneficiando todavía más a
las rentas del capital, habiendo el Estado transferido al capital
financiero en el rescate a la banca unas cantidades a todas luces
exorbitantes (equivalentes a un 19% del PIB) que ha ido a enriquecer en
su mayoría a una extraordinaria minoría que deriva sus rentas de ese
capital.
Mientras, el Estado español continúa siendo de los menos
redistributivos de la Unión Europea. Sin su intervención –a través de
transferencias a la ciudadanía-, el 24% de los españoles serían pobres.
Después de las transferencias, el 20% lo son, una reducción de cuatro
puntos, mucho menos que en el promedio de la UE-15, ocho puntos, y
mucho, mucho menos que en Suecia, que es más de tres veces más. Esta es
la escasa capacidad redistributiva del Estado español. Todos
estos datos muestran la enorme influencia que las fuerzas conservadoras
(de distintas sensibilidades políticas) y liberales tienen sobre el
Estado español, consecuencia de la limitadísima democracia existente en
este país.
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Público.es
http://blogs.publico.es/dominiopublico/7256/espana-es-un-pais-extraordinariamente-desigual/
No hay comentarios:
Publicar un comentario