La farsa del libre comercio

Aunque la Ronda de Doha de la OMC para negociaciones comerciales mundiales no dio ningún resultado desde su inicio hace doce años, se está preparando otra rueda de negociaciones; pero esta vez no tendrán carácter mundial y multilateral, sino que se negociarán dos enormes acuerdos regionales: uno transpacífico y otro transatlántico.¿ Hay más probabilidades de que esas negociaciones den resultado?

La Ronda de Doha fue torpedeada por la negativa de los EE.UU. de eliminar las subvenciones a la agricultura , condición sine qua non de cualquier ronda que de verdad sirva al desarrollo, en vista de que el 70% de la población de los países en desarrollo depende de la agricultura, directa o indirectamente. La posición de los EE.UU. fue en verdad asombrosa, dado que la OMC ya se había pronunciado mediante una resolución sobre la ilegalidad de las subvenciones del algodón de los EE.UU., que benefician a menos de 25.000 cultivadores ricos.

La respuesta de EE.UU. fue sobornar a Brasil, que había planteado el reclamo, para que desistiera y dejara en la estacada a millones de algodoneros pobres de Africa y la India, que sufren las consecuencias de unos precios muy bajos por la generosidad de los EE.UU. para con sus plantadores ricos.

En vista de esa historia reciente, ahora parece claro que las negociaciones para crear una zona de libre comercio entre los EE.UU. y Europa y otra entre los EE.UU. y gran parte de los países del Pacífico (exceptuada China) no van encaminadas a crear un verdadero sistema de libre comercio, sino que su objetivo es un régimen de comercio dirigido , es decir, para que esté al servicio de los intereses especiales que durante mucho tiempo han impuesto la política comercial en Occidente.

Hay algunos principios básicos que quienes participen en las conversaciones se tomarán –es de esperar– en serio. En primer lugar, todo acuerdo comercial ha de ser simétrico . Si los EE.UU., como parte en el “Acuerdo de Asociación Transpacífico” (AATP), piden al Japón que elimine sus subvenciones del arroz, deberán, a su vez, ofrecerse a eliminar no sólo las subvenciones de su producción de arroz, que es relativamente poco importante para los EE.UU, y del agua, sino también de otros productos básicos agrícolas.

En segundo lugar, ningún acuerdo comercial debe colocar los intereses mercantiles por encima de los intereses nacionales más amplios, en particular en los casos en que estén en juego cuestiones no relacionadas con el comercio, como la reglamentación financiera y la propiedad intelectual. El acuerdo comercial de los Estados Unidos con Chile, por ejemplo, impide la utilización por parte de este último de controles de capitales, pese a que el Fondo Monetario Internacional reconoce ahora que los controles de capitales pueden ser un instrumento importante de política macroprudencial.

En otros acuerdos comerciales se ha insistido también en la liberalización y la desregulación financieras, si bien la crisis de 2008 debería habernos enseñado que la falta de una buena reglamentación puede hacer peligrar la prosperidad económica. Asimismo, la industria farmacéutica de EE.UU., que tiene una gran influencia sobre el Representante Comercial de los Estados Unidos, ha conseguido endosar a otros países un régimen de propiedad intelectual desequilibrado, que, por ir encaminado a luchar contra los medicamentos genéricos, coloca el beneficio por encima de la salvación de vidas. Incluso el Tribunal Supremo de los EE.UU. ha dicho ahora que la Oficina de Patentes de los EE.UU. fue demasiado lejos al conceder patentes sobre genes.

Por último, debe haber un compromiso con la transparencia , pero conviene avisar a los participantes en esas negociaciones comerciales que los EE.UU. profesan una falta de transparencia. La oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos se ha mostrado reacia a revelar su posición negociadora incluso a los miembros del Congreso de los EE.UU y, en vista de lo que se ha filtrado, podemos entender por qué. Dicha oficina está retrocediendo sobre los principios –por ejemplo, el del acceso a los medicamentos genéricos– que el Congreso había incluido en acuerdos comerciales anteriores, como el subscrito con el Perú.

En el caso del AATP, hay otro motivo de preocupación. Asia ha desarrollado una cadena de distribución eficiente, gracias a la cual los productos pasan fácilmente de un país a otro en el proceso de producción de bienes acabados, pero el AATP podría obstaculizarla, si China permanece fuera de él.

Como los aranceles propiamente dichos son ya tan bajos, los negociadores se centrarán en gran medida en las barreras no arancelarias, como, por ejemplo, los obstáculos reglamentarios, pero la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, que representa los intereses empresariales, ejercerá casi con toda seguridad presiones en pro de la norma común menos estricta, con lo que contribuirá a una nivelación hacia abajo, en lugar de hacia arriba. Por ejemplo, muchos países tienen disposiciones tributarias y reguladoras que disuaden de la adquisición de automóviles grandes, no porque intenten discriminar los productos de los EE.UU, sino porque les preocupa la contaminación y les interesa la eficiencia energética.

El principio más general, antes citado, es el de que los acuerdos comerciales colocan habitualmente los intereses comerciales por encima de otros valores: el derecho a una vida sana y a la protección del medioambiente, por citar sólo dos. Francia, por ejemplo, quiere una “excepción cultural” en los acuerdos comerciales que le permita seguir apoyando sus películas, de las que se beneficia el mundo entero. Ese y otros valores más amplios no deben ser negociables.

De hecho, resulta irónico que los beneficios sociales de semejantes subvenciones sean enormes, mientras que los costos son insignificantes. ¿De verdad cree alguien que una película artística francesa representa una grave amenaza para un gran hit de verano de Hollywood? Sin embargo, la avaricia hollywoodense no conoce límite y los negociadores comerciales de los Estados Unidos son implacables. Y ésa es la razón precisamente por la que se deben retirar esos artículos antes de que comiencen las negociaciones. De lo contrario, se ejercerán presiones y existe el riesgo real de que en un acuerdo se sacrifiquen valores básicos en pro de los intereses comerciales.

Si los negociadores crearan un régimen de libre comercio auténtico, en el que se concediera a las opiniones de los ciudadanos de a pie al menos tanta importancia como a las de los grupos de presión empresariales, yo podría sentirme optimista, en el sentido de que el resultado fortalecería la economía y mejoraría el bienestar social. Sin embargo, la realidad es que tenemos un régimen de comercio dirigido, que coloca por delante los intereses empresariales, y un proceso de negociaciones que no es democrático ni transparente.

La probabilidad de que lo que resulte de las futuras negociaciones esté al servicio de los intereses de los estadounidenses de a pie es poca; la perspectiva para los ciudadanos de a pie de otros países es aún más desoladora.

Joseph E. Stiglitz

Project Syndicate

Tercera Información

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article55362

España es un país extraordinariamente desigual

Resultado del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, España ha continuado siendo uno de los países con mayores desigualdades de renta y de propiedad. Ni que decir tiene que han habido cambios desde que se estableció la democracia respondiendo en gran parte a intervenciones públicas que han tenido un impacto redistributivo. Pero estas intervenciones, siempre limitadas, no han conseguido que nuestro país deje de ser uno de los más desiguales de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países más ricos de la Unión Europea.

Esta desigualdad se ha caracterizado por una gran concentración de las rentas y de la propiedad en grupos de la población muy minoritarios que derivan sus ingresos de las rentas del capital, mientras que la mayoría de la población, que deriva sus rentas del trabajo, ha visto una disminución de sus rentas (en términos proporcionales) con descenso de su capacidad adquisitiva. Esta situación ha sido paliada debido a la relativa facilidad en conseguir crédito, lo cual ha enriquecido al capital financiero. En realidad, la extensión de este último se basa en la escasa capacidad adquisitiva de la población trabajadora, sea asalariada (que trabaja para otros), sea autónoma (que trabaja para sí mismo). Esta situación ha sido muy acentuada en los últimos años debido a la burbuja inmobiliaria, que se basó en un enorme endeudamiento y en una gran expansión del capital financiero. Así, la ratio 20/20 (que mide la relación existente entre los ingresos del 20% de la población con mayores ingresos y el 20% de menos ingresos), pasó del año 2005 al año 2010, de un 5,5 a un 6,9, mientras que se ha mantenido en el 5 en el resto de la Unión Europea.

Este endeudamiento ha permitido ocultar el grave problema de la enorme desigualdad en España entre aquellos que derivan sus rentas del capital (una minoría) y aquellos que la derivan de las rentas del trabajo (la gran mayoría), desigualdad que se ha ido acentuando. Así, mientras que en 1977 las rentas del trabajo (que incluyen mayoritariamente a la población asalariada) representaban el 67,3% de todas las rentas, en el año 2012 estas se redujeron al 53,4%. Y este año han pasado a ser el 48,6%, representando un porcentaje menor que el de las rentas derivadas del capital, una situación sin precedentes en el periodo democrático. A este descenso de las rentas del trabajo han contribuido las sucesivas reformas laborales, que han determinado un descenso de los salarios (un 6,2% este año), el debilitamiento de los convenios colectivos, y el aumento del paro y de los recortes salariales en el sector público.

Por otra parte, las rentas superiores se han beneficiado de las políticas fiscales regresivas. Así, desde los años ochenta, el 0,1% de los hogares más ricos registró un aumento de las rentas de un 40%, y el 0,01% de un 73%. El del 1% fue de un 21%, porcentaje mucho más elevado que el del resto de la población. El incremento de las rentas de la gran mayoría de la población fue solo de un 11% (datos todos ellos obtenidos del excelente informe Desigualdad y Estado Social en España. Fundación 1º de mayo. Junio de 2013).

De todo lo dicho se deriva que para disminuir las desigualdades se requiere un aumento de los puestos de trabajo y de la población empleada, junto a un incremento de los salarios así como una reducción de las rentas del capital, gravando intensamente dichas rentas dentro de una política fiscal progresiva y redistributiva, así como un aumento de las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar que beneficie especialmente a las clases populares. Todas ellas son medidas opuestas a las realizadas por los sucesivos gobiernos que han enfatizado todo lo contrario, con el beneplácito, cuando no imposición, de las autoridades que gobiernan la Unión Europea. Estamos así viendo políticas que destruyen empleo, que están bajando los salarios, que están recortando gasto público social y que están beneficiando todavía más a las rentas del capital, habiendo el Estado transferido al capital financiero en el rescate a la banca unas cantidades a todas luces exorbitantes (equivalentes a un 19% del PIB) que ha ido a enriquecer en su mayoría a una extraordinaria minoría que deriva sus rentas de ese capital.

Mientras, el Estado español continúa siendo de los menos redistributivos de la Unión Europea. Sin su intervención –a través de transferencias a la ciudadanía-, el 24% de los españoles serían pobres. Después de las transferencias, el 20% lo son, una reducción de cuatro puntos, mucho menos que en el promedio de la UE-15, ocho puntos, y mucho, mucho menos que en Suecia, que es más de tres veces más. Esta es la escasa capacidad redistributiva del Estado español. Todos estos datos muestran la enorme influencia que las fuerzas conservadoras (de distintas sensibilidades políticas) y liberales tienen sobre el Estado español, consecuencia de la limitadísima democracia existente en este país.

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Público.es 
http://blogs.publico.es/dominiopublico/7256/espana-es-un-pais-extraordinariamente-desigual/

Un sueño de multinacionales que paguen impuestos

Londres,-Si las multinacionales fueran iguales que tu y yo y  tuvieran que pagar impuestos en los paises en los que realizan su  verdadera actividad económica , ¿quien se beneficiaria y quien se vería perjudicado? Pues, Grecia por ejemplo,  sería un ganador. Italia también. Alemania también. España probablemente. Los perdedores europeos serían Holanda, Luxemburgo, Irlanda , Suiza y algún otro centro offshore. Esto, segun los datos de un estudio preliminar sobre multinacionales estadounidenses bajo el sistema actual y un sistema unitario (se explica más adelante) de Alex Cobham del Center for Global Development y la Universidad de Londres. (Ver gráfico taxbase3333 )

El informe que la OCDE ha presentado hoy (viernes 19 de julio) en el G20  interministerial de Moscú, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), incluye una serie de medidas destinadas a combatir la erosión de la base tributaria en estados naciones provocada por la ingeniería fiscal de las corporaciones multinacionales y el desplazamiento de beneficios a filiales situadas en paraísos fiscales. Pero, según los expertos en contabilidad de Tax Justice Network en Londres, se debería adoptar un sistema unitario para que  las multinacionales paguen sus impuestos en los  países en los cuales , de verdad, realizan sus actividades económicas (ventas, beneficios etc.) y no en regímenes offshore y paraísos fiscales. Como se ve en el gráfico, un sistema tributario basada en la actividad económica real supondría enormes ventajas para países en apuros como Grecia (su base tributaria subiría el 150%, según un estudio preliminar) mientras que aniquilaría a países como Luxemburgo, Holanda, Irlanda  suiza que atraen a multinacionales con   regímenes especiales que , según ya hasta la OCDE  reconoce, constituye una nociva competencia desleal.  Aunque Portugal seria un perdedor, bajo un sistema unitario de tributación de multinacionales estadounidenses, en general, saldría ganando la periferia dela zona euro. Mientras, países como Luxemburgo y Holanda, que han sido locuaces en sus criticas a los “despilfarradores países del sur” que “han vivido por encima de sus medios”, sufrirían una fuerte contracción de sus bases tributarias. Suiza también.

La OCDE identifica acertadamente el problema de desplazamiento de beneficios (profit shifting) que , en ocasiones anteriores, he intentado explicar, y en  este también. En el resumen del informe publicado esta mañana (viernes)  afirma: “Las normas internacionales y nacionales sobre impuestos deberían estar basadas en la renta y la actividad económica que las genera. Las reglas actuales de transferencia de precios (desplazamiento de beneficios) pueden en algunos casos, facilitar la separación de beneficios tributables de las actividades de creación de valor que dan lugar a estas rentas. El nuevo plan de acción (…) garantizará que los beneficios no puedan ser desplazados artificialmente mediante la trasferencia de intangibles (patentes, derechos de autor), riesgo  o capital, desviándose desde los países en los que se crea el valor”, afirma en el informe.

Pero, no va ni mucho menos suficientemente lejos para combatir un problema que amenaza la solvencia de muchos  estados naciones que arrastran enormes deudas públicas a la vez que genera competencia desleal pro parte de las grande corporaciones multinacionales frente a pymes y empresas nacionales que no pueden usar sistemas de ingeniera fiscal para evitar impuestos. “El plan de acción es una serie de parches  individuales , ; son positivas como respuestas inmediatas a los enormes agujeros en el sistema tributario internacional”, explcia Sol Picciotto de la Universidad de Lancaster. “Pero es como  tapar agujeros en un colador”, añade.

Es más, según Global Financial Integrity en Washington, otro grupo de expertos en el sistema de ingeniería fiscal mundial, la OCDE no ha hecho frente al problema de transparencia pese a las directrices del G8 de elaborar normas para obligar a las multinacionales a publicar datos sobre ventas, beneficios e impuestos pagados a escala nacional, la única manera de saber exactamente donde estas corporaciones globales pagan sus impuestos .  esto se concoe como country by country reporting (país por país) y, aunque le parezca mentira, pocas mutlinacionales publican esta contabilidad básica en cada pais dejándonos en la oscuridad mas impenetrable respecto a cuantos impuestos deberían pagar en cada pais. “Como sabemos de las últimas investigaciones sobre el desplazamiento trasnacionales de beneficios de Apple, Starbucks Google etc., las corporaciones internacionales han inventado sistemas creativos para sacar los beneficios de los países en los que se han realizado para declararlos en paraísos fiscales”, dijo Tom Cardamone de GFI. Pero la OCDE no ha especificado la necesidad de normas de contabilidad country by country . Cardamome insta al G20 en Moscú este fin de semana a “avanzar los pasos dados en el G8 el mes pasado para exigir que las corporaciones multinacionales publiquen información país por país “

Pero la verdadera solución al escándaloso hecho de que las compañías más poderosas del mundo -en un momento de beneficios record pese a la crisis fiscal – apenas pagan impuestos es cambiar radicalmente el sistema de tributación en el cual cada filial de una multinacional se considera una entidad independiente. Según los expertos de la Tax Justice Network a los que conocí en la conferencia celebrada en Londres este mes, lo que hace falta, en realidad, es un sistema unitario de tributación de las compañías transnacionales que asignaría a cada filial nacional una carga tributaria correspondiente a sus ventas, beneficios, plantilla y salarios en ese país.

¿Cómo afectaría un sistema unitario de este tipo a la base tributaria de los países de la OCDE? Pues , según  el estudio  de Cobham , lso grandes paises europeos   serían  beneficiarios netos de este sistema pese a que sus principales paraíso fiscales -Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Suiza- perderían gran parte de su base tributaria. Alemania es el gran ganador. Con un sistema en el cual las multinacionales  estadounidenses pagasen impuestos según su actividad económica real,  la base tributaria alemana se multiplicaria por casi seis. Francia también es un gran beneficiario.  Grecia, un estado insolvente y sometido a durísimas políticas de austeridad. Si las multinacionales estadounidenses que operan en Grecia pagasen sus impuestos según la actividad realzada en ese país, la base tributaria aumentaría más del 150%. En Italia -otro país en crisis de endeudamiento- la base subiría el 270%. Portugal y España verían un aumento del 100% aproximadamente, dice Cobham “Es un estudio muy preliminar pero se ve que los países grandes europeos salen ganando en el sistema unitario de tributación”, dijo Cobham. Más dinero, quizás ,apara aportar más a la crisis de la zona euro. España no se incluye en el estudio pero Cobham calcula que se vería ligeramente beneficiado por un sistema más justo.

Andy Robertson

La Vanguardia.com

http://blogs.lavanguardia.com/diario-itinerante/?p=2065

La mentira de los fondos privados de pensiones

Si el sistema público de pensiones es objeto de toda clase de ofensivas se debe en parte a que las entidades financieras lo han considerado siempre un obstáculo para expandir un negocio para ellas muy lucrativo, los llamados “fondos privados de pensiones”. Llamados, sí, porque de pensiones tienen muy poco, por lo menos tal como se plantean en España, en donde ni siquiera las posturas más radicales los contemplan como una alternativa global al sistema público. La sustitución de un sistema por otro comportaría numerosos e insolubles problemas, entre otros elevar el déficit público en al menos 10 puntos.

En España, los fondos privados se conciben como complementarios de las pensiones públicas. Tras lanzar el infundio de que estas deben disminuirse para hacerlas viables, y ante la dura perspectiva que se ofrece con una prestación pública reducida en su mayoría a un nivel de miseria, la única solución que se propone es que cada trabajador durante su vida laboral ahorre para la vejez, pues no otra cosa son los fondos de pensiones, una forma de ahorro, y por cierto, no de las mejores. Incluso diríamos que de las peores para el ahorrador, dado que su rentabilidad, si existe, irá a parar a las entidades financieras en forma de comisiones, ya sean de gestión o de depósito. El ahorrador perderá la disposición de sus recursos, puesto que serán las gestoras dependientes de las entidades financieras las que decidirán sobre las inversiones y nadie garantiza que opten por lo mejor para los partícipes, más bien lo probable será lo contrario, que actúen de acuerdo con los intereses financieros de los grupos a los que pertenecen.

El único aliciente con el que han contado los fondos de pensiones es la desgravación fiscal en el IRPF. El beneficio, no obstante, no es tan grande como podría parecer a primera vista. Si bien las aportaciones se deducen de la base imponible del impuesto, cuando se rescata parcial o totalmente el fondo, la cantidad correspondiente se debe incluir en la base imponible de ese ejercicio. Desde esta óptica, el beneficio fiscal consiste tan solo en posponer el momento en que se hace efectivo el gravamen. La única ventaja hipotética radica, pues, en que el tipo marginal del impuesto pudiera ser menor en el momento de la jubilación que durante la vida activa.

Hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en la que se modificó la normativa, contaban con otro aliciente. Llegada la jubilación, el fondo se podía rescatar de una sola vez, y su tratamiento como renta irregular comportaba que la incorporación a la base imponible se limitaba al 60 % de su cuantía. Esta ventaja desaparece para las nuevas aportaciones que se realicen a partir de la fecha en que se modifica la normativa. Si hasta ese momento era muy dudosa la conveniencia de realizar aportaciones a los fondos privados, a partir de entonces parece evidente que únicamente la ignorancia y el desconocimiento pueden conducir a que se quiera invertir en esta modalidad.

En todo caso, lo que resulta innegable es que los fondos de pensiones dejarían de existir en el caso de que desapareciese la desgravación fiscal, tal como se encargaron de argumentar sus propios defensores cuando en el año 2006 cundió el rumor de que iban a suprimir la desgravación, pero ¿cuál es la razón de ser de un producto financiero que nadie, ni ricos ni pobres, estarían dispuestos a demandar sin beneficios fiscales? ¿Y por qué incentivar una forma de ahorro frente a otra? Resulta curioso que los defensores a ultranza del liberalismo económico, quieran imponer a los trabajadores el destino de sus ahorros.

El único motivo para mantener la desgravación, y por tanto la existencia de los fondos, es la de beneficiar a las entidades financieras concediéndoles un negocio seguro, rentable y que además les dota de un enorme poder económico: el que les confiere manejar a su antojo una ingente cantidad de recursos cautivos. Lo que son perjuicios para los ahorradores constituyen ventajas para las entidades financieras. Resulta enormemente paradójico que sean los propios ahorros de los trabajadores, materializados en los fondos de pensiones -especialmente los de aquellos países en que las pensiones públicas están externalizadas-, manejados por las entidades financieras y a través de los mercados, los que presionen para desarmar el Estado social e imponer las condiciones económicas más regresivas.

Ofrecer como solución a la contingencia de vejez el ahorro que cada trabajador haya podido acumular a lo largo de su existencia es condenar a la pobreza a la mayoría de la sociedad al final de su vida laboral. Es bien sabido que el 60 % de la población no puede ahorrar nada (no llega a final de mes) y otro 30 % lo hace en unos niveles tan reducidos que difícilmente esos recursos servirán para solucionar nada en la vejez. Si lo que proyectamos es una especie de eutanasia colectiva, si vivimos en una sociedad que no quiere mantener a sus mayores, digámoslo claramente, pero no engañemos al personal con los fondos de pensiones.

Juan Fco Martín Seco

República.com

http://www.republica.com/2013/07/18/la-mentira-de-los-fondos-privados-de-pensiones_679039/

 

El fracaso de los planes de austeridad en 2 gráficas

Desempleo en ZonaEuro, UE, EEUU y Reino Unido

El experimento de los planes de austeridad propiciado por el documento de Reinhart y Rogoff y aplicado en Europa sin anestesia y en la más sórdida crueldad, está demostrando su más absoluto fracaso tal como confirman estas dos gráficas. En la primera vemos la brutal elevación del desempleo a nivel de ZonaEuro y toda Europa desde la aplicación de estos planes que, supuestamente, iban a ordenar la economía. En la segunda, vemos la caída en el PIB de la Zona Euro con la aplicación de los planes de Reinhart y Rogoff.

 

La tesis de estos planes era que la reducción del gasto público alentaría la inversión privada y aumentaría el consumo. Esta idea se basa en el efecto crowding-out (o efecto desplazamiento, ver el Modelo IS-LM ) en la cual el gasto público no hace más que desplazar (reemplazar o suplantar) el gasto y la inversión privada. Este es un concepto que viene desde los años 70, con la revolución monetarista que aplacó y exterminó el keynesianismo aplicado entre fines de la segunda guerra mundial y comienzos de los años 70. El argumento de esta tesis señala que una retirada masiva del sector público inspirará una gran confianza en el sector privado dado que todo el terreno queda a sus anchas.

Esta tesis está demostrando ser completamente falsa dado que las empresas no han aumentado la inversión pese a constatar la retirada masiva del gobierno. Por otra parte el ahorro del gasto público no ha significado un aumento del gasto privado sino muy por el contrario, el gasto privado también se ha contraído. Esto ha traído como consecuencia un aumento importante en el desempleo dado que las empresas, apenas olieron recortes en el gasto público, no aumentaron la inversión sino que la disminuyeron. Con esto no hicieron más que aumentar el desempleo y propagar el círculo vicioso de caída en el empleo-caída en el consumo-más caída en el empleo.

 

PIB trimestral zona euro

La economía europea se encuentra en muy mal pie, y la aplicación errónea de planes de austeridad en momentos completamente inoportunos no ha hecho más que agravar la situación. Esto es parte del drama que vive Portugal, producto de unos planes de austeridad que no han hecho más que hundir en el pantano a la economía. No se trata de estar en contra de la austeridad per-se, pero hay momentos y momentos en la economía de las naciones. Y es en el momento del despilfarro donde deben ceñirse las voces que induzcan a los planes de austeridad, no en los momentos de crisis como la actual, sin duda una de las mayores crisis de la historia.

Lo que se tiene a desconocer o negar (por desconocimiento o intereses de manipulación) es que en momentos de Trampa de Liquidez, cuando la tasa de interés está cercana al cero por ciento, cuando el consumo está totalmente deprimido, cuando los precios van a la baja y cuando el desempleo es brutal, alentar aún más el desempleo, el consumo y la caída de los precios por la vía de la austeridad es simplemente ridículo. Pero esa es la ridiculez de las medidas que impone la troika, una de las tantas locuras de esta crisis a la cual nadie es capaz de poner un freno.

 

Marco Antonio Moreno

El Blog Salmón

http://www.elblogsalmon.com/economia/el-fracaso-de-los-planes-de-austeridad-en-dos-graficas

El error de unos pocos, el sacrificio impositivo de muchos

I

Muchos y graves son los problemas que nuestra economía tiene que afrontar en el actual periodo de crisis, del que podíamos contar en estos momentos seis largos años. Es debate común el intentar encontrar un responsable, a la vez que es problema del conjunto establecer unas premisas sobre las cuales podamos plantear una salida de esta situación económica tan desfavorable. Resulta primordial determinar tanto al responsable de la crisis como aquellas medidas necesarias para salir de la misma. Y ello es debido a que, transcurridos seis años y viendo cómo el conjunto de economías desarrolladas de nuestro alrededor crece en torno al 3% (dejando aparte economías emergentes que están canalizando crecimientos superiores al 6%), la situación para nuestro país en ningún caso va a ser cíclica y pasajera. Difícilmente llegará un momento en el que la economía española pueda de nuevo subirse a una ola y despegar, por lo que será del todo necesario encontrar mecanismos de creación de tal despegue para el conjunto de nuestra economía.

Abordaremos a continuación la primera de las figuras, esto es, el responsable de la crisis; tarea ciertamente complicada porque nadie quiere serlo y todo aquel que sea sospechoso no duda en señalar al de enfrente, máxime si su colectivo o intereses se sitúan en tela de juicio o en posición de riesgo. Pues bien, muchos tributaristas culparán de la crisis al desplome de los ingresos públicos, puesto que a nadie se le escapa que dejar de ingresar más de un 20%, y sobre todo si este 20% se traduce en cifras que superan los 22.000 millones de euros, supone un notable quebranto para cualquier economía.

Muchos gestores culparán de esta situación a la pésima gestión de los recursos públicos en época de bonanza económica. Así, quedan en entredicho la eficacia de las inversiones realizadas, que contribuyen a acumular gastos por intereses en importes cercanos a los 38.000 millones de euros anuales, y con una tendencia a crecer en los siguientes años si no se controla la prima de riesgo.

Muchos economistas culparán sin duda al sistema financiero, cuyas entidades se han beneficiado durante la crisis con transferencias cercanas a los 54.000 millones de euros, teniendo en cuenta tanto las ayudas directas como las derivadas del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, y que en ningún momento se han traducido en liquidez y créditos para la inversión productiva.

Muchos empresarios señalarán el desplome de la construcción como desencadenante de la crisis, en tanto que se trataba del sector más dinámico de la economía española, con cerca de dos millones de trabajadores vinculados al mismo.

Y finalmente, muchos ciudadanos culparán de la crisis a aquellos no contribuyentes que, de forma insolidaria, dejan de pagar sus impuestos con un fraude estimado en más de 88.000 millones de euros anuales. De hecho, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que cada español debe pagar anualmente al Fisco unos 1.910 euros de más para compensar los impuestos que otros contribuyentes dejan de tributar debido al fraude y la evasión fiscal.

Y un resumen acertado, situaría como desencadenante de la crisis al cúmulo derivado de las anteriores situaciones, basado en el desplome del mayor sector productivo del país, la construcción, que arrastró con él a un sector financiero más preocupado por obtener dividendos que por salvaguardar su estabilidad; y todo ello unido a un sector público endeudado y mermado aún más por el desplome de los ingresos por impuestos, y las enormes cifras de fraude fiscal existentes.

II

Pero tema aparte y donde sin ninguna duda nadie entrará en controversia, será en analizar quiénes son los que realmente, y con enorme sacrificio, pagan las consecuencias de la crisis. Basta con echar un vistazo al Informe Anual de Recaudación Tributaria para comprobar que en el periodo 2006-2010, con más de cuatro millones de desempleados, los ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no sólo se mantuvieron, sino que se incrementaron en más de 4.000 millones de euros (resultado propiciado por la subida de este impuesto). Por su parte, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) pasó de recaudar 54.652 millones de euros a 49.086 millones, un descenso muy bajo visto el desplome de la actividad económica en ese periodo (y que se puede explicar por los aumentos de los que ha sido objeto dicho impuesto). Mención aparte tendría el Impuesto sobre Sociedades, que, en apenas cinco años, ha pasado de recaudar 41.675 millones de euros a 14.156 millones el año pasado, lo que da una idea de los problemas fiscales que padece el Estado.

Dos son los aspectos a destacar de estas cifras. En primer lugar, cerca del 80% de la recaudación tributaria en nuestro país viene directamente de dos impuestos: el IRPF y el IVA, y ambos recaen de manera inmisericorde y con un mayor esfuerzo fiscal sobre las rentas medias y bajas. Por de pronto, está el IRPF, que es básicamente un impuesto a los trabajadores, dado que cerca del 90% de lo que se recauda mediante él procede de rentas del trabajo. De las estadísticas oficiales se desprende otro dato: las clases medias son las más castigadas por el IRPF, de tal modo que sólo un tercio de los contribuyentes paga el 52% de todo el IRPF que recauda Hacienda, unos 35.000 millones de euros. Son 5,8 millones los contribuyentes que declaran unos ingresos anuales de entre 21.000 y 60.000 euros.

Por su parte, el IVA es un impuesto aún menos redistributivo y proporcional que el IRPF, puesto que, independientemente de la Renta, el ciudadano paga obligatoriamente un tipo general del 21% en sus compras, sin posibilidad de deducción alguna. Y, ciertamente, son las rentas bajas y medias las que tienen mayor propensión al consumo al no poder destinar prácticamente nada de su renta al ahorro. Si éstas son las rentas que sostienen la estructura impositiva del país, ¿por qué no establecer como solución de justicia tributaria un impuesto alto sobre las empresas, sumado a un gravamen sobre los grandes patrimonios?

Las empresas ingresan IVA, pero no como un exceso de coste final como le ocurre al consumidor final, sino que actúan como meros transportadores del IVA que previamente han girado a sus clientes. Y respecto a su renta, pagan un Impuesto sobre beneficios plagado de deducciones y con un tipo efectivo que para sí quisieran los asalariados de renta media. Así, las empresas españolas ganaron 218.019 millones de euros en el año 2007 (y estamos hablando únicamente del último año de una década de enormes beneficios empresariales), ingresando 41.675 millones de euros, lo que nos da un tipo efectivo medio que no llega al 20% (recordemos que el tipo de gravamen más bajo en el IRPF se sitúa en el 24%, aplicándose progresivamente hasta gravar con tipos máximos del 52 al 56%).

En referencia a las grandes fortunas, un dato significativo del reparto de la riqueza mundial es el que señala que el 2 por ciento de la población posee más de la mitad de la riqueza global, según un informe de la ONU. Pero para nuestro país la estimación no es menos abrumadora. De acuerdo con los datos del Banco de España, a octubre de 2010 el 10% de las familias españolas concentran el 70% de la riqueza financiera disponible y se estima que no más de medio millón de personas acumulan en sus manos una riqueza financiera por un valor superior a los tres billones de euros.

Se entiende, pues, que en estos momentos de crisis económica en los que todos advierten la necesidad de reactivar la capacidad productiva del país, es necesaria la solidaridad de aquellos que obtuvieron pingües beneficios en la época de bonanza económica. Los grandes beneficiados de entonces no pueden ser ahora los grandes desaparecidos e los intentan que el peso de los impuestos recaiga sobre la clase asalariada.

III

Llegados a este punto, hemos de sacar una conclusión práctica, la necesidad de una reactivación de la actividad económica, bien porque la riqueza empresarial acumulada en tiempos de bonanza económica se invierta en la generación de empleo y vuelva a entrar en la economía, bien porque la élite social no deslocalice su patrimonio, pague sus impuestos sobre el mismo y nutra de liquidez al sistema (vía inversión directa, vía impuestos que se traduzca en gasto social).

Su inactividad está generando una crisis que amenaza con perpetuarse si no se establecen controles tributarios a la deslocalización de los beneficios empresariales, así como controles a la ocultación de los grandes patrimonios. La solución ya no puede ser la subida de los impuestos, como el IVA y el IRPF, que recaen sobre los que siempre pagan, porque el sacrificio fiscal que están soportando estos contribuyentes es excesivo y supondría un recorte considerable de su, ya de por sí mermada, capacidad económica.

A pesar de ello, el Gobierno ha afirmado que mantendrá el gravamen solidario del IRPF para el año 2014, es decir, un año más de lo previsto, y que lo eliminará sólo en 2015. La pregunta es: ¿para cuándo un gravamen solidario de los realmente beneficiados por la crisis? Seamos cautelosos y tomemos nota de lo que nos indica la “curva de Laffer”. Esta curva demuestra que siempre llega un momento en el que una subida impositiva ya no se traduce en un incremento de recaudación. Liso y llano: subir impuestos constantemente no supone ingresar más; sobrepasado un punto que podríamos denominar “sobreesfuerzo fiscal máximo”, cualquier aumento impositivo se traduce en una caída de la recaudación a causa del empobrecimiento global de la economía. Es más, puede llegar un momento en el que el tipo de gravamen sea tan alto que la recaudación se convierta en prácticamente inexistente. Y esto lo sabemos todos, porque el 40, 50 o 60% de cero... al final siempre va a ser cero, sobre todo si se intenta sobrecargar de impuestos a los que permanentemente contribuyen y constatan que no se les ofrecen soluciones para que la situación revierta.

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto.e y coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) 

Mientras Tanto

http://www.mientrastanto.org/boletin-115/notas/el-error-de-unos-pocos-el-sacrificio-impositivo-de-muchos