Los orígenes del sistema financiero

A propósito de los cien años de la Reserva Federal que se celebran la próxima semana, hablaremos un poco de los bancos centrales, describiendo su historia, sus funciones y sus objetivos de política. Los bancos centrales emergieron en los países industrializados de occidente mucho más tardíamente que los bancos privados. Hay señas de bancos privados 2.000 años antes de Cristo, lo que indica que los bancos privados tienen una data de 4.000 años. Pero los bancos privados se potenciaron a medida que el sistema mercantilista de los siglos XV, XVI y XVII generó la necesidad de almacenar en forma segura el oro y los metales preciosos que llegaban a Europa provenientes del saqueo en los confines del mundo. La corriente mercantilista señalaba que el atesoramiento de los metales preciosos era la clave de la prosperidad de los países y la familia Médici detectó las ventajas del atesoramiento y ofreció los servicios de la custodia del oro a otras ricas familias europeas.

Los bancos centrales nacieron en el fulgor del mercantilismo y surgieron como mediadores financieros de los bancos privados. En un principio los bancos centrales se encargaban de facilitar los pagos entre los bancos privados, pero no siempre tuvieron el rol de ser prestamistas de última instancia cuando un banco carecía de liquidez. Con el tiempo se convirtieron en la autoridad responsable de las políticas que afectan la oferta de dinero y el crédito. Luego fueron incorporando herramientas para operaciones monetarias de políticas de mercado: préstamos por ventanilla a la banca privada, cambios en las exigencias de reservas que podían afectar las tasas de interés a corto plazo, y el control de la base monetaria para lograr objetivos de política económica.

En la actualidad existen tres objetivos fundamentales de política monetaria que administran los bancos centrales. El primero y más importante es la estabilidad de precios o la estabilidad en el valor del dinero. Esto significa mantener una baja tasa de inflación, con un objetivo actual del 2 por ciento. El segundo objetivo es mantener la estabilidad macroeconómica para evitar las perturbaciones financieras. Esto significa que se espera que la política monetaria aplique medidas para suavizar el ciclo económico y compensar los shocks de la economía. El tercer objetivo es la estabilidad financiera y el normal funcionamiento de los pagos externos e internos. Esto significa la existencia de un sistema de pagos eficiente que de credibilidad a todo el sistema.

Los primeros bancos centrales 

La historia de la banca central se remonta al menos al siglo XVII, con la fundación de la primera institución reconocida como un banco central, el Banco de Suecia. Este banco se estableció en 1668 con un fondo de acciones de los bancos privados y se destinó a prestar fondos al gobierno y actuar como centro de intercambio para el comercio. Casi tres décadas más tarde, en 1694, se creó el Banco de Inglaterra, que sería el más famoso banco central durante casi 300 años. Este banco también se fundó como una sociedad por acciones para la compra de deuda pública. Los otros bancos centrales que se establecieron más tarde en Europa tuvieron la misma concepción: eran una rama de la banca privada que se destinaba a lidiar con el desorden monetario y a prestar a los gobiernos. Por ejemplo, el Banco de Francia fue creado por Napoleón en 1800 para estabilizar la moneda después de la hiperinflación del papel moneda generado durante la Revolución Francesa y las conquistas napoleónicas, así como para ayudar en las finanzas del gobierno. Estos primeros bancos centrales emitían notas privadas que servían como moneda, y pronto adquirieron el monopolio en la emisión de esta notas de deuda.

La experiencia de Estados Unidos no fue la excepción a esta regla de bancos centrales originados desde el oligopolio de la banca privada. A principios del siglo XIX, Estados Unidos creó el Banco de los Estados Unidos (1791-1811) y luego un segundo Banco de los Estados Unidos (1816-1836) tras el cierre del primero. Ambos bancos se establecieron siguiendo el modelo del Banco de Inglaterra. Pero a diferencia de los británicos, los estadounidenses tuvieron una desconfianza profunda de cualquier concentración de poder financiero en general, y de los bancos centrales, en particular. 

Tras el fin del segundo Banco de Estados Unidos siguió un período de casi 80 años caracterizado por la inestabilidad financiera. Entre 1836 y el inicio de la guerra civil, Estados Unidos no tuvo un banco central y los bancos privados dominaban el sistema en el más absoluto desorden. La falta de regulación permitía entrar y salir del sistema financiero con gran facilidad. A lo largo de estas casi ocho décadas las quiebras bancarias eran frecuentes (hubo varios pánicos bancarios), como también el nacimiento de nuevos bancos. El sistema de pagos era notoriamente ineficiente dado que cada banco imprimía sus propios billetes y cundían las falsificaciones. 

En el período de la Guerra Civil (1861-1865), Abraham Lincoln creó el primer y único Banco Central público del país, con el objetivo de garantizar los pagos de guerra. Esto permitió mejorar la eficiencia del sistema de pagos y proporcionar una moneda uniforme basada en los billetes de los bancos estatales. Este Banco Central no tenía la facultad de ser prestamista de último recurso, pese a estar en un época plagada de graves pánicos bancarios. Pero este Banco Central público sucumbió tras el asesinato de Lincoln. Hay tesis que sostienen que el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, también fue el resultado de patrocinar la idea de un Banco Central público para Estados Unidos y hacer que el Tesoro se encargara de la emisión de billetes.

El origen la Reserva Federal

La crisis financieras que se sucedieron en Estados Unidos tras el fin de la Guerra Civil tuvieron en 1907 la gota que colmó el vaso. Esto fue lo que condujo a la creación de la Reserva Federal en 1913, en una reunión de los principales banqueros del país. La Reserva Federal recibió el mandato de proporcionar una moneda uniforme y elástica que diera amplia cabida a los movimientos estacionales, cíclicos y seculares de la economía de Estados Unidos, y también para que sirviera como prestamista de último recurso a los bancos privados. Este es el origen del sistema de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos que este lunes cumple cien años.

 

El Sistema de la Reserva Federal pertenece a la última generación de bancos centrales surgida a comienzos del siglo XX. Este sistema fue creado principalmente para consolidar los distintos sistemas financieros que se estaban empleando para el uso de la moneda y para proporcionar estabilidad financiera al mercado. En sus orígenes, este banco fue creado para gestionar el estándar del oro, tal como lo establecieron la mayoría de los bancos centrales en el siglo XVIII.

El patrón oro, que prevaleció hasta 1914, significaba que cada país definía su moneda en términos de un peso fijo de oro. Los bancos centrales mantenían grandes reservas de oro para asegurarse que sus billetes de papel moneda se podrían convertir en oro. Cuando las reservas se reducían debido a un déficit de la balanza de pagos o de las circunstancias internas adversas, podían elevar sus tasas de descuento (las tasas de interés a los que les prestan dinero a los otros bancos). Esto aumentaba las tasas de interés de manera más general, lo que atraía la inversión extranjera y con ello el ingreso de más oro al país.

La estabilidad de precios

Los bancos centrales se adhirieron a la regla de oro de mantener la convertibilidad del oro por encima de cualquier otra consideración. La convertibilidad del oro sirvió como ancla nominal de la economía. Es decir, la cantidad de dinero que los bancos podían suministrar estaba limitada por el valor del oro que se mantenía en reserva, y esto a su vez determinaba el nivel de precios vigente. Debido a que el nivel de precios estaba ligado a un producto conocido, cuyo valor a largo plazo era determinado por las fuerzas del mercado, las expectativas sobre el futuro nivel de precios estaban atados a este valor. Esto indica que desde muy temprano los bancos centrales estuvieron comprometidos con la estabilidad de precios. Y como la teoría económica señalaba que el dinero era neutral en el corto y el largo plazo, no existían otras preocupaciones para la banca central relacionadas con la estabilidad de la economía real. Su objetivo se limitaba a cumplir con el estándar del oro. En 1944 se creó el sistema de Bretton Woods que estableció el valor de la onza de oro en 35 dólares. Este sistema sucumbió en 1971 originando el desorden financiero de las últimas cuatro décadas.

Préstamista de última instancia

Los bancos centrales también aprendieron a actuar como prestamistas de última instancia en tiempos de estrés financiero, cuando eventos como las malas cosechas, incumplimientos en los pagos o guerras precipitaban una lucha por la liquidez. En estas ocasiones los depositantes corrían a los bancos a retirar su dinero en efectivo y se encontraban que los bancos no tenían dinero. La norma de los bancos centrales obligaba a la banca a proteger sus reservas de oro aunque esto implicara dar la espalda al público. Esto generó situaciones de gran pánico financiero en el siglo XIX con las crisis de 1825, 1837, 1847 y 1857, que generaron grandes críticas al Banco de Inglaterra

 

A partir de ese momento el Banco de Inglaterra optó por mitigar los pánicos financieros y adoptó la “doctrina de la responsabilidad” (1873), propuesta por el escritor y periodista económico Walter Bagehot, que obligaba a los bancos a subsumir el interés privado al interés público en el sistema bancario en su conjunto. Desde entonces, los bancos centrales comenzaron a seguir la regla de Bagehot, que permitía prestar libremente, pero con una tasa de penalización (es decir, más alta que las tasas de mercado), para desincentivar las operaciones fraudulentas del sistema financiero y evitar el riesgo moral. Los bancos aprendieron la lección y durante casi 150 años (desde 1866) no hubo crisis bancarias en Inglaterra. Hasta que en agosto de 2007 estalló la crisis en curso. 

Marco Antonio Moreno

El Blog Salmón

http://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/los-origenes-del-sistema-financiero

Aseveración a comprobar: “Los mercados somos todos”

Cuando uno señala como culpables parciales a los mercados financieros de que el gobierno se vea empujado a realizar recortes y a aumentar impuestos regresivos (a través de la presión que ejercen sobre las condiciones de financiación del Estado español –la famosa prima de riesgo), nos encontramos con que muchas veces nos responden que nuestra acusación es absurda porque “los mercados somos todos”.

Planteamiento

Este discurso se basa en que cualquier persona, ya sea a título individual u organizándose con otras personas a través de empresas financieras o de fondos de capital, puede  financiar –y de hecho lo hace– al Estado español (o invertir en cualquier otro activo financiero). Así las cosas, el término los mercados financieros designa a un sujeto abstracto que aglutina a una proporción importante y relativamente aleatoria de la población, sin que existan diferencias de renta, poder o clase. Culpar a los mercados financieros no tiene sentido porque los mercados somos todos, y caeríamos en el contrasentido de culparnos a nosotros mismos.

Verificación

Los datos (1) dejan muy claro que “los mercados financieros” no somos todos, ni mucho menos.

-Sólo el 10,4% de los españoles invierte en bolsa.

-Sólo el 5,6% de los españoles participa en fondos de inversión.

-Sólo el 1,4% de los españoles invierte en valores de renta fija (bonos, Letras del Tesoro, etc).

-Sólo el 25,7% de los españoles participa en planes de pensiones.

-Sólo el 6,8% de los españoles posee activos financieros diferentes de los mencionados.

Además, las personas que invierten en estos activos financieros no son sólo una minoría de la población española, sino que son fundamentalmente las que disfrutan de mayor renta. Por ejemplo, solamente el 2,1% del 20% más pobre de las familias españolas emplean fondos de inversión. En cambio, el 18,4% del 10% más rico de los hogares españoles utiliza este vehículo de inversión (2).

En conclusión, “los mercados financieros” no somos todos sino que se trata de una pequeña parte de la población, que además es sobre todo la más acaudalada.

Desarrollo de los argumentos

No todo el mundo puede invertir en activos financieros. Para hacerlo es necesario tener dinero (y en algunos casos mucho dinero). Por mucho que la legislación permita a cualquier persona comprar este tipo de activos, si no disponen de dinero suficiente no podrán hacerlo. Existen muchas familias españolas que no pueden ni plantearse una opción así, al vivir con problemas para llegar a fin de mes. Otras familias, aún disponiendo de suficiente dinero, no conocen esa posibilidad por falta de información (no saben ni en qué consiste invertir en esos activos financieros, ni cómo hacerlo). Otras muchas sí saben de su existencia, pero no están interesadas en esas fórmulas de inversión, ya sea por pereza o por indiferencia. Recordemos que la costumbre española en los últimos años ha sido depositar los ahorros en depósitos bancarios de uno u otro tipo, y en algunos casos invertir en activos reales como inmuebles. Como consecuencia, las personas que efectivamente invierten en activos financieros (diferentes de los depósitos) son una minoría en la sociedad española.

Normalmente se habla de “los mercados” haciendo referencia al mercado de deuda pública española, debido a la importancia que ha tenido y está teniendo sobre las políticas fiscales del gobierno español. En este caso se trata de una serie de agentes económicos (particulares, empresas y administraciones públicas) que han prestado dinero al Estado español mediante la compra de títulos de deuda pública. Vamos a ver quiénes son estos agentes económicos que poseen estos títulos.

Como se puede apreciar en el gráfico (3), una buena parte de estos agentes corresponde a entidades financieras españolas (38,74%). Merece la pena destacar que la inmensa mayoría de estas empresas han sido ayudadas con fondos públicos en alguna ocasión, por lo que sorprende ver que sean estas empresas ayudadas las que prestan dinero a (y por lo tanto hacen negocio con) el Estado español. Una paradoja que esconde una auténtica estafa, como vimos en otro post.culo. El siguiente sector en importancia (37,39%) lo representan los agentes no residentes en territorio español, es decir, particulares, administraciones públicas y –sobre todo– empresas financieras extranjeras. El tercer peso más notable (13,57%) corresponde a las propias administraciones públicas españolas, fundamentalmente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la hucha de las pensiones). Otro sector importante es el de los fondos de inversión y de pensiones (7,09%). Finalmente, y con un reducido peso, tenemos a las empresas no financieras (2,45%) y a particulares (0,86%).

Ahora bien, cuando queremos bajar un poco más a lo concreto nos encontramos con un problema. Si intentamos saber quiénes son exactamente los agentes que operan con los títulos de deuda pública –para, entre otras cosas, averiguar quiénes están especulando contra ella en determinadas ocasiones (leer este artículo para entender cómo y cuándo lo hacen) – comprobamos que no hay forma de hacerlo. Podemos acceder a través del registro del Banco de España a las operaciones de compra y venta de títulos en un determinado momento, pero no podemos saber quiénes las están llevando a cabo. El Banco de España no publica esa información, y no hay forma humana de conocer con exactitud quién o quiénes están especulando con estos títulos. Uno no puede ocultar su asombro frente a esta situación, ya que si dispusiésemos de esa información podríamos saber quién o quiénes están lucrándose gracias al mayor coste que le supone al Estado financiarse (y por lo tanto, saber quiénes son en parte los responsables de los recortes que se ejecutarán en consecuencia). El argumento de los administradores del Banco de España es que conocer esa información carece de relevancia, debido a que el mercado de deuda pública es un mercado competitivo en el que intervienen muchos actores y que por lo tanto ninguno de ellos puede tener más poder que otros. Algo que, gracias a experiencias pasadas, sabemos es profundamente falso.

Sin embargo, aunque no podamos conocer el nombre y apellidos de aquellas personas que operan con títulos de deuda pública española, sí podemos saber algunas cosas de las personas que se benefician de estas operaciones (y que en última instancia son tan responsables de la sangría de recursos públicos como los que ejecutan la acción).

Empecemos centrándonos en los fondos de inversión. Como ya sabemos, los fondos de inversión son vehículos utilizados para invertir en activos financieros. Reúnen el dinero de muchas personas, y luego un operador financiero se encarga de destinar todo ese dinero a un proyecto del que se obtiene una rentabilidad. Uno de estos proyectos es la posesión de deuda pública española. Veamos qué familias utilizan estos vehículos financieros atendiendo a su nivel de renta (en la zona superior del dibujo aparecen las familias de mayor renta) (1).

Como se puede apreciar en el dibujo, a medida que las familias gozan de una mayor renta, existe mayor uso de este tipo de instrumentos financieros. Así, solamente el 2,1% del 20% más pobre de las familias españolas emplean fondos de inversión. En cambio, el 18,4% del 10% más rico de los hogares españoles acude a este vehículo de inversión. En realidad, las diferencias se hacen notablemente palpables para el 20% más rico de la población. Vemos, por lo tanto, que los principales beneficiarios de los fondos de inversión son las familias más acaudaladas.

Ahora pasemos a los planes de pensiones, que son vehículos de inversión parecidos a los fondos de inversión pero mucho menos arriesgados (y por lo tanto, recurren a comprar títulos de deuda pública en mayor medida que los fondos de inversión).

Comprobamos que se obtienen unos resultados similares a los anteriores. El 20% más pobre sólo utiliza este tipo de instrumento financiero en un 7,4% de los casos. Para las familias correspondientes al 10% más rico, esta participación es del 54,2%. Conforme las familias son más ricas, más utilizan y más se benefician de los planes de pensiones.

Veamos por último quiénes son, de alguna forma, los que se benefician de que las entidades financieras inviertan en títulos de deuda pública española. Esta constatación es la que menos información nos aporta de todas, porque existen importantes limitaciones metodológicas al respecto (no distinguimos entre empresas financieras y no financieras, no analizamos la cuantía ni evolución de los dividendos, ni conocemos en qué proporción invierten en este negocio atendiendo a cada una de las empresas). Sin embargo, se presentan los resultados como aproximación analítica, de forma que nos podamos hacer una ligera idea de quiénes son los que más se benefician de la posesión de títulos de deuda pública.

De nuevo, los resultados nos resultan familiares. Sólo el 3,5% del 20% más pobre posee acciones cotizadas en bolsa, mientras que este peso es del 34,9% para el 10% más rico de la población española. Son las familias más ricas las que más invierten en bolsa, y por lo tanto, las que más se benefician de la evolución positiva de estas empresas (especialmente en el caso del 10% más rico de la población).

En resumidas cuentas, estamos en condiciones de afirmar, pese a los impedimentos metodológicos señalados, que los principales beneficiarios del negocio de la deuda pública española son las familias más acaudaladas del país (y de otros países, en tanto en cuanto podemos imaginar que la distribución por renta de los propietarios de acciones de empresas financieras y participación en activos financieros es similar en el extranjero). Así las cosas, nos damos cuenta de que cuando nos dicen que hay que realizar recortes y aumentos de impuestos para contentar a “los mercados”, a quienes estamos contentando es en su mayoría a buena parte de las capas más acaudaladas de la población. Un perfecto fraude, por dos razones: en primer lugar, no podemos olvidar que los recortes y subidas de impuestos afectan más a las familias que menos recursos tienen y que afectan menos a las familias más acaudaladas; y en segundo lugar porque son las familias más acaudaladas precisamente quienes más se beneficiaron de las rebajas impositivas durante los últimos años, dándose la terrible paradoja de que hoy día el Estado español tiene que pedir prestado, y por favor, el mismo dinero que no hace mucho tiempo antes recaudaba fácilmente por impuestos a los mismos agentes económicos que hoy día se lucran con este negocio tan rentable.

Notas:
(1) Datos extraídos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, año 2008. Disponible en http://www.bde.es/f/webbde/SES/estadis/eff/eff2008_be1210.pdf

(2) Ibíd.

(3) Datos extraídos de las estadísticas del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Competitividad. Disponible en http://www.tesoro.es/doc/SP/home/estadistica/07.pdf

Eduardo Garzón

Saque de Esquina

http://eduardogarzon.net/aseveracion-los-mercados-somos-todos/

Las claves de la nueva ayuda de 30.000 millones a la banca

El pasado viernes 29 de noviembre, el gobierno aprobó un Real Decreto mediante el cual se autoriza y detalla una nueva ayuda pública a los bancos españoles por valor de 30.000 millones de euros. Esta ayuda consiste en que el Estado se compromete a respaldar con dinero público una buena parte de los activos tóxicos que tienen los bancos en su propiedad.

Pero, ¿qué son exactamente estos activos tóxicos? Diciéndolo llanamente: se trata de bonos-descuento que pueden usar los bancos en el futuro para no pagar impuestos. Estos bonos-descuento son creados por el Estado y entregados a los bancos cuando se presenta alguna de las siguientes situaciones:

1) El banco presenta pérdidas. Por ejemplo, si un banco obtiene beneficios de 100 euros, tiene que pagar 30 euros a Hacienda en concepto de impuesto de sociedades (porque su tipo impositivo es del 30%). En cambio, si el banco registra pérdidas de 100 euros, no pagará impuestos y el Estado le entregará un bono-descuento por valor de 30 euros. Imaginemos ahora que al año siguiente el banco obtiene beneficios de 100 euros. Sabemos que tendría que pagar 30 euros en concepto de impuesto de sociedades, pero si tiene un bono-descuento de 30 euros entonces puede utilizarlo como pago y así librarse de entregar dinero a Hacienda.

2) El banco guarda parte de sus beneficios y los deja inmovilizados. Por ejemplo, el banco puede apartar una porción de los beneficios y destinarlos a un plan de pensión privado. Como este dinero proviene de los beneficios, tiene que pagar impuestos por él. Pero como en realidad el banco no puede beneficiarse de ese dinero porque está reservado para los propietarios del fondo de pensión, entonces el Estado le entrega un bono-comodín para que en el futuro el banco no pague esos impuestos que ahora está pagando injustamente. Otro ejemplo, el banco puede apartar una parte de los beneficios y dejarlos inmovilizados con la intención de utilizar ese dinero en caso de que lo necesite en una situación de urgencia (son las llamadas “provisiones”). De nuevo, el banco pagará impuestos por beneficios aunque no saque tajada de ellos y el Estado le entregará bonos-descuento para compensar ese contratiempo.

Hasta el momento, estos activos tóxicos no presentaban ningún problema. Las legislaciones española e internacional reconocían plenamente esta herramienta sin ningún problema. Lo que ocurre ahora es que a partir del 1 de enero de 2014 los mercados financieros (atendiendo a las normas bancarias internacionales recientemente acordadas) considerarán esos bonos-descuento como activos de mala calidad, y no de buena calidad como hasta entonces había sucedido. La razón es que en caso de que los bancos sufran algún contratiempo y necesiten utilizar dinero para solucionarlo, estosbonos-descuento no son nada útiles ya que son simplemente títulos (papelitos que sólo sirven para no pagar impuestos futuros) y no dinero contante y sonante. Y puesto que los inversores penalizarán a aquellos bancos que no posean una cantidad determinada de activos de buena calidad, el hecho de que ahora de buenas a primeras no puedan contar con losbonos-descuento entre esos activos de alto rango supone un revés bastante importante para estas entidades bancarias. Por lo tanto, los bancos necesitan aumentar la calidad de estos activos como sea antes de que acabe el año.

Pero, ¿cómo se puede aumentar la calidad de los activos tóxicos? Básicamente existen tres formas: 1) respaldar con beneficios esos activos tóxicos, lo que quiere decir que los bancos apartarían parte de sus beneficios (dinero contante y sonante) para fortalecer esos bonos-descuento, 2) pedir dinero (capital) en el mercado de capitales, y 3) que el Estado garantice con dinero público la solidez de los activos tóxicos.

Como se puede intuir, la tercera posibilidad es la que recoge el citado Real Decreto. El gobierno ha decidido que se reserve dinero público para aumentar la calidad de los activos tóxicos que poseen los bancos españoles. Sin embargo, el Estado sólo garantizará los activos tóxicos originados mediante la segunda situación comentada arriba. Los activos tóxicos que se hayan generado como consecuencia de que los bancos hayan registrado pérdidas (la primera situación) no van a ser respaldados con dinero público.

Por eso, aunque la cantidad total de activos tóxicos en manos de bancos españoles alcanza aproximadamente los 50.000 millones de euros, el Estado sólo respaldará 30.000 millones (los que han sido originados como consecuencia de haber inmovilizado una parte de los beneficios: planes de pensiones, provisiones, etc). El resto tendrán que ser garantizados mediante las primeras dos opciones planteadas: recurrir a beneficios o recurrir a capital en el mercado accionario.

De esta forma, esos 30.000 millones de euros provenientes del Tesoro Público no serán entregados inmediatamente a la banca. De momento, sólo están reservados para aumentar la calidad de los activos fiscales (por lo tanto, y de momento, el déficit estatal no aumentará). Ahora bien, si los bancos presentan en el futuro pérdidas o se declaran insolventes, entonces el Estado se verá obligado a entregar a la banca parte del dinero (o todo) que por ahora tiene reservado: 30.000 millones de euros. En ese caso, el déficit del Estado aumentaría en esa cantidad (el total equivale a un 3% del PIB).

Pero aquí no acaba la gracia. La Troika (el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional) ha dejado claro que esta ayuda no puede afectar sólo a la banca, porque supondría favorecer a un sector empresarial frente a otros. Por lo tanto, el Estado debe garantizar con dinero público no sólo los activos tóxicos de los bancos sino también los del resto de empresas privadas. Esto quiere decir que todos los “bonos-descuento” que el Estado ha entregado a empresas no financieras (sobre todo, grandes empresas como Telefónica o Endesa) por haber inmovilizado parte de sus beneficios (pagos por prejubilaciones, planes de pensiones para sus empleados, provisiones por morosidad, etc) serán respaldados con dinero del contribuyente. Si estas empresas presentan pérdidas o quiebran, el Estado les entregará dinero público.

En definitiva, nos encontramos con una nueva cuantiosa ayuda a la banca que se extenderá por ley a las empresas no financieras (y entre ellas, especialmente a las grandes empresas) y que sin ninguna duda mermará todavía más las arcas del Estado.

Eduardo Garzón

Saque de Esquina

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Capitalismo etéreo: de subcontratas, fondos financieros y autoritarismo tecnocrático

El capitalismo se parece cada vez más a la imagen de Dios habitual en las religiones monoteístas. Un ser lejano, inasible, irresponsable, incorporal, que se manifiesta a través de oráculos, al que no se le pueden pedir explicaciones... Y, como ocurre al menos con el catolicismo, si las cosas nos van mal, si nos equivocamos, es culpa de nuestra alma mortal, no de sus fallos de diseño. Sin duda, el capitalismo real es otra cosa, personas concretas que se enriquecen, que adoptan decisiones, que influyen sobre las condiciones de vida de millones de personas, cuyo modelo organizativo y comunicativo actual está diseñado para que ese poder y ese comportamiento aparezcan diluidos bajo la forma inmaterial de “los mercados”, “los reguladores globales”.

Los acontecimientos recientes nos dan nuevas pistas sobre cómo se ha producido este “endiosamiento” (en el sentido de la opacidad) del capital y nos ayudan a entender mejor cuales son sus mecanismos de poder.

Subcontratas

La exitosa huelga de las basuras de Madrid ha sido, más allá de la merecida victoria obrera, una buena lección para mucha gente. De una parte sobre el comportamiento de estas empresas, verdaderos tahúres que “compiten” por mercados cautivos con cartas marcadas: rebajan precios que después acaban traduciendo en una rebaja de condiciones laborales y (posteriormente) en un deterioro del propio servicio. Algo que ya se ha experimentado en otros muchos casos y que constituye un mecanismo que garantiza beneficios a costa de generar costes a la sociedad: a la propia plantilla y a los receptores del servicio. De otra, sobre el papel de la alcaldía, responsable de subcontratar sin control un servicio público y después desentenderse de las consecuencias laborales que genera el contrato. Aunque Ana Botella es una muestra visible de irresponsabilidad social, con matices propios de cada cual, cosas parecidas se pueden oír de la mayor parte de nuestros políticos (yo se las oí hace cuatro meses al alcalde de Barcelona, una persona más accesible que su colega madrileña, refiriéndose a otro conflicto de otra subcontrata municipal).

Las subcontratación no es sólo el producto de las políticas privatizadoras del sector público sino que constituye una fórmula creciente en el funcionamiento del mundo empresarial. La justificación de su proliferación descansa en una particular lectura de la división del trabajo: la complejidad de las actividades productivas es tal que cuanto más especializada es una empresa mejor conocimiento tendrá de su parcela y por tanto más productiva será. La subcontratación permite a las empresas concentrarse en aquellas facetas donde son más productivas y dejar que cada especialista se ocupe de su tarea. Esto, que como principio teórico puede resultar creíble, en la práctica es mucho más oscuro y, junto a razones de eficiencia, se detectan fácilmente otras que o tienen poco que ver con ésta o que directamente cuestionan su verdad.

Si la eficiencia técnica fuera la razón fundamental del crecimiento de las cadenas de subcontratación lo que encontraríamos es la proliferación de empresas especializadas negociando de tú a tú entre sí y generando entre todas una actividad productiva compleja. En la práctica, la realidad es bastante distinta (y parto del conocimiento de investigaciones propias o ajenas): la subcontratación se traduce en la formación de una estructura empresarial jerarquizada, en la que las rentas empresariales son más importantes cuando más alto se está en la jerarquía del proceso. La subcontratación es tanto más habitual cuanto más intensiva en trabajo humano es una actividad; y también los salarios y las condiciones de trabajo son peores cuanto más baja está la actividad en la jerarquía organizativa, cuanto mayor es la consideración de “auxiliar” de la actividad que se realiza (la limpieza suele ocupar en muchos casos el nivel más bajo de ingresos y consideración).

La vida laboral de los empleados en subcontratas suele estar marcada por una doble disciplina: el poder de su empresario directo y el poder del cliente. La subcontratación no siempre lleva a la eficiencia. Cuando lo que requiere el subcontratante es un servicio a medida, complejo a menudo, se encuentra con que el subcontratador le ofrece un servicio estándar que casa mal con sus necesidades y es fuente de numerosos problemas de ajuste (un ejemplo de este tipo lo suele proporcionar la externalización de servicios informáticos). En cambio lo que siempre le da una enorme ventaja al subcontratante es la elusión de buena parte de sus responsabilidades laborales y sociales, como ponen en evidencia los numerosos casos de las grandes multinacionales pescadas in fraganti (algunas de tan glamurosas como Apple o Nike) con explotación brutal en las plantas de sus proveedores (lo que generalmente da pie a algún ejercicio de constricción, alguna operación publicitaria y un cambio de proveedor para salir airosos del tema).

Pero aún resulta más patente que la eficiencia técnica y la especialización tienen poco que ver con el meollo del asunto cuando se analiza a qué se dedican las empresas de subcontratas públicas y las llamadas “empresas de servicios” que actúan en el sector privado. Estas últimas lo que hacen es simplemente cubrir parte de la actividad de trabajo manual en todo tipo de empresas industriales; si son especialistas de algo es de gestionar mano de obra manual barata. En el caso de las contratas públicas, la cosa es tanto más escandalosa puesto que son las mismas empresas que tradicionalmente han vivido de los contratos de obra pública las que han creado filiales de servicios que se ocupan de todo aquello que el sector público externaliza. No hay más que ver quién está detrás del conflicto de Madrid: FCC (Esther Koplowitz y familia), OHL (el grupo industrial del ex Ministro tardofranquista Villar Mir) y Sacyr, empresa creada por antiguos directivos de Ferrovial bien relacionados con Felipe González y que tras diversos avatares ahora tiene como principal accionista a la familia Carceller (descendiente del ministro de Industria de Franco durante la guerra civil, propietaria del grupo petrolífero Disa, principal accionista de la cervecera Damm y ahora inmersa en un intrincado proceso por fraude fiscal), a quienes se sumaba la propia Ferrovial (de la familia Del Pino, cuyo fundador fue un alto directivo del Ministerio de Obras Públicas durante el franquismo). Si ampliamos el radio de visión más allá de las basuras de Madrid, nos encontramos con que de forma sistemática aparecen estas mismas empresas, el resto de grandes constructoras (ACS, Acciona...) y alguna empresa más (Eulen) entre las tradicionales adjudicatarias de gran parte de servicios externalizados. Otra forma de seguir sacando dinero de las arcas públicas en un modelo más estable que el de las obras. Hace pocas semanas los tribunales impidieron al Ayuntamiento de Guadalajara sacar a concurso la externalización de todas las actividades públicas por cincuenta años, en un solo paquete, en una muestra clara que lo que prima no es la especialización y el conocimiento, sino la entrega de lo público a una casta de empresas rentistas. Seguro que el intento no es el único.

Más allá de externalizar riesgos, fragmentar la acción colectiva, discriminar precios y/o ceder rentas, la mayor parte de políticas externalizadoras tienen otro aspecto común: el desprecio por el trabajo directo y la presunción de la excelencia directiva. Los empresarios y políticos que externalizan actividades lo hacen en parte convencidos de lo trivial de las tareas subcontratadas, de la no necesidad de mimarlas, supervisarlas, entenderlas. De que el trabajo básico es cosa de subpersonas y que en cambio lo sublime es simplemente dirigir. Toda la expansión de la externalización esta atravesada por este desprecio del trabajo común, por esta ignorancia de la importancia de la cooperación. Forma parte del proceso de deslegitimación de los derechos de la gente común, de la justificación del aumento de las desigualdades, de la despreocupación por los resultados reales de la actividad laboral y de la obsesión por el excedente monetario. Capitalismo especulativo, depredador, ignorante en estado puro.

Fondos financieros

Otro rasgo común de los tiempos es la creciente —el proceso no es nuevo pero diría que tras la crisis se ha acelerado— pérdida de identidad de la propiedad capitalista y su sustitución por empresas que tienen en común su opacidad societaria, que se presentan más como organizaciones, fondos de inversiones, empresas de capital riesgo, etc. En el capitalismo decimonónico cada empresa tenía su propietario claramente definido. En el período del capitalismo financiero aún persistían líneas de propiedad patentes, el capital financiero se asociaba a bancos concretos, o muchas grandes empresas industriales estaban bajo control de algún propietario o cuando menos de una élite directiva arraigada en la empresa. Ahora, de forma creciente, las empresas pasan a manos de fondos financieros que gestionan capitales de orígenes diversos, que tienen como señuelos a unos pocos directivos. A la hora de exigir responsabilidades, se hace difícil detectar todas sus líneas de poder. Su enfoque de funcionamiento es mucho más voraz que en el capitalismo tradicional, puesto que se basa en la búsqueda de rentabilidad financiera a corto plazo. Sus responsabilidades más difíciles de detectar puesto que utilizan un entramado de formas societarias donde casi nunca queda claro quién es quién, donde la extracción de excedente de una de sus empresas participadas se camufla como devolución de préstamos o pago por servicios, donde la maraña societaria ayuda a eludir el pago de impuestos. Subcontratas y empresas financieras constituyen una estructura pensada para aumentar la extracción de plusvalía, para eludir responsabilidades.

Por muy escandalosa que sea la sentencia del Prestige, lo peor de todo es que los responsables primarios del suceso (los que fletaron un buque en mal estado) ni siquiera se sentaron en el banquillo. Lo que se descubre en muchas empresas en crisis es que antes han sido descapitalizadas por sus fondos propietarios, como es el caso de Panrico. Hoy asistimos en nuestro país a un proceso acelerado de cesión a este tipo de empresas de gran parte de los fondos inmobiliarios y de créditos dudosos de los grandes grupos bancarios. Ellos son los que van a hacer el trabajo sucio de acosar a los deudores, a los hipotecados, y dejar al margen la imagen de una banca que había sido golpeada por las movidas de la PAH y de las preferentes.

Cuando escribo estas líneas, en mi barrio hay una reunión para ver como nos defendemos de una de estas operaciones especulativas: una empresa propiedad de un ente territorial (un consell comarcal) ha vendido a uno de estos fondos (Azora) casi trescientas viviendas públicas. Es la misma empresa que ha comprado en Madrid tres mil viviendas a Imvisa. La empresa es un simple gestor de fondos financieros (reconoce en su web que el 60% del capital está en manos de entidades financieras y fondos de pensiones) dirigida por dos ex altos directivos del área financiera del Santander y presidida por el ex presidente de Goldman Sachs España, banco que también está implicado en la operación madrileña. ¿Cuál será su gestión? ¿A quién deberemos dirigirnos si se producen los más que probables desalojos de morosos (basta un mes de retraso con la nueva ley) o el gestor no cumple su tarea de mantenimiento de los bloques?

Detrás de estas empresas-pantalla están los ricos, los grandes capitalistas y las entidades financieras, pero este modelo organizativo hace más difícil su control social, diluye responsabilidades, mixtifica la relación que existe entre la propiedad capitalista y los efectos sociales de su gestión. Con estos mecanismos de delegación-camuflaje la verdadera clase dominante toma cada vez más la forma de una casta de parasitarios-rentistas.

Autoritarismo tecnocrático

La tercera pata del proceso de liquefacción del capital pasa por presentar sus intereses como meras opciones técnicas. Un proceso que tiene el doble efecto de debilitar las críticas y trasladar el enfrentamiento del campo capital-trabajo al de la relación ciudadano/súbdito-élite política. La forma como se ejerce esta traslación es variada. Las políticas de puertas giratorias son quizás su versión más evidente, pero el proceso se encuentra mucho más sofisticado, por ejemplo, en el control que ejercen los grandes intereses económicos en las instituciones reguladoras (bancos centrales o reguladores sectoriales) o en los procesos de elaboración de propuestas “técnicas”, como es el caso del comité de expertos que ha legitimado el asalto a las pensiones.

Este desvío del poder desde la política a los expertos y reguladores tiene dos ventajas claras para el conflicto social. La una, que cuanto más méritos profesionales y académicos presentan esos “expertos” más difícil es que sus críticos obtengan un mínimo de credibilidad social. Su legitimidad se ha cocido a fuego lento, en los abruptos mecanismos de control que pueden detectarse en algunos ámbitos académicos (especialmente en el de la economía) o en el simple hecho de que tienen un largo historial de conocimiento del tema (por ejemplo alguno de los participantes en la comisión de expertos de las pensiones lleva mucho tiempo publicando la misma matraca, aunque en algunos casos sus previsiones —demográficas y financieras— fueran desmentidas por la realidad. La condición de “especialista” en el tema es en cambio vedada a gente que ha realizado trabajos más sustanciosos pero que no forma parte del punto de vista que interesa a las élites). La otra ventaja es que la ira de la gente contra las agresiones cotidianas acaba dirigiéndose hacia los políticos que nombran y acatan esas propuestas expertas, lo que deja fuera de plano el papel que tienen los principales beneficiarios de las mismas.

Es evidente que para que estas políticas sean factibles se requiere la cooperación activa de académicos y técnicos. Y para ello funcionan los mecanismos de adoctrinamiento, promoción, adulación (y marginación de los disidentes) detectables en la mayor parte de espacios de poder. El camuflaje del capital requiere aliados y cómplices. Y por ello el análisis de las formas de dominación no puede reducirse a la simple constatación del dominio capitalista sino que debe contemplar todos los procesos sociales que ayudan a generar esta masa social de legitimadores del sistema.

El autoritarismo tecnocrático tiene su cara abrupta en el mero autoritarismo político. Cuando las masas incultas (y algunos demagogos) se rebelan contra sus asépticos planes no queda otra que hacerles entrar el bien por la vía del palo. Por ello cada vez la deriva del autoritarismo tecnocrático va tomando la forma de un sistema político meramente autoritario. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana (seguro que elaborada por insignes juristas para que pase todos los filtros) es la mera prolongación de la lógica de la reforma laboral (que a su vez hilvanaron insignes especialistas en derecho laboral, uno de ellos presidente del Tribunal Constitucional) y de la nueva ley de pensiones (elaborada por insignes sociólogos y economistas académicos).

El que el gran capital trate de ser etéreo no impide que lo podamos ver. Simplemente se requiere de un mayor esfuerzo colectivo para conseguir que todo el mundo vea al rey desnudo. Y para empezar a tomar medidas de recuperación democrática y de mayor transparencia social, para atacar directamente los intereses de esta casta de rentistas parásitos en que han devenido las élites capitalistas locales y mundiales.

Albert Recio Andreu
Mientras Tanto
  http://www.mientrastanto.org/boletin-119/notas/capitalismo-etereo-de-subcontratas-fondos-financieros-y-autoritarismo-tecnocratico

El capitalismo se parece cada vez más a la imagen de Dios habitual en las religiones monoteístas. Un ser lejano, inasible, irresponsable, incorporal, que se manifiesta a través de oráculos, al que no se le pueden pedir explicaciones... Y, como ocurre al menos con el catolicismo, si las cosas nos van mal, si nos equivocamos, es culpa de nuestra alma mortal, no de sus fallos de diseño. Sin duda, el capitalismo real es otra cosa, personas concretas que se enriquecen, que adoptan decisiones, que influyen sobre las condiciones de vida de millones de personas, cuyo modelo organizativo y comunicativo actual está diseñado para que ese poder y ese comportamiento aparezcan diluidos bajo la forma inmaterial de “los mercados”, “los reguladores globales”.
Los acontecimientos recientes nos dan nuevas pistas sobre cómo se ha producido este “endiosamiento” (en el sentido de la opacidad) del capital y nos ayudan a entender mejor cuales son sus mecanismos de poder.
Subcontratas
La exitosa huelga de las basuras de Madrid ha sido, más allá de la merecida victoria obrera, una buena lección para mucha gente. De una parte sobre el comportamiento de estas empresas, verdaderos tahúres que “compiten” por mercados cautivos con cartas marcadas: rebajan precios que después acaban traduciendo en una rebaja de condiciones laborales y (posteriormente) en un deterioro del propio servicio. Algo que ya se ha experimentado en otros muchos casos y que constituye un mecanismo que garantiza beneficios a costa de generar costes a la sociedad: a la propia plantilla y a los receptores del servicio. De otra, sobre el papel de la alcaldía, responsable de subcontratar sin control un servicio público y después desentenderse de las consecuencias laborales que genera el contrato. Aunque Ana Botella es una muestra visible de irresponsabilidad social, con matices propios de cada cual, cosas parecidas se pueden oír de la mayor parte de nuestros políticos (yo se las oí hace cuatro meses al alcalde de Barcelona, una persona más accesible que su colega madrileña, refiriéndose a otro conflicto de otra subcontrata municipal).
Las subcontratación no es sólo el producto de las políticas privatizadoras del sector público sino que constituye una fórmula creciente en el funcionamiento del mundo empresarial. La justificación de su proliferación descansa en una particular lectura de la división del trabajo: la complejidad de las actividades productivas es tal que cuanto más especializada es una empresa mejor conocimiento tendrá de su parcela y por tanto más productiva será. La subcontratación permite a las empresas concentrarse en aquellas facetas donde son más productivas y dejar que cada especialista se ocupe de su tarea. Esto, que como principio teórico puede resultar creíble, en la práctica es mucho más oscuro y, junto a razones de eficiencia, se detectan fácilmente otras que o tienen poco que ver con ésta o que directamente cuestionan su verdad.
Si la eficiencia técnica fuera la razón fundamental del crecimiento de las cadenas de subcontratación lo que encontraríamos es la proliferación de empresas especializadas negociando de tú a tú entre sí y generando entre todas una actividad productiva compleja. En la práctica, la realidad es bastante distinta (y parto del conocimiento de investigaciones propias o ajenas): la subcontratación se traduce en la formación de una estructura empresarial jerarquizada, en la que las rentas empresariales son más importantes cuando más alto se está en la jerarquía del proceso. La subcontratación es tanto más habitual cuanto más intensiva en trabajo humano es una actividad; y también los salarios y las condiciones de trabajo son peores cuanto más baja está la actividad en la jerarquía organizativa, cuanto mayor es la consideración de “auxiliar” de la actividad que se realiza (la limpieza suele ocupar en muchos casos el nivel más bajo de ingresos y consideración).
La vida laboral de los empleados en subcontratas suele estar marcada por una doble disciplina: el poder de su empresario directo y el poder del cliente. La subcontratación no siempre lleva a la eficiencia. Cuando lo que requiere el subcontratante es un servicio a medida, complejo a menudo, se encuentra con que el subcontratador le ofrece un servicio estándar que casa mal con sus necesidades y es fuente de numerosos problemas de ajuste (un ejemplo de este tipo lo suele proporcionar la externalización de servicios informáticos). En cambio lo que siempre le da una enorme ventaja al subcontratante es la elusión de buena parte de sus responsabilidades laborales y sociales, como ponen en evidencia los numerosos casos de las grandes multinacionales pescadas in fraganti (algunas de tan glamurosas como Apple o Nike) con explotación brutal en las plantas de sus proveedores (lo que generalmente da pie a algún ejercicio de constricción, alguna operación publicitaria y un cambio de proveedor para salir airosos del tema).
Pero aún resulta más patente que la eficiencia técnica y la especialización tienen poco que ver con el meollo del asunto cuando se analiza a qué se dedican las empresas de subcontratas públicas y las llamadas “empresas de servicios” que actúan en el sector privado. Estas últimas lo que hacen es simplemente cubrir parte de la actividad de trabajo manual en todo tipo de empresas industriales; si son especialistas de algo es de gestionar mano de obra manual barata. En el caso de las contratas públicas, la cosa es tanto más escandalosa puesto que son las mismas empresas que tradicionalmente han vivido de los contratos de obra pública las que han creado filiales de servicios que se ocupan de todo aquello que el sector público externaliza. No hay más que ver quién está detrás del conflicto de Madrid: FCC (Esther Koplowitz y familia), OHL (el grupo industrial del ex Ministro tardofranquista Villar Mir) y Sacyr, empresa creada por antiguos directivos de Ferrovial bien relacionados con Felipe González y que tras diversos avatares ahora tiene como principal accionista a la familia Carceller (descendiente del ministro de Industria de Franco durante la guerra civil, propietaria del grupo petrolífero Disa, principal accionista de la cervecera Damm y ahora inmersa en un intrincado proceso por fraude fiscal), a quienes se sumaba la propia Ferrovial (de la familia Del Pino, cuyo fundador fue un alto directivo del Ministerio de Obras Públicas durante el franquismo). Si ampliamos el radio de visión más allá de las basuras de Madrid, nos encontramos con que de forma sistemática aparecen estas mismas empresas, el resto de grandes constructoras (ACS, Acciona...) y alguna empresa más (Eulen) entre las tradicionales adjudicatarias de gran parte de servicios externalizados. Otra forma de seguir sacando dinero de las arcas públicas en un modelo más estable que el de las obras. Hace pocas semanas los tribunales impidieron al Ayuntamiento de Guadalajara sacar a concurso la externalización de todas las actividades públicas por cincuenta años, en un solo paquete, en una muestra clara que lo que prima no es la especialización y el conocimiento, sino la entrega de lo público a una casta de empresas rentistas. Seguro que el intento no es el único.
Más allá de externalizar riesgos, fragmentar la acción colectiva, discriminar precios y/o ceder rentas, la mayor parte de políticas externalizadoras tienen otro aspecto común: el desprecio por el trabajo directo y la presunción de la excelencia directiva. Los empresarios y políticos que externalizan actividades lo hacen en parte convencidos de lo trivial de las tareas subcontratadas, de la no necesidad de mimarlas, supervisarlas, entenderlas. De que el trabajo básico es cosa de subpersonas y que en cambio lo sublime es simplemente dirigir. Toda la expansión de la externalización esta atravesada por este desprecio del trabajo común, por esta ignorancia de la importancia de la cooperación. Forma parte del proceso de deslegitimación de los derechos de la gente común, de la justificación del aumento de las desigualdades, de la despreocupación por los resultados reales de la actividad laboral y de la obsesión por el excedente monetario. Capitalismo especulativo, depredador, ignorante en estado puro.
Fondos financieros
Otro rasgo común de los tiempos es la creciente —el proceso no es nuevo pero diría que tras la crisis se ha acelerado— pérdida de identidad de la propiedad capitalista y su sustitución por empresas que tienen en común su opacidad societaria, que se presentan más como organizaciones, fondos de inversiones, empresas de capital riesgo, etc. En el capitalismo decimonónico cada empresa tenía su propietario claramente definido. En el período del capitalismo financiero aún persistían líneas de propiedad patentes, el capital financiero se asociaba a bancos concretos, o muchas grandes empresas industriales estaban bajo control de algún propietario o cuando menos de una élite directiva arraigada en la empresa. Ahora, de forma creciente, las empresas pasan a manos de fondos financieros que gestionan capitales de orígenes diversos, que tienen como señuelos a unos pocos directivos. A la hora de exigir responsabilidades, se hace difícil detectar todas sus líneas de poder. Su enfoque de funcionamiento es mucho más voraz que en el capitalismo tradicional, puesto que se basa en la búsqueda de rentabilidad financiera a corto plazo. Sus responsabilidades más difíciles de detectar puesto que utilizan un entramado de formas societarias donde casi nunca queda claro quién es quién, donde la extracción de excedente de una de sus empresas participadas se camufla como devolución de préstamos o pago por servicios, donde la maraña societaria ayuda a eludir el pago de impuestos. Subcontratas y empresas financieras constituyen una estructura pensada para aumentar la extracción de plusvalía, para eludir responsabilidades.
Por muy escandalosa que sea la sentencia del Prestige, lo peor de todo es que los responsables primarios del suceso (los que fletaron un buque en mal estado) ni siquiera se sentaron en el banquillo. Lo que se descubre en muchas empresas en crisis es que antes han sido descapitalizadas por sus fondos propietarios, como es el caso de Panrico. Hoy asistimos en nuestro país a un proceso acelerado de cesión a este tipo de empresas de gran parte de los fondos inmobiliarios y de créditos dudosos de los grandes grupos bancarios. Ellos son los que van a hacer el trabajo sucio de acosar a los deudores, a los hipotecados, y dejar al margen la imagen de una banca que había sido golpeada por las movidas de la PAH y de las preferentes.
Cuando escribo estas líneas, en mi barrio hay una reunión para ver como nos defendemos de una de estas operaciones especulativas: una empresa propiedad de un ente territorial (un consell comarcal) ha vendido a uno de estos fondos (Azora) casi trescientas viviendas públicas. Es la misma empresa que ha comprado en Madrid tres mil viviendas a Imvisa. La empresa es un simple gestor de fondos financieros (reconoce en su web que el 60% del capital está en manos de entidades financieras y fondos de pensiones) dirigida por dos ex altos directivos del área financiera del Santander y presidida por el ex presidente de Goldman Sachs España, banco que también está implicado en la operación madrileña. ¿Cuál será su gestión? ¿A quién deberemos dirigirnos si se producen los más que probables desalojos de morosos (basta un mes de retraso con la nueva ley) o el gestor no cumple su tarea de mantenimiento de los bloques?
Detrás de estas empresas-pantalla están los ricos, los grandes capitalistas y las entidades financieras, pero este modelo organizativo hace más difícil su control social, diluye responsabilidades, mixtifica la relación que existe entre la propiedad capitalista y los efectos sociales de su gestión. Con estos mecanismos de delegación-camuflaje la verdadera clase dominante toma cada vez más la forma de una casta de parasitarios-rentistas.
Autoritarismo tecnocrático
La tercera pata del proceso de liquefacción del capital pasa por presentar sus intereses como meras opciones técnicas. Un proceso que tiene el doble efecto de debilitar las críticas y trasladar el enfrentamiento del campo capital-trabajo al de la relación ciudadano/súbdito-élite política. La forma como se ejerce esta traslación es variada. Las políticas de puertas giratorias son quizás su versión más evidente, pero el proceso se encuentra mucho más sofisticado, por ejemplo, en el control que ejercen los grandes intereses económicos en las instituciones reguladoras (bancos centrales o reguladores sectoriales) o en los procesos de elaboración de propuestas “técnicas”, como es el caso del comité de expertos que ha legitimado el asalto a las pensiones.
Este desvío del poder desde la política a los expertos y reguladores tiene dos ventajas claras para el conflicto social. La una, que cuanto más méritos profesionales y académicos presentan esos “expertos” más difícil es que sus críticos obtengan un mínimo de credibilidad social. Su legitimidad se ha cocido a fuego lento, en los abruptos mecanismos de control que pueden detectarse en algunos ámbitos académicos (especialmente en el de la economía) o en el simple hecho de que tienen un largo historial de conocimiento del tema (por ejemplo alguno de los participantes en la comisión de expertos de las pensiones lleva mucho tiempo publicando la misma matraca, aunque en algunos casos sus previsiones —demográficas y financieras— fueran desmentidas por la realidad. La condición de “especialista” en el tema es en cambio vedada a gente que ha realizado trabajos más sustanciosos pero que no forma parte del punto de vista que interesa a las élites). La otra ventaja es que la ira de la gente contra las agresiones cotidianas acaba dirigiéndose hacia los políticos que nombran y acatan esas propuestas expertas, lo que deja fuera de plano el papel que tienen los principales beneficiarios de las mismas.
Es evidente que para que estas políticas sean factibles se requiere la cooperación activa de académicos y técnicos. Y para ello funcionan los mecanismos de adoctrinamiento, promoción, adulación (y marginación de los disidentes) detectables en la mayor parte de espacios de poder. El camuflaje del capital requiere aliados y cómplices. Y por ello el análisis de las formas de dominación no puede reducirse a la simple constatación del dominio capitalista sino que debe contemplar todos los procesos sociales que ayudan a generar esta masa social de legitimadores del sistema.
El autoritarismo tecnocrático tiene su cara abrupta en el mero autoritarismo político. Cuando las masas incultas (y algunos demagogos) se rebelan contra sus asépticos planes no queda otra que hacerles entrar el bien por la vía del palo. Por ello cada vez la deriva del autoritarismo tecnocrático va tomando la forma de un sistema político meramente autoritario. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana (seguro que elaborada por insignes juristas para que pase todos los filtros) es la mera prolongación de la lógica de la reforma laboral (que a su vez hilvanaron insignes especialistas en derecho laboral, uno de ellos presidente del Tribunal Constitucional) y de la nueva ley de pensiones (elaborada por insignes sociólogos y economistas académicos).
El que el gran capital trate de ser etéreo no impide que lo podamos ver. Simplemente se requiere de un mayor esfuerzo colectivo para conseguir que todo el mundo vea al rey desnudo. Y para empezar a tomar medidas de recuperación democrática y de mayor transparencia social, para atacar directamente los intereses de esta casta de rentistas parásitos en que han devenido las élites capitalistas locales y mundiales.
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La dulce siesta del Impuesto sobre Transacciones Financieras

La UE pide a España más recortes en 2014. Pero nadie menciona que algunos países europeos acordaron poner en marcha un Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), que aumentará la recaudación fiscal y puede ser una alternativa a los recortes (tan peligrosos, como innecesarios e injustos). Tal vez nadie lo menciona porque en España el ITF parece dormir una “dulce siesta”. Veamos qué ofrece este impuesto y qué hay detrás de él.

En enero de 2013 once países de la UE (Unión Europea) alcanzaron un acuerdo para poner en funcionamiento el ITF en 2014. Esos países son Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Grecia, Italia, Portugal y España. A ellos podría sumarse Holanda, pero el resto de Estados de la UE se oponen, en especial Luxemburgo y el Reino Unido. Para salvar esa división, los países miembros que aprobaron el ITF canalizaron el acuerdo mediante un procedimiento de cooperación reforzada, que permite llevar a la práctica ciertas iniciativas cuando hay un número suficiente de Estados que las apoyan, garantizando que no serán bloqueadas por los países que no las apoyan, y que no distorsionan el funcionamiento de la UE. Hasta aquí el deseo. Pero la situación real es distinta.

En septiembre de 2013 se cumplieron cinco años de la quiebra de Lehman Brothers, emblema que marcó el inicio oficial de la gran recesión que nos azota. En aquel momento los líderes de la UE se conjuraron para responder a la crisis, pero también para evitarlas en el futuro. Hablaron, entre otros temas, de introducir reformas sustanciales en el sector financiero. Sin embargo, se trata de “promesas rotas” porque, pese a la mejora en la situación contable de algunos bancos, no se ha avanzado en una mayor regulación financiera que ayude a evitar las crisis y haga posible algo lógico y deseable: que la banca colabore en la financiación de las políticas anticrisis. En realidad, simplificando mucho, el mayor “avance” logrado en la UE ha empeorado la situación general, ya que el Banco Central Europeo ha abierto un atajo para los bancos, facilitándoles el acceso a financiación privilegiada, mientras que el camino se ha hecho mucho más duro, largo e injusto para el resto de los agentes económicos y para los ciudadanos, obligados a soportar los efectos de los programas de ajuste y la creciente desigualdad que provoca la austeridad mal entendida.

En los últimos años la UE ha discutido y aprobado la introducción de un ITF, que, según la Comisión Europea, permitirá que “el sector financiero aporte una contribución más equitativa, habida cuenta de los costes que genera la lucha contra la crisis, y de la escasa tributación a la que está sujeto actualmente este sector”. Además, se ha previsto que un parte de la recaudación del ITF complete los recursos propios del presupuesto comunitario. Francia, en 2012, e Italia, en marzo de 2013, ya establecieron un ITF. Otros países no pertenecientes a la UE tienen figuras fiscales similares. Pero la mayoría de las naciones europeas o rechazan la propuesta o aún no la han aplicado. Incluso, en algún caso, como España, el ITF ha decidido echarse una siesta, puesto que pasó por el Congreso de los Diputados, donde la mayoría parlamentaria rechazó las enmiendas presentadas, y ahora el ITF está pendiente de debate en el Senado, de donde saldrá tardíamente y algo “somnoliento”. Es decir, probablemente salga del Senado sin posibilidades de ser incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, lo que supondría posponer su aplicación, retrasando los ingresos generados por ese impuesto, su efecto regulador sobre algunas transacciones financieras y su capacidad (relativa) para limitar (algunos) movimientos especulativos. ¿Estamos ante un caso más de “quiero y no puedo”, o de puedo pero no quiero? ¿Es el dilema de no pocos políticos cuando tocan el sector financiero? ¿O es el sector financiero el que toca la música y marca el ritmo de baile? Lo cierto es que las directivas comunitarias ofrecen flexibilidad para su aplicación en cada país, y eso deja abiertos más flecos de los que inicialmente había.

La propuesta de directiva, de septiembre de 2011, revisada en febrero de 2013, para introducir un ITF en la UE no coincide técnicamente con lo que conocemos como la “Tasa Tobin”, puesto que su objetivo no es gravar los movimientos internacionales en divisas ni dedicar ese dinero a ayuda al desarrollo. Lo que se pretende es gravar ciertos movimientos financieros en algunos países, para regular mejor los sistemas financieros y aumentar la recaudación. Esto último es importante, dado que a menudo, como sucede en España, la presión fiscal sobre las rentas de capital está por debajo del 15%, cifra claramente inferior a la que soporta una familia media española. Y no hay ningún motivo para ocultar que los equilibrios presupuestarios también pueden alcanzarse mejorando la recaudación, es decir, aumentando la presión fiscal sobre quienes tienen que pagar más en función de sus niveles de renta, además de combatir el fraude, algo que no es ajeno a los privilegios del sector financiero, entre otros la menor fiscalidad indirecta que soporta. Por supuesto, regular mejor los sistemas financieros también es un aspecto esencial del ITF, ya que uno de sus propósitos es desincentivar los movimientos de capital a muy corto plazo. Pero aún quedan dudas sobre cómo se aplicará, cuáles serán sus efectos extraterritoriales y qué mecanismos se arbitrarán para reducir los procesos de “deslocalización” financiera. Aunque existe un amplio acuerdo aparente (incluso en el G-20) sobre las ventajas generales que reporta el ITF, la sensación es que puede retrasarse y rebajar su impacto final.

Según la Comisión Europea, la introducción de los tipos impositivos previstos, que podrían oscilar entre el 0,01% para los derivados (financieros) y el 0,1% para las acciones y bonos, reportaría unos ingresos adicionales de al menos 37.000 millones de euros, de los cuales 5.000 millones se recaudarían en España. Eso permitiría disponer de fondos adicionales para sanidad y educación, sin tener que escuchar de nuevo el cuento de que la crisis obliga a hacer recortes, por ejemplo “de 2.500 millones de euros”, porque la UE así lo ha estimado “al analizar el incumplimiento de las metas de déficit”. Podría evitar más recortes, y tal vez evitaría seguir atentando contra el bienestar, los servicios públicos y las condiciones laborales y salariales. Pero en España, y en otros países, el ITF está pendiente de aclarar diversas cuestiones relativas a la flexibilidad en su aplicación, para intentar evitar situaciones de bloqueo, incluso jurídicas, que podrían producirse tanto en la UE y sus países como en otras instancias.

La lógica del impuesto, así concebido, requiere que la mayoría de las operaciones en los mercados primarios queden fuera del ámbito de aplicación del ITF, para no dificultar la financiación de las Administraciones Públicas y las empresas. También estarían exentas la mayoría de las actividades financieras cotidianas en las que participan las personas físicas y las empresas de carácter no financiero, como es el caso de los contratos de seguros, préstamos hipotecarios, créditos al consumo y servicios de pago, aunque sí estaría gravada su negociación posterior como productos estructurados. Según lo establecido, el ITF se basará en los principios de residencia y de emisión, con el fin de reducir riesgos de evasión y deslocalización, y gravará las transacciones financieras en las que intervenga una institución financiera domiciliada en un país miembro (incluyendo fondos de inversión, de pensiones y de seguros). Además, se aplicará a operaciones realizadas tanto en mercados organizados como no organizados, por lo que quedarán sujetas a gravamen las transacciones relacionadas con todo tipo de activos financieros.

¿Suena más bonito de lo que cabía esperar, o, por el contrario, parece poco frente a los gigantes financieros globalizados? Tal vez por esa compleja ubicación en la intersección entre la política y la economía, entre los nacional y lo global, entre el sector financiero y el resto de actividades económicas y sociales, el ITF puede despertarse anestesiado, con un ámbito de aplicación menor, con tipos impositivos aún más bajos, y sin capacidad de afrontar los retos previstos, en particular, combatir el fraude y los paraísos fiscales, exigir solidaridad al sector financiero para afrontar la actual recesión y contribuir a que las finanzas no desestabilicen aún más el precario “equilibrio” que impone esta globalización. No obstante, conviene sumar fuerzas e insistir en esta batalla: el ITF puede contribuir a mejorar la regulación financiera, la recaudación y la equidad en la UE y sus países. En enero de 2013 nuestro gobierno se comprometió a aplicar un ITF en España. Se supone que el sector financiero se está “preparando” para ello. A los ciudadanos, al menos, tendrían que explicarnos qué efectos tendrá, cómo se aplicará, cuándo, y con qué características y excepciones. ¿Es mucho pedir?

¿O es preferible exigir un aumento de la presión fiscal sobre las actividades del sector financiero, como primer paso para intentar evitar un deterioro aún mayor de las condiciones salariales y laborales, y frenar la virulencia de los ataques contra el Estado y el bienestar en España y Europa?

(*) Véase una versión más detallada de este artículo en: econonuestra.org

José Antonio Nieto
Profesor titular de Economía Aplicada (UCM) Asociación Econonuestra (*)

Público.es

http://blogs.publico.es/econonuestra/2013/11/28/la-dulce-siesta-del-impuesto-sobre-transacciones-financieras/

Crisis, mentiras y cintas de vídeo

No nos indignemos. No perdamos el tiempo miserablemente con sentimientos para los que ya ha pasado su tiempo. Ahora toca pensar. Pensar en el cambio real, en lo que tenemos que hacer para proponer soluciones y no dejarnos arrastrar, una vez más, en mentiras que el tiempo está demostrando que lo son.

 

“…El tiempo pone las cosas en su sitio…”, dicen; lo que ocurre es que no siempre disponemos de él para esperar. Pero pasar, el tiempo pasa.

 

La crisis económica que vivimos en España desde hace más de seis años no explica ni mínimamente el vergonzoso recorte de derechos sociales que padecemos. Nuestro país, incluso antes de este atropello, era uno de los Estados de la UE con menos inversión social, que no confundir con gasto público. A cifras reducidas no sumamos, restamos.

 

De lo que estamos hablando es de algo bien simple: la crisis es la excusa perfecta, el momento deseado y planificado para despedir a profesores, a médicos, para recortar sueldos, acabar con ayudas públicas, cerrar asistencias sanitarias y trasladar parte de estos servicios, antes públicos, al ámbito privado. Menos justicia social, menos igualdad de oportunidades por más mercado, este es el plan. Curiosamente, y a la vez que se fractura la justicia social y la igualdad de oportunidades, aderezado con la hipocresía de solicitar a los ciudadanos que soporten el esfuerzo de aguantarse sin rechistar, no se corrige ni un ápice la desmesura de un Estado ineficiente multiplicado por cinco en estructuras administrativas y políticas, que sirven para colocar a afiliados u obtener financiación para sus Partidos, confundiendo gasto público con Estado del Bienestar.

 

Pero esto es fácil de leer y más de escribir. No has llegado hasta aquí para que te digan lo mismo que seguramente ya piensas y posiblemente también hayas leído en muchos otros lugares. Has llegado aquí para que te expliquemos con datos reales, lo que el tiempo ha puesto en su sitio: la explicación de la gran mentira.

 

LA GRAN MENTIRA.

 

La gran mentira es que esta crisis económica (y ética) es la causante de los recortes de derechos sociales. Eso es sencillamente mentira además de una estafa política. La crisis económica solo explica el principio o la causa desencante, pero nunca su extensión y  alcance en España, en unas dimensiones no conocidas desde hace más de 50 años.

 

La crisis financiera y la consiguiente restricción artificial del crédito provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, puso de manifiesto el caos del sistema tributario que causó de inmediato una caída sin precedentes de los ingresos públicos. Ante semejante pérdida se acudió a la financiación del gasto público mediante Deuda, permaneciendo este  durante dos años inalterable en su parte de derroche y que, por cierto, hasta ese momento parecía inadvertido.

 

Dos años de descontrol del gasto y de caída de ingresos supusieron la multiplicación del déficit y el crecimiento exponencial de la Deuda Pública en un  país en el que los bancos ya estaban hiper-endeudados. La Deuda Pública en la Eurozona es una trampa mortal, ya que obliga a los países de su ámbito a acudir a los operadores del mercado financiero, es decir, a los grandes bancos. Los Estados no deberían pagar intereses de mercado por financiarse pero así ocurre. El Banco Central Europeo presta el dinero que emite a los bancos al 1% y con ese dinero los bancos lo prestan a los Estado cobrando un interés de mercado que ronda el 6%. Semejante negocio se sostiene porque con nuestros impuestos pagamos unos intereses que jamás  deberíamos pagar. Expliquémoslo.

 

1. LA CRISIS.

 

¿Justifica la dimensión de la crisis la disminución del gasto social? Evidentemente no.

 

Analicemos algunos indicadores significativos en el periodo 2008/2012 y comparémoslo con el año 2007:

 

PIB: En el periodo acumulado 2008 a 2012 ha crecido aproximadamente un 1% con respecto a 2007. Nuestro PIB hoy es mayor del que existía en 2007. Por supuesto un índice de crecimiento tan exiguo representa un frenazo a las importantes subidas registradas hasta 2008, pero no podemos obviar que el porcentaje acumulado es positivo. El ejercicio con porcentajes más negativos fue 2009, en el que cayó un 3,7% en relación a 2008.

 

-Demanda Interna a precios corrientes: En el periodo 2008 a 2012 el saldo acumulado es negativo en un 4,69% en relación a 2007, resultando el peor año 2009 en el que cae un 7,3% con respecto a 2008.

 

-Renta de los hogares: En el periodo 2008 a 2012 el saldo es mínimamente positivo en un 0´7815% con respecto a 2007.

 

-Renta del trabajo: En el periodo 2008 a 2012 el porcentaje acumulado es negativo en relación a 2007, disminuyendo como consecuencia del paro existente en un 5%.

 

-Gasto de los hogares: En este periodo se produce una disminución del existente en 2007, siendo su saldo acumulado un 5% inferior.

 

-Gasto en compra de vivienda: El dato es espectacular, al suponer una caída del periodo, en relación a 2007, del 90% aproximadamente.

 

-Otros gastos: Los gastos de consumo de electricidad, alcohol y gasolina son superiores a los registrados en 2007.

 

A los efectos que nos interesan estos datos son más que suficientes para darnos cuenta  de que, ciertamente, España ha vivido una crisis importante en la que sus indicadores apenas alcanzan a los importes nominales del año 2007; unos ligeramente por encima y otros por debajo, aunque en niveles moderadamente inferiores  teniendo en cuenta el factor inflación en cinco años. No obstante a ello, y ya es suficiente para considerar la dimensión de la crisis, deberíamos estar en niveles parecidos a los de 2007. En una economía pública no haber avanzado en  seis años ya es suficiente para valorar la importancia de la recesión.

 

2. LOS INGRESOS TRIBUTARIOS.

 

¿Estamos, por tanto, en los mismos niveles de ingresos tributarios que en 2007? Ni mucho menos nos encontramos ante un panorama que podríamos considerar tan positivo. Las conclusiones obtenidas de los datos macros observados de esta crisis nos llevarían a la conclusión de que la cifra de ingresos tributarios registrados en estos últimos años debería ser cercana a la de 2007, pero nada más lejos de la realidad.

 

Si la comparamos con la del año 2012 observamos estas diferencias:

 

-Ingresos Tributarios Líquidos del Estado 2007: 200.676 millones de euros

-Ingresos Tributarios Líquidos del Estado 2012: 168.676 millones de euros.

 

Frente a una subida del PIB del 1% como dato macroeconómico de referencia en el periodo 2008 a 2012, la caída de ingresos tributarios producida en 2012 es del 16% con respecto a 2007, lo que en términos nominales supone un total de 32.100 millones.

 

Pero aun hay algo más grave; la suma de todas las caídas de ingresos tributarios en cada uno de los años del periodo analizado con respecto a 2007 supone una pérdida acumulada total de ingresos de más de 196.000 millones de euros. Y esto solo en cinco años!! Esta cifra es superior al presupuesto tributario de un año.

 

¿Cómo es posible que a una subida mínima, pero subida, del 1% del PIB, le corresponda una bajada tan importante de los ingresos tributarios?

 

Alguno de los datos tributarios más importantes son estremecedores:

 

-Base imponible del Impuesto de Sociedades: Se reduce en un 61,022%.

 

-Base imponible agregada (beneficios sujetos a tributación por todos los impuestos): Disminuye con un saldo acumulado  de un 13,03%.

 

Ello trae una consecuencia visible y medible que no tiene explicación oficial que la justifique, y menos que esta pueda ampararse en la crisis económica ya que se valora en términos relativos sobre sus propios datos económicos, sean estos positivos o no: la Presión Fiscal.

 

La Presión Fiscal –que no el esfuerzo fiscal que se mide sobre los ciudadanos- es un índice de comparación homologable en todos los países de la UE y su medición le corresponde a la oficina estadística de la UE, el EUROSTAT. Pues bien, España ha pasado de una presión fiscal sobre su PIB en 2007 del 38,8 % al paupérrimo 31,4% del 2011. Más de siete puntos porcentuales de caída de ingresos tributarios que no se explican por la crisis. Este porcentaje es el peor de Europa para un país de nuestras dimensiones y economía, siendo solo superado en su negatividad por Estados como Lituania, Bulgaria, Letonia, Rumania, Eslovaquia e Irlanda. Nos superan Grecia y Portugal. A pesar de que los ciudadanos, especialmente las clases medias, tienen un altísimo esfuerzo fiscal nuestro sistema tributario en su conjunto es uno de los que menos recaudan.

 

La caída de Ingresos tributarios en la forma que se ha producido en España no se explica en la crisis. Si lo dicho hasta aquí no es suficiente, analicemos en qué figuras impositivas se produce esta caída:

 

 

-IRPF:

 

En 2007 la recaudación fue de 72.614 millones de euros, siendo en 2012 de 70.619 millones, apenas una caída de 2.000 millones y un 2,8 % de pérdida sobre 2007. La pérdida de recaudación acumulada en 2008 a 2012 en relación a la que lo fue en 2007 representa 21.000 millones de euros y por lo tanto es muy ajustada a los datos macros de caída de las rentas del trabajo y renta de los hogares. Es una disminución lógica a los datos de crisis. El esfuerzo de las rentas del trabajo está garantizado y sostenido.

 

-IVA:

 

En 2007 se recaudaron 55.851 millones de euros frente a los 50.464 millones de 2012. Supone una caída del 9,64%, aun teniendo en cuenta el efecto de la subida de los tipos aplicables. La suma de las pérdidas anuales producidas en estos cinco años en relación a 2007 suponen un total de 49.000 millones de euros, lo que representa unos porcentajes muy superiores a la caída de la demanda, de un 5% aproximadamente, por lo que la explicación radica en el aumento del fraude y la economía sumergida, así como en la desaparición de las operaciones inmobiliarias y especulativas.

 

-IMPUESTO DE SOCIEDADES:

 

En 2007 la recaudación supuso en aquel año 44.823 millones de euros, siendo la de 2012 de 21.435 millones. Esta espectacular caída es del 52,17 % y no tiene explicación con ningún dato derivado de la crisis. En 2012 se recauda menos de la mitad de lo que se hacía en 2007 por este impuesto, sin que haya explicación posible en ningún dato macroeconómico. La caída de las bases imponibles del impuesto, es decir los beneficios sujetos a tributación, reflejan también un descenso del 61,022%, al pasar de 177.000 millones en 2007 a 69.106 en 2011. Si sumáramos todos los importes no obtenidos o perdidos en cada uno de los años del periodo 2008 a 2012, siempre en relación con la cifra que se obtuvo en 2007, la pérdida de recaudación ascendería a 121.000 millones. Una cifra impresionante que es la causante de todos los males actuales. No puede permitirse semejante agujero en los ingresos públicos en tan breve espacio de tiempo.

 

Y así se está produciendo. La participación del Impuesto de Sociedades -recordemos que es el que pagan las empresas societarias- sobre el total de ingresos tributarios era en 2007 del 22,33%; en 2012 es solo del 12,71%. Su porcentaje sobre el PIB es sencillamente vergonzoso al representar solo el 1,9%.

 

¿Esto es posible? Nos han hecho ver que la pérdida de ingresos tributarios del Impuesto de Sociedades tiene que ver con la crisis, pero esto solo es así en una parte mínima. La prueba más clara de la manipulación argumental  está en el llamado “tipo efectivo”. Nos referimos como tal al porcentaje real que pagan las empresas sobre sus resultados contables, independientemente del nominal o legal. Pues bien el tipo medio efectivo de tributación de las grandes empresas consolidadas es el 5%, frente al 30% establecido en la Ley, y esto aun cuando en 2007 era del 13,2%. La crisis explica caídas de beneficios pero nunca lo hará  con la disminución radical de tipos efectivos en más de un 8%  ya que estos se aplican sobre beneficios, sean estos altos o bajos.

 

El Impuesto de Sociedades en España se ha convertido en un auténtico “queso gruyere” para las arcas públicas del que ya solo quedan agujeros que se tapan en forma de recortes de servicios públicos y que, por cierto, intentan esconder esos políticos plañideros que nos dicen aquello de …” venga…solo un esfuercito más”. Seguramente el que ellos no han hecho en explicarnos cómo y por qué ha volado el dinero. Ni ellos mismos lo sabrán.

 

La vergüenza es de dimensiones internacionales y nos sitúa una vez más en el ranking de los más laxos en la exigencia tributaria a las grandes empresas: La “famosa y tramposa” Irlanda, que se pone de ejemplo por su “competencia desleal” al ofrecer tipos del 12,5% en su Impuesto de Sociedades, recauda proporcionalmente más con su Impuesto blando que España con su queso gruyere. Chipre, con un tipo aplicable del 10%, recauda un 7% de su PIB mientras que nosotros, con un tipo legal del 30%, solo recaudamos el 1,9% del nuestro. Sencillamente inaceptable porque no tenemos que molestarnos en hablar de fraude, ni de economía sumergida, ni de paraísos fiscales, simplemente de ineficacia legislativa y  beneficios a la carta para los grandes en el Impuesto de Sociedades.

 

Si partimos de que durante estos cinco años hemos perdido en relación a la misma cifra que se obtuvo en 2007 más de 196.000 millones, el 61,73% se corresponde con el Impuesto de Sociedades, solo el 10,7% al IRPF y el 25% al IVA. La explicación está ahí y no en la crisis que solo lo es en una parte mínima.

 

 

3. El DEFICIT PÚBLICO Y LOS INTERESES

 

Cada año desde 2007 España ha perdido más de 30.000 millones de euros en su agujero tributario, lo que supuso que pasara de un superavit presupuestario de casi un 2% del PIB, por encima de Alemania (0,2 %), a un déficit del 11% en solo dos años. Ello no se debió a un incremento del gasto público como le encanta a la derecha repetir sino al hundimiento intencionado de los ingresos públicos. Estos se hundieron porque los privilegios de las grandes fortunas empresariales no se percibían debido a la facilidad de obtención de ingresos procedentes  del boom inmobliario y su efecto positivo sobre los mismos. En cuanto desaparecieron los inmuebles alguien se dio cuenta de lo todo el mundo sabía y nadie se atrevía a decir cuando las cosas iban bien: ¡el Rey estaba desnudo! Nuestro sistema de ingresos estaba tan desnudo como el Rey de la fábula.

 

El aumento del déficit público supuso acudir a la financiación ajena, por lo que la deuda pública paso de un modesto 36,30% (lo que demostraba que España era un país de escasos compromisos con el Estado del Bienestar) a un esperado100 % para el próximo 2014. El pago de intereses consecuencia de esta Deuda creciente pasó de un importe de 15.993 millones de euros, un 1,52% del PIB en 2007 a 36.950 millones, un 3,5 del PIB. Es decir el incremento del pago de intereses ha supuesto un aumento de 21.000 millones de media en cada uno de estos tres últimos años.

 

En apenas tres años hemos pasado a perder 30.000 millones de euros de recaudación tributaria y aumentar el pago de intereses en 20.000 millones anuales. Una locura de 50.000 millones de ineficacia que explotó en tan corto tiempo.

 

Si todo ello resultaba poco, el rescate a las entidades financieras ha supuesto un nuevo desequilibrio de 40.000 inaceptables millones.

 

Los compromisos con la UE y con nuestra Constitución reformada a instancias de las políticas neoliberales nos obliga a situarnos de forma inmediata en un déficit anual de un 3% cuando partíamos de un 11% en plena crisis. ¿Por qué de forma tan rápida? Ello ha duplicado los efectos de la crisis y la ha convertido en especialmente grave porque nuestros políticos han dirigido las medidas a adoptar, medidas traumáticas todas ellas, sobre el gasto público y no sobre los ingresos, que aun siguen siendo un 16% más bajos que los obtenidos en 2007. Estos  se han mantenido sin entrar en una caída aun mayor gracias al esfuerzo suplementario exigido a las rentas medias y del trabajo con las injustas subidas del IRPF y del IVA; mientras el Impuesto de Sociedades sigue siendo un privilegiado del sistema tributario. Vergonzoso. Un sistema tributario destrozado no se arregla en tres años por lo que resulta más fácil acudir a las clases medias y subirles el IVA y el IRPF. De esta manera frenan el endeudamiento y favorecen su empobrecimiento, que es otro de los objetivos económicos del gobierno actual.

 

4, LA PRIMA DE RIESGO.

 

 España, una vez que forma parte de la UE y de su Eurozona, pierde su soberanía monetaria y por ello económica, entregándola como botín de guerra de los mercados capitalistas a  unas instituciones supraestatales sobre las que el ciudadano no tiene ningún control democrático. Esto en sí mismo debería preocuparnos y mucho. Ya puedes votar al gobierno que tú quieras que la política económica no se cuece aquí. Perder la soberanía monetaria implica que, como Estado Soberano, dejamos de  controlar nuestra moneda, que ya no es nuestra, y por lo tanto las medidas clásicas a aplicar en tiempos de crisis, que aun criticadas, demostraron que servían para salir de las crisis mucho antes de lo que vamos a salir en la actualidad. Las devaluaciones monetarias, la emisión de moneda o el control de los tipos de interés pasan a depender del Banco Central Europeo y por lo tanto de los criterios de los países más fuertes, entre los que, por supuesto, no nos encontramos. Si ponemos el ejemplo de la devaluación de la moneda, medida lógica en una situación como esta, y al no disponer de un Banco Central propio ni autoridad monetaria debemos inventarnos algo así como una “devaluación interna”, que consiste básicamente en “autoempobrecernos” reduciendo los sueldos de los trabajadores y de los empleados públicos. Cuanto más pobre mejor. ¿Cómo si no es de esta forma se explica que España disponga de un salario base de 641 euros frente a los 1.446 de Francia y un tipo general de IVA del 21% comparado con el 19% francés?

 

A ello se une la majaderia de la prima de riesgo y de su “valor de mercado. Los países de la UE no pueden emitir libremente moneda libre de deuda y se obligan a financiarse en los mercados internacionales, reforzando el negocio de los Bancos. España se tiene que financiar en Bancos Privados, como si fuera un particular, lo cual es inconcebible y mucho más que esto  tenga que ser así por una norma que forma parte de los Tratados de la UE. De tal forma, el Banco Central emite dinero que entrega a los Bancos Privados con un interés mínimo para que estos se lo presten a Estados como España pero a un interés de mercado. Ese interés de mercado es fijado de forma artificial por las Agencias de valoración especulativas vinculadas a estos bancos, que de acuerdo con sus planteamientos basados en riesgos irreales (hacen creer que España plantea dudas de credibilidad sobre el pago de sus deuda para aumentar de esta forma el tipo diferencial o prima de riesgo) atornillan al país de turno con tipos elevados y verdaderamente fuera de mercado, asegurando, entre otras cosas, que países como Alemania se financien a tipos mínimos. El negocio ya lo hacen con Italia y España.

 

Esto es impresionante por irreal: rescatamos a los bancos para que nos presten el mismo dinero público de los rescates. Así es, pensamos que Alemania o los bancos alemanes son los propietarios de la Deuda Pública Española, cosa que no es cierta. El 55% de la Deuda española es propiedad de los bancos españoles en una muestra de “patriotismo”. Es decir España está arruinada, recortada y empobrecida porque los bancos españoles hacen doble negocio con su país; obtienen dinero público para sus rescates, reponiéndoles de su experiencia dilapidadora inmobiliaria con dinero público, y ese mismo dinero que incrementa nuestra deuda se presta al mismo Estado pero a interés de mercado.

 

De esta forma se produce otra curiosa situación: el dinero pagado por  las rentas del trabajo en forma de impuestos, que son las que sostienen los ingresos públicos, se convierten en beneficio del capital. El trabajo se convierte en esclavo del capital una vez más. La fórmula es trabajo que es igual a esfuerzo fiscal se trasvasa a ganancia de capital (intereses de la deuda cobrada por los bancos)  que es igual a beneficio fiscal.

 

No será porque no te lo hemos contado. A partir de ahora depende de nosotros porque todo esto que hemos narrado podría ser de otra forma si estamos dispuestos a cambiarlo.

Raúl Burillo. Exdelegado de la Agencia Tributaria en Balears y Cataluña 

raulburillo.over-blog.es 

http://raulburillo.over-blog.es/article-crisis-mentiras-y-cintas-de-video-121244757.html