Por un impuesto disuasivo a las transacciones especulativas

Comunicado de ATTAC España

En la tarde del 28 de Mayo se presentó al Presidente Zapatero y a la Vicepresidenta Elena Salgado en la Moncloa el informe de la Fundación Ideas dirigido por el premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz y en el que han colaborado Jeffrey Sachs y Stephany Griffith-Jones, de la Universidad de Columbia (EE UU), André Sapir, del Instituto Bruegel (Bélgica) y Nicholas Stern, ex asesor del Gobierno británico sobre cambio climático. Según información de prensa, aboga por resucitar una versión ampliada de la tasa Tobin. Y por complementarla donde sea necesario con impuestos sobre la banca y mayores recargos sobre las plusvalías de activos financieros. El estudio calcula que los tributos que se debaten podrían reportar 7.400 millones al año a las arcas españolas, y sólo la versión ampliada (ITF) de la tasa Tobín a otras transferencias financieras más allá de las divisas, aportaría, según el estudio, 2.200 millones de Euros.

Consideramos necesario dar a conocer públicamente la opinión y propuestas de ATTAC al respecto.

El debate actual tiene dos posibles posturas:

1.- La primera consistiría en aceptar un impuesto a las transacciones financieras como el propuesto en el Informe de la Fundación Ideas del 0,01% al 0′05%. Es una postura que aspira sencilla y fundamentalmente a recaudar fondos. Es aceptada por muchas ONG como nueva fuente de financiación de los programas de cooperación al desarrollo, viendo mucho más factible que los mercados financieros acepten un tipo bajo que un tipo alto, ya que Wall Street y la City no aceptarán fácilmente perder su cuota de negocio.

Hay intereses diferentes según sean los actores que promueven este impuesto. En el caso de las ONG y en función de su diversidad, el destino de la recaudación habría de trasladarse a la financiación de los Objetivos del Milenio y/o a la preservación de los denominados Bienes Públicos Mundiales. Sin embargo después de la última crisis financiera, que llevó en primer término a los bancos a la bancarrota y posteriormente a las arcas públicas de los Estados al haber optado sus gobernantes por “salvar” a los bancos privados, diversos actores económicos y gubernamentales pugnan para que la recaudación no vaya precisamente a la ayuda humanitaria al desarrollo o a cubrir los Objetivos del Milenio. Su interés es mucho más directo y una muestra de esto es que el estudio encomendado al FMI por el G 20 es el dotar un Fondo con destino al rescate futuro de los bancos privados “demasiado grandes para caer”, y no financiar programas de cooperación al desarrollo. O bien que algunos mandatarios piensen en incorporar al destino de lo recaudado, el paliar el déficit de sus estados.

Se plantean además importantes y necesarios temas, ante los que surgen razonables dudas: ¿Quién controlará y supervisará los movimientos financieros que se gravarán con el impuesto? ¿Quién va a imponer este impuesto a los mercados y que poder real tiene para hacerlo? ¿Significa este impuesto, si se pretende universal, levantar el velo de la opacidad en las transacciones financieras y en los paraísos fiscales? ¿Es una punta de lanza a los impuestos internacionales o un remiendo transitorio? ¿Si supone unos ingresos quién decide sobre el destino del gasto? ¿Con qué legitimidad y controles democráticos?

Las democracias occidentales nacieron con impuestos generales y con los respectivos Presupuestos nacionales y su control por los Parlamentos, quitando la prerrogativa a los Monarcas absolutos. ¿Vamos ahora a volver atrás creando unos nuevos Monarcas absolutos? o, por el contrario, nos planteamos la necesidad de un Gobierno democrático del mundo, como ha planteado Evo Morales a los embajadores del G 77+ China el pasado 7 de Mayo en la sede de la ONU al transmitirles las conclusiones de la Cumbre de los Pueblos por el cambio climático y en defensa de la Tierra celebrada en Cochabamba.

2.- La segunda postura implica preguntarse ¿Qué desean los ciudadanos y ciudadanas, que quien especule pague reduciéndose un poco la especulación, o bien eliminar completamente la especulación financiera cortoplacista que solamente crea inestabilidad y trastornos económicos a una mayoría? La ciudadanía representada en ATTAC responde a esta pregunta con una obviedad, hay que eliminar todo tipo de transacciones especulativas, y ello lleva a tipos impositivos a las transacciones auténticamente disuasorias como el 2% de Brasil.

ATTAC hasta ahora ha pedido del 0,1% al 0’5 %. Aplicando el 0’01, según el Informe de Stiglitz supondría sólo para España 2.200 millones de Euros. Es de suponer que la aplicación del 0’1% supondría una cantidad posiblemente mayor que todo el Plan de Ajuste aprobado por el Congreso el 27 de Mayo. Pero lo más necesario y correcto no es recaudar, sino resguardar nuestra moneda de los especuladores. Hasta ahora no estábamos aún ante la crisis más profunda desde 1929, no estábamos siendo atacados por la manada de lobos especuladores. En estos momentos de vulnerabilidad económica estos tipos impositivos no son suficientes para aplacar la voracidad de los lobos. Si queremos defender la zona euro y la soberanía popular, la democracia, la zona euro debe actuar del mismo modo que Brasil.

Nuestro objetivo es que no haya casino, no que el casino tenga impuestos. Hay que descubrirse ante la postura valiente de Lula, como ante la del diputado Daniel Cohn Bendit defendiendo una postura similar en el Parlamento Europeo.

La especulación causa mucha más pobreza y desventura social de la que cualquier recaudación impositiva puede remediar y queremos plantear alternativas valientes: Por la transparencia y contra la especulación. Su crisis, nuestra oportunidad para profundizar en la democracia y la felicidad de las personas.

Cuando pasamos de un 0′01 a un 0′1, esto no supone necesariamente multiplicar la recaudación por 10. Existe un cierto aumento en los tipos impositivos que llevaría a un mayor incremento de la recaudación en los mercados, pero a partir de un determinado tipo habría una meseta recaudatoria que luego decrecería, esto es así porque a partir de un tipo impositivo los especuladores no correrían riesgos operando, es un tema de barrera psicológica sobre el riesgo asumido. Pero esta meseta se sitúa en tipos más altos de los que maneja el estudio y los economistas brasileños lo han comprendido, lo importante no es recaudar sino dotar de estabilidad a la moneda propia y preservar como Estado el gobierno de lo económico.

La posición de Brasil es tajante y estudiada. Igualmente la Fundación Ideas haría bien en reflexionar sobre el impuesto necesario a nuestra realidad europea. En este asunto de recaudación impositiva los estudios son aventurados y sesgados más que en ningún otro. Sin embargo si la Eurozona, en el tema del ataque al euro, adoptara la alícuota superior propuesta por Paul Bernd Spahn (véase en “Documentación” Tabla impuestos a las transacciones financieras) y la ampliara a todas las transacciones financieras como Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), consideramos hubiera sido lo apropiado. Ante ataques especulativos que pueden ser mortíferos estaría admitido un impuesto de hasta el 50% o el 80 %, el euro estaría a buen recaudo y los políticos tendrían asegurado el gobierno de lo económico. Hemos de decir que la llamada Tasa Tobin-Spahn recogía la Tasa Tobin y la dotaba de una doble imposición, baja para lo que pide ATTAC en periodos de estabilidad financiera, pero muy alta y adecuada en periodos de inestabilidad especulativa.

Pero es patente que la Europa que tenemos hoy no es la adecuada. No es sino un conjunto de naciones que sólo buscan el beneficio propio a costa del prójimo como ha demostrado claramente Daniel Cohn Bendit en su reciente y corta intervención en el Parlamento Europeo, pidiendo iniciativas parlamentarias valientes y cambios necesarios en unos tratados que mantienen a Europa maniatada y sin capacidad de reacción. Todo en esta Europa sometida al exclusivo régimen de la competencia es una gran amenaza. Es patente la hipocresía de una Europa de nacionalismos auto-interesados y de instituciones sometidas a los lobby de Bruselas y que por no ser ni una potencia política ni social, tampoco lo puede ser económica. La construcción europea que nos han impuesto nuestros líderes es el gran problema.

Por otra parte, tenemos en la UE a Gran Bretaña, que sin embargo no pertenece a la eurozona y que por lo tanto tiene autonomía con su moneda y que para defender su City se dedica a dinamitar cualquier cambio necesario para Europa a nivel financiero, esto porque una buena parte de su PIB está alimentado por la especulación y figura en listas solventes como el segundo mayor Paraíso Fiscal o centro offshore extraterritorial del Mundo. También se estima que desde la City de Londres se gestiona en este momento un 80% de los Hedge Founds existentes en el Mundo, siendo que bastantes de ellos han estado apostando contra el euro manifiestamente estos dias, aunque su ubicación se encuentre en otros centros offshore. La eurozona ha de buscar formas de poder actuar autónomamente, alguien con quien no se comparte una moneda no debería poder influir en las decisiones de la UE, y por lo tanto de la eurozona, en este momento.

Al mismo tiempo tenemos en Europa una serie de micro-estados, que funcionan como centros offshore extraterritoriales en la zona euro, que gozan de la zona de “estabilidad monetaria” y de tratados comerciales preferenciales con la UE, y de ventajas fiscales y financieras significativas y a los que Europa deja ostentar una posición de competencia desleal. Esto es así porque la construcción europea se ha hecho en beneficio de las élites económicas que hoy “hacen su agosto” con la especulación, la evasión y el fraude fiscal que proporcionan estos territorios, opacos a los poderes jurídicos y/o supervisores y de baja o nula tributación.

También tenemos que bregar con un Tratado de Lisboa que, legitimado por los 27 gobiernos de Europa, entroniza la competencia libre y no falseada y la libertad absoluta de los mercados de capitales. Estamos con Cohn Bendit que ha denunciado la gran hipocresía de Europa y pedido en su intervención en el Parlamento Europeo reformas en los tratados “constitucionales”. Reconstruir una Europa descompuesta, en el Mundo, es nuestro reto, la Fundación Ideas haría bien en tenerlo en cuenta.

Más improvisación, ¿más errores del gobierno?

El presidente del gobierno acaba de anunciar sorpresivamente que en “su momento” aumentará los impuestos a las rentas más altas.

Digo sorpresivamente porque no se refirió a esta posibilidad la semana pasada cuando anunció las medidas de recorte frente a la crisis, lo que claramente indica que improvisa y que no tiene un plan clara y previamente trazado para hacerle frente.

No obstante, me alegro y aplaudo la nueva iniciativa del presidente. No porque crea que sea la solución correcta, como explicaré enseguida, sino porque se demuestra así que la ciudadanía tiene poder y que cuando lo usa, incluso tan tímidamente como en esta última semana, se pueden cambiar las decisiones gubernamentales.

Sin embargo, me parece que estando en una situación tan difícil y cuando se le están pidiendo tantos esfuerzos a la población, un presidente no puede ser tan impreciso y confuso. Debe hablar más claro, precisar bien lo que propone y no lanzar globos sondas simplemente para tratar de tranquilizar a su electorado.

Decir que “en su momento” se van a elevar los impuestos a las rentas más altas no dice nada y lo poco que dice es confuso y rechazable.

¿A qué rentas se refiere el presidente?

Si es a las del trabajo su propuesta es rechazable porque la mayor fuente de inequidad de nuestro sistema fiscal y de carencia recaudatoria no viene por ahí. Aunque se aumentara, como quizá hubiera que hacer, la tributación de las rentas del trabajo más elevadas (por ejemplo a los menos de 10.000 contribuyentes que declaran ingresos superiores a los 600.000 millones de euros anuales), la recaudación adicional sería muy reducida: de 300 a 350 millones de euros.

Lo que de verdad debería corregirse es la tributación de las rentas del capital y particularmente las que proceden de la actividad especulativa en cualquiera de sus dimensiones.

Las fuentes recaudatorias más elevadas, las que proporcionan la justicia fiscal a la que hay que aspirar y, por tanto, la verdadera contribución de “los que realmente tienen un volumen importante” de ingresos o riqueza (en palabras de Zapatero) y no de las clases medias a las que alude, son otras:

• Los ingresos proveniente de los movimientos especulativos contra la deuda española y el euro que entre otras cosas están provocando que la deuda española se encarezca extraordinariamente casi día a día.
• Los beneficios de la actividad bancaria.
• El patrimonio de las grandes fortunas.
• Los sueldos y primas de directivos y deportistas de elite extranjeros que hayan fijado su residencia fiscal en España.
• Los patrimonios familiares que “tributan” a través de SICAV.
• Las desgravaciones fiscales injustas y que benefician a las rentas más elevadas, como la que se aplican a los fondos de pensiones privados, que suponen un 4% de la recaudación del impuesto sobre la renta.
• Y, sobre todo, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que podría proporcionar alrededor de 40.000 millones de euros simplemente haciendo que estuvieran en los niveles de los países de nuestro entorno. Grosso modo, todo ello podría proporcionar al Estado entre 35 y 40 veces más dinero que la reducción del sueldo de los funcionarios. Y eso, añadido a un recorte de gastos superfluos bien estudiado (en gasto militar, subvenciones innecesarias a empresas o a iglesias, cargos políticos innecesarios, racionalización de las administraciones autonómicas, provinciales y municipales, por solo citar algunos), permitiría salir de la crisis con otro modelo productivo, con más eficacia, justicia y bienestar y, sobre todo, salir de verdad de la crisis. Porque lo que conllevan las medidas que hasta ahora ha propuesto el gobierno es simplemente más de lo mismo, es decir, mantener los privilegios que la han provocado. Así lo prueba bien a las claras que hayan sido precisamente los banqueros y la patronal quienes las defiendan y aplaudan.

No podemos contentarnos con las promesas vagas del presidente Zapatero. Hay que exigir justicia fiscal no solo como una aspiración ética elemental de las sociedades libres (que no es poco) sino como la forma más eficaz de luchar contra la crisis. Y eso se puede conseguir si los ciudadanos no nos callamos y reclamamos medidas concretas como las que he apuntado. Todo lo demás es permitir que los que han provocado la crisis consigan que la paguemos los demás.

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¿Qué mercados financieros?

El lenguaje que se utiliza para explicar la crisis es un lenguaje que aparenta ser neutro, meramente técnico, cuando, en realidad, es profundamente político. Así, se nos dice que los “mercados financieros” están forzando a los países de la Unión Europea y, muy en especial, a los países mediterráneos -Grecia, Portugal y España- e Irlanda, a seguir políticas de gran austeridad, reduciendo sus déficits y deudas públicas, con el fin de recuperar la confianza de los mercados, condición necesaria para alcanzar la recuperación económica. Como dijo hace unos días Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE): “La condición para la recuperación económica es la disciplina fiscal, sin la cual los mercados financieros no certifican la credibilidad de los estados” (Financial Times, 15-05-10).

La realidad, sin embargo, es muy distinta. Estas medidas de austeridad, promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la Unión Europea (UE), están creando un gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares, pues están afectando negativamente su protección social y están destruyendo empleo, dificultando su recuperación económica. Así ha ocurrido en Lituania, donde su PIB ha disminuido un 17% y su desempleo ha alcanzado el 22% de la población activa (véase mi artículo ¿Quién paga los costes del euro? en www.vnavarro.org). Una situación semejante ocurrirá en los países citados anteriormente.

Parecería, pues, que son los mercados financieros los que están imponiendo estas políticas a los gobiernos. Ahora bien, ¿qué quiere decir “los mercados financieros”? En teoría, en la dogmática liberal que domina los establishments europeos (el Consejo Europeo, el BCE y la Comisión Europea, así como en los gobiernos de la mayoría de los países de la UE), los mercados son procesos de libre comercio entre agentes financieros -los bancos- que obtienen beneficios para compensar sus riesgos, pues se asume que existen riesgos en tales mercados. Pero tal retórica no define la realidad, pues tales entidades -los bancos- operan dentro de ámbitos e instituciones enormemente proteccionistas de sus intereses, en los que el riesgo, en general, brilla por su ausencia. En realidad, los mal llamados mercados tienen muy poco de mercado. Son bancos con mucho beneficio y poco riesgo. Y lo que está ocurriendo muestra la certeza de este diagnóstico.

En EEUU, donde existe amplio consenso sobre el hecho de que la crisis financiera fue iniciada por los comportamientos de Wall Street, la crisis bancaria fue resuelta con la aportación a los bancos de casi un billón de dólares pagados por el Estado, que benefició enormemente a los banqueros y a sus accionistas, consiguiendo incluso más beneficios de los que tenían antes de la crisis. La obscenidad de tales beneficios y las prácticas deshonestas y criminales de los banqueros (causantes de la crisis) explica su enorme impopularidad y la de tales medidas, que no repercutieron favorablemente sobre la población que vio cómo sus estándares de vida disminuyeron debido a la crisis provocada por los bancos. No fueron los mercados, sino los bancos y sus políticos en el Congreso (con nombres y apellidos conocidos) y en las administraciones Clinton, Bush y Obama (también con nombres y apellidos conocidos), los que crearon la crisis, salvaron a los bancos y ahora llaman a la austeridad.

Una situación casi idéntica está ocurriendo en la UE. Los comportamientos especulativos de la banca europea fueron consecuencia de decisiones políticas que desregularon la banca, decisiones que se tomaron especialmente, no sólo en Wall Street, sino también en los centros financieros, principalmente la City de Londres y en Fráncfort, consecuencia de la enorme influencia de la banca sobre los gobiernos británico y alemán. La mal llamada “ayuda” del FMI-EU (de 750.000 millones de euros) a los países con dificultades no es una ayuda a las poblaciones de aquellos países, sino a los bancos (y muy en especial a los alemanes y franceses) para asegurarles que los estados les pagarán las deudas con los intereses confiscatorios que han exigido. En realidad, si los mercados financieros fueran mercados de verdad (y, por lo tanto, hubiera competitividad y riesgo en su comportamiento), los bancos tendrían que absorber sus pérdidas en inversiones financieras fallidas. Si el Gobierno de Grecia, por ejemplo, fuera a la bancarrota, la banca alemana tendría que absorber las pérdidas de haber tomado la decisión de comprar bonos del Estado griego.

Ahora bien, esto no ocurre en los mal llamados mercados financieros debido a que hay toda una serie de instituciones que protegen a los bancos. Y la más importante es el FMI, que presta dinero a los estados para que los pague a los bancos. De ahí que, como en EEUU, los bancos nunca pierden. Las que pierden son las clases populares, pues el FMI exige a los gobiernos que extraigan el dinero para pagar a los bancos de los servicios públicos de tales clases populares. Lo que el FMI hace es la transferencia de fondos de las clases populares a los bancos. Esto es lo que se llama “conseguir la credibilidad de los estados frente a los mercados”.

Estas transferencias, sin embargo, además de ser profundamente injustas, son enormemente ineficientes. El fracaso de las políticas de austeridad propuestas por el FMI en los países en crisis es bien conocido, lo que explica el descrédito de tal institución. El FMI, desde la época Reagan, es la organización financiera que ha impuesto más sacrificios a las clases populares de los países que han recibido “su ayuda”, con resultados económicos altamente negativos, tal como ha denunciado correctamente Joseph Stiglitz. No son los mercados, sino los intereses bancarios y sus aliados -entre los que destacan el FMI y el BCE- los que están imponiendo estos sacrificios. Al menos, llamemos a los culpables por su nombre.

Publicado en Público
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¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre los déficit y la deuda

Me imagino que cuando la gente oye decir que en Europa los déficit públicos deben ser menores del 3% del Producto Interior Bruto debe pensar que detrás de esa cifra hay sesudos análisis científicos llevados a cabo por economistas que dominan las técnicas más complicadas y rigurosas. Y como la postura de los líderes políticos más poderosos es tan firme en ese sentido y los economistas la subrayan tan seguros de sí mismos, ¿qué ciudadano va a osar ponerla en cuestión?

Sin embargo, detrás de esa obligación no hay ningún tipo de análisis científico que pruebe que el límite del 3% es mejor que el del 2% o el del 7% o que cualquier otro. Nada de nada. Nadie ha demostrado ni podrá hacerlo nunca que lo óptimo sea mantener los déficit en ese nivel, nadie ha demostrado ni podrá hacerlo nunca que la estabilidad presupuestaria sea mejor que los déficit. Nunca se podrá mantener como una verdad científica que la estabilidad presupuestaria o el límite europeo del 3% y no otro es lo que más conviene para el crecimiento económico, para el bienestar o para nada. Más bien sabemos con certeza lo contrario: cuando la economía se ha venido abajo en docenas de veces lo más adecuado ha sido lo contrario, incurrir en déficit hasta ponerla de nuevo en marcha. O también gastar más de lo que se ingresa sin miedo cuando de esa manera se capitaliza la economía y se sientan las bases para un rendimiento mayor en el futuro.

Afirmar que los gobiernos europeos deben liquidar sus presupuestos con déficit menores al 3% de su PIB es una simple convención establecida por los gobernantes. Podrían haber puesto el 0%, el 1% , el 4% o el 9% y hubieran tenido detrás el mismo fundamento científico: ninguno.

¿Por qué lo hacen entonces?

En primer lugar porque les conviene hacer creer que sus políticas son el resultado de decisiones técnicas supercientíficas que no hay que discutir. Utilizando esas cifras (como aquel corrupto gobernador del Banco de España que decía que no era bueno para la economía española que el paro bajase del 17%) se hace aparecer a la economía como una especie de ciencia física que dispone de magnitudes universales y que, por ser eso, magnitudes universales, están fuera de toda discusión y nadie tiene por qué poner en cuestión la política que se basa en ellas. Y así se puede descalificar a quien discuta la conveniencia del déficit como se haría con quien discutiera que la magnitud del número pi es 3,1416 o la velocidad de la luz…

Si no hay verdades científicas que demuestren que sea mejor que no haya déficit, los ciudadanos deberían saber entonces por qué las autoridades que defienden estas políticas tienen tanto interés en decir que se eliminen.

Hay al menos dos razones fundamentales

En primer lugar, porque al mismo tiempo que dicen que no debe haber déficit proclaman (con el mismo nulo fundamento) que los impuestos deben ser los más bajos posibles y de esa manera se termina obligando a que disminuyan los gastos públicos.

Cuando disminuyen los ingresos y los gastos públicos lo que ocurre es que los gobiernos no pueden proporcionar a la economía el capital social necesario: infraestructuras, servicios sociales, salud, educación… Y eso hace que cada vez les sea más difícil satisfacer las demandas de la población. Los gobiernos incumplen sus promesas electorales, la provisión de bienes públicos empeora y los ciudadanos tienden así a sentir un desafecto progresivo hacia todo lo que suene a gobierno, a política, a partidos… Justo lo que buscan quienes no necesitan del gobierno, de la política o de los partidos para satisfacer sus necesidades o para influir en las decisiones que afectan a sus intereses.

En segundo lugar ocurre un fenómeno curioso al que no se le suele prestar atención. Los defensores de la desaparición de la deuda pública son quienes se callan sin embargo cuando crece extraordinariamente la privada, precisamente, como consecuencia de la capacidad cada vez menor del gobierno para satisfacer necesidades sociales.

Cuando los gobiernos se encuentran con menos recursos y la sanidad pública, la vivienda pública, la educación pública y en general todos los servicios públicos tienden lógicamente a ser peores o más escasos, y cuando al mismo tiempo bajan los salarios y el trabajo se hace precario, lo trabajadores han de endeudarse cada vez más y la banca se hace dueña de sus haciendas y de sus vidas.

La deuda (tanto la pública cuando es financiada por ellos como la privada) es el gran negocio de los bancos. Cuanta más deuda haya, más dinero ganan.

Pero prefieren la deuda privada por varias razones

Primero, como he dicho, porque hace que aumente la desafección ciudadana y que disminuya la fuerza y la calidad de la democracia. Segundo, porque no está manos del gobierno sino de miles y miles de personas que son mucho más indefensas frente a los bancos y eso les permite a éstos imponer condiciones más favorables a su negocio (la difusión de hipotecas subprime principalmente entre los sectores más desfavorecidos de Estados Unidos es una prueba de ello como hemos demostrado Lina Gálvez y yo en el libro Desiguales. Mujeres y hombres frente a la crisis financiera, que saldrá a la calle en unos días publicado por Icaria Editorial). Y en tercer lugar, porque de esa manera es más seguro que el gasto se dedique a los negocios que más interesa al capital privado y no a la producción de bienes sociales que es lo que principalmente financia la deuda pública de un gobierno democrático.

Por otro lado, cuando los liberales (en realidad los defensores de los intereses de los bancos y los sectores más ricos y poderosos de la sociedad) proponen que no haya déficit públicos se olvidan de decir qué se pierde con ello.

Naturalmente, nadie puede defender que los gobiernos gasten irracionalmente y despilfarren recursos. La deuda que se origina de esa manera es tan inapropiada y peligrosa como cualquier otra conducta económica que produce inestabilidad e insostenibilidad. Pero choca que los enemigos de la deuda pública no lo sean de la privada que si se desboca es igual de insostenible, ni tampoco de la especulación, del deterioro ambiental, de la desigualdad, de la financiarización o de todas las demás manifestaciones de la insostenibilidad asociadas a la economía capitalista.

Y en cualquier caso, el hecho de que un gobierno gaste mal no significa que la deuda deba desaparecer: la alternativa a un gobierno que despilfarra no es otro que no gaste sino uno que gaste bien, que lo hace en lo que es necesario que gaste un gobierno, en capital y bienestar social.

También es verdad que la deuda no puede crecer indefinidamente pero eso tampoco significa que no se pueda mantener permanentemente. Lo importante no es tanto el montante de la deuda como la contribución que efectivamente realiza a crear más ingresos, más riqueza y más bienestar. Mientras lo haga, no deberá ser demasiado problema mantenerla y eso significa que lo que verdaderamente es malo de nuestras economías no es que haya mucho deuda sino que está asociada a la alimentación de actividades especulativas y al negocio privado, es decir, que no crea ingresos para ir sufragándola porque lo genera insuficientemente y porque los que genera están muy mal repartidos.

En realidad, la deuda pública debería entenderse como el pago que las generaciones futuras hacen de los bienes o servicios producidos anteriormente pero que ellas van a disfrutar en su momento. Y por eso, cuando se obliga a naciones que no son ricas a prescindir de la deuda se les está obligando a renunciar a la disposición de bienes y servicios de capital que requieren varias generaciones para financiarse y disfrutarse.

Igual que una familia normal no podría financiarse una vivienda al contado, el capital social que necesitan las sociedades necesita endeudamiento. Por eso, eliminar el derecho de las naciones más pobres a endeudarse de modo racional y sostenible es condenarlas empobrecerse quizá para siempre. Lo necesario, por tanto, no es que haya endeudamiento sino que éste se financie de modo solidario y sostenible y no como un simple negocio especulativo o al servicio de los intereses de una minoría exigua de la población.

Es cierto que un problema grave es que la deuda esté usándose en su totalidad o en gran parte (como ocurrió en mayor medida en países con dictaduras al servicio de los grandes bancos y de Estados Unidos y también, aunque en menor medida, en países como el nuestro) para fines distintos a la creación de riqueza y bienestar. Pero eso justamente ocurre en mayor medida cuanto más débil sea la democracia (un fenómeno que como señalé tiene mucho que ver con el debilitamiento de lo público), y cuando la financiación de la deuda se convierte en un negocio, cuando se deja en manos de la banca privada o de los especuladores (que para el caso es lo mismo).

Pero incluso en este caso la solución tampoco es eliminarla sino fortalecer el debate social y la democracia, combatir la especulación financiera y controlar democráticamente la financiación de la actividad económica.

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La crisis sistémica y la necesidad de resistencia

Este mes de mayo dio comienzo en un clima de fuerte incertidumbre para la Economía-Mundo capitalista y principalmente para sus territorios centrales. Estados Unidos y, sobre todo, Europa occidental están mas afectados por el agotamiento de un modelo productivo global altamente dependiente de los sectores energético (petrolero), financiero (hiper-especulativo) e inmobiliario (destructor), así como de la subordinación a las grandes corporaciones transnacionales que se apropiaron del carácter publico de los mismos. Esto supone un impedimento mayor para el relance que proclaman los apologistas del fin de la historia, ya que «la salida de la crisis» solo podrá darse sobre unas nuevas bases epistemológicas y estratégicas de producción y reproducción económica, donde la determinación y satisfacción de las necesidades y las actividades socialmente útiles pasen por el filtro de la voluntad democrática y la inteligencia colectiva de las bases organizadas de las sociedad.

Mientras los gurús del pensamiento dominante vuelven a engatusarnos con el viejo optimismo «autorealizativo» (« la crisis ha terminado, compren, emprendan, inviertan »), diversos indicadores nos muestran una realidad problemática y una incompetencia suma de las élites políticas, incapaces de dar los giros necesarios para superar las fuertes contradicciones e insostenibilidades del capitalismo financiero global y del frágil modelo productivo que lo alimenta. El G-20 y su tímido discurso de control de las finanzas y los paraísos fiscales son una buena muestra de la falta de disposición real de nuestros mandatarios de ponerle el cascabel al gato. También da fe de esta incompetencia el escándalo de Copenhague, empezando por la exclusión de la sociedad civil organizada de la fase final del debate y concluyendo con una fuerte regresión en términos de compromisos internacionales a los que los gobiernos del mundo están dispuestos a someterse (en relacion a los ya tímidos y obscenamente incumplidos objetivos de Kyoto).

En el plano de las Economías-Estado, todo apunta también a que la crisis recaudatoria de las arcas publicas va a propiciar un traumático recorte del gasto. En lugar de coger el toro por los cuernos tratando de regular y fiscalizar al capital transnacional, a las finanzas especulativas, a las actividades social y ecológicamente nocivas y a las grandes fortunas nacionales, los gobernantes de los diversos países ya están empezando a recortar las partidas que sostienen la frágil subsistencia de las clases populares. Una nueva contraofensiva neo-neoliberal que trata de forzar un "pacto de austeridad", basado en la moderación salarial y en el recorte de los derechos sociales, educativos y culturales, ya acosados por las oleadas privatizadoras y mercantilizadoras de los últimos 30 años. A la par no se oculta el descarado incremento de los recursos destinados a salvaguardar un sistema bancario caníbal, así como el perfeccionamiento de unos mecanismos represivos (cárceles, seguridad "ciudadana", control social) y unos cuerpos policiales mejor preparados para aplacar unos levantamientos y disidencias tan posibles como necesarias.

En la punta de lanza de este momento delicado de la historia, el colapso griego vuelve a poner en jaque a toda una sociedad cuya economía se ha basado en una mera ficción de desarrollo dependiente e insostenible a largo plazo (así como pasó en Argentina en el 2001). Mientras las élites griegas se congratulan del plan de salvamento capitaneado por el FMI, el BCE (o nuevo Fondo Monetario Europeo con derecho a recetar sus programas liberales en constante re-neo-vacion) y el binomio neo-tacheriano Merkel-Sarkozy, multitud de expresiones muestran una radical capacidad de resistencia popular que viene gestándose en los últimos ciclos pre-insurreccionales de la península helénica. 6 millones de atenienses (sobre 11 millones de griegos), que lejos de alegrarse del mastodóntico préstamo internacional, se lanzan masivamente a las calles para gritar contra el plan de austeridad y el ajuste. Se avecina (de hecho se anuncia con descaro) un recorte de derechos y libertades para tratar de encauzar a la población griega en la senda de la subordinación de sus vidas y relaciones económicas y sociales, tratando de perpetuar a unas élites políticas y financieras totalmente desacreditadas. Parece ser que en aquellos lares algunas (tal vez muchas) ya se han empapado de lo absurdo de dicha senda, y tal vez estén ya gritando aquel «¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!» que hizo rugir a la Argentina en su momento.

Pero si hasta hace semanas veíamos a Grecia desde la distancia, la solidaridad y cierto temor, parece quela tijera del recorte presupuestario (especialmente del gasto social) ya ha entrado con fuerza en España. Después de unas semanas de preparación del escenario adecuado, con llamados al "sacrificio", la "austeridad" y al "compromiso de todos los españoles", el Gobierno ha anunciado el 12 de Mayo un primer paquete de medidas para reducir el déficit, con el que espera dejar contenta a la Unión Europea, al FMI a los especuladores, a los grandes capitales españoles...

Tras haber aplacado los incómodos debates que se reabrieron a raíz del inicio de la crisis (insultantes ayudas a los bancos, paraísos fiscales, fiscalidad regresiva...), y haber también corroborado la pasividad de la población cuando ha tocado defenderse de las embestidas patronales, el Gobierno ha decidido que la crisis la sigan pagando los trabajadores. Una reducción media de un 5% en el salario de los funcionarios del Estado, la congelación de las pensiones, freno a la inversión pública... son algunos de los ejes en los que el Ejecutivo pretende actuar para reequilibrar ingresos y gastos. A parte del inmenso peligro que suponen estas medidas para la economía del país por la pérdida masiva de poder adquisitivo que estas implican, este "pseudo"-ajuste estructural pone de manifiesto la traición de la clase política (europea y española) y su desvío hacia las tesis más neoliberales.

Y como dicen que las desgracias nunca vienen solas, ya nos estamos preparando para los próximos ataques contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que vendrán presentadas bajo el discreto nombre de "reformas". Algunos ejemplos son la reforma del sistema de pensiones, o la que se anuncia en el mercado de trabajo, así como la reforma del sistema financiero y las cajas de ahorro.

Sin embargo, a pesar de lo previsible de estas medidas regresivas y el cada vez mayor descaro de la clase política y empresarial para diseñar las mismas, en España seguimos en una perpleja pasividad que también esta dándose en nuestros países vecinos. Frente al insensato optimismo izquierdista de pensar que el periodo actual de la crisis del capitalismo (no resuelta desde los años 70') nos conduce a una nueva oleada revolucionaria de cambio social, diversos factores hacen vislumbrar una repetición de la historia, donde los repuntes de la crisis han sido la coartada ideal de los poderosos para renovar sus estructuras de sustracción y acumulación de excedentes, así como los mecanismos que permiten su control y dominación de la población. El 1 Mayo he dejado patente esta crisis de la disidencia, que se torna inútil si se pierde en inofensivos debates grupusculares e ingenuas reivindicaciones sin vocación alguna de situarse en el centro de la cotidianeidad. Porque la débil relación de fuerzas y la incapacidad de generar conflicto contra la hegemonía del capital, muestra una cierta inmadurez de los sujetos y sectores sociales que pueden revertir las tendencias actuales al ajuste.

Nos encontramos ante una crisis de carácter sistémico y la debilidad que estamos demostrando desde los movimientos sociales, sindicales y políticos sólo nos puede llevar a acabar acatando una nueva salida regresiva de ella. Por muy insostenible que este tipo de salida sea, eso no significa que sea imposible que se ponga en marcha. De hecho, es muy probable que así sea. La reciente aprobación por parte de los Ministros de Finazas de la UE del mecanismo de rescate con el que se pretende asegurar la supervivencia del Euro no es sino una prueba de ello. No en vano, en el fondo supone la garantía de que la ayuda a los Estados "en problemas" (como se pretende hacer ver que está el español) se hará con la contrapartida segura del ajuste sobre el trabajo, el mantenimiento de la insostenibilidad ecológica del modelo productivo y la reproducción de la desigualdad de genero en el trabajo de cuidados que sostiene a aquél.

La llegada esta nueva vuelta de tuerca hacen los próximos meses decisivos para lograr articular de una vez las respuestas que los movimientos sociales deberíamos estar dando frente a él. Por esta razón, desde nuestro ámbito particular de actuación, la revista Economía Crítica y Crítica de la Economía queremos proponer la convocatoria, para el próximo mes de septiembre, de un encuentro de las distintas iniciativas de economía crítica que nos encontramos activas actualmente. El objetivo principal: coordinar nuestras acciones de respuesta frente al nuevo ataque a los derechos laborales y sociales que se encuentra en camino.

Fuente: Economía Crítica

Esparciendo falsos rumores

Newton pedía una palanca para mover el mundo. A los gurús financieros, carentes de los más elementales conocimientos de la física, expertos en picardías, trampas y falsedades, les basta con un rumor para desestabilizar el mundo.

Los últimos acontecimientos que hemos vivido creo que han convencido a los más escépticos de que la vida del sistema financiero está en manos de los más desvergonzados pícaros, que se mueven con facilidad e impunidad por un mundo en el que las reglas de conducta permiten convertir, por arte de magia, las falsedades en artificios contables, las especulaciones en turbulencias propias del sistema de navegación y las estafas en habilidosas operaciones de ingeniería financiera.

La mayoría de los grandes grupos financieros parecen encantados de haber impuesto sus condiciones. Minimizan las trampas y las consideran episodios, tan naturalmente incrustados en el sistema como la gripe y las alergias en el invierno y la primavera.

Lo sucedido el día 4 de mayo con España supera los límites de lo permisible y exige respuestas contundentes que ya están en las leyes y que sólo esperan ser activadas. De forma paralela, tres grandes rotativos, el Financial Times, The New York Times y Wall Street Journal, sugerían al unísono que España podía ser la próxima ficha del dominó europeo en caer. Al mismo tiempo, comenzó a correr el rumor de que España había pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional. La "fiabilidad" de la noticia se ponía de relieve comparando las cifras que se daban como montante de la supuesta ayuda demandada. Por un lado, se hablaba de 200.000 millones de euros y, por otro, otros 280.000 millones. La diferencia es notable.

El rumor es como una serpiente venenosa que se escapa de la boca del que lo transmite y emponzoña toda la vida de un país y, en este caso, de la Unión Europea que se acoge bajo el patrón euro. ¿Se puede impunemente soltar tal insidia, sin que nadie se mueva para detectar su origen y exigir responsabilidades? ¿El omnipotente mercado sin rostro, pero capaz de usar la voz, puede permitir que tales impactos agiten sus aguas considerándolos como travesuras integradas en las propias reglas del juego? Creo que si no se reacciona con los mecanismos propios de una sociedad democrática y no se exigen responsabilidades, las fichas del dominó irán cayendo aún más sobre las espaldas de los menos favorecidos, como ya ha sucedido en Grecia y como se acaba de anunciar en España. O ponemos orden con el peso de la ley o el caos y los disturbios surgirán como productos naturales de la indiferencia o la impotencia de los políticos.

Desde hace muchos años nuestros códigos penales mantienen un tipo de delito que encaja perfectamente para estas conductas, si bien no estaba pensado para tales magnitudes. Siempre ha sido un delito atentar contra el mercado y los consumidores, y se dice con claridad meridiana, para todo el que sepa leer. Cometen delito los que difundiendo noticias falsas y usando de cualquier otro artificio semejante consiguieren alterar los precios de las cosas. El Código no distingue entre el mercado tradicional de los entradores de carnes y pescados y los mercados financieros, por muchas diferencias que sea posible establecer entre dichos productos. Al final, es el mercado el bien jurídico al que hay que proteger.

Estos actos pueden ser equiparados por su gravedad y efectos a los que el Código Penal castiga como delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado en tiempos de guerra. Castiga a los que hicieren circular noticias o rumores falsos encaminados a perjudicar el crédito del Estado o los intereses de la Nación (artº 594 Código Penal). Si la conducta se conecta con situaciones de guerra, podemos establecer, sin exageraciones ni desvaríos, que los rumores pueden ser armas de destrucción masiva.

La resignación ante los desafíos de los delincuentes sería suicida. Es urgente y necesario poner a los servicios de inteligencia, a la policía, a los organismos reguladores de Eurostad y a los servicios financieros a investigar de dónde salió el rumor y qué base existía para su difusión. No se puede permanecer impávido ante los devaneos de unos juguetones financieros que se forran a costa de reducir el magro sueldo de los funcionarios griegos y españoles y congelar las pensiones de nuestros jubilados. Tal actitud es suicida.

Hay que buscarles en sus madrigueras, sacarles a la luz y aplicarles simplemente la ley. La inactividad me parece insoportable. El rumor y la especulación no pueden erigirse en reglas asumibles por el mundo de los mercados sin desgastes y riesgos de tamaño incalculable. O corregimos el rumbo o nos entregamos en manos de los especuladores a los que los gobiernos parecen temer más que a sus ciudadanos. O aplicamos la ley o les preguntamos a los mercaderes si les parece justo, razonable y exigible lo que están haciendo. Y si consiguen convencer a la mayoría, la única medicina es la resignación. Pero me temo que esta virtud se está agotando, es cada vez más escasa. O se ajusta el sistema o sólo habrá lugar para la rabia.

No parece sensato encargar a los antidisturbios la regulación del mercado financiero. Las cuentas de los tramposos no cuadran, los muertos son ciertos e irreversibles.

José Antonio Martín Pallín, magistrado, es comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

Fuente: El País

El fascismo financiero

Boaventura de Sousa Santos – Carta Maior

Hace doce años publiqué, por invitación del ex presidente de la República, Mário Soares, un breve texto titulado “Reinventar la democracia” que, por su rabiosa actualidad, no resisto a la tentación de evocarlo aquí. En él considero que una de las señales actuales de la crisis de la democracia es la emergencia del fascismo social. No se trata del regreso al fascismo del siglo pasado. No es un régimen político, sino un régimen social. En vez de sacrificar la democracia a las exigencias del capitalismo, el fascismo social promueve una versión empobrecida de la democracia que vuelve innecesario, e incluso inconveniente, el sacrifico. Se trata, por tanto, de un fascismo pluralista y, en virtud de ello, de una forma de fascismo que nunca ha existido.

En aquellos tiempos identificaba cinco formas de sociabilidad fascista, una de las cuales era el fascismo financiero. Sobre él decía lo siguiente:

El fascismo financiero es quizás el más virulento. Es el que impera en los mercados financieros de valores y divisas, la especulación financiera global. Es todo un conjunto que hoy se designa como “economía de casino”. Esta forma de fascismo social es la más pluralista en la medida que los movimientos financieros son el producto de decisiones de inversores individuales o institucionales esparcidos por todo el mundo y, además, sin nada en común fuera de su deseo de rentabilizar sus activos. Por ser el más pluralista es también el más agresivo debido a que su espacio-tiempo es el más refractario a cualquier intervención democrática

Significativa es, a este respecto, la respuesta del agente de bolsa de valores cuando le preguntaron qué era para él largo plazo: “Para mí largo plazo son los próximos diez minutos”. Este espacio-tiempo virtualmente instantáneo y global, combinado con la lógica del beneficio especulativo que lo apoya, le otorga un inmenso poder discrecional al capital financiero, prácticamente incontrolable a pesar de ser lo suficientemente poderoso como para sacudir, en cuestión de segundos, la economía real o la estabilidad política de cualquier país.

La virulencia del fascismo financiero reside en que, al ser el más internacional, está sirviendo de modelo para las instituciones de regulación global cada vez más importantes, a pesar de ser poco conocidas por el gran público. Entre ellas, las agencias de calificación, las empresas internacionalmente acreditadas para evaluar la situación financiera de los Estados y los consecuentes riesgos y oportunidades que ofrecen a los inversores internacionales. Las calificaciones concedidas -que van desde AAA hasta D- son determinantes para las condiciones en que un país o empresa de un país puede acceder al crédito internacional. Cuanto mayor es la calificación, mejores las condiciones. Estas empresas tienen un poder extraordinario.

Según el columnista del New York Times, Thomas Friedman, “el mundo posterior a la Guerra Fría tiene dos superpotencias: los Estados Unidos y la agencia Moody’s”. Moody’s es una de las agencias de calificación, junto con Standard and Poor’s y Fitch Investors Services. Friedman justifica su afirmación añadiendo que ”si es verdad que los Estados Unidos pueden aniquilar a un enemigo utilizando su arsenal militar, la agencia de calificación financiera Moody’s tiene el poder de estrangular financieramente a un país, atribuyéndole una mala calificación”.

En un momento en que los deudores públicos y privados entran en una batalla mundial para atraer capitales, una mala calificación podría significar el colapso financiero del país. Los criterios adoptados por las agencias de calificación son en gran medida arbitrarios, refuerzan las desigualdades en el sistema mundial y llevan a efectos perversos: el mero rumor de una próxima descalificación puede provocar una enorme convulsión en el mercado de valores de un país. El poder discrecional de estas agencias es aún mayor en tanto que les asiste la prerrogativa de atribuir calificaciones no solicitadas por los países o deudores en cuestión. La virulencia del fascismo financiero reside en su potencial de destrucción, en su capacidad para lanzar al abismo de la exclusión a países pobres enteros.

Escribía esto hace doce años pensando en los países del llamado Tercer Mundo. Ni siquiera podía imaginar que hoy lo fuera a recuperar pensando en los países de la Unión Europea.

Traducido para Rebelión por Antoni Jesús Aguiló y revisado por Àlex Tarradellas

Lo que no se dice de la crisis

La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos -Grecia, Portugal y España- e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.

Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.

Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.

Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.

Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.

Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.

Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).

En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.

El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.

Publicado en Público
http://www.vnavarro.es/

Mercados, calificadoras, poblaciones

En agosto de 2007 no sólo estalló la burbuja inmobiliaria, también empezaron las dificultades de grandes bancos internacionales: el BNP Paribas, el mayor de Francia, el Northern Rock británico, Bear Stearns, el quinto banco de inversión estadunidense, y muchos más. En pocas semanas los bancos centrales empezaron a desembolsar recursos para "apoyar" a esos grandes bancos en problemas que durante 2008 sumaron 3.02 billones de dólares, lo que equivalía a 5.5 por ciento del valor del PIB mundial de 2007. El argumento utilizado para que los congresos respectivos apoyaran el uso de este enorme monto de recursos fue que era indispensable impedir la quiebra del sistema financiero internacional.

En diciembre de 2009 estalló la crisis griega provocada por el cambio en la calificación de la deuda realizada por las principales agencias calificadoras (Standard & Poor’s, Fitch Rating y Mooody’s). Las calificadoras argumentaron que se habían deteriorado las expectativas a mediano plazo de las finanzas públicas de ese país, lo que generaba incertidumbre sobre si la recuperación en curso podría sostenerse. La reducción en la calificación implicó que el spread sobre el costo normal para refinanciar la deuda creciera, provocando un desbalance adicional en las finanzas públicas helénicas ya que la tasa de interés que se le cobrará a partir de la degradación de la calificación de su deuda será significativamente mayor.

Esas mismas calificadoras tuvieron un rol central en la crisis financiera que estamos viviendo. En los primeros años de este siglo se dio una colosal expansión del crédito, provocada por un funcionamiento bancario que puede describirse como "originar y distribuir". La operación bancaria otorga créditos de largo plazo y antes de un mes los vende a empresas filiales o a otros intermediarios financieros quienes, a su vez, los ‘rebanan’ y empaquetan junto con otros papeles financieros para venderlos a inversionistas en el mundo entero. Estos inversionistas evalúan el riesgo de esos paquetes por la calificación de esas agencias, que eran contratadas por las propias empresas que ‘titulizaban’, haciéndoles juez y parte. Muchos inversionistas perdieron su patrimonio por confiar en las calificadoras

Grecia ha sido castigada por los "mercados" y por los gobiernos de los países de la zona del euro. La demora de los gobiernos europeos en otorgar los apoyos económicos indispensables para enfrentar la situación provocó que hubiera nuevas calificaciones que han rebajado la deuda hasta niveles "basura", lo que ha significado que el spread sobre la tasa de interés sea casi de 10 puntos porcentuales. La lentitud de la respuesta de los gobiernos alemán y francés contrasta con la celeridad con la que apoyaron a los bancos de sus países. Contrastan aún más los requerimientos exigidos a la población griega en relación con lo que esos mismos gobiernos demandaron de los dueños de los bancos y de sus principales funcionarios.

La crisis que parecía empezar a superarse ha tomado un nuevo cauce. Los bancos ya no son el problema principal, aunque sigue siendo una preocupación la reanudación de los flujos crediticios. Una nueva etapa de la crisis podría estarse configurando a partir de la situación de las finanzas públicas de los países que peyorativamente se han denominado PIIGS: la deuda de Grecia que ha causado una turbulencia enorme es de 236 mil millones de dólares, la de Portugal suma 286 mil millones, la irlandesa 867 mil millones, España 1.1 billones e Italia 1.4 billones de dólares. Literalmente el problema griego es apenas la punta del iceberg.

Es evidente que el problema podría complicarse. Por lo pronto parece haberse hallado una salida financiera, pero sorprende el desinterés de gobiernos democráticos para actuar en defensa no del euro, sino de la población de un país. Sorprende que acepten que los ‘mercados’ puedan calificar y juzgar la actuación de un gobierno y decidir castigar a una población entera, cuando han demostrado que carecen de los valores éticos y de los requerimientos técnicos indispensables para hacerlo. El neoliberalismo ciertamente no murió con la crisis. Sigue vivo y mantiene el control político e ideológico sobre los gobiernos.

Orlando Delgado Selley.

La Jornada

Las medidas de ajuste: ni imprescindibles, ni equitativas, ni eficientes

Comunicado de Attac España sobre el sacrificio de la ciudadanía al doblegarse el gobierno a la voracidad de la dictadura del capital financiero

Frente a crisis del mercado, remedios del mercado, y a través de los actores en el mercado. El FMI, Bruselas y todos los banqueros alaban las medidas y el “coraje” para adoptar decisiones impopulares pero imprescindibles. Zapatero se doblega y quiere aplacar a la “bestia” de los especuladores sacrificando a la ciudadanía. ¡¡Se equivoca!!

Desde el momento en que se renuncia a regular y controlar los mercados financieros desde los Gobiernos y a frenar la especulación por ley se desencadena la espiral de la miseria: hay que pedir préstamos para pagar la deuda; reducir el déficit para pedir préstamos; recortar el gasto público para reducir el déficit; bajar los salarios, las prestaciones sociales y “reformar” las jubilaciones para reducir el gasto público. Otras tantas medidas que empobrecen los hogares, reducen las perspectivas de actividad económica productiva generadora de empleo y, consiguientemente, los futuros ingresos públicos que, a su vez, incitaran a las agencias de calificación a degradar los títulos de la deuda soberana provocando nuevas crisis bursátiles, con sus pánicos mediáticos y de nuevo la necesidad de otros ajustes y planes de austeridad. Nunca serán medidas eficientes.

El recorte de gastos sociales, y no otros, es una imposición de la UE y del FMI que nunca ayudan gratuitamente, pues tienen un empeño especial en la defensa del modelo económico neoliberal que han impuesto. Es la misma política seguida en América Latina durante la década de los noventa. El FMI y la UE quieren un Estado débil para poder imponer sus políticas, y los gobiernos han claudicado. ¿Cuánto han dejado de pagar los ricos y se ha dejado de ingresar en la Hacienda Pública por la bajada del tramo más alto del IRPF? ¿Por qué no se restablece el Impuesto sobre Patrimonio si se acepta que fue un error suprimirlo, un 0,2% del PIB? ¿Por qué no suprimir las SICAV que permiten a Emilio Botín del Banco Santander, Francisco González del BBVA, Amancio Ortega y Rosario Mera de INDITEX, las hermanas Koplowitz, la Duquesa de Alba, Florentino Pérez, etc. pagar el IRPF al 1%? ¿Por qué no se suprime el FROB, bajando el déficit un 0,9%, y suprimimos el riesgo de un incremento del déficit futuro de hasta el 10% (99.000 millones de euros) que tan sólo sirven para regalarles más dinero a la banca privada? ¿Por qué no establecer un impuesto en toda la zona euro a los especuladores con deudas soberanas como el de Brasil o sólo en España? ¿Por qué no eliminar la Declaración Conjunta en el IRPF? Son casi 2.000 millones de euros al año. La Declaración conjunta es una desgravación para las rentas medias y altas (y es creciente con el nivel de renta). Es un gasto antieconómico, antisocial, regresivo y discriminatorio para las mujeres (desincentiva su pertenencia a la economía regular). ¿Por qué no se revisan las pensiones de viudedad para eliminar su derecho para las personas viudas con un patrimonio superior al millón de euros o con otras rentas patrimoniales superiores a los 50.000€/año? No sólo se renuncia a regular y controlar los mercados financieros y a frenar la especulación, sino también a implantar sistemas o modelos fiscales nacionales justos, progresivos, del estilo de los países del norte de Europa. Estos modelos al aumentar los ingresos nacionales contribuyen a que dependamos menos de la deuda pública internacional y refuerzan la soberanía y la democracia del país. No son medidas imprescindibles las adoptadas, son posibles otras. No pagamos todos, no son medidas equitativas.

En el verano de 2007 los hogares estadounidenses se vieron incapaces de devolver los préstamos inmobiliarios concedidos sin ninguna garantía por los bancos ávidos de dinero; burbuja especulativa promovida desde la propia Reserva Federal dirigida por Alan Greenspan. En septiembre de 2008 la crisis de las subprimes degeneró en una crisis bancaria. Lehman Brothers se hundió. Los bancos dejaron de conceder préstamos y la economía cayó al borde de la asfixia. En vez de nacionalizar el sector financiero en bancarrota, los gobiernos aceptaron reflotarlo dejándolo con la misma desregulación, sin condiciones de ningún tipo. Los Estados se endeudaron fuera de toda lógica para salvar a los bancos privados y reactivar la economía. Pero tras veinte años de neoliberalismo y descenso continuado de la fiscalidad directa, los ingresos públicos se desplomaron. La deuda pública se dispara y, con ella, aparece la crisis social. En los países occidentales se dispara el desempleo, y con él la deslegitimación de los gobiernos democráticos y la desafección de la ciudadanía con sus gobernantes.

La afluencia de dinero público y el retorno a la especulación en las Bolsas da nuevos bríos a los bancos privados. Estimulados por los tipos de interés casi nulos, bancos y fondos de inversión reanudan su actividad especuladora. Durante la tormenta bursátil muchos trasladaron sus activos del mercado de acciones hacia el de las deudas públicas provocando una nueva burbuja financiera que sólo proporciona una pequeña tasa de interés. Hay que hacerla crecer, y comienzan los ataques especulativos a las deudas soberanas de los países periféricos de Europa con el pretexto del maquillaje del déficit griego efectuado con la ayuda del banco de negocios Goldman Sachs. La factura enviada por los bancos para pagar el precio de su propia incompetencia cae sobre su destinatario final, la ciudadanía trabajadora y pensionista, los gastos sociales del Estado. Las medidas aprobadas no atacan la raíz del problema, y no solucionaran nada.

Las discusiones para aprobar el Fondo de los/as ministros europeos para defender al euro y la necesaria intervención del FMI y de Obama reflejan la desunión europea y la pérdida de soberanía dentro de la zona euro. Estamos ante un verdadero ataque a la democracia y a la soberanía de los pueblos.

Consecuencia del miedo y la resignación frente a las imposiciones de los especuladores, la reacción de los Estados, de la UE y del FMI se caracteriza por limitarse a imponer la coacción de los mercados mientras juran que resistirán a estos. Esta política dominada por el miedo y la claudicación a la dictadura de la minoría que se denomina a sí misma como “los mercados financieros” incita a los países miembros a desmarcarse unos de otros con la esperanza de salvarse de las apuestas a la baja de los especuladores. Una vez colocados los diferentes Estados europeos en situación de competencia entre sí, se trata de quién exhibirá el plan de austeridad más drástico. En Lisboa, Atenas, Dublín, Madrid, Berlín, París, etc. se llama a “apaciguar los mercados” Nadie se acuerda que hace un año los dirigentes del G20 prometieron a la ciudadanía del mundo domarlos.

ATTAC España cree necesario que la ciudadanía sea la que se movilice y se rebele por la defensa de la democracia, porque de eso se trata, y se manifieste en contra de la “dictadura del mercado” y de los que son sus dirigentes: esta UE construida de espalda a la ciudadanía europea, el FMI y las entidades financieras. Se impone pues que la ciudadanía española, y toda la europea sea la que se levante para exigir a sus gobernantes que adopten otro tipo de medidas en defensa de la soberanía, la dignidad y la democracia de los pueblos.

La religión de mercado

Casi todos los dirigentes políticos, ya sean de la izquierda tradicional o de la derecha, ya sean del Sur o del Norte, confiesan una verdadera devoción por el mercado, y en particular por los mercados financieros. En realidad habría que decir que ellos han montado una verdadera religión del mercado. Cada día, en todas las casas del mundo que tienen televisión o internet, se celebra una misa dedicada al dios Mercado durante la difusión de la evolución de las cotizaciones de la Bolsa y de los mercados financieros. El dios Mercado envía sus señales a través del comentarista financiero de la televisión o de la prensa escrita. Esto sucede no sólo en los países más industrializados sino también en la mayor parte del planeta. En Shanghai o en Dakar, en Río de Janeiro o en Tombuctú, uno puede saber cuáles son «las señales enviadas por los mercados». En todas partes, los gobiernos han llevado a cabo privatizaciones y han creado la ilusión de que la población podría participar directamente de los ritos del mercado (mediante la compra de acciones) y que como contrapartida se beneficiaría si interpretaba correctamente las señales enviadas por el dios Mercado. En realidad, la pequeña proporción de población trabajadora que adquirió acciones no tiene el más mínimo peso sobre las tendencias del mercado.

De aquí a algunos siglos, quizás se leerá en los libros de Historia que, a partir de los años ochenta del siglo xx , hizo furor cierto culto fetichista. La expansión así como el poder que llegó a tener dicho culto quizás se relacionará con los nombres de dos jefes de Estado: Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Se destacará que este culto se benefició desde sus inicios de la ayuda de los poderes públicos y de las potencias financieras privadas. En efecto, para que este culto encontrara cierto eco en las poblaciones, fue necesario que los medios de comunicación públicos o privados le rindieran pleitesía cotidianamente.

Los dioses de esta religión son los Mercados Financieros, a los que se dedicaron templos llamados Bolsa, y en donde sólo son convidados los grandes sacerdotes y sus acólitos. Al pueblo de los creyentes se invita a entrar en comunión con los dioses Mercados mediante la pantalla de TV o del ordenador, el diario, la radio o la ventanilla del banco. Hasta en los rincones más recónditos del planeta, gracias a la radio o la televisión, centenares de millones de seres humanos, a quienes se niega el derecho de tener sus necesidades básicas satisfechas, son convidados a celebrar a los dioses Mercados. Aquí en el Norte, en la mayoría de diarios leídos por los asalariados, las amas de casa y los desocupados, existe una rúbrica del tipo «dónde colocar su dinero», a pesar de que una aplastante mayoría de lectores y lectoras no cuenta ni con una acción en la bolsa. Se paga a los periodistas para que ayuden a los creyentes a comprender las señales enviadas por los dioses.

Para aumentar el poder de estos dioses sobre el espíritu de los creyentes, los comentaristas anuncian periódicamente que éstos han enviado señales a los gobiernos para indicarles su satisfacción o su descontento. El gobierno y el Parlamento griegos, habiendo comprendido finalmente el mensaje recibido, han adoptado un plan de austeridad de choque que hará pagar la crisis a los de abajo. Pero los dioses siguen descontentos con el comportamiento de España, Portugal, Irlanda e Italia. Sus gobiernos también deberán llevar como ofrendas importantes medidas antisociales para calmarlos.

Los lugares donde los dioses abruman con la manifestación de sus humores están en Nueva York, en Wall Street, en la City de Londres, en las Bolsas de París, de Frankfurt y de Tokio. Para medir su satisfacción, se inventaron instrumentos que llevan el nombre de Dow Jones en Nueva York, Nikei en Tokio, el CAC40 en Francia, el Footsie en Londres, el Dax en Francfort, el IBEX en España. Para asegurarse la benevolencia de los dioses, los gobiernos sacrifican los sistemas de seguridad social en el altar de la Bolsa, y además privatizan.

Valdría la pena preguntarse por qué a estos operadores se les ha otorgado esta dimensión religiosa. Ellos no son ni desconocidos ni meros espíritus. Tienen nombre y domicilio: son los principales dirigentes de las 200 multinacionales más grandes que dominan la economía mundial con la ayuda del G7 y de instituciones tales como el FMI —que volvió al centro del escenario gracias a la crisis después de haber pasado un tiempo en el purgatorio—. También actúan el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, aunque ésta no esté en su mejor momento, nadie sabe si de nuevo puede ser la elegida de los dioses. Los gobiernos no son una excepción: desde la era de Reagan y Thatcher abandonaron los medios de control con que contaban sobre los mercados financieros. Dominados por los inversores institucionales (grandes bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros, hedge funds...) los gobiernos les donaron o prestaron billones de dólares para que puedan cabalgar de nuevo, después del desastre de 2007-2008. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Inglaterra prestan diariamente, con un tipo de interés inferior a la inflación, enormes capitales que los inversores institucionales se apresuran a utilizar en forma especulativa contra el euro, contra las tesorerías de los Estados, etc.

Actualmente, el dinero puede atravesar fronteras sin ninguna imposición fiscal. Cada día circulan en el mundo 3 billones de dólares saltándose las fronteras. Sólo menos del 2 % de esta suma se utiliza directamente en el comercio mundial o en inversiones productivas. Más del 98 % restante se dedica a operaciones especulativas, en especial sobre las monedas, los títulos de la deuda o las materias primas.

Debemos terminar con la trivialización de esta lógica de muerte. Se necesita crear una nueva disciplina financiera, expropiar a este sector y ponerlo bajo el control social, gravar con fuertes impuestos a los inversores institucionales que primero provocaron la crisis y después se aprovecharon de ella, auditar y anular las deudas públicas ilegítimas, instaurar una reforma fiscal redistributiva, reducir radicalmente el tiempo de trabajo con el fin de poder contratar masivamente, pero sin disminuir los salarios, etc. En dos palabras, comenzar a poner en marcha un programa anticapitalista.

Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz.

[1] Eric Toussaint es presidente del CADTM Bélgica (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org ), es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Lieja (Bélgica) y de la Universidad de Paris VIII (Francia). Es autor de Banco del Sur y Nueva Crisis internacional (editorial Viejo Topo, Barcelona, Enero 2008; editorial Abya-Yala, Quito, Junio 2008; Observatorio DESC, La Paz, Octubre 2008) , autor de Banco mundial, el golpe de estado permanente ( El Viejo Topo, Barcelona, Enero 2007; Editorial Abya-Yala, Quito, Julio 2007; CIM, Caracas, Agosto 2007; Observatorio DESC, La Paz, Noviembre 2007); autor de La Bolsa o la Vida (CLACSO, Buenos Aires, 2004; Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2004; editorial Abya-Yala, Quito, 2002); Coautor con Damien Millet de 60 Preguntas/60 respuestas sobre la Deuda, el FMI y el Banco Mundial , Icaria/Intermón Oxfam, Barcelona, 2010.

Fuente: Rebelión