Papel social del sistema público de pensiones La reducción de la pobreza de las personas mayores inducida por los sistemas públicos de pensiones, ha dado lugar a que en numerosos países las tasas de pobreza de esa cohorte de población se han mantenido constantes o reducido en las últimas décadas, mientras que la pobreza ha aumentado para el conjunto de la población, especialmente entre los parados, pero también en un sector de trabajadores perceptores de bajos salarios. A pesar de la mejora en la cuantía de las pensiones que ha tenido lugar durante los últimos años en el Estado Español, las pensiones medias siguen alejadas de los salarios medios, que, por otra parte, son reducidos comparados con la media de la Unión Europea. Además, la revalorización de las pensiones conforme al IPC -con excepción de las pensiones mínimas, que vienen conociendo un aumento superior-, alejado todos los años en 3 o 4 puntos del crecimiento del PIB nominal, determina que a medida que transcurre el tiempo desde la causación de la pensión, los ingresos de los pensionistas se alejan de los ingresos medios de los trabajadores y trabajadoras en activo. Este aspecto cobra más importancia ante la elevación de la esperanza media de vida y, por lo tanto, de duración de la percepción de las pensiones.
El aumento de la cuantía de las pensiones exigiría, según determinados círculos, la privatización del sistema, reduciendo el sistema público a la provisión de rentas mínimas para combatir la pobreza, en línea con las propuestas del Banco Mundial. La posición más extrema en este sentido ha sido defendida por el entonces subdirector del servicio de estudios del BBVA y posteriormente Jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno -antes de pasar a trabajar para la patronal de la construcción-, D. Taguas. En un artículo de 2006 (firmado también por M. J. Saez) vaticina que, una vez agotado el fondo de reserva, los déficits de financiación, que empezarán a producirse entre los años 2027 y 2030, conducirán al colapso del sistema alrededor del año 2050. Para evitarlo proponen medidas tales como el cómputo de la carrera laboral completa para el cálculo de las prestaciones, el retraso de la jubilación hasta los 70 años y una revalorización de las pensiones que ni siquiera asegure el mantenimiento de su poder adquisitivo. Los autores ni consideran la posibilidad de que el aumento del gasto sea financiado mediante un aumento de las cotizaciones sociales, por estimar que “afectaría negativamente a la oferta de trabajo”.
En la misma línea, el Gobernador del Banco de España, M.A. Fernández Ordóñez, en una comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo el 15 de abril de 2009 se ha pronunciado por la “reforma” del sistema de pensiones, exponiendo las medidas adoptadas en otros países para que el parlamento español escoja entre ellas: endurecimiento de la jubilación anticipada e incentivo de la permanencia en actividad, atraso de la edad legal de jubilación, ampliación del número de años para el cálculo de la jubilación, ligar la pensión con la esperanza de vida (de forma que se reduzca la pensión cuando la misma aumente). En lo que si “se moja” es en la negativa al incremento de las cotizaciones, ya que, a su juicio, podría tener “efectos muy perniciosos sobre el empleo”.
La negativa frontal al incremento de las cotizaciones sociales está extendida no sólo entre las organizaciones empresariales, sino que incluye a altos responsables políticos del partido del gobierno. Así, el Comisario de Economía y Finanzas de la UE, Joaquín Almunia, declaraba en noviembre de 2006, en una entrevista en el diario Libération que (en ausencia de reformas que reduzcan el gasto en pensiones) “Los Estados no quiebran jamás. Pero (…) no habrá más elección que aumentar los impuestos de los activos, que serán entonces poco numerosos, para pagar la deuda, e incrementar las cotizaciones sociales para asegurar las pensiones de jubilación. La situación será insostenible: esto será el fin de nuestro modelo social”.
La reducción de las cotizaciones sociales
Recientemente la organización patronal CEOE ha solicitado al gobierno la reducción en cinco puntos de las cotizaciones sociales. Según el Ministerio de Trabajo cada punto equivale a 3.200 millones, por lo que la reivindicación de la CEOE asciende a 16.000 millones de euros, equivalentes al 1,5% del PIB. El Gobierno estaba dispuesto a aceptar una reducción de 1,5 puntos, de los que 0,5 serían a cargo del excedente de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y otro punto se limitaría al año 2010. Ese excedente es tal por la manifiesta infradeclaración de un gran número de enfermedades profesionales y su reconocimiento como enfermedades comunes, con el consiguiente ahorro para las Mutuas y perjuicio para los trabajadores afectados que no perciben las superiores prestaciones a que tendrían derecho y para los servicios públicos de salud que hacen frente a gastos que no les corresponden.
La descompensación es manifiesta entre esta medida y la que se prevé de aumento en seis meses de la cobertura de una prestación de desempleo para aquellos parados que agoten las prestaciones a fin de evitar situaciones de extrema indigencia. Esta medida estará dotada con 420 euros mensuales, con una duración de medio año. Como el gobierno calcula que existen 300.000 personas que cubren los requisitos exigidos –del más del millón de personas desempleadas que no tienen derecho a ninguna prestación-, el coste estimado de la medida se elevaría hasta los 756 millones de euros, cifra que contrasta con los 4.800 millones para las empresas que estaba dispuesto a conceder el gobierno. El corte de la CEOE con la mesa del diálogo social, entre otras razones para reforzar la exigencia de nuevas medidas de reducción o eliminación de las indemnizaciones de despido, ha ido acompañada de una declaración del Ministro de Trabajo de retirada de la oferta de la reducción de cuotas. Sin embargo, está por ver si la medida no se reintroduce de nuevo en un contexto de reanudación del “Diálogo Social”. En tal caso, aunque se afirme que una parte va a ser temporal, es seguro que la CEOE ejercerá una fortísima presión para que se haga definitiva. Esa reducción de las cotizaciones daría lugar a una importante reducción de los ingresos del sistema de Seguridad Social y, posteriormente, a la entrada en déficit del mismo, de forma que se justifique la futura reducción de las pensiones para mantener el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social.
La ofensiva contra el sistema público de reparto
Los partidarios de la privatización del sistema de reparto en el Estado Español, argumentan que el aumento de su coste lo hará inmantenible, si bien la mayoría de esa corriente propone, por ahora, la privatización gradual, por dos razones: por el enorme coste fiscal que supondría la transición de un sistema a otro ya que el Estado debería pagar las pensiones que se han financiado con las cotizaciones al sistema de reparto, además de reconocer las cotizaciones ya realizadas y, aunque esta razón permanece implícita, por el rechazo social que provocaría la eliminación del sistema de reparto. La estimación del aumento del coste de las pensiones públicas de reparto en el horizonte del año 2050 varía según los diversos estudios. Así, según Sáez y Taguas el gasto en pensiones contributivas se duplicará, desde el 7,7% en 2004 hasta el 17,9% en el 2059, gasto que consideran inasumible y excesivo. Sin embargo, si se tiene en cuenta el crecimiento de la productividad durante el período 2004-2059, estimado por los propios autores en el 1,5%, el PIB de 2059 será 2,25 veces superior al de 2004, es decir, 225. Si el valor del PIB tras el pago de pensiones era de 92,3 en el 2004, el coste de las pensiones en el 2059 sería el 17,9% de 225, es decir, 40, por lo que el PIB tras el pago de las pensiones en el 2059 sería de 185, más del doble que los 92,3 de 2004 (razonamiento expuesto en un artículo de 2007 por Vicenç Navarro).
En resumen, la posibilidad macroeconómica del aumento del gasto en pensiones se deriva del incremento de las ganancias de productividad que se han producido durante las últimas décadas y que han ido de forma muy mayoritaria a aumentar la parte de los beneficios. La recuperación de los incrementos de la productividad a favor de los asalariados permite financiar el aumento del gasto en pensiones y, además, queda margen disponible para el necesario incremento en otras partidas del gasto social, el aumento de los salarios y la reducción del tiempo de trabajo. Con lo que es incompatible es con la continuación de la tendencia de las últimas décadas de aumento del excedente empresarial a costa de los salarios directos y de las cotizaciones sociales.
Ese aumento de las cotizaciones es más adecuado que el trasvase de la financiación de las pensiones al Estado mediante impuestos que defienden algunos defensores del sistema público de pensiones. En efecto, la fiscalización de las pensiones exige tener en cuenta que, en la práctica, los impuestos sobre la renta de buena parte de países europeos están lejos de su teórica progresividad, lo que es particularmente cierto en el caso del Estado Español. La financiación de las pensiones exige aumentar las cotizaciones en proporción al aumento de las necesidades derivada de la mejora del envejecimiento demográfico, sin que ninguna “base milagro” (del tipo de cotizaciones sobre el valor añadido o similar) pueda obviar tal necesidad. El control por los asalariados del pago íntegro de los salarios, a través de las nóminas o recibos de salario, contribuye a que las cotizaciones basadas en los salarios dificulten en mayor medida el fraude que otros módulos de cálculo que se pudieran establecer, por ejemplo, el valor añadido de las empresas. Establece una relación estrecha entre la defensa del salario directo y el salario indirecto de las cotizaciones. Su sustitución contribuiría a disminuir aún más el limitado control sindical sobre la parte de los salarios que constituyen las cotizaciones.
La fiscalización de las pensiones se inscribe en un contexto que pretende la reducción del coste del trabajo, supuestamente demasiado elevado… a pesar de su persistente reducción en relación con lo producido. El efecto de esas medidas sobre el empleo depende de hipótesis discutidas sobre la sustituibilidad de los factores de producción y, en todo caso, no existe evidencia empírica que permita concluir una influencia positiva en el empleo de la reducción de las cotizaciones basadas en los salarios. Por otra parte, quienes insisten en el carácter insostenible de ese aumento para el futuro, obvian que en el Estado Español hace 50 años el gasto en pensiones equivalía al 3% del PIB, frente al 8,4% del 2006, sin que se haya producido ninguna catástrofe económica por ese aumento del gasto. Lo que sí se puede producir es una catástrofe social si el Gobierno español accede a la reducción de las cotizaciones sociales que en el próximo futuro justifique una reducción de las pensiones y, con ello, se extienda la pobreza entre las personas mayores.
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