El Banco Europeo de Inversiones (BEI) concede préstamos para proyectos en países en desarrollo a bancos y entidades que utilizan paraísos fiscales offshore como la Isla Mauricio, según un informe de Counter Balance, una coalición de ONGs de desarrollo y medio ambiente. Durante muchos años el mayor Banco público europeo no se ha sometido a un escrutinio público adecuado en relación a los impactos sociales, políticos y ambientales de los proyectos que apoya para infraestructuras y necesidades básicas de países en desarrollo. Para mejorar su funcionamiento, se ha formado específicamente Counter Balance, una nueva coalición europea de ONGs (entre ellas la francesa Les Amis de la Terre y la alemana WEED) que cuentan con amplia experiencia sobre las finanzas en el ámbito del desarrollo y de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y en campañas dirigidas a evitar los impactos negativos derivados de grandes proyectos de infraestructuras.
El pasado 15 julio Counter Balance hacía público un informe denunciando que los préstamos del BEI para proyectos en países en desarrollo se conceden a una serie de clientes que utilizan filiales y sociedades instrumentales domiciliadas en paraísos fiscales o centros offshore, como la ex colonia británica de Isla Mauricio.
El BEI (EIB, en siglas inglesas) es la mayor institución financiera pública del mundo, con un volumen de préstamos que rondó los 50.000 millones de euros en 2006. Como sucede como muchas otras instituciones europeas, al carecer de estándares sociales y medioambientales vinculantes y de una política de rendición de cuentas y transparencia, su funcionamiento no responde a los valores democráticos de sus accionistas, que son los 27 Estados miembros de la UE. La gestión pretende focalizarse en los resultados económicos, impidiéndole cumplir el mandato de desarrollo sostenible bajo el cual actualmente opera en gran parte del Sur. Estas ONGs coaligadas intentan impulsar una presión que genere una reforma efectiva exigiendo una efectiva rendición pública de cuentas a este gran Banco público.
“Nuestro estudio demuestra -dicen– que una larga lista de clientes del BEI con proyectos de desarrollo utilizan los paraísos fiscales y las jurisdicciones del secretismo. Para estos proyectos de desarrollo en África el más utilizado es la Isla Mauricio. Está en completa contradicción con las responsabilidades en relación con el desarrollo que incumben al BEI en virtud de los acuerdos de Cotonu. Las jurisdicciones secretas estimulan la competición fiscal, permiten el secreto bancario y por tanto la corrupción y facilitan la evasión y el fraude fiscal.”
Esta micro República independiente de la Isla Mauricio ha venido figurando en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE desde el año 2000, una catalogación que mantiene el Senado de los EEUU, Tax Justice Network y muchos analistas. En junio pasado, un informe del gobierno noruego sobre las inversiones para el desarrollo, demostraba los problemas del secretismo y las facilidades para la evasión fiscal como los falsos domicilios de empresas fantasma que ofrece esta Isla, ex colonia británica
Sin embargo, la Isla Mauricio aparecía en la nueva lista “blanca” de la OCDE, avalada por el G-20 en Londres, porque se estima que “ha aplicado las normas fiscales internacionales reconocidas”; una catalogación injustificable, resultado escandaloso de la cumbre del pasado 2 abril como explicamos en el libro Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20 (Icaria, 2009).
En cuanto al Banco público de la Unión Europea, lamentablemente apenas se conoce la importancia de los préstamos que concede cada vez más fuera de Europa. Para el período 2007-2013 (fuera de los países ACP, África-Caribe-Pacifico) dispone de un presupuesto de 27,800 millones € para países en desarrollo, conforme a los diferentes mandatos recibidos de la Unión de los 27 Estados miembros, que son sus accionistas.
Según este informe, los préstamos del BEI se conceden con tal confianza a los bancos europeos o los intermediarios privilegiados que los gestionan –que también disponen de filiales en paraísos fiscales– que incluso están excluidos de los procesos internos de control bancario. Un ejemplo de la total falta de transparencia en la gestión del dinero de los contribuyentes europeos, que evidencia el sitio web de Counter Balance, donde asimismo nos cuenta, ¡oh, dato curioso!, que recibe financiación de la Comisión europea.-
Juan H. Vigueras – Consejo Científico ATTAC España
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