Subir impuestos a los ricos

Con motivo del globo sonda lanzado estos días de atrás por el Gobierno sobre una posible subida de impuestos, ha vuelto a surgir una cantinela un tanto peligrosa: no es posible subir los impuestos a los ricos, ya que cuentan con mil formas de eludirlos. Este argumento se encontraba detrás de las distintas contrarreformas fiscales del PP –incluso de las del PSOE– para reducir el tipo marginal máximo en el IRPF o para dar un trato de favor a las rentas de capital con respecto a las del trabajo. Se ha utilizado también para denigrar el Impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio; se intenta vender la idea de que, dado que el sector público se muestra incapaz de crear impuestos verdaderamente progresivos, vayamos a tributos simples y lineales.

Lo malo es que todas estas zarandajas las ha comprado la izquierda. De ahí que el PSOE en la oposición propusiese el tipo único para el IRPF. Como era de esperar, en el Gobierno no se atrevió a implantarlo, pero lo que sí ha eliminado es el Impuesto sobre el Patrimonio. Y como los ricos no lo pagaban… Me consta que una de las principales fortunas del país –enterado de la noticia y pensando en el dinero que iba a ahorrarse– no pudo por menos que exclamar, lleno de júbilo: “No sabía yo que fuese tan socialdemócrata”. Es poco probable que los jornaleros, albañiles, camioneros, administrativos y demás trabajadores sufriesen un ataque similar de alegría. Y es que, como dice nuestro presidente de Gobierno, bajar los impuestos es de izquierdas.

Desde hace más de 20 años vengo denunciando en la prensa las distintas contrarreformas fiscales y ataques a la progresividad que ha sufrido nuestro sistema tributario, especialmente por lo que respecta al IRPF; pero, así y todo, examinemos algunos datos de este tributo. El 4% de los contribuyentes aporta el 37% de la recaudación, y aproximadamente el 20% de esta se obtiene del 1% de declarantes, aquellos que cuentan con una base imponible superior a los 120.000 euros anuales. Los 10.580 contribuyentes (el 0,06% del total) con ingresos declarados superiores a 600.000 euros tributan por término medio al año más de 400.000 euros, aportando así más del 6% de toda la recaudación. ¿Podemos afirmar que el impuesto no es progresivo?

Si de verdad se quiere subir los impuestos a los ricos hay múltiples formas de llevarlo a cabo. Se podría comenzar por abolir la Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), que es donde se esconden buena parte de las grandes fortunas. Habría que reformar también la Ley General Tributaria para eliminar todos los posibles mecanismos de elusión. Se deberían integrar de nuevo las rentas de capital en la base general del IRPF, eliminando así el trato de favor de que gozan en la actualidad.

Se podría elevar el tipo marginal a los contribuyentes de ingresos elevados y, sobre todo, habría que establecer unos impuestos sobre Sucesiones y Patrimonio verdaderamente progresivos, que dejen exentas a las clases bajas y medias y graven a las rentas altas. Lo que no resulta demasiado creíble es que lo vaya a realizar un Gobierno que acaba de eliminar el Impuesto de Patrimonio.

Juan Francisco Martín Seco – Público

El fraude fiscal en España

El dinero en metálico en España supone el 10% del PIB, frente al 5% en la zona euro y el 6% en Estados Unidos. Actualmente circulan en el país 111 millones de billetes de 500 euros, siete veces más que en 2002: es el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles.

No hacen falta sofisticados estudios o encuestas para conocer la magnitud del fraude fiscal existente en España porque a diario se puede comprobar la alegría con la que se ofrecen en el mercado servicios u operaciones sin factura, facturas sin IVA, u operaciones con una parte en negro. Esta situación pone de manifiesto el poco miedo que tiene el defraudador a ser pillado, la falta de repudio social ante el fraude fiscal y el fracaso de la administración en sus planes de lucha contra el fraude.

Amparándose en la dificultad de su realización, ningún gobierno ha querido elaborar hasta ahora un estudio en profundidad sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en España.

Hay que esperar que esta situación cambie, ya que la propia Unión Europea está tomando conciencia de la gravedad del fraude. Así, el Parlamento Europeo, en un informe de 17 de julio de 2008, se lamenta de que no se disponga de cifras precisas. Debido a que las normas nacionales para la presentación de información varían considerablemente, reclama una recopilación unitaria de datos en todos los Estados miembros que ofrezca transparencia y sirva de base a las medidas nacionales contra el fraude fiscal, y pide a la Comisión que se plantee la creación de un sistema europeo uniforme de recogida de datos y de producción estadística sobre el fraude fiscal, con objeto de evaluar de la manera más precisa posible la magnitud real de este fenómeno.

El informe reconoce que las estimaciones sobre las pérdidas globales (directas e indirectas) de ingresos fiscales originadas por el fraude fiscal se sitúan en Europa entre los 200.000 y los 250.000 millones de euros anuales.

A pesar de que en España no existe un estudio oficial sobre el fraude fiscal, existen otros informes, estudios o datos que ponen de manifiesto la magnitud del problema y que, en términos porcentuales, cuantifican el fraude en España entre el 20% y 25%, el doble que la media de la UE.

Esta situación se corrobora por otros datos adicionales. El primero se refiere al dinero en metálico en España, que supone el 10% del PIB, frente al 5% de la zona euro y el 6% de EE UU, y ello a pesar de que España dispone de una de las redes de cajeros automáticos y sucursales bancarias más utilizadas de Europa. El segundo es el enorme volumen de billetes de 500 euros que circula por España: actualmente circulan en el país 111 millones de euros en billetes de 500 euros, un 30% del total emitido en la UE y el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles. La cifra de este tipo de billetes se ha multiplicado por siete respecto a 2002, año de puesta en circulación del euro.

Podemos señalar que el fraude fiscal no es un fenómeno nuevo, sino que ha supuesto un problema importante en la sociedad española en las últimas décadas. Respecto de su cuantificación en euros, si entre un 20% y un 25% del PIB español no paga los impuestos que les corresponde, el PIB de España alcanzó en 2007 el billón de euros, y la presión fiscal media se sitúa en el 36%; la cifra de cuotas no ingresadas supera los 70.000 millones de euros cada año como mínimo. De acuerdo con los datos anteriores, y teniendo en cuenta que el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria es de cuatro años, se puede cuantificar en una cifra aproximada de 280.000 millones de euros las cuotas tributarias no ingresadas, y que con una actuación decidida del gobierno, aprobando las medidas adecuadas, podrían ingresar en las arcas públicas.

Estos datos ponen de manifiesto la magnitud del problema, y no se entiende la autocomplacencia de las autoridades tributarias con los resultados obtenidos, basada en la obtención de una determinada deuda tributaria de las liquidaciones efectuadas por la administración o de las declaraciones complementarias como efecto inducido. Como resultado de las actuaciones realizadas entre 2005 y 2008, se ha cuantificado la deuda recuperada en unos 28.000 millones de euros. Comparada dicha cifra con la de fraude existente, el importe recuperado no llega al 10%, por lo que no se puede hablar de resultados satisfactorios. Por otro lado, en la calle no se percibe una especial persecución a los defraudadores, salvo en algunos supuestos de fraude de carácter organizado, y si preguntamos a los ciudadanos, sus respuestas confirman la situación de fracaso, como se expone a continuación.

Según los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio de 2008, la mayoría de los españoles, un 82%, considera que en España hay mucho o bastante fraude fiscal, el mismo porcentaje que piensa que si la gente no engaña más es por miedo a una inspección. Además, un 52,1% considera que “casi todo el mundo” engaña algo al pagar sus impuestos y la administración ya cuenta con ello. Si examinamos la misma encuesta realizada en julio de 2002, podemos verificar que la situación no ha variado significativamente, ya que entonces el 79,6% creía que existía mucho o bastante fraude.

En el informe 21/07, “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2006” del Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del ministerio de Economía y Hacienda, se refleja que el 58% de los ciudadanos opina que el fraude fiscal ha aumentado en la última década, frente a un 42% que opina lo contrario.

Planes de actuación de la administración tributaria

En los últimos años hemos asistido a la aprobación de diferentes medidas de lucha contra el fraude fiscal, que a pesar del bombo mediático del que iban acompañadas, lograban poca efectividad en sus objetivos, quizá porque no existía una auténtica voluntad política de atacar el fondo del problema.

Desde su creación, la Agencia Tributaria ha elaborado diversos documentos de planificación estratégica en 1994, 1996, 1998 y 2000, que pueden citarse como antecedentes del Plan de Prevención del Fraude aprobado en febrero de 2005 y que todavía está ejecutándose.

En el análisis del plan lo primero que resaltaba era su nombre. El anuncio que hizo el gobierno se refería a la aprobación de un Plan de Lucha Contra el Fraude, y finalmente se aprobó un Plan de Prevención. Evidentemente, no es lo mismo, ya que prevenir supone adoptar medidas para evitar que no se produzca fraude en el futuro, mientras que luchar supone actuar contra el que se ha producido y se está produciendo en el momento actual. Ese cambio de nombre no fue casualidad, ya que en el transcurso de elaboración del plan se tuvo conocimiento de que algunas medidas que los responsables habían reflejado en sus informes, acertadas en orden a luchar contra el fraude, finalmente no constaban en el plan aprobado por decisión del responsable político. Así ocurrió con la creación de la policía fiscal, asunto que quedó en la firma de un convenio de colaboración con la policía; medidas encaminadas al reforzamiento del servicio jurídico del Estado, o el refuerzo del reconocimiento legal de la competencia de la Agencia Tributaria para investigar el fraude fiscal de carácter criminal, los delitos de contrabando, el blanqueo de capitales y los delitos conexos, en funciones de auxilio a la justicia.

Entre las carencias y deficiencias detectadas en el plan adoptado destacaban dos: la necesidad de mayores medios materiales y humanos para llevarlo a cabo, y la ausencia de medidas normativas.

En cuanto a la Ley de Medidas aprobada, siendo una norma que pretende luchar contra el fraude, uno de los aspectos que se echan en falta es la ausencia de una definición del concepto de fraude fiscal, sus características, su cuantificación y el objetivo que persiguen las medidas desarrolladas en dicha norma. La ley refleja una serie de medidas dispersas que no conforman un cuerpo conjunto y armonizado para la lucha contra el fraude, incluyéndose, además, medidas que poco o nada tienen que ver con ese objetivo, como la posibilidad de aplazar o fraccionar el pago de sanciones sin que ello suponga perder automáticamente la reducción del 25%, la reducción que experimenta el recargo por declaración extemporánea cuando se ingrese en periodo voluntario, o los anticipos de tesorería a favor de las entidades locales.

Decálogo de medidas para combatir el fraude

A mi juicio, el decálogo de las más medidas más importantes para luchar contra el fraude fiscal sería el siguiente:

Reforma del delito fiscal. Diversos colectivos e instituciones reiteran desde hace años la necesidad de reformar la figura del delito fiscal como una pieza básica en la estrategia de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

En varias ocasiones se ha llamado la atención sobre la probada ineficacia que por diferentes razones presenta en la actualidad el delito fiscal. En este sentido, puede afirmarse que el delito fiscal o de defraudación tributaria se ha convertido hoy en un adorno casi inoperante en nuestro sistema jurídico-tributario. En ello inciden fundamentalmente factores como la aparición de nuevas modalidades de fraude, la lentitud de los procesos judiciales, la ausencia de penas que supongan en la práctica la privación efectiva de libertad, la ausencia de una adecuada tipificación penal de las tramas de fraude, la dificultad de adoptar medidas de prisión preventiva de los inculpados, la falta de una formación penal suficiente en el ámbito tributario o la falta de una adecuada formación y sensibilidad fiscal en los órganos judiciales.

A pesar de todos estos obstáculos, resulta de la máxima importancia la existencia de un delito fiscal creíble y eficaz que comporte, para los responsables, beneficiarios y colaboradores de las manifestaciones más graves del fraude fiscal, un castigo adecuado, al tiempo que se garantice la reparación del daño causado al conjunto de los ciudadanos. En la reforma se tendrían que contemplar medidas como aumentar la pena de prisión de cuatro a seis años para los casos más graves; incrementar el plazo de prescripción penal para perseguir los delitos fiscales de cinco a 10 años; eliminar la excusa absolutoria para el delito fiscal; considerar como circunstancia agravante la comisión del fraude mediante la utilización de países o territorios calificados como paraísos fiscales; establecer la pena de inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de cualesquiera entidades mercantiles durante el periodo de seis meses a seis años; tipificar un nuevo delito consistente en el ofrecimiento al mercado de servicios idóneos para la defraudación tributaria y considerar a los funcionarios de la Inspección de Hacienda (la policía fiscal) como policía judicial.

Creación de la policía fiscal. La lucha contra el fraude debe contemplar la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria en la cual se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera. Tales unidades mantendrían su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina de Lucha contra el Fraude. La creación de una policía fiscal es un elemento clave en la lucha contra el fraude, especialmente el fraude organizado. Existen modelos internacionales de eficacia contrastada como EE UU e Italia.

Creación de una oficina natural antifraude. La contemplación unitaria de la delincuencia fiscal hace imprescindible la creación de un organismo multidisciplinar que, bajo la dependencia funcional de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, integre, entre otros, a funcionarios de la Inspección de Hacienda, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del ministerio Fiscal. Un organismo de tal naturaleza estaría en condiciones de abordar con garantías de éxito la lucha contra las grandes tramas de fraude que tan relevantes perjuicios causan al conjunto de los ciudadanos, al tiempo que constituiría un órgano especializado de apoyo y colaboración permanente con los órganos del poder judicial.

Especialización en materia fiscal de jueces y fiscales. La complejidad creciente que adopta el fraude fiscal en la actualidad, y la complejidad técnica propia de las normas fiscales, hacen imprescindible la adopción de medidas tendentes a garantizar que los jueces y fiscales dispongan de la formación específica necesaria para abordar con garantías de éxito la investigación, el descubrimiento y el castigo del fraude fiscal.

Reforma del régimen sancionador de la Ley General Tributaria. Resulta necesario reformar el régimen sancionador de la Ley General Tributaria con el objetivo de agravar las sanciones en algunos supuestos de resistencia a la inspección y de no aportación de información ante un requerimiento efectuado por la inspección, tipificar como infracción tributaria el ofrecimiento de productos y servicios sin factura, o sin incluir el IVA, o tipificar como infracción tributaria la conducta de las personas o instituciones que colaboren habitualmente en la comisión de fraudes.

Reforma de los procedimientos de la Ley General Tributaria. Esta ley y los procedimientos que se regulan en la misma están destinados a las comprobaciones tributarias tradicionales, resultando insuficientes para luchar contra los fraudes de carácter organizado, como las tramas del IVA o los relacionados con todo tipo de corrupción, incluida la urbanística. Para que los resultados contra este tipo de fraudes sean satisfactorios, se ha de reformar la Ley General Tributaria, creando un procedimiento especial para la lucha contra el fraude tributario delictivo y organizado, en el que se contemplen medidas referidas a la regulación de los plazos de duración de las actuaciones, otorgar a la inspección la facultad de investigar cuentas bancarias sin notificación previa al interesado o regular las actuaciones sin necesidad de identificación (actuaciones de incógnito).

Reforma del régimen de módulos. Creo que con la medida regulada en la Ley de Medidas contra el fraude, consistente en practicar una retención, no se corregirá el fraude relativo a la emisión de facturas falsas por contribuyentes que tributan en este régimen.

Se propone modificar la normativa del IRPF para que la estimación objetiva se aplique a los contribuyentes que realicen actividades agrícolas o actividades económicas cuando, en el periodo en curso o en alguno de los tres anteriores, al menos el 80% del valor de sus bienes entregados o servicios prestados se destinen a contribuyentes sin derecho a ninguna deducción o beneficio tributario por tales adquisiciones.

Responsabilidad solidaria de despachos e instituciones en fraudes de ingeniería fiscal. Se propone como medida el establecimiento de una responsabilidad solidaria entre los despachos e instituciones que comercializan productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal.

Utilización de los paraísos fiscales. Se proponen las siguientes medidas para acabar con la utilización de los paraísos fiscales:

– No reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español.

– Establecer un gravamen especial sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales.

– Realizar un plan especial de comprobación de artistas y deportistas para verificar su residencia real en paraísos fiscales.

– Prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios.

– Establecer penas agravadas en los delitos fiscales cuando el fraude fiscal se comete a través de la utilización de paraísos fiscales.

Aprobación del estatuto de la AEAT. Se considera imprescindible y prioritaria la aprobación del Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria, pendiente desde la creación de la AEAT, que regule un marco jurídico para garantizar la máxima independencia a la hora de aplicar el sistema tributario, independencia que solo se logrará si el director general es designado por el Parlamento y por un periodo determinado de tiempo. El estatuto tendría que regular otros aspectos, como la participación efectiva de las Comunidades Autónomas en sus objetivos; las fuentes de financiación que la doten de autonomía financiera; el régimen jurídico de los funcionarios, carrera profesional, régimen de incompatibilidades y retribuciones; los medios humanos necesarios para luchar contra el fraude fiscal, adoptando las medidas necesarias de planificación de recursos humanos para incrementar los dedicados a dicha función.

Conclusiones

A pesar de que el actual gobierno, como los anteriores, anunciara que una de sus líneas de actuación prioritaria iba a ser la lucha contra el fraude fiscal, la realidad ha sido otra diferente. Las medidas aprobadas, un Plan de Prevención sin la dotación de los medios necesarios, y una Ley de Medidas que no refleja las más necesarias y significativas, se han demostrado insuficientes para combatir el fraude fiscal con la intensidad necesaria.

Ninguna de las medidas aprobadas hasta ahora ha producido un cambio sustancial en la situación global de fraude fiscal en España, independientemente de que el gobierno esté satisfecho con los resultados cuantitativos obtenidos, como lo estaban también anteriores gobiernos de distinto signo político. Medidas efectivas para cambiar la situación las hay. Sólo hace falta la voluntad política del gobierno para llevarlas a cabo.

José María Peláez Martos – Economía Exterior

Counter Balance denuncia que el BEI incentiva a los paraísos fiscales

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) concede préstamos para proyectos en países en desarrollo a bancos y entidades que utilizan paraísos fiscales offshore como la Isla Mauricio, según un informe de Counter Balance, una coalición de ONGs de desarrollo y medio ambiente.

Durante muchos años el mayor Banco público europeo no se ha sometido a un escrutinio público adecuado en relación a los impactos sociales, políticos y ambientales de los proyectos que apoya para infraestructuras y necesidades básicas de países en desarrollo. Para mejorar su funcionamiento, se ha formado específicamente Counter Balance, una nueva coalición europea de ONGs (entre ellas la francesa Les Amis de la Terre y la alemana WEED) que cuentan con amplia experiencia sobre las finanzas en el ámbito del desarrollo y de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y en campañas dirigidas a evitar los impactos negativos derivados de grandes proyectos de infraestructuras.

El pasado 15 julio Counter Balance hacía público un informe denunciando que los préstamos del BEI para proyectos en países en desarrollo se conceden a una serie de clientes que utilizan filiales y sociedades instrumentales domiciliadas en paraísos fiscales o centros offshore, como la ex colonia británica de Isla Mauricio.

El BEI (EIB, en siglas inglesas) es la mayor institución financiera pública del mundo, con un volumen de préstamos que rondó los 50.000 millones de euros en 2006. Como sucede como muchas otras instituciones europeas, al carecer de estándares sociales y medioambientales vinculantes y de una política de rendición de cuentas y transparencia, su funcionamiento no responde a los valores democráticos de sus accionistas, que son los 27 Estados miembros de la UE. La gestión pretende focalizarse en los resultados económicos, impidiéndole cumplir el mandato de desarrollo sostenible bajo el cual actualmente opera en gran parte del Sur. Estas ONGs coaligadas intentan impulsar una presión que genere una reforma efectiva exigiendo una efectiva rendición pública de cuentas a este gran Banco público.

“Nuestro estudio demuestra -dicen– que una larga lista de clientes del BEI con proyectos de desarrollo utilizan los paraísos fiscales y las jurisdicciones del secretismo. Para estos proyectos de desarrollo en África el más utilizado es la Isla Mauricio. Está en completa contradicción con las responsabilidades en relación con el desarrollo que incumben al BEI en virtud de los acuerdos de Cotonu. Las jurisdicciones secretas estimulan la competición fiscal, permiten el secreto bancario y por tanto la corrupción y facilitan la evasión y el fraude fiscal.”

Esta micro República independiente de la Isla Mauricio ha venido figurando en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE desde el año 2000, una catalogación que mantiene el Senado de los EEUU, Tax Justice Network y muchos analistas. En junio pasado, un informe del gobierno noruego sobre las inversiones para el desarrollo, demostraba los problemas del secretismo y las facilidades para la evasión fiscal como los falsos domicilios de empresas fantasma que ofrece esta Isla, ex colonia británica

Sin embargo, la Isla Mauricio aparecía en la nueva lista “blanca” de la OCDE, avalada por el G-20 en Londres, porque se estima que “ha aplicado las normas fiscales internacionales reconocidas”; una catalogación injustificable, resultado escandaloso de la cumbre del pasado 2 abril como explicamos en el libro Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20 (Icaria, 2009).

En cuanto al Banco público de la Unión Europea, lamentablemente apenas se conoce la importancia de los préstamos que concede cada vez más fuera de Europa. Para el período 2007-2013 (fuera de los países ACP, África-Caribe-Pacifico) dispone de un presupuesto de 27,800 millones € para países en desarrollo, conforme a los diferentes mandatos recibidos de la Unión de los 27 Estados miembros, que son sus accionistas.

Según este informe, los préstamos del BEI se conceden con tal confianza a los bancos europeos o los intermediarios privilegiados que los gestionan –que también disponen de filiales en paraísos fiscales– que incluso están excluidos de los procesos internos de control bancario. Un ejemplo de la total falta de transparencia en la gestión del dinero de los contribuyentes europeos, que evidencia el sitio web de Counter Balance, donde asimismo nos cuenta, ¡oh, dato curioso!, que recibe financiación de la Comisión europea.-

Juan H. Vigueras – Consejo Científico ATTAC España

Planeta blindado: Cómo funciona el negocio capitalista con la guerra

Los 1,460 billones de dólares de gastos militares en el planeta y la expansión geométrica de las ganancias de los consorcios de la guerra de Europa y EEUU, son la prueba más irrefutable de la relación simbiótica establecida entre el sistema capitalista con los conflictos armados y las ocupaciones militares.

Uno se retroalimenta de los otros, y ambos términos de la ecuación conforman la piedra angular de la existencia misma del sistema imperial que hoy controla el mundo. La sumatoria interactiva de la rentabilidad comercial con las ocupaciones y despliegues militares en alta escala, marca a su vez el escenario de la “guerra permanente” como una lógica de supervivencia irrenunciable del sistema capitalista.

Funcionalmente, el sistema capitalista (producto histórico de la dominación del hombre por el hombre) no se alimenta de la paz sino de la guerra concebida como el primer escalón de las políticas y estrategias de dominación (sustento de la explotación económica) a escala global.

Es más, los propios procesos históricos ya incorporaron la “economía de guerra” (emergente de la industria de la guerra) como un segmento clave de la economía capitalista que en caso de colapsar arrastraría consigo a todo el sistema a escala global.

El 11-S no solamente instaló un nuevo sistema de control social por medio de la manipulación mediática con el “terrorismo”, sino que además inauguró un “nuevo orden internacional” (sustitutivo de la “guerra fría”) basado en la “guerra contraterrorista” que sirve de justificación a las nuevas estrategias expansionistas del Imperio norteamericano y de las trasnacionales capitalistas.

Con la leyenda mediática de Bin Laden y el peligro del “terrorismo internacional”, a partir del 11-S el Imperio norteamericano (potencia locomotora unipolar del capitalismo desde la caída de la URSS) se lanzó a nuevas conquistas militares de mercados justificadas en la “guerra preventiva contra el terrorismo” y en la nueva doctrina de seguridad de EEUU emergente tras los atentados del 11-S.

Con las llamadas “guerras preventivas” iniciadas por los halcones tras el 11-S, no solamente se conquista militarmente sino que también se abren nuevos ciclos de expansión y ganancia capitalista en los nuevos mercados sometidos con el argumento de la “guerra contraterrorista.

Las nuevas hipótesis de conflicto con el “terrorismo” generan facturación billonaria a la industria bélica constituida en la pata complementaria de la rentabilidad capitalista trasnacional.

Esta realidad, entre una multiplicidad de elementos interactivos, explica porqué el actual capitalismo trasnacionalizado (hegemonizado por el eje USA-UE) está centralmente determinado por la “guerra contraterrorista” como factor principal de continuidad y preservación de su sistema de explotación económica.

La “guerra contraterrorista” y la carrera armamentista (nuclear y convencional) USA están destinadas a alimentar los contratos y las ganancias de los consorcios agrupados en ese monstruo llamado Complejo Militar Industrial norteamericano.

La expansión geométrica de las ganancias de los consorcios armamentistas del Complejo Industrial Militar estadounidense es la prueba más irrefutable de la relación simbiótica de supervivencia establecida entre el sistema capitalista sionista y los conflictos armados y las ocupaciones militares.

La conquista militar, a la vez, es la llave de entrada para un descomunal negocio capitalista “multifuncional y diversificado”, donde el Imperio (a través de la “reconstrucción” de lo destruido) moviliza una maquinaria de ganancia financiera, se apodera de recursos naturales (principalmente petróleo), vende armas, tecnología, servicios, y modela hábitos consumistas en la población pudiente del país invadido (clases altas, medias altas) que se integran al negocio de las multinacionales del consumo.

Por medio de sus departamentos de investigación y de sus lobbies estatales en la Casa Blanca, el departamento de Defensa y el Congreso las corporaciones armamentistas generan demanda y nuevas necesidades de tecnología armamentista a las tropas ocupantes del Pentágono en todo el planeta.

Las líneas directrices de este monumental negocio con las guerras de ocupación y el sistema financiero imperial, nacen y se proyectan desde la Casa Blanca hacia el resto de los estamentos del Estado norteamericano.

Sobre la base de un presupuesto billonario (destinado al sector de Defensa) este macronegocio, hoy gerenciado por el lobby sionista demócrata que controla la Casa Blanca, abarca desde la venta de armas y de tecnología de punta, hasta construcción de infraestructura y de prestación de servicios privados a las bases militares y fuerzas de ocupación.

Como producto de la “integración bélica” de los nuevos ciclos de ganancias y expansión capitalista trasnacional, las corporaciones de la industria de la guerra han pasado a ocupar un lugar clave en los nuevos planes de conquista militar del Pentágono.

Los US$1,460 billones de gastos militares actuales en el planeta y la expansión geométrica de las ganancias de los consorcios armamentistas de Europa y EEUU, son la prueba más irrefutable de la relación simbiótica de supervivencia establecida entre el sistema capitalista con los conflictos armados y las ocupaciones militares.

Uno se retroalimenta de los otros, y ambos términos de la ecuación conforman la piedra angular de la existencia misma del sistema que hoy controla el mundo. En sólo una década los gastos militares aumentaron en un 50% dentro de una creciente “militarización” del planeta.

El gasto militar global creció el 4% en 2008 y alcanzó la cifra récord de US$1,464 billones, el 50% más que en 1999, de acuerdo con un estudio del Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI) divulgado en junio pasado en la capital sueca.

“La crisis financiera global todavía no ha repercutido en los ingresos y beneficios de las grandes empresas armamentistas”, señala el SIPRI.

Esa cifra equivale al 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y a 217 dólares por cada habitante del planeta, de acuerdo con el organismo sueco.

El mayor incremento le corresponde a EEUU (58%): las respectivas asignaciones de Washington aumentaron en 219.000 millones de dólares desde 1999. Casi se triplicaron los gastos militares de China y Rusia, hasta los US$ 42.000 millones y los US$ 24.000 millones, respectivamente.

De esa cifra, el actual presupuesto de Defensa de EEUU ya estaría superando el 50% del total del gasto armamentista en el mundo.

Finalmente el “sueño americano” de Obama (el sucesor de Bush) se materializó en números: El presupuesto destinado al área de la Defensa (Pentágono) que incluye las guerras militares y las políticas de ocupación rondan los US$ 730.000 millones para el ejercicio fiscal 2009.

Al mismo tiempo, las ocupaciones militares de EEUU en Irak y Afganistán “generaron un gasto suplementario de 903.000 millones de dólares sólo para EEUU” en el periodo 1999-2008, agregó Sam Perlo-Freeman, director del Proyecto de SIPRI sobre gasto militar.

La primera potencia imperial es, sin sorpresa, el país con mayores gastos en armamento del mundo, según el SIPRI. Los gastos EEUU representan casi un 42% del total, más que los 14 países siguientes reunidos, en un legado de la política del ex presidente George W. Bush, según el SIPRI.

Desde 1999, los gastos de la defensa estadounidense aumentaron un 67% a precios constantes, para situarse en US$ 607.000 millones el año pasado, y llegar a US$ 730.000 millones en el presupuesto fiscal 2009.

El sideral presupuesto de la Defensa engorda la expansión geométrica de las ganancias de las corporaciones que figuran como contratistas del Pentágono.

Las contratistas del Complejo Militar Industrial no solo proveen armas y servicios de seguridad privada, sino que también proveen la logística completa (ropa. comida, alojamiento, etc) a los soldados, no solamente en las áreas de ocupación sino también en la red de bases distribuidas por todo el planeta y dentro de EEUU.

De esta manera se verifica la directa relación de la “guerra contraterrorista” con las ganancias y la expansión de los consorcios armamentistas, que resultan, juntos con las petroleras y las corporaciones de servicios (que incluyen a las compañías de “seguridad privada”), los beneficiarios principales de las invasiones y ocupaciones militares, tanto en Irak y Afganistán, como de los conflictos actuales y potenciales en Medio Oriente y en todo el planeta, entre los que se incluyen las planificadas acciones militares contra Irán y Siria.

A nivel de las armentistas -según un informe de Project on Governmentt Oversight- entre los consorcios que se benefician en primer lugar de este multimillonario negocio se cuentan Lockheed Martin, la gigante aeroespacial Boeing, Northrop Grumman, contratista de la Fuerza Aérea, Raytheon, y General Dynamics.

Las tres grandes corporaciones armamentistas (Lockheed Martin, Boeing, y Northrop Grumman) tienen conexiones con otras numerosas fuentes de contratación federal para todo, desde seguridad aeroportuaria hasta vigilancia doméstica, en nombre de lo que hoy la Casa Blanca llama GWOT (Global War on Terrorism), guerra global contra el terrorismo.

Además, durante la era Bush, los halcones de la Casa Blanca y los operadores de negocios del lobby judío, siempre a tono con “los negocios de la guerra”, observaron la nueva veta comercial que se abría con la contratación de servicios de ejércitos privados para las áreas ocupadas o bajo influencia del ejército de EEUU.

En su planificación de “guerras futuras” el Pentágono extendió la privatización a más áreas de la ocupación militar, y las corporaciones militares privadas ya han comenzado a intercambiar información orientada a fusionar sus servicios en rubros determinados, a fin de competir con mayor posibilidad en el logro de próximos contratos.

La privatización del aparato militar, fue impulsada en 1991, después de la Primera Guerra del Golfo, por el entonces ministro de Defensa y vicepresidente de la administración Bush, Dick Cheney.

Bajo la influencia de Cheney y Rumsfeld el gobierno de EEUU comenzó a subcontratar con las corporaciones militares privadas, gran parte de las funciones operativas que tradicionalmente venían desarrollando las Fuerzas Armadas.

EEUU (hoy gerenciado por Obama y el lobby sionista liberal) se ha constituido, junto con el Reino Unido y Sudáfrica, en el centro mundial de la industria privada militar, que debe su crecimiento al nuevo orden internacional lanzado por George Bush padre tras el desplome de la Unión Soviética, y continuado por su hijo W al comando de la “guerra contra el terrorismo”.

Obviamente, y según apuntan todos los especialistas, sólo los conglomerados trasnacionales (bancos, petroleras, tecnológicas, armamentistas, ejércitos privados, etc) que integran la órbita “selecta” del lobby de negocios manejado desde la Casa Blanca y el Pentágono tienen acceso a los más jugosos contratos en los países ocupados.

De acuerdo con el Centro para la Integridad Pública, el Pentágono ha gastado 300.000 millones de dólares en 3.016 contratos de servicios militares que han ido a parar a 12 empresas entre 1994 y 2002 (las cifras excluyen los contratos de armamento).

Las corporaciones militares privadas (PMC, por sus siglas en inglés) mantienen en secreto sus actividades y carteras de clientes al no estar reguladas por ninguna normativa internacional, a pesar de su condición de ejércitos sin fronteras.

Los consorcios privados ofrecen servicios que van desde el personal de seguridad y el mantenimiento de armamentos hasta la interrogación de prisioneros.

Estas firmas han operado en más de 50 países y han sido contratadas por todo el mundo, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos hasta dictadores y gobiernos de las áreas dependientes del llamado mundo subdesarrollado de Asia, África y América Latina.

Según la revista norteamericana Monthly Review, “las corporaciones privadas del capitalismo siempre han estado implicadas con la promoción de la guerra, pero su acción directa ha sido tradicionalmente limitada”. Lo preocupante -señala la revista- es si estas multinacioonales ingresan a una distorsión capitalista y, atendiendo a la ley de la oferta y la demanda, deciden ampliar sus lucros aprovechando sus excelentes contactos con los jefes políticos y militares que deciden la guerra.

En territorios ocupados como Irak y Afganistán, la “veta de negocios” de los ejércitos privados incluyen servicios de custodia a empresas privadas, operaciones de seguridad, programa de interrogatorios (torturas), espionaje y entrenamientos militares, o ejercitación de escuadrones especiales (de la muerte) que operan en la clandestinidad.

También pueden ser contratados para tareas como recolección de cadáveres, investigación de secuestros, custodia de pozos petroleros, controles fronterizos, protección de importantes directivos, o para cuidar las espaldas de los periodistas y ejecutivos de los consorcios mediáticos que construyen la “información oficial” de la situación en Irak.

En Irak y Afganistán estos consorcios privados de la guerra han desempeñado un papel esencial para el ejército estadounidense, complementando a su personal cuando necesitan refuerzos y haciendo los trabajos “sucios” que los propios militares estadounidenses prefieren no hacer.

En resumen, la actividad comercial del capitalismo de guerra (armamentistas, petroleras, empresas de servicios y ejércitos privados), como cualquier empresa, depende de “la demanda”, principalmente de las guerras de conquista militar lanzadas por EEUU en el planeta de las cuales nacen nuevos y jugosos contratos y oportunidades de expansión comercial.

A esta tajada super-millonaria hay que agregar otro segmento complementario: El negocio billonario de los grandes consorcios bancarios que financian desde la “reconstrucción” de los países conquistados, venta de armamentos y de tecnología bélica, hasta construcciones de bases militares y todo tipo de infraestructura relacionadas con el alojamiento de las fuerzas de ocupación.

El propio Estado USA alimenta la “burbuja financiera” con el armamentismo endeudándose (con los grandes consorcios financieros sionistas) para mantener los gastos de su multimillonario presupuesto militar que es pagado -a través de los impuestos- por toda la sociedad estadounidense.

Los gobiernos títeres de los países ocupados o satélites, a su vez, toman créditos y se endeudan (con las corporaciones militares y financieras de la potencia ocupante) para financiar y proveer de armamentos y de tecnología bélicas a sus fuerzas armadas ciapayas que colaboran con el invasor.

Además, y como es el caso de Irak, Afganistán y Pakistán, los países satélites u ocupados utilizan la “ayuda militar” provista por el Estado imperial (producto de los impuestos públicos) para adquirir armamento y tecnología a las corporaciones del complejo militar industrial, convirtiendo la ayuda estatal en ganancia privada.

De esta manera (y de la misma forma que los pulpos financieros de Wall Street y las bolsas mundiales reciclan una nueva “burbuja” ganancial con los fondos de los “rescates” no ya con dinero especulativo proveniente del sector privado, sino con dinero público) la “burbuja financiera” billonaria del negocio armamentista es solventada con impuestos pagados por toda la sociedad norteamericana.

Esta sumatoria interactiva de la rentabilidad comercial con las ocupaciones y despliegues militares en alta escala, marca a su vez el escenario de la “guerra permanente” como una lógica de supervivencia irrenunciable del sistema capitalista.

Manuel Freytas

IAR Noticias

Economía de guerra

“¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que ir (físicamente hablando), coger pico y pala, arremangarse y empezar…?” (…) “He llegado a un punto de desánimo tal, que me agarro a lo primero (o al primero) que me dé esperanzas, me merezca credibilidad y sienta que, siguiendo sus ideas, llegaremos a algo sólido y bien hecho”. Lo dice Arturo Espada en los comentarios de la entrada anterior, y me estremezco en el cíclico desconcierto que a todos, con cierta conciencia, nos acomete alguna vez. Está todo previsto y diseñado desde despachos privados que desconocemos.

La escritora y catedrática de economía canadiense Naomi Klein se cansa de dar gritos en el aire –con notable éxito editorial sin embargo- difundiendo el resultado de sus investigaciones. “La doctrina del Shock (el auge del capitalismo del desastre)”, Ediciones Paidós, contiene un cumplido análisis del problema. “Para nosotros, el miedo y el desorden representaban una verdadera promesa”, dice un ex agente de la CIA, Mike Battles, en un artículo publicado en el Wall Street Journal (aludiendo a la invasión de Irak). Para Klein, “sus palabras podrían constituir el slogan del capitalismo contemporáneo: el miedo y el desorden como catalizador de un nuevo salto hacia delante”.

Aquí no ha pasado nada, no nos engañemos. Hasta Angela Merkel alertaba esta semana del regreso a la “vieja arrogancia” de los bancos (léase empresas, gestores del capitalismo, partidos conservadores y hasta socialdemócratas acomplejados). La crisis provocada por ellos nos ha ahogado un poco más en el bolsillo, pero, especialmente, en el ánimo. El miedo como instrumento para desactivarnos, para hacernos más dóciles.

Padecemos hoy una nueva economía de guerra. Vivir como si fuera el último día de nuestra vida en lugar del primero, que son dos actitudes encontradas con las que uno afronta el presente y el futuro. Aceptar trabajos, remuneraciones, condiciones laborales, precios, que jamás se hubieran contemplado en otras situaciones. Agarrarse al clavo ardiendo de los visionarios de todo tipo, políticos y magos. ¿Queréis creer que hasta en El Corte Inglés vi el otro día un cartel que remitía a un puesto de tarot y quiromancia en alguna planta?

El sistema capitalista que vivimos está tan enfermo como el comunista que se escondía tras el Muro de Berlín –lo comenté el otro día en la SER-. Y su nomenclatura se atrinchera en el poder tanto como lo hacían los diferentes “Politsburós”. La enorme dificultad es que a estos prácticamente no les conocemos, no les vemos la cara. Y el dinero parece ser motor más decisivo que el poder aparente. A los políticos les tienen amarrados con créditos. ¿Se puede operar ese enorme cáncer desde un país del sur de Europa, corrupto, analfabeto estructural y con un pasado dictatorial que hunde sus raíces en el presente?

La Wikipedia cita prometedores nombres en el llamado movimiento antiglobalización o antisistema. No os asuste la denominación, ni las imágenes de las teles en las que sólo muestran a exaltados tirando piedras, somos antisistema muchos más de los que creemos. De un saco altamente heterodoxo, entresaco algunos:

Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, fundador de ATTAC (Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos) y promotor del Foro Social de Porto Alegre.

Naomi Klein, escritora del famoso libro No Logo.

Susan George, directora asociada del Instituto Transnacional de Ámsterdam y vicepresidenta de ATTAC en Francia y autora de “Informe Lugano”.

Noam Chomsky, gran lingüista y duro crítico de la política exterior de EE.UU. Web oficial.

José Bové, líder agrosindicalista francés muy crítico con el sistema alimentario mundial, eurodiputado francés.

Michael Moore, documentalista.

Arundhati Roy, escritora y activista india.

Carlos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y escritor de temas geopolíticos de actualidad.

Jean Ziegler, relator especial de la ONU para el “Derecho a la Alimentación” y profesor de sociología.

Walden Bello, director ejecutivo del instituto “Focus on the Global South” por la democratización de la economía global con sede en Tailandia.

Hazel Henderson, experta en el desarrollo humano sostenible.

Diane Matte, miembro de la “Marcha Mundial de las Mujeres”, experta en el impacto que la globalización tiene en este sector de la población.

Trevor Wanek, de Soweto, Johannesburgo, Sudáfrica, es miembro del “Centro de desarrollo e información alternativos por la condonación de la deuda”.

Fred Azcárate, director ejecutivo de “Trabajo con Justicia” en EE. UU.

Njoki Njehu, director de la ONG norteamericana “50 years is enough” en EE. UU. Es un colectivo que trabaja por la transformación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Serge Latouche, es un economista francés, ideólogo del Decrecimiento.

Yo añadiría a José Luís Sampedro y a José Saramago.

Y luego está la gente, la sociedad, aquí y allá, cada vez más harta. El capitalismo caerá con toda seguridad, por la rebelión de los desesperados o por propia consunción como le pasó al mundo irreal que había tras el Telón de Acero. Reavivado hoy, tardará 5 años, 10, 50, o 100, pero caerá. La información libre puede hacer mucho por acelerar el proceso. La sociedad tiene que tomar de una vez por todas, su papel protagonista en la Historia. Vivimos en una economía de guerra, pero la guerra es contra nosotros.

Rosa María Artal es periodista y escritora

http://rosamariaartal.wordpress.com

Fuente: El Plural

Las cotizaciones sociales y el mantenimiento del sistema de pensiones

Papel social del sistema público de pensiones

La reducción de la pobreza de las personas mayores inducida por los sistemas públicos de pensiones, ha dado lugar a que en numerosos países las tasas de pobreza de esa cohorte de población se han mantenido constantes o reducido en las últimas décadas, mientras que la pobreza ha aumentado para el conjunto de la población, especialmente entre los parados, pero también en un sector de trabajadores perceptores de bajos salarios. A pesar de la mejora en la cuantía de las pensiones que ha tenido lugar durante los últimos años en el Estado Español, las pensiones medias siguen alejadas de los salarios medios, que, por otra parte, son reducidos comparados con la media de la Unión Europea. Además, la revalorización de las pensiones conforme al IPC -con excepción de las pensiones mínimas, que vienen conociendo un aumento superior-, alejado todos los años en 3 o 4 puntos del crecimiento del PIB nominal, determina que a medida que transcurre el tiempo desde la causación de la pensión, los ingresos de los pensionistas se alejan de los ingresos medios de los trabajadores y trabajadoras en activo. Este aspecto cobra más importancia ante la elevación de la esperanza media de vida y, por lo tanto, de duración de la percepción de las pensiones.

El aumento de la cuantía de las pensiones exigiría, según determinados círculos, la privatización del sistema, reduciendo el sistema público a la provisión de rentas mínimas para combatir la pobreza, en línea con las propuestas del Banco Mundial. La posición más extrema en este sentido ha sido defendida por el entonces subdirector del servicio de estudios del BBVA y posteriormente Jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno -antes de pasar a trabajar para la patronal de la construcción-, D. Taguas. En un artículo de 2006 (firmado también por M. J. Saez) vaticina que, una vez agotado el fondo de reserva, los déficits de financiación, que empezarán a producirse entre los años 2027 y 2030, conducirán al colapso del sistema alrededor del año 2050. Para evitarlo proponen medidas tales como el cómputo de la carrera laboral completa para el cálculo de las prestaciones, el retraso de la jubilación hasta los 70 años y una revalorización de las pensiones que ni siquiera asegure el mantenimiento de su poder adquisitivo. Los autores ni consideran la posibilidad de que el aumento del gasto sea financiado mediante un aumento de las cotizaciones sociales, por estimar que “afectaría negativamente a la oferta de trabajo”.

En la misma línea, el Gobernador del Banco de España, M.A. Fernández Ordóñez, en una comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo el 15 de abril de 2009 se ha pronunciado por la “reforma” del sistema de pensiones, exponiendo las medidas adoptadas en otros países para que el parlamento español escoja entre ellas: endurecimiento de la jubilación anticipada e incentivo de la permanencia en actividad, atraso de la edad legal de jubilación, ampliación del número de años para el cálculo de la jubilación, ligar la pensión con la esperanza de vida (de forma que se reduzca la pensión cuando la misma aumente). En lo que si “se moja” es en la negativa al incremento de las cotizaciones, ya que, a su juicio, podría tener “efectos muy perniciosos sobre el empleo”.

La negativa frontal al incremento de las cotizaciones sociales está extendida no sólo entre las organizaciones empresariales, sino que incluye a altos responsables políticos del partido del gobierno. Así, el Comisario de Economía y Finanzas de la UE, Joaquín Almunia, declaraba en noviembre de 2006, en una entrevista en el diario Libération que (en ausencia de reformas que reduzcan el gasto en pensiones) “Los Estados no quiebran jamás. Pero (…) no habrá más elección que aumentar los impuestos de los activos, que serán entonces poco numerosos, para pagar la deuda, e incrementar las cotizaciones sociales para asegurar las pensiones de jubilación. La situación será insostenible: esto será el fin de nuestro modelo social”.

La reducción de las cotizaciones sociales

Recientemente la organización patronal CEOE ha solicitado al gobierno la reducción en cinco puntos de las cotizaciones sociales. Según el Ministerio de Trabajo cada punto equivale a 3.200 millones, por lo que la reivindicación de la CEOE asciende a 16.000 millones de euros, equivalentes al 1,5% del PIB. El Gobierno estaba dispuesto a aceptar una reducción de 1,5 puntos, de los que 0,5 serían a cargo del excedente de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y otro punto se limitaría al año 2010. Ese excedente es tal por la manifiesta infradeclaración de un gran número de enfermedades profesionales y su reconocimiento como enfermedades comunes, con el consiguiente ahorro para las Mutuas y perjuicio para los trabajadores afectados que no perciben las superiores prestaciones a que tendrían derecho y para los servicios públicos de salud que hacen frente a gastos que no les corresponden.

La descompensación es manifiesta entre esta medida y la que se prevé de aumento en seis meses de la cobertura de una prestación de desempleo para aquellos parados que agoten las prestaciones a fin de evitar situaciones de extrema indigencia. Esta medida estará dotada con 420 euros mensuales, con una duración de medio año. Como el gobierno calcula que existen 300.000 personas que cubren los requisitos exigidos –del más del millón de personas desempleadas que no tienen derecho a ninguna prestación-, el coste estimado de la medida se elevaría hasta los 756 millones de euros, cifra que contrasta con los 4.800 millones para las empresas que estaba dispuesto a conceder el gobierno. El corte de la CEOE con la mesa del diálogo social, entre otras razones para reforzar la exigencia de nuevas medidas de reducción o eliminación de las indemnizaciones de despido, ha ido acompañada de una declaración del Ministro de Trabajo de retirada de la oferta de la reducción de cuotas. Sin embargo, está por ver si la medida no se reintroduce de nuevo en un contexto de reanudación del “Diálogo Social”. En tal caso, aunque se afirme que una parte va a ser temporal, es seguro que la CEOE ejercerá una fortísima presión para que se haga definitiva. Esa reducción de las cotizaciones daría lugar a una importante reducción de los ingresos del sistema de Seguridad Social y, posteriormente, a la entrada en déficit del mismo, de forma que se justifique la futura reducción de las pensiones para mantener el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social.

La ofensiva contra el sistema público de reparto

Los partidarios de la privatización del sistema de reparto en el Estado Español, argumentan que el aumento de su coste lo hará inmantenible, si bien la mayoría de esa corriente propone, por ahora, la privatización gradual, por dos razones: por el enorme coste fiscal que supondría la transición de un sistema a otro ya que el Estado debería pagar las pensiones que se han financiado con las cotizaciones al sistema de reparto, además de reconocer las cotizaciones ya realizadas y, aunque esta razón permanece implícita, por el rechazo social que provocaría la eliminación del sistema de reparto. La estimación del aumento del coste de las pensiones públicas de reparto en el horizonte del año 2050 varía según los diversos estudios. Así, según Sáez y Taguas el gasto en pensiones contributivas se duplicará, desde el 7,7% en 2004 hasta el 17,9% en el 2059, gasto que consideran inasumible y excesivo. Sin embargo, si se tiene en cuenta el crecimiento de la productividad durante el período 2004-2059, estimado por los propios autores en el 1,5%, el PIB de 2059 será 2,25 veces superior al de 2004, es decir, 225. Si el valor del PIB tras el pago de pensiones era de 92,3 en el 2004, el coste de las pensiones en el 2059 sería el 17,9% de 225, es decir, 40, por lo que el PIB tras el pago de las pensiones en el 2059 sería de 185, más del doble que los 92,3 de 2004 (razonamiento expuesto en un artículo de 2007 por Vicenç Navarro).

En resumen, la posibilidad macroeconómica del aumento del gasto en pensiones se deriva del incremento de las ganancias de productividad que se han producido durante las últimas décadas y que han ido de forma muy mayoritaria a aumentar la parte de los beneficios. La recuperación de los incrementos de la productividad a favor de los asalariados permite financiar el aumento del gasto en pensiones y, además, queda margen disponible para el necesario incremento en otras partidas del gasto social, el aumento de los salarios y la reducción del tiempo de trabajo. Con lo que es incompatible es con la continuación de la tendencia de las últimas décadas de aumento del excedente empresarial a costa de los salarios directos y de las cotizaciones sociales.

Ese aumento de las cotizaciones es más adecuado que el trasvase de la financiación de las pensiones al Estado mediante impuestos que defienden algunos defensores del sistema público de pensiones. En efecto, la fiscalización de las pensiones exige tener en cuenta que, en la práctica, los impuestos sobre la renta de buena parte de países europeos están lejos de su teórica progresividad, lo que es particularmente cierto en el caso del Estado Español. La financiación de las pensiones exige aumentar las cotizaciones en proporción al aumento de las necesidades derivada de la mejora del envejecimiento demográfico, sin que ninguna “base milagro” (del tipo de cotizaciones sobre el valor añadido o similar) pueda obviar tal necesidad. El control por los asalariados del pago íntegro de los salarios, a través de las nóminas o recibos de salario, contribuye a que las cotizaciones basadas en los salarios dificulten en mayor medida el fraude que otros módulos de cálculo que se pudieran establecer, por ejemplo, el valor añadido de las empresas. Establece una relación estrecha entre la defensa del salario directo y el salario indirecto de las cotizaciones. Su sustitución contribuiría a disminuir aún más el limitado control sindical sobre la parte de los salarios que constituyen las cotizaciones.

La fiscalización de las pensiones se inscribe en un contexto que pretende la reducción del coste del trabajo, supuestamente demasiado elevado… a pesar de su persistente reducción en relación con lo producido. El efecto de esas medidas sobre el empleo depende de hipótesis discutidas sobre la sustituibilidad de los factores de producción y, en todo caso, no existe evidencia empírica que permita concluir una influencia positiva en el empleo de la reducción de las cotizaciones basadas en los salarios. Por otra parte, quienes insisten en el carácter insostenible de ese aumento para el futuro, obvian que en el Estado Español hace 50 años el gasto en pensiones equivalía al 3% del PIB, frente al 8,4% del 2006, sin que se haya producido ninguna catástrofe económica por ese aumento del gasto. Lo que sí se puede producir es una catástrofe social si el Gobierno español accede a la reducción de las cotizaciones sociales que en el próximo futuro justifique una reducción de las pensiones y, con ello, se extienda la pobreza entre las personas mayores.

Las cinco crisis invisibles‏

En el mundo hay crisis visibles e invisibles.

La crisis financiera está en los radares de los medios y en la atención permanente de los gobiernos.

La de la pobreza o el desempleo sólo aparece en las páginas de temas sociales.
En algunos casos la visibilidad de una noticia - paraísos fiscales o activos tóxicos - esconde una esencial invisibilidad con una técnica similar a la que usó Edgar Allan Poe en su célebre cuento "La carta robada": la mejor manera de esconder una carta comprometedora es dejarla a la vista.

BBC mundo identificó cinco crisis que están y no se ven.

1. Invisibilidad del desempleo

La OIT calcula que 50 millones de personas se agregarán a las filas de desocupados en 2009:el número total será entre 210 millones y 239 millones.

La crisis es planetaria. La máxima potencia, Estados Unidos, tendrá unos 14 millones de personas de desempleados (10% de la poblacion económicamente activa). En América Latina habrá entre tres y cuatro millones de nuevos desempleados. En Asia el desempleo regional podría rozar el 6%.
A lo que hay que agregar el galopante crecimiento del subempleo, como indicó a BBC mundo el director del Instituto de Estudios Laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Raymond Torres.

"En muchos países ha aumentado el número de gente que está trabajando a tiempo parcial aunque quisiera trabajar a tiempo completo. En muchos casos se ha llegado a acuerdos para reducir el número de horas de trabajo a cambio de conservar el puesto laboral", indicó Torres a BBC Mundo.
A pesar de esto, la crisis laboral ha quedado relegada a un segundo plano en la agenda mediática.

Más grave aún, en la agenda gubernamental, está muy por detrás de la salud del sector financiero.
Unos 32 países anunciaron medidas de estímulo fiscal por unos dos millones de millones de dólares destinados a reactivar la economía e impedir un agravamiento de la situación.

Esto es la mitad de lo que se ha gastado en el sector financiero.
La ayuda directa al empleo es ínfima en comparación, aunque en el mundo desarrollado, hay que tomar en cuenta el seguro social que cubre a los desempleados.

2. Invisibilidad de la pobreza

El desempleo está disparando otro silencioso escándalo: la pobreza mundial.
Según la OIT a fin de año habrá unos 1.422 millones de pobres - casi una cuarta parte de la población mundial.
El empleo no será una garantía de nada. Más de 200 millones de nuevos pobres que ha traído la actual crisis tienen empleo, pero ganan menos de dos dólares diarios.
"El modelo de crecimiento económico que hemos tenido no ayuda a revertir esta situación. La informalidad, por ejemplo, no sirve para la reducción de la pobreza", indicó Torres a BBC Mundo.

Esta informalidad forma parte de la desregulación económico-laboral de las últimas décadas.

La contrapartida de este modelo económico-social ha sido el crecimiento de la desigualdad y la caída del salario real.
En Estados Unidos el salario real promedio está hoy por debajo del que existía en 1979: el de los más pobres es un 20% menor.
En este mismo período la deuda individual estadounidense pasó de 46 al 98% del PIB.
La conclusión salta a la vista. El crédito fácil fue la manera de sustituir la caída del salario real y sostener el consumo, verdadero motor del crecimiento económico estadounidense.
A nivel global este modelo de crecimiento generó un consumidor y deudor mundial (Estados Unidos) y un nuevo acreedor y exportador de productos baratos (China)
Segunda conclusión, entonces. Lejos de pertenecer a la sección de temas "sociales", la pobreza es clave en la actual crisis económica.

3. Invisibilidad del hambre

Las cifras de la FAO son alarmantes. Según la organización 1.020 millones de personas sufrirán hambre diariamente a consecuencia de la crisis económica: una sexta parte de la población mundial.
El presidente del Banco Mundial Robert Zoellick calcula de otra manera el impacto de la actual crisis: este año van a morir 400 mil niños más de los que ya mueren por pobreza extrema o indigencia.
Pero lo cierto es que desde la caída del muro de Berlín y el llamado fin de las ideologías, el hambre, la pobreza y el desempleo se han naturalizado: forman parte "inevitable" del paisaje social.
A nadie escandaliza que esto suceda al mismo tiempo que el desarrollo tecnológico permite viajar a otros planetas o sumergirnos en el ciberespacio.

La economía no sale indemne de esta crisis "social".
Un elemento central de la actual debacle es la caída de la demanda mundial, es decir, del consumo.

Pero lo que faltan no son consumidores.

Estos 1.020 millones de personas saltarían de alegría si pudieran incorporarse plenamente al circuito de los incluidos.
En este caso, la economía mundial tendría un problema distinto: potenciar la producción (y el empleo) para satisfacer la demanda.

4. Invisibilidad de los activos tóxicos

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos activos tóxicos hay en el sistema bancario.
El Fondo Monetario Internacional ha ido cambiando su evaluación de estas deudas incobrables que tienen los bancos escondidas en la complejísima ingeniería financiera que se montó a partir de la desregulación de los 80.
En su ultima evaluación, el FMI hablaba de 4 millones de millones de dólares, pero otras fuentes han llegado a sumar 16 millones de millones y, en realidad, nadie sabe a ciencia cierta. Esta aparente ignorancia es un escándalo en sí misma.

¿Cómo explicar que a dos años de comenzada la crisis las instituciones financieras todavía no sepan o no digan o no puedan dar a conocer cuánta deuda acumulan y hasta dónde están expuestos?
Desde los registros contables más rudimentarios en los albores de la civilización hasta el desarrollo de la contabilidad moderna durante el renacimiento, se supone que cualquier empresa conoce qué tiene y qué debe: el famoso debe y haber de la escuela secundaria.
Las declaraciones del G-20 en favor de una regulación y supervisión del sistema financiero global se contradicen con la política de rescates bancarios efectuadas sin alterar el funcionamiento de las entidades en paraísos fiscales
¿Qué ha pasado con estos balances contables de las instituciones financieras? ¿Existen, desaparecieron, son fraudulentos, generarían pánico revelarlos o nadie tiene la menor idea porque hemos vivido en el peor de los caos financieros? De eso no se habla.

5. Invisibilidad de los paraísos fiscales

Una de las razones por las que no se termina de conocer la suma total de las deudas incobrables o activos tóxicos es que se encuentran diseminados en la opacidad de los paraísos fiscales.
Esta opacidad es una red de filiales, sucursales y compañías fantasmas que operan bajo la regulación laxa o nula de esas jurisdicciones.
Los especialistas calculan que los paraísos fiscales mueven unos US$11 millones de millones, equivalente al PIB de Estados Unidos.
El derrumbe de los bancos en los últimos dos años está vinculado a la existencia de los paraísos fiscales.
La caída del Bear Stearns se produjo meses después del hundimiento de dos de sus fondos de alto riesgo (hedge funds) registrados en un buzón de correos en las Islas Caimán.
La mecánica era clásica. Estos fondos de alto riesgo recibían préstamos apalancados (con un endeudamiento muy superior a su capital) para que especularan con títulos y valores vinculados a las hipotecas sub-prime.
Aunque existían gracias al respaldo de la casa matriz, los fondos que movían no figuraban en los balances contables del Bear Stearns porque "pertenecían" a las compañías en los paraísos fiscales.
Usted dirá que el tema dista de ser invisible, ¿acaso no fue uno de los más importantes de la cumbre del G20 en abril?
En el comunicado final de la cumbre se afirmó que "la época del secreto bancario ha terminado".
El mensaje era que, de ahora en adelante, la transparencia sería la norma.
Según Juan Hernández Vigueras, autor de "Al rescate de los paraísos fiscales", la cumbre del G20 fue una cortina de humo.
"Las declaraciones del G-20 en favor de una regulación y supervisión del sistema financiero global se contradicen con la política de rescates bancarios efectuadas sin alterar el funcionamiento de las entidades en paraísos fiscales", indicó a BBC Mundo.
A falta de una nueva regulación financiera internacional, los bancos pueden hacer - quizá están haciendo - las mismas operaciones que llevaron a la peor crisis económica desde el crack del 29.

Marcelo Justo. BBC Mundo

El Petróleo, mejor bajo tierra

¿Necesitamos más evidencias para cuestionar un modelo de desarrollo extractivista de un recurso finito y con tanta injusticia ecosocial en su mochila?

Coincidencia número uno: comencé a preparar este artículo mientras los señores del G-8 proclamaban solemnemente nuevos compromisos para enfrentarse al cambio climático. Suponiendo que esta vez vaya en serio, ¿se les ha ocurrido cómo hacerlo, tienen un plan B al modelo energético actual? Coincidencia número dos: hace un mes, en este periódico Pere Rusiñol escribía un excelente reportaje sobre el boom petrolero en Guinea Ecuatorial. ¿Necesitamos más evidencias para cuestionar un modelo de desarrollo extractivista de un recurso finito y con tanta injusticia ecosocial en su mochila? Digo coincidencias porque el motivo de este escrito es reflexionar precisamente sobre una creativa, valiente y muy valiosa iniciativa que enfoca ambas cuestiones desde un nuevo paradigma que, en mi opinión, debemos tener muy presente.

Algo tan sorprendente como la propuesta ecuatoriana (parece que en Nigeria se estudia una propuesta similar) de conservar el petróleo en el subsuelo. Sí, han leído bien, dejar bajo tierra el crudo que podría reportar miles de millones a un país con tantas necesidades como Ecuador. Una opción ecológica muy razonable para reemplazar el modelo eco-ilógico impuesto bajo el paradigma del libre mercado y del crecimiento ilimitado.

Se trata de la Iniciativa ITT Yasuní, declarada política oficial del Gobierno de Correa en junio de 2007, que defiende la idea de no explotar las reservas de petróleo existentes en el área Ishpingo Tambococha Tiputini –en el Amazonas del Ecuador–, donde se localiza el Parque Nacional del Yasuní de enorme valor en biodiversidad –valor ecológico frente a valor monetario–, pues es una de las regiones de bosque tropical del mundo más rica en especies. Se calcula que sólo dentro de una hectárea del Yasuní se encuentran 644 especies de árboles, tantas como especies de árboles nativos existen en toda América del Norte. La idea inicial se remonta a 1997, cuando la organización ecuatoriana Acción Ecológica planteó una moratoria de extracción de petróleo en zonas frágiles amazónicas con el fin de evitar la producción de CO2 al quemar ese petróleo.

La idea fue retomada por Alberto Acosta cuando fue ministro de Energía con Correa y ahora es impulsada por un fuerte equipo coordinado por el canciller de Exteriores, Fander Falconi, Doctor en Ciencias Ambientales y Economía Ecológica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Algo de todo esto tendrá entonces que ver con el catedrático Joan Martínez Alier, impulsor del ecologismo político en España y América Latina. En los próximos años todas las sociedades del Planeta tendrán que haberse acomodado a una nueva realidad sin petróleo, por lo que asumirlo cuanto antes nos hará estar mejor preparados. Por un lado, redirigiendo las inversiones petroleras a un desarrollo sostenible y apropiado a las necesidades de cada región (no a las de la familia de Obiang, por ejemplo). Y por otro, pudiendo evitar desde ya todos los efectos negativos que sabemos trae consigo la explotación de este recurso. Son las llamadas externalidades. A nivel local, sobretodo en países empobrecidos como es el caso de Ecuador, Guinea o Nigeria, la explotación petrolera supone contaminación, deforestación, pérdidas de la productividad de las economías de autosustento practicadas por las comunidades locales (algunas de ellas en aislamiento voluntario), expulsión de comunidades campesinas y la desaparición completa de algunas culturas y lenguas indígenas. Y a nivel global, el calentamiento del clima y todos sus derivadas.

La cuadratura de este círculo sí es posible. Aunque los cálculos numéricos son difíciles de hacer (variabilidad del precio del petróleo en los años que dure la extracción, por ejemplo) una cifra orientativa calculada por expertos en el tema nos dice que el Estado ecuatoriano obtendría 5.000 millones de dólares de ingresos por la extracción y comercialización de las reservas de los 846 millones de barriles de petróleo que guarda el subsuelo de Yasuní. Pero tenemos que restar. Primero descontar unos 1.300 millones de dólares equivalentes a los costes de las externalidades antes mencionadas que se producen a nivel local y que se pueden calcular, por ejemplo las pérdidas por la contaminación de tierras y ríos. (Ciertamente, no se puede calcular los costes de la desaparición de una cultura, de unas especies animales o vegetales). Y posteriormente rebajar unos 1.700 millones más por los costes para todo el Planeta de las emisiones de CO2 que se provocarían. Es decir, al final el “beneficio monetario” de sacar el petróleo a la superficie para nuestro Planeta sería de unos 2.000 millones de dólares. Y esa cifra es la que Ecuador solicita a la comunidad internacional. Ecuador deja de ingresar 5.000 millones si el resto del mundo se compromete solidariamente a aportar 2.000 millones.
Ecuador obtendría 2.000 millones de dólares –sin perjudicar a sus comunidades y a su naturaleza–, que se compromete a dedicar a proyectos sostenibles para mejorar la agricultura local, la pesca artesanal, desarrollar energías renovables, etc. Y el resto del mundo invierte el dinero que gastaríamos en combatir el cambio climático asegurándonos que se mantiene Yasuní, con todas sus culturas, con toda su biodiversidad, capturando CO2 y produciendo vida, para hoy y para mañana. Todos ganamos. Coincidencia número tres: ya tenemos el primer aporte proYasuní. El Gobierno federal de Alemania está decidido a apoyar el fondo fiduciario de la Iniciativa ITT-Yasuní con 50 millones de dólares anuales en los siguientes años. ¿Seguimos? Un futuro mejor y sin petróleo es posible.

Gustavo Duch es Ex director de Veterinarios Sin Fronteras y colaborador de la Universidad Rural Paulo Freire

Diario Público

La cadena hereditaria de la deuda externa

No es fruto de casuales ciclos económicos. La deuda externa, soportada por algunos pueblos es un instrumento de dominación.

Hoy no resulta creíble, ni honrado, engañarse con la injusticia que supone un mundo partido en dos, en el que unos soportan el bienestar de otros sufriendo enfermedades, hambre y la destrucción de su ecosistema.

La falta de futuro de unos ha sido diseñada concienzudamente para beneficiar a otros. La realidad de la globalización anula en ese proyecto la realidad del hombre. Reconozcamos que en el desarrollo de la mundialización cuentan cada día menos sus ciudadanos.

Es la compulsiva carrera por la acumulación, a la que es ajena un mínimo criterio de equidad. Sólo así se explica el que, en un mundo en el que cada día existe más riqueza, la pobreza ahoga cada día a más pueblos. Estos no mueren por falta de recursos, sino por ausencia de justicia.

La acumulación de una deuda externa insufrible sirve a los países acreedores para imponer condiciones draconianas. Instrumentos al servicio de estos, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional dictan las reglas del juego. Sus programas son reconocidos como ejemplos de degradación medioambiental, corrupción, desplazamiento de poblaciones indefensas y miseria. Sobre todo miseria.

Respondiendo a su lógica economicista, que hace del capital un fin en sí mismo, obliga a reducciones drásticas de las inversiones en infraestructuras, sanidad o educación.

Es el sur de cada sur quien debe sufrir con mayor intensidad la falta de viviendas, de trabajo, de salud y de formación.

Arrancar el futuro a los pueblos genera pingües beneficios a los acreedores. No sólo elimina la competencia hundiendo su industria, sino que permite imponer recetas acordes con los intereses del club de prestamistas.

Ajenos, atiborrados, nos creemos salvados por la puñetera suerte de haber nacido donde lo hemos hecho, aunque sea de culo. Nos puede dar pena hasta dejar mil euros en la hucha del Domun, pero no nos incumbe.

Como si la máquina del pensamiento único pudiera pararse por sí sola, como si reconociera fronteras, sexos o colores. El incremento constante en la acumulación de capital, implica necesariamente, en su lógica, la extensión cualitativa y cuantitativa de la pobreza.

La globalización de la desigualdad facilita la importación de productos con los que, para competir, se argumenta la necesidad de degradar las condiciones laborales de los estados receptores. Esta degradación implica a su vez otra vuelta a la tuerca de la miseria en los países exportadores, para mantener a su vez la competitividad. Es el círculo vicioso que tiene como resultado la universalización de la miseria de la clase trabajadora y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos.

Y cuando no se importan productos se importan seres humanos desesperados, carne de cañón para la explotación (sexual, laboral, qué mas da). Las pateras procuran, además de aminorar las condiciones laborales, un rechazo social que favorece la implantación de ideologías que viajan cómodas con la gran máquina.

Pero ha pasado también el momento de culpar al sistema de nuestro compulsivo consumismo. La sangre de sus fauces no sirve ya para limpiar nuestras conciencias. La falta de solidaridad que rige nuestros pasos puede estar alimentada por un mundo en el que valemos lo que tenemos, pero ninguna abstracción es responsable del polvo o la hierba que elegimos pisar. Somos adultos, responsables… culpables, en definitiva, de la usura que configura las relaciones económicas de nuestro planeta.

Cerca 300 millones de personas -la mitad de la población de África- viviendo bajo el nivel mínimo de subsistencia no necesitan palabras.

A 50 millones de personas obligadas a cambiar de lugar les sobran las palabras.

Empecemos por la exigencia de la condonación de la deuda externa. Por pura justicia, porque no son países, sino hombres, mujeres y niños, los que deben responder por las deudas contraídas, muchas veces, por tiranos a los que ni siquiera han elegido.

Pero no sería suficiente con ello. Se hace necesaria la globalización de las respuestas. No sólo la puesta en marcha de la tasa Tobin, sobre los movimientos especulativos de capital, sino la imposición de una tasa de Compensación para un comercio justo, donde se grave, aún manteniendo su condición competitiva, la importación de productos de acuerdo a un índice de degradación de las condiciones laborales, reintegrándose las cantidades recaudadas a los países exportadores para su reinversión en infraestructuras. De esta forma se rompería el círculo vicioso, evitando las tentaciones de rebajar las condiciones (en busca de la competitividad) en los países importadores y procurando la mejora de la de los exportadores.

Pero, estas u otras propuestas pasan por la modificación de enfoques y valores en nuestra aldea. Poner al hombre como objetivo y la economía como instrumento, y no al revés, sería cambiar el mundo.

Víctor Meseguer – La Verdad

http://dotraforma.blogspot.com