La economía es una lucha constante para apropiarse de rentas pero ese aspecto esencial de la vida económica se suele ocultar. La teoría económica clásica que sirve de base teórica a las políticas liberales afirma que los aspectos distributivos no son un asunto que concierna a la Economía. Y en el discurso de los políticos de esta ideología (en incluso a veces en el de quienes afirman ser más progresistas) se suele afirmar que “primero hay que crecer para luego poder distribuir”. Una idea que es completamente engañosa porque lo cierto es que al mismo tiempo que se lleva a cabo cualquier tipo de actividad productiva se están repartiendo ya, en ese mismo instante, las rentas que se generan originariamente (y a las que ya después se podrán añadir las que resulten de la redistribución que haga el estado). Así, cuando los empresarios reclaman contención salarial para crear empleo o para invertir más, lo que verdaderamente están pidiendo es que aumente su beneficio, sus rentas del capital. Cuando los trabajadores reivindican más prestaciones sociales lo que quieren es recibir más rentas salariales (en forma de salarios indirectos en este caso). Cuando la patronal o los bancos defienden la privatización de las pensiones o que se reduzcan los impuestos, buscan aumentar la parte que reciben de la renta global y cuando los trabajadores quieren leyes más protectoras lo que están buscando es que haya condiciones que les permitan obtener más fácilmente salarios más elevados, una parte más grande de la tarta.
Precisamente por eso, no es posible establecer que una determinada solución distributiva, un reparto determinado de la renta, es mejor que otro o más conveniente o apropiado, como casi siempre nos quieren hacer creer. En cuestiones de distribución no se pueda establecer un criterio objetivo e indiscutible sobre cuál es el reparto más favorable para la economía porque cada uno de los partícipes en el reparto tendrá una idea sobre su bondad. Una idea que dependerá, lógicamente, de la parte que le corresponda o de sus preferencias éticas, del criterio que cada uno tenga sobre lo que es justo o injusto.
Y como la distribución es inseparable de la producción, resulta entonces que ésta, el modo en que se lleva a cabo, tampoco es independiente de nuestra preferencia, de la opción ética que realicemos sobre un resultado distributivo u otro.
Cuando los economistas liberales afirman que la economía no tiene que ver con la distribución, con la ética, lo que buscan en realidad es que no se ponga en cuestión el orden económico establecido por quienes tienen poder para ello y que, lógicamente, suelen ser quienes más se benefician del estado de cosas existente, de la solución de reparto dominante.
Por el contrario, cuando se reconoce que la economía es también, y sobre todo, distribución de la renta lo que se deduce es que el modo de llevar a cabo la actividad económica no es algo neutro o determinado técnicamente, sino que es dependiente de las preferencias éticas dominantes en cada momento, de las preferencias de quienes tengan poder suficiente para imponerlas, más o menos democráticamente al conjunto de la sociedad.
Por eso, la política económica que no responde a una deliberación social previa o que no lleva consigo una discusión explícita sobre sus efectos sobre la distribución de la renta y la riqueza es una deleznable expresión más del totalitarismo.
Pero no solo eso.
La distribución de la renta es una cuestión que tiene que ver con la ética, como acabo de señalar, pero es también algo que influye muy directamente sobre la marcha global de la vida económica, sobre el grado de eficiencia que puede conseguirse y sobre la estabilidad e inestabilidad con que pueden llevarse a cabo los procesos económicos.
Como han demostrado sin ningún tipo de dudas muchos economistas, la distribución de la renta es una determinante esencial de la evolución de variables económicas como el consumo, el ahorro, incluso la inversión y, en consecuencia, también del equilibrio o desequilibrio económico que entre todas ellas puede llegar a darse, así como en la dinámica del crecimiento económico. Además, por supuesto, de determinar el bienestar efectivo de cada sujeto económico que, al fin y al cabo, debería ser el fin último de la actividad y la política económicas.
No es de ninguna manera casual, por ejemplo, que en el último periodo en que se ha producido un deterioro extraordinario del peso de los salarios en el conjunto de las rentas las crisis financieras y monetarias se hayan multiplicado las crisis (96 bancarias y 176 monetarias según el Banco Mundial entre 1973 y 2000); que la mayor recesión desde 1929 se haya producido en Estados Unidos cuando la distancia entre los niveles más altos y más bajos de rentas alcanzaba el nivel máximo desde entonces; o que la mayor destrucción de empleo durante la crisis se produzca España que es el único país de la OCDE en donde el poder adquisitivo de los salarios bajó -un 4%- entre 1995 y 2005.
Más beneficio y rentas del capital han implicado más ahorro y menos salarios y, por tanto, menos capacidad de gasto, menos demanda y menos capacidad potencial de crecimiento. Es decir, más peligro de crisis y recesión económica
En consecuencia, revertir el proceso de incremento de las desigualdades que se viene produciendo desde hace treinta años y lograr un reparto más justo de la renta no es solo una (deseable) aspiración moral. Es también el pre-requisito de la estabilidad macroeconómica futura, la garantía de que la economía no entre en una deriva irreversible hacia la crisis global y permanente y, por supuesto, la única manera de reactivar los mercados y de crear condiciones adecuadas para la creación de empleo e. incluso, de beneficios empresariales que no procedan simplemente de la especulación financiera.
Evidentemente, no se trata tan solo de frenar la financiarización de nuestras economías para regenerar la actividad productiva. Es un paso previo, pero también hay que tener en cuenta que ésta misma es fuente de profundas, injustas e ineficiente desigualdades que, al fin y al cabo, son las que provocan deterioro de la economía real. Se debe tratar de modificar el modo de crear actividad económica para que ésta se lleve a cabo de un modo sostenible, más justo e incluso más eficaz desde el punto de vista de la economía de los recursos que utilizamos para crear bienes y servicios. Es decir, con un reparto más eficiente y equitativo de las rentas.
Y de esto es de lo que en estos momentos habría que hablar para salir de la crisis. No hacer explícita la cuestión del reparto de las rentas no solamente es dar por hecho que se acepta un estado de cosas que ha provocado, por ejemplo, que de 2002 a 2005 solo el 10% más rico de los hogares españoles aumentara sus rentas medias. Es asumir que la salida de la crisis será en falso y que volveremos a repetir los desastres que estamos viviendo.
Los trabajadores, con sus organizaciones sindicales a la cabeza, deberían luchar para que cualquier medida o cualquier acuerdo que se tome en esta coyuntura se inserte en un pacto de rentas que haga posible instaurar otra pauta distributiva. Esa y no otra es la base para cambiar de verdad de modelo productivo y la única posibilidad de abandonar el injusto e ineficiente que hasta ahora ha tenido la economía española.
Juan Torres – Consejo Científico de ATTAC España
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